BONITA patata caliente la que el Gobierno central le traspasa a la Junta de Andalucía, las competencias de gestión del litoral. Ahí es nada. Los chiringuitos y la tramitación de sus concesiones administrativas son el chocolate del loro comparados con los auténticos problemas que tiene el litoral. No entiendo el escepticismo de Norberto del Castillo, presidente de la Federación de Empresarios de Playas, que teme que con el traspaso de competencias a la Junta, ahora los propietarios de chiringuitos estén a expensas de un trámite más, un informe vinculante de la Demarcación de Costas, que al final tendría la última palabra.
En cualquier caso la Administración andaluza entiende muy bien que el disfrute ciudadano de la playa pasa por la existencia de los chiringuitos, que forman parte de un modo de entender el ocio, y que además del valor económico que representan sus cifras de facturación, dan trabajo en plena crisis y son un importante reclamo turístico.
La gestión en manos de la Junta de Andalucía no puede sino mejorar las cosas respecto al futuro de los chiringuitos, que por otra parte, salvo un pequeño porcentaje que no se adaptó a la ley de Costas, no perjudican en nada la dinámica litoral, esa zona de interacción fluvio-marina que tan perjudicada ha estado por los paseos marítimos construidos justo donde terminan las casas, sobre la arena, y en muchos casos sin deslindes practicados que hubieran podido evitar la invasión del dominio público marítimo terrestre.
Estas cuestiones son las que tienen ahora una difícil solución, porque alterar la dinámica litoral tiene sus costes. Ahí están los importantes recursos económicos que cada año se tienen que emplear en la regeneración de las playas, ya que los sedimentos de los ríos, entre los pantanos construidos y la barrera costera, no consiguen llegar al mar.
Y es que una cosa son los discursos políticos, incluso las leyes que se formulan para cumplirlas y otra muy distinta la gestión.
Hablando del litoral, en cuestión de gestión, que es lo que al final deja huella, en poco o en nada se ha notado la diferencia de color político. Sobre la arena han construido todos los que han gobernado.
La sensación de desánimo que invade a muchos ciudadanos no solo tiene que ver con la crisis económica, es también una señal, un SOS lanzado al aire. Los ciudadanos necesitamos que los políticos empiecen a creer en su propio mensaje, porque de no ser así, los discursos irán por un lado y la gestión por otro. Ahí está la ley de Costas, de 1988, a la que apenas se le hizo caso hasta 20 años después, y cuando empezó a tomarse en serio, no fue para agilizar deslindes que nunca se habían practicado sobre la ingente masa de ladrillo que bordea la costa sino para intentar sacar a los chiringuitos de la playa.
Por suerte, el futuro de los chiringuitos, es una cuestión sobre la que hay cierto consenso político. El resto de los problemas del litoral son, nunca mejor dicho "arena" de otro costal. A pesar de la dinámica electoral, frente al desánimo ciudadano, no es hora de discursos sino de hechos. Hay que recordar a Bertrand Russell, el futuro depende del crecimiento de la ética colectiva.
http://www.malagahoy.es/article/opinion/878074/la/gestion/litoral.html
EL ESPIRITU DE CHO VITO ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS. CANARIAS. AEPLC Presidente. Carmen del Amo.626823246 perjudicadosporcostas@yahoo.es. Vicepresidente. Margarita Garcia.628907856.
Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
miércoles, 12 de enero de 2011
Andalucía tendrá las competencias sobre los chiringuitos el 1 de abril
Gobierno y Junta cierran hoy el traspaso en la comisión mixta de transferencias
MANUEL PLANELLES - Sevilla - 12/01/2011
Tras un sinfín de fechas y plazos incumplidos el traspaso de las competencias sobre la gestión del litoral andaluz se cerrará hoy en Málaga, donde está previsto que se celebre la comisión mixta de transferencias entre los gobiernos central y autonómico. Sin embargo, ese traspaso no se producirá de manera efectiva hasta el 1 de abril, según señalaron ayer fuentes de la Administración central.
Chaves y Moreno firman en Málaga el traspaso de las competencias
Todas las competencias sobre el litoral estaban hasta ahora en manos del Gobierno central, en concreto en la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. La Junta de Andalucía comenzó a reclamar el traspaso de parte de la gestión cuando se desató en 2009 el conflicto con los chiringuitos, a los que el ministerio presionó para que se adaptarán a la Ley de Costas y pusieran al día sus concesiones.
La Junta esgrimió entonces el artículo 56 del reformado Estatuto de Autonomía en el que se señala como una "competencia exclusiva" suya "el otorgamiento de autorizaciones y concesiones" en el dominio público marítimo terrestre. El Gobierno central -tras una reunión entre los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero y José Antonio Griñán- admitió transferir esas competencias.
Sin embargo, la negociación entre las dos administraciones se fue enrareciendo y no ha sido hasta el cambio en el Ministerio de Medio Ambiente, con la incorporación de la cordobesa Rosa Aguilar, cuando este asunto se ha cerrado.
Los encargados de firmar hoy este traspaso en Málaga serán el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y la consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno. El texto ya está rematado y, además del asunto de los chiringuitos, también afecta a determinados usos recreativos y otras concesiones, según fuentes del Ministerio de Política Territorial.
En Andalucía existen aproximadamente 2.000 chiringuitos, de los que unos 800 están situados directamente sobre la arena y el resto a lo largo de los paseos marítimos. Cuando se comenzó a plantear que estos establecimientos salieran de la arena en aplicación de la Ley de Costas, la Junta cerró filas con los empresarios del sector. Para ocupar el dominio público marítimo terrestre la Administración que tenga las competencias es la que debe otorgar la concesión, normalmente, por un periodo de 15 años. Para tranquilizar al sector, la Junta aseguró el año pasado que el 90% de estos establecimientos son "plenamente legales o susceptibles de legalización".
El asunto de los chiringuitos no es el único enfrentamiento que tenían abierto el Gobierno central y el autonómico en el ámbito del litoral. También está pendiente la resolución del conflicto por el deslinde de Doñana, aplicado por el ministerio y que la Junta consideró excesivo. Como estas expropiaciones no tienen ya marcha atrás, las dos administraciones acordaron en noviembre firmar un convenio que permitirá a la Junta mantener las competencias sobre lo deslindado. Según indicaron ayer fuentes del ministerio de Rosa Aguilar, este convenio estará listo también para el próximo 1 de abril.
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Andalucia/tendra/competencias/chiringuitos/abril/elpepuespand/20110112elpand_5/Tes
MANUEL PLANELLES - Sevilla - 12/01/2011
Tras un sinfín de fechas y plazos incumplidos el traspaso de las competencias sobre la gestión del litoral andaluz se cerrará hoy en Málaga, donde está previsto que se celebre la comisión mixta de transferencias entre los gobiernos central y autonómico. Sin embargo, ese traspaso no se producirá de manera efectiva hasta el 1 de abril, según señalaron ayer fuentes de la Administración central.
Chaves y Moreno firman en Málaga el traspaso de las competencias
Todas las competencias sobre el litoral estaban hasta ahora en manos del Gobierno central, en concreto en la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. La Junta de Andalucía comenzó a reclamar el traspaso de parte de la gestión cuando se desató en 2009 el conflicto con los chiringuitos, a los que el ministerio presionó para que se adaptarán a la Ley de Costas y pusieran al día sus concesiones.
La Junta esgrimió entonces el artículo 56 del reformado Estatuto de Autonomía en el que se señala como una "competencia exclusiva" suya "el otorgamiento de autorizaciones y concesiones" en el dominio público marítimo terrestre. El Gobierno central -tras una reunión entre los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero y José Antonio Griñán- admitió transferir esas competencias.
Sin embargo, la negociación entre las dos administraciones se fue enrareciendo y no ha sido hasta el cambio en el Ministerio de Medio Ambiente, con la incorporación de la cordobesa Rosa Aguilar, cuando este asunto se ha cerrado.
Los encargados de firmar hoy este traspaso en Málaga serán el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y la consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno. El texto ya está rematado y, además del asunto de los chiringuitos, también afecta a determinados usos recreativos y otras concesiones, según fuentes del Ministerio de Política Territorial.
En Andalucía existen aproximadamente 2.000 chiringuitos, de los que unos 800 están situados directamente sobre la arena y el resto a lo largo de los paseos marítimos. Cuando se comenzó a plantear que estos establecimientos salieran de la arena en aplicación de la Ley de Costas, la Junta cerró filas con los empresarios del sector. Para ocupar el dominio público marítimo terrestre la Administración que tenga las competencias es la que debe otorgar la concesión, normalmente, por un periodo de 15 años. Para tranquilizar al sector, la Junta aseguró el año pasado que el 90% de estos establecimientos son "plenamente legales o susceptibles de legalización".
El asunto de los chiringuitos no es el único enfrentamiento que tenían abierto el Gobierno central y el autonómico en el ámbito del litoral. También está pendiente la resolución del conflicto por el deslinde de Doñana, aplicado por el ministerio y que la Junta consideró excesivo. Como estas expropiaciones no tienen ya marcha atrás, las dos administraciones acordaron en noviembre firmar un convenio que permitirá a la Junta mantener las competencias sobre lo deslindado. Según indicaron ayer fuentes del ministerio de Rosa Aguilar, este convenio estará listo también para el próximo 1 de abril.
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Andalucia/tendra/competencias/chiringuitos/abril/elpepuespand/20110112elpand_5/Tes
El Decano del Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos de Cataluña, reconoce y alaba la retroactividad de la Ley de Costas
La Ley de Costas, aprobada en 1988, casi hace 22 años, ha sido una norma con una presencia constante a la opinión pública a lo largo de toda su vida, lo que prueba la relevancia que ha tenido su aplicación en la nuestra sociedad. Polémica en el momento de su aprobación y polémica en la actualidad por las circunstancias que acompañan su ejecución, ha supuesto un cambio importante en la mentalidad del país, al otorgar el litoral, en un sentido amplio, el carácter de dominio público, con lo que significa para la protección efectiva y el uso ciudadano.
Lo fue en el momento de su aprobación, al otorgarle el carácter retroactivo que ha permitido la intervención en algunos de los casos flagrantes de agresión en el litoral. Esta retroactividad también ha dado lugar a situaciones un poco surrealistas, como la confiscación por parte del Estado del Molino de Mareas de Portu Errota, en el País Vasco, un prodigio de la ingeniería hidráulica construido y habitado desde el 1683, que avalaría una retroactividad de más de tres siglos. Esta aplicación siempre ha sido una de las cuestiones más discutidas y polémicas de la ley.
Por otro lado, la ley era necesaria. Con ella se derogó la ineficiente y ambigua ley del año 1969, que permitió el desarrollo de proyectos inmobiliarios que han dañado una buena parte de la costa, especialmente en el litoral mediterráneo, donde los espacios vírgenes son excesivamente escasos. En la ciudad de Barcelona, la aprobación de esta ley generó bastante ruido al coincidir con las operaciones de recuperación de la franja litoral del proyecto olímpico. En ese momento se oyeron no pocas voces que afirmaban que la ley quería avalar el urbanismo de los Juegos, y todo el mundo recuerda la enorme oposición popular que supuso la demolición de los entrañables chiringuitos de la Barceloneta, a los que atribuir un "valor histórico incalculable", que desaparecían víctimas de la "modernidad olímpica". El tiempo tiene la virtud de poner las cosas en su sitio, y aunque podemos añorar los arroces a pie de arena, el ciudadano ha ganado espacio para su uso. Con 22 años todavía es una ley muy viva y polémica, quizá por la lenta velocidad con la que cubriendo los objetivos que se expresan en la exposición de motivos.De la ley se pueden destacar dos virtudes. Por un lado, que ha sido una ley valiente.
http://www.camins.cat/Publicacions/caminscat/caminscat_201002.pdf
El Sr Josep Oriol tiene la obligación de conocer y respetar la Cosntitución, que en su art. 9 dice:
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
¿Cómo se atreve a hablar de situaciones subrealistas cuando lo que está defendiendo es lo contrario a lo que ordena nuestra Carta Magna?
Este tipo de gente es la que está en la cumbre del poder. Gente ignorante y prepotente que se considera está por encima del bien y del mal.
Así va España. Así nos va a los españoles.
http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com/
Lo fue en el momento de su aprobación, al otorgarle el carácter retroactivo que ha permitido la intervención en algunos de los casos flagrantes de agresión en el litoral. Esta retroactividad también ha dado lugar a situaciones un poco surrealistas, como la confiscación por parte del Estado del Molino de Mareas de Portu Errota, en el País Vasco, un prodigio de la ingeniería hidráulica construido y habitado desde el 1683, que avalaría una retroactividad de más de tres siglos. Esta aplicación siempre ha sido una de las cuestiones más discutidas y polémicas de la ley.
Por otro lado, la ley era necesaria. Con ella se derogó la ineficiente y ambigua ley del año 1969, que permitió el desarrollo de proyectos inmobiliarios que han dañado una buena parte de la costa, especialmente en el litoral mediterráneo, donde los espacios vírgenes son excesivamente escasos. En la ciudad de Barcelona, la aprobación de esta ley generó bastante ruido al coincidir con las operaciones de recuperación de la franja litoral del proyecto olímpico. En ese momento se oyeron no pocas voces que afirmaban que la ley quería avalar el urbanismo de los Juegos, y todo el mundo recuerda la enorme oposición popular que supuso la demolición de los entrañables chiringuitos de la Barceloneta, a los que atribuir un "valor histórico incalculable", que desaparecían víctimas de la "modernidad olímpica". El tiempo tiene la virtud de poner las cosas en su sitio, y aunque podemos añorar los arroces a pie de arena, el ciudadano ha ganado espacio para su uso. Con 22 años todavía es una ley muy viva y polémica, quizá por la lenta velocidad con la que cubriendo los objetivos que se expresan en la exposición de motivos.De la ley se pueden destacar dos virtudes. Por un lado, que ha sido una ley valiente.
http://www.camins.cat/Publicacions/caminscat/caminscat_201002.pdf
El Sr Josep Oriol tiene la obligación de conocer y respetar la Cosntitución, que en su art. 9 dice:
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
¿Cómo se atreve a hablar de situaciones subrealistas cuando lo que está defendiendo es lo contrario a lo que ordena nuestra Carta Magna?
Este tipo de gente es la que está en la cumbre del poder. Gente ignorante y prepotente que se considera está por encima del bien y del mal.
Así va España. Así nos va a los españoles.
http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com/
domingo, 9 de enero de 2011
Candelaria pide incluir Bajo La Cuesta en censo de edificaciones creado por el Gobierno de Canarias para ordenar litoral
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Candelaria (Tenerife), José Gumersindo García Trujillo, ha presentado una moción para incluir el barrio de Bajo La Cuesta-Risco de Las Tablas en el censo creado por el Gobierno de Canarias sobre la declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, según ha informado en un comunicado.
Esta iniciativa tiene como objeto "salvaguardar" el núcleo costero de la aplicación de la Ley de Costas, acogiéndose a la Ley 7/2009, en concreto a la Disposición Adicional transitoria decimoquinta e incluirlo dentro del censo.
García Trujillo apunta que esta iniciativa surgió tras varias reuniones con los representantes vecinales y se materializó en la petición de incluir a Bajo La Cuesta en un Censo de Edificaciones por parte del presidente de la Asociación de Vecinos de Bajo La Cuesta-Risco de Las Tablas, Antonio Oliva Delgado, el pasado 21 de diciembre, quien además aportó un compromiso escrito de los propietarios de las edificaciones en el que "asumían la instalación de un sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales que evite el vertido al mar", tal y como se establece en la disposición decimoquinta de la Ley.
La moción del alcalde fue aprobada por unanimidad, por el PSC y el PP, y en ella el Ayuntamiento se compromete a realizar ante la Consejería todas las gestiones que sean precisas para contribuir a que la solicitud de los vecinos sea estimada y el Consejo de Gobierno, que es quien tiene las competencias, apruebe el Censo.
Asimismo el Pleno acordó que en caso de que la solicitud no pudiera ser atendida, porque la norma establecía un plazo de un año para hacer el censo y se ha cumplido, solicitar al consejero competente que eleve al Parlamento de Canarias una iniciativa encaminada al establecimiento "de un nuevo plazo para la formulación de solicitudes de elaboración e inscripción que permita la inclusión de este barrio costero en el censo de Edificaciones".
Cabe recordar que el núcleo de Bajo La Cuesta, tal y como se recoge en el informe técnico de marzo de 2009 "se trata de un asentamiento que comienza a finales de los años 50 como apoyo a la práctica de la pesca de orilla, consolidándose entre los 70 y 88, conformando actualmente un total de cuarenta y cuatro edificaciones que se desarrollan parte en cueva y parte en edificación añadida en 1 ó 2 plantas de altura, e incluso 2 de ellas de 3 plantas".
"Una zona que dispone, de: calzada asfaltada (por obra municipal 1988), acera superior con bordillo, Red de baja tensión enterrada, Red de Abastecimiento, Red de Alumbrado Público Aérea y Recogida domiciliaria de basuras, teniendo además en su mayoría Cédula de Habitabilidad emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo", añade.
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-candelaria-pide-incluir-cuesta-censo-edificaciones-creado-gobierno-canarias-ordenar-litoral-20110109074152.html
El alcalde de Candelaria (Tenerife), José Gumersindo García Trujillo, ha presentado una moción para incluir el barrio de Bajo La Cuesta-Risco de Las Tablas en el censo creado por el Gobierno de Canarias sobre la declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, según ha informado en un comunicado.
Esta iniciativa tiene como objeto "salvaguardar" el núcleo costero de la aplicación de la Ley de Costas, acogiéndose a la Ley 7/2009, en concreto a la Disposición Adicional transitoria decimoquinta e incluirlo dentro del censo.
García Trujillo apunta que esta iniciativa surgió tras varias reuniones con los representantes vecinales y se materializó en la petición de incluir a Bajo La Cuesta en un Censo de Edificaciones por parte del presidente de la Asociación de Vecinos de Bajo La Cuesta-Risco de Las Tablas, Antonio Oliva Delgado, el pasado 21 de diciembre, quien además aportó un compromiso escrito de los propietarios de las edificaciones en el que "asumían la instalación de un sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales que evite el vertido al mar", tal y como se establece en la disposición decimoquinta de la Ley.
