Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

lunes, 30 de diciembre de 2013

Canarias pide decidir sobre costas, tráfico aéreo y permisos de trabajo


La reforma del Estatuto de Autonomía que ha propuesto el Gobierno canario al Parlamento regional incluye nuevas competencias para Canarias, entre las que destacan las de transporte aéreo interinsular y la cogestión de los aeropuertos de interés estatal, la gestión de la costa (incluyendo la delimitación del dominio marítimo terrestre y las concesiones administrativas para su uso), permisos de trabajo a extranjeros, predicción meteorológica, telecomunicaciones, y comercio y sanidad exterior.

Asimismo, en el texto planteado por el Ejecutivo regional, se recoge además la participación de la Comunidad Autónoma en la delegación española ante la UE cuando se trate de asuntos que afecten a las Islas en su condición de región ultraperiférica (RUP), y se requerirá también informe previo del Parlamento regional en las iniciativas de las Cortes Generales que afecten al Régimen Económico y Fiscal (REF) canario o la condición de RUP.

Estas son las principales novedades competenciales de la reforma del Estatuto que, con el apoyo de los grupos parlamentarios de CC-CCN-PNC y PSOE, presentó en octubre el Gobierno canario para su debate, aprobación y posterior remisión a las Cortes Generales, solo con cuyo visto bueno podría entrar en vigor. El documento recoge los puntos ya consensuados entre CC, PSOE y PP en el Parlamento canario en 2006, cuando se aprobó un proyecto de reforma del Estatuto que fue enviado a las Cortes, donde a su vez el PP hizo nuevas aportaciones, aunque finalmente fue retirado en 2007. Sin embargo, el PP canario ha advertido que esta vez no colaborará, al no considerar prioritario ni útil esta reforma estatutaria para salir de la crisis económica.

En cuanto a la inmigración, de salir adelante esta modificación de la carta magna canaria, correspondería al Gobierno autonómico dar los permisos de trabajo a los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle solo en Canarias, en coordinación con el Estado, competente sobre entrada y residencia de extranjeros.

Especial importancia tiene en la nueva propuesta de ley de leyes autonómica el apartado de costas, pues se recoge que Canarias tendría la competencia exclusiva sobre los planes de ordenación y uso del litoral y de las playas, el deslinde de la zona marítimo terrestre y de su servidumbre de protección, así como la gestión de los títulos de ocupación y uso de la franja de dominio público.

Otro de los cambios de gran relevancia propugnados por el Gobierno canario en su documento se refiere a los transportes, pues la Comunidad Autónoma tendría la competencia exclusiva sobre vuelos interinsulares y el resto de medios entre las islas, así como la de definir las las tarifas que se les aplican, además de la participación en la planificación y gestión de los puertos y aeropuertos de interés general que el Estado gestione directamente. Y ello debido al carácter archipielágico y ultraperiférico de Canarias, lo que hace su economía muy dependiente de las conexiones aéreas.

Otra nueva competencia canaria sería la de los los servicios asistenciales correspondientes a sanidad exterior en el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma. También tendría la Administración regional poder decisorio sobre telecomunicaciones, para promover un mínimo de servicios de acceso universal, la inspección y sanción, la resolución de conflictos entre operadoras de televisión que compartan múltiplex de cobertura y la gestión del registro de instaladores.

En comercio exterior, en coordinación con el Gobierno estatal, PSOE y CC defienden para la Comunidad Autónoma el derecho de proponer al Estado iniciativas que afecten a las relaciones comerciales con países con los que hay vínculos históricos, es decir, con África y América.

http://www.diariodeavisos.com/2013/12/canarias-pide-decidir-sobre-costas-trafico-aereo-permisos-trabajo/

sábado, 28 de diciembre de 2013

Vecinos y usuarios de la Playa del Agujero forman una candidatura para la asociación de vecinos


 
Vecinos y usuarios de la playa del Agujero, han formado una candidatura para concurrir a las elecciones a la Junta Directiva de la asociación de vecinos Aguayaren del barrio costero.
 
