Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

miércoles, 13 de abril de 2011

La Plataforma de defensa de viviendas pide apoyo a los europarlamentarios

Castellón, (EFE).- Una delegación de la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense ha viajado a Bruselas para recabar el apoyo de los europarlamentarios a la petición oficial que se presentará en unas semanas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para evitar el derribo de sus casas. La delegación, encabezada por el vicepresidente de la Diputación de Castellón, Vicente Aparici, y compuesta por representantes de los municipios afectados, se ha reunido con eurodiputados de distintos grupos políticos en la Eurocámara, entre los que se encuentran dos miembros de la Comisión de Peticiones, su vicepresidente y miembro del Grupo del Partido Popular Europeo, Carlos Iturgaiz, y Marta Andreasen, eurodiputada del Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia. Asimismo, la plataforma se ha reunido con los eurodiputados valencianos del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Andrés Perelló y Josefa Andrés. Según Aparici, el objetivo de esta primera ronda de contactos es "explicar qué es lo que reivindica esta plataforma dedicada a la defensa de las viviendas históricas, informar de las acciones que hemos llevado a cabo y pedir su apoyo para sensibilizar al resto de miembros del Parlamento Europeo de cara a la petición que entregaremos próximamente a la Comisión de Peticiones". La presidenta de la Asociación de Vecinos "Mos Quedem" de Almassora, María Tajes, ha destacado que "en Europa todavía hay gente que cree que defendemos un urbanismo atroz y hemos venido a dejar claro que sólo buscamos proteger las casas antiguas, que son precisamente las que Costas quiere derribar". Asimismo, ha explicado que la plataforma "entiende que no se puede legislar para cada caso particular pero sí modificar la Ley para proponer soluciones que protejan y regeneren la costa en función de cada tramo del litoral". Por su parte, Marisol Ballester, presidenta de la Asociación de Vecinos Mare de Deu del Carmen de Nules, ha recordado que "no somos ilegales, no hemos construido las casas en dominio público sino que, por un acto administrativo, se ha declarado fuera de ordenación al suelo de nuestros casas a posteriori y, al no regenerar la costa, el mar ha ido comiendo terreno". En este sentido, María Tajes ha puntualizado que "los deslindes se deben hacer después de asegurar la protección de la costa y aquí se está haciendo al revés, sin esperar a que el mar vuelva a su lugar". Durante la reunión con Carlos Iturgaiz, el vicepresidente de la Comisión de Peticiones ha destacado que la Ley de Costas volverá a ser debatida durante la próxima reunión de la comisión, a finales de mayo, porque "este tema está demostrando tener suficiente relevancia como para que sigamos trabajando en nuestras recomendaciones para preservar los derechos de los ciudadanos europeos". Asimismo, ha adelantado que la delegación española del Grupo Popular está recabando apoyos para la elaboración de una declaración que "pedirá que la Ley respete la propiedad, indemnice justamente a los propietarios, respete el concepto de no retroactividad de las leyes y ofrezca garantías de igualdad ante la ley por causas de arbitrariedad en su aplicación". EFE http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=782540

Costas de trámite de audiencia a modificación del deslinde entre la Casa del Duque y Playa del Bobo


La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha dado trámite de audiencia durante 15 días a la modificación del deslinde en el municipio tinerfeño de Adeje entre la Casa del Duque y la Playa del Bobo. En dicho trámite según el Boletín Oficial de la Provincia lo que se pretente es modificar el deslinde en 185 metrosRelativo al trámite de audiencia en el expediente en donde aparecen como interesados propietarios de Costa Torviscas. "Se tramita en esta Dirección General el expediente sobre el asunto de referencia. De conformidad con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se concede un plazo de 15 días para que dentro del mismo pueda examinar el expediente y presentar, también dentro de este mismo plazo, los escritos, documentos y pruebas que estime conveniente", ha recogido el BOP. Los interesados en el expediente podrán examinaron en el Servicio de Costas de Tenerife en la calle de la Marina en la capital de la isla. http://www.eldia.es/2011-04-11/sur/4-Costas-tramite-audiencia-modificacion-deslinde-Casa-Duque-Playa-Bobo.htm

Costas se quedará con los terrenos de 200 vecinos entre Famara y Soo


El Ayuntamiento de Teguise anunció anoche que recurrirá ante la Audiencia Nacional para impedir que pase al Estado una franja de 17.000 metros cuadrados

La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado la inclusión dentro del deslinde del dominio público marítimo-terrestre de una franja de litoral de cerca de 17.000 metros cuadrados situada en el parque natural del Archipiélago Chinijo, entre las localidades de Soo y Caleta de Famara, en Teguise. Una medida que supondrá que unos 200 vecinos del municipio de Teguise pierdan la titularidad de sus terrenos rústicos situados en una zona de jable (arena). El alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, y el concejal de Urbanismo, Domingo Cejas, se reunieron anoche con un numeroso grupo de vecinos en el centro sociocultural de Soo para explicar los pasos que va a seguir el consistorio encaminados a evitar que Costas lleve a cabo esta iniciativa. "Es una barbaridad". El concejal de Urbanismo aseguró que la decisión de Costas va en contra de los intereses del municipio. El Ayuntamiento anunció que en los próximos días presentará un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para tratar de salvaguardar los derechos de los ciudadanos afectados. El alcalde recordó a los vecinos que desde la fecha de incoación del expediente del mencionado deslinde, en el año 2009, el Ayuntamiento mostró su disconformidad con el trazado propuesto, presentado alegaciones en clara oposición al mismo, "ante el desproporcionado desplazamiento hacia el interior de la ribera del mar". De hecho, el deslinde se adentrará desde el mar hacia el interior en 2,5 kilómetros. A partir de ahora, los vecinos tendrán un año para solicitar a Costas una concesión administrativa (que será de 30 años) para poder utilizar sus tierras como zonas de cultivo. No obstante, se limitará el uso de toda esa franja de litoral dado que Medio Ambiente la ha calificado como de vital importancia para la conservación mari- na del paraje natural del Ar- chipiélago Chinijo. http://www.laprovincia.es/lanzarote/2011/04/13/costas-quedara-terrenos-200-vecinos-famara-soo/365572.html

viernes, 8 de abril de 2011

Costas rechaza el concierto "Tenerife Sur de Músicas" en playa de Las Vistas

La Dirección General de Costas ha dictado una resolución en la que deniega la petición del Ayuntamiento de Arona de celebrar el concierto "Tenerife Sur de Músicas" en la playa de Las Vistas el 27 de agosto de 2011. Según la resolución del Servicio Provincial de Costas, a la que ha tenido acceso Efe, en la ley de Costas se establece que únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación, (por ejemplo el Hotel Vela, instalado en dominio público, a pocos metros del mar, en Barcelona)mientras que las obras solicitadas para el concierto son contrarias a lo establecido. La solicitud para celebrar un "macroconcierto" en Las Vistas había sido registrada el 12 de enero de 2011 en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y en el Servicio Provincial de Costas. El escrito fue firmado por el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, y como "coadyuvantes", por el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo y Planificación, José Manuel Bermúdez; y por el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz. La petición se fundamentaba en que el municipio de Arona es uno de los enclaves turísticos más importantes en el ámbito nacional y que un proyecto igual -en alusión a "Son Latinos"- se celebró en el lugar entre 1998 y 2003. También se argumentaba que estos proyectos influyen en el turismo "que es casi exclusivamente fuente de ingresos de la isla" y que hay un informe técnico emitido por el Cabildo de Tenerife -en concreto por la sociedad pública Ideco- en el que se especifica que no hay un lugar alternativo para situar eventos de esta magnitud. Por ello se proponía crear un organismo "controlador y supervisor" para que se garantice la total e inmediata limpieza y regeneración de la playa y se afirmaba que el evento "cuenta con el decidido y firme apoyo, además del Ayuntamiento, del Cabildo de Tenerife, del Gobierno de Canarias y de la Subdelegación del Gobierno". Además se hacía alusión a una moción aprobada por el Congreso de los Diputados para flexibilizar los criterios actuales para el uso eventual de las playas canarias en la realización de grandes eventos y que "al igual que ocurre en numerosas playas de España, la celebración de un concierto de este tipo no incurre en ninguna de las prohibiciones relacionadas expresamente en la ley de Costas". El Servicio de Costas recuerda que el 1 de julio de 2004 se denegó un evento similar en la misma playa, lo que fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que entonces desestimó un recurso de la empresa Guagua Producciones. El 31 de enero de 2011 la Abogacía del Estado en Santa Cruz de Tenerife emitió un informe en el que concluía que no se podía autorizar la celebración de un festival musical en el dominio público marítimo terrestre por no ser una actividad que "por su naturaleza, necesariamente deba ubicarse en el mismo". Añade que la moción del Congreso de los Diputados "es un mecanismo de control del Gobierno que se regula por sus normas específicas y que carece de eficacia jurídica". Costas recuerda que esta resolución está motivada por un escrito de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, que entiende que este festival es contrario a la normativa medioambiental y de costas y pide que se abra un expediente sancionador. También señala que el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, Wladimiro Rodríguez, firmó un escrito en el que aseguraba que el impacto ambiental producido por el concierto tendría carácter "puntual, reversible" y que admite las medidas correctoras propuestas por la empresa, por lo que no ve razones de interés público que justifiquen la denegación. El consejero añadía que el consejero que el festival contaría con todas las garantías medioambientales y económicas y que estaría en contacto con asociaciones ecologistas, además de anunciar "una amplia programación cultural". EFE http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=774697

El Foro del Sur anima a Rivero a luchar por las competencias de Costas

El Foro Intersectorial de Gran Canaria, formado por empresarios y profesionales relacionados con el sector turístico del Sur, reclamó ayer al presidente Paulino Rivero que mantenga como "un objetivo irrenunciable" el traspaso de las competencias sobre Costas, cuyo ordenamiento y gestión deben quedar en manos de la Comunidad Autónoma o los cabildos. En un almuerzo-tertulia al que asistieron medio centenar de personas, el Foro planteó al jefe del Gobierno de Canarias una reforma administrativa que reduzca la burocracia y facilite las inversiones en la áreas del litoral, con establecimientos hoteleros de calidad y parques temáticos que reactiven al Sur de Gran Canaria como destino turístico, según informó el presidente de este grupo empresarial, Jorge Gordillo, tras reunión. Por su parte, Rivero auguró una reactivación del sector de la construcción en el segundo semestre de 2011. Ante la petición del Foro para que se desarrolle la Ley de Municipios Turísticos, el presidente canario consideró que no es necesario porque las islas deben entenderse como una unidad. También mostró su predisposición por acabar con la planta alojativa ilegal, causa de la mala imagen al visitante. http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2011/04/08/foro-sur-anima-rivero-luchar-competencias-costas/364395.html