La moción del alcalde fue aprobada por unanimidad, por el PSC y el PP, y en ella el Ayuntamiento se compromete a realizar ante la Consejería todas las gestiones que sean precisas para contribuir a que la solicitud de los vecinos sea estimada y el Consejo de Gobierno, que es quien tiene las competencias, apruebe el Censo.
Asimismo el Pleno acordó que en caso de que la solicitud no pudiera ser atendida, porque la norma establecía un plazo de un año para hacer el censo y se ha cumplido, solicitar al consejero competente que eleve al Parlamento de Canarias una iniciativa encaminada al establecimiento "de un nuevo plazo para la formulación de solicitudes de elaboración e inscripción que permita la inclusión de este barrio costero en el censo de Edificaciones".
Cabe recordar que el núcleo de Bajo La Cuesta, tal y como se recoge en el informe técnico de marzo de 2009 "se trata de un asentamiento que comienza a finales de los años 50 como apoyo a la práctica de la pesca de orilla, consolidándose entre los 70 y 88, conformando actualmente un total de cuarenta y cuatro edificaciones que se desarrollan parte en cueva y parte en edificación añadida en 1 ó 2 plantas de altura, e incluso 2 de ellas de 3 plantas".
"Una zona que dispone, de: calzada asfaltada (por obra municipal 1988), acera superior con bordillo, Red de baja tensión enterrada, Red de Abastecimiento, Red de Alumbrado Público Aérea y Recogida domiciliaria de basuras, teniendo además en su mayoría Cédula de Habitabilidad emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo", añade.
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-candelaria-pide-incluir-cuesta-censo-edificaciones-creado-gobierno-canarias-ordenar-litoral-20110109074152.html
viernes, 7 de enero de 2011
Igueste recurre el deslinde de 200 fincas y casas
Los afectados se personan ante la Audiencia Nacional sin el apoyo municipal
SANTA CRUZ DE TENERIFE Los vecinos de Igueste han decidido recurrir el deslinde fijado por la Dirección General de Costas ante la Audiencia Nacional sin esperar a que el Ayuntamiento les remita la documentación que les había prometido. La Concejalía de Vías y Obras asumió ante el abogado, José Luis Langa, el compromiso de que aportaría los informes necesarios para demostrar que este núcleo poblacional contaba con los servicios de luz, agua y alcantarillado antes de la entrada en vigor de la nueva ley de Costas en 1988 de manera que puede considerarse urbano.
A partir de aquí la zona de servidumbre dejaría de tener un ancho de 100 metros, como ocurre en estos momentos, para pasar a solo 20.
Con ello se salvarían gran parte de las propiedades de los 200 vecinos que en estos momentos han visto como sus fincas y casas quedan fuera de ordenación y por lo tanto pierden valor. El abogado ha conseguido hasta ahora un informe elaborado en el año 1995 por la Gerencia de Urbanismo donde se demuestra que efectivamente este núcleo contaba con los servicios básicos y accesos rodados antes de la entrada en vigor de la ley pero poco más.
En la demanda presentada se pide que la Audiencia Nacional fije la anchura de la zona de servidumbre de protección del dominio público terrestre en 20 metros. Estos vecinos solicitan que se declare nulo y contrario a derecho el acuerdo adoptado el pasado 7 de mayo por la Dirección General de Costas que aprobó un tramo de deslinde que abarca algo más de cinco kilómetros desde la playa del Burro a la de Antequera.
Gran parte de la demanda se centra precisamente en solicitar a la Sala que acredite el carácter urbano del núcleo poblacional, tal y como hizo también en su momento la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Este acuerdo, sin embargo, ha sido recurrido por la Dirección General de Costas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y anulado de forma cautelar por la propia Audiencia. La Dirección General de Costas emplazó recientemente a los 200 vecinos para que se personaran ante la Audiencia Nacional con el fin de hacer valer sus derechos en esta batalla legal.
De esta manera son alrededor de 98 fincas y 22 edificaciones las que se han quedado fuera de ordenación. Además de la pérdida de valor catastral en las viviendas se imponen fuertes restricciones a la realización de obras.
En caso de que se planificara una construcción de interés general para este enclave, como puede ser un paseo marítimo, las propiedades tendrían que ser expropiadas. Hasta ahora habían sido 35 los vecinos que se habían personado ante la Audiencia Nacional pero tras recibir el escrito se espera que la cifra aumente.
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/01/07/igueste-recurre-deslinde-200-fincas-casas/323379.html
martes, 4 de enero de 2011
El alcalde pide incluir Bajo La Cuesta en el censo de edificaciones para la ordenación del litoral
Candelaria/ El alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, presentó en el pleno ordinario del mes de diciembre una moción para incluir el barrio de Bajo La Cuesta-Risco de Las Tablas en el censo creado por el Gobierno de Canarias sobre la declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.
Según exponen en un comunicado desde el Ayuntamiento de la Villa mariana, esta iniciativa tiene como objeto “salvaguardar el núcleo costero” de la aplicación de la Ley de Costas, acogiéndose a la Ley 7/2009, en concreto a la Disposición Adicional transitoria decimoquinta.
García Trujillo apunta que esta iniciativa surgió tras varias reuniones con los representantes vecinales y se materializó en la petición de incluir a Bajo La Cuesta en un censo de edificaciones por parte del presidente de la Asociación de Vecinos de Bajo La Cuesta-Risco de Las Tablas, Antonio Oliva Delgado, el pasado 21 de diciembre.
Además, Oliva aportó un compromiso escrito de los propietarios de las edificaciones en el que “asumían la instalación de un sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales que evite el vertido al mar”, tal y como se establece en la disposición decimoquinta de la Ley.
La moción del alcalde fue aprobada por unanimidad, por el Partido Socialista y el Partido Popular, y en ella el Ayuntamiento se compromete a realizar ante la Consejería todas las gestiones que sean “precisas para contribuir a que la solicitud de los vecinos sea estimada y el Consejo de Gobierno, que es quien tiene las competencias, apruebe el censo”.
En caso de que la solicitud no pudiera ser atendida, porque la norma establecía un plazo de un año para hacer el censo y se ha cumplido, solicitan al consejero competente que eleve al Parlamento de Canarias una iniciativa encaminada al establecimiento de un nuevo plazo para la formulación de solicitudes de elaboración e inscripción.
El núcleo de Bajo La Cuesta, tal y como se recoge en el informe técnico de marzo de 2009, es un asentamiento que comienza a finales de los años 50 como apoyo a la práctica de la pesca de orilla, consolidándose entre los 70 y 88.
http://canarias24horas.com/index.php/2011010481506/tenerife/el-alcalde-pide-incluir-bajo-la-cuesta-en-el-censo-de-edificaciones-para-la-ordenacion-del-litoral.html
Según exponen en un comunicado desde el Ayuntamiento de la Villa mariana, esta iniciativa tiene como objeto “salvaguardar el núcleo costero” de la aplicación de la Ley de Costas, acogiéndose a la Ley 7/2009, en concreto a la Disposición Adicional transitoria decimoquinta.
García Trujillo apunta que esta iniciativa surgió tras varias reuniones con los representantes vecinales y se materializó en la petición de incluir a Bajo La Cuesta en un censo de edificaciones por parte del presidente de la Asociación de Vecinos de Bajo La Cuesta-Risco de Las Tablas, Antonio Oliva Delgado, el pasado 21 de diciembre.
Además, Oliva aportó un compromiso escrito de los propietarios de las edificaciones en el que “asumían la instalación de un sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales que evite el vertido al mar”, tal y como se establece en la disposición decimoquinta de la Ley.
La moción del alcalde fue aprobada por unanimidad, por el Partido Socialista y el Partido Popular, y en ella el Ayuntamiento se compromete a realizar ante la Consejería todas las gestiones que sean “precisas para contribuir a que la solicitud de los vecinos sea estimada y el Consejo de Gobierno, que es quien tiene las competencias, apruebe el censo”.
En caso de que la solicitud no pudiera ser atendida, porque la norma establecía un plazo de un año para hacer el censo y se ha cumplido, solicitan al consejero competente que eleve al Parlamento de Canarias una iniciativa encaminada al establecimiento de un nuevo plazo para la formulación de solicitudes de elaboración e inscripción.
El núcleo de Bajo La Cuesta, tal y como se recoge en el informe técnico de marzo de 2009, es un asentamiento que comienza a finales de los años 50 como apoyo a la práctica de la pesca de orilla, consolidándose entre los 70 y 88.
http://canarias24horas.com/index.php/2011010481506/tenerife/el-alcalde-pide-incluir-bajo-la-cuesta-en-el-censo-de-edificaciones-para-la-ordenacion-del-litoral.html
Costas envía documentos al juzgado para demostrar que el edificio es ilegal
El expediente tramitado por el Ministerio de Medio Ambiente aclara que el inmueble Balcón del Puerto (Los Tarajales) no debió construirse porque existían dos sentencias previas que lo impedían: una de 2002 del TSJC y otra de 2004 de la Audiencia Nacional, ratificadas en firme luego por el Tribunal Supremo en 2005.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Los Llanos de Aridane ha comunicado con fecha 27 de diciembre de 2010 la recepción de documentación remitida desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que se ha sumado a los autos ya existentes en las diligencias previas 222/2008 del "caso Los Tarajales". Los informes justifican los motivos de la orden Ministerial de 17 de julio de 2007 con la que se modificó la servidumbre de protección en El Puerto de Tazacorte, de 20 a 100 metros, que impedía la ejecución de obras de nueva edificación en este dominio público.
Se recoge el expediente tramitado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar y los informes técnicos elaborados para la toma del acuerdo, especialmente aquellos referidos a la edificación del inmueble conocido como Balcón del Puerto (Los Tarajales). Según se aclara con esta documentación, este edificio no debió construirse, pese a recogerse en el PGO de Tazacorte aprobado en 2005, porque dos sentencias previas así lo dijeron: una del TSJC de septiembre de 2002 y otras de la Audiencia Nacional de diciembre de 2004, que fueron ratificadas por la sentencia firme del Tribunal Supremo de noviembre de 2005, días después de ser autorizado el edificio.
Según se afirma en la documentación, la sentencia firme del Tribunal Supremo vino a desestimar un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Tazacorte contra otra sentencia previa del TSJC que anulaba los acuerdos de la Cotmac (antigua Cumac) de 1999 que calificaban de urbano ese suelo. Los motivos fueron la no existencia de servicios urbanísticos exigidos legalmente.
Además, la otra sentencia de la Audiencia Nacional de 2004 (basándose en la decisión del TSJC de 2002) dejó claro que se anulaba parte del deslinde del dominio público marítimo terrestre de 2001, de 20 metros en este tramo de costa, estableciendo una anchura de 100 metros a lo largo de 4.487 metros de costa (vigentes en la actualidad) que luego, en julio de 2007, sería rectificada oficialmente por el Ministerio.
En ese sentido, aclaran desde Costas, tal y como recoge en sus informes y así se lo ha comunicado desde que se iniciara el proceso en 2008 tanto al juzgado como a todas las partes, tal y como recogió la Audiencia Nacional, la supuesta ilegalidad parte de la sentencia del TSJC de septiembre de 2002 que anuló la determinación del planeamiento municipal que en 1999 situó el suelo como urbano. En ese sentido, todo el proceso posterior de confirmación de sentencias dice que las actuaciones urbanísticas en este suelo no eran viables.
Por tanto, la Audiencia Nacional anuló el deslinde en diciembre de 2004. Además, Costas estima que siendo cierto que la sentencia del TSJC no era firme, sí supone un dato relevante que no se puede ignorar y debe ser tenido en cuenta para determinar la valoración urbanística de los terrenos afectados.
Por ello, según aclara el Ministerio, en enero de 2008, teniendo conocimiento de la construcción del edificio se reclamó ante la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias una actuación sancionadora contra su ejecución.
http://www.eldia.es/2011-01-04/palma/3-Costas-envia-documentos-juzgado-demostrar-edificio-es-ilegal.htm
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Los Llanos de Aridane ha comunicado con fecha 27 de diciembre de 2010 la recepción de documentación remitida desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que se ha sumado a los autos ya existentes en las diligencias previas 222/2008 del "caso Los Tarajales". Los informes justifican los motivos de la orden Ministerial de 17 de julio de 2007 con la que se modificó la servidumbre de protección en El Puerto de Tazacorte, de 20 a 100 metros, que impedía la ejecución de obras de nueva edificación en este dominio público.
Se recoge el expediente tramitado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar y los informes técnicos elaborados para la toma del acuerdo, especialmente aquellos referidos a la edificación del inmueble conocido como Balcón del Puerto (Los Tarajales). Según se aclara con esta documentación, este edificio no debió construirse, pese a recogerse en el PGO de Tazacorte aprobado en 2005, porque dos sentencias previas así lo dijeron: una del TSJC de septiembre de 2002 y otras de la Audiencia Nacional de diciembre de 2004, que fueron ratificadas por la sentencia firme del Tribunal Supremo de noviembre de 2005, días después de ser autorizado el edificio.
Según se afirma en la documentación, la sentencia firme del Tribunal Supremo vino a desestimar un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Tazacorte contra otra sentencia previa del TSJC que anulaba los acuerdos de la Cotmac (antigua Cumac) de 1999 que calificaban de urbano ese suelo. Los motivos fueron la no existencia de servicios urbanísticos exigidos legalmente.
Además, la otra sentencia de la Audiencia Nacional de 2004 (basándose en la decisión del TSJC de 2002) dejó claro que se anulaba parte del deslinde del dominio público marítimo terrestre de 2001, de 20 metros en este tramo de costa, estableciendo una anchura de 100 metros a lo largo de 4.487 metros de costa (vigentes en la actualidad) que luego, en julio de 2007, sería rectificada oficialmente por el Ministerio.
En ese sentido, aclaran desde Costas, tal y como recoge en sus informes y así se lo ha comunicado desde que se iniciara el proceso en 2008 tanto al juzgado como a todas las partes, tal y como recogió la Audiencia Nacional, la supuesta ilegalidad parte de la sentencia del TSJC de septiembre de 2002 que anuló la determinación del planeamiento municipal que en 1999 situó el suelo como urbano. En ese sentido, todo el proceso posterior de confirmación de sentencias dice que las actuaciones urbanísticas en este suelo no eran viables.
Por tanto, la Audiencia Nacional anuló el deslinde en diciembre de 2004. Además, Costas estima que siendo cierto que la sentencia del TSJC no era firme, sí supone un dato relevante que no se puede ignorar y debe ser tenido en cuenta para determinar la valoración urbanística de los terrenos afectados.
Por ello, según aclara el Ministerio, en enero de 2008, teniendo conocimiento de la construcción del edificio se reclamó ante la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias una actuación sancionadora contra su ejecución.
http://www.eldia.es/2011-01-04/palma/3-Costas-envia-documentos-juzgado-demostrar-edificio-es-ilegal.htm
Andalucía prepara un protocolo para actuar sobre las viviendas ilegales
• La futura norma delimitará qué viviendas podrían ser legalizadas y cuáles no
• Tendrá que hacer frente a la diversidad de casos -miles- que conviven en la región
Andalucía prepara un protocolo para actuar sobre las miles de viviendas ilegales que pueblan su geografía por encontrarse en suelos no urbanizables, en zonas rústicas, áreas protegidas o por invadir la zona delimitada por la Ley de Costas.
Al no existir un censo de viviendas al margen de la legalidad, una de las principales funciones de la futura norma será delimitar qué viviendas podrían ser legalizadas -si acaban cumpliendo los requisisitos- y acabar formando parte de planes de ordenación municipales; aquellas que podrán coexistir con las viviendas regulares, y, finalmente, cuáles deberán ser demolidas. En este último apartado se incluirían las levantadas sobre suelo especialmente protegido o que se saltaron las normativas de medio ambiente y las que incumplen la Ley de Costas.
La norma que prepara la consejería de Obras Públicas andaluza tendrá que hacer frente a la diversidad de casos que se amontonan en la región. Desde urbanizaciones sin canalizaciones de Chiclana a las casetas de huerta convertidas en chalés a las afueras de Málaga y las casas en poder de ciudadanos británicos amenazadas de derribo. O las más de 10.000 viviendas no legalizadas que se calcula que existen en la comarca malagueña de La Axarquía.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada en 2003, limita, por ejemplo, la construcción de viviendas en suelos agrícolas o rústicos a terrenos superiores a 25.000 metros cuadrados, con unas limitaciones de superficie y uso, ya que deberán estar destinadas y acondicionadas para las labores ganaderas, agrícolas o forestales.
La futura norma, que podría tendría como máxima que los promotores de las viviendas o sus actuales propietarios se hagan cargo de adaptar las viviendas a la legalidad, por ejemplo, corriendo con los gastos asociados a las infraestructuras básicas como canalizaciones de agua y otros suministros
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/04/suvivienda/1294131123.html
• Tendrá que hacer frente a la diversidad de casos -miles- que conviven en la región
Andalucía prepara un protocolo para actuar sobre las miles de viviendas ilegales que pueblan su geografía por encontrarse en suelos no urbanizables, en zonas rústicas, áreas protegidas o por invadir la zona delimitada por la Ley de Costas.
Al no existir un censo de viviendas al margen de la legalidad, una de las principales funciones de la futura norma será delimitar qué viviendas podrían ser legalizadas -si acaban cumpliendo los requisisitos- y acabar formando parte de planes de ordenación municipales; aquellas que podrán coexistir con las viviendas regulares, y, finalmente, cuáles deberán ser demolidas. En este último apartado se incluirían las levantadas sobre suelo especialmente protegido o que se saltaron las normativas de medio ambiente y las que incumplen la Ley de Costas.