 
La candidatura está integrada por Blanca del Pino Pérez Molina como Presidenta,  Rodolfo Falcón Molina como Vicepresidente, Raúl de Gracia Ruiz como Secretario, Gregorio José Reyes Díaz como Tesorero, y Miguel Ángel Medina Pérez como Vocal.
Esta candidatura se ha trazado como objetivo principal el mantener y mejorar las buenas relaciones entre los vecinos y usuarios. Velar, cuidar y posibilitar las mejoras que el barrio del Agujero y su playa requiera, así como de sus servicios
También pretenden fomentar la relación entre la asociación y las administraciones públicas implicadas en el barrio, ayuntamientos y sus concejalías, cabildo, patrimonio histórico, costas, etc.
Otro de los objetivos es el de establecer una vía de comunicación más directa entre los vecinos para recopilar las sugerencias, peticiones y quejas de los vecinos. Para ello se baraja la puesta en marcha de una página web o red social o equivalente, y la colocación de un buzón en la avenida
Dentro de la misma vía de comunicación, también se pretende  facilitar e informar de: normativas, eventos, publicitar y conocer la playa, fotos, retazos de historia, etc.
Otro de los objetivos es el de estudiar las propuestas de mejora del pavimento de la avenida, facilitar la accesibilidad a zonas de baño, arreglar desperfectos, en definitiva, mejorar el “aspecto” de la playa. Así como gestionar con las administraciones correspondientes su financiación y ejecución.
Además se quiere estudiar y proponer la viabilidad de ubicar un baño/aseo en la playa con la administración correspondiente. Siendo conscientes de que esta petición requiere de mantenimiento y limpieza.
Por otro lado, esta candidatura quiere mantener informados a los vecinos de las novedades de la Ley de Costas / Urbanismo,  y efectos sobre las viviendas.
Además, implicarse y colaborar en la organización de eventos deportivos realizados en la zona y que éstos repercutan en beneficios para los servicios o mantenimiento de la playa e impulsar el uso y mejora de las zonas arqueológicas, y zonas recreativas anexas.
Por último, muestran su interés por la playa de Bocabarranco, con la intención de realizar propuestas para la mejora y el uso de la playa.
Entre estas propuestas destaca el conocer su estado actual y el tipo de agua que vierte, realizar sugerencias para desviar o mejorar el vertido,  y facilitar la información sobre los análisis de agua que realiza periódicamente Sanidad.
Las elecciones tendrá lugar el próximo lunes, 30 de diciembre, en el transcurso de una asamblea extraordinaria, que se celebrará a las siete y media de la tarde en primera convocatoria, y a las ocho de la tarde, en segunda convocatoria.

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/9-sociedad/27364-vecinos-y-usuarios-de-la-playa-del-agujero-forman-una-candidatura-para-la-asociacion-de-vecinos

domingo, 22 de diciembre de 2013

iGUALDAD EN LA JUSTICIA? DOS NOTICIAS, LA MISMA LEY


LO MAS IMPORTANTE EN UN PAIS, ES QUE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES, SEA IGUAL PARA TODOS...

Multado con 300 euros por ocupar 10 metros de playa con su tienda de campaña

21.12.2013 | 20:21

EFE | LAOPINIONDEMURCIA.ES

Un excursionista que el 22 de julio de 2007 instaló su tienda de campaña en la playa de Percheles, en el término municipal de Mazarrón (Murcia), deberá pagar una multa de 300 euros por ocupar diez metros cuadrados de la misma, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ).

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima así el recurso que el denunciado presentó contra la resolución de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, de 7 de abril de 2008, que rechazó su recurso de alzada.

El tribunal, confirma así la procedencia de la sanción, que le fue impuesta al campista por una infracción de la ley de Costas, cometida por ocupar los diez metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre.

En su recurso ante el TSJ, el sancionado alegó que realmente era su hijo el que había acampado aquel día en la playa y recordó que este mismo extremo ya lo había expuesto en vía administrativa, sin que fuera atendido.

"Es cierto -indica la Sala de lo Contencioso del TSJ- que ya expuso entonces que el autor de la infracción era su hijo, pero también lo es que no se aportó ninguna prueba, por lo que no se destruyó la presunción de veracidad de la denuncia de la Policía".

Y añade que el 22 de abril de 2007 se le requirió para que aportara pruebas, lo que no hizo, lo mismo que ocurre ahora en la vía contencioso-administrativa.

