Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

domingo, 29 de mayo de 2011

No entiendo por qué se quiere derribar el hotel y en cambio sí hacer el puerto”



La alcaldesa de Granadilla en funciones se reafirma en su rechazo a la prevista demolición parcial del hotel Médano y otras 13 viviendas para el proyecto del paseo marítimo por iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente. Sostiene Carmen Nieves Gaspar que El Médano aún puede explotar mucho más el turismo de surferos, y por eso prevé un centro destinado a dar servicios a estos deportistas. Enumera las asignaturas pendientes para este mandato en el barrio: rehabilitar el paseo de madera y la plaza central, construir un carril bici entre El Médano y Los Abrigos, y dotar a la zona de un centro específico para servicios a los surferos.
-¿Cuál es el papel de El Médano en el conjunto del municipio?
“Es un poco la joya de la corona de Granadilla. Por la frecuencia e intensidad del viento, esa zona no se desarrolló turísticamente en su día, pero es uno de los recursos más valiosos del municipio, por su interés para los deportes náuticos, y por atraer además a visitantes. Junto con Los Abrigos, es un núcleo con un tremendo potencial de desarrollo, entendido éste en el buen sentido, y está llamado a ser una de las zonas que atraigan a más actividad económica y empleo”.
-Decenas de miles de surfistas acude a El Médano como uno de los mejores litorales del mundo para este deporte. Sin embargo, se quejan de que no disponen de los servicios adecuados…
“Somos conscientes del potencial de la zona para estos deportes, pues, en efecto, está considerada por los entendidos como uno de los diez mejores lugares del mundo para practicarlos. De hecho el año pasado se organizó el campeonato del mundo de kitesurf y ahora queremos celebrar otros mundiales de esta modalidad y de windsurf. Está claro que El Médano necesita más inversiones que propicien la práctica de estos deportes, con mejores servicios e instalaciones para los surferos. Desde el Ayuntamiento vamos a defender varios proyectos con tal fin”.
- ¿Cuál es el más destacado?
“Ya hemos iniciado los trámites de expropiación de una parcela, al lado del hotel Tenerife Playa Sur, para un centro de servicios destinado a estos deportes náuticos, que albergue además a todas las empresas relacionadas con el mundo del surf”.
- ¿Cuál es su postura sobre la prevista demolición de 13 edificaciones en dominio público marítimo terrestre, junto con la terraza del hotel Médano, para construir un paseo marítimo, a iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente?
“
No estoy de acuerdo con una Ley de Costas que se aplica de forma arbitraria e injusta. La ley prevé recuperar el dominio público ocupado por edificaciones ilegales, pero las viviendas afectadas por este proyecto no lo son, y constituyen el origen mismo de El Médano. Son muy previas al dictado de esta ley, que no tiene lógica aplicar con efectos retroactivos. Otra cosa es hablar de que el hotel, cuando se acabe su concesión administrativa, quede en manos públicas para destinarlo a escuela de turismo u otro fin público. Pero el hotel es el emblema del barrio, fue el primero que se hizo en el Sur. Y mucho antes, cuando se vivía de la agricultura, ahí había un empaquetado de tomates. Así que la ley es injusta porque trata situaciones diversas de forma homogénea”.
-¿Y cuál es la postura oficial del Ayuntamiento al respecto?
“El Pleno municipal acordó por unanimidad aponerse a esas demoliciones, pues serían una barbaridad. Costas mira para otro lado en otros sitios, incluso donde un señor tiene una piscina privada en dominio público”.
-Rechaza, pues, el paseo que proyecta Costas
…
“Es que ya hay paseo entre la primera y la segunda línea de edificios, protegido del viento, y además allí se crea empleo en los negocios. Derribándolos sería un paseo intransitable los días de fuerte viento. Me pregunto por qué ese empeño en hacer el puerto industrial de Granadilla en una zona que aún está virgen, y en cambio querer derribar el núcleo original de El Médano, anterior a la Ley de Costas”.
- Los vecinos se quejan de que faltan equipamientos: polideportivo, centro cultural, guardería…
“Se está construyendo un centro deportivo y de ocio, y que tendrá gimnasio, sala de exposiciones y reuniones, junto al muelle. En cuanto a polideportivos, están abiertos fuera del horario escolar los del instituto y el colegio públicos, aunque se podría estudiar alguna otra zona deportiva. En todo caso, creo que hay tres asignaturas pendientes: rehabilitar la plaza y el paseo de madera; construir un carril bici desde Los Abrigos (estamos ahora en el trámite de expropiaciones) y crear infraestructuras para los deportes náuticos”.
-¿Está usted de acuerdo con la ordenación urbanística prevista para la zona en el Plan General que dejó aprobado el PSOE?
“No, porque se hizo pensando en más suelo para viviendas y nos hizo depender del sector de la construcción, que, al caer, nos ha dejado en una precariedad laboral. Yo hubiera ordenado la zona de otra forma, pero son decisiones a las que ya no puedo dar marcha atrás pues hay derechos urbanísticos reconocidos y se requerirían indemnizaciones que el Ayuntamiento no puede pagar. El PSOE apostó por una expansión urbanística desmesurada. Lo que sí intentaré es que el diseño de esas urbanizaciones futuras se haga con buen gusto y acordes con el entorno natural. Así se hará cuando se aprueben ordenanzas que establezcan los modelos constructivos
http://www.diariodeavisos.com/2011/05/29/tenerife/no-entiendo-por-que-se-quiere-derribar-el-hotel-y-en-cambio-si-hacer-el-puerto