La norma que prepara la consejería de Obras Públicas andaluza tendrá que hacer frente a la diversidad de casos que se amontonan en la región. Desde urbanizaciones sin canalizaciones de Chiclana a las casetas de huerta convertidas en chalés a las afueras de Málaga y las casas en poder de ciudadanos británicos amenazadas de derribo. O las más de 10.000 viviendas no legalizadas que se calcula que existen en la comarca malagueña de La Axarquía.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada en 2003, limita, por ejemplo, la construcción de viviendas en suelos agrícolas o rústicos a terrenos superiores a 25.000 metros cuadrados, con unas limitaciones de superficie y uso, ya que deberán estar destinadas y acondicionadas para las labores ganaderas, agrícolas o forestales.
La futura norma, que podría tendría como máxima que los promotores de las viviendas o sus actuales propietarios se hagan cargo de adaptar las viviendas a la legalidad, por ejemplo, corriendo con los gastos asociados a las infraestructuras básicas como canalizaciones de agua y otros suministros
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/04/suvivienda/1294131123.html
Un decreto fijará los criterios a seguir con las viviendas ilegales
La norma que prepara Obras Públicas no eximirá del cumplimiento de la LOUA
DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 04/01/2011
La consejería de Obras Públicas prepara una norma específica para dar solución a las decenas de miles de viviendas construidas en suelo no urbanizable en el medio rural y que dejen de estar en el limbo jurídico en el que se encuentran y expuestas a una muy variada gama de respuestas en los ámbitos administrativo y judicial, cuando no contradictorias. Más que una norma que establezca preceptos, el texto fijará los procedimientos a seguir y los requisitos para la normalización de estas viviendas con unos criterios homogéneos pero no modifica la ley que hay que seguir cumpliendo.
Una de las exigencias para la normalización es que no repercuta en las arcas públicas
La inmensa mayoría de estas viviendas quedará fuera de los planes de ordenación urbana por estar sobre suelos no urbanizables y alejadas de los núcleos urbanos consolidados. Desde Obras Públicas se asegura que se busca fijar unos mínimos requisitos con los que estas viviendas podrían obtener una licencia de primera ocupación que diera a sus propietarios seguridad jurídica.
La normativa, que presumiblemente será un decreto, contemplará tres presupuestos básicos: Las viviendas que en ningún caso pueden ser legalizadas ni entrar dentro de ningún plan de ordenación, y por tanto abocadas a ser demolidas; las que pueden obtener este permiso de mínimos y subsistir, aunque fuera de ordenación; y las que sí pueden ser legalizadas con todas las consecuencias. Todo ello considerado que la casuística es muy amplia, con una graduación muy variada de los incumplimientos que habrá de considerarse en la exigencia de requisitos de normalización, y con fenómenos de construcción también muy distintos según las comarcas y territorios.
Además de cumplir los requisitos urbanísticos, una de las exigencias indispensables para las viviendas que puedan normalizarse es que no haya repercusión sobre las arcas públicas, y que los promotores o propietarios corran con los gastos de dotación de servicios e infraestructuras básicas. Todo ello en defensa de los intereses de los ciudadanos que han comprado una vivienda legal y que por tanto contribuyen con sus tasas e impuestos al mantenimiento de servicios colectivos.
Las viviendas condenadas a la demolición serían aquellas construidas en suelo especialmente protegido o que incumplen alguna normativa sectorial, especialmente de medio ambiente o que infrinjan la Ley de Costas.
Para las viviendas que pueden beneficiarse de algún tipo de normalización, aun quedando fuera de ordenación, la norma considerará diversos criterios para valorar la gravedad de los incumplimientos. "Será una normativa muy exhaustiva", insisten fuentes de la consejería, porque hay una gama muy variada de casos. Hay casas que pueden estar en situación de ilegalidad sobrevenida porque se construyeron con las características que tienen antes de que entraran en vigor las leyes que las prohíben. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de 2003, prohíbe la construcción de una vivienda en suelo rústico en una parcela que no tenga al menos 25.000 metros cuadrados y cuyo uso esté condicionado a las labores agrícolas, ganaderas o forestales.
La consejería mantiene que la solución de las decenas de miles de viviendas en suelo no urbanizable deberá verse caso a caso y dentro del planeamiento urbanístico de cada municipio. Los alcaldes de las comarcas más afectadas por la proliferación de viviendas en suelo rústico, especialmente los de la comarca malagueña de La Axarquía, han pedido reiteradamente la elaboración de un reglamento sobre usos en suelo urbanizable, algo que la Junta ha considerado innecesario porque entiende que la LOUA ya fija con claridad lo que es posible y no hacer.
Colaboración institucional en La Axarquía
El trabajo en colaboración entre los Ayuntamientos, la Diputación de Málaga y Obras Públicas ha permitido en el último año avances notables en la planificación urbanística en La Axarquía, comarca malagueña donde se estima que existen más de 10.000 viviendas en suelo rústico no urbanizable. En un año, cuatro municipios han logrado la aprobación definitiva de sus planes, otros tres cuentan con la provisional y están a la espera del dictamen de la Administración autonómica; otros seis han superado la fase inicial y tres tienen más retrasados sus trabajos y optaron por elaborar su planeamiento al margen del convenio con las administraciones.
La comarca tiene 29 municipios en total, de los que hasta comienzos del año pasado 16 no se habían dotado de un plan de ordenación urbanística pese a que así lo exige la ley en vigor desde 2003. De la planificación realizada hasta el momento, solo entre el 5% y el 15% de las construcciones identificadas como ilegales no tienen ninguna posibilidad de regularización al ocupar suelo con especial protección.
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/decreto/fijara/criterios/seguir/viviendas/ilegales/elpepuespand/20110104elpand_1/Tes
DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 04/01/2011
La consejería de Obras Públicas prepara una norma específica para dar solución a las decenas de miles de viviendas construidas en suelo no urbanizable en el medio rural y que dejen de estar en el limbo jurídico en el que se encuentran y expuestas a una muy variada gama de respuestas en los ámbitos administrativo y judicial, cuando no contradictorias. Más que una norma que establezca preceptos, el texto fijará los procedimientos a seguir y los requisitos para la normalización de estas viviendas con unos criterios homogéneos pero no modifica la ley que hay que seguir cumpliendo.
Una de las exigencias para la normalización es que no repercuta en las arcas públicas
La inmensa mayoría de estas viviendas quedará fuera de los planes de ordenación urbana por estar sobre suelos no urbanizables y alejadas de los núcleos urbanos consolidados. Desde Obras Públicas se asegura que se busca fijar unos mínimos requisitos con los que estas viviendas podrían obtener una licencia de primera ocupación que diera a sus propietarios seguridad jurídica.
La normativa, que presumiblemente será un decreto, contemplará tres presupuestos básicos: Las viviendas que en ningún caso pueden ser legalizadas ni entrar dentro de ningún plan de ordenación, y por tanto abocadas a ser demolidas; las que pueden obtener este permiso de mínimos y subsistir, aunque fuera de ordenación; y las que sí pueden ser legalizadas con todas las consecuencias. Todo ello considerado que la casuística es muy amplia, con una graduación muy variada de los incumplimientos que habrá de considerarse en la exigencia de requisitos de normalización, y con fenómenos de construcción también muy distintos según las comarcas y territorios.
Además de cumplir los requisitos urbanísticos, una de las exigencias indispensables para las viviendas que puedan normalizarse es que no haya repercusión sobre las arcas públicas, y que los promotores o propietarios corran con los gastos de dotación de servicios e infraestructuras básicas. Todo ello en defensa de los intereses de los ciudadanos que han comprado una vivienda legal y que por tanto contribuyen con sus tasas e impuestos al mantenimiento de servicios colectivos.
Las viviendas condenadas a la demolición serían aquellas construidas en suelo especialmente protegido o que incumplen alguna normativa sectorial, especialmente de medio ambiente o que infrinjan la Ley de Costas.
Para las viviendas que pueden beneficiarse de algún tipo de normalización, aun quedando fuera de ordenación, la norma considerará diversos criterios para valorar la gravedad de los incumplimientos. "Será una normativa muy exhaustiva", insisten fuentes de la consejería, porque hay una gama muy variada de casos. Hay casas que pueden estar en situación de ilegalidad sobrevenida porque se construyeron con las características que tienen antes de que entraran en vigor las leyes que las prohíben. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de 2003, prohíbe la construcción de una vivienda en suelo rústico en una parcela que no tenga al menos 25.000 metros cuadrados y cuyo uso esté condicionado a las labores agrícolas, ganaderas o forestales.
La consejería mantiene que la solución de las decenas de miles de viviendas en suelo no urbanizable deberá verse caso a caso y dentro del planeamiento urbanístico de cada municipio. Los alcaldes de las comarcas más afectadas por la proliferación de viviendas en suelo rústico, especialmente los de la comarca malagueña de La Axarquía, han pedido reiteradamente la elaboración de un reglamento sobre usos en suelo urbanizable, algo que la Junta ha considerado innecesario porque entiende que la LOUA ya fija con claridad lo que es posible y no hacer.
Colaboración institucional en La Axarquía
El trabajo en colaboración entre los Ayuntamientos, la Diputación de Málaga y Obras Públicas ha permitido en el último año avances notables en la planificación urbanística en La Axarquía, comarca malagueña donde se estima que existen más de 10.000 viviendas en suelo rústico no urbanizable. En un año, cuatro municipios han logrado la aprobación definitiva de sus planes, otros tres cuentan con la provisional y están a la espera del dictamen de la Administración autonómica; otros seis han superado la fase inicial y tres tienen más retrasados sus trabajos y optaron por elaborar su planeamiento al margen del convenio con las administraciones.
La comarca tiene 29 municipios en total, de los que hasta comienzos del año pasado 16 no se habían dotado de un plan de ordenación urbanística pese a que así lo exige la ley en vigor desde 2003. De la planificación realizada hasta el momento, solo entre el 5% y el 15% de las construcciones identificadas como ilegales no tienen ninguna posibilidad de regularización al ocupar suelo con especial protección.
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/decreto/fijara/criterios/seguir/viviendas/ilegales/elpepuespand/20110104elpand_1/Tes
lunes, 3 de enero de 2011
SINDOCRACIA.
Sindocracia. Dícese del término derivado de la palabra Demo (circunscripción administrativa) Sindo, (vocablo popular y campechano con el que se conoce al alcalde de Candelaria, y el sufijo Cracia, (gobierno, fuerza, poder...) y que define la política local de la Villa Mariana durante estos últimos años. Relativo a la política, sistema de gobierno local, que copia ideas de otros, para ponerlas en práctica sin adaptarlas al ámbito geográfico, social y económico donde gobierna.
La definición es clara. La aplicación de la misma, es el resultado de las nupcias entre la inoperancia y la prepotencia, entre la fastuosidad de obras inacabadas y de ideas absurdas, de macro-playas artificiales, de pañales para perros, de convenios urbanísticos y de cuartas plantas; de conciertos; de endosos bancarios; de más conciertos; de más endosos; de empresas municipales deficitarias; en general, de despilfarro. De sentencias judiciales que aparecen de forma continúa. De denuncias y más denuncias….
Es la pérdida de una identidad de villa marinera y tradicional, a favor de ser una ciudad dormitorio. Es la forma de generar empresas de creación de empleo, que no logran sus objetivos. Es el arte de crear viviendas de protección oficial como viviendas sociales y generar beneficios, de estar endeudados hasta la campana de la Basílica y seguir gastando dinero y aprobando cuentas y ejercicios tapando lo que toda la ciudadanía ya puede imaginar.
Es el enfrentamiento continuo con los funcionarios locales, con los policías locales, los que acercan el ayuntamiento a los ciudadanos, con los pequeños y medianos empresarios, generadores de empleo, con multitud de vecinos, que son los sufridores de los derroches y los que abonan las subidas de impuestos.
La aplicación del término, ha motivado el desalojo y derribo de Cho Vito, cuando ahora está pendiente la revisión del deslinde de la zona. Han dejado a personas sin hogar, que dos años después, no saben ni donde viven. Se quiso aplicar lo mismo en Bajo la Cuesta, intentando desalojar a los vecinos por “motivo de urgencia y seguridad”, eso sí, cortándoles el agua, luz y teléfono, y ahora lo protege; se olvida de Playa la viuda, y las casas de la Calle de la Arena, están bajo la sombra de la ilegalidad. Esa misma ilegalidad, que los sindócratas, han denunciado en todo el litoral del municipio.
Creo que va siendo hora de buscar otra palabra en el diccionario, más acorde a lo que se merece Candelaria.
Afectados por la Ley de Costas dicen que «el mal se está produciendo ya»
No hay que esperar a 2018. Nuestras empresas han sido arruinadas», aseguran José Luis Thomas y Francisco Meng
Thomas y Meng representan los intereses de unas 1.200 empresas de Cantabria, en las que trabajan cerca de 25.000 personas.
Polémicas declaraciones
Los portavoces de los afectados se mostraron muy críticos con las palabras del catedrático Juan Manuel Alegre, porque parece «quitar hierro» al conflicto. Alegre sostuvo en este periódico que «las industrias afectadas por la Ley de Costas pueden seguir funcionando 30 años más» y que «el problema no se va a plantear hasta 2018 y entonces se podrá solicitar una prórroga».
«Esto no puede decirse así. Podrán disponer de una prórroga de 30 años más a partir del 2018 las industrias afectadas por la Ley de Costas con título de propiedad sobre su suelo», explican Thomas y Meng. Ahora bien, «la mayoría de las industrias, explotaciones agropecuarias, instalaciones de servicios, etc, que se encuentran en el dominio público en Cantabria, no tienen título de propiedad. Son concesiones. Y las concesiones caducan en el año 2018 y no tienen prórroga posible». De hoy a siete años, por tanto, esas empresas tendrán que abandonar su actividad.
«La Ley de Costas en Cantabria no afecta al tema urbanístico, como en la costa mediterránea, sino al tejido productivo. Es para industrias y explotaciones ganaderas», añadieron. Actualmente, hay afectadas unas 1.200 empresas, pero serán muchas más cuando se complete el deslinde público marítimo-terrestre en el municipio de Santander, que es uno de los pocos que queda por completar en Cantabria.
Carácter retroactivo
Por último, Thomas y Meng insistieron en una idea: no es la Ley de Costas de 1988 quien les priva de sus derechos -«aquella decía que los terrenos serán mantenidos en su actual situación jurídica»-, sino el reglamento posterior aprobado en 1989 para su desarrollo.
«Este tema de la privación de los derechos de propiedad, con carácter retroactivo, es gravísimo y no puede tratarse con tanta ligereza -aluden nuevamente al profesor Alegre-, porque conlleva la ruina de muchísimas personas cuyo único patrimonio es su finca, su vivienda o su industria, y que a partir de la entrada en vigor de la ley no pueden modificar ni trasmitir ni cambiar de uso lo que es suyo y ni siquiera lo pueden utilizar como garantía para pedir un crédito».
http://www.eldiariomontanes.es/v/20110103/cantabria/afectados-costas-dicen-esta-20110103.html
miércoles, 29 de diciembre de 2010
Costas deslinda El Perellonet por la línea de dunas para salvar las casas
Medio Ambiente dice que ha sido flexible para no entrar en confrontación con el ayuntamiento
JOSÉ PARRILLA VALENCIA
JOSÉ PARRILLA VALENCIA
La Dirección General de Costas publicó ayer el deslinde de la playa de El Perellonet, que se ciñe a la línea de dunas y no invade zonas construidas, según indicaron ayer fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, que dicen haber sido muy respetuosos en este sentido para evitar enfrentamientos con el Ayuntamiento de Valencia, que había denunciado las otras tres actuaciones realizadas en sus playas por considerarlas un abuso.
Los deslindes son importantes por cuanto delimitan la franja de playa que gestiona el Gobierno y la que queda en manos del ayuntamiento de turno. Por ejemplo, el conflicto de los chiringuitos se produce porque estos restaurantes están en el espacio marítimo terrestre que gestiona la Dirección General de Costas y es éste organismo el que da las concesiones, no el consistorio.
En el caso de Valencia, el litoral se ha dividido en cuatro áreas, de las cuales quedaba pendiente la que va de la Gola de El Perellonet a la gola de El Perelló, 4,8 kilómetros de costa que comprenden básicamente la playa de El Perellonet, ampliamente urbanizada con segundas residencias.
Según declaró ayer el concejal Alfonso Novo, en esa delimitación se invadían propiedades privadas y municipales y de ahí que se hicieran las correspondientes alegaciones desde el Ayuntamiento. En concreto, se veían afectados tres edificios de la avenida de las Gaviotas (urbanización Civisa) y varias parcelas de suelo dotacional del Ayuntamiento de Valencia, además de estrangular la calle Delfines. Ayer, sin embargo, todavía no se conocía, dijo Novo, el detalle del nuevo deslinde, que ha introducido cambios.
Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, explicaron, por su parte, que en este nuevo reparto de costa se ha sido flexible para evitar nuevas confrontaciones con el Ayuntamiento de Valencia. En concreto, aseguraron que se han ajustado a la línea de dunas para no entrar en espacios privados ni poner en cuestión determinadas construcciones.
Versiones encontradas
Se trata, en cualquier caso, de una versión para poner en cuarentena, pues con el anterior deslinde también se dijo lo mismo y el Ayuntamiento de Valencia tenía una visión diametralmente opuesta. Es más, además del deslinde existe una zona de servidumbre que amplía, con menos restricciones, la zona reservada como espacio marítimo público terrestre, es decir, la parte que se queda el Gobierno.
Ahora, los titulares de propiedades que estén dentro del espacio marítimo terrestre tienen un plazo de un año para solicitar la correspondiente concesión y acreditar su inclusión en algunos de los supuestos contemplados en la Ley de Costas.
Para los particulares que no estén de acuerdo, sin embargo, la vía administrativa está agotada, por lo que solo cabe recurso de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos.
El Ayuntamiento de Valencia, por su parte, tiene dos meses para recurrir, cosa que previsiblemente ocurrirá.
Los deslindes son importantes por cuanto delimitan la franja de playa que gestiona el Gobierno y la que queda en manos del ayuntamiento de turno. Por ejemplo, el conflicto de los chiringuitos se produce porque estos restaurantes están en el espacio marítimo terrestre que gestiona la Dirección General de Costas y es éste organismo el que da las concesiones, no el consistorio.