JOSE LUI LANGA. Representante de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas en Canarias


1. Cree uste la necesidad de modificar la ley de costa a la realidad actual? » Por supuesto que sí, ya que uno de los elementos que deberían subsanarse de la aplicación de la Ley de Costas es que conculca uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cual es el derecho a la propiedad al aplicarse con carácter retroactivo. 2. Muy buenas. Cuando paseo por la costa de Tenerife veo con frecuencia grandes Chalets pegado a la costa y acantilados. ¿Cree usted que la mayoría estan en regla? » Habría que comprobar la zona de servidumbre en que se encuentran dichas edificaciones y la situación que tenían cuando se promulgó en el año 1988 la Ley de Costas, partiendo de la base que con anterioridad a dicha ley ya se encontraban edificados. 3. Estimado Sr. Tengo una vivienda unifamiliar - actualmente afectada por la zona de servidumbre y de tránsito - que data del año 1963, anterior a la Ley de Costas de 1988, y también anterior a la actualmente derogada Ley de Costas de 1969. . El edificio en cuestión sólo tiene una vivienda. El Plan Insular incluye esta vivienda en un ARH URBANA. El Planeamiento Territorial Turístico lo adscribe igualmente a un ARH URBANA. El Planeamiento Urbanístico vigente reconoce las alineaciones existentes y permite una mayor altura. A mi entender, el tránsito queda garantizado dada la calle existente con la que linda. ¿Qué puede pasar con mi vivienda?. ¿Puedo ampliar la construcción en la última planta previa tramitación de un Estudio de Detalle que ordene los volúmenes?. Muchas Gracias de antemano. » En principio, y tal y como está planteada la pregunta, estimo que cualquier ampliación que se hiciese tendría que tener en cuenta el Plan General de Ordenación al que hace mención, así como, en todo caso, comprobar con la demrcación de Costas y el Ayuntamiento correspondiente si existe alguna solución para la problemática que plantea. 4. Los alcaldes que durante años han hecho la "vista gorda" permitiendo fabricar en cualquier sitio y ahora se lavan" las manos" cuando Costas actùa ¿ no han incurrido en ningùn delito? » Para determinar que cualquier funcionario o cargo de la Administración haya podido incurrir en un delito o no, corresponde a los Tribunales de Justicia y al Ministerio Fiscal en orden a las resoluciones que se hayan podido dictar por dichas personas una vez se haya comprobado las decisiones que se hayan adaptado y que pudieran ser consideradas un ilícito penal. 5. Una simple pregunta que muchos chicharreros nos hacemos ¿Cree usted que es legal que se encuentren el club náutico y paso alto entre dos bahías de un puerto de interés general como es el de Santa Cruz de Tenerife?. Gracias por su respuesta » La legalidad o no depende de la concesión administrativa que se haya facilitado y de la cual inicialmente no dudo que ampare la situación en que se encuentran tanto el Club Náutico como Paso Alto. 6. ¿Cómo es posible que siempre se tiren las viviendas de los más humildes y a la de ciertos políticos y empresarios, afectados igualmente por la ley de costas, se mantenga? » Es cierto que inicialmente la aplicación de la Ley de Costas se está produciendo en sectores más desfavorecidos, lo que no significa que su aplicación deba afectar a todas aquellas propiedades que no reúnan los requisitos que amparen su viabilidad. 7. Me parece vergonzoso que se estén revisando, arbitrariamente, los deslindes de una ley ya aprobada hace más de veinte años. ¿Por qué se revisan unos sí y otros no?. ¿Es normal y legal esta arbitrariedad?. En la caleta de guimar se revisó el deslinde en el año 2007. En el año 2006 se podían seguir construyendo casas. En el año 2007 ya no. » Estoy totalmente de acuerdo que una ley que se promulga en el año 1988 se esté aplicando más de 20 años después sin tener en cuenta, en algunos casos, la situación en que en dicha fecha se encontraban las propiedades afectadas. Es decir, si reunían o no los requisitos exigidos por la propia ley para que la servidumbre se aplicase en 100 metros en lugar de los 20 en que podrían concretarse siempre y cuando las citadas propiedades pudieran considerarse que estaban construidas en núcleos urbanos consolidados. 8. BUENAS TARDES JOSE LUIS, ¿A QUE DISTANCIA DE LA COSTA NO SE PUEDE CONSTRUIR?. ¿DESDE DONDE SE CONSIDERA DESDE LA ORILLA DEL MAR HACIA LA CONSTRUCCIÓN ILEGAL?. GRACIAS. » El problema del límite desde el que se aplica la servidumbre y, por tanto el deslinde Marítima Terrestre, depende, dado el contenido de la propia ley, en algunos casos hasta dónde llegan las mareas. La distancia viene definida en la propia ley según se aplique o no la servidumbre de 100 metros, o excepcionalmente, la de 20 metros, situación que debe comprobarse en cada caso. 9. BUENAS TARDES JOSE LUIS. HASTA DONDE SON AGUAS CANARIAS, DISTANCIA. SUERTE. » La contestación a esta pregunta sale del contexto del asunto que se está tratando, que se refiere exclusivamente a la aplicación de la Ley de Costas y cuya respuesta debe darse en otro contenido diferente al que estamos en este momento abordando. 10. Estimado Sr. Langa: Tengo una propiedad dentro de una comunidad de vecinos que está afectada parcialmente (parte del edificio) por la linea de demarcación de costas. Mi propiedad fué construida legalmente, como parte de un proyecto turístico antes de la aprobación de la Ley.Entiendo el espíritu de la ley y puedo entender que en un momento dado y por el interés general, mi propiedad pueda ser expropiada para un uso público. Sin embargo en un país donde su ley máxima ampara el derecho de la propiedad privada, y la no retroactividad de las leyes cuando lesionan los derechos de los ciudadanos: ¿ Es posible que algún día la administración me expropie mi vivienda sin por lo menos indemnizarme con una cantidad de dinero igual a la que me costo para adquirirla y por la que estóy pagando una hipoteca?. Muchas Gracias. » Uno de los problemas que plantea la aplicación de la Ley de Costas es, en algunos casos, la inseguridad jurídica que proporciona a personas afectadas por la misma, sobre todo cuando lesiona intereses que hacen referencia al derecho a la propiedad privada constitucionalmente reconocida. Por lo que conociendo en profundidad el asunto planteado, si fuera necesario, debería acudirse a los Tribunales de Justicia en defensa de dichos intereses. 11. Mi pregunta es, todavia las aguas negras de la Orotava y el Puerto , se vierten al mar ´o que ha pasado con ese tema GRACIAS » La pregunta que usted plantea, aún saliéndose del contexto del asunto que estamos tratando, debería plantearlo ante la Administración correspondiente, al objeto de si desde el punto de vista medioambiental hubiese que corregirlo. 12. ¿Están en peligro de derribo las viviendas afectadas? » Tal como se encuentra actualmente la aplicación de los deslindes marítimo terrestres, existe una evidente incertidumbre sobre las viviendas afectadas por la Ley de Costas y, aunque debería conocerse el caso concreto, efectivamente pudieran correr el peligro que usted comenta. 13. Qué opina ud. sobre el caso de El Charco de la Arena, en Punta Hidalgo, un trozo de costa usurpado al pueblo y sobre el que se construyó una edificación murada que impide el paso y que constituye un club privado desde los años ´60. » La opinión que tengo sobre la situación que usted plantea es que, si no responde a lo que legalmente está permitido, deberá hacerse frente a esa situación a través de las vías tanto administrativas como judiciales que correspondan conforme derecho. 14. SABIENDO QUE EL NIVEL DEL MAR ESTA SUBIENDO, ¿NO ES UNA TEMERIDAD TENER CONSTRUCCIONES A MENOS DE 100 METROS? » Efectivamente, uno debe ser consciente del riesgo que puede correr dado el cambio climático que se está produciendo al tener edificaciones con una proximidad al mar que pudiesen ser afectadas por dicho cambio o cualquier otra alteración meteorológica. 15. Que hay de su agria polémica con del Torco? » Cualquier polémica en que me encuentre inmerso se realizará dentro de los márgenes de respeto y consideración que merece la persona con quien se polemiza, aunque su contenido se refuerce con la contundencia que da la razón que uno cree que tiene. 16. buenos días. Como abogado y urbanista me pregunto, y quisiera que me respondiera, ¿cree usted que la Ley de Costas es confiscatoria?¿No cree que las comunidades autónomas deberían asumir mas competencias en Costas para así desbloquear muchas de las actuaciones que a día de hoy están paralizadas por culpa de la descoordinación entre las administraciones?¿Cúal sería la solución más prudente y beneficiosa para la playa de Maspalomas, según su opinión? Muchas gracias, y bien día » En la forma que se está aplicando la Ley de Costas, efectivamente, estimo tiene un contenido confiscatorio de la propiedad privada acreditada con anterioridad a su entrada en vigor. Entiendo que la asunción de competencias por la comunidad autónoma supondría un avance en la solución de los problemas que suscita su aplicación, aunque lo que estimo resolvería en gran medida la problemática planteada sería la modificación de la propia ley dado que en su largo recorrido, desde su promulgación hasta la fecha, se ha comprobado que está afectando a derechos constitucionalmente reconocidos como es, el anteriormente expuesto, de la propiedad privada. En este momento desconozco la situación en que se encuentra dicha playa y en qué medida puede afectarle la Ley de Costas. 17. ¿Cree usted que la UE podrá actuar y, por tanto, tener capacidad de decisión sobre la problemática de la Ley de Costas en España? Gracias de antemano » El Parlamento Europeo, a quien se le remiten al Comité de Peticiones escritos de quejas explicando los efectos negativos que la aplicación de la Ley de Costas tiene en Canarias, podría a través de sus informes, aunque no sean vinculantes, al Estado español impulsar a que dicha ley fuese modificada, ya que está afectando a derechos humanos fundamentales. Aunque dicha modificación se realizaría si todos los grupos políticos parlamentarios llegasen a un consenso para realizarla constándome que actualmente el Gobierno de Canarias está realizando notables esfuerzos para resolver las situaciones en que se encuentran personas con propiedades afectadas por dicha ley. http://comunidad.laopinion.es/entrevista-chat/2342/sociedad/jose-luis-langa-/entrevista.html

martes, 5 de abril de 2011

Gent de Dénia considera que la aplicación de la Ley de Costas es "abusiva"