viernes, 27 de mayo de 2011

La comisión de Peticiones vuelve a analizar la aplicación de la ley de costas española



La comisión de Peticiones ha debatido más de 40 quejas sobre la aplicación de la ley de costas española. En un debate tenso intervinieron 19 ciudadanos procedentes de España, Alemania, Reino Unido y Países Bajos, que lamentaron su situación de "indefensión jurídica" ante una ley aplicada de forma "injusta".

La comisión de Peticiones debatió el impacto de la ley de costas en Canarias, Valencia, Asturias, Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Baleares. El debate fue organizado en bloques. En el primer bloque expusieron sus casos los peticionarios, uno por cada una de las regiones afectadas. A continuación, intervinieron la Comisión Europea y los eurodiputados y, por último, tomaron la palabra otros ciudadanos afectados que así lo solicitaron. Los peticionarios dispusieron de tres minutos de turno de palabra cada uno y los eurodiputados de uno.

Los miembros de la comisión de Peticiones decidieron, transcurrido el debate, aplazar a la próxima reunión de coordinadores (portavoces de los grupos políticos, que se celebrará el 14 de junio) la decisión sobre qué medidas tomar para dar seguimiento a la discusión de hoy. La presidenta de la comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni (PPE, Italia), explicó que "la atribución de responsabilidades no nos compete a nosotros, aunque está claro que hay derechos que se están pisoteando y ahí pensamos intervenir, sin violar el principio de subsidiariedad ni entrar en conflictos nacionales".

Aplicación "retroactiva" y "arbitraria"




Los peticionarios criticaron, en líneas generales, la aplicación con carácter retroactivo de la ley de costas, que ha llevado a la demolición de muchos inmuebles sin indemnizar a los propietarios. Carmen del Amo declaró que "no me satisface la modificación de la ley que se ha presentado y espero que se respete la propiedad privada y que se devuelva lo que se ha confiscado". Jon Iturribarria explicó que el título de propiedad de su molino se remonta al año 1683. "Estamos hablando de cinco siglos, ¿no es un caso de retroactividad?, preguntó.

El representante del peticionario mallorquín Pedro López Rodríguez tomó la palabra fuera de turno y, junto con otros peticionarios, mostró carteles en los que se leía "Democracia real ya". Después de las intervenciones de los eurodiputados, se disculpó por su "infortunada intervención". "Pido disculpas, pero estamos muy indignados y así lo demostramos", señaló. A continuación, expuso el caso de su familia, que posee una propiedad al sur de Mallorca afectada por la ley de costas y lamentó el carácter "arbitrario" de esta normativa.