En el caso de Valencia, el litoral se ha dividido en cuatro áreas, de las cuales quedaba pendiente la que va de la Gola de El Perellonet a la gola de El Perelló, 4,8 kilómetros de costa que comprenden básicamente la playa de El Perellonet, ampliamente urbanizada con segundas residencias.
Según declaró ayer el concejal Alfonso Novo, en esa delimitación se invadían propiedades privadas y municipales y de ahí que se hicieran las correspondientes alegaciones desde el Ayuntamiento. En concreto, se veían afectados tres edificios de la avenida de las Gaviotas (urbanización Civisa) y varias parcelas de suelo dotacional del Ayuntamiento de Valencia, además de estrangular la calle Delfines. Ayer, sin embargo, todavía no se conocía, dijo Novo, el detalle del nuevo deslinde, que ha introducido cambios.
Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, explicaron, por su parte, que en este nuevo reparto de costa se ha sido flexible para evitar nuevas confrontaciones con el Ayuntamiento de Valencia. En concreto, aseguraron que se han ajustado a la línea de dunas para no entrar en espacios privados ni poner en cuestión determinadas construcciones.
Versiones encontradas
Se trata, en cualquier caso, de una versión para poner en cuarentena, pues con el anterior deslinde también se dijo lo mismo y el Ayuntamiento de Valencia tenía una visión diametralmente opuesta. Es más, además del deslinde existe una zona de servidumbre que amplía, con menos restricciones, la zona reservada como espacio marítimo público terrestre, es decir, la parte que se queda el Gobierno.
Ahora, los titulares de propiedades que estén dentro del espacio marítimo terrestre tienen un plazo de un año para solicitar la correspondiente concesión y acreditar su inclusión en algunos de los supuestos contemplados en la Ley de Costas.
Para los particulares que no estén de acuerdo, sin embargo, la vía administrativa está agotada, por lo que solo cabe recurso de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos.
El Ayuntamiento de Valencia, por su parte, tiene dos meses para recurrir, cosa que previsiblemente ocurrirá.
martes, 28 de diciembre de 2010
Municipios costeros de Castelló crean una plataforma para defender las viviendas del litoral
La Diputación de Castelló y los Ayuntamientos de Castelló, Torreblanca, Orpesa, Cabanes, Almassora, la Llosa, Nules y Xilxes han aprobado la creación de una plataforma ciudadana para la protección de las viviendas y propiedades del litoral castellonense. El objetivo de esta iniciativa, integrada sólo por consistorios gobernados por el PP pero "a la que se ha invitado a participar a todos los municipios de la zona costera", es "aunar esfuerzos para defender los derechos de los propietarios de viviendas históricas de la provincia de Castellón frente a la aplicación retroactiva de la Ley de Costas".
La iniciativa responde, según señalan fuentes de la diputación, a la petición de los alcaldes, "que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada ante la administración central y reclamar el respaldo de las instituciones europeas". La plataforma trasladará una petición oficial a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo "denunciando la arbitrariedad en la aplicación de la Ley y la retroactividad de la misma".
Otras opciones legales
Vicent Aparici, vicepresidente de la diputación, ha destacado que "la plataforma nos permitirá presentar ante la Eurocámara una petición consensuada por todos los afectados y respaldada por la ciudadanía, para lo que vamos a iniciar una campaña de recogida de firmas". Asimismo, añadió que "estamos estudiando otras opciones legales para reclamar la atención necesaria sobre lo que consideramos un ataque a los derechos de la ciudadanía".
En esta línea, asegura que "esta plataforma se ha creado y pensado para dar cabida a todos los municipios, con independencia de colores y tendencias, y es una lástima que no estemos todos los municipios afectados sentados en este mesa de trabajo".
La aplicación retroactiva, según Aparici, "conlleva graves perjuicios para el patrimonio histórico y el objetivo es conseguir comunicar la realidad de los pueblos costeros y lograr que los eurodiputados medien desde Bruselas ante el Gobierno de España, competente en esta materia, para paralizar la aplicación retroactiva de la Ley de Costas, tal y como la ha planteado Madrid".
http://www.levante-emv.com/castello/2010/12/27/municipios-costeros-castello-crean-plataforma-defender-viviendas-litoral/768910.html
La iniciativa responde, según señalan fuentes de la diputación, a la petición de los alcaldes, "que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada ante la administración central y reclamar el respaldo de las instituciones europeas". La plataforma trasladará una petición oficial a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo "denunciando la arbitrariedad en la aplicación de la Ley y la retroactividad de la misma".
Otras opciones legales
Vicent Aparici, vicepresidente de la diputación, ha destacado que "la plataforma nos permitirá presentar ante la Eurocámara una petición consensuada por todos los afectados y respaldada por la ciudadanía, para lo que vamos a iniciar una campaña de recogida de firmas". Asimismo, añadió que "estamos estudiando otras opciones legales para reclamar la atención necesaria sobre lo que consideramos un ataque a los derechos de la ciudadanía".
En esta línea, asegura que "esta plataforma se ha creado y pensado para dar cabida a todos los municipios, con independencia de colores y tendencias, y es una lástima que no estemos todos los municipios afectados sentados en este mesa de trabajo".
La aplicación retroactiva, según Aparici, "conlleva graves perjuicios para el patrimonio histórico y el objetivo es conseguir comunicar la realidad de los pueblos costeros y lograr que los eurodiputados medien desde Bruselas ante el Gobierno de España, competente en esta materia, para paralizar la aplicación retroactiva de la Ley de Costas, tal y como la ha planteado Madrid".
http://www.levante-emv.com/castello/2010/12/27/municipios-costeros-castello-crean-plataforma-defender-viviendas-litoral/768910.html
lunes, 27 de diciembre de 2010
Una subcomisión Canarias-Estado consensuará la ejecución de la Ley de Costas
La creación de una subcomisión, que comenzará a trabajar antes del próximo 15 de enero, es el acuerdo alcanzado por el Estado y Canarias para consensuar la aplicación de la Ley de Costas en el Archipiélago, según ha explicado en un comunicado el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel.
El consejero dijo que la finalidad de este órgano es el análisis de la problemática de las Islas en esta materia y la proposición de soluciones que se materializarán en la suscripción de acuerdos entre ambas administraciones.
El responsable autonómico explicó que esta subcomisión, integrada por cinco representantes del Estado e igual número del Gobierno de Canarias, planteará "acuerdos que resuelvan las discrepancias que han surgido hasta ahora en la interpretación y el modo de ejecución de las previsiones de la Ley de Costas en Canarias".
En este sentido, Berriel apostilló que las principales diferencias se concentran en la concreción del límite del dominio público marítimo terrestre y, sobre todo, en la línea de servidumbre de protección en aquellos suelos que el Gobierno canario considera que cumplen con las condiciones exigidas por la Ley de Costas, ya que tienen naturaleza urbana antes de su entrada en vigor. Este hecho, recordó Berriel, ha desencadenado en varios contenciosos de Canarias con el Estado.
Otra de las funciones de esta subcomisión mixta es trabajar para "racionalizar y modular" las actuaciones de recuperación ambiental del litoral en Canarias y la erradicación de los usos abusivos del dominio público costero, sin llevar implícito un mayor costes social, dijo Berriel, quien remarcó la importancia de que cada caso sea estudiado por separado a la hora de afrontar los objetivos de recuperación de la costa de las Islas. "Se debe dar solución a los problemas sociales que comporta esta actuación y, en su caso, se tiene que atender a la pervivencia y recuperación de los valores etnográficos, culturales y pintorescos que están en el litoral y que conforman parte de nuestra historia", subrayó el consejero.
En este sentido, Domingo Berriel apuntó que este grupo de trabajo también será "el foro adecuado para la interpretación y correcta aplicación de la ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario".
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-subcomision-canarias-estado-consensuara-ejecucion-ley-costas-20101222145255.html
El consejero dijo que la finalidad de este órgano es el análisis de la problemática de las Islas en esta materia y la proposición de soluciones que se materializarán en la suscripción de acuerdos entre ambas administraciones.
El responsable autonómico explicó que esta subcomisión, integrada por cinco representantes del Estado e igual número del Gobierno de Canarias, planteará "acuerdos que resuelvan las discrepancias que han surgido hasta ahora en la interpretación y el modo de ejecución de las previsiones de la Ley de Costas en Canarias".
En este sentido, Berriel apostilló que las principales diferencias se concentran en la concreción del límite del dominio público marítimo terrestre y, sobre todo, en la línea de servidumbre de protección en aquellos suelos que el Gobierno canario considera que cumplen con las condiciones exigidas por la Ley de Costas, ya que tienen naturaleza urbana antes de su entrada en vigor. Este hecho, recordó Berriel, ha desencadenado en varios contenciosos de Canarias con el Estado.
Otra de las funciones de esta subcomisión mixta es trabajar para "racionalizar y modular" las actuaciones de recuperación ambiental del litoral en Canarias y la erradicación de los usos abusivos del dominio público costero, sin llevar implícito un mayor costes social, dijo Berriel, quien remarcó la importancia de que cada caso sea estudiado por separado a la hora de afrontar los objetivos de recuperación de la costa de las Islas. "Se debe dar solución a los problemas sociales que comporta esta actuación y, en su caso, se tiene que atender a la pervivencia y recuperación de los valores etnográficos, culturales y pintorescos que están en el litoral y que conforman parte de nuestra historia", subrayó el consejero.
En este sentido, Domingo Berriel apuntó que este grupo de trabajo también será "el foro adecuado para la interpretación y correcta aplicación de la ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario".
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-subcomision-canarias-estado-consensuara-ejecucion-ley-costas-20101222145255.html
miércoles, 22 de diciembre de 2010
Ley de Costas: sí hay razones para la inquietud
MODESTO PIÑEIRO GARCIA-LAGO PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA
El informe cameral sobre los posibles efectos de la Ley de Costas ha dado lugar a todo tipo de opiniones, todas ellas muy respetables. También es respetable el criterio que se desprende de la entrevista realizada al profesor D. Juan Manuel Alegre, publicada en EL DIARIO MONTAÑÉS el 12 de diciembre, pero se podría pretender que es la Cámara quien, a través de su informe, ha generado una situación de alarma o de incertidumbre, cuando lo único cierto es que dicha situación se ha generado por la propia Ley y por su aplicación, por muy legítima, legal y vinculante que ésta sea.
En la entrevista se podía leer que «no se puede hablar de inseguridad jurídica cuando desde 1988 se sabía que las concesiones administrativas expiraban en 30 años», y en la pregunta siguiente, al contestar el profesor sobre si todas las industrias y negocios concesionales desaparecerán como denuncian los afectados, responde que «no, porque la norma contempla también la posibilidad de obtener una prorroga por otros 30 años.
Lejos de cuestionar los conocimientos jurídicos del profesor Alegre, sí nos plantea cierto estupor que se considere que el hecho de que las concesiones se puedan, o no, otorgar por otros 30 años más, no es un elemento que introduzca, al menos, cierta inseguridad jurídica, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos prácticamente en el año 2011 y que, a fecha de hoy, ninguna de las empresas sabe si obtendrá, o no, la famosa prórroga. Cierta sensación de inseguridad, jurídica, económica e incluso existencial sí que tendrán esas empresas, vaya que sí.
Pero es que, además de la disposición transitoria 1 de la Ley, también existe la disposición transitoria 6ª de la misma Ley, que en sus apartados 1 y 2, establece que:
1. En ningún caso podrá otorgarse prórroga del plazo de concesión existente a la entrada en vigor de esta Ley en condiciones que se opongan a lo establecido en la misma o en las disposiciones que la desarrollen.
2. Extinguidas las concesiones otorgadas con anterioridad a esta Ley, y que no resulten contrarias a lo dispuesto en ella, la Administración competente resolverá sobre el mantenimiento o levantamiento de las instalaciones. En caso de que se opte por el mantenimiento será de aplicación lo previsto en el apartado 3 del artículo 72.
Y la disposición transitoria 14ª 3, del Reglamento de la Ley de Costas, que hace incompatible el mantenimiento de las empresas con los criterios de ocupación del dominio público. Por consiguiente no queda tan claro, ni medio claro, que se vaya a otorgar la prórroga de la concesión por otros 30 años.
Y aún queda menos claro después de leer lo dispuesto el artículo 32.1 de la Ley: «Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». Por todo ello es, como poco, incierto que se les vaya a conceder una prórroga por 30 años.
En cualquier caso difícilmente una empresa va a plantearse ningún tipo de inversión sin saber con un alto grado de certeza qué le va a ocurrir en el 2018. Pero, además, también existen situaciones que van más allá de la mera inseguridad, y generan frustración con el 100% de certeza.
Por ejemplo, pensemos en unos propietarios, que los hay, titulares dominicales que adquirieron sus terrenos al propio Estado y que inscribieron sus derechos en el registro de la propiedad, y construyeron con toda legalidad una industria, una casa, una empresa con vocación de continuidad. Pues bien, esos propietarios pasan a convertirse en meros concesionarios, que no podrán ya, por ejemplo transmitir el bien, excepto que lo hagan mortis causa y sabiendo que al final de ese plazo de la concesión el terreno y su propiedad revierten al Estado. Y respecto de que se realicen afirmaciones tan tajantes, como que las edificaciones existentes se van a respetar; pues tenemos dudas al respecto, ya que no se desprende tal afirmación de la lectura del artículo 72 de la Ley de Costas, que en la inmensa mayoría de los casos implica la demolición y retirada de lo construido, a expensas del concesionario.
La Cámara de Cantabria no ha generado una alarma en la sociedad por expresar una preocupación fundamentada en un informe y en criterios legales Más bien habrá que entender que la Cámara, cumpliendo con sus funciones y obligaciones, pone de manifiesto una situación bien alarmante per se, que en absoluto contribuye a mejorar las posibilidades de las industrias afectadas, y avisa de que existen maneras legales y legítimas para afrontar esta situación. La primera, evidentemente, es la de apoyar la modificación de la disposición 14ª del Reglamento, como mínimo cambio normativo imprescindible.
En segundo lugar, muchos ciudadanos prefieren luchar, con la única arma que les da el Estado de Derecho en el que han delegado todas las formas de autodefensa, y que no es otra que recurrir: recurrir por si acaso han cometido un error formal o material, recurrir por si mientras tanto se cambia la legislación y sus tierras, casa, industria o negocio quedan así fuera de la aplicación de la Ley de Costas y su Reglamento.
El profesor entrevistado da a entender que no tiene sentido recurrir, pues salvo excepciones técnicas aparte, dice él, en ningún caso han sido revocados los deslindes. Recurrir sí tiene sentido, pero aún es más curioso que se diga eso en Cantabria, donde un recurso contra un deslinde del dominio público marítimo-terrestre efectuado al amparo de la Ley de Costas de 1988, en el que se dio la razón a la parte recurrente y se modificó el deslinde, ha supuesto la sentencia de más calado económico de cuantas se han dictado en los últimos años para Cantabria, que es la sentencia del Tribunal Supremo sobre la EDAR de Vuelta Ostrera
http://www.eldiariomontanes.es/v/20101222/opinion/articulos/costas-razones-para-inquietud-20101222.html
El informe cameral sobre los posibles efectos de la Ley de Costas ha dado lugar a todo tipo de opiniones, todas ellas muy respetables. También es respetable el criterio que se desprende de la entrevista realizada al profesor D. Juan Manuel Alegre, publicada en EL DIARIO MONTAÑÉS el 12 de diciembre, pero se podría pretender que es la Cámara quien, a través de su informe, ha generado una situación de alarma o de incertidumbre, cuando lo único cierto es que dicha situación se ha generado por la propia Ley y por su aplicación, por muy legítima, legal y vinculante que ésta sea.
En la entrevista se podía leer que «no se puede hablar de inseguridad jurídica cuando desde 1988 se sabía que las concesiones administrativas expiraban en 30 años», y en la pregunta siguiente, al contestar el profesor sobre si todas las industrias y negocios concesionales desaparecerán como denuncian los afectados, responde que «no, porque la norma contempla también la posibilidad de obtener una prorroga por otros 30 años.
Lejos de cuestionar los conocimientos jurídicos del profesor Alegre, sí nos plantea cierto estupor que se considere que el hecho de que las concesiones se puedan, o no, otorgar por otros 30 años más, no es un elemento que introduzca, al menos, cierta inseguridad jurídica, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos prácticamente en el año 2011 y que, a fecha de hoy, ninguna de las empresas sabe si obtendrá, o no, la famosa prórroga. Cierta sensación de inseguridad, jurídica, económica e incluso existencial sí que tendrán esas empresas, vaya que sí.
Pero es que, además de la disposición transitoria 1 de la Ley, también existe la disposición transitoria 6ª de la misma Ley, que en sus apartados 1 y 2, establece que:
1. En ningún caso podrá otorgarse prórroga del plazo de concesión existente a la entrada en vigor de esta Ley en condiciones que se opongan a lo establecido en la misma o en las disposiciones que la desarrollen.
2. Extinguidas las concesiones otorgadas con anterioridad a esta Ley, y que no resulten contrarias a lo dispuesto en ella, la Administración competente resolverá sobre el mantenimiento o levantamiento de las instalaciones. En caso de que se opte por el mantenimiento será de aplicación lo previsto en el apartado 3 del artículo 72.
Y la disposición transitoria 14ª 3, del Reglamento de la Ley de Costas, que hace incompatible el mantenimiento de las empresas con los criterios de ocupación del dominio público. Por consiguiente no queda tan claro, ni medio claro, que se vaya a otorgar la prórroga de la concesión por otros 30 años.
Y aún queda menos claro después de leer lo dispuesto el artículo 32.1 de la Ley: «Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». Por todo ello es, como poco, incierto que se les vaya a conceder una prórroga por 30 años.
En cualquier caso difícilmente una empresa va a plantearse ningún tipo de inversión sin saber con un alto grado de certeza qué le va a ocurrir en el 2018. Pero, además, también existen situaciones que van más allá de la mera inseguridad, y generan frustración con el 100% de certeza.