Dénia (Alicante), 5 abr (EFE).- La formación política Gent de Dénia presentará una propuesta de modificación de la Ley de Costas por entender que su aplicación es "arbitraria y abusiva" hacia los propietarios de inmuebles. Para ello, Gent de Dénia (GD), a través de su candidato a la alcaldía, Juan Pons, ha anunciado que presentarán una moción al próximo pleno instando a remitir al Parlamento europeo un proyecto de ley de modificación de la Ley de Costas. "Los propietarios no sufren expropiaciones, sufren expoliaciones, ya que no reciben ningún tipo de indemnización por parte del Estado", ha afirmado Pons, quien sostiene que "la legitimidad de los propietarios debe estar por encima de todo". "A su juicio, "se trata de viviendas consolidadas que tienen sus títulos de propiedad y escrituras, y bajo ningún concepto es de justicia que un propietario pierda sus derechos". EFE 1010065 http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=766029

lunes, 4 de abril de 2011

STALIN NO LO HABRIA REALIZADO NI EN SUS MEJORES MOMENTOS

Hay que aplicar la Ley con ponderación en los chiringuitos» Luis López, ingeniero de Costas y redactor de la actual Ley de Costas, desde su retiro, reivindica la vigencia de la norma aprobada hace 23 años, y recuerda que él mismo ordenó derribar 500 establecimientos playeros —La Ley de Costas que usted presentó en el Ministerio de Obras públicas y que se aprobó en 1988 ha sido atacada recientemente y calificada de obsoleta… —Le tengo mucho aprecio. Han pasado 23 años y hasta ahora no ha sido modificada, por lo que se puede decir que está bien resuelta. La Comunidad Económica Europea (CEE) la puso como modelo de ley medioambiental. Es una gran desconocida y, aunque sus enemigos puedan decir que está envejecida, es buena. —Hay quien la califica de dura… —Es un poco dura, pero tenía que serlo porque había playas que eran privadas en su totalidad. —¿El error ha estado en su aplicación? —Es una ley que hay que aplicarla con ponderación, que es lo que no ha ocurrido en la polémica de los chiringuitos, donde se ha hecho de forma indebida. —¿Por qué? —La Ley de Costas dice que su lugar preferente debe ser fuera de la playa. Repito, «preferente», pero la mayoría de los paseos marítimos tienen cinco metros de acera y no hay sitio para ubicarlos. Los chiringuitos son establecimientos necesarios, y lo dice uno que en 1987 ordenó derribar cerca de 500. El problema es cuando se confunde el tipismo con 2.500 metros cuadrados, como había antaño. —¿Y cómo fue ese momento en el que usted parecía el malo de la película? —Mal, hubo muchas presiones. Tuve protección durante seis meses e incluso recibí una corona de muerto en mi casa, pero no fueron los chiringuiteros. Lo que más me dolió es que se la entregaron a mi madre. —El viernes se transfirieron las competencias del litoral a la Junta de Andalucía como vía para acabar con el conflicto. ¿No había otra solución? —Sí, y la contempla la Ley de Costas. Son los Planes especiales de ordenación de playas que analicen cada caso concreto en base a parámetros como la extensión o la afluencia de usuarios, pero la Junta se opuso a que los hiciera. Es como el que tiene un dolor de cabeza y una aspirina al lado y no se la toma. —¿Le parece adecuado el pase de competencias? —Depende de cómo se haga. Debe haber una buena coordinación, y este es uno de los grandes males de los españoles. Más que el organismo en cuestión, lo importante es que quien dirija tenga la cabeza bien amueblada. —El litoral está plagado de construcciones y los ecologistas hablan de una presión medioambiental inaguantable, ¿no se pudo evitar? —Si la Ley de Costas actual hubiese salido en los 60, tendríamos las mejores playas de toda Europa. La del 69 fue inocua y el mayor daño al litoral se produjo entre los 60 y los 80. La Ley del 88 llegó tarde. —Entiendo que era imposible actuar con carácter retroactivo… —No, pero no había dinero para pagar las expropiaciones y acometer los derribos. Ni siquiera pudimos calcular la cifra total a indemnizar de lo descomunal que era. Llegamos hasta donde no había que pagar. —La calidad de las playas y su estado es un tema recurrente en estas fechas, al igual que los aportes de arena. ¿Cuál es la solución a los problemas que rodean al litoral? —Las canalizaciones de ríos y arroyos están desabasteciendo de arena natural a las playas, y los espigones no son siempre necesarios. La mejor solución son los dragados, que a mi me supusieron muchas críticas. —La masificación de personas es otro gran problema, ¿no? —Hace 80 años, la población del mundo que vivía en los litorales oscilaba entre el 10 y el 12 por ciento, ahora es del 50. La zona marítimo terrestre es un borde y sus espacios son inestables. —Recientemente se ha confirmado la intención del Gobierno de hacer prospecciones en el litoral andaluz. ¿Cómo valora este hecho? —Mi opinión carece de valor. —Costas también ha impulsado varios deslindes que afectaban a núcleos de población, como por ejemplo el de la barriada de El Palo, que podría afectar a unas 800 viviendas. ¿Qué opina de esta política? —Que Stalin no la haría ni en sus mejores tiempos. http://www.abcdesevilla.es/20110404/andalucia/sevi-aplicar-ponderacion-chiringuitos-201104031936.html

Igueste lucha hasta el final


Los vecinos aseguran que "ninguna pala" entrará en el pueblo para derribar sus casas. Esperan que se modifique la aplicación retroactiva de la Ley de Costas

GORETTI ALONSO
Los vecinos del barrio costero de Igueste de San Andrés aseguran que nunca dejarán entrar en su pueblo a ninguna pala que pretenda tirar sus viviendas. La aplicación de la Ley de Costas amenaza con eliminar parte de sus viviendas, las que están a menos de 20 metros del mar. Sin embargo, anuncian que lucharán "unidos hasta el final" para evitarlo. Igueste está a diez minutos de San Andrés y a escasa media hora del centro de Santa Cruz. No existe un buen servicio de transporte público y no hay mucha cobertura de telefonía móvil. Sin embargo, "vivir en este pueblo es un lujo". Así lo aseguran la mayoría de sus vecinos, unas personas que llevan ya meses amenazados por la aplicación de la Ley de Costas. Desde la Asociación de Vecinos Príncipe Haineto quieren proteger el pueblo "cueste lo que cueste". Su secretario, Samuel Suárez, asegura que "con la paz que se respira en la zona" es normal que sus vecinos deseen vivir en Igueste para siempre. Este portavoz vecinal tiene 24 años. Aunque muchos de sus amigos se extrañan, siempre afirma que seguirá en Igueste durante el resto de su vida, porque se siente "muy a gusto en su pueblo", un pueblo que "tiene condición de urbano desde mucho antes de 1988, año en el que se aprobó la normativa" de Costas, explica. "Aquí está mi familia, porque todo Igueste es una gran familia; no vendrá nadie a echarnos, porque antes nos tiraremos sobre las palas que quieran tirar nuestras casas", afirma Samuel mientras confirma que solo existe una entrada para poder acceder a Igueste y "por ella tendrá que pasar cualquier excavadora" que trate de llegar. Al caminar por el pueblo los vecinos se saludan, "un espíritu que se conserva ya en pocos sitios". Todos se conocen y se dan cuenta cuando alguien que no es de allí llega hasta Igueste. "Aquí siempre tratamos lo mejor que podemos a los turistas que nos visitan, para que vuelvan siempre", comenta orgulloso Samuel Suárez. Esther Cruz es una de las vecinas más afectadas por la aplicación con carácter retroactivo de la Ley de Costas. Su casa, en la que se crió junto a sus abuelos, está a escasos metros del agua. Ni siquiera existen 20 metros de separación, que es lo mínimo que exige la normativa. "Estoy muy asustada. A veces incluso me despierto y pienso que pueden venir con las palas", asume esta vecina nacida en Igueste. Esther no tiene otra vivienda donde residir. Esta casa es lo único que tiene. No está en contra de la Ley de Costas, pero le gusta su pueblo "tal y como está". Sin embargo no entiende por qué a estas alturas de su vida, "cuando nunca hemos molestado a nadie, ahora quieren echarnos de nuestra casa", declara. Esther asegura que su vivienda cuenta con más de 150 años desde que empezara a construirla su tatarabuelo. Con el paso de los años, cada miembro de su familia, de generación en generación, ha ido ampliándola según las necesidades que tuvieran hasta convertirla en la casa que es hoy. "Aquí nunca ha venido el mar y se la ha llevado, siempre ha estado en pie y no hay ningún peligro; nosotros no echamos nada en el agua ni contaminamos la playa, así que nunca entenderé la razón por la que quieren tirar esta casa", manifiesta. La mayor esperanza que tiene esta iguestera es que su pueblo "continúe unido como hasta ahora, porque aquí todos nos conocemos y somos familiares los unos de los otros", explica. "Nunca van a tirar nuestras casas porque las palas nunca entrarán en el pueblo; si vienen, nos pondremos todos delante para evitar que se acerquen", advierte también Esther. La vivienda de Ángela Cruz es de su propiedad hace ya más de 30 años. No la heredó de ningún familiar como otros de sus vecinos. Cuando la adquirió "era una casita vieja, de tejas, que necesitó muchas reformas", explica. En este caso, el inmueble está dentro del límite que la Ley de Costas ha calculado. Sin embargo, a menos de 100 metros del agua no podrá construir ni ampliar su casa, aunque no corre peligro de ser derribada. Ángela ve "muy mal" la aplicación de esta ley. No quiere que hasta su pueblo llegue cualquier persona a construir, pero necesita que le respeten lo que es suyo. "No sé otro sitio donde vivir, porque esta casa es lo único que tengo", añade con tristeza. "Con los años que tengo espero que el resto de vecinos me apoye, porque yo sola no sé si podré evitar que me echen", señaló Ángela. Cementerio "Existe constancia de que el proyecto para la construcción de un cementerio en Igueste data de 1896", apunta Samuel Suárez. El terreno fue cedido por un vecino del pueblo. Antes de levantarlo, las personas que fallecían eran enterradas en San Andrés. Miguel Torres acude cada viernes sin falta hasta este camposanto. Se pone de acuerdo con sus familiares para que todas las semanas sus antepasados tengan flores nuevas. De hecho, cada una de las tumbas presenta flores recién cortadas. Todos los vecinos acceden hasta él gracias a la llave que tiene la última vecina del pueblo. La casa más próxima al cementerio surte al resto, sin importar la hora a la que se acceda o el día de la semana. De hecho, además de ser el único cementerio de Canarias al que todavía se accede andando porque no tiene carretera por la que puedan circular los coches, también es de las pocas instalaciones de estas características que tiene alumbrado. "Aquí vienen los vecinos también de noche, cuando pueden", explica Miguel Torres, "cuando lo normal en el resto de los cementerios es que siempre se vaya a ellos de día". http://www.laopinion.es/tenerife/2011/04/04/igueste-lucha-final/337893.html

viernes, 1 de abril de 2011

Mil vecinos perderán la propiedad de su casa en Dénia tras el deslinde


VALENCIA.

Los propietarios de Les Marines exigen cambios en la Ley de Costas y recurrirán al Parlamento de la UE para defender sus propiedades Los vecinos de Les Marinas de Dénia están indignados y muy preocupados por la aplicación de la Ley de Costas. ya que cerca de 1.000 viviendas o, parte de ellas, situadas todas ellas en primera línea de la playa están afectadas por el nuevo deslinde. Sus propietarios perderán la propiedad de sus casas que pasarán a ser una concesión del Estado. Actualmente, se está aplicando un deslinde provisional del año 1995 que perjudica a todas las viviendas más cercanas a la playa en el tramo de la carretera de Les Marines. Este afecta a un tramo de 6,5 kilómetros, el que abarca desde la playa Els Molins hasta el Río Racons. Hay centenares de familias que han sido expropiadas y sin recibir nada a cambio de sus viviendas, que fueron construidas legalmente. Ahora sólo tienen una concesión otorgada por el Estado, de forma que los dueños pueden mantener sus propias casas en usufructo durante 30 años renovables, si lo considera oportuno el gobierno. Sin embargo, si no lo considerara, el propietario pierde su vivienda sin más. Ahora, los residentes se han encontrado con que el deslinde podría ampliarse. Según avanzó el vicepresidente de la asociación de vecinos de Deveses y Playas Norte de Dénia, Sebastián Alcaraz, han mantenido una reunión con la Jefa de Costas de Alicante, María Auxiliadora Jordá, que les ha avisado de que el Gobierno quiere aplicar la ley de una forma «más agresiva». Alcaraz explicó que Costas «pretende que la linea de dominio público retroceda hasta la carretera, de forma que no serán únicamente las viviendas en primera linea de playa las que estarán perjudicadas por el deslinde sino muchas más». Así, son alrededor de un millar de propietarios los que se enfrentan a que sus casas «se conviertan en viviendas totalmente devaluadas que no pueden ser heredadas, compradas, ni utilizadas como aval por que están afectadas por la Ley», explica el portavoz vecinal. Además, los propietarios de estas casas, «no pueden pedir permisos ni licencias para obrar en sus parcelas», aclaró Alcaraz. Los vecinos afectados exigen al Gobierno que solucione el problema y «que si de verdad quiere recuperar y preservar la playa, que nos indemnice por nuestras viviendas pero que no nos roben nuestras propiedades y nos expropien injustamente». Asimismo el representante de los propietarios añadió que están muy indignados, por que «la opción que nos dan es que abandonemos nuestras casas, que nos marchemos». Otro de los afectados, Juan Moratal, aseguró que Costas «está haciendo un deslinde de forma arbitraria, tirando por tierra todas la leyes anteriores», y calificó la maniobra como «una expoliación de nuestras casas». Por eso, la Asociación de Playas Norte de Dénia celebrará una asamblea el día 8 de abril en Pego, y el día 13 acudirán a una reunión en Valencia, a la que asistirá la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. En este encuentro la asociación de Dénia expondrá un video-reportaje explicativo y se pedirá la ayuda de todos los afectados para que se solucione el problema y se modifique la Ley de Costas.

Quejas a Europa

También los perjudicados trasladarán una queja al Parlamento Europeo contra el Ministerio de Medio Ambiente para que se revise la Ley y contemple los puntos que afectan a estas viviendas, «que fueron construidas legalmente en su día, y que ahora como van retrocediendo el trazado del deslinde se ha convertido en ilegales». Además, a este problema se le une otro handicap que afecta a los residentes de esta zona de la playa de la ciudad, el proyecto de Regeneración de la Playa de la Almadrava-Deveses que comenzó en 2005 y está por acabar, una «dejación del Gobierno» que provoca daños en las casas tras cada temporal. http://www.lasprovincias.es/v/20110401/comunitat/vecinos-perderan-propiedad-casa-20110401.html

jueves, 31 de marzo de 2011

Bruselas arremete contra la Ley de Costas española por «discriminatoria»

Reding exige al Gobierno una solución para los extranjeros perjudicados 30 Marzo 11 - - Jorge Valero Bruselas- A la Ley de Costas española se le ha abierto un nuevo frente en la Unión Europea. Esta vez, el toque de atención llega con más músculo. La responsable de Justicia de la Comisión Europea, la vicepresidenta Viviane Reding, pedirá a las autoridades españolas que modifiquen la aplicación de esta ley, que ya ha despertado polémica en el pasado en el Parlamento Europeo, donde se aprobaron dos resoluciones criticándola. Según ha podido saber LA RAZÓN, la comisaria enviará hoy una carta al Gobierno español solicitando una reunión, en la que su equipo pedirá a nuestro país que establezca mecanismos para que la ley no «discrimine» a los extranjeros, ya que, en opinión de Reding, las estadísticas prueban que los europeos que viven en España están sufriendo de manera especial las consecuencias de esta norma, tras comprar propiedades en zonas en las que posteriormente se declaró ilegal edificar. El equipo de Reding es consciente de que esta ley es competencia nacional, argumento esgrimido por la anterior responsable de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y la actual, Rosa Aguilar, quien envió una nueva carta el pasado 3 de marzo clarificando a la Comisión la aplicación de la Ley. Con todo, la vicepresidenta, satisfecha con la cooperación española en este asunto, sigue estando «preocupada» por la situación en la que quedan los ciudadanos de la UE. Apoyándose en el derecho fundamental comunitario de la libertad de movimiento, convocará a las autoridades españolas a este encuentro en el que les propondrá, por ejemplo, que creen un punto de contacto para los extranjeros. Desde su equipo explican que son conscientes que no pueden exigir que se modifique la norma, ni pueden abrir un procedimiento de infracción, porque no tienen base legal, pero quieren que las cosas se hagan mejor. «Necesitamos una solución, por eso se creará este grupo de trabajo entre los responsables de Justicia de la comisión y autoridades españolas», añaden las mismas fuentes. La veterana política acumula numerosos casos de enfrentamiento con nuestro país en sus diversas responsabilidades pasadas, el último por la euro orden para la protección de las víctimas. Carta de derechos - La Ley de Costas es uno de los ejemplos en los que la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE prueba que puede mejorar la vida de los europeos, como recoge un informe que la vicepresidenta Reding presenta hoy. «No toleraré violación alguna de los derechos fundamentales. Este informe nos ayuda a rastrear el progreso así podemos actuar», dice. http://www.larazon.es/noticia/4258-bruselas-arremete-contra-la-ley-de-costas-espanola-por-discriminatoria

domingo, 27 de marzo de 2011

Tumban´ una urbanización en Las Canteras por dar sombra al paseo

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha resuelto la anulación del Estudio de Detalle del paseo de Las Canteras (DET-07), una figura urbanística por la que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ordenaba una cuña en el paseo marítimo, cerca de la Cícer, ocupada por varias viviendas viejas donde se plantea una urbanización con edificios de hasta siete plantas. La sentencia señala varios incumplimientos: proyecta sombra a la avenida, vulnerando la Regla de Asoleo; y aumenta la altura máxima edificable. En concreto, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC apunta que el Estudio de Detalle, que afecta a la avenida Apolinario y a las calles Párroco Francisco Rodríguez, Numancia, Lepanto, Cayetano Manrique y Almansa, "modifica el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria en un alarde de innovación ajeno a los intereses públicos y aumenta la altura máxima edificable, dando carta blanca a unas edificaciones que, a la vista de la planimetría, arrojarían sombra más allá del borde exterior de Las Canteras". El Ayuntamiento tomó esta decisión al corregir, también para cumplir una sentencia al respecto, la alineación de esta cuña retranqueándola a 20 metros del borde del paseo (actualmente está a 12 metros) para dar cumplimiento a la Ley de Costas. Para compensar a los propietarios de las edificaciones, constructoras que habían adquirido las casas viejas para edificar su urbanización, se les compensó en altura, lo que afectó luego a la Regla de Asoleo. En la resolución, la Sala da un severo varapalo al Ayuntamiento acerca de la intencionalidad final del Estudio de Detalle. "En definitiva", concluye, "lo que estaba previsto para dar cumplimiento a la Ley de Costas [...] es instrumentalizado para poder construir a la carta en primera línea del paseo de Las Canteras http://www.laprovincia.es/las-palmas/2011/03/26/tumban-urbanizacion-canteras-dar-sombra-paseo/361441.html

Cabildo tinerfeño 'exige' al Estado que modifique "urgentemente" la Ley de Costas para salvaguardar derecho a vivienda


CC, PP y PSOE han aprobado una moción institucional por la que piden al Parlamento de Canarias que inste al Gobierno de Canarias para que inste al Estado y se modifique la Ley de Costas de 1988 "con el fin de viabilizar el ajuste idóneo entre la protección del dominio públicos marítimo terrestres y el derecho constitucional a una vivienda digna". Así lo han acordado en una moción que defendida inicialmente por el grupo de Gobierno ha logrado la unanimidad de todos los grupos. En esta se ha señalado la necesidad de proteger las viviendas del municipio de Candelaria de la zona costera conocida como Bajo La Cuesta. La consejera de Planificación Territorial, Pino de León, ha insistido en que se ha de instar a la Dirección General de Costas la necesidad de hacer una revisión del dominio público en la zona por entender "la existencia de una duda razonable en la concurrencia de un error en uno de los hitos iniciales del replanteo efectuado". Asimismo han solicitado que se elabore un censo de viviendas determinadas en la Ley 2/2009 de 6 de mayo de modificación del Texto refundido, para concluir la necesidad que modificar, en un último punto, la necesidad de modificar "de forma urgente" la Ley de Costas del 28 de julio de 1988. Han recogido las propuestas de CC en el Congreso de lo Diputados "en las distintas enmiendas de adición formuladas con relación a la situación de las viviendas existentes en el litoral de las Islas Canarias, con el fin de viabilizar el ajuste idóneo entre la protección del dominio público marítimo terrestres y el derecho constitucional a una vivienda digna". Para ello, se tendrá en cuenta "tanto la confianza legítima que, por el transcurso del tiempo y la inactividad de la administración, le han generado a los moradores de las viviendas existente en el litoral como los problemas sociales de pérdida de vivienda http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-tinerfeno-exige-estado-modifique-urgentemente-ley-costas-salvaguardar-derecho-vivienda-20110325123930.html

lunes, 21 de marzo de 2011

Los afectados por la Ley de Costas son siempre gente humilde´


El abogado José Luis Langa está en contra de que la norma no haga distinción entre hoteles o casas
GORETTI ALONSO / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Estos días el Parlamento Europeo ha recibido las primeras denuncias desde Canarias en contra de la aplicación retroactiva de la Ley de Costas. Igueste de San Andrés es uno de los núcleos poblacionales que quiere demostrar su condición de zona urbana antes de 1988, año en el que se publicó la normativa. José Luis Langa es el abogado que actualmente defiende sus derechos. También es el portavoz en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas. Asegura que llegará hasta "donde haga falta, pasen los años que pasen", para que estos vecinos conserven su propiedad.

– ¿Está en contra de la Ley de Costas?

– Yo no estoy en contra de la Ley de Costas, al menos de su fondo. Todos debemos estar de acuerdo con ella porque lo que intenta es proteger el medio ambiente y evitar las especulaciones que existen sobre el territorio. Lo que ocurre es que esta normativa afecta a la propiedad privada y tiene carácter retroactivo. Esto significa que las personas que con anterioridad a esta Ley tuvieran sus viviendas registradas, pagaran sus impuestos o las hubieran heredado, se encuentran con un deslinde de 100 metros y la propiedad deja de ser suya, pasa a manos del Estado. Muchos se tienen que marchar de ahí.

– ¿Qué valor tienen enclaves como Cho Vito?

– Creo que el caso de Cho Vito es diferente a cualquier otro. Son viviendas que se dejaron construir y estaban totalmente legitimadas por el propio Ayuntamiento del municipio de Candelaria, aunque no reunían las características que reúnen el resto de núcleos afectados, como pueden ser Igueste de San Andrés, que son poblaciones urbanas consolidadas por el paso de los años. Sin embargo, es cierto que son unas viviendas que se permitieron construir y ahora es difícilmente asumible que se les diga que se van a derribar.

– ¿Se podría haber optado por otra solución para este poblado?

– El primero que tiene que ponerse al frente para defender el interés de los ciudadanos es el propio Ayuntamiento. La ley de Costas, cuando se publicó en 1988, dio la posibilidad a todos los ayuntamientos en ese año de que se dirigieran al Ministerio de Medio Ambiente, para demostrar que eran núcleos urbanos consolidados. Creo que no me equivoco si digo que el 90% de los ayuntamiento no hicieron estos deberes; no hicieron los esfuerzos que tenían que hacer para que se reconociera el carácter de núcleo urbano consolidado.

– ¿Esta norma afecta al turismo que llega a Canarias?

– No tendría que afectar al turismo. Sin embargo sus partidarios alegan que de llegarse a aplicar sí que se vería beneficiado. En los sitios donde se ejecutaría la servidumbre de protección, donde las viviendas afectadas desaparecerían, podrían construirse paseos marítimos, por ejemplo... De todas formas creo que podría existir un equilibrio perfecto entre la protección de la propiedad privada y el incremento de la actividad turística.

– ¿Y afecta a todos por igual?

– De los casos que conozco siempre los afectados suelen ser gente humilde. Puede haber excepciones, pero siempre es gente sencilla, con pocos recursos. La aplicación indiscriminada y arbitraria de la propia ley siempre cae sobre los menos poderosos. Sin embargo, sean poderosos o no, mantengo lo mismo: la Ley no se tiene que aplicar con carácter retroactivo. Si alguien tiene un chalé desde hace 200 años, no tiene por qué aplicarse esta ley; si alguien tiene una casa de pescador, tampoco tiene que aplicarse. Siempre vamos en contra de la aplicación retroactiva de ley, da igual que la propiedad privada sea de un millonario o de una persona sin recursos.

– De todos los casos de la Isla, ¿cuál es el más singular?

– Igueste de San Andrés es de los casos más llamativos que existen actualmente en Canarias. Igueste tiene historia. En este núcleo se llegaron incluso a asentar los guanches. En Igueste, por tradición, se han construido casas, carreteras, todo un pueblo, con su cartel en la entrada y que incluso en su momento tuvo alcalde... Es todo un núcleo urbano consolidado.

– ¿Y cómo es su situación actual?

– Costas ha aprobado un deslinde cuya resolución de 100 metros hemos recurrido a la Audiencia Nacional. En estos momentos estamos en la fase probatoria, que consiste en demostrar ante la Audiencia Nacional que Igueste de San Andrés tenía la condición de núcleo urbano consolidado antes de 1988. Ya el Cabildo nos ha aportado toda la documentación sobre el servicio de carreteras. Ahora estoy pendiente de que Endesa y Unelco me faciliten también documentación relativa al pueblo, sobre todo porque el Ayuntamiento, aunque se lo pedimos en 2009, nunca nos los ha facilitado.

– ¿Y por qué no los ha dado?

– No quiero decir que el Ayuntamiento no nos los quiera dar, solo que nos está costando ciertos esfuerzos para que los facilite. Por eso me he tenido que dirigir a Unelco y Endesa, porque nos urge tenerlos. De todas formas el Ayuntamiento, a instancias de la Audiencia Nacional, se ha personado en el procedimiento como parte interesada. No me cabe duda de que van a apoyar al cien por cien lo que los vecinos están diciendo en relación con el deslinde que se le ha aplicado.

– ¿Hay unanimidad de opiniones sobre la Ley de Costas?

– Desde un punto de vista político estoy convencido de que nuestros representantes en Madrid, José Luis Perestelo y Ana Oramas, están intentando que la aplicación de la Ley de Costas no afecte a los intereses canarios. Ahora, más que nunca, puede decir que ese apoyo lo tienen por parte del Centro Canario Nacionalista (CCN), partido del que soy secretario federal. Ni en el Gobierno de Canarias, ni en el CCN, existen fisuras para que la Ley de Costas no afecte a los intereses de los canarios. Lo que me gustaría es que esa claridad que tiene CC y CCN también la tuvieran el resto de los partidos políticos.

– ¿Qué ocurre con el Hotel de El Médano?

– Para todas las propiedades que estén afectadas y que supongan la aplicación de esta Ley de forma retroactiva, sin distinción de pobres o ricos, me posiciono en contra, sean hoteles o casas. Lo que ocurre es que es más llamativo de cara al ciudadano que afecte a gente sencilla; que le toque a otros propietarios, como hoteles, es mucho menos habitual. Sin embargo la propiedad privada siempre ha de respetarse.

– ¿Y con el mamotreto de San Andrés o el caso de Las Teresitas?

– De esos casos solo conozco lo que ha salido en la prensa y no puedo ir más allá. Lo importante es ver a quien afecta para que cuando venga Costas y aplique el deslinde y la servidumbre de protección, se tenga bien claro cuando estaban esas propiedades construidas, antes o después de 1988. Detrás de todo eso, se mezclan cuestiones jurídicas, casos particulares , que tendría que conocer con más profundidad.

– ¿Cuál es la posición de Europa?

– La Asociación Europea de perjudicados por la Ley de Costas aboga porque en Canarias, en España, se respeten las situaciones de propiedad privada y no se aplique con carácter retroactivo la norma para evitar crear esa indefensión jurídica. Cuantas más denuncias existan, más denuncias se presentarán ante el Parlamento Europeo. Nosotros vamos de manera gradual, por goteo, ante el comité de peticiones, para que se haga eco de la situación que soportan estos núcleos urbanos. Aunque su informe no es vinculante logra ejercer una fuerte presión sobre todos los estados miembros, aunque hay que tener claro que en ninguno se ejecuta la Ley como se hace en nuestro país.

– ¿Existe miedo entre los vecinos afectados?

– Todavía existe una enorme pasividad en la gente. Todo el mundo cree que no le va a tocar y al que le ha tocado ve nuestro mensaje como alarmista. Sin embargo, hay que ser prudentes porque sí que hay casas que se pueden derribar. Si existe un deslinde y no se denuncia en los juzgados, esas casas se derriban. Tiene que dejar de existir esta enorme pasividad y producir una movilización a gran escala. Si hubiera energía, todo sería diferente. Hay que conseguir que la gente se vaya enterando, que se les demuestre, que denuncien ante el Parlamento Europeo, en los juzgados, en todos aquellos estamentos en los que se puede denunciar, que se presenten mociones, que hubiera un deseo unánime de todas las administraciones para apoyar que en Canarias se busque un equilibrio entre propiedad privada y protección del medio ambiente.

– ¿Hay esperanza?

– Siempre. Hay que dar un rayo de esperanza a todos los vecinos que están afectados, pero hay que recalcar que todos deben denunciar su situación para que se traslade hasta Europa, con independencia de los esfuerzos que hagan los gobiernos respectivos para resolver las situaciones individuales.

– ¿Cuáles serán los próximos núcleos afectados?

– No hay nadie que se escape, porque vivimos en una isla. Estos días me han llamado desde Santiago del Teide, que por lo visto hay unas 200 personas, con sus respectivas viviendas, que están afectadas. Nadie se escapa. Este es un problema de todos.

domingo, 20 de marzo de 2011

Moncofa: El alcalde, en contra del derribo de las casetas de primera línea de playa


El alcalde de Moncofa, José Vicente Isach, y otros miembros del equipo de gobierno socialista han mostrado públicamente su apoyo a la asociación local en Defensa del Litoral de Moncofa en el transcurso del acto organizado para la recogida de firmas en contra del derribo de las casetas de primera línea de playa.

Al respecto el alcalde señala que “el equipo de gobierno socialista siempre ha defendido el no derribo de las casetas de primera línea de playa. De hecho en los 12 años que soy alcalde he realizado distintas gestiones para que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que esas casetas no se van a tirar”.

A lo que añade que “la Ley de Costas fue aprobada en el año 1988 por unanimidad de todos los partidos políticos con representación en las Cortes Generales, esta ley, actualmente en vigor, contempla que hasta el año 2018 no se va a tirar ninguna caseta. Por lo que todos los grupos políticos debemos trabajar para que en estos años la ley se modifique en el lugar donde se aprobó y no en otras instituciones como la Unión Europea”.

Ante lo cual Isach invita a los miembros del PP de Moncofa a que contacten con los políticos de su partido en el Congreso de Diputados para que “entre todos los partidos se pongan de acuerdo y que se debata y modifique esta ley para que no se derriben las casetas”.

“Desde el equipo de gobierno socialista siempre hemos defendido el litoral de Moncofa sin partidismos, de hecho hemos interpuesto varios contenciosos contra los deslindes de Costas, a los que el PP se ha abstenido. Considero que se trata de un tema que afecta a mucha gente y que no se debe politizar. Los miembros del equipo de gobierno socialista hemos apoyado a la asociación local en defensa del litoral mientras que el grupo municipal del PP apenas ha mostrado interés ya que han venido políticos de fuera y candidatos para hacerse la foto”, recalca el alcalde de Moncofa
http://www.laplanaaldia.com/moncofa/noticias/45725/el-alcalde-en-contra-del-derribo-de-las-casetas-de-primera-linea-de-playa

La Diputación recoge firmas por la modificación de la Ley de Costas en Almenara


El vicepresidente de la Diputación de Castellón, Vicente Aparici, ha presentado hoy en Almenara la campaña de recogida de firmas de la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense. La campaña, que persigue paralizar la aplicación retroactiva y arbitraria de la Ley de Costas, se desarrollará en Almenara hasta el próximo martes.
“La Diputación puso en marcha esta plataforma para unir a los afectados y optimizar sus esfuerzos por evitar que esta Ley tan injusta se aplique de forma retroactiva y de manera tan arbitraria en nuestra costa”, ha explicado Aparici. Por su parte, el presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costa de Almenara, Fernando Ramia, ha agradecido a los vecinos asistentes al acto su presencia y apoyo a la iniciativa.
“Vamos a llevar la campaña a todos los municipios afectados para recabar el mayor apoyo posible a la petición que presentaremos en Bruselas esta primavera y haremos llegar nuestras reivindicaciones también a Madrid y Valencia”, ha indicado el vicepresidente.
Aparici ha explicado que “con todo ello esperamos que Europa nos escuche y reclame al Gobierno que defienda los derechos de los propietarios y modifique la Ley para evitar derribos injustos y la arbitrariedad con la que actualmente se aplica”.
La recogida de firmas persigue recabar el mayor apoyo ciudadano a la petición oficial que reclamará al Parlamento Europeo la modificación urgente de la Ley de Costas. La campaña coincide con la inauguración de la exposición fotográfica “Costas Vivas”, que ha sido elaborada a partir de las declaraciones y aportaciones de los vecinos afectados directamente por la Ley de Costas y que podrían perder en breve sus hogares.
La exposición, que estará desde hoy y hasta el próximo martes en Almenara,muestra los efectos reales que conlleva la aplicación de la Ley sobre las vidas de las personas afectadas.
Más de 600 familias, sólo en la provincia de Castellón, se enfrentan a la posibilidad de que derriben sus casas, construidas legalmente antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988. La plataforma provincial reclama una modificación urgente de la Ley, una declaración del Gobierno comprometiéndose a respetar el derecho de propiedad, la elaboración de planes específicos para cada tramo del litoral y la conservación, protección y restauración de la costa a la que el Ministerio está obligado por Ley
http://www.cope.es/20-03-11--la-diputacion-recoge-firmas-por-la-modificacion-de-la-ley-de-costas-en-almenara-235304-1

sábado, 19 de marzo de 2011

El Congreso debatirá el miércoles sobre el caso de ´Villa PSOE´


El PP llevará el caso gallego de la polémica Villa PSOE, una urbanización de lujo en Arousa donde importantes cargos socialistas tienen propiedades, a la sesión de control en el Congreso del próximo miércoles. Y lo hará a través de una pregunta parlamentaria dirigida al vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves.

En concreto, el diputado popular Rafael Hernando pedirá a Chaves que como responsable gubernamental del llamado Plan E -un programa de inversiones impulsado por el Gobierno en 2009 para inyectar liquidez a los ayuntamientos ayudándoles a financiar proyectos para la creación de empleo- diga qué opinión le merece que el Ayuntamiento de Vigo -gobernado por el PSdeG- haya adjudicado obras al mismo grupo de empresas que levantaron en su día la urbanización conocida como Villa PSOE.

Este complejo de apartamentos ubicado en la Ría de Arousa, en primera línea de mar, lleva años rodeado de polémica, ya que la citada urbanización se construyó sin respetar la distancia mínima de 100 metros que fija la ley de costas y a pesar de que en el momento en que entró en vigor dicha norma los terrenos donde se levantó no contaban con los servicios mínimos imprescindibles para poder urbanizar. El escándalo saltó en 2008, cuando trascendió que el Concello de A Illa de Arousa había autorizado la construcción de una urbanización de lujo de la que son propietarios importantes cargos del PSOE, entre ellos su número dos, José Blanco, que tiene un ático.
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2011/03/19/congreso-debatira-miercoles-caso-villa-psoe/478048.html

jueves, 17 de marzo de 2011

Ley de Costas: a Eloy Lavín y familia

ISIDRO GOÑI SILVA EXPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD NUEVA BERRIA

Me había propuesto no volver a hablar ni a escribir nada de la Ley de Costas de 1988, pero después de haber pasado veinte años de mi vida pleiteando contra ella, tanto en el orden Civil como Contencioso y en el Constitucional y al final de dicho proceso ganarles la partida a los mismos funcionarios-prepotentes, ingenieros y juristas a los que te vas a tener que enfrentar tú y tu familia, te escribo esta carta con ánimo de reconfortaros en la medida que pueda y darte unas sugerencias. No esperes nada de los políticos: la izquierda fue la creadora de la Ley y nunca la modificará ¿Y sabes por qué, Eloy? Porque es una Ley muy progresista y queda muy bien ante la opinión pública se le quita la propiedad a los ´poderosos´ -tener un apartamento de 75 metros cerca del litoral es ser ´poderoso´ para ellos-.
La derecha ha estado gobernando ocho años, cuatro de ellos con mayoría absoluta, y tampoco la modificó. La llevó al Constitucional que, en una sentencia «muy fundamentada», dijo que era constitucional y que la indemnización por expoliarte tu propiedad consistía en una concesión de treinta años : es decir, te quitan tu propiedad y te dejan vivir en ella treinta años más. ¡Vaya una seguridad jurídica!
Cuando la norma es injusta en si misma o en su aplCuando en un país todo el mundo quiere ser funcionario o político y a los pocos empresarios de raza como tú y tu familia que arriesgáis vuestro dinero para dar de comer a 70 familias les premian con lo que la Demarcación de Costas pretende haceros es que en este pais falla algo. Cuando la norma es injusta en su aplicación deja de ser derecho y recurro a la máxima jurídica que dice que «la Administración no puede ir contra los actos declarativos de derechos de los ciudadanos». Se trata de terrenos de propiedad privada adquiridos por el tracto sucesorio en el Registro de la Propiedad. Esto es lo que está sucediendo con la desafortunada aplicación por parte de los políticos de esta funesta Ley de Costas 1988.
http://www.eldiariomontanes.es/v/20110317/opinion/cartas-director/costas-eloy-lavin-familia-20110317.html

lunes, 14 de marzo de 2011

Igueste lleva su rechazo a la Ley de Costas a Europa


Los afectados urgen al Ayuntamiento a que les dé la documentación que demuestra que el núcleo se urbanizó antes del año 1988 para salvar así 22 casas y 98 fincas
Los vecinos de Igueste de San Andrés afectados por la aplicación de la Ley de Costas han acudido hasta el Parlamento Europeo para evitar que se ejecute esta normativa en sus propiedades. En este pueblo pesquero existen un total de 22 casas y 98 fincas agrícolas perjudicadas por el deslinde marítimo, lo que suponen más de 5.700 metros de extensión y unas 750 personas afectadas.
Costas ha establecido para este núcleo poblacional una servidumbre de 100 metros con respecto al mar, algo a lo que ha dado respuesta hace tan solo tres días la Audiencia Nacional. El Abogado del Estado ratifica que la aplicación de estos 100 metros "es legal y correcta", según ha explicado el letrado de los vecinos afectados, José Luis Langa.
Sin embargo todavía existe una oportunidad para que los habitantes de este grupo de casas puedan optar a que su pueblo se acoja a un deslinde no superior a los 20 metros, el mínimo que establece la normativa. En un plazo máximo de 15 días tendrán que presentar toda la documentación necesaria para demostrar que el barrio de Igueste de San Andrés fue un núcleo urbano antes de que se aprobara la Ley de Costas en el año 1988.
"El problema llega cuando es el mismo Ayuntamiento quien no nos ha facilitado esa documentación a nosotros por mucho que se la hemos pedido durante meses", valoró Manuel Vera, vecino de Igueste. De hecho, desde junio de 2009 solicitaron "a la Gerencia Municipal de Urbanismo estos papeles sin que se haya producido ningún tipo de acercamiento por parte del Consistorio capitalino", criticó Vera.
Sin embargo, en esta ocasión el Consistorio santacrucero no puede negarse, ya que ha sido la misma Audiencia Nacional la que le ha exigido que certifique la situación que tenía Igueste de San Andrés en la fecha en que se publicó la normativa. "Esperamos que el Ayuntamiento esté de nuestra parte, porque estar de nuestra parte es estar de parte de todo el pueblo", opinó el abogado.
La postura de este letrado se inclina a que "la Ley de Costas cambie de forma radical, ya que Canarias es una de las zonas más afectadas". Consideró que los residentes en las Islas viven "rodeados de agua, por lo que es necesaria una movilización de todos ante esta problemática y no solo de los que están afectados directamente. Mañana le puede afectar a cualquiera", concretó. De hecho, actualmente esta normativa "perjudica en las Islas a un total de 40 poblados y a más de un millar de viviendas en todo el Archipiélago", subrayó para explicar la situación con las que se enfrenta Canarias.
En palabras de José Luis Langa, que habló como representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, esta norma "vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos, la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea e incluso la Constitución Español". Asimismo, la valoró como "retroactiva, arbitraria y abusiva".
Asociación
Los vecinos de Igueste consideraron que "no es posible" que se acepten los 100 metros de deslinde. "Igueste de San Andrés dispone, desde mucho antes de 1988, de todos los servicios mínimos de un núcleo urbano: alcantarillado, carreteras, alumbrado público, iglesia, cementerio, colegio...", apuntó José María Alberto Melián, presidente de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga.
Este colectivo exige que el Ayuntamiento les apoye y les facilite toda la documentación necesaria para demostrar que son un pueblo. De hecho, la iglesia cumple 101 años este 2011 y el cementerio, 200. "En la costa hay viviendas de hace más de 140 años que ahora van a ser derribadas sin que hagan ningún daño", opinó Melián.
De momento solo disponen de los certificados que les ha facilitado el Cabildo de Tenerie que se refieren a la materia que les compete: carreteras. De resto, deben esperar "a la buena voluntad" de las concejalías pertinentes en el Consistorio. "Se pasan la pelota de Urbanismo a Obras Públicas, de Luz Reverón a Norberto Plasencia. A nosotros nos da igual quién nos lo de por que solo necesitamos que nos ayuden", rogó este vecino.
Sin derribos
De ejecutarse esta norma, no se derribaría ninguna vivienda que estuviera entre los 20 y 100 metros de servidumbre. Las casas y fincas dentro de este deslinde no pueden ampliarse; solo tendrán permitido ejecutar obras de rehabilitación y de mantenimiento. Nunca se podrá construir una edificación de ningún tipo. En definitiva, estas propiedades se clasifican como fuera de ordenación.
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/03/12/igueste-lleva-rechazo-ley-costas-europa/334284.html

jueves, 10 de marzo de 2011

Denuncias ante el Parlamento Europeo sobre la Ley de Costas que afecta a Valle Gran Rey

El abogado José Luis Langa informará sobre las denuncias que ha presentado ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo sobre aquellas poblaciones canarias que están afectadas por la Ley de Costas, tales como Igueste de San Andrés (Tenerife) y Valle Gran Rey (La Gomera), entre otras.
Langa presenta estas denuncias en calidad de abogado y como colaborador en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, una entidad que lleva años reclamando que esta ley no se aplique con carácter retroactivo entre otras razones porque vulnera los artículos 46 y 47 de la Constitución
.
Para informar de estas denuncias, así como de la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional del recurso interpuesto ante el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Mar respecto a la situación de Igueste de San Andrés, José Luis Langa realizará una rueda de prensa que tendrá lugar mañana viernes 11 de marzo de 2011 a las 12.00 horas en el hotel Príncipe Paz (Valentín Sanz) de Santa Cruz de Tenerife
http://www.gomeranoticias.com/article/denuncias-ante-el-parlamento-europeo-sobre-la-ley-de-costas-que-afecta-valle-gran-rey

miércoles, 9 de marzo de 2011

El futuro del poblado deberá esperar al 22-M


El futuro del poblado marinero de Cho Vito (Candelaria) será evaluado y definido después de celebradas las elecciones municipales del próximo 22 de mayo. Según los datos con los que cuentan los afectados, la comisión bilateral que se encargará de analizar el nuevo marco de relaciones que en materia costera se establezca definitivamente se reunirá después de esa fecha, si bien los vecinos de Cho Vito muestran su confianza en que lo que aún sobrevive en el lugar se mantenga en pie e, incluso, no desisten de continuar su trabajo y lucha por conseguir la reconstrucción
http://www.eldia.es/2011-03-09/sur/0-futuro-poblado-debera-esperar-M.htm

lunes, 7 de marzo de 2011

José Fernando Gómez (PP): ‘el alcalde de Candelaria llevó documentación a Madrid para desacreditar Cho Vito, algo que verdaderamente habla muy mal de


: Usted fue uno de los concejales que más defendió a los vecinos de Chovito, sin embargo desde el grupo de gobierno se les achacó a que ustedes lo que hacían era demagogia política.
R: “Yo en la toma de posesión del cargo juré defender la constitución y los derechos de los vecinos de Candelaria, y eso es lo que creo que he hecho con orgullo y responsabilidad y lo seguiré haciendo mientras sea concejal de este Ayuntamiento. Yo creo que defender a los vecinos, tenderles una mano mientras lo pierden todo, estar a su lado el día más triste de su vida, y poder ayudar en lo que buenamente pueda, no es hacer demagogia, sin embargo, yo si creo que los que deberían de haber estado ese día allí, y no estuvieron, ayudando y paralizando los derribos como fue el alcalde y su grupo de gobierno, ni antes, ni durante, ni después, han ayudado a estas personas, y siempre les he dicho, a los vecinos, que ese día les tocó a ellos, pero posteriormente les ha tocado a miles de ciudadanos del municipio, que han solicitado ayuda a su alcalde y nunca ha estado a su lado. La demagogia para mí que la han hecho otros”.

P: ¿Como está el caso de Chovito en la actualidad?
R: “El alcalde se cansó de decir que había una sentencia que cumplir y que ahí no se podía hacer nada, que los que decían que sí éramos unos mentirosos y el tiempo pone a cada uno en su sitio. Hubo una reunión en Madrid, a la que él no acudió, a pesar de haber viajado a Madrid y estar en la oficina contigua a la de reunión, a la cual llevó documentación para desacreditar a los vecinos, algo que verdaderamente habla muy mal de él, y en esta reunión, se alcanzaron acuerdos en los que se paralizaron las demoliciones de estas nueve viviendas actuales, por lo que si se podía hacer algo al respecto y las sentencias que él tanto alardeaba, y que jamás nadie vio, a pesar de habérsela solicitado miles de veces, pasó a un segundo plano, priorizando el nuevo Director General a los vecinos por encima de todo, algo que jamás hizo el alcalde dejando a los vecinos a los pies de los caballos. En la actualidad, se está esperando por una solución consensuada la cual no creo que llegue antes de las elecciones locales”.
http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia45866.php

jueves, 3 de marzo de 2011

Berriel: ´No toleraremos un ´tractorazo´ con población en costas´


El Ejecutivo espera que Madrid le ceda la competencia para delimitar los espacios marítimo terrestres

. El Ejecutivo regional "no tolerará tractorazos como el de Cho Vito", aseguró ayer el consejero de Agricultura y Política Territorial, Domingo Berriel. Berriel confía en alcanzar las próximas semanas un acuerdo con la Administración central para que le sea transferida o delegada a Canarias las competencias sobre aprobación de las líneas de dominio marítimo terrestres, lo que le permitirá salvar determinados núcleos residenciales bajo ciertas condiciones: que se trate de núcleos en los que concurran circunstancias etnográficas.

Andalucía y Cataluña ya disponen de esa competencia y Canarias quiere seguir su ejemplo. Ese objetivo viene siendo negociado ya en la subcomisión de costas creada entre ambas administraciones, y cuya última reunión se ha visto retrasada.

Berriel no ve posible un acuerdo para antes de las elecciones, pero cree que cualquiera que sea la administración autonómica que suceda a la actual, esa demanda seguirá viva. En Gran Canaria hay al menos dos núcleos con estas características, uno de ellos Tufia, señaló el consejero, y otros cuatro en el resto del Archipiélago.
"No pretendemos subvertir el objetivo de salvar las costas de núcleos residenciales, pero hay algunos que reúnen valores etnográficos suficientes como para ser legalizados", aseguró Domingo Berriel.

La defensa de estos núcleos, según el Gobierno, "no tiene nada que ver con tolerar un uso abusivo del dominio público terrestre". De momento, el Ejecutivo central no ha dado su visto bueno a la cesión de estas competencias, "pero tampoco nos ha dicho que no". De momento, la Demarcación de Costas sigue adelante con sus expedientes de derribo, de los que el primero en ejecutarse fue el de Cho Vito, en Tenerife. "Cuando sean necesarios los derribos, se aprobarán siempre que esas viviendas no reúnan valores etnográficos y sean antes realojados sus residentes", dijo el consejero
http://www.laprovincia.es/canarias/2011/03/03/berriel-toleraremos-tractorazo-poblacion-costas/356908.html

El PP sigue preocupado por el futuro de las viviendas


BOCA CANGREJO



El portavoz y candidato del PP a la Alcaldía de El Rosario, José Manuel Medina, mostró ayer su preocupación por el futuro de los vecinos de Bocacangrejo ante "el silencio" que, en su opinión, mantiene el gobierno local del PSC sobre los posibles derribos de viviendas en esta núcleo de la costa.
El edil recuerda que los socialistas locales "no sólo rechazaron el proyecto de ley presentado en el Parlamento canario para la modificación de la Ley de Costas, sino que también procedió a denunciar el anteproyecto de ley por considerarlo anticonstitucional".
Medina también alude a las reuniones vecinales a las que no ha ido el alcalde o al "caso omiso a la propuesta que realizamos para que elaborara un censo de las viviendas en la costa, tal y como establece el anteproyecto de ley presentado en el Gobierno de Canarias para evitar los derribos".
El concejal teme que ocurra como en Cho Vito y, para impedirlo, insta al PSC a que "tome cartas en el asunto cuanto antes y escuche a las personas a las que representa en vez de hacer oídos sordos en una situación tan alarmante para todos".
http://www.eldia.es/2011-03-03/laguna/0-PP-sigue-preocupado-futuro-viviendas.htm

La lucha para salvar las viviendas del litoral llega hasta el Congreso

Tras abrir la puerta nacional, el colectivo se centrará ahora en pedir apoyo a la UE.La portavoz del PP, Sáenz de Santamaría, afirma que ayudará a variar la ley de 1988.

La lucha por salvar las casas junto al mar de la provincia dio ayer un paso decisivo. La Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense acudió al Congreso de los Diputados para reivindicar la modificación de la ley de Costas del año 1988 y que esta no se aplique de manera retroactiva.
Así lo hicieron representantes de la entidad como los alcaldes de Nules y Xilxes, Mario García y Vicente Lapuerta, respectivamente; los senadores Alfonso Ferrada y Andrea Fabra, o miembros de los colectivos vecinales afectados, quienes expusieron su situación a la portavoz del PP en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría, y al diputado popular de Medio Ambiente, Carlos Floriano.
Según explicó García, “estamos satisfechos con el encuentro porque nos han asegurado que harán lo posible por cambiar una normativa injusta, ya que saben que la costa de Castellón es la segunda más regresiva de España”.
En este sentido, se refirió a las dos proposiciones de ley que presentaron en el Senado el PP y CiU encaminadas a variar el reglamento estatal. Estas propuestas se tendrán que debatir en el Congreso, “donde esperamos que salgan adelante, aunque el PSOE es el que tiene la mayoría y aspiramos a que acabe rectificando”.
CAMINO A EUROPA
// Tras abrir la puerta nacional, el colectivo busca ahora que la Unión Europea se pronuncie y frene la aplicación retroactiva de la ley de Costas, lo que supondría que más de 600 viviendas no se derribasen por estar ocupando dominio público.
García recordó que “muchos inmuebles se construyeron antes de 1988 y la regresión y la falta de medidas han sido las que han provocado esta situación”. Asimismo, destacó que “vamos a iniciar una serie de gestiones para que la administración europea tome en consideración nuestras reivindicaciones y salvemos las construcciones”. De este modo, “ya tenemos dos frentes abiertos, tanto a nivel nacional como internacional, pero sin identificación política, aquí no hay colores”.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=641112

miércoles, 2 de marzo de 2011

La plataforma contra los derribos de Costas se reúne hoy con el PP en el Congreso