Por su parte, Pilar Embeita calificó la ley de costas de "violación de los derechos humanos y de la presunción de inocencia". "Estamos ante una situación de acoso y derribo por parte de los poderes públicos españoles la "aplicación arbitraria de la ley de costas". "Nuestras propiedades han sido confiscadas y no nos van a dar ninguna compensación", subrayó José Pérez, y agregó que esta actuación atenta contra los derechos humanos.

Situación "injusta"
Gabriela Mayans, de Formentera, señaló que "cuando hablamos de injusticia hablamos de que todos los grandes grupos hoteleros de la isla han quedado fuera del deslinde mientras que pequeños propietarios han sido incluidos", apuntó.

El peticionario holandés Jan Van Stuyvesant declaró que "hay proyectos financiados por dinero comunitario que incurren en los errores que se trataban de evitar".

Sin compensación
Timoteo Giménez aseguró que se trata de "casos de expropiación sin compensación". Por su parte, uno de los peticionarios británicos dijo "esperar que la comisión de Peticiones adopte acciones ulteriores". "Por favor, no podemos dejar la situación como está", concluyó.

Intervenciones de los eurodiputados
Carlos ITURGAIZ (PPE) lamentó lo "poco que se ha avanzado" en este asunto y destacó que es necesaria una ley "coherente, lógica y racional". "Estamos en contra de esta ley y de su aplicación retroactiva y arbitraria", añadió Iturgaiz, quien aseguró que su grupo apoya "que se supriman algunos artículos que no reconocen los derechos de ciudadanos
".

Willy MEYER (Izquierda Unitaria Europea) afirmó que su grupo "está de acuerdo con Ley de Costas", ya que en España el litoral estaba lleno de hormigón, lo que hacía necesaria una ley. Sin embargo añadió que no está de acuerdo "con su aplicación arbitraria", que ha permitido construir, entre otras obras, grandes hoteles y urbanizaciones.

Rosa ESTARÁS (PPE) dijo que "La Ley de Costas tuvo una intención positiva pero su aplicación ha generado inseguridad jurídica, desazón y desesperanza" en los afectados. "El Gobierno de España tiene que rectificar esta situación", manifestó.

María MUÑIZ (S&D) recalcó que la Ley de Costas es de 1988, y "el PP no la cambio en 8 años". Recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en un caso "muy similar" en Francia aduciendo que en estos casos prevalece el interés público frente al privado. Según la diputada, la aplicación de la Ley ha sido correcta en el 92 por ciento de la costa, y sólo ha habido problemas en el 5 por ciento, por lo que no se puede considerar "discriminatoria".

Miguel Angel MARTINEZ (S&D) opinó que la ley es "eficaz, modélica y compleja en su aplicación", y la Comisión Europea no cree que se viole la normativa europea. "España es un Estado de Derecho que no puede ponerse en tela de juicio aquí", comentó el diputado, antes de señalar que los tribunales han fallado en contra del 90% de las quejas presentadas por los denunciantes.

Antolín SANCHEZ PRESEDO (S&D) manifestó que la Ley de Costas data de 1988, por lo que "distintos gobiernos" han podido modificarla y no lo han hecho. Dijo que esta ley pretende "evitar la degradación y responder a problemas actuales como el cambio climático".

El británico Roger HELMER (Conservadores y Reformistas Europeos) opinó que "España no está respetando el derecho de propiedad y por eso no se puede decir que exista el Estado de Derecho". "El gobierno español no puede ignorar esta situación", opinó el diputado antes de lamentar que el Parlamento no pueda hacer nada al respecto
.

La eurodiputada danesa Margrete AUKEN (Verdes/ALE) dijo que las costas españolas necesitan protección y "si no se han gestionado correctamente es obvio que haya problemas". Lamentó que hay "hoteles por todas partes", lo que es señal de que "algo no funciona". Por ello, sugirió hacer un nuevo informe parlamentario centrado en las costas, ya que la UE sí tiene competencia en ello.