Por ejemplo, pensemos en unos propietarios, que los hay, titulares dominicales que adquirieron sus terrenos al propio Estado y que inscribieron sus derechos en el registro de la propiedad, y construyeron con toda legalidad una industria, una casa, una empresa con vocación de continuidad. Pues bien, esos propietarios pasan a convertirse en meros concesionarios, que no podrán ya, por ejemplo transmitir el bien, excepto que lo hagan mortis causa y sabiendo que al final de ese plazo de la concesión el terreno y su propiedad revierten al Estado. Y respecto de que se realicen afirmaciones tan tajantes, como que las edificaciones existentes se van a respetar; pues tenemos dudas al respecto, ya que no se desprende tal afirmación de la lectura del artículo 72 de la Ley de Costas, que en la inmensa mayoría de los casos implica la demolición y retirada de lo construido, a expensas del concesionario.
La Cámara de Cantabria no ha generado una alarma en la sociedad por expresar una preocupación fundamentada en un informe y en criterios legales Más bien habrá que entender que la Cámara, cumpliendo con sus funciones y obligaciones, pone de manifiesto una situación bien alarmante per se, que en absoluto contribuye a mejorar las posibilidades de las industrias afectadas, y avisa de que existen maneras legales y legítimas para afrontar esta situación. La primera, evidentemente, es la de apoyar la modificación de la disposición 14ª del Reglamento, como mínimo cambio normativo imprescindible.
En segundo lugar, muchos ciudadanos prefieren luchar, con la única arma que les da el Estado de Derecho en el que han delegado todas las formas de autodefensa, y que no es otra que recurrir: recurrir por si acaso han cometido un error formal o material, recurrir por si mientras tanto se cambia la legislación y sus tierras, casa, industria o negocio quedan así fuera de la aplicación de la Ley de Costas y su Reglamento.
El profesor entrevistado da a entender que no tiene sentido recurrir, pues salvo excepciones técnicas aparte, dice él, en ningún caso han sido revocados los deslindes. Recurrir sí tiene sentido, pero aún es más curioso que se diga eso en Cantabria, donde un recurso contra un deslinde del dominio público marítimo-terrestre efectuado al amparo de la Ley de Costas de 1988, en el que se dio la razón a la parte recurrente y se modificó el deslinde, ha supuesto la sentencia de más calado económico de cuantas se han dictado en los últimos años para Cantabria, que es la sentencia del Tribunal Supremo sobre la EDAR de Vuelta Ostrera
http://www.eldiariomontanes.es/v/20101222/opinion/articulos/costas-razones-para-inquietud-20101222.html
lunes, 20 de diciembre de 2010
Domingo Berriel defiende una aplicación de la Ley de Costas que tenga en cuenta las circunstancias particulares de cada caso
14-12-2010 ... 14:19 - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
El titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente destacó hoy en el Parlamento la disposición de la ministra Rosa Aguilar para ampliar y modificar el convenio de colaboración Canarias-Estado
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Domingo Berriel, destacó hoy en el Parlamento de Canarias la disposición de la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, para ampliar y modificar el convenio en materia de costas que mantiene el Estado con Canarias, con el propósito de que se aplique la Ley de Costas teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. En este sentido, señaló que en la reunión que mantuvo con la ministra el día 2 de diciembre también se abordó la situación de los vecinos de Cho Vito.
Durante su intervención en el Pleno de la Cámara regional, Berriel dijo que le había trasladado a Rosa Aguilar la necesidad de que la recuperación ambiental del litoral en Canarias y la erradicación de los usos abusivos del dominio público costero no debe llevar implícito un coste social. De ahí, la importancia, remarcó, de que cada caso sea estudiado por separado a la hora de afrontar los objetivos de recuperación de la costa de las Islas. "Se debe dar solución a los problemas sociales que comporta esta actuación y, en su caso, se tiene que atender a la pervivencia y recuperación de los valores etnográficos, culturales y pintorescos que están en el litoral y que conforman parte de nuestra historia", subrayó el consejero.
Domingo Berriel destacó que Rosa Aguilar "compartió el planteamiento expresado por el Gobierno de Canarias" y anunció que ayer se celebró la Comisión Bilateral Canarias/Estado, en la que se acordó la creación de la subcomisión mixta entre representantes de ambas administraciones, que empezarán a trabajar antes del próximo 15 de enero, con el fin de proponer acuerdos en materia de costas. "Dichas propuestas serán elevadas a la Comisión Bilateral, como resultado del acuerdo de estabilidad institucional establecido entre CC y el Grupo parlamentario Socialista para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2011", subrayó Berriel.
El consejero indicó que éste es el resultado de la reunión con la ministra Rosa Aguilar, a la que en la reunión celebrada le expresó "la problemática suscitada en la interpretación del modelo de ejecución de las previsiones de la Ley de Costas en Canarias, así como las múltiples discrepancias en el ejercicio de las competencias concernientes a Estado y a la Comunidad Autónoma en el litoral canario".
En este sentido, apostilló el responsable autonómico, le expuso las diferencias sobre la concreción del límite del dominio público marítimo terrestre y, sobre todo, en la referida a la servidumbre de protección, como consecuencia de la interpretación de las condiciones urbanísticas del territorio. Este hecho, recordó Berriel, ha desencadenado en varios contenciosos de Canarias con el Estado.
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=135249
El titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente destacó hoy en el Parlamento la disposición de la ministra Rosa Aguilar para ampliar y modificar el convenio de colaboración Canarias-Estado
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Domingo Berriel, destacó hoy en el Parlamento de Canarias la disposición de la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, para ampliar y modificar el convenio en materia de costas que mantiene el Estado con Canarias, con el propósito de que se aplique la Ley de Costas teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. En este sentido, señaló que en la reunión que mantuvo con la ministra el día 2 de diciembre también se abordó la situación de los vecinos de Cho Vito.
Durante su intervención en el Pleno de la Cámara regional, Berriel dijo que le había trasladado a Rosa Aguilar la necesidad de que la recuperación ambiental del litoral en Canarias y la erradicación de los usos abusivos del dominio público costero no debe llevar implícito un coste social. De ahí, la importancia, remarcó, de que cada caso sea estudiado por separado a la hora de afrontar los objetivos de recuperación de la costa de las Islas. "Se debe dar solución a los problemas sociales que comporta esta actuación y, en su caso, se tiene que atender a la pervivencia y recuperación de los valores etnográficos, culturales y pintorescos que están en el litoral y que conforman parte de nuestra historia", subrayó el consejero.
Domingo Berriel destacó que Rosa Aguilar "compartió el planteamiento expresado por el Gobierno de Canarias" y anunció que ayer se celebró la Comisión Bilateral Canarias/Estado, en la que se acordó la creación de la subcomisión mixta entre representantes de ambas administraciones, que empezarán a trabajar antes del próximo 15 de enero, con el fin de proponer acuerdos en materia de costas. "Dichas propuestas serán elevadas a la Comisión Bilateral, como resultado del acuerdo de estabilidad institucional establecido entre CC y el Grupo parlamentario Socialista para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2011", subrayó Berriel.
El consejero indicó que éste es el resultado de la reunión con la ministra Rosa Aguilar, a la que en la reunión celebrada le expresó "la problemática suscitada en la interpretación del modelo de ejecución de las previsiones de la Ley de Costas en Canarias, así como las múltiples discrepancias en el ejercicio de las competencias concernientes a Estado y a la Comunidad Autónoma en el litoral canario".
En este sentido, apostilló el responsable autonómico, le expuso las diferencias sobre la concreción del límite del dominio público marítimo terrestre y, sobre todo, en la referida a la servidumbre de protección, como consecuencia de la interpretación de las condiciones urbanísticas del territorio. Este hecho, recordó Berriel, ha desencadenado en varios contenciosos de Canarias con el Estado.
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=135249
sábado, 18 de diciembre de 2010
LA LOTERIA DE LAS COSTAS
Es una tradición antiquísima eso de la Lotería, y aún más en estas fechas navideñas. Pero de la lotería de Costas, poco se sabe, salvo que, como en todos los sorteos, hay afortunados y desgraciados. No se sabe cuál es el reglamento de este sorteo, sus normas, pero conocemos perfectamente la cuantía de sus “premios”.
Por no saber, no sabemos ni cuando adquirimos el boleto, “el numerito” de expediente; ese numerito que todos esperamos que nos toque, que nos permita seguir viviendo donde lo hemos hecho siempre. Pero lamentablemente, esta lotería es como todas; quién más lleva, más suerte tiene. No es lo mismo que me llamen Antonio, a que me apellide Banderas; no es lo mismo vivir en Marbella (cuna de la especulación urbanística) y tener un chalet, que tener una casita en Cho Vito; no es lo mismo proteger el dominio público marítimo terrestre, desde tierra adentro, que desde la ribera del mar, demostrando que la premisa del Medio Ambiente, de proteger las costas, lograr la sostenibilidad del litoral, depende proporcionalmente de la corruptela urbanística, y por lo tanto, de la cantidad de euros que te gastes en comprar esos décimos agraciados.
Esta lotería, toca a Canarias todos los años. Seguro que existe una estadística que explica que los canarios jugamos mucho. Y es que en estas Islas tenemos muchos boletos. Décimos agraciados recordamos algunos; el que adquirió el Hotel Papagayo Arena, en la administración nº 2 de Madrid “Doñaelenitaespinosa” o el del Hotel Abama, comprado en la Administración nº 5 de Guía de Isora “donpolanco”, siendo este premio muy repartido en todo el litoral del sur de Tenerife, desde la Playa de Troya, hasta Playa San Juan.!!Felicidades a los agraciados!!!.
Sin embargo, no tenemos esa suerte en otros lugares de nuestra isla. En El Rosario, la administración nº 2, “Labrujitarubiadeoro” ha repartido suerte a Radazúl y Tabaiba, y preocupación a Boca cangrejo
.
Pero, si existe una administración gafé en esta lotería, es la nº 2 de Candelaria, “ElGatonegro” (léase bien, sin tintes de xenofobia) que tiene castigados a los vecinos del lugar con eso de la suerte. La Viuda, Bajo La Cuesta y Cho Vito, han comprado décimos en “Elgatonegro” sin suerte, y sin embargo, en el mismo municipio, numeritos de traídos de Madrid por el alcalde, en uno de sus viajes relámpagos, resultaron agraciados con la playa artificial de Punta Larga, pero el boleto sigue pendiente de cobro.
Pero, si existe una administración gafé en esta lotería, es la nº 2 de Candelaria, “ElGatonegro” (léase bien, sin tintes de xenofobia) que tiene castigados a los vecinos del lugar con eso de la suerte. La Viuda, Bajo La Cuesta y Cho Vito, han comprado décimos en “Elgatonegro” sin suerte, y sin embargo, en el mismo municipio, numeritos de traídos de Madrid por el alcalde, en uno de sus viajes relámpagos, resultaron agraciados con la playa artificial de Punta Larga, pero el boleto sigue pendiente de cobro.
En fin, cosas de administraciones; lo mejor es olvidarnos de esta lotería, y tirar todos los boletos a la basura, que igual, pasa alguien, los recoge, y tiene más suerte.
Feliz Navidad .
"Me sorprendió el derribo de Cho Vito, ¿qué ganamos con que esas casitas ya no estén?"
Elvira Rodríguez
Presidenta de la Asamblea de Madrid y secretaria general de Economía y Empleo de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular
Presidenta de la Asamblea de Madrid y secretaria general de Economía y Empleo de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular
Elvira Rodríguez es una mujer prudente. Habla mucho de lo que conoce y poco de lo que no. De Tenerife, por ejemplo, se permite opinar de temas que ella estudió cuando fue ministra de Medio Ambiente (2003-2004), como el puerto de Granadilla. También habla sin titubeos sobre economía. Para algo es licenciada en Económicas y fue interventora, auditora del Estado y Secretaria de Estado de Presupuestos en el Gobierno de José María Aznar.
-En Canarias hay problemas en las costas. Determinadas construcciones podrían ser derribadas. Algunas ya lo han sido, como el barrio tinerfeño de Cho Vito, en Candelaria. ¿Lo aprueba?
-Hay que tener sentido común en esta vida. Ahora no se puede hacer una construcción como si estuviéramos en algunos sitios del Caribe y meter unas bandas laterales para que el mar y la playa sean propiedad particular. Pero cuando una cosa está muy asentada, si reúne los requisitos para que siga adelante, ¿qué conseguimos metiendo excavadoras? Me sorprendió lo que se hizo con Cho Vito. Yo pido sentido común y racionalidad en la toma de decisiones. Actuaciones nuevas no se pueden hacer, pero las cosas que ya llevan mucho tiempo ¿por qué nos las vamos a cargar? ¿Qué ganamos con que esas casitas que llevaban allí 50 años ya no estén? ¿Un poquito más del paisaje? ¿Las casitas no eran ya parte del paisaje?
-En Canarias hay problemas en las costas. Determinadas construcciones podrían ser derribadas. Algunas ya lo han sido, como el barrio tinerfeño de Cho Vito, en Candelaria. ¿Lo aprueba?
-Hay que tener sentido común en esta vida. Ahora no se puede hacer una construcción como si estuviéramos en algunos sitios del Caribe y meter unas bandas laterales para que el mar y la playa sean propiedad particular. Pero cuando una cosa está muy asentada, si reúne los requisitos para que siga adelante, ¿qué conseguimos metiendo excavadoras? Me sorprendió lo que se hizo con Cho Vito. Yo pido sentido común y racionalidad en la toma de decisiones. Actuaciones nuevas no se pueden hacer, pero las cosas que ya llevan mucho tiempo ¿por qué nos las vamos a cargar? ¿Qué ganamos con que esas casitas que llevaban allí 50 años ya no estén? ¿Un poquito más del paisaje? ¿Las casitas no eran ya parte del paisaje?
martes, 14 de diciembre de 2010
Una subcomisión interpretará la ejecución de la Ley de Costas
El consejero de Agricultura del Gobierno canario, Domingo Berriel, ha anunciado la creación de una subcomisión bilateral para interpretar la ejecución de la Ley en el litoral
EUROPAPRESS Así lo ha aseverado en respuesta a una pregunta de la diputada nacionalista, Flora Marrero, sobre los acuerdos de la reunión con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino referentes a costas.
En su intervención, el consejero ha detallado que en la reunión con la ministra le expresó los problemas suscitados en la interpretación del modelo de ejecución de las previsiones de la Ley de Costas en Canarias y las discrepancias en el ejercicio de las competencias, concernientes al Estado en la Comunidad Autónoma del litoral canario.
Asimismo, en la reunión el consejero dedicó especial atención a la concreción del límite de dominio público marítimo terrestre y, sobre todo, a la línea límite en la servidumbre de protección como consecuencia de la interpretación de las condiciones urbanísticas del territorio canario, lo que ha dado lugar a diversos contenciosos.
También le trasladó la situación establecida tras el auto del Tribunal Constitucional, que levantó la suspensión cautelar de dos terceras partes de la Ley 7/2009 del litoral canario por el recurso de inconstitucionalidad que había sido interpuesto por el Estado.
Igualmente, le hizo saber la necesidad de modular las actuaciones de recuperación del dominio público, separando aquellas cuestiones que tienen que ver con el uso abusivo de la ocupación del litoral canario, que, en su opinión, debe ser rescatado para el uso público de aquellas situaciones sociales y tradicionales del mismo litoral que deben de tener un tratamiento especial desde el punto de vista histórico o social.
http://www.laopinion.es/canarias/2010/12/14/subcomision-interpretara-ejecucion-ley-costas/319787.html
EUROPAPRESS Así lo ha aseverado en respuesta a una pregunta de la diputada nacionalista, Flora Marrero, sobre los acuerdos de la reunión con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino referentes a costas.
En su intervención, el consejero ha detallado que en la reunión con la ministra le expresó los problemas suscitados en la interpretación del modelo de ejecución de las previsiones de la Ley de Costas en Canarias y las discrepancias en el ejercicio de las competencias, concernientes al Estado en la Comunidad Autónoma del litoral canario.
Asimismo, en la reunión el consejero dedicó especial atención a la concreción del límite de dominio público marítimo terrestre y, sobre todo, a la línea límite en la servidumbre de protección como consecuencia de la interpretación de las condiciones urbanísticas del territorio canario, lo que ha dado lugar a diversos contenciosos.
También le trasladó la situación establecida tras el auto del Tribunal Constitucional, que levantó la suspensión cautelar de dos terceras partes de la Ley 7/2009 del litoral canario por el recurso de inconstitucionalidad que había sido interpuesto por el Estado.
Igualmente, le hizo saber la necesidad de modular las actuaciones de recuperación del dominio público, separando aquellas cuestiones que tienen que ver con el uso abusivo de la ocupación del litoral canario, que, en su opinión, debe ser rescatado para el uso público de aquellas situaciones sociales y tradicionales del mismo litoral que deben de tener un tratamiento especial desde el punto de vista histórico o social.
http://www.laopinion.es/canarias/2010/12/14/subcomision-interpretara-ejecucion-ley-costas/319787.html
lunes, 13 de diciembre de 2010
Canarias y el Estado se reúnen para suavizar los efectos de la Ley de Costas
La subcomisión de Medio Ambiente, que integran representantes estatales y canarios, se reúne hoy en Las Palmas, con el presidente Paulino Rivero al frente, para debatir sobre las competencias de ambas administraciones en materia de costas. La cita busca aclarar aspectos que han derivado en conflictos.
13/dic/10 07:27
O. GONZÁLEZ, Tenerife
"Es un buen momento -para la negociación con el Estado- por la comprensión que nos hemos encontrado y porque es un acuerdo que se ha adoptado también entre grupos políticos y, por tanto, es un acuerdo serio". Así resume el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, el clima de entendimiento que, en materia de medio ambiente, hay en la actualidad entre las administraciones estatal y canaria, y que podría derivar en una solución definitiva y satisfactoria para algunos de los conflictos que en esta área hay en las Islas.
Fruto de estos acuerdos, que derivan de la negociación entre Coalición Canaria (CC) y el PSOE para garantizar el apoyo de los nacionalistas isleños a los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, se constituyó una subcomisión de Medio Ambiente que servirá, entre otros objetivos, para tratar de desatascar asuntos tan polémicos y de gran repercusión social en el Archipiélago como los derribos de algunos poblados construidos cerca de la costa como consecuencia de la aplicación de la ley estatal para esta materia.
Precisamente, y tras una primera reunión con la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, en Madrid, la citada subcomisión se reunirá hoy en Las Palmas de Gran Canaria -con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, a la cabeza- para debatir, entre otros aspectos, sobre los criterios que ambas administraciones tienen en relación con las delimitaciones de las zonas de dominio público y de servidumbre y sus efectos, así como de los problemas de interpretación de ambas administraciones públicas sobre cuándo una zona es urbana o no, a los efectos de la aplicación de la Ley de Costas estatal.
"Vamos a hablar del ejercicio de esas competencias en materia de costas, y, de alguna manera, vamos a hacer un ejercicio de cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma", avanza el consejero regional de Medio Ambiente, quien resalta la "cordialidad" que ha precedido el resto de reuniones con representantes del ministerio que preside Rosa Aguilar, e, incluso, con la propia ministra.
Asegura Berriel que en muchas ocasiones los conflictos abiertos entre los Gobiernos central y canario se deben a interpretaciones "funcionariales" que no obedecen a la voluntad real política, razón por la cual se hacen aún más necesarias este tipo de citas entre las dos administraciones.
En este sentido, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno autónomo precisa que en la reunión de hoy se buscarán "soluciones" a algunos de los casos de poblados de las Islas que se han visto afectados por la Ley de Costas.
"Hay ocasiones en las que hay que derribar cosas, pero insisto siempre en separar lo que es el uso abusivo de la costa por personas que la han ocupado ilegítimamente y de forma casi reciente, sin ninguna vinculación al ejercicio de su actividad en el mar, y personas que tienen su modo de vida allí", subrayó Berriel.
A este respecto, el consejero del Ejecutivo regional abogó por tener en cuenta "la situación personal" de estos últimos, en el caso de que hubiese que recuperar esa zona de dominio público, bien para ejecutar alguna obra de interés general, bien para recuperar la zona afectada desde el punto de vista medioambiental.
"Cuando se resuelva este asunto, cuando nos sentemos con las personas y resolvamos estos asuntos, separando aquellos que son meros caraduras de los que realmente tienen esos derechos consolidados desde el punto de vista de la cultura, la historia y demás, estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo y a un consenso, incluso con esas personas", indica Domingo Berriel.
http://www.eldia.es/2010-12-13/canarias/canarias6.htm
13/dic/10 07:27
O. GONZÁLEZ, Tenerife
"Es un buen momento -para la negociación con el Estado- por la comprensión que nos hemos encontrado y porque es un acuerdo que se ha adoptado también entre grupos políticos y, por tanto, es un acuerdo serio". Así resume el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, el clima de entendimiento que, en materia de medio ambiente, hay en la actualidad entre las administraciones estatal y canaria, y que podría derivar en una solución definitiva y satisfactoria para algunos de los conflictos que en esta área hay en las Islas.
Fruto de estos acuerdos, que derivan de la negociación entre Coalición Canaria (CC) y el PSOE para garantizar el apoyo de los nacionalistas isleños a los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, se constituyó una subcomisión de Medio Ambiente que servirá, entre otros objetivos, para tratar de desatascar asuntos tan polémicos y de gran repercusión social en el Archipiélago como los derribos de algunos poblados construidos cerca de la costa como consecuencia de la aplicación de la ley estatal para esta materia.
Precisamente, y tras una primera reunión con la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, en Madrid, la citada subcomisión se reunirá hoy en Las Palmas de Gran Canaria -con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, a la cabeza- para debatir, entre otros aspectos, sobre los criterios que ambas administraciones tienen en relación con las delimitaciones de las zonas de dominio público y de servidumbre y sus efectos, así como de los problemas de interpretación de ambas administraciones públicas sobre cuándo una zona es urbana o no, a los efectos de la aplicación de la Ley de Costas estatal.
"Vamos a hablar del ejercicio de esas competencias en materia de costas, y, de alguna manera, vamos a hacer un ejercicio de cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma", avanza el consejero regional de Medio Ambiente, quien resalta la "cordialidad" que ha precedido el resto de reuniones con representantes del ministerio que preside Rosa Aguilar, e, incluso, con la propia ministra.
Asegura Berriel que en muchas ocasiones los conflictos abiertos entre los Gobiernos central y canario se deben a interpretaciones "funcionariales" que no obedecen a la voluntad real política, razón por la cual se hacen aún más necesarias este tipo de citas entre las dos administraciones.
En este sentido, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno autónomo precisa que en la reunión de hoy se buscarán "soluciones" a algunos de los casos de poblados de las Islas que se han visto afectados por la Ley de Costas.
"Hay ocasiones en las que hay que derribar cosas, pero insisto siempre en separar lo que es el uso abusivo de la costa por personas que la han ocupado ilegítimamente y de forma casi reciente, sin ninguna vinculación al ejercicio de su actividad en el mar, y personas que tienen su modo de vida allí", subrayó Berriel.
A este respecto, el consejero del Ejecutivo regional abogó por tener en cuenta "la situación personal" de estos últimos, en el caso de que hubiese que recuperar esa zona de dominio público, bien para ejecutar alguna obra de interés general, bien para recuperar la zona afectada desde el punto de vista medioambiental.
"Cuando se resuelva este asunto, cuando nos sentemos con las personas y resolvamos estos asuntos, separando aquellos que son meros caraduras de los que realmente tienen esos derechos consolidados desde el punto de vista de la cultura, la historia y demás, estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo y a un consenso, incluso con esas personas", indica Domingo Berriel.
http://www.eldia.es/2010-12-13/canarias/canarias6.htm
Costas llama a 200 vecinos de Igueste por el nuevo deslinde
La Audiencia Nacional tramita tres contenciosos contra el organismo promovido por 35 propietarios. Un informe demuestra que el pueblo era urbano antes de la nueva Ley
NOÉ RAMÓN El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural está remitiendo escritos a cerca de 200 vecinos de Igueste de San Andrés con el fin de que se personen en el recurso contencioso-administrativo abierto en la Audiencia Nacional por el abogado José Luis Langa y 35 vecinos de este caserío en contra del deslinde fijado para este tramo del litoral por la Dirección General de Costas. El Gobierno central ha remitido este escrito a todos los propietarios que se encuentran dentro del dominio público cuya zona de servidumbre ha sido fijada en 100 metros de anchura.
De esta manera son alrededor de 98 fincas y 22 edificaciones las que se han quedado fuera de ordenación y por lo tanto han visto reducido de forma notable su valor catastral. Paralelamente, en las viviendas se imponen fuertes restricciones para la realización de obras. Además, en caso de que se planificara una obra de interés general para este enclave como puede ser un paseo marítimo las propiedades tendrían que ser expropiadas.
En este requerimiento que está llegando a los vecinos de Igueste y que está firmado por la jefa del servicio de actuación administrativa, Josefina Martín Limiñana, se informa que los interesados tienen nueve días para personarse en este contencioso. El objetivo de los vecinos es que en el litoral de Igueste se fije una zona de servidumbre de 20 metros de ancho con lo cual no habría afecciones sobre la mayor parte de estas propiedades.
El abogado consiguió un informe elaborado por la Gerencia de Urbanismo que data del año 2002 a través del cual se demostraría que este caserío tenía ya en el año 1988, cuando se aprobó la nueva ley, características de urbano. De esta manera será posible que la zona de servidumbre pase de los 100 a los 20 metros de ancho. En este informe firmado por el arquitecto, Fermín García y el técnico, Jesús Villodres, se ratifica que en esa fecha Igueste de San Andrés contaba con el servicio de suministro de agua, electricidad, acceso rodado y el suficiente grado de consolidación urbanística como para no ser considerado un caserío rural. Además, el propio Catastro empezará este año a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el tipo máximo que corresponde al suelo urbano. En estos momentos hay presentado tres recursos firmados por 35 vecinos de los 200 afectados, que tienen igual contenido. El objetivo es que todos se sumen al contencioso. En el informe al que ahora ha tenido acceso el abogado, fue enviado en el año 2002 a la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) dado que por esas fechas se estaba procediendo a la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz.
"Si el documento hubiese sido enviado a la Dirección General de Costas nos habríamos ahorrado el disgusto, porque la clave es demostrar que el suelo de Igueste es urbano. A partir de ahí no habrá ningún problema para cambiar el deslinde", dijo Langa. Para el abogado este informe es "básico y fundamental" para solucionar el conflicto que mantiene en vilo a todo el pueblo. "Ahora queda claro que el principal culpable en este problema es el Ayuntamiento, después el Cabildo y luego el Gobierno canario. Curiosamente Costas es el organismo que menos responsabilidades tiene ya que se limitó a fijar el deslinde según la documentación que en aquellos momentos estaba en su poder". En el caso de los caseríos de Anaga, Tachero, Roque de Las Bodegas y Almáciga el informe elaborado por el Ayuntamiento demostró todo lo contrario a lo que pretendían los vecinos y así lo ratificó la Audiencia Nacional que rechazó su recurso en contra del deslinde. En estos momentos hay otro contencioso abierto por Costas para anular la decisión de la Cotmac de declarar como urbano el suelo de Igueste y que está siendo estudiado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El mamotreto, en la Cámara
El pleno del Parlamento de Canarias que se celebra el próximo martes abordará una pregunta de la diputada regional socialista , Gloria Gutiérrez, a través de la cual quiere que el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Domingo Berriel, ratifique en la Cámara si considera que el edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas, conocido como mamotreto es legalizable. Berriel ha hecho estas manifestaciones en reiteradas ocasiones en los medios de comunicación y ahora el PSOE quiere que lo ratifique también en el Parlamento. La juez que instruye la causa penal conocida como caso mamotreto, Juana María Hernández, emitió este verano un auto a través del cual considera que este edificio "no era autorizable" y avaló que las obras que se realizaron en Las Teresitas no contaron con ningún tipo de permiso.
Berriel ha señalado en múltiples ocasiones que el Gobierno canario trabaja en la línea de conceder la licencia al edificio que ejecutó el Ayuntamiento. Esta es la segunda ocasión en la que el mamotreto es debatido en el Parlamento. En la primera el enfrentamiento entre Berriel y Gutiérrez, -en el que terció el alcalde y diputado, Miguel Zerolo-, resultó muy acalorado por el cruce de graves acusaciones.
Más recursos en la playa
La Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz ha presentado otro nuevo recurso en contra del deslinde de Las Teresitas. En estos momentos ya son cinco las apelaciones que se tramitan en la Audiencia Nacional por este mismo motivo. Los otros han sido interpuestos por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), Amigos de Las Teresitas, un grupo de militantes socialistas y la Gerencia de Urbanismo y el Gobierno de Canarias.
El portavoz de la Plataforma, Cándido Quintana, señaló ayer que en esta nueva demanda cuestionan el estudio geomorfológico elaborado por la Dirección General de Costas para avalar el nuevo deslinde. Quintana arremete especialmente con el hecho de que el organismo estatal dejara fuera de esta línea al edificio de aparcamientos y centro comercial conocido como mamotreto.
Según Quintana estas pruebas se realizaron en un kiosco cercano al edificio y no en sus alrededores. El colectivo no considera razonable que la línea del deslinde salve el inmueble, máxime cuando se trata de una playa llana sin accidentes naturales. También han aportado ante la Audiencia pruebas fotográficas donde se ve que el agua inundaba el campo de fútbol que anteriormente se encontraba en los terrenos que hoy ocupa el mamotreto.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/12/13/costas-llama-200-vecinos-igueste-nuevo-deslinde/319484.html
NOÉ RAMÓN El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural está remitiendo escritos a cerca de 200 vecinos de Igueste de San Andrés con el fin de que se personen en el recurso contencioso-administrativo abierto en la Audiencia Nacional por el abogado José Luis Langa y 35 vecinos de este caserío en contra del deslinde fijado para este tramo del litoral por la Dirección General de Costas. El Gobierno central ha remitido este escrito a todos los propietarios que se encuentran dentro del dominio público cuya zona de servidumbre ha sido fijada en 100 metros de anchura.
De esta manera son alrededor de 98 fincas y 22 edificaciones las que se han quedado fuera de ordenación y por lo tanto han visto reducido de forma notable su valor catastral. Paralelamente, en las viviendas se imponen fuertes restricciones para la realización de obras. Además, en caso de que se planificara una obra de interés general para este enclave como puede ser un paseo marítimo las propiedades tendrían que ser expropiadas.
En este requerimiento que está llegando a los vecinos de Igueste y que está firmado por la jefa del servicio de actuación administrativa, Josefina Martín Limiñana, se informa que los interesados tienen nueve días para personarse en este contencioso. El objetivo de los vecinos es que en el litoral de Igueste se fije una zona de servidumbre de 20 metros de ancho con lo cual no habría afecciones sobre la mayor parte de estas propiedades.
El abogado consiguió un informe elaborado por la Gerencia de Urbanismo que data del año 2002 a través del cual se demostraría que este caserío tenía ya en el año 1988, cuando se aprobó la nueva ley, características de urbano. De esta manera será posible que la zona de servidumbre pase de los 100 a los 20 metros de ancho. En este informe firmado por el arquitecto, Fermín García y el técnico, Jesús Villodres, se ratifica que en esa fecha Igueste de San Andrés contaba con el servicio de suministro de agua, electricidad, acceso rodado y el suficiente grado de consolidación urbanística como para no ser considerado un caserío rural. Además, el propio Catastro empezará este año a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el tipo máximo que corresponde al suelo urbano. En estos momentos hay presentado tres recursos firmados por 35 vecinos de los 200 afectados, que tienen igual contenido. El objetivo es que todos se sumen al contencioso. En el informe al que ahora ha tenido acceso el abogado, fue enviado en el año 2002 a la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) dado que por esas fechas se estaba procediendo a la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz.
"Si el documento hubiese sido enviado a la Dirección General de Costas nos habríamos ahorrado el disgusto, porque la clave es demostrar que el suelo de Igueste es urbano. A partir de ahí no habrá ningún problema para cambiar el deslinde", dijo Langa. Para el abogado este informe es "básico y fundamental" para solucionar el conflicto que mantiene en vilo a todo el pueblo. "Ahora queda claro que el principal culpable en este problema es el Ayuntamiento, después el Cabildo y luego el Gobierno canario. Curiosamente Costas es el organismo que menos responsabilidades tiene ya que se limitó a fijar el deslinde según la documentación que en aquellos momentos estaba en su poder". En el caso de los caseríos de Anaga, Tachero, Roque de Las Bodegas y Almáciga el informe elaborado por el Ayuntamiento demostró todo lo contrario a lo que pretendían los vecinos y así lo ratificó la Audiencia Nacional que rechazó su recurso en contra del deslinde. En estos momentos hay otro contencioso abierto por Costas para anular la decisión de la Cotmac de declarar como urbano el suelo de Igueste y que está siendo estudiado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El mamotreto, en la Cámara
El pleno del Parlamento de Canarias que se celebra el próximo martes abordará una pregunta de la diputada regional socialista , Gloria Gutiérrez, a través de la cual quiere que el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Domingo Berriel, ratifique en la Cámara si considera que el edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas, conocido como mamotreto es legalizable. Berriel ha hecho estas manifestaciones en reiteradas ocasiones en los medios de comunicación y ahora el PSOE quiere que lo ratifique también en el Parlamento. La juez que instruye la causa penal conocida como caso mamotreto, Juana María Hernández, emitió este verano un auto a través del cual considera que este edificio "no era autorizable" y avaló que las obras que se realizaron en Las Teresitas no contaron con ningún tipo de permiso.
Berriel ha señalado en múltiples ocasiones que el Gobierno canario trabaja en la línea de conceder la licencia al edificio que ejecutó el Ayuntamiento. Esta es la segunda ocasión en la que el mamotreto es debatido en el Parlamento. En la primera el enfrentamiento entre Berriel y Gutiérrez, -en el que terció el alcalde y diputado, Miguel Zerolo-, resultó muy acalorado por el cruce de graves acusaciones.
Más recursos en la playa
La Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz ha presentado otro nuevo recurso en contra del deslinde de Las Teresitas. En estos momentos ya son cinco las apelaciones que se tramitan en la Audiencia Nacional por este mismo motivo. Los otros han sido interpuestos por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), Amigos de Las Teresitas, un grupo de militantes socialistas y la Gerencia de Urbanismo y el Gobierno de Canarias.
El portavoz de la Plataforma, Cándido Quintana, señaló ayer que en esta nueva demanda cuestionan el estudio geomorfológico elaborado por la Dirección General de Costas para avalar el nuevo deslinde. Quintana arremete especialmente con el hecho de que el organismo estatal dejara fuera de esta línea al edificio de aparcamientos y centro comercial conocido como mamotreto.
Según Quintana estas pruebas se realizaron en un kiosco cercano al edificio y no en sus alrededores. El colectivo no considera razonable que la línea del deslinde salve el inmueble, máxime cuando se trata de una playa llana sin accidentes naturales. También han aportado ante la Audiencia pruebas fotográficas donde se ve que el agua inundaba el campo de fútbol que anteriormente se encontraba en los terrenos que hoy ocupa el mamotreto.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/12/13/costas-llama-200-vecinos-igueste-nuevo-deslinde/319484.html
sábado, 4 de diciembre de 2010
Confían en la negociación para evitar más demoliciones
Los acuerdos alcanzados por los gobiernos central y regional anteayer en Madrid, durante la reunión mantenida por la ministra Rosa Aguilar y el consejero autonómica Domingo Berriel, genera "más tranquilidad y esperanzas" entre los vecinos de Cho Vito, en Candelaria.
"Ayer (por el jueves) salimos del corredor de la muerte y ahora estamos en el de las negociaciones", resumió el portavoz, Tomás González, quien transmitió el sentir de sus convecinos de que el resultado de la reunión mencionada ha sido "un éxito" porque "cualquier actuación en costas tiene que ser consensuada".
González dejó claro que "no hay fecha para demoler Cho Vito y los vecinos podemos estar más tranquilos". El portavoz lo dejó claro: "creo firmemente en que es posible salvar Cho Vito". De hecho, reiteró una idea que este colectivo viene exponiendo desde hace más de un año, la de "apostar por la reconstrucción del poblado marinero".
La próxima visita anunciada del director general de Costas como consecuencia de la reunión celebrada en Madrid les genera confianza porque "podremos transmitirle y él conocer de primera mano la realidad de este lugar".
Objetivo: el alcalde
En este punto, Tomás González centró su crítica en el alcalde, José Gumersindo García, a quien acusó de haber mentido a los vecinos cuando en 2006 les anunció la presencia del entonces director general, visita que no se produjo. Asimismo, le reprochó que no salvara Cho Vito oponiéndose al proyecto del paseo que se pretende construir sobre la zona que ocupa.
"No ha hecho ninguna oferta, nos ha traicionado y tuvo la desfachatez de pedir a Alicia Paz, la responsable de Costas, que no derribara nuestras casas el 20 de septiembre pasado, sino el día 30", señaló el portavoz vecinal antes de pedirle al regente "que defienda como hombre lo que no ha sabido defender como alcalde".
Durante el mes de enero tendrá lugar el encuentro entre la representación vecinal y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Canarias, Domingo Berriel, para abordar la solución al realojo de las nueve familias que aún residen en el poblado.
Cabe recordar que a la situación actual se llega tras un pronunciamiento judicial que ha sido recurrido por los vecinos de Cho Vito.
"Ayer (por el jueves) salimos del corredor de la muerte y ahora estamos en el de las negociaciones", resumió el portavoz, Tomás González, quien transmitió el sentir de sus convecinos de que el resultado de la reunión mencionada ha sido "un éxito" porque "cualquier actuación en costas tiene que ser consensuada".
González dejó claro que "no hay fecha para demoler Cho Vito y los vecinos podemos estar más tranquilos". El portavoz lo dejó claro: "creo firmemente en que es posible salvar Cho Vito". De hecho, reiteró una idea que este colectivo viene exponiendo desde hace más de un año, la de "apostar por la reconstrucción del poblado marinero".
La próxima visita anunciada del director general de Costas como consecuencia de la reunión celebrada en Madrid les genera confianza porque "podremos transmitirle y él conocer de primera mano la realidad de este lugar".
Objetivo: el alcalde
En este punto, Tomás González centró su crítica en el alcalde, José Gumersindo García, a quien acusó de haber mentido a los vecinos cuando en 2006 les anunció la presencia del entonces director general, visita que no se produjo. Asimismo, le reprochó que no salvara Cho Vito oponiéndose al proyecto del paseo que se pretende construir sobre la zona que ocupa.
"No ha hecho ninguna oferta, nos ha traicionado y tuvo la desfachatez de pedir a Alicia Paz, la responsable de Costas, que no derribara nuestras casas el 20 de septiembre pasado, sino el día 30", señaló el portavoz vecinal antes de pedirle al regente "que defienda como hombre lo que no ha sabido defender como alcalde".
Durante el mes de enero tendrá lugar el encuentro entre la representación vecinal y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Canarias, Domingo Berriel, para abordar la solución al realojo de las nueve familias que aún residen en el poblado.
Cabe recordar que a la situación actual se llega tras un pronunciamiento judicial que ha sido recurrido por los vecinos de Cho Vito.
Cho Vito alaba el talante mostrado por Rosa Aguilar
VICENTE PÉREZ
CANDELARIA
Los vecinos de Cho Vito consideran "un alivio" y "un respiro" la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de aplazar, al menos hasta abril de 2011, el derribo de las últimas 9 viviendas del barrio hasta que no se resuelva el realojo de sus inquilinos.
El portavoz de los vecinos, Tomás González, alabó ayer el "talante y sensibilidad" mostrados por la nueva ministra, Rosa Aguilar, en la reunión mantenida ayer en Madrid con el consejero regional de Medio Ambiente, Domingo Berriel, en la que se abordó el problema de este poblado de Candelaria y se acordó tratar "con humanidad" a los afectados. González enfatizó que "en septiembre,cuando nos pusimos en huelga de hambre, no teníamos ya opción a nada, nos iban a tirar nuestro hogar sin tener otro, y ahora nos han dado un respiro, hasta el punto de que el director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, vendrá a Tenerife para conocer nuestro problema". "Queremos que vea con sus propios ojos si hay alguna diferencia entre nuestro deslinde y el de la calle de La Arena o el de Radazul", manifestó el portavoz vecinal, quien opinó que en el expediente de recuperación del domino público de este litoral "ha habido ocultación de datos, premeditación y alevosía, haciendo expropiación forzosa, al tirar primero y luego pagar".
http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/38841/
CANDELARIA
Los vecinos de Cho Vito consideran "un alivio" y "un respiro" la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de aplazar, al menos hasta abril de 2011, el derribo de las últimas 9 viviendas del barrio hasta que no se resuelva el realojo de sus inquilinos.
El portavoz de los vecinos, Tomás González, alabó ayer el "talante y sensibilidad" mostrados por la nueva ministra, Rosa Aguilar, en la reunión mantenida ayer en Madrid con el consejero regional de Medio Ambiente, Domingo Berriel, en la que se abordó el problema de este poblado de Candelaria y se acordó tratar "con humanidad" a los afectados. González enfatizó que "en septiembre,cuando nos pusimos en huelga de hambre, no teníamos ya opción a nada, nos iban a tirar nuestro hogar sin tener otro, y ahora nos han dado un respiro, hasta el punto de que el director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, vendrá a Tenerife para conocer nuestro problema". "Queremos que vea con sus propios ojos si hay alguna diferencia entre nuestro deslinde y el de la calle de La Arena o el de Radazul", manifestó el portavoz vecinal, quien opinó que en el expediente de recuperación del domino público de este litoral "ha habido ocultación de datos, premeditación y alevosía, haciendo expropiación forzosa, al tirar primero y luego pagar".
http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/38841/
viernes, 3 de diciembre de 2010
Aguilar se compromete a buscar una solución para Cho Vito
Berriel encontró a la ministra sensibilizada con el problema
LA OPINIÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Rosa Aguilar, está dispuesta a buscar una solución digna a las nueve familias que quedan en Cho Vito y que tienen que desalojar el poblado marinero, afectado de una orden de demolición de Costas. Esto fue lo que trasladó ayer al consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, quien se entrevistó con ella en Madrid.
El compromiso de Aguilar pasa por enviar a un emisario a Tenerife. El director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, se trasladará a la Isla para buscar una solución "razonable y digna" al problema del desalojo de las nueve familias.
Según el consejero canario, la ministra se mostró "muy receptiva" y "con gran sensibilidad" al problema de estas nueve familias que no tienen otro lugar donde vivir.
En este sentido, el consejero subrayó en declaraciones a ACN Press que "hay que dar una solución social" a dicho problema antes de continuar con la recuperación del dominio público marítimo terrestre en esa zona, al tiempo que llamó a "la colaboración de los vecinos" para encontrar una solución.
Berriel distinguió entre las "invasiones de la costa de personas sin escrúpulos que montan allí su segunda residencia y estos otros casos de personas que no tienen otro sitio donde vivir y que deben ser tratadas con humanidad".
Por otra parte, señaló que la ministra estaba de acuerdo con él en que "hay que mejorar" el actual Convenio de Costas para que la cooperación entre ambas administraciones sea "más intensa" en lo relativo a recuperar el dominio marítimo terrestre y llevar a cabo "actuaciones consensuadas".
Suspensión complicada
Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, José Manuel Bermúdez, afirmó ayer que ve complicado que la Dirección General de Costas suspenda los derribos en el barrio costero de Cho Vito, al verse afectado por la Ley de Costas estatal.
"La Dirección General de Costas no se ha caracterizado en Tenerife y en Canarias por ser sensible a la demandas de las administraciones públicas canarias", lamentó. En opinión de Bermúdez, se debería apostar más por la "reconstrucción", que por la "destrucción", posición, que, según dijo, siempre ha defendido.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/12/03/aguilar-compromete-buscar-solucion-cho-vito/317953.html
LA OPINIÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Rosa Aguilar, está dispuesta a buscar una solución digna a las nueve familias que quedan en Cho Vito y que tienen que desalojar el poblado marinero, afectado de una orden de demolición de Costas. Esto fue lo que trasladó ayer al consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, quien se entrevistó con ella en Madrid.
El compromiso de Aguilar pasa por enviar a un emisario a Tenerife. El director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, se trasladará a la Isla para buscar una solución "razonable y digna" al problema del desalojo de las nueve familias.
Según el consejero canario, la ministra se mostró "muy receptiva" y "con gran sensibilidad" al problema de estas nueve familias que no tienen otro lugar donde vivir.
En este sentido, el consejero subrayó en declaraciones a ACN Press que "hay que dar una solución social" a dicho problema antes de continuar con la recuperación del dominio público marítimo terrestre en esa zona, al tiempo que llamó a "la colaboración de los vecinos" para encontrar una solución.
Berriel distinguió entre las "invasiones de la costa de personas sin escrúpulos que montan allí su segunda residencia y estos otros casos de personas que no tienen otro sitio donde vivir y que deben ser tratadas con humanidad".
Por otra parte, señaló que la ministra estaba de acuerdo con él en que "hay que mejorar" el actual Convenio de Costas para que la cooperación entre ambas administraciones sea "más intensa" en lo relativo a recuperar el dominio marítimo terrestre y llevar a cabo "actuaciones consensuadas".
Suspensión complicada
Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, José Manuel Bermúdez, afirmó ayer que ve complicado que la Dirección General de Costas suspenda los derribos en el barrio costero de Cho Vito, al verse afectado por la Ley de Costas estatal.
"La Dirección General de Costas no se ha caracterizado en Tenerife y en Canarias por ser sensible a la demandas de las administraciones públicas canarias", lamentó. En opinión de Bermúdez, se debería apostar más por la "reconstrucción", que por la "destrucción", posición, que, según dijo, siempre ha defendido.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/12/03/aguilar-compromete-buscar-solucion-cho-vito/317953.html
Cho Vito y el barrrio de El Mudo
GUMERSINDO BIENES (PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA "ACCESO A LOS MUDOS")
A los marineros de Cho Vito, municipio de Candelaria en Tenerife le quieren derribar las casas, y a las del barrio de El Mudo en la Villa de Garafía (La Palma) todavía no le han dado acceso por carretera. Y el actual alcalde de la Villa Mariana del PSOE, renunció ir a Madrid para defender a los habitantes de su pueblo; mientras otras instituciones fueron y lograron aplazar los derribos en Cho Vito. El alcalde no los defendió; arrojó a la marea el escudo de seis vecinos de Cho Vito con la inscripción, "9 días en huelga de hambre pidiendo justicia", forjada con sudor y lágrimas. Dejando los menesteres de responsabilidad municipal a otras instituciones, dando por perdida la guerra dialéctica antes de comenzar la batalla en el campo madrileño. No es agradable enterarse que quieren derribar seis viviendas con escritura pública por invadir la zona marítima terrestre desde el punto de vista comparativo, pues son miles de casas las que hay en Canarias, desde la isla de La Palma hasta Pedro Barbas en la Graciosa y muchas miles en España que, no cumplen la Ley de Costas de 1980 por invadir la zona de uso libre del pueblo. Es injusto tirar las casas de Cho Vito, ya que por muchos no deben de pagar pocos. Tampoco agrada la desidia del alcalde del PSOE de la Villa de Garafía, referente a las pista del barrio de El Mudo. Y menos agrada la última actuación en la pista del barrio de El Mudo hecha por el Excmo. Cabildo Insular de la Palma, regido por CC. Obra chapucera y despilfarradora del erario público, en donde las primeras lluvias la dejaron peor de lo que estaba. Además, "equivocó la pista general por una pista particular", es decir, que arregló una pista particular y dejó de acondicionar la general. Y nos preguntamos ¿Para que pusieron los responsables políticos en el barrio de El Mudo luz eléctrica, agua potable y cables de teléfono? Sí no arreglan en condiciones el acceso por carretera. Los responsables políticos de derribar viviendas en Cho Vito (con escritura pública) y de dar acceso rodado a los "mudos" están cometiendo una injusticia en sí misma, agravada comparativamente, que es la mayor de las injusticias que se pueden cometer, pues hay miles de casas que incumplen la Ley de Costas en Canarias, y todos los barrios tienen acceso por carretera en el Archipiélago Canario, excepto el de los "mudos". Ahora tocó a las viviendas de Cho Vito amenazarlas con derribos y a las del barrio de El Mudo no darles acceso por carretera. Más tarde, quizás le toque a su vivienda escriturada, una de estas dos desdichas. Sí no les paramos las patas. Y así, con alcaldes amilanados y flojos del PSOE; añadiendo que, en la isla de La palma, el Cabildo palmero regido por CC equivocó una pista particular por una general. No es de extrañar que el paro, la incultura y la falta de pan sean compañeros inseparables de los canarios. Recientemente el Parlamento de Canarias con los votos a favor del PP y CC sacó adelante el compromiso de interceder al Gobierno de España por las casas de Cho Vito. Ahora de los problemas reseñados. Les falta recordar a los responsables de carreteras del Gobierno de Canarias: acondicionen los tres puntos negros (menos de 300 metros) en la pista del barrio de El Mudo para hacerla transitable.
PD: Mientras el pueblo crea que ZP es el único culpable de derribar casas y de no darle acceso por carretera al barrio de El Mudo. Seguirán tumbando casas y los "mudos" caminando para llegar a sus casas.
A los marineros de Cho Vito, municipio de Candelaria en Tenerife le quieren derribar las casas, y a las del barrio de El Mudo en la Villa de Garafía (La Palma) todavía no le han dado acceso por carretera. Y el actual alcalde de la Villa Mariana del PSOE, renunció ir a Madrid para defender a los habitantes de su pueblo; mientras otras instituciones fueron y lograron aplazar los derribos en Cho Vito. El alcalde no los defendió; arrojó a la marea el escudo de seis vecinos de Cho Vito con la inscripción, "9 días en huelga de hambre pidiendo justicia", forjada con sudor y lágrimas. Dejando los menesteres de responsabilidad municipal a otras instituciones, dando por perdida la guerra dialéctica antes de comenzar la batalla en el campo madrileño. No es agradable enterarse que quieren derribar seis viviendas con escritura pública por invadir la zona marítima terrestre desde el punto de vista comparativo, pues son miles de casas las que hay en Canarias, desde la isla de La Palma hasta Pedro Barbas en la Graciosa y muchas miles en España que, no cumplen la Ley de Costas de 1980 por invadir la zona de uso libre del pueblo. Es injusto tirar las casas de Cho Vito, ya que por muchos no deben de pagar pocos. Tampoco agrada la desidia del alcalde del PSOE de la Villa de Garafía, referente a las pista del barrio de El Mudo. Y menos agrada la última actuación en la pista del barrio de El Mudo hecha por el Excmo. Cabildo Insular de la Palma, regido por CC. Obra chapucera y despilfarradora del erario público, en donde las primeras lluvias la dejaron peor de lo que estaba. Además, "equivocó la pista general por una pista particular", es decir, que arregló una pista particular y dejó de acondicionar la general. Y nos preguntamos ¿Para que pusieron los responsables políticos en el barrio de El Mudo luz eléctrica, agua potable y cables de teléfono? Sí no arreglan en condiciones el acceso por carretera. Los responsables políticos de derribar viviendas en Cho Vito (con escritura pública) y de dar acceso rodado a los "mudos" están cometiendo una injusticia en sí misma, agravada comparativamente, que es la mayor de las injusticias que se pueden cometer, pues hay miles de casas que incumplen la Ley de Costas en Canarias, y todos los barrios tienen acceso por carretera en el Archipiélago Canario, excepto el de los "mudos". Ahora tocó a las viviendas de Cho Vito amenazarlas con derribos y a las del barrio de El Mudo no darles acceso por carretera. Más tarde, quizás le toque a su vivienda escriturada, una de estas dos desdichas. Sí no les paramos las patas. Y así, con alcaldes amilanados y flojos del PSOE; añadiendo que, en la isla de La palma, el Cabildo palmero regido por CC equivocó una pista particular por una general. No es de extrañar que el paro, la incultura y la falta de pan sean compañeros inseparables de los canarios. Recientemente el Parlamento de Canarias con los votos a favor del PP y CC sacó adelante el compromiso de interceder al Gobierno de España por las casas de Cho Vito. Ahora de los problemas reseñados. Les falta recordar a los responsables de carreteras del Gobierno de Canarias: acondicionen los tres puntos negros (menos de 300 metros) en la pista del barrio de El Mudo para hacerla transitable.
PD: Mientras el pueblo crea que ZP es el único culpable de derribar casas y de no darle acceso por carretera al barrio de El Mudo. Seguirán tumbando casas y los "mudos" caminando para llegar a sus casas.
jueves, 2 de diciembre de 2010
El director general de Costas visitará Tenerife para estudiar el deslinde de Cho Vito
El consejero canario ha pedido a la ministra la "agilización" de las ayudas al sector primario canario
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El consejero de Agricultura, ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Canarias, Domingo Berriel, ha anunciado este jueves, tras reunirse en Madrid con la ministra de Agricultura, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que el director general de Costas "visitará Canarias para ver cómo se resuelve el problema" del desalojo de las nueve familias que aún ocupan el deslinde del tramo del litoral que abarca el núcleo de Cho Vito, en Caletillas (Tenerife).
Berriel ha apuntado que tanto el Ministerio como el Gobierno canario pretenden "resolver ese problema de forma diligente, rápida y coordinada", y ha insistido en el talante negociador y comprensivo mostrado por la ministra respecto a este asunto. No obstante, ha puntualizado que no se han establecido "unos plazos de tiempo concretos" para resolver la problemática "social" que comporta dicho deslinde.
"Se va a actuar con celeridad porque la recuperación del dominio público marítimo-terrestre exige que seamos diligentes, pero al mismo tiempo no vamos a causarle un perjuicio irreparable a los vecinos del Cho Vito", ha valorado el consejero, quien ha destacado el hecho de que éstas son "las únicas viviendas" de que disponen estas familias.
En este sentido, Berriel ha apuntado la necesidad de distinguir una ocupación "no ilegítima, sino necesaria" de la costa Canaria de otras que "son ilegales y abusivas, y que son de personas que no tienen muchos escrúpulos en ponerse de cualquier manera en la costa". "El tratamiento nunca puede ser el mismo", ha opinado.
Así, ha afirmado que "merecen una atención especial de la Administración y no la aplicación cartesiana y mimética de la ley, porque la Administración pública debe ser consciente del problema social que tiene el desalojar a esos vecinos de allí sin más" "Es algo que hay que hacer con la humanidad adecuada", ha dicho.
Dicho esto, el consejero ha asegurado que espera contar "con la colaboración de los vecinos", que el pasado septiembre emprendieron una huelga de hambre interrumpida por el acuerdo de las diferentes administraciones para suspender los derribos en la zona, "entendiendo que el litoral hay que conservarlo" y que es necesario "despejarlo lo más posible y ponerlo en valor".
En otro sentido, respecto a las relaciones del convenio de Costas, el consejero canario ha subrayado que la ministra se ha comprometido a "mejorarlas y perfeccionarlas", a través de una ampliación de los mismas, con el objetivo de "tener una mayor cooperación administrativa, sobre todo de la canaria con el propio Ministerio, de forma que todas las actuaciones de sostenibilidad y de recuperación del litoral, "se hagan de forma coordinada y acordada".
Europa press
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El consejero de Agricultura, ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Canarias, Domingo Berriel, ha anunciado este jueves, tras reunirse en Madrid con la ministra de Agricultura, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que el director general de Costas "visitará Canarias para ver cómo se resuelve el problema" del desalojo de las nueve familias que aún ocupan el deslinde del tramo del litoral que abarca el núcleo de Cho Vito, en Caletillas (Tenerife).
Berriel ha apuntado que tanto el Ministerio como el Gobierno canario pretenden "resolver ese problema de forma diligente, rápida y coordinada", y ha insistido en el talante negociador y comprensivo mostrado por la ministra respecto a este asunto. No obstante, ha puntualizado que no se han establecido "unos plazos de tiempo concretos" para resolver la problemática "social" que comporta dicho deslinde.
"Se va a actuar con celeridad porque la recuperación del dominio público marítimo-terrestre exige que seamos diligentes, pero al mismo tiempo no vamos a causarle un perjuicio irreparable a los vecinos del Cho Vito", ha valorado el consejero, quien ha destacado el hecho de que éstas son "las únicas viviendas" de que disponen estas familias.
En este sentido, Berriel ha apuntado la necesidad de distinguir una ocupación "no ilegítima, sino necesaria" de la costa Canaria de otras que "son ilegales y abusivas, y que son de personas que no tienen muchos escrúpulos en ponerse de cualquier manera en la costa". "El tratamiento nunca puede ser el mismo", ha opinado.
Así, ha afirmado que "merecen una atención especial de la Administración y no la aplicación cartesiana y mimética de la ley, porque la Administración pública debe ser consciente del problema social que tiene el desalojar a esos vecinos de allí sin más" "Es algo que hay que hacer con la humanidad adecuada", ha dicho.
Dicho esto, el consejero ha asegurado que espera contar "con la colaboración de los vecinos", que el pasado septiembre emprendieron una huelga de hambre interrumpida por el acuerdo de las diferentes administraciones para suspender los derribos en la zona, "entendiendo que el litoral hay que conservarlo" y que es necesario "despejarlo lo más posible y ponerlo en valor".
En otro sentido, respecto a las relaciones del convenio de Costas, el consejero canario ha subrayado que la ministra se ha comprometido a "mejorarlas y perfeccionarlas", a través de una ampliación de los mismas, con el objetivo de "tener una mayor cooperación administrativa, sobre todo de la canaria con el propio Ministerio, de forma que todas las actuaciones de sostenibilidad y de recuperación del litoral, "se hagan de forma coordinada y acordada".
Europa press
miércoles, 1 de diciembre de 2010
Berriel se reúne en Madrid para evitar el derribo de Cho Vito
Los vecinos del barrio candelariero resistirán hasta el final dentro de sus viviendas
SANTA CRUZ DE TENERIFE Interceder por la conservación de las viviendas que quedan en el poblado marinero de Cho Vito es el objetivo de la reunión que el consejero de Medioambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, sostendrá mañana con la ministra de Medioambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.
El debate sobre el estado en que la actual Ley de Costas sitúa al núcleo de Candelaria vuelve a la actualidad al acabarse el plazo para el desalojo de los vecinos y posterior demolición de las viviendas. Por su parte, los afectados se mantienen a la espera de la reunión de Berriel con Aguilar que determinará su futuro. En el caso de que la orden de derribo siga adelante, volverán a la lucha.
"No descartamos encerrarnos en las Administraciones para luchar por lo nuestro", comentó ayer el representante de los vecinos de Cho Vito, Tomás González. "Nosotros vamos a seguir en nuestras casas y no tenemos ninguna intención de abandonarlas", aseguró. Añadió que es cierto que "estamos expectantes porque sabemos que en cualquier momento pueden llegar para derribar nuestras viviendas, pero pondremos toda la resistencia que podamos".
Los vecinos no han recibido ningún tipo de notificación pero "esperamos que no se repitan las imágenes del siete de octubre del 2008", fecha en la que se derribaron el resto de las casas y los vecinos tildaron esa situación de "muy difícil para nosotros y por eso mismo esperamos que antes de llegar a ese extremo se encuentren soluciones en la que todos estemos incluidos", aseguró el representante.
En Cho Vito también están a expensas de la resolución que tome el Congreso sobre la moción que presentó el senador de Coalición Canaria, Alfredo Belda, con el apoyo del Partido Popular y Convergència u Unió, para modificar la Ley de Costas 7/2009.
Los vecinos critican la postura del Ayuntamiento sobre su problema y, además, el representante de los vecinos se aventuró a asegurar que "es el propios Consistorio quien está dando el empuje para que desaparezca Cho Vito".
Por otro lado no entienden como a ellos sí se les va a desahuciar cuando sus casas se construyeron en la década de los 60 y los 70 y que por contra las instituciones estén luchando para que no se derribe el hotel Papagayo Arena que se edificó en 1998, después de la aprobación de la Ley de Costas. "Si derriban estas casas nosotros nos quedamos en la calle pero prefieren que se mantenga en pie un hotel que tiene sentencia judicial firme de que está levantado de forma ilegal", explicó González.
"En este tiempo de crisis, los políticos se tendrían que ocupar de otros problemas, sobre todo de emergencia social, en vez de gastar el dinero en el derribo del hogar de 35 personas", concluyó el representante.
SANTA CRUZ DE TENERIFE Interceder por la conservación de las viviendas que quedan en el poblado marinero de Cho Vito es el objetivo de la reunión que el consejero de Medioambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, sostendrá mañana con la ministra de Medioambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.
El debate sobre el estado en que la actual Ley de Costas sitúa al núcleo de Candelaria vuelve a la actualidad al acabarse el plazo para el desalojo de los vecinos y posterior demolición de las viviendas. Por su parte, los afectados se mantienen a la espera de la reunión de Berriel con Aguilar que determinará su futuro. En el caso de que la orden de derribo siga adelante, volverán a la lucha.
"No descartamos encerrarnos en las Administraciones para luchar por lo nuestro", comentó ayer el representante de los vecinos de Cho Vito, Tomás González. "Nosotros vamos a seguir en nuestras casas y no tenemos ninguna intención de abandonarlas", aseguró. Añadió que es cierto que "estamos expectantes porque sabemos que en cualquier momento pueden llegar para derribar nuestras viviendas, pero pondremos toda la resistencia que podamos".
Los vecinos no han recibido ningún tipo de notificación pero "esperamos que no se repitan las imágenes del siete de octubre del 2008", fecha en la que se derribaron el resto de las casas y los vecinos tildaron esa situación de "muy difícil para nosotros y por eso mismo esperamos que antes de llegar a ese extremo se encuentren soluciones en la que todos estemos incluidos", aseguró el representante.
En Cho Vito también están a expensas de la resolución que tome el Congreso sobre la moción que presentó el senador de Coalición Canaria, Alfredo Belda, con el apoyo del Partido Popular y Convergència u Unió, para modificar la Ley de Costas 7/2009.
Los vecinos critican la postura del Ayuntamiento sobre su problema y, además, el representante de los vecinos se aventuró a asegurar que "es el propios Consistorio quien está dando el empuje para que desaparezca Cho Vito".
Por otro lado no entienden como a ellos sí se les va a desahuciar cuando sus casas se construyeron en la década de los 60 y los 70 y que por contra las instituciones estén luchando para que no se derribe el hotel Papagayo Arena que se edificó en 1998, después de la aprobación de la Ley de Costas. "Si derriban estas casas nosotros nos quedamos en la calle pero prefieren que se mantenga en pie un hotel que tiene sentencia judicial firme de que está levantado de forma ilegal", explicó González.
"En este tiempo de crisis, los políticos se tendrían que ocupar de otros problemas, sobre todo de emergencia social, en vez de gastar el dinero en el derribo del hogar de 35 personas", concluyó el representante.
martes, 30 de noviembre de 2010
Los vecinos no desalojarán Cho Vito a pesar de que hoy concluye el plazo
Aseguran que no tienen a dónde ir y dicen estar preparados para cualquier acción de fuerza. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar ha pedido al Juzgado de lo Social que amplíe el plazo para ejecutar la sentencia que les permita ocupar las siete casas del poblado hasta el próximo 30 de abril de 2011.
30/nov/10 07:51
J.A. MEDINA, Candelaria
En cumplimiento del acuerdo alcanzado por las administraciones públicas (excepto el Ayuntamiento de Candelaria) en la reunión que celebraron el 10 de septiembre pasado, hoy expira el plazo dado a la treintena de vecinos que aún residen en Cho Vito para que desalojen las siete viviendas que habitan. Sin embargo, los afectado permanecen en las casas y anuncian que no las abandonarán "porque no tenemos a donde ir".
El 24 de junio fue cuando el Juzgado de lo Contenioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife emitió un auto en el que autorizó el derribo de las edificaciones situadas en zona de dominio público marítimo y terrestre del poblado candelariero en horario diurno y durante los seis meses siguientes. A principios del mes de agosto, los afectados recibieron la comunicación por la que Costas señaló el 20 de septiembre como fecha para que las viviendas estuvieran vacías.
Entre el 1 y el 11 de septiembre fue cuando seis vecinos de Cho Vito protagonizaron una huelga de hambre en la plaza de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife como medida de protesta y rechazo al desalojo y derrumbe de sus casas. A raíz de esa situación, representantes del Gobierno central y del Ejecutivo regional, así como del Cabildo, mantuvieron la reunión en la que se prorrogó el desalojo hasta hoy. En ese encuentro se habló de promover la máxima colaboración entre las administraciones para realojar a los afectados.
Como su portavoz, Tomás González explicó ayer que han mantenido contactos con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para que se cumpla ese aspecto del acuerdo, afirmando que ambas administraciones han mediado ante Costas para propiciar la reubicación de las familias.
"Sin embargo, el ayuntamiento ni está ni se le espera", apuntó González, quien también explicó que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, ha planteado al Juzgado de lo Social una prórroga en la ejecución de la sentencia que autorizó la demolición de las casas. El periodo para la materialización de la misma expirará el 24 de diciembre.
"Ante la imposibilidad de poder aplicar la sentencia, han solicitado al juzgado que se les amplíe el plazo hasta el 30 de abril de 2011, pero no sabemos qué pasará".
De momento, los vecinos "estamos expectantes, alertados y dispuestos a luchar. Es cierto que no vemos movimiento sospechoso alguno, contrariamente a lo sucedido cuando vinieron a realizar los primeros derrumbes el 7 de octubre de 2008". Tomás González hace un llamamiento a la solidaridad, pero es consciente de que la situación se puede complicar "en cualquier momento".
http://www.eldia.es/2010-11-30/sur/sur3.htm
30/nov/10 07:51
J.A. MEDINA, Candelaria
En cumplimiento del acuerdo alcanzado por las administraciones públicas (excepto el Ayuntamiento de Candelaria) en la reunión que celebraron el 10 de septiembre pasado, hoy expira el plazo dado a la treintena de vecinos que aún residen en Cho Vito para que desalojen las siete viviendas que habitan. Sin embargo, los afectado permanecen en las casas y anuncian que no las abandonarán "porque no tenemos a donde ir".
El 24 de junio fue cuando el Juzgado de lo Contenioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife emitió un auto en el que autorizó el derribo de las edificaciones situadas en zona de dominio público marítimo y terrestre del poblado candelariero en horario diurno y durante los seis meses siguientes. A principios del mes de agosto, los afectados recibieron la comunicación por la que Costas señaló el 20 de septiembre como fecha para que las viviendas estuvieran vacías.
Entre el 1 y el 11 de septiembre fue cuando seis vecinos de Cho Vito protagonizaron una huelga de hambre en la plaza de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife como medida de protesta y rechazo al desalojo y derrumbe de sus casas. A raíz de esa situación, representantes del Gobierno central y del Ejecutivo regional, así como del Cabildo, mantuvieron la reunión en la que se prorrogó el desalojo hasta hoy. En ese encuentro se habló de promover la máxima colaboración entre las administraciones para realojar a los afectados.
Como su portavoz, Tomás González explicó ayer que han mantenido contactos con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para que se cumpla ese aspecto del acuerdo, afirmando que ambas administraciones han mediado ante Costas para propiciar la reubicación de las familias.
"Sin embargo, el ayuntamiento ni está ni se le espera", apuntó González, quien también explicó que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, ha planteado al Juzgado de lo Social una prórroga en la ejecución de la sentencia que autorizó la demolición de las casas. El periodo para la materialización de la misma expirará el 24 de diciembre.
"Ante la imposibilidad de poder aplicar la sentencia, han solicitado al juzgado que se les amplíe el plazo hasta el 30 de abril de 2011, pero no sabemos qué pasará".
De momento, los vecinos "estamos expectantes, alertados y dispuestos a luchar. Es cierto que no vemos movimiento sospechoso alguno, contrariamente a lo sucedido cuando vinieron a realizar los primeros derrumbes el 7 de octubre de 2008". Tomás González hace un llamamiento a la solidaridad, pero es consciente de que la situación se puede complicar "en cualquier momento".
http://www.eldia.es/2010-11-30/sur/sur3.htm
domingo, 28 de noviembre de 2010
Gabriela Mayans presenta su novela sobre el deslinde
La presidenta de la Plataforma de afectados por el deslinde de Costas ha escrito ´El mar en un pozo´
FORMENTERA C. C. Gabriela Mayans es una persona inquieta que en los últimos años ha centrado muchos de sus esfuerzos en defender las propiedades de los afectados de Formentera por el polémico deslinde de Costas. Asegura que la idea de ponerse a escribir su primera novela, ´El mar en un pozo´, nace de «la frustración» que siente como afectada por la falta de soluciones concretas al deslinde, «que sigue parado, aunque parece que está en periodo de revisión», aseguró.
El libro, editado por Incipit, fue presentado ayer en la sala de actos de Cultura por la periodista Marta Vázquez y por la propia autora. Gabriela Mayans se ha inspirado en su experiencia personal y en las historias que en los últimos años ha ido recogiendo por parte de los afectados. Para evitar referencias concretas a Formentera, dice que buscó un caso parecido en la isla de Lanzarote, en Canarias, donde sitúa la narración.El escenario es verídico ya que ha recogido de qué forma se están llevando a cabo los deslindes allí.
La novela pretende acercar al lector a la realidad y a la situación de «desprotección» en la que se encuentran más de 200.000 familias en España afectadas por la Ley de Costas, mientras aparecen por el litoral numerosos casos de abusos urbanísticos, a través de la historia de una familia de la isla canaria. Mayans reconoce que no ha podido evitar trasladar al papel su experiencia personal y la de personas allegadas, reproduciendo conversaciones y situaciones vividas en primera persona. La historia que propone no es dramática e intenta llegar a todo el mundo.
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2010/11/27/gabriela-mayans-presenta-novela-deslinde/448206.html
FORMENTERA C. C. Gabriela Mayans es una persona inquieta que en los últimos años ha centrado muchos de sus esfuerzos en defender las propiedades de los afectados de Formentera por el polémico deslinde de Costas. Asegura que la idea de ponerse a escribir su primera novela, ´El mar en un pozo´, nace de «la frustración» que siente como afectada por la falta de soluciones concretas al deslinde, «que sigue parado, aunque parece que está en periodo de revisión», aseguró.
El libro, editado por Incipit, fue presentado ayer en la sala de actos de Cultura por la periodista Marta Vázquez y por la propia autora. Gabriela Mayans se ha inspirado en su experiencia personal y en las historias que en los últimos años ha ido recogiendo por parte de los afectados. Para evitar referencias concretas a Formentera, dice que buscó un caso parecido en la isla de Lanzarote, en Canarias, donde sitúa la narración.El escenario es verídico ya que ha recogido de qué forma se están llevando a cabo los deslindes allí.
La novela pretende acercar al lector a la realidad y a la situación de «desprotección» en la que se encuentran más de 200.000 familias en España afectadas por la Ley de Costas, mientras aparecen por el litoral numerosos casos de abusos urbanísticos, a través de la historia de una familia de la isla canaria. Mayans reconoce que no ha podido evitar trasladar al papel su experiencia personal y la de personas allegadas, reproduciendo conversaciones y situaciones vividas en primera persona. La historia que propone no es dramática e intenta llegar a todo el mundo.
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2010/11/27/gabriela-mayans-presenta-novela-deslinde/448206.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)