Para el tribunal no existe la menor duda de que se cometió una infracción de la ley de Costas, "que prohíbe el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como los campamentos y acampadas".


 

  

Denuncia por el uso indebido de terrenos de Costas


La Fiscalía Provincial ha interpuesto una denuncia contra el alcalde de Candelaria por la explotación por parte del Ayuntamiento de un parking municipal en terrenos que son propiedad de Costas.

El ministerio fiscal ha solicitado la declaración de José Gumersindo García como imputado por prevaricación, tal y como adelantó ayer El Digital de Canarias.

Puestos en contacto con la Alcaldía, se nos informa en una escueta nota que “el Ayuntamiento ha seguido los trámites legales establecidos con respecto a la gestión del parking frente al Consistorio. Asimismo se aclara que a día de hoy no se tiene ninguna comunicación por parte de la Fiscalía por lo que se esperará a recibir la información”.

Según se desprende de la denuncia, el alcalde tendrá que responder ante la Justicia por un espacio público que no es municipal, sino de Costas, que el Ayuntamiento explota como aparcamiento, cobrando por ello, aunque nadie discute de la utilidad que este aparcamiento rotatorio tiene para los vecinos y visitantes de Candelaria.

Los hechos, según la denuncia 322/12 que la Fiscalía ha presentado contra el Ayuntamiento, después de acabar las diligencias primarias de investigación, son que “dichos terrenos no figuran inscritos ni catastralmente ni en otro instrumento público a titularidad de la corporación municipal. De igual manera en los citados terrenos se ha venido llevando a cabo desde fechas indeterminadas pero en todos desde hace varios años a la fecha del presente informe, una explotación de los referidos terrenos ya sean destinados a parking municipal o bien concediendo la utilización de lo terrenos previa tasa a otros usuarios que llevan a cabo una actividad mercantil en la Villa de Candelaria”.

Para la Fiscalía “queda acreditado que los terrenos donde se asienta el parking y donde se concede autorización por el Ayuntamiento para la práctica de determinadas actuaciones remuneradas que no solo no son propiedad del Ayuntamiento sino que tampoco dispone de concesión alguna para la ocupación de dominio público marítimo terrestre, por lo que el Ayuntamiento de Candelaria está explotando dichos terrenos sin la existencia de título legítimo para ello”.

Tales hechos pudieran ser, a juicio de Fiscalía, de un delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal, solicita la declaración como imputado del alcalde y como testigos cita al secretario y al interventor municipal

http://www.diariodeavisos.com/2013/07/denuncia-por-uso-indebido-terrenos-costas/ 

 

martes, 17 de diciembre de 2013

CAÑETE YA NO ENGAÑA NI A ESPAÑOLES NI A EXTRANJEROS.


Reino Unido intentará evitar la demolición de 4.000 viviendas de británicos en España

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha mostrado su preocupación por la aplicación de la nueva Ley de Costas española, que podría suponer la demolición de unas 4.000 viviendas de propiedad británica. Will Middleton, director de los servicios consulares británicos en el sur de Europa, dijo a la BBC: "Para los afectados es absolutamente devastadora la incertidumbre, ése es el gran problema".

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el Reino Unido no puede intervenir en conflictos individuales de sus compatriotas peo les instó a defender sus derechos en los tribunales locales.

Asimismo, añadió que "reconocemos que es un problema importante y podemos trasladdarle a las autoridades españolas la problemática que afecta a los ciudadanos británicos. No podemos interferir en los procesos judiciales, y le toca a las autoridades españolas a proporcionar claridad sobre la inseguridad jurídica que enfrentan muchos propietarios británicos en España". Así, aclaró que hemos mantenido reuniones a todos los niveles con las autoridades españolas y vamos a seguir haciéndolo".

Además, dejó constancia de que el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba al tanto de las tres propiedades de británicos que han sido demolidas porque fueron consideradas ilegales, una en 2008 y las otras dos este año.

España cuenta con alrededor de tres millones de viviendas vacías debido a la crisis inmobiliaria en 2007. Hasta un tercio de estas propiedades puedan haber sido construido ilegalmente debido a la corrupción en el sector de la construcción y de los ayuntamientos, indica "The telegraph".

Una pareja británica, John y Jan Brooks, vieron como su villa de ensueño fue demolida, a pesar de que la Justicia dictaminó que habían sido víctimas de un caso de corrupción y no tenían responsabilidad ninguna. Para que ningún británico se ve afectado en el futuro por la compra de inmuebles ilegales, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha elaborado una guía sobre cómo pueden evitar las estafas a la hora de adquirir una vivienda residencial en España








 

lunes, 16 de diciembre de 2013

600 asentamientos están ubicados en municipios del litoral sin plan xeral


Galicia.

600 asentamientos están ubicados en municipios del litoral sin plan xeral

Los ayuntamientos con planes urbanísticos aprobados con fecha posterior al 31 de mayo de este año o que carecen de PXOM tienen un plazo de dos años para legalizar sus núcleos marineros tradicionales. Galicia cuenta con un total de 600 núcleos marineros tradicionales en municipios sin planeamientos urbanísticos que albergan un total de 8.000 viviendas.

En ese periodo fijado por el Gobierno central, los ayuntamientos deberán primero clasificar correctamente el suelo, contar con la aprobación de la Xunta y del Ministerio de Medio Ambiente y finalmente solicitar la regularización de los asentamientos en el litoral. En todo caso, en ninguno de estos núcleos marineros se podrán levantar nuevas edificaciones, a pesar de que se incorporen a la normativa urbanística ordinaria.

Además de la legalización de viviendas en la llamada zona de dominio público marítimo terrestre, la reforma impulsada por Medio Ambiente permite la prórroga por 75 años de los permisos para continuar con su actividad a empresas ubicadas en el litoral. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, la nueva ley de costas permitirá la legalización de unos 700 negocios a pie de mar en la comunidad -21 hoteles, 321 restaurantes y chiringuitos y 367 industrias-. En el caso de la provincia de A Coruña, la reforma afecta a un total de 333 negocios; en Pontevedra, a 357 y en Lugo, a 19.

http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2013/12/16/600-asentamientos-ubicados-municipios-litoral/793438.html

jueves, 12 de diciembre de 2013

Vecinos de Benzú (Ceuta) se oponen al derribo de sus viviendas por la Ley de Costas


   El Área de Fomento de la Delegación del Gobierno tramita una quincena de expedientes de recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre en Benzú por incumplimiento de la Ley de Costas, los cuales corresponden a viviendas en las que residen vecinos de la barriada. Su finalidad última será la demolición si las construcciones carecen de una concesión administrativa, es decir, de una autorización del Estado.


Las notificaciones comenzaron a llegar a los afectados a finales de noviembre, un colectivo que manifestó ayer su rechazo a abandonar sus viviendas y, por extensión, la barriada que los vio nacer. “Nuestras familias viven aquí desde hace más de cien años. Antes era el hogar de militares y guardias civiles, de hecho, muchas de las casas se las cedieron o vendieron a nuestras familias”, explicaron los perjudicados con el respaldo de la Asociación de Vecinos de Benzú. El Gobierno de la Plaza de los Reyes anunció ayer que, a aquellas edificaciones que no estén amparadas legalmente por un título administrativo, procederá a retornar la posesión de esos bienes para que el dominio público cumpla su finalidad, es decir, que sea libre, público y gratuito, tal y como determina la Constitución, explicó Bharat Bhagwandas, director general del departamento.
“Este expediente –el cual se encuentra en su fase inicial– viene integrado por una serie de fases con todas las garantías para los interesados, es decir, incluye la notificación del acuerdo de de inicio; el trámite de alegaciones; el plazo de audiencia; la resolución de la recuperación de de esos bienes y posteriormente la guía de recursos”, contempló el responsable del Área de Fomento. Aunque sin ofrecer plazos concretos, Bhagwandas señaló que la resolución del expediente puede ser cuestión de meses. La ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre solo es posible si está amparada por un título legal conforme a la Ley de Costas mediante concesión o autorización administrativa, apuntó Bhagwandas. Sin embargo, en el Área Funcional de Fomento no les consta que las edificaciones que recibieron estos escritos tengan el título administrativo de ocupación, añadió. Una categoría de la que quedan excluidas escrituras y contratos de compra-venta.
En las alegaciones al recurso de recuperación, en términos generales, los vecinos exponen su sorpresa porque un funcionario de esta administración sea quien constate la existencia de las casas, máxime, cuando la unidad familiar está inscrita en el padrón municipal declarando las viviendas como domicilio habitual. Asimismo, aseguraron tener contratados diversos servicios en sus casas desde hace años, además de abonar sus respectivas tasas y demás impuestos locales. Los vecinos consideran que se encuentran ante una maniobra “malintencionada” por parte de la Delegación del Gobierno y que “vulnera” las garantías procesales y administrativas que rodean a este tipo de procesos. Los afectados sostienen en las alegaciones que también incumple la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas y consideran que el instructor debe declararlo “nulo de pleno derecho” porque el procedimiento es inadecuado. Por otra parte, la Ley de Costas no habla de la obligación de realojar a los inquilinos, puntualizó Fomento de la Delegación, una cuestión que quedaría en manos de la Ciudad Autónoma.


La Asociación de Vecinos solicita una reunión por la “inquietud”

Hasta el momento, la Delegación del Gobierno contabilizó el inicio de 15 expedientes, aunque tampoco descartó que sean más. Esta cifra se traduce, según el Gobierno de la Plaza de los Reyes, en el mismo número de edificaciones que están dentro del deslinde, es decir, de la delimitación de los bienes que son de dominio público marítimo-terrestre, una línea determinada por mojones y que especifica qué bienes integran ese dominio. La Asociación de Vecinos de Benzú, al conocer que estas notificaciones comenzaron a llegar a los domicilios de la barriada, solicitó una reunión con el gabinete de la Delegación del Gobierno, la cual aún no tuvo lugar. Un anuncio de derribo que ha generado “alarma e inquietud entre los vecinos”. Los vecinos insistieron en que se niegan a dejar Benzú pero, en caso de que tuvieran que ser reubicados por la demolición en otro lugar, exigen que sea en la barriada. “Nos dijeron que el proyecto Europan 8 estaba aprobado –construcción de viviendas en el depósito de vehículos en Benzú–, pero ahora parece que aquello se borró de la memoria de las autoridades”, lamentaron.

http://www.elfarodigital.es/ceuta/medio-ambiente/136764-vecinos-de-benzu-se-oponen-al-derribo-de-sus-viviendas-por-la-ley-de-costas.html

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Cañete defiende que la Ley de Costas resuelve "problemas pendientes" y el PNV dice que todavía hay inseguridad jurídica


El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha defendido la puesta en marcha este año de la nueva Ley de Costas que, a su juicio, resuelve la "mayor parte" de los problemas pendientes que tenía España en la materia, mientras que desde el PNV, el diputado Joseba Agirretxea, ha alertado de que se mantiene la inseguridad jurídica para los propietarios de muchos inmuebles situados en la costa, a pesar de ser uno de los supuestos objetivos de la normativa.

Este debate se ha producido durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde el diputado 'jeltzale' ha cuestionado al responsable de Medio Ambiente por el 'Informe Werthmann', presentado en el Parlamento Europeo en relación a la modificación de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno este 2013, y por el que
la Eurocámara ha emitido una orden directa a la Comisión Europea para que investigue "si esta nueva legislación se ajusta a derecho europeo".

 
Cañete ha subrayado en su argumentación que el citado informe "es un simple documento", que fue elaborado por una delegación de parlamentarios europeos que visitó España tras la aprobación de la ley en el semestre pasado, y "con recomendaciones no vinculantes".

 
Es más, sostiene que este documento de trabajo reconoce que el Gobierno español ha hecho un "esfuerzo importante" aprobando una nueva legislación en materia de costas, que resuelve "la mayor parte de problemas pendientes" para conciliar los problemas de la costa española con el desarrollo económico, y una mayor seguridad a los propietarios inmobiliarios.

 
A su vez, ha subrayado que este informe europeo plasmaba la necesidad de que las zonas costeras no se utilizasen para nuevas edificaciones, reclamaba una actualización del informe del registro y del catastro, al mismo tiempo que pedía la distinción de playas urbanas de las naturales, entre otras recomendaciones para España, que ya han sido incluidas en la nueva Ley de Costas, según ha asegurado.
 

COMPENSACIONES E INSEGURIDAD JURÍDICA

 
Arias Cañete ha señalado también que el 'Informe Werthmann' pide también indemnizaciones económicas, en lugar de concesiones de uso como compensación, aunque también recoge que la Comisión Europea ha señalado que el régimen de propiedad es competencia del Estado miembro.


Además, sostiene que en el marco del derecho nacional lo que no se puede es ignorar los preceptos de la Constitución, en cuanto a la demarcación público marítimo terrestre, ni tampoco la interpretación del Tribunal Constitucional, donde se establece que el dominio público "no admite claves de propiedad privada".

 
"Nosotros hemos mejorado el tratamiento de la Ley del 78, que establecía las concesiones de forma muy limitada, dando unas de 75 años, que además son transmisibles, con lo cual aumentamos su valor patrimonial", ha insistido el responsable de medio ambiente.

 
Mientras, Agirretxea ha insistido en que la aplicación de la Ley de Costas no ha solucionado el problema de la inseguridad jurídica a la que se veían sometidos propietarios de inmuebles deslindados porque se "les han confiscado propiedades", al no haberse efectuado una compensación económica, "por medio de unas concesiones de uso usufructo por unas concesiones de 75 años", a personas que eran ya propietarias por escritura pública de esos inmuebles antes de que existiera ninguna Ley de Costas.
 

Así, ha apuntado por ejemplo al caso del Molino de Mareas, una edificación del siglo XVII situado en la ría de Urdaibai, en Vizcaya.

 
Finalmente, ha avisado a Arias Cañete de que el Parlamento Europeo detectó "una enorme laguna jurídica" que el PNV propuso solventar vía enmienda durante la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Costas, pero al que el Gobierno no accedió a modificar.


Observaciones finales 

 Estrictamente hablando, según los términos del Tratado de la UE, nada obliga a España a cambiar su posición y es evidente que el Gobierno español y el Parlamento poseen plena competencia, constitucional y políticamente, para decidir y aprobar dicha legislación. El «régimen de propiedad» sigue siendo competencia del Estado miembro. Sin embargo, el artículo 6 del Tratado de la UE y el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales también contienen disposiciones relativas a los derechos de los ciudadanos a su propiedad. 

Las personas tienen por tanto confianza legítima en que la UE y el Parlamento, en particular, deben defender estos derechos en su nombre cuando estos sean socavados o violados. 

 
Resulta deplorable que con esta revisión de la Ley de Costas no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica con respecto a los derechos de propiedad, un requisito imprescindible de todo mercado sostenible de la vivienda. Además, el hecho de que, en su caso, la línea de demarcación pueda revisarse cada vez que se produce un cambio en la línea de la costa (debido a la erosión costera o la construcción de un nuevo puerto deportivo, por ejemplo) genera una inseguridad adicional, pues lo que es legal hoy podría dejar de serlo mañana

 
Según se ha indicado, la mayoría de los miembros no consideran que las concesiones sean una compensación justa por la eventual pérdida de valor de las propiedades privadas situadas en el nuevo espacio público establecido.

 

Recomendaciones

 
Pide a la Comisión Europea que estudie si esta nueva legislación se ajusta al Derecho europeo.

Insta a las autoridades españolas a establecer un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación a consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas.


Pide a las autoridades españolas que ofrezcan indemnizaciones que reflejen el valor de la propiedad de los afectados por la Ley de Costas, en lugar de otorgar concesiones.
 

 

El ministro Arias Cañete podrá despreciar el Informe Werthmann, pero que se haya desplazado una comisión de investigación del Parlamento Europeo a España y concluya en un informe que no se está respetando el derecho de propiedad en España y por tanto, que existe una inseguridad jurídica impropia de un Estado de Derecho Europeo...

 
Que diga que en España "lo que hoy es legal, podría dejar de serlo mañana"...

 
Es como para plantearse la derogación de la ley o dimitir, porque esa demostrada inseguridad, ese desprecio por el respeto de los derechos humanos, nos deja a nivel de las repúblicas bananeras.

 

miércoles, 4 de diciembre de 2013

El Cabildo de Tenerife pide un tratamiento "singular" de Canarias en la aplicación de la Ley de Costas


El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha pedido que Canarias tenga un tratamiento "singular" en la aplicación de la Ley de Costas, de manera que se pueda propiciar un "mejor ordenamiento" de su litoral, incluyendo la protección de los valores ambientales y el reconocimiento de los valores históricos, culturales y etnográficos de los núcleos costeros.

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Así lo ha planteado este miércoles en el acto de inauguración de un curso sobre la reforma de la Ley de Costas, organizado por el Cabildo de Tenerife, la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente (RDU) y el Centro de Estudios Jurídicos Superiores (Cejus), y donde estuvo acompañado por la consejera insular de Planificación, Pino de León, y el director de la Revista, Francisco Alegría.

En su intervención, el presidente del Cabildo dijo que cada territorio quiere que la Ley de Costas se aplique de manera específica, un discurso "perfectamente" aplicable a Canarias, ya que la costa es un "elemento fundamental" en la definición del territorio, donde el problema se produce "cerca del mar"; de hecho, sólo hay tres municipios en Tenerife que no disponen de costa: El Tanque, Vilaflor y Tegueste.

Carlos Alonso hizo hincapié en que este hecho hace que la costa sea un "elemento principal" en el desarrollo urbano de las islas, pero también un recurso ambiental "muy importante" y un recurso económico "de relevancia" por su orientación al turismo, lo que, en su opinión, justifica un tratamiento "particular" de Canarias en la Ley de Costas.

Pino de León, por su parte, señaló que esta jornada debe servir para ver si la Ley de Costas es un "instrumento válido" para resolver los problemas de nuestro litoral, sobre todo aquellos que tienen que ver con los núcleos costeros, pues la protección de la costa, en su opinión, es "compatible" con el reconocimiento del valor cultural, histórico y etnográfico de estos núcleos de población.

Por último, Francisco Alegría apuntó que la Ley de Costas ha levantado "bastante polémica" en toda España y ha generado "bastantes problemas" en su aplicación, lo que significa que la Ley presenta "sus más y sus menos", lo que justifica la celebración de esta jornada, que servirá para criticar, reflexionar y debatir sobre la aplicación de esta norma

http://www.gentedigital.es/tenerife/noticia/1274548/el-cabildo-de-tenerife-pide-un-tratamiento-singular-de-canarias-en-la-aplicacion-de-la-ley-de-costas/

jueves, 28 de noviembre de 2013

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pide una reunión a Costas con habitantes de los núcleos de Anaga


El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una reunión con los vecinos de los núcleos costeros de Anaga para tratar el reconocimiento como urbanos de los núcleos de Igueste de San Andrés, Roque de Las Bodegas, Tachero y Almáciga.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompañado del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, se reunió este miércoles con los vecinos de Almáciga, dentro de los encuentros que viene manteniendo con los residentes en estas zonas. En éstas se les explica qué se ha venido haciendo para que, dentro de la nueva ley de Costas, convencer al Ministerio de que los citados asentamientos reúnen todos los requisitos que impone la norma.
Bermúdez les anunció que el Consistorio va a pedir una reunión en Costas para que asistan los vecinos”, una cita que ya ha sido solicitada al referido departamento de la Administración del Estado. “Este Ayuntamiento no cesará en su empeño para devolver estas casas a la legalidad”, añade el primer edil.
Por su parte, Martín aclara que “el hecho de que estos núcleos cumplan o no los requisitos de la ley es una discusión técnica, no una discusión política, como algunos intentan hacer ver”. El primer teniente de alcalde recuerda que “desde el principio hemos ido de la mano con los vecinos”.

Ya son varias las reuniones que técnicos municipales han mantenido tanto con vecinos como con el organismo autonómico competente: la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Ahora, técnicos municipales irán a Madrid para reunirse con los de Costas y, a partir de ahí, comenzar a reconducir la situación de estos núcleos. El Consistorio mantiene su compromiso de realizar un esfuerzo para que quienes residen en de Igueste de San Andrés, Roque de las Bodegas, Tachero y Almáciga vean reconocidos sus derechos sobre la propiedad.
El Ayuntamiento ya solicitó, cumpliendo con lo dispuesto en la ley, que se reconozca a los cuatro núcleos más afectados por la ley de Costas en la capital la reducción a 20 metros del ancho de la zona de servidumbre de protección. Con los informes que se enviaron se pretende que se apliquen las excepciones previstas en la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley de Costas.

La Cotmac ya reconoció en sendos informes de 2007 que tanto Igueste de San Andrés como Almáciga, Roque de las Bodegas y Tachero contaban con las características de núcleos urbanos consolidados. Los informes municipales también incluyen las referencias a los cuatro núcleos costeros que el planeamiento municipal ha contenido, lo que a juicio del concejal permitiría su inclusión en la vía rápida y una pronta declaración como zonas urbanas.
De no aceptarse lo previsto en la carta del Ayuntamiento, todavía quedará la posibilidad de reconocer el carácter urbano de estos núcleos por la otra vía prevista en la ley, aunque de desarrollo más lento. La diferencia entre las dos vías radica en que en la que ahora está trabajando el Consistorio, sólo basta con una solicitud de declaración de la excepcionalidad, aportando un informe en el que se certifique la delimitación o clasificación como suelo urbano. Sin embargo, en la vía lenta habrá que acreditar que estos núcleos contaban en 1988 con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía  eléctrica, además de otros requisitos referidos a la clasificación del suelo.
El Ayuntamiento recuerda que este paso se podría haber salvado si la ley hubiese previsto la excepcionalidad de Canarias. En esa línea, lamenta que quienes realizaron esta norma no quisieron reconocer las especificidades del Archipiélago, cuando sí lo hacen en el caso de Baleares, con Formentera

 la voz de Tenerife

 

lunes, 25 de noviembre de 2013

El ayuntamiento de Santiago del Teide obligado a derribar unas obras realizadas sin proyecto de obra ni autorización de Costas


Fumero: "Es lamentable que en la situación actual se tire el dinero público de esta manera. Queremos saber cuánto nos ha costado la nueva metedura de pata de este desgobierno"

 
El gobierno municipal de Santiago del Teide está procediendo a la demolición de las obras comenzadas hace más de tres meses en los bajos de la plaza de Puerto de Santiago. Hay que remarcar que el consistorio comenzó a realizar unas obras de cerramiento de los bajos de la plaza a mitad del mes de agosto anunciando entonces, públicamente, que las obras realizadas consistían en  "la división interna de este amplio espacio que servirá para crear una base para el parking móvil de vehículos municipales, almacenes para el personal y así mismo debido a la demanda existente por parte de las concejalías correspondientes, se dotará de un centro juvenil  y de la sede para la Escuela de Vovinam Viet Vodao municipal".

Ante la perplejidad de los concejales nacionalistas, puesto que la obra no estaba recogida en el anexo de inversiones del presupuesto municipal y se desarrollaban en zona de dominio marítimo terrestre, solicitaron al alcalde, al día siguiente del anuncio, la ficha financiera, el proyecto de obras y la autorización de la demarcación de Costas para la ejecución de esa actuación, temiéndose que ésta fuera otro error de bulto del equipo de gobierno que dirige Juan Gorrín.

Tras tres  meses de espera, el portavoz nacionalista reiteró la solicitud de la documentación de la obra, respondiendo los funcionarios municipales que la documentación solicitada "no existía", confirmándose así las sospechas de los ediles nacionalistas; la obra se estaba ejecutando de espaldas a la legalidad y de una manera totalmente irresponsable.


Tras la intervención de Costas, la pasada semana operarios municipales comenzaban a demoler las obras realizadas retranqueando los muros del sótano de la plaza hasta la delimitación fijada por la administración dependiente del gobierno del Estado.
El portavoz nacionalista, Jonathan Martín Fumero, manifiesta que "es lamentable que en la situación actual se tire el dinero público de esta manera. Queremos saber cuánto nos ha costado la nueva metedura de pata de este desgobierno. En ninguna administración medianamente seria se ejecuta una obra sin ficha financiera, sin la autorización de la administración competente y, lo que es peor, sin proyecto de obras. Estas cosas esperpénticas, lamentablemente, sólo pasan en Santiago del Teide para desgracia de quienes vivimos aquí y soportamos día tras día la incompetencia de nuestros gobernantes".

A pesar de las obras realizadas, todavía permanecen bajo la plaza centenares de neumáticos apilados fuera de uso, incumpliendo todas las normativas de seguridad y medioambientales, convirtiendo ese sótano en un polvorín del que es único responsable el alcalde, a quien se le ha puesto en conocimiento de la situación sin que tome las medidas oportunas para corregir este riesgo.

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