Teresa JIMENEZ-BECERRIL (PPE) defendió en su intervención a las empresas salineras de Cádiz afectadas por la Ley de Costas, ya que, en su opinión "se las han arrebatado sin compensaciones justas. "Tenemos la obligación de defender sus derechos y que el gobierno español corrija", comentó la diputada, quien añadió que estos casos "afectan a la imagen de España".

Izaskun BILBAO (Grupo Liberal Europeo) afirmó que "ecesitan soluciones urgentes a las discriminaciones que se están dando", oquizás la ley española fue necesaria, aunque su gestión ha sido incorrecta". "Se npinó
.

La británica Marta ANDREASEN (Europa de la Libertad y de la Democracia) se preguntó por qué la Comisión Europea sigue dando ayudas públicas a las regiones donde se dan estas anomalías.

Comisión Europea
El representante de la Comisión Europea subrayó que en los casos denunciados "no se puede aplicar la legislación comunitaria" aunque aseguró que esta Institución "está en permanente contacto con las autoridades españoles" para actuar en el caso de que se produjesen discriminaciones, aunque "de momento no creemos que haya discriminaciones", aseguró.
http://www.europarl.es/view/es/Sala_de_Prensa/press-release/pr-2011/pr-2011-May/pr-2011-May-17.html
ASOCIACIÓN EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS`´



SIMPLES COINCIDENCIAS

En este país, donde tirando de un hilo, se desmadeja todo, pensar mal, es sinónimo de acertar. Si vemos los datos de Tragas, la empresa que acomete todos los trabajos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM), es muy sorprendente ver al jefe de la abogacía del estado, o a personal que ocupa altos cargos dentro del mismo ministerio o en Economía y Hacienda, ser consejeros de una empresa privada, estrechamente ligada a los derribos y a los deslindes de las costas españolas.
Recuerdo que la misma Alicia Antolín de Paz, era directora general de costas(nombrada ilegalmente, según sentencia del Tribunal Supremo, septiembre 2010, nº528/2008,,cesada en octubre del 2010, BOE 2 de octubre 2010)

La pregunta que se plantea es: ¿es esto legal?. ¿es legal, que estos consejeros de una empresa privada, sean altos funcionarios del ministerio que contrata a esta misma empresa?¿cuanta información privilegiada pueden tener en su trabajo del ministerio, que les facilite las cosas en la empresa privada?.

TRAGSA

El Grupo Tragsa actúa como medio propio instrumental realizando los trabajos que le encomienda la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios, mediante convenios.
El Grupo Tragsa está compuesto por la empresa matriz Tragsa, Empresa de Transformación Agraria, SA, constituida en 1977, y por Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, Tragsatec.
Tragsa acumula más de 30 años de experiencia y realiza actuaciones en la protección y conservación de la naturaleza, el desarrollo rural y la prestación de servicios de emergencia.
Tragsatec interviene desde 1989 en los ámbitos de la ingeniería y la asistencia técnica para el desarrollo rural y las actividades medioambientales, agrícolas y forestales y la gestión de los recursos pesqueros y la acuicultura. Tragsatec ha asumido en noviembre de 2010 los servicios que desde 2001 prestaba Tragsega, en el ámbito ganadero y alimentario.




Consejo de Administración a 22 de febrero de 2011
Presidenta:
Dª Mª Luisa Graña Barcia Presidenta de Tragsa
Secretario no Consejero:
D. Juan Antonio Puigserver Martínez Jefe de la Abogacía del Estado del (MARM).
Vicesecretario no Consejero:
D. Ignacio Pereña Pinedo Director de Asuntos Jurídicos de TRAGSA
Consejeros:
D. Manuel Alves Torres Director de Planificación y Control (SEPI)
Dª Isabel Bombal Díaz Directora General de Industria y Mercados Alimentarios
(MARM)
D. Javier Canales Tébar Secretario de Elecciones Sindicales y Afiliación FECOMACCOO
D
. Jesús Casas Grandes Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
(MARM
)
D. Carlos Javier Escribano Mora MARM
D. Ignacio Gandarias Serrano Director G. de Ordenación Pesquera (MARM)
Dª Mª Soledad Giral Pascualena Subdirectora General de Programación Económica del
MARM
D. José Jiménez García-Herrera Director General de Medio Natural y Política Forestal
(MARM)
D. Ángel Hernández Pinilla MCA-UGT
D. Manuel Ledesma Sánchez Vocal Asesor de la Unidad de Apoyo de la Dirección General
de Fondos Comunitarios y Financieros (Mº de Economía y
Hacienda)
D. José Marcos Lillo Pérez Jefe de la Oficina Presupuestaria – Mº de Economía y
Hacienda
D. Bartolomé Lora Toro Director de Participadas II - SEPI
Dª Elena Madrazo Hegewisch MARM
D. Fernando Miranda Sotillos Presidente del FEGA (MARM)
Dª Alicia Montalvo Santamaría Directora General de la Oficina Española de Cambio
Climático (OECC) – (MARM)
Dª Marta Moren Abat Directora General del Agua (MARM)
Dª Alicia Paz Antolín MARM
D. Manuel Rossi Prieto MARM
Dª. Pilar Seisdedos Espinosa Subdirectora Gral. Coordinación de la IGAE (Mº de Economía
y Hacienda)
Dª. Alicia Villauriz Iglesias Secretaria Gral. del Mar (MARM).

Los vecinos de Cho Vito impiden que Costas inicie la obra del paseo marítimo



Aunque la Demarcación en la provincia anunció la colocación de las vallas en la zona afectada, la población obligó a retirarlas tras denunciar en el Juzgado que cerraban uno de los accesos peatonales al lugar. Los vecinos consideran "sospechoso" que los trabajos comiencen tres días después de las elecciones.
27/may/11 01:29
La Demarcación o Servicio Provincial de Costas tuvo que dar marcha atrás en su intención de comenzar la construcción del paseo marítimo de Cho Vito porque los vecinos de este poblado marinero de Candelaria se opusieron a ello y presentaron una denuncia ante el Juzgado. El motivo era que las vallas colocadas cerraban el paso a la población y visitantes por uno de los accesos con que cuenta este enclave y que, curiosamente, es el lugar en el que se encuentra la zona de estacionamiento de los vehículos.
Ayer fue necesaria la presencia del alcalde de la Villa Mariana, José Gumersindo García, quien expuso a los vecinos de Cho Vito la situación y explicó que los trabajos previstos no afectarían al desarrollo cotidiano de la vida de la población que aún reside en el lugar.

Tomás González, portavoz de Cho Vito, expresó su confianza en que "todo se desarrolle como nos explicó", pero dejó claro que "es sospechoso, por decirlo suavemente, que esta obra comience tres días después de celebradas las elecciones municipales".
Ayer, como anteayer, fue necesaria la presencia de efectivos de la Guardia Civil para tratar de colocar las vallas que Costas anunció el miércoles que se ubicaron "en la zona de actuación, que en ningún momento interrumpen el paso de vecinos ni usuarios de la costa".
Buen resultado en Europa
Respecto a la comparecencia de los portavoces de Cho Vito en la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo, González señaló que se concretó la elaboración de un informe sobre el impacto de la aplicación de la Ley de Costas en los derechos individuales de los ciudadanos, el medio ambiente y la aplicación de la legislación de la Unión Europea, con fundamento en determinadas peticiones recibidas, así como la presencia en el poblado (y en el resto de lugares del país que están en circunstancias similares) de una comisión de la UE para comprobar las consecuencias de esa legislación.
Margrete Auken, europarlamentaria socialista inglesa, propuso la congelación de los fondos europeos para España en 2012 "como consecuencia de la situación que viven los ciudadanos europeos por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas".
Tomás González se mostró muy satisfecho con el resultado de la presencia de Cho Vito en Europa "porque sigue abierta la comisión y siguen llegando quejas
http://www.eldia.es/2011-05-27/tenerife/1-vecinos-Cho-Vito-impiden-Costas-inicie-obra-paseo-maritimo.htm

jueves, 26 de mayo de 2011

El Servicio de Costas comienza a construir el paseo marítimo de Cho Vito







Se trata de un proyecto de 225 metros de longitud y 1.647,91 metros cuadrados de superficie que enlazará la zona del poblado marinero con Las Caletillas. Los trabajos no interrumpirán el paso de ningún vecino a sus viviendas mientras sigan en el lugar, ya que están pendientes de su realojo, según recordó Costas.
El Servicio Provincial de Costas comenzó ayer la construcción del paseo peatonal de Cho Vito y su comunicación con el paseo de la playa de Las Caletillas. En el comunicado oficial que hizo público este departamento se indica que el paseo tendrá 225 metros de longitud con una superficie pavimentada de 1.647,91 metros cuadrados, así como que unirá el tramo de la costa con la trama urbana. Además, se dotará de instalaciones de servicios a los usuarios, mobiliario urbano y ajardinamiento.
Este departamento de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar informó de que el comienzo de los trabajos consistió en la colocación del vallado en la zona de actuación, "que en ningún momento interrumpe el paso de vecinos ni usuarios de la costa".
Con ello, el Servicio Provincial de Costas continúa con las actuaciones en el litoral de Candelaria con el objetivo de mejorar el acceso público a los lugares de baño, recuperar la costa para el uso y disfrute públicos y ofrecer nuevas playas a todos los vecinos y visitantes del municipio.
La comunicación oficial concluye con la aclaración de que "estas obras no interfieren con el proceso de recuperación posesoria en Cho Vito, que continúa pendiente para su finalización del realojo de los vecinos que aún viven en el lugar".
Desde 1995
El Boletín Oficial de Canarias del 4 de marzo de 1998 incluía la publicación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para actuaciones en infraestructuras, cuyo listado apareció en la edición del BOC del día 28 de ese mismo mes. El número 47 de esa lista es el proyecto de paseo marítimo y demolición en Cho Vito, con un presupuesto de 99 millones de pesetas. La redacción del proyecto fue aprobada el 31 de enero de 2005.
Para realizar esta obra fue necesario demoler la mayoría de las viviendas que formaban este poblado marinero, obra que comenzó el 7 de octubre de 2008 y que aún no ha concluido, puesto que permanecen en pie ocho casas que también se pretenden destruir.
De hecho, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife aplazó hasta el 30 de noviembre próximo la entrada en las ocho viviendas, así como su demolición. Esta medida fue solicitada el pasado día 7 de abril por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Los vecinos afectados, que llevan más de siete años en lucha pública por evitar lo que ayer comenzó a ser una realidad, siguen ahora por la vía judicial y la política, especialmente ante la Unión Europea, tratando de salvar lo que queda en pie del lugar así como la reconstrucción de las viviendas que fueron demolidas.

sábado, 21 de mayo de 2011

La Ley de Costas vulnera los Derechos Humanos

La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) acudirá como invitada por el Parlamento Europeo a participar en la sesión de la Comisión de Peticiones del próximo día 24 de mayo donde pedirá que se condene a España por la aplicación retroactiva, arbitraria y confiscatoria de la Ley de Costas que vulnera flagrantemente la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 1 del protocolo adicional Nº 1 al Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y, por tanto el Tratado de Lisboa que los hace vinculantes a cualquier ley propuesta o aplicada en los estados miembros.

Ante la inacción y silencio del Gobierno español y la indiferencia de la Defensora del Pueblo, el Parlamento Europeo ha decidido invitar a los representantes de asociaciones de afectados de todas las Autonomías costeras, integradas por miles de ciudadanos europeos a quienes han confiscado, SIN INDEMNIZACIÓN, las propiedades legalmente adquiridas, dejándoles en la más absoluta indefensión.

La Sra Beatriz Corredor en unas declaraciones realizadas en Amsterdam, asegura que la Ley de Costas ha afectado a un "0,008 por ciento" de las viviendas y que en ningún caso ha habido demoliciones y a todos los afectados se les han ofrecido "compensaciones".
La Sra Corredor se ve obligada a mentir porque, si dijera la verdad, estaría reconociendo las prácticas abusivas inadmisibles en un gobierno de una democracia europea.

El Gobierno español, debería preocuparse de restablecer la seguridad jurídica antes de dedicarse a la gestión de carteras inmobiliarias, tal y como se le ha reprochado en su "road show" de Londres
http://www.latribunadecanarias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1458:la-ley-de-costas-vulnera-los-derechos-humanos&catid=13:espana&Itemid=23

viernes, 20 de mayo de 2011

Corredor dice que solo el 0,008% de las casas se han derribado por la Ley de Costas

La secretaria de Estado española de Vivienda, Beatriz Corredor, defendió ayer en Ámsterdam (la segunda parada del road show, tras Reino Unido, que le llevará a Francia, Suecia, Rusia y Alemania) que, a pesar del contexto de crisis económica internacional, es "seguro" invertir en el sector inmobiliario en España. En una rueda de prensa tras su reunión con posibles inversores holandeses, Corredor mantuvo que la salud financiera de España "no puede compararse" a la de países como Grecia que han tenido que recurrir a rescates internacionales. "No tenemos miedo de una bancarrota en España y no estamos en la misma situación que Irlanda o Grecia", precisó.
Corredor también intentó aplacar el temor de los inversores holandeses que estuvieran interesados en adquirir una vivienda en la Costa. Las expropiaciones y demoliciones llevadas a cabo, en virtud de la Ley de Costas, provocaron las protestas de la embajada de Reino Unido, el principal comprador extranjero. La secretaria de Estado aclaró que la Ley de Costas de 1998 solo ha afectado a un "0,008%" de las viviendas y que en ningún caso ha habido demoliciones y a todos los afectados se les han ofrecido "compensaciones".
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Corredor-dice-solo-casas-han-derribado-Ley-Costas/20110520cdscdieco_9/

martes, 17 de mayo de 2011

Costas se desmarca de la escollera que precisa San Andrés para evitar el oleaje

La dirección provincial de Costas lo deja claro. Frente a la avenida de San Andrés debe construirse una escollera a la misma altura que la de Las Teresitas que proteja al barrio de la inclemencia del mar y que además permita el traslado de los barcos que ahora están en la playa. Pero el problema, según lo explica la subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, es que la Autoridad Portuaria decidió hace cuatro años deshacerse de esta zona de fondeo, desafectándola y entregándosela al Estado. A partir de entonces era el Ayuntamiento de Santa Cruz el que debía promover la redacción del proyecto, pero nadie ha hecho nada, añade la subdelegación.
Costas ha asegurado que el Gobierno central estaría dispuesto a estudiar esta iniciativa y llevarla a cabo, pues se trata de la solución razonable, pero también hay que tener en cuenta que quizás el momento no sea el más propicio por la situación de crisis económica.
De todas formas, la subdelegación del Gobierno indica que la corporación local santacrucera no ha entregado ni planteado ninguna propuesta.
Pero los vecinos y los negocios de San Andrés están agotados de escuchar "la misma canción desde que tienen uso de razón". Este fin de semana, el barrio capitalino ha vuelto a sufrir las consecuencias del fuerte oleaje. Las aceras se han levantado, algunos árboles han caído y el agua ha entrado en casas y bares y restaurantes de la avenida, e incluso un ciudadano fue arrastrado por el mar, aunque fue rescatado finalmente por la Cruz Roja.
Los vecinos aún siguen sacando arena de sus viviendas e intentando sobreponerse del susto y los negocios lamentan las pérdidas económicas porque han tenido que cerrar durante tres días, "los que más gente nos viene", y porque las olas les han destrozado neveras y máquinas.
El propietario de la Marisquería Ramón, de la zumería y del restaurante Rubí, Ramón Plasencia, comenta que las pérdidas en sus locales ascienden a 5.000 euros. Para el restