Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
jueves, 20 de enero de 2011
La leonina Ley de Costas
Una ley restrictiva e ilegalmente retroactiva que actúa sobre nuestro dominio marítimo-terrestre y que restringe, drásticamente, parte esencial de nuestro hábitat natural, lo que va en menoscabo de nuestro desarrollo y, por tanto, de nuestros intereses generales.
En lo que respecta a nuestro Archipiélago, estaríamos hablando del contorno costero de cada isla, desde donde, y una vez trazadas las líneas de base rectas, para obviar las concavidades de la costa, se mide la anchura del Mar Territorial de doce millas que, de momento, son de soberanía política española, y que será materia legislativa de primer orden en la legislación marítima del futuro Estado Archipelágico Canario.
Con respecto a España, se trata, en efecto, de la franja litoral que le corresponde según su situación en la Península Ibérica, de una anchura de unos 5 km, lo que significa el 7% del territorio español (¡donde, sin duda, estará incluida Canarias!). Y como España siempre va a remolque de los acontecimientos, siendo desbordada, tuvo que instituir la Ley 22/1988, de 28 de julio, sobre Costas, que diera respuesta a los retos poblacional y de desarrollo turístico de su litoral; dado que la anterior Ley de Costas de 26 de abril de 1969, que quedaba derogada, se redujo, en la práctica, a un esfuerzo codificador de carácter competencial de asignación de las atribuciones de los diversos departamentos y entidades llamados a actuar sobre el dominio público marítimo.
La vigente Ley de Costas española, de 28 de julio de 1988 (extrapolada a la colonia), "regula la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre de España" y consta de 93 Artículos encuadrados en VI Títulos, nueve Disposiciones Transitorias, nueve Disposiciones Adicionales, tres Disposiciones Derogatorias y tres Anexos. En su exposición de motivos se justifica la ley "en la progresiva destrucción y privatización del litoral español, que amenaza extenderse a toda su longitud, y la necesidad de establecer una solución clara e inequívoca, acorde con la naturaleza de los bienes, y que, con una perspectiva de futuro tenga como objetivo la defensa de su equilibrio y su progreso físico, la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, la garantía de uso y disfrute abierto a todos, con excepciones plenamente justificadas por el interés colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio, y con la adopción de las adecuadas medidas de restauración".
La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre persigue los siguientes fines: determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias. Garantizar el dominio público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas. Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico. Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar.
Como aspectos más destacados de la citada Ley de Costas, señalemos que la "Servidumbre de protección", recogida en el artículo 23, recae sobre una zona de cien metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. La "Servidumbre de tránsito" recae sobre una franja de seis metros, medidos igualmente tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar; zona que deberá quedar permanentemente expedita para el tránsito peatonal y rodado. La "Servidumbre de acceso al mar" será pública y gratuita y recaerá sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo terrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso.
Era lógico, pues, que esta ley produjera una gran controversia en su aplicación, no solo por los intereses económicos en juego, sino también por supuestos "derechos adquiridos", y en este sentido, se constituyó la llamada Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (PNLAC) y la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) como mecanismos de defensa ante las numerosas paralizaciones de urbanizaciones costeras (que presuntamente infringían la normativa) y numerosos derribos y desalojos de poblados marineros (como el tristemente famoso poblado de Cho Vito y otros, en Canarias). ¿Cuántos desmanes e ilegalidades no se habrán cometido en nuestro Archipiélago bajo el "paraguas" de esa ley?
Una clara muestra de la aplicación arbitraria y retroactiva de la Ley de Costas española es, por ejemplo, la confiscación por el Estado español del Molino de Mareas Portu Errota, un edificio centenario construido y habitado desde 1683 y declarado "ilegal" por la Ley de Costas de 1988. En este caso se ha aplicado una retroactividad de cinco siglos, ¡¡cuando la retroactividad de las leyes está expresamente prohibida por el Artículo 9 de la Constitución española!!
Pero el ejemplo más paradigmático de aplicación colonial de la legislación española en esta materia lo tenemos, concretamente, en la sentencia producida por el recurso de casación Nº 1341/2004, de 16 de junio de 2008, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo español, como consecuencia de un pleito entre Telefónica y el Estado español, a propósito del tendido de un cable submarino de comunicaciones entre Gran Canaria y Tenerife, que afectaba al dominio público marítimo-terrestre y que transcurría, una vez rebasadas las doce millas de Mar Territorial de "soberanía política" española, por los fondos marinos de Canarias. ¡Que no por la Plataforma Continental española!, reitero, que solo corresponde al territorio continental español de la Península Ibérica y cuyas columnas de aguas suprayacentes son parte integrante de esas "aguas internacionales", con libertad de navegación, que conforman, a su vez, las doscientas millas de la Zona Económica Exclusiva de Marruecos, desde el año 1981, sin que España pueda hacer nada al respecto.
En los Fundamentos de Derecho de dicha Sentencia, el Alto Tribunal español se aventuró, mar adentro, por "aguas turbulentas", pretendiendo sentar jurisprudencia en materia de Derecho Internacional Marítimo, ¡para lo que no es competente en absoluto!
Lo que pudo derivar en una ¡sentencia nula de pleno derecho! Pero allá Telefónica y sus servicios jurídicos si no la recurrieron (que yo sepa). A fin de cuentas, esos son "asuntos internos españoles"; si bien, y eso es lo grave, España sigue contando con que en esta colonia también dispone de Plataforma Continental y Zona Económica Exclusiva, ¡¡como si Canarias formara parte integrante de su territorio!! ¡¡Increíble!!
rmorenocastilla@hotmail.com
http://www.eldia.es/2011-01-20/CRITERIOS/11-leonina-Ley-Costas.htm
miércoles, 19 de enero de 2011
NO HA CAMBIADO NADA.
Pues bien, parece que en estos tiempos que corren, donde ya estamos acostumbrados a nuestro status social y político, parece que aún perduran las viejas tendencias y métodos del pasado régimen político, que, llevados a cabo por los que ahora defienden un falso progresismo, por los que ejercen un poder feudal, los nuevos condes, duques y señores, que mantienen la represión y la persecución de los ciudadanos.
Lo sucedido el pasado sábado en Candelaria, en la inauguración de la playa, o accesos a la playa, o lo que sea, me hizo recordar, a aquellas inauguraciones de pantanos y de grandes obras de las que nos informaba el Nodo. Lo ocurrido, me hace pensar, en el miedo y el temor, que relatan muchos de nuestros mayores, de nuestros abuelos, cuando eran perseguidos, sin motivo por el nefasto régimen político que padecieron.
Los vecinos de Cho Vito, que fueron invitados al acto, mediante una comunicación de la Delegada del gobierno en Canarias, Carolina Darías, por medio de el Subdelegado del gobierno, José Antonio Batista, y por el Ayuntamiento de Candelaria, por medio de Francisco Pinto, asistieron al acto, y fueron literalmente rodeados por los cuerpos de seguridad del Estado que se encontraban presentes. Fueron invitados a identificarse, y allí donde fueran, lo hacían acompañados de elevado número de agentes de paisano y de uniforme.
Primero quiero manifestar, el máximo respeto a los cuerpos de seguridad el Estado, que van donde se les ordena, y hacen lo que se les pide, pero creo que tres vecinos del popular barrio marinero, y una persona de Valleseco, que les acompañaban, no significan un grave peligro para la seguridad el acto, ni para los asistentes. Creo que fue desmedida la persecución que sufrieron, al ser ellos, los únicos que fueron requeridos a identificarse, y ser rodeados por los agentes. Y digo esto, pues, que yo sepa, ninguno, tiene orden de detención, ni u n historial delictivo, que indicará su peligrosidad. Es más, creo, que entre las autoridades presentes, existen, sentencias y condenas, y están casi permanentemente entrado y saliendo de los juzgados.
Y lo curioso del asunto, es que la inauguración de este trozo de la costa de Candelaria, era un claro acto electoral, donde estaba toda la cúpula local del partido que gobierna o desgobierna en este país, sin la presencia del Cabildo de Tenerife, ni del Gobierno de Canarias.
Sólo les falto los reporteros del NODO….
Autoridad portuaria incumplidora
Lo que no acabo de entender, conforme detalla la información del periódico, es por qué el señor Ríos se ha reunido en Santa Cruz con los candidatos a la Alcaldía de la capital por el Partido Socialista, Julio Pérez Hernández, y al Cabildo Insular de Tenerife, Aurelio Abreu, que ocuparán cargos a elegir en próximos comicios, en lugar de hacerlo con los ahora titulares de esos cargos. Me figuro que si lo hizo para asesorarse. El competente Julio Pérez, que fue presidente de la Junta del Puerto y realizó en el puesto una muy satisfactoria labor, pudo informarle detalladamente del caso, pero no tengo noticias de que el señor Abreu esté en el mismo caso, así como la diputada y concejal del ayuntamiento doña Gloria Rivero y los ediles don Florentino Plasencia y don Ramiro Cuende, aunque este podría informarle de obras, como arquitecto que es de profesión.
Pero comprendiendo que los contactos no fueron realmente profesionales sino amistosos, estoy seguro de que el señor Ríos se asesoró perfectamente y lo que quedó bien claro, como ya lo he dicho en comentario anterior referido al momento actual de auténtica decadencia del puerto de Santa Cruz, tema en el que también ha incidido el concejal del ayuntamiento don Ignacio González Santiago, la culpa la ataño principalmente a la persona que ocupa la Presidencia de la Autoridad Portuaria, militando, en el mismo Partido Socialista que manda en el Gobierno central, personas tan competentes como el citado Julio Pérez, Pedro Anatael Meneses y, hasta, si me apuran, porque es un auténtico todoterreno, José Segura, todos los cuales podrían desempeñar el mismo cargo como lo hicieron los dos primeros, con verdadero acierto y perfecto conocimiento del oficio.
http://www.eldia.es/2011-01-19/CRITERIOS/12-Autoridad-portuaria-incumplidora.htm
Autoridad portuaria incumplidora
Lo que no acabo de entender, conforme detalla la información del periódico, es por qué el señor Ríos se ha reunido en Santa Cruz con los candidatos a la Alcaldía de la capital por el Partido Socialista, Julio Pérez Hernández, y al Cabildo Insular de Tenerife, Aurelio Abreu, que ocuparán cargos a elegir en próximos comicios, en lugar de hacerlo con los ahora titulares de esos cargos. Me figuro que si lo hizo para asesorarse. El competente Julio Pérez, que fue presidente de la Junta del Puerto y realizó en el puesto una muy satisfactoria labor, pudo informarle detalladamente del caso, pero no tengo noticias de que el señor Abreu esté en el mismo caso, así como la diputada y concejal del ayuntamiento doña Gloria Rivero y los ediles don Florentino Plasencia y don Ramiro Cuende, aunque este podría informarle de obras, como arquitecto que es de profesión.