Una delegación viaja hoy a Madrid y podría entrevistarse con la portavoz popular Soraya Sáenz de Santamaría


Una delegación de la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense, auspiciada por la diputación, viaja hoy a Madrid para reunirse con representantes del PP en el Congreso de los Diputados
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La diputada Andrea Fabra será la encargada de recibir en la cámara baja a la comitiva. Está previsto que mantengan un encuentro con el portavoz del PP de Medio Ambiente, Carlos Floriano, y es posible que se entrevisten también con la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría.
La presidenta de la asociación de vecinos Mos Quedem de la playa de Almassora, María Tajes,se reunió ayer con otros afectados en la sede de la diputación. El objetivo del encuentro pasó por consensuar los puntos que hoy defenderán ante la comisión de Medio Ambiente del Parlamento. Junto a Tajes viajarán los portavoces de otras cinco asociaciones de la provincia que luchan por decretar excepciones a la Ley de Costas.
Además, la presidenta de Mos Quedem tiene previsto solicitar al alcalde de Almassora, Vicente Casanova, que la exposición itinerante que la Plataforma para la Defensa de las Propiedades y Viviendas del Litoral Castellonense se sitúe en la plaza de España y no en algún punto de la costa de Almassora.
Para Tajes es fundamental que esta carpa esté instalada entre los días 7 y 9 de abril en el centro de la localidad, de manera que todos los vecinos, y no sólo los que residen en la playa, conozcan los problemas a los que se enfrentan los residentes del litoral. La organización aprovechará para recoger firmas, que posteriormente enviará a Bruselas, contra la aplicación retroactiva de la Ley de Costas.
http://www.levante-emv.com/castello/2011/03/02/plataforma-derribos-costas-reune-hoy-pp-congreso/786998.html

martes, 1 de marzo de 2011

La Demarcación de Costa, en Canarias, ofrece una solución administrativa a los empresarios afectados por la Ley.


Los restaurantes de El Golfo, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, podrán seguir con su actividad a pesar de que algunos se ven afectados por la Ley de Costas .

El jefe de la Demarcación de Canarias, José María Pindado, ha asegurado a sus propietarios que en algunos casos se les concederá una concesión administrativa por al menos 30 años y en otros simplemente será necesaria una autorización.

Los propietarios de la decena de restaurantes de El Golfo, en Yaiza han acogido la noticia con sastifacción porque podrán continuar con sus negocios. El jefe de Demarcación de Costas de Canarias les ha asegurado que en su caso hay una solución administrativa dentro de la Ley de Costas. Fue durante una reunión a la que también asistió el concejal de Urbanismo de Yaiza, Leonardo Rodríguez.

Dos de los restaurantes tendrán que acogerse a una concesión administrativa y el resto podrán continuar con su actividad tras solicitar una autorización.
http://www.rtvc.es/noticias/costas-no-emprender%C3%A1-acciones-contra-una-decena-de-afectados-en-el-golfo-65832.aspx

domingo, 27 de febrero de 2011

Canarias quiere rebajar la aplicación de la Ley de Costas

La subcomisión encargada de analizar la norma se reúne esta semana con representantes del Gobierno regional y de Madrid

D.E.T.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El Gobierno regional se suma un punto en su batalla por lo que llama "flexibilización" de la Ley de Costas. La reunión de la subcomisión Canarias-Estado que tendrá lugar el miércoles en Las Palmas de Gran Canaria es un primer paso hacia un acuerdo al que hasta ahora se había negado taxativamente Madrid.

El objeto de la reunión, tal y como habían pedidos los afectados y como finalmente ha prometido la Demarcación de Costas de Canarias será avanzar en la aplicación de la Ley de Costas caso a caso, una vivienda tras otra.

La subcomisión, acordada en el encuentro bilateral que tuvo lugar el pasado mes de diciembre entre Rivero y el vicepresidente tercero Manuel Chávez es, de una parte, una respuesta clara a las demandas planteadas por Coalición Canaria al PSOE a cambio de los votos a favor de sus dos diputados en el Congreso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y garantizar la estabilidad del Gobierno de Zapatero hasta el final de la legislatura; y, de otro lado, un nuevo ejemplo de la política de mano tendida que Madrid empieza a practicar con una de las normas que ha sido considerada, en el ámbito internacional, más avanzadas desde el punto de vista medioambiental pero a la que, en España, no le faltan detractores.

Aprobada en julio de 1988, la norma se anticipaba entonces a los efectos del cambio climático sobre el territorio. Tanto es así que el Protocolo de Gestión Integrada sobre las zonas costeras del Mediterráneo, firmado en 2008, incluye conceptos básicos de la ley española y como ésta establece la prohibición de construir a 100 metros de la línea de costa. Es decir, justo el asunto que enfrenta tan duramente a la administración nacional con los ciudadanos con propiedades en dominio público marítimo-terrestre y, por ende, con las comunidades autónomas.

En Canarias hay en la actualidad un millar de afectados directos por la Ley de Costas y con orden de derribo de sus viviendas por estar por debajo de la línea de deslinde que separa las zonas de propiedad pública de la privada -551 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 398 en la de Las Palmas-. Pero hay muchos más -catalogados en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural- cuyas propiedades han quedado dentro de la zona de servidumbre de protección de la costa y que, por estar en zona de dominio público, en aplicación de la ley no pueden ser modificadas, en caso de ser viviendas (sí rehabilitadas), ni edificadas, si son solares.

Con la ley de 1969 la zona de servidumbre para zonas urbanas era la comprendida dentro de los 20 metros de ancho desde el deslinde, ahora son 100 metros. La causa: se incluye como dominio público no sólo el espacio de playa alcanzado por las olas sino también el área de influencia del ecosistema. Algo incomprensible desde el punto de vista jurídico, apunta el representante en Canarias de la Plataforma Nacional de Afectado por la Ley de Costas, Antonio Oliva, y "profundamente".

Las diferencias que mantienen Canarias y el Estado al respecto se concentran precisamente en la concreción del límite marítimo-terrestre pero, sobre todo, en la servidumbre de protección en aquellos suelos que el Gobierno canario considera que ya que tenían naturaleza de urbana antes de la entrada en vigor de la ley. Y ahí incluye un número nutrido de núcleos de origen marinero de los que no faltan ejemplo en ninguna de las islas -El Golfo en Lanzarote; Playa de Ojos de Garza en Gran Canaria; Jacomar, en Fuerteventura; La Bombilla, en La Palma o Bajo la Cuesta, en Tenerife-.

Esas diferencias impulsaron la elaboración y aprobación en la Cámara regional de una ley canaria de costas -a través de la modificación de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales- que el Ministerio de Medio Ambiente recurrió por inconstitucional al entender que el Ejecutivo canario se arrogaba competencias que corresponden exclusivamente a la administración del Estado.

Canarias, en cualquier caso, no ha sido la única en intentar una modificación unilateral de la ley. También lo hizo Galicia, e igualmente fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Otras han optado por la negociación -en el País Vasco el PNV logró salvar de la piqueta una refinería de Petronor en dominio público a través de la Ley de Economía Sostenible- y Cataluña, a través de CIU, logró que el Senado tomara en consideración a principios de mes una proposición de ley para dar el visto bueno a las llamadas ciudades navegables.

En definitiva un rosario de iniciativas que, como admite el representante de la Plataforma de Afectados, es el primer paso hacia la modificación de la Ley de Costas. "Estamos de acuerdo en que hay que proteger el litoral pero debe aplicarse de una forma más respetuosa que esta ahora, respetando el derecho de los propietarios que tenían ya sus casas antes de la aprobación de la ley", apunta Oliva, propietario de una vivienda en Bajo la Cuesta (Candelaria, Tenerife) que ha quedado en zona de dominio público "pese a que ya en 1987 el ayuntamiento había incluido el enclave en las normas subsidiarias".

Los defensores de la Ley advierten de las consecuencias de rebajar la protección de las costas: "o lo hacemos ahora o no habrá marcha atrás. Canarias no está preparada para una crecida del mar y lo estamos viendo todos los años con temporales que son cada vez más". El exdirector general de Costas, José Fernández, recuerda que los efectos del cambio climático son una amenaza cierta. "Abrir ahora la mano para que sean precisamente las administraciones más cercanas a los territorios y por lo tanto las más sensibles a la presiones las que decidan, porque eso es lo que pretenden Canarias, Galicia o Andalucía, sería un tremendo error". Apunta además que si bien es cierto que hay muchos afectados por los deslindes son muchos más los beneficiados "pasa a ser de dominio público y protegemos el territorio para todos".

Visión de futuro

Fernández, que ocupó la dirección general durante la etapa de la socialista Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente, critica la poca de visión de futuro de las comunidades autónomas que ahora quieren "flexibilizar" la ley y alerta del peligro de dejar en manos de estas administraciones la gestión de las zonas afectadas por la servidumbre de protección. "La Ley ha sido muy respetuosa con esas zonas, si antes de 1988 estaban incluidas en planes parciales, como debe ser, se respetó su carácter urbano. El problema es que en comunidades como Galicia, Canarias o Andalucía todo estaba por hacer, por lo tanto todo era urbanizable. Cuando la ley se ha comenzado a aplicar se han encontrado con un problema que no es más que esas propiedades que están en dominio público no pueden ser modificadas. Permitir que esas zonas las gestionen las comunidades supone que donde hay un solar en unos años pueda haber un pabellón deportivo en vez de una huerta y donde hay una casa un edificio de tres plantas". Y si "el supuesto núcleo eran tres casas aisladas acabe macizándose con veinte".

Apunta Fernández un segundo peligro: permitir la compra-venta de los enclaves privados en dominio público con concesión administrativa que reclaman también varios grupo. Una posibilidad que se baraja a través de la Ley de Navegación Marítima y que posibilitaría que por ejemplo el hotel Oliva Beach, al que se le ha permitido seguir en las dunas de Corralejo durante una treintena de años, sea traspasado a un segundo dueño y el tiempo para el derribo de la edificación retroceda de nuevo a cero. "Eso bloquearía el despeje progresivo de la costa", subraya
http://www.laprovincia.es/canarias/2011/02/27/canarias-quiere-rebajar-aplicacion-ley-costas/356082.html