Pero comprendiendo que los contactos no fueron realmente profesionales sino amistosos, estoy seguro de que el señor Ríos se asesoró perfectamente y lo que quedó bien claro, como ya lo he dicho en comentario anterior referido al momento actual de auténtica decadencia del puerto de Santa Cruz, tema en el que también ha incidido el concejal del ayuntamiento don Ignacio González Santiago, la culpa la ataño principalmente a la persona que ocupa la Presidencia de la Autoridad Portuaria, militando, en el mismo Partido Socialista que manda en el Gobierno central, personas tan competentes como el citado Julio Pérez, Pedro Anatael Meneses y, hasta, si me apuran, porque es un auténtico todoterreno, José Segura, todos los cuales podrían desempeñar el mismo cargo como lo hicieron los dos primeros, con verdadero acierto y perfecto conocimiento del oficio.
http://www.eldia.es/2011-01-19/CRITERIOS/12-Autoridad-portuaria-incumplidora.htm
domingo, 16 de enero de 2011
EL PAIS DONDE UN CENTIMETRO NO ES LO MISMO PARA TODOS
También, cada vez con más frecuencia, conozco casos en que personas ajenas a esos pueblos adquieren viviendas para su teórica rehabilitación y, haciendo de su capa un sayo, modifican alturas y volúmenes o alteran fachadas, sin cortapisa alguna. En estas situaciones, los responsables de Urbanismo, Patrimonio o Costas no suelen tener problemas en facilitar todo tipo de licencias sin que uno sepa, aunque lo intuya, cuál es la diferencia con la población local. Resumiendo, hemos pasado del «ti vai facendo» al «a ti sí, a ti no».
Les puedo contar casos como el de María, que no puede construir en la aldea junto a sus padres porque Patrimonio es muy estricto en los alrededores del Camino de Santiago, salvo con los parques eólicos. Puedo hablarles de José, que ha tenido la obra paralizada por Costas por aumentar veinte centímetros la altura de su vivienda; seguro que así debe ser. El problema surge cuando en la rehabilitación de la casa en la costa de doña Eustaquia, pongamos por caso, el volumen de la obra crece como si le hubieran añadido levadura y no pasa nada; faltaría más, tiene todas las licencias en regla.
Se preguntarán a qué se debe esta incursión en tan espinoso tema; pues trataré de explicarlo. Los que habitualmente defendemos las restricciones en determinados ámbitos del territorio y mantenemos que la defensa del patrimonio de nuestros pueblos es irrenunciable, tenemos muy pocos argumentos ante este tipo de arbitrariedades. Tampoco es previsible que muchos ciudadanos se sumen a esta causa si lo que impera es la ley del embudo: lo que está prohibido para unos, es negociable para otros. Evitaré poner ejemplos concretos para no herir susceptibilidades, pero mientras la autorización para una obra dependa de la afinidad política, las relaciones sociales o lo listo que uno sea, los ciudadanos no se comprometerán con la defensa del patrimonio, porque ya no será común.
Hace unos años, un alumno trataba de identificar una planta en una clase práctica de botánica y dudaba entre dos especies. Le expliqué que solo podía ser una de ellas, ya que sus hojas medían más centímetros de los que la guía asignaba a la otra. Para mi sorpresa, preguntó: «¿Qué es para ti un centímetro?». Tengo la impresión de que entre quienes controlan el urbanismo, el patrimonio o la costa en nuestro país hay muchos que han estudiado en la misma escuela que mi alumno.
Estado invertirá 9 millones de euros en litoral Valle Gran Rey
El Estado invertirá 9 millones de euros en la regeneración de la playa y la construcción de un paseo litoral en Valle Gran Rey, informó el Cabildo de la Gomera.
La corporación insular señala en un comunicado que así se puso de manifiesto hoy en una rueda de prensa, celebrada tras presentar la iniciativa que saldrá a licitación este año.
Explica que el presidente de la institución, Casimiro Curbelo, y el alcalde de la localidad, Ruymán García, destacaron que el Gobierno de España garantiza el proyecto "más importante de la historia del municipio".
Curbelo, igual que García, se mostró muy satisfecho con la visita hoy del director general para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pedro Antonio Ríos, que acudió a Valle Gran Rey para presentar el proyecto a entidades locales, empresarios y particulares.
Pedro Antonio Ríos mostró su satisfacción por sacar adelante un proyecto que llevaba parado 25 años.
Aseguró que se atenderán todas las alegaciones presentadas por las corporaciones locales y los ciudadanos, y añadió que habrá consenso y no se perjudicará a ningún vecino ni a ningún establecimiento.
"El diálogo y la colaboración con las entidades locales será la máxima en todo el proceso, que estará marcado por el respeto social a la hora de estimar reubicación y potenciación de actividades o viviendas, para beneficiar siempre a los implicados", aseguró.
Ruymán García explicó que el Ayuntamiento ha presentado en tiempo y forma las alegaciones correspondientes a la iniciativa estatal, para evitar que se apliquen los criterios generales de la Ley de Costas.
Dijo que se ha planteado la conveniencia de que el límite que marcará el deslinde marítimo de la Costa se fije en 20 metros, tal y como se estable para los núcleos de viviendas consolidados antes de la normativa.
Se mostró tranquilo y confiado en una respuesta positiva, dada la apuesta por el entendimiento que ha mostrado el director de Costas.
"Lo importante es que la acción se hará con el consenso con todas las partes y siempre por la sostenibilidad y el desarrollo futuro de Valle Gran Rey, que ya cuenta con más de 2.500 plazas alojativas y necesita generar espacios para el ocio y esparcimiento", dijo Curbelo. EFE 1010220
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=654570
Candelaria inaugura playa sin accesos para discapacitados

La nueva zona de baño de Punta Larga tiene rampas de entrada y una pasarela de madera que discurre en paralelo al paseo marítimo. Para ir hacia el mar hay que caminar por la arena o por una especie de sendero serpenteante que dibujan grandes rocas de relieve irregular colocadas en hilera. No hay ningún camino para llegar hasta el mar con un coche de bebé o una silla de ruedas.
"El Ministerio [de Medio Ambiente, Rural y Marino] solo se encarga de hacer las rampas. La playa es responsabilidad del Ayuntamiento", alegó Ríos. El alcalde de Candelaria, Gumersindo García, no dudó en asumir el error de la obra mientras el resto de la comitiva que participaba del acto asentía. Entre ellos estaban el subdelegado del Gobierno, José Antonio Batista; el portavoz parlamentario, Francisco Hernández Spínola; la diputada nacional, Gloria Rivero; el candidato socialista al Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu; y el concejal capitalino, Ramiro Cuende.
Después de una visita rápida por las instalaciones en una tarde de mucho sol y poco viento, las autoridades se cruzaron con Macarena González, una visitante habitual del municipio que iba acompañada de su hija Paula, en silla de ruedas. Gónzalez y su pequeña observaban el revuelo mediático y policial que acompañaba a las autoridades desde la pasarela de la entrada. "Vengo mucho a Candelaria porque tengo familia aquí y cuando me contaron que se inauguraba la playa traje a mi hija para ver como era, pero es igual que todas las demás. Por estas piedras no puedo llevar la silla. Tendremos que seguir yendo a la piscina", se lamentó la joven madre. No obstante, tanto el alcalde como el representante ministerial se acercaron a ellas y escucharon sus quejas. A continuación, un portavoz de la constructora que ejecutó las obras anunció que "en breve se instalarán unas pasarelas de madera retráctiles que ya estaban contempladas en el proyecto", con las que ya no habrá obstáculos hasta el mar.
La zona abierta desde ayer es solo la primera de las tres fases en las que se divide la rehabilitación del litoral de Punta Larga. Los trabajos han requerido 16 meses de obra y una inversión de 2,2 millones de euros para construir una escollera de 240 metros, acondicionar la superficie de solarium y senderos, instalar escaleras, gradas y un islote de hormigón sobre el mar conectado con la playa por un puente de aluminio de 35 metros de longitud. En lugar de arena, la superficie está cubierta por piedra autóctona que ha sido triturada hasta quedar como una especie de arena negra de grano grueso. Para dar más comodidad a los bañistas, se han colocado varias plataformas de madera donde tener la toalla para tomar el sol.
Tras la bendición del párroco de la Basílica de Candelaria, Jesús Mendoza, que aprovechó la oportunidad para pedir a todos que "hagamos un esfuerzo por conservar mejor la naturaleza", el alcalde García catalogó la jornada como "un día histórico" para los candelarieros. "Cuatro años después de que la vicepresidenta De la Vega anunciara el proyecto para Punta Larga, ya es un hecho la primera parte. La siguiente será la regeneración de la playa", explicó.
Las otras dos fases tienen un presupuesto de 19 millones de euros. Su ejecución se ha retrasado por dos motivos. El primero es la paralización judicial de las obras del Puerto de Granadilla, de donde se pensaba extraer arena para rehabilitar la playa. El consistorio está a la espera de un estudio ambiental que permita utilizar piedra del litoral del municipio machacada, tal y como se hizo hasta ahora. Por otro lado, un grupo de vecinos se oponen a la revisión del deslinde de 60 metros del frente marítimo que plantea Costas, lo que también ha retrasado los trabajos.
Al hablar del efecto positivo que tendrá la nueva instalación como elemento dinamizador del comercio del litoral, el alcalde dijo ayer estar seguro de que "la gran afluencia de vecinos que recibiremos desde otros puntos de la Isla ayudarán a revitalizar los negocios y a crear empleo en nuestra ciudad".
Asimismo, Gumersindo García agradeció a los alcaldes que lo precedieron desde finales de los años ochenta, ya que "su empeño para reivindicar la necesidad de hacer esta obra y el apoyo de Costas han sido las claves para hacer de esto una realidad".
El error de La Nea
El éxito que auguran los gestores municipales para esta parte de Candelaria hará necesario ampliar la oferta de plazas de aparcamiento. Para evitar repetir los problemas que hay en la playa de LaNea, en El Rosario, el regidor socialista adelantó que en la segunda fase se construirá un parking con 500 plazas. "Sabemos que la afluencia que tendremos lo hará necesario, pero dependemos de la inversión privada porque nosotros no lo vamos a construir", aclaró.
Para Serafina Vera, candelariera de pura cepa de 78 años, el efecto no será tan positivo. "Han dejado esto tan bonito que ahora van a venir de Añaza y de La Cuesta y aquí no va a caber un alfiler", vaticinó mientras miraba incrédula a otro vecino que se bañaba junto a su perro en el mar. "Aquí hay que poner un poco de orden, porque algunos no respetan nada. Seguro que si le ponen una buena multa, la próxima vez deja al perro amarrado en su casa", añadió.
Muy cerca de donde Serafina Vera se refugiaba del sol, un gran cartel da cuenta de la larga lista de prohibiciones que tiene la playa. No puede entrar con mascostas, ni ir en bicicleta, ni pescar. Los usuarios de las duchas no tienen permitido ponerse champú, ni tampoco jugar al fútbol, ni escuchar música, ni tirar basura. Además, aunque es un espacio al aire libre, la nueva ley antitabaco también prohibe que se fume.
El plazo previsto para la finalización de todo el proyecto es, según confirmó Pedro Antonio Ríos, de 24 meses. "Espero que dentro de dos años pueda venir a inaugurarlo", comentó el enviado ministerial que ayer también visitó las obras del litoral de Valle Gran Rey, en La Gomera. "Esta playa es una realidad, la obra hay que imaginarla todavía", aclaró el funcionario. Antes de abandonar la Isla también se refirió al futuro del barrio pesquero de Cho Vito. "Estamos trabajando para plantear una respuesta definitiva al problema social que había con algunos de sus residentes, que necesitaban ser realojados. Y confío en que podamos solucionarlo antes de fin de mes", concluyó Ríos.
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/01/16/candelaria-inaugura-playa-accesos-discapacitados/325000.html
sábado, 15 de enero de 2011
Denuncian a España en Estrasburgo por «confiscar» un molino de mareas

JON MAYORA BILBAO.
Iturribarria califica de «chantaje» y «delito» la actuación del Gobierno con un bien protegido por la Ley de Patrimonio
Continúa la marejada en Portu Errota. El hasta ahora propietario del molino de mareas de Urdaibai, protegido como monumento por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya y a la espera de ser resuelta definitivamente su declaración de bien cultural calificado, ha registrado en Estrasburgo una denuncia contra España «por violación» de uno de los artículos de la Convención de Derechos Humanos, concretamente el primero, que recoge el derecho a la propiedad. La aplicación de la Ley de Costas, aprobada en 1988, ha supuesto para Jon Iturribarria la confiscación y pérdida del derecho de propiedad sobre sus bienes a pesar de poseer todos los títulos y escrituras «que acreditan que el molino pertenece a mi familia». Costas no lo ha reconocido así y ha declarado al molino y sus terrenos como bien de dominio público marítimo-terrestre a pesar de estar situada por encima del ámbito de influencia de mareas que recoge la ley.
«¿Cómo se puede declarar ilegal una vivienda de 1683 con una ley de 1988?», se vuelve a preguntar. «Es un chantaje y un delito, y lo que quieren es que la casa se derrumbe». Iturribarria ha denunciado ante la Comisión y el Parlamento Europeo que la aplicación de la Ley ha sido realizada de forma «retroactiva y arbitraria» y que «la confiscación», en este caso, de una propiedad que ha pertenecido a su familia durante tres generaciones «está prohibida explícitamente por la Constitución y la Convención de Derechos Humanos».
El edificio, el único superviviente de los seis molinos harineros de mareas que existían en la ría de Urdaibai, sufrió importantes daños en 2009 como consecuencia de un temporal que afectó seriamente a su cubierta «y nos están prohibiendo realizar obras de mantenimiento en un bien protegido por la Ley de Patrimonio», incide Jon Iturribarria. «Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar su conservación y cualquier atentado contra este patrimonio está sancionado como delito penal. Lo dice la Constitución Española», asegura.
«En un limbo»
Precisamente, esta situación y el riesgo de destrucción que planea sobre el molino llegó en diciembre al Parlamento vasco. El grupo popular, a través de su portavoz, Leopoldo Barreda, solicitó explicaciones al Gobierno «a fin de evitar la pérdida de tan singular elemento patrimonial». Barreda destacó en su intervención el «limbo jurídico-administrativo» en el que se encuentra la propiedad «que amenaza el futuro de la edificación». La consejera de Cultura, Blanca Urgel, reconoció en su respuesta que al molino de Portu Errota se le aplica tanto la Ley de Patrimonio Cultural como la de Costas, «dos ordenamientos jurídicos diferentes que protegen intereses públicos diferentes». La consejera destacó que las limitaciones de que los propietarios tienen para realizar las obras «vienen impuestas por la demarcación de Costas del País Vasco» y no por su departamento. «Es un tema que está judicializado y, por tanto, y mientras la resolución del contencioso permanezca en la vía judicial, realmente poco podemos hacer». Iturribarria lleva ya 16 años luchando contra la Administración en vías judiciales y «quedan aún cinco para la resolución del Tribunal de Derechos Humanos», asegura. «Para entonces, el único molino de mareas del País Vasco habrá desaparecido», afirma.
Urgel aseguró que la protección del bien y su conservación corresponde a la Diputación, quien en repetidas ocasiones ha requerido la urgente reparación de los elementos del molino y que en todos los casos han sido prohibidas por Costas a sus propietarios, «bien autorizando las obras o procediendo a su ejecución subsidiaria, en el caso de que los propietarios no cumplan con sus obligaciones de conservar, cuidar y proteger».
«No entiendo cómo la consejera dice que 'realmente poco podemos hacer' cuando -afirma Iturribarria- ella como responsable tiene la obligación de proteger el patrimonio por mandato constitucional, pudiendo cometer con su pasividad un delito penal». «El Gobierno vasco puede y debe hacer mucho», asegura, por lo que invita a sus responsables a mantener una reunión para analizar el expediente «y comprender por qué este caso ha escandalizado al Parlamento y a la Comisión Europea».
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110115/vizcaya/denuncian-espana-estrasburgo-confiscar-20110115.html
El director general de Costas dice que se pedirá la ejecución de las sentencias firmes sobre obras ilegales en el litoral
Aseguró, preguntado por el caso del Hotel Papagayo Arena, en Playa Blanca, que no se expropiará una obra que es ilegal.
Asegura que “ningún vecino se va quedar sin su primera vivienda por culpa de Costas”
Respecto a los pleitos ente Costas y los vecinos de algunos núcleos como El Golfo o Tenézara, Ríos, que lleva dos meses en el cargo y no conocía los casos con detalle, señaló que el objetivo de la Ley de Costas no es tirar viviendas sino recuperar la costa para disfrute de todos. Aseguró que “se invertirá en diálogo cono las administraciones” y que los casos que están en el Juzgado se esperará a la sentencia. Dijo que “los vecinos deben estar tranquilos porque ningún vecino se va a quedar sin su primera vivienda por culpa de Costas”.
Por otro lado, se comprometió a licitar este año las obras del dragado del Charco de los Clicos en El Golfo. Aseguró que el proyecto está ultimado en todas sus fases, tanto el estudio de impacto ambiental como la exposición pública. Las obras se iniciarían en el mes de noviembre, que es la fecha elegida por los técnicos para que la obra se pueda realizar. Este dragado lleva más de diez años pendiente de ejecutarse. El nuevo director de Costas estuvo visitando durante este viernes diversos emplazamientos de la Isla de Lanzarote, como el paseo entre Playa Honda y Puerto del Carmen, el Charco de los Clicos o las Salinas de Janubio, entre otros. Estuvo acompañado en su visita del secretario insular del PSOE, Carlos Espino, del director insular del Gobierno, Orlando Suárez, los alcaldes de Tías y San Bartolomé, José Juan Cruz y Marcial Martín, y el candidato a la alcaldía de Arrecife, José Montelongo.
ACN
http://www.lavozdelanzarote.com/article48659.html
jueves, 13 de enero de 2011
LA HIPOCRESÍA DE LA LEY DE COSTAS: NO A LAS TERRAZAS PERO SÍ A PLATAFORMAS PETROLÍFERAS
Segundo, han quitado deslindes y han destruido edificaciones que estaban cerca del mar por que manchaba la bonita vista de las playas y de las montañas. Muy bien. Y tercero, han quitado las super peligrosas terrazas de la Malvarrosa por que la ley de Costa lo prohibe. Perfecto, muchas gracias, señores del Gobierno.
Pero resulta curioso, bastante curioso que se preocupen tanto de no contaminar ni visual ni físicamente el mar pero hayan dado permisos para albergar en pleno mar Mediterráneo plataformas petrolíferas. Es patético, y es de una hipocresía tremenda, lo haya hecho antes el PP y ahora lo haga el PSOE. ¿Qué creen, que España se va a convertir en la nueva Abu Dabhi o qué? En España no hay petróleo.
Ya lo intentaron por el Mediterráneo hace algunos años y no encontraron nada, y ahora están peligrosamente cerca de las costas de Tarragona y Valencia. Señores, ¡que desde las playas de Dénia se va a haber la plataforma petrolífera! Cuando los turistas vayan a la bonita localidad de Dénia y a lo lejos vean un montículo metalico echando humo, ¡voilá! ahí está la plataforma petrolífera. ¿No creen que quitará las ganas de bañarse? Pero eso sí que lo permiten, ¿verdad, señores del Gobierno? No sean que encuentren petróleo y puedan ganar unos cuantos duros.
Por cierto, si se encuentra petróleo, ¿se lo quedará todo Valencia tal como el Ebro es solo para algunas comunidades? Otra interesante pregunta que plantear, en el hipotético caso (que va a ser que no) de que se encuentre algo. Y una última cuestión: si se encuentra petróleo… ¿se quedará para siempre esa plataforma petrolífera? ¿La Comunidad Valenciana y parte de Cataluña se convertiría en una zona no turística sino simplemente exportadora de petróleo? ¿Es ese el destino si se encuentra el preciado combustible fósil?
Muchos interrogantes y mucho miedo, no sea que empiece este verano a encontrarse manchas de “chapapote”.
http://www.oconowocc.com/?p=8900
Aparici se reúne con los coordinados locales de la plataforma para la defensa de las viviendas y propiedades del litoral
El Vicepresidente de la Diputación de Castellón, Vicente Aparici, se ha reunido con los coordinadores locales de la plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense para establecer las futuras líneas de actuación a desarrollar los próximos meses para luchar contra la aplicación retroactiva de la Ley de Costas.
Aparici ha presentado el calendario de acciones y la estrategia de lobby propuesta por la diputación ante los coordinadores municipales de Castellón, Torreblanca, Oropesa del Mar, Cabanes, Almassora, la Llosa, Nules y Xilxes, quienes han trasladado a la diputación los primeros datos para empezar a trabajar en la defensa conjunta provincial y con el objetivo de redactar el informe jurídico de la plataforma.
El vicepresidente ha podido conocer la situación actual de cada municipio y el número de habitantes, viviendas y propiedades afectadas en cada caso por la Ley de Costas, así como algunos de los casos más llamativos que destacan entre la ciudadanía. Asimismo, se ha debatido sobre los puntos locales de recogida de firmas y la exposición itinerante que se inaugurará en breve y que viajará a los municipios afectados antes de culminar su recorrido en la capital de la Unión Europea.
Tras meses de estudio y consultas, la plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense se creó el pasado mes de diciembre a petición de los alcaldes, que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada ante la administración central y reclamar el respaldo de las Instituciones Europeas.
El objetivo de esta iniciativa, a la que se ha invitado a participar a todos los municipios del litoral castellonense, es aunar esfuerzos para defender los derechos de los propietarios y propietarias de viviendas y propiedades de la provincia de Castellón frente a la aplicación retroactiva de la Ley de Costas.
Aparici ha destacado que “después de 23 de años de la entrada en vigor de esta ley, no comprendemos la lógica de una aplicación tan extensiva, estos nuevos deslindes vulneran los derechos de propiedad legalmente adquiridos por particulares”
La plataforma trasladará una petición oficial a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitando la aplicación no retroactiva de la ley.
Aparici ha recordado que “con la implicación de la diputación y los ayuntamientos se pretende lograr un efecto multiplicador de los esfuerzos realizados por las asociaciones de vecinos y particulares por defender lo que es legítimamente suyo, ofreciendo el apoyo que sea necesario, así como un referente provincial en la lucha contra una ley que consideramos injusta tal y como está planteada hoy día”.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/102378_aparici-reune-coordinados-locales-plataforma-para-defensa-viviendas-propiedades-litoral.html
Los hitos del deslinde de Bajo la Cuesta no están donde indicaron los técnicos

13/ene/11 07:51
J.A. MEDINA, Candelaria
En su lucha legal por conseguir la salvación de Bajo la Cuesta, los vecinos han profundizado en la documentación oficial existente y del estudio que realizaron desprenden que "hay un desfase" entre lo estipulado en el plano correspondiente al emplazamiento de los hitos que definen el deslinde marítimo-terrestre en la zona y la ubicación en que se encuentran dichos mojones. De aplicarse lo reflejado en el plano, Bajo la Cuesta no estaría afectada por la aplicación de la Ley de Costas.
Este documento está en poder del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), según explicó ayer el abogado de los afectados, José Ortega, quien explicó que del análisis del plano se deduce que "las coordenadas están a 175 metros dentro del mar".
"Ese es el motivo por el cual la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, nunca ha querido acceder al replanteo del deslinde marítimo-terrestre que le pedimos respecto al fijado en el año 1969", añadió Ortega. El letrado incidió en que "si hubieran atendido nuestra petición, se habrían puesto de manifiesto estos errores que son muy relevantes para la causa de los vecinos de Bajo la Cuesta".
Teniendo en cuenta esa importancia que los afectados y su representante legal dan al nuevo documento, José Ortega defendió que "esto es una barbaridad y permitirá determinar que el deslinde marítimo-terrestre que la Dirección General de Costas estableció en 2006 es otro error monumental".
Ortega recordó que otros testimonios y documentos recientes "constatan que los mojones se encontraban por delante de las viviendas", algo que han certificado un antiguo concejal del Ayuntamiento de Candelaria y un plano municipal aportado por un técnico del mismo consistorio.
Satisfacción del PP
Por otra parte, el portavoz del Partido Popular (PP), José Fernando Gómez, felicitó la decisión del grupo de gobierno de intentar salvar el núcleo costero de Bajo La Cuesta, aunque recordó que esos mismos argumentos se hubieran tenido que usar en su momento ante la COTMAC para que estas casas no quedaran fuera de ordenación, como se encuentran en la actualidad.
http://www.eldia.es/2011-01-13/sur/3-hitos-deslinde-Cuesta-estan-donde-indicaron-tecnicos.htm
Gómez señaló que en marzo del año pasado, y basándose en un informe técnico, se intentó desalojar a las familias que vivían en la zona. La orden fue desestimada por un juez de Güímar al no encontrar razón de ser.
El edil popular aseguró que en las normas subsidiarias de 1987 se reconocía dentro del planteamiento ese terreno como suelo urbano consolidado y obtenía informe favorable por parte de la Dirección General de Costas. Pero en 2006, y con la aprobación del Plan General de Candelaria, el suelo fue recalificado, pasando a ser de protección del litoral.
"Es triste pensar que las familias que viven en Bajo la Cuesta lleven desde marzo sin tener limpieza viaria y sin recogida de residuos sólidos", dijo José Fernando Gómez.
miércoles, 12 de enero de 2011
La gestión del litoral
En cualquier caso la Administración andaluza entiende muy bien que el disfrute ciudadano de la playa pasa por la existencia de los chiringuitos, que forman parte de un modo de entender el ocio, y que además del valor económico que representan sus cifras de facturación, dan trabajo en plena crisis y son un importante reclamo turístico.
La gestión en manos de la Junta de Andalucía no puede sino mejorar las cosas respecto al futuro de los chiringuitos, que por otra parte, salvo un pequeño porcentaje que no se adaptó a la ley de Costas, no perjudican en nada la dinámica litoral, esa zona de interacción fluvio-marina que tan perjudicada ha estado por los paseos marítimos construidos justo donde terminan las casas, sobre la arena, y en muchos casos sin deslindes practicados que hubieran podido evitar la invasión del dominio público marítimo terrestre.
Estas cuestiones son las que tienen ahora una difícil solución, porque alterar la dinámica litoral tiene sus costes. Ahí están los importantes recursos económicos que cada año se tienen que emplear en la regeneración de las playas, ya que los sedimentos de los ríos, entre los pantanos construidos y la barrera costera, no consiguen llegar al mar.
Y es que una cosa son los discursos políticos, incluso las leyes que se formulan para cumplirlas y otra muy distinta la gestión.
Hablando del litoral, en cuestión de gestión, que es lo que al final deja huella, en poco o en nada se ha notado la diferencia de color político. Sobre la arena han construido todos los que han gobernado.
La sensación de desánimo que invade a muchos ciudadanos no solo tiene que ver con la crisis económica, es también una señal, un SOS lanzado al aire. Los ciudadanos necesitamos que los políticos empiecen a creer en su propio mensaje, porque de no ser así, los discursos irán por un lado y la gestión por otro. Ahí está la ley de Costas, de 1988, a la que apenas se le hizo caso hasta 20 años después, y cuando empezó a tomarse en serio, no fue para agilizar deslindes que nunca se habían practicado sobre la ingente masa de ladrillo que bordea la costa sino para intentar sacar a los chiringuitos de la playa.
Por suerte, el futuro de los chiringuitos, es una cuestión sobre la que hay cierto consenso político. El resto de los problemas del litoral son, nunca mejor dicho "arena" de otro costal. A pesar de la dinámica electoral, frente al desánimo ciudadano, no es hora de discursos sino de hechos. Hay que recordar a Bertrand Russell, el futuro depende del crecimiento de la ética colectiva.
http://www.malagahoy.es/article/opinion/878074/la/gestion/litoral.html
Andalucía tendrá las competencias sobre los chiringuitos el 1 de abril
MANUEL PLANELLES - Sevilla - 12/01/2011
Tras un sinfín de fechas y plazos incumplidos el traspaso de las competencias sobre la gestión del litoral andaluz se cerrará hoy en Málaga, donde está previsto que se celebre la comisión mixta de transferencias entre los gobiernos central y autonómico. Sin embargo, ese traspaso no se producirá de manera efectiva hasta el 1 de abril, según señalaron ayer fuentes de la Administración central.
Chaves y Moreno firman en Málaga el traspaso de las competencias
Todas las competencias sobre el litoral estaban hasta ahora en manos del Gobierno central, en concreto en la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. La Junta de Andalucía comenzó a reclamar el traspaso de parte de la gestión cuando se desató en 2009 el conflicto con los chiringuitos, a los que el ministerio presionó para que se adaptarán a la Ley de Costas y pusieran al día sus concesiones.
La Junta esgrimió entonces el artículo 56 del reformado Estatuto de Autonomía en el que se señala como una "competencia exclusiva" suya "el otorgamiento de autorizaciones y concesiones" en el dominio público marítimo terrestre. El Gobierno central -tras una reunión entre los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero y José Antonio Griñán- admitió transferir esas competencias.
Sin embargo, la negociación entre las dos administraciones se fue enrareciendo y no ha sido hasta el cambio en el Ministerio de Medio Ambiente, con la incorporación de la cordobesa Rosa Aguilar, cuando este asunto se ha cerrado.
Los encargados de firmar hoy este traspaso en Málaga serán el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y la consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno. El texto ya está rematado y, además del asunto de los chiringuitos, también afecta a determinados usos recreativos y otras concesiones, según fuentes del Ministerio de Política Territorial.
En Andalucía existen aproximadamente 2.000 chiringuitos, de los que unos 800 están situados directamente sobre la arena y el resto a lo largo de los paseos marítimos. Cuando se comenzó a plantear que estos establecimientos salieran de la arena en aplicación de la Ley de Costas, la Junta cerró filas con los empresarios del sector. Para ocupar el dominio público marítimo terrestre la Administración que tenga las competencias es la que debe otorgar la concesión, normalmente, por un periodo de 15 años. Para tranquilizar al sector, la Junta aseguró el año pasado que el 90% de estos establecimientos son "plenamente legales o susceptibles de legalización".
El asunto de los chiringuitos no es el único enfrentamiento que tenían abierto el Gobierno central y el autonómico en el ámbito del litoral. También está pendiente la resolución del conflicto por el deslinde de Doñana, aplicado por el ministerio y que la Junta consideró excesivo. Como estas expropiaciones no tienen ya marcha atrás, las dos administraciones acordaron en noviembre firmar un convenio que permitirá a la Junta mantener las competencias sobre lo deslindado. Según indicaron ayer fuentes del ministerio de Rosa Aguilar, este convenio estará listo también para el próximo 1 de abril.
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Andalucia/tendra/competencias/chiringuitos/abril/elpepuespand/20110112elpand_5/Tes
El Decano del Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos de Cataluña, reconoce y alaba la retroactividad de la Ley de Costas
Lo fue en el momento de su aprobación, al otorgarle el carácter retroactivo que ha permitido la intervención en algunos de los casos flagrantes de agresión en el litoral. Esta retroactividad también ha dado lugar a situaciones un poco surrealistas, como la confiscación por parte del Estado del Molino de Mareas de Portu Errota, en el País Vasco, un prodigio de la ingeniería hidráulica construido y habitado desde el 1683, que avalaría una retroactividad de más de tres siglos. Esta aplicación siempre ha sido una de las cuestiones más discutidas y polémicas de la ley.
Por otro lado, la ley era necesaria. Con ella se derogó la ineficiente y ambigua ley del año 1969, que permitió el desarrollo de proyectos inmobiliarios que han dañado una buena parte de la costa, especialmente en el litoral mediterráneo, donde los espacios vírgenes son excesivamente escasos. En la ciudad de Barcelona, la aprobación de esta ley generó bastante ruido al coincidir con las operaciones de recuperación de la franja litoral del proyecto olímpico. En ese momento se oyeron no pocas voces que afirmaban que la ley quería avalar el urbanismo de los Juegos, y todo el mundo recuerda la enorme oposición popular que supuso la demolición de los entrañables chiringuitos de la Barceloneta, a los que atribuir un "valor histórico incalculable", que desaparecían víctimas de la "modernidad olímpica". El tiempo tiene la virtud de poner las cosas en su sitio, y aunque podemos añorar los arroces a pie de arena, el ciudadano ha ganado espacio para su uso. Con 22 años todavía es una ley muy viva y polémica, quizá por la lenta velocidad con la que cubriendo los objetivos que se expresan en la exposición de motivos.De la ley se pueden destacar dos virtudes. Por un lado, que ha sido una ley valiente.
http://www.camins.cat/Publicacions/caminscat/caminscat_201002.pdf
El Sr Josep Oriol tiene la obligación de conocer y respetar la Cosntitución, que en su art. 9 dice:
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
¿Cómo se atreve a hablar de situaciones subrealistas cuando lo que está defendiendo es lo contrario a lo que ordena nuestra Carta Magna?
Este tipo de gente es la que está en la cumbre del poder. Gente ignorante y prepotente que se considera está por encima del bien y del mal.
Así va España. Así nos va a los españoles.
http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com/
domingo, 9 de enero de 2011
Candelaria pide incluir Bajo La Cuesta en censo de edificaciones creado por el Gobierno de Canarias para ordenar litoral

El alcalde de Candelaria (Tenerife), José Gumersindo García Trujillo, ha presentado una moción para incluir el barrio de Bajo La Cuesta-Risco de Las Tablas en el censo creado por el Gobierno de Canarias sobre la declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, según ha informado en un comunicado.
Esta iniciativa tiene como objeto "salvaguardar" el núcleo costero de la aplicación de la Ley de Costas, acogiéndose a la Ley 7/2009, en concreto a la Disposición Adicional transitoria decimoquinta e incluirlo dentro del censo.
García Trujillo apunta que esta iniciativa surgió tras varias reuniones con los representantes vecinales y se materializó en la petición de incluir a Bajo La Cuesta en un Censo de Edificaciones por parte del presidente de la Asociación de Vecinos de Bajo La Cuesta-Risco de Las Tablas, Antonio Oliva Delgado, el pasado 21 de diciembre, quien además aportó un compromiso escrito de los propietarios de las edificaciones en el que "asumían la instalación de un sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales que evite el vertido al mar", tal y como se establece en la disposición decimoquinta de la Ley.
La moción del alcalde fue aprobada por unanimidad, por el PSC y el PP, y en ella el Ayuntamiento se compromete a realizar ante la Consejería todas las gestiones que sean precisas para contribuir a que la solicitud de los vecinos sea estimada y el Consejo de Gobierno, que es quien tiene las competencias, apruebe el Censo.
Asimismo el Pleno acordó que en caso de que la solicitud no pudiera ser atendida, porque la norma establecía un plazo de un año para hacer el censo y se ha cumplido, solicitar al consejero competente que eleve al Parlamento de Canarias una iniciativa encaminada al establecimiento "de un nuevo plazo para la formulación de solicitudes de elaboración e inscripción que permita la inclusión de este barrio costero en el censo de Edificaciones".
Cabe recordar que el núcleo de Bajo La Cuesta, tal y como se recoge en el informe técnico de marzo de 2009 "se trata de un asentamiento que comienza a finales de los años 50 como apoyo a la práctica de la pesca de orilla, consolidándose entre los 70 y 88, conformando actualmente un total de cuarenta y cuatro edificaciones que se desarrollan parte en cueva y parte en edificación añadida en 1 ó 2 plantas de altura, e incluso 2 de ellas de 3 plantas".
"Una zona que dispone, de: calzada asfaltada (por obra municipal 1988), acera superior con bordillo, Red de baja tensión enterrada, Red de Abastecimiento, Red de Alumbrado Público Aérea y Recogida domiciliaria de basuras, teniendo además en su mayoría Cédula de Habitabilidad emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo", añade.
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-candelaria-pide-incluir-cuesta-censo-edificaciones-creado-gobierno-canarias-ordenar-litoral-20110109074152.html
viernes, 7 de enero de 2011
Igueste recurre el deslinde de 200 fincas y casas
SANTA CRUZ DE TENERIFE Los vecinos de Igueste han decidido recurrir el deslinde fijado por la Dirección General de Costas ante la Audiencia Nacional sin esperar a que el Ayuntamiento les remita la documentación que les había prometido. La Concejalía de Vías y Obras asumió ante el abogado, José Luis Langa, el compromiso de que aportaría los informes necesarios para demostrar que este núcleo poblacional contaba con los servicios de luz, agua y alcantarillado antes de la entrada en vigor de la nueva ley de Costas en 1988 de manera que puede considerarse urbano.
A partir de aquí la zona de servidumbre dejaría de tener un ancho de 100 metros, como ocurre en estos momentos, para pasar a solo 20.
Con ello se salvarían gran parte de las propiedades de los 200 vecinos que en estos momentos han visto como sus fincas y casas quedan fuera de ordenación y por lo tanto pierden valor. El abogado ha conseguido hasta ahora un informe elaborado en el año 1995 por la Gerencia de Urbanismo donde se demuestra que efectivamente este núcleo contaba con los servicios básicos y accesos rodados antes de la entrada en vigor de la ley pero poco más.
En la demanda presentada se pide que la Audiencia Nacional fije la anchura de la zona de servidumbre de protección del dominio público terrestre en 20 metros. Estos vecinos solicitan que se declare nulo y contrario a derecho el acuerdo adoptado el pasado 7 de mayo por la Dirección General de Costas que aprobó un tramo de deslinde que abarca algo más de cinco kilómetros desde la playa del Burro a la de Antequera.
Gran parte de la demanda se centra precisamente en solicitar a la Sala que acredite el carácter urbano del núcleo poblacional, tal y como hizo también en su momento la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Este acuerdo, sin embargo, ha sido recurrido por la Dirección General de Costas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y anulado de forma cautelar por la propia Audiencia. La Dirección General de Costas emplazó recientemente a los 200 vecinos para que se personaran ante la Audiencia Nacional con el fin de hacer valer sus derechos en esta batalla legal.
De esta manera son alrededor de 98 fincas y 22 edificaciones las que se han quedado fuera de ordenación. Además de la pérdida de valor catastral en las viviendas se imponen fuertes restricciones a la realización de obras.
En caso de que se planificara una construcción de interés general para este enclave, como puede ser un paseo marítimo, las propiedades tendrían que ser expropiadas. Hasta ahora habían sido 35 los vecinos que se habían personado ante la Audiencia Nacional pero tras recibir el escrito se espera que la cifra aumente.
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/01/07/igueste-recurre-deslinde-200-fincas-casas/323379.html
martes, 4 de enero de 2011
El alcalde pide incluir Bajo La Cuesta en el censo de edificaciones para la ordenación del litoral

Según exponen en un comunicado desde el Ayuntamiento de la Villa mariana, esta iniciativa tiene como objeto “salvaguardar el núcleo costero” de la aplicación de la Ley de Costas, acogiéndose a la Ley 7/2009, en concreto a la Disposición Adicional transitoria decimoquinta.
García Trujillo apunta que esta iniciativa surgió tras varias reuniones con los representantes vecinales y se materializó en la petición de incluir a Bajo La Cuesta en un censo de edificaciones por parte del presidente de la Asociación de Vecinos de Bajo La Cuesta-Risco de Las Tablas, Antonio Oliva Delgado, el pasado 21 de diciembre.
Además, Oliva aportó un compromiso escrito de los propietarios de las edificaciones en el que “asumían la instalación de un sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales que evite el vertido al mar”, tal y como se establece en la disposición decimoquinta de la Ley.
La moción del alcalde fue aprobada por unanimidad, por el Partido Socialista y el Partido Popular, y en ella el Ayuntamiento se compromete a realizar ante la Consejería todas las gestiones que sean “precisas para contribuir a que la solicitud de los vecinos sea estimada y el Consejo de Gobierno, que es quien tiene las competencias, apruebe el censo”.
En caso de que la solicitud no pudiera ser atendida, porque la norma establecía un plazo de un año para hacer el censo y se ha cumplido, solicitan al consejero competente que eleve al Parlamento de Canarias una iniciativa encaminada al establecimiento de un nuevo plazo para la formulación de solicitudes de elaboración e inscripción.
El núcleo de Bajo La Cuesta, tal y como se recoge en el informe técnico de marzo de 2009, es un asentamiento que comienza a finales de los años 50 como apoyo a la práctica de la pesca de orilla, consolidándose entre los 70 y 88.
http://canarias24horas.com/index.php/2011010481506/tenerife/el-alcalde-pide-incluir-bajo-la-cuesta-en-el-censo-de-edificaciones-para-la-ordenacion-del-litoral.html
Costas envía documentos al juzgado para demostrar que el edificio es ilegal
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Los Llanos de Aridane ha comunicado con fecha 27 de diciembre de 2010 la recepción de documentación remitida desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que se ha sumado a los autos ya existentes en las diligencias previas 222/2008 del "caso Los Tarajales". Los informes justifican los motivos de la orden Ministerial de 17 de julio de 2007 con la que se modificó la servidumbre de protección en El Puerto de Tazacorte, de 20 a 100 metros, que impedía la ejecución de obras de nueva edificación en este dominio público.
Se recoge el expediente tramitado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar y los informes técnicos elaborados para la toma del acuerdo, especialmente aquellos referidos a la edificación del inmueble conocido como Balcón del Puerto (Los Tarajales). Según se aclara con esta documentación, este edificio no debió construirse, pese a recogerse en el PGO de Tazacorte aprobado en 2005, porque dos sentencias previas así lo dijeron: una del TSJC de septiembre de 2002 y otras de la Audiencia Nacional de diciembre de 2004, que fueron ratificadas por la sentencia firme del Tribunal Supremo de noviembre de 2005, días después de ser autorizado el edificio.
Según se afirma en la documentación, la sentencia firme del Tribunal Supremo vino a desestimar un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Tazacorte contra otra sentencia previa del TSJC que anulaba los acuerdos de la Cotmac (antigua Cumac) de 1999 que calificaban de urbano ese suelo. Los motivos fueron la no existencia de servicios urbanísticos exigidos legalmente.
Además, la otra sentencia de la Audiencia Nacional de 2004 (basándose en la decisión del TSJC de 2002) dejó claro que se anulaba parte del deslinde del dominio público marítimo terrestre de 2001, de 20 metros en este tramo de costa, estableciendo una anchura de 100 metros a lo largo de 4.487 metros de costa (vigentes en la actualidad) que luego, en julio de 2007, sería rectificada oficialmente por el Ministerio.
En ese sentido, aclaran desde Costas, tal y como recoge en sus informes y así se lo ha comunicado desde que se iniciara el proceso en 2008 tanto al juzgado como a todas las partes, tal y como recogió la Audiencia Nacional, la supuesta ilegalidad parte de la sentencia del TSJC de septiembre de 2002 que anuló la determinación del planeamiento municipal que en 1999 situó el suelo como urbano. En ese sentido, todo el proceso posterior de confirmación de sentencias dice que las actuaciones urbanísticas en este suelo no eran viables.
Por tanto, la Audiencia Nacional anuló el deslinde en diciembre de 2004. Además, Costas estima que siendo cierto que la sentencia del TSJC no era firme, sí supone un dato relevante que no se puede ignorar y debe ser tenido en cuenta para determinar la valoración urbanística de los terrenos afectados.
Por ello, según aclara el Ministerio, en enero de 2008, teniendo conocimiento de la construcción del edificio se reclamó ante la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias una actuación sancionadora contra su ejecución.
http://www.eldia.es/2011-01-04/palma/3-Costas-envia-documentos-juzgado-demostrar-edificio-es-ilegal.htm
Andalucía prepara un protocolo para actuar sobre las viviendas ilegales
• Tendrá que hacer frente a la diversidad de casos -miles- que conviven en la región
Andalucía prepara un protocolo para actuar sobre las miles de viviendas ilegales que pueblan su geografía por encontrarse en suelos no urbanizables, en zonas rústicas, áreas protegidas o por invadir la zona delimitada por la Ley de Costas.
Al no existir un censo de viviendas al margen de la legalidad, una de las principales funciones de la futura norma será delimitar qué viviendas podrían ser legalizadas -si acaban cumpliendo los requisisitos- y acabar formando parte de planes de ordenación municipales; aquellas que podrán coexistir con las viviendas regulares, y, finalmente, cuáles deberán ser demolidas. En este último apartado se incluirían las levantadas sobre suelo especialmente protegido o que se saltaron las normativas de medio ambiente y las que incumplen la Ley de Costas.
La norma que prepara la consejería de Obras Públicas andaluza tendrá que hacer frente a la diversidad de casos que se amontonan en la región. Desde urbanizaciones sin canalizaciones de Chiclana a las casetas de huerta convertidas en chalés a las afueras de Málaga y las casas en poder de ciudadanos británicos amenazadas de derribo. O las más de 10.000 viviendas no legalizadas que se calcula que existen en la comarca malagueña de La Axarquía.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada en 2003, limita, por ejemplo, la construcción de viviendas en suelos agrícolas o rústicos a terrenos superiores a 25.000 metros cuadrados, con unas limitaciones de superficie y uso, ya que deberán estar destinadas y acondicionadas para las labores ganaderas, agrícolas o forestales.
La futura norma, que podría tendría como máxima que los promotores de las viviendas o sus actuales propietarios se hagan cargo de adaptar las viviendas a la legalidad, por ejemplo, corriendo con los gastos asociados a las infraestructuras básicas como canalizaciones de agua y otros suministros
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/04/suvivienda/1294131123.html
Un decreto fijará los criterios a seguir con las viviendas ilegales
DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 04/01/2011
La consejería de Obras Públicas prepara una norma específica para dar solución a las decenas de miles de viviendas construidas en suelo no urbanizable en el medio rural y que dejen de estar en el limbo jurídico en el que se encuentran y expuestas a una muy variada gama de respuestas en los ámbitos administrativo y judicial, cuando no contradictorias. Más que una norma que establezca preceptos, el texto fijará los procedimientos a seguir y los requisitos para la normalización de estas viviendas con unos criterios homogéneos pero no modifica la ley que hay que seguir cumpliendo.
Una de las exigencias para la normalización es que no repercuta en las arcas públicas
La inmensa mayoría de estas viviendas quedará fuera de los planes de ordenación urbana por estar sobre suelos no urbanizables y alejadas de los núcleos urbanos consolidados. Desde Obras Públicas se asegura que se busca fijar unos mínimos requisitos con los que estas viviendas podrían obtener una licencia de primera ocupación que diera a sus propietarios seguridad jurídica.
La normativa, que presumiblemente será un decreto, contemplará tres presupuestos básicos: Las viviendas que en ningún caso pueden ser legalizadas ni entrar dentro de ningún plan de ordenación, y por tanto abocadas a ser demolidas; las que pueden obtener este permiso de mínimos y subsistir, aunque fuera de ordenación; y las que sí pueden ser legalizadas con todas las consecuencias. Todo ello considerado que la casuística es muy amplia, con una graduación muy variada de los incumplimientos que habrá de considerarse en la exigencia de requisitos de normalización, y con fenómenos de construcción también muy distintos según las comarcas y territorios.
Además de cumplir los requisitos urbanísticos, una de las exigencias indispensables para las viviendas que puedan normalizarse es que no haya repercusión sobre las arcas públicas, y que los promotores o propietarios corran con los gastos de dotación de servicios e infraestructuras básicas. Todo ello en defensa de los intereses de los ciudadanos que han comprado una vivienda legal y que por tanto contribuyen con sus tasas e impuestos al mantenimiento de servicios colectivos.
Las viviendas condenadas a la demolición serían aquellas construidas en suelo especialmente protegido o que incumplen alguna normativa sectorial, especialmente de medio ambiente o que infrinjan la Ley de Costas.
Para las viviendas que pueden beneficiarse de algún tipo de normalización, aun quedando fuera de ordenación, la norma considerará diversos criterios para valorar la gravedad de los incumplimientos. "Será una normativa muy exhaustiva", insisten fuentes de la consejería, porque hay una gama muy variada de casos. Hay casas que pueden estar en situación de ilegalidad sobrevenida porque se construyeron con las características que tienen antes de que entraran en vigor las leyes que las prohíben. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de 2003, prohíbe la construcción de una vivienda en suelo rústico en una parcela que no tenga al menos 25.000 metros cuadrados y cuyo uso esté condicionado a las labores agrícolas, ganaderas o forestales.
La consejería mantiene que la solución de las decenas de miles de viviendas en suelo no urbanizable deberá verse caso a caso y dentro del planeamiento urbanístico de cada municipio. Los alcaldes de las comarcas más afectadas por la proliferación de viviendas en suelo rústico, especialmente los de la comarca malagueña de La Axarquía, han pedido reiteradamente la elaboración de un reglamento sobre usos en suelo urbanizable, algo que la Junta ha considerado innecesario porque entiende que la LOUA ya fija con claridad lo que es posible y no hacer.
Colaboración institucional en La Axarquía
El trabajo en colaboración entre los Ayuntamientos, la Diputación de Málaga y Obras Públicas ha permitido en el último año avances notables en la planificación urbanística en La Axarquía, comarca malagueña donde se estima que existen más de 10.000 viviendas en suelo rústico no urbanizable. En un año, cuatro municipios han logrado la aprobación definitiva de sus planes, otros tres cuentan con la provisional y están a la espera del dictamen de la Administración autonómica; otros seis han superado la fase inicial y tres tienen más retrasados sus trabajos y optaron por elaborar su planeamiento al margen del convenio con las administraciones.
La comarca tiene 29 municipios en total, de los que hasta comienzos del año pasado 16 no se habían dotado de un plan de ordenación urbanística pese a que así lo exige la ley en vigor desde 2003. De la planificación realizada hasta el momento, solo entre el 5% y el 15% de las construcciones identificadas como ilegales no tienen ninguna posibilidad de regularización al ocupar suelo con especial protección.
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/decreto/fijara/criterios/seguir/viviendas/ilegales/elpepuespand/20110104elpand_1/Tes
lunes, 3 de enero de 2011
SINDOCRACIA.

La definición es clara. La aplicación de la misma, es el resultado de las nupcias entre la inoperancia y la prepotencia, entre la fastuosidad de obras inacabadas y de ideas absurdas, de macro-playas artificiales, de pañales para perros, de convenios urbanísticos y de cuartas plantas; de conciertos; de endosos bancarios; de más conciertos; de más endosos; de empresas municipales deficitarias; en general, de despilfarro. De sentencias judiciales que aparecen de forma continúa. De denuncias y más denuncias….
Es la pérdida de una identidad de villa marinera y tradicional, a favor de ser una ciudad dormitorio. Es la forma de generar empresas de creación de empleo, que no logran sus objetivos. Es el arte de crear viviendas de protección oficial como viviendas sociales y generar beneficios, de estar endeudados hasta la campana de la Basílica y seguir gastando dinero y aprobando cuentas y ejercicios tapando lo que toda la ciudadanía ya puede imaginar.
Es el enfrentamiento continuo con los funcionarios locales, con los policías locales, los que acercan el ayuntamiento a los ciudadanos, con los pequeños y medianos empresarios, generadores de empleo, con multitud de vecinos, que son los sufridores de los derroches y los que abonan las subidas de impuestos.
Creo que va siendo hora de buscar otra palabra en el diccionario, más acorde a lo que se merece Candelaria.
Afectados por la Ley de Costas dicen que «el mal se está produciendo ya»
Thomas y Meng representan los intereses de unas 1.200 empresas de Cantabria, en las que trabajan cerca de 25.000 personas.
Polémicas declaraciones
Los portavoces de los afectados se mostraron muy críticos con las palabras del catedrático Juan Manuel Alegre, porque parece «quitar hierro» al conflicto. Alegre sostuvo en este periódico que «las industrias afectadas por la Ley de Costas pueden seguir funcionando 30 años más» y que «el problema no se va a plantear hasta 2018 y entonces se podrá solicitar una prórroga».
«Esto no puede decirse así. Podrán disponer de una prórroga de 30 años más a partir del 2018 las industrias afectadas por la Ley de Costas con título de propiedad sobre su suelo», explican Thomas y Meng. Ahora bien, «la mayoría de las industrias, explotaciones agropecuarias, instalaciones de servicios, etc, que se encuentran en el dominio público en Cantabria, no tienen título de propiedad. Son concesiones. Y las concesiones caducan en el año 2018 y no tienen prórroga posible». De hoy a siete años, por tanto, esas empresas tendrán que abandonar su actividad.
«La Ley de Costas en Cantabria no afecta al tema urbanístico, como en la costa mediterránea, sino al tejido productivo. Es para industrias y explotaciones ganaderas», añadieron. Actualmente, hay afectadas unas 1.200 empresas, pero serán muchas más cuando se complete el deslinde público marítimo-terrestre en el municipio de Santander, que es uno de los pocos que queda por completar en Cantabria.
Carácter retroactivo
Por último, Thomas y Meng insistieron en una idea: no es la Ley de Costas de 1988 quien les priva de sus derechos -«aquella decía que los terrenos serán mantenidos en su actual situación jurídica»-, sino el reglamento posterior aprobado en 1989 para su desarrollo.
«Este tema de la privación de los derechos de propiedad, con carácter retroactivo, es gravísimo y no puede tratarse con tanta ligereza -aluden nuevamente al profesor Alegre-, porque conlleva la ruina de muchísimas personas cuyo único patrimonio es su finca, su vivienda o su industria, y que a partir de la entrada en vigor de la ley no pueden modificar ni trasmitir ni cambiar de uso lo que es suyo y ni siquiera lo pueden utilizar como garantía para pedir un crédito».
http://www.eldiariomontanes.es/v/20110103/cantabria/afectados-costas-dicen-esta-20110103.html
miércoles, 29 de diciembre de 2010
Costas deslinda El Perellonet por la línea de dunas para salvar las casas

JOSÉ PARRILLA VALENCIA
Los deslindes son importantes por cuanto delimitan la franja de playa que gestiona el Gobierno y la que queda en manos del ayuntamiento de turno. Por ejemplo, el conflicto de los chiringuitos se produce porque estos restaurantes están en el espacio marítimo terrestre que gestiona la Dirección General de Costas y es éste organismo el que da las concesiones, no el consistorio.
En el caso de Valencia, el litoral se ha dividido en cuatro áreas, de las cuales quedaba pendiente la que va de la Gola de El Perellonet a la gola de El Perelló, 4,8 kilómetros de costa que comprenden básicamente la playa de El Perellonet, ampliamente urbanizada con segundas residencias.
Según declaró ayer el concejal Alfonso Novo, en esa delimitación se invadían propiedades privadas y municipales y de ahí que se hicieran las correspondientes alegaciones desde el Ayuntamiento. En concreto, se veían afectados tres edificios de la avenida de las Gaviotas (urbanización Civisa) y varias parcelas de suelo dotacional del Ayuntamiento de Valencia, además de estrangular la calle Delfines. Ayer, sin embargo, todavía no se conocía, dijo Novo, el detalle del nuevo deslinde, que ha introducido cambios.
Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, explicaron, por su parte, que en este nuevo reparto de costa se ha sido flexible para evitar nuevas confrontaciones con el Ayuntamiento de Valencia. En concreto, aseguraron que se han ajustado a la línea de dunas para no entrar en espacios privados ni poner en cuestión determinadas construcciones.
Versiones encontradas
Se trata, en cualquier caso, de una versión para poner en cuarentena, pues con el anterior deslinde también se dijo lo mismo y el Ayuntamiento de Valencia tenía una visión diametralmente opuesta. Es más, además del deslinde existe una zona de servidumbre que amplía, con menos restricciones, la zona reservada como espacio marítimo público terrestre, es decir, la parte que se queda el Gobierno.
Ahora, los titulares de propiedades que estén dentro del espacio marítimo terrestre tienen un plazo de un año para solicitar la correspondiente concesión y acreditar su inclusión en algunos de los supuestos contemplados en la Ley de Costas.
Para los particulares que no estén de acuerdo, sin embargo, la vía administrativa está agotada, por lo que solo cabe recurso de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos.
El Ayuntamiento de Valencia, por su parte, tiene dos meses para recurrir, cosa que previsiblemente ocurrirá.
martes, 28 de diciembre de 2010
Municipios costeros de Castelló crean una plataforma para defender las viviendas del litoral
La iniciativa responde, según señalan fuentes de la diputación, a la petición de los alcaldes, "que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada ante la administración central y reclamar el respaldo de las instituciones europeas". La plataforma trasladará una petición oficial a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo "denunciando la arbitrariedad en la aplicación de la Ley y la retroactividad de la misma".
Otras opciones legales
Vicent Aparici, vicepresidente de la diputación, ha destacado que "la plataforma nos permitirá presentar ante la Eurocámara una petición consensuada por todos los afectados y respaldada por la ciudadanía, para lo que vamos a iniciar una campaña de recogida de firmas". Asimismo, añadió que "estamos estudiando otras opciones legales para reclamar la atención necesaria sobre lo que consideramos un ataque a los derechos de la ciudadanía".
En esta línea, asegura que "esta plataforma se ha creado y pensado para dar cabida a todos los municipios, con independencia de colores y tendencias, y es una lástima que no estemos todos los municipios afectados sentados en este mesa de trabajo".
La aplicación retroactiva, según Aparici, "conlleva graves perjuicios para el patrimonio histórico y el objetivo es conseguir comunicar la realidad de los pueblos costeros y lograr que los eurodiputados medien desde Bruselas ante el Gobierno de España, competente en esta materia, para paralizar la aplicación retroactiva de la Ley de Costas, tal y como la ha planteado Madrid".
http://www.levante-emv.com/castello/2010/12/27/municipios-costeros-castello-crean-plataforma-defender-viviendas-litoral/768910.html
lunes, 27 de diciembre de 2010
Una subcomisión Canarias-Estado consensuará la ejecución de la Ley de Costas

El consejero dijo que la finalidad de este órgano es el análisis de la problemática de las Islas en esta materia y la proposición de soluciones que se materializarán en la suscripción de acuerdos entre ambas administraciones.
El responsable autonómico explicó que esta subcomisión, integrada por cinco representantes del Estado e igual número del Gobierno de Canarias, planteará "acuerdos que resuelvan las discrepancias que han surgido hasta ahora en la interpretación y el modo de ejecución de las previsiones de la Ley de Costas en Canarias".
En este sentido, Berriel apostilló que las principales diferencias se concentran en la concreción del límite del dominio público marítimo terrestre y, sobre todo, en la línea de servidumbre de protección en aquellos suelos que el Gobierno canario considera que cumplen con las condiciones exigidas por la Ley de Costas, ya que tienen naturaleza urbana antes de su entrada en vigor. Este hecho, recordó Berriel, ha desencadenado en varios contenciosos de Canarias con el Estado.
Otra de las funciones de esta subcomisión mixta es trabajar para "racionalizar y modular" las actuaciones de recuperación ambiental del litoral en Canarias y la erradicación de los usos abusivos del dominio público costero, sin llevar implícito un mayor costes social, dijo Berriel, quien remarcó la importancia de que cada caso sea estudiado por separado a la hora de afrontar los objetivos de recuperación de la costa de las Islas. "Se debe dar solución a los problemas sociales que comporta esta actuación y, en su caso, se tiene que atender a la pervivencia y recuperación de los valores etnográficos, culturales y pintorescos que están en el litoral y que conforman parte de nuestra historia", subrayó el consejero.
En este sentido, Domingo Berriel apuntó que este grupo de trabajo también será "el foro adecuado para la interpretación y correcta aplicación de la ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario".
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-subcomision-canarias-estado-consensuara-ejecucion-ley-costas-20101222145255.html
miércoles, 22 de diciembre de 2010
Ley de Costas: sí hay razones para la inquietud
El informe cameral sobre los posibles efectos de la Ley de Costas ha dado lugar a todo tipo de opiniones, todas ellas muy respetables. También es respetable el criterio que se desprende de la entrevista realizada al profesor D. Juan Manuel Alegre, publicada en EL DIARIO MONTAÑÉS el 12 de diciembre, pero se podría pretender que es la Cámara quien, a través de su informe, ha generado una situación de alarma o de incertidumbre, cuando lo único cierto es que dicha situación se ha generado por la propia Ley y por su aplicación, por muy legítima, legal y vinculante que ésta sea.
En la entrevista se podía leer que «no se puede hablar de inseguridad jurídica cuando desde 1988 se sabía que las concesiones administrativas expiraban en 30 años», y en la pregunta siguiente, al contestar el profesor sobre si todas las industrias y negocios concesionales desaparecerán como denuncian los afectados, responde que «no, porque la norma contempla también la posibilidad de obtener una prorroga por otros 30 años.
Lejos de cuestionar los conocimientos jurídicos del profesor Alegre, sí nos plantea cierto estupor que se considere que el hecho de que las concesiones se puedan, o no, otorgar por otros 30 años más, no es un elemento que introduzca, al menos, cierta inseguridad jurídica, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos prácticamente en el año 2011 y que, a fecha de hoy, ninguna de las empresas sabe si obtendrá, o no, la famosa prórroga. Cierta sensación de inseguridad, jurídica, económica e incluso existencial sí que tendrán esas empresas, vaya que sí.
Pero es que, además de la disposición transitoria 1 de la Ley, también existe la disposición transitoria 6ª de la misma Ley, que en sus apartados 1 y 2, establece que:
1. En ningún caso podrá otorgarse prórroga del plazo de concesión existente a la entrada en vigor de esta Ley en condiciones que se opongan a lo establecido en la misma o en las disposiciones que la desarrollen.
2. Extinguidas las concesiones otorgadas con anterioridad a esta Ley, y que no resulten contrarias a lo dispuesto en ella, la Administración competente resolverá sobre el mantenimiento o levantamiento de las instalaciones. En caso de que se opte por el mantenimiento será de aplicación lo previsto en el apartado 3 del artículo 72.
Y la disposición transitoria 14ª 3, del Reglamento de la Ley de Costas, que hace incompatible el mantenimiento de las empresas con los criterios de ocupación del dominio público. Por consiguiente no queda tan claro, ni medio claro, que se vaya a otorgar la prórroga de la concesión por otros 30 años.
Y aún queda menos claro después de leer lo dispuesto el artículo 32.1 de la Ley: «Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». Por todo ello es, como poco, incierto que se les vaya a conceder una prórroga por 30 años.
En cualquier caso difícilmente una empresa va a plantearse ningún tipo de inversión sin saber con un alto grado de certeza qué le va a ocurrir en el 2018. Pero, además, también existen situaciones que van más allá de la mera inseguridad, y generan frustración con el 100% de certeza.
Por ejemplo, pensemos en unos propietarios, que los hay, titulares dominicales que adquirieron sus terrenos al propio Estado y que inscribieron sus derechos en el registro de la propiedad, y construyeron con toda legalidad una industria, una casa, una empresa con vocación de continuidad. Pues bien, esos propietarios pasan a convertirse en meros concesionarios, que no podrán ya, por ejemplo transmitir el bien, excepto que lo hagan mortis causa y sabiendo que al final de ese plazo de la concesión el terreno y su propiedad revierten al Estado. Y respecto de que se realicen afirmaciones tan tajantes, como que las edificaciones existentes se van a respetar; pues tenemos dudas al respecto, ya que no se desprende tal afirmación de la lectura del artículo 72 de la Ley de Costas, que en la inmensa mayoría de los casos implica la demolición y retirada de lo construido, a expensas del concesionario.
La Cámara de Cantabria no ha generado una alarma en la sociedad por expresar una preocupación fundamentada en un informe y en criterios legales Más bien habrá que entender que la Cámara, cumpliendo con sus funciones y obligaciones, pone de manifiesto una situación bien alarmante per se, que en absoluto contribuye a mejorar las posibilidades de las industrias afectadas, y avisa de que existen maneras legales y legítimas para afrontar esta situación. La primera, evidentemente, es la de apoyar la modificación de la disposición 14ª del Reglamento, como mínimo cambio normativo imprescindible.
En segundo lugar, muchos ciudadanos prefieren luchar, con la única arma que les da el Estado de Derecho en el que han delegado todas las formas de autodefensa, y que no es otra que recurrir: recurrir por si acaso han cometido un error formal o material, recurrir por si mientras tanto se cambia la legislación y sus tierras, casa, industria o negocio quedan así fuera de la aplicación de la Ley de Costas y su Reglamento.
El profesor entrevistado da a entender que no tiene sentido recurrir, pues salvo excepciones técnicas aparte, dice él, en ningún caso han sido revocados los deslindes. Recurrir sí tiene sentido, pero aún es más curioso que se diga eso en Cantabria, donde un recurso contra un deslinde del dominio público marítimo-terrestre efectuado al amparo de la Ley de Costas de 1988, en el que se dio la razón a la parte recurrente y se modificó el deslinde, ha supuesto la sentencia de más calado económico de cuantas se han dictado en los últimos años para Cantabria, que es la sentencia del Tribunal Supremo sobre la EDAR de Vuelta Ostrera
http://www.eldiariomontanes.es/v/20101222/opinion/articulos/costas-razones-para-inquietud-20101222.html
lunes, 20 de diciembre de 2010
Domingo Berriel defiende una aplicación de la Ley de Costas que tenga en cuenta las circunstancias particulares de cada caso
El titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente destacó hoy en el Parlamento la disposición de la ministra Rosa Aguilar para ampliar y modificar el convenio de colaboración Canarias-Estado
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Domingo Berriel, destacó hoy en el Parlamento de Canarias la disposición de la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, para ampliar y modificar el convenio en materia de costas que mantiene el Estado con Canarias, con el propósito de que se aplique la Ley de Costas teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. En este sentido, señaló que en la reunión que mantuvo con la ministra el día 2 de diciembre también se abordó la situación de los vecinos de Cho Vito.
Durante su intervención en el Pleno de la Cámara regional, Berriel dijo que le había trasladado a Rosa Aguilar la necesidad de que la recuperación ambiental del litoral en Canarias y la erradicación de los usos abusivos del dominio público costero no debe llevar implícito un coste social. De ahí, la importancia, remarcó, de que cada caso sea estudiado por separado a la hora de afrontar los objetivos de recuperación de la costa de las Islas. "Se debe dar solución a los problemas sociales que comporta esta actuación y, en su caso, se tiene que atender a la pervivencia y recuperación de los valores etnográficos, culturales y pintorescos que están en el litoral y que conforman parte de nuestra historia", subrayó el consejero.
Domingo Berriel destacó que Rosa Aguilar "compartió el planteamiento expresado por el Gobierno de Canarias" y anunció que ayer se celebró la Comisión Bilateral Canarias/Estado, en la que se acordó la creación de la subcomisión mixta entre representantes de ambas administraciones, que empezarán a trabajar antes del próximo 15 de enero, con el fin de proponer acuerdos en materia de costas. "Dichas propuestas serán elevadas a la Comisión Bilateral, como resultado del acuerdo de estabilidad institucional establecido entre CC y el Grupo parlamentario Socialista para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2011", subrayó Berriel.
El consejero indicó que éste es el resultado de la reunión con la ministra Rosa Aguilar, a la que en la reunión celebrada le expresó "la problemática suscitada en la interpretación del modelo de ejecución de las previsiones de la Ley de Costas en Canarias, así como las múltiples discrepancias en el ejercicio de las competencias concernientes a Estado y a la Comunidad Autónoma en el litoral canario".
En este sentido, apostilló el responsable autonómico, le expuso las diferencias sobre la concreción del límite del dominio público marítimo terrestre y, sobre todo, en la referida a la servidumbre de protección, como consecuencia de la interpretación de las condiciones urbanísticas del territorio. Este hecho, recordó Berriel, ha desencadenado en varios contenciosos de Canarias con el Estado.
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=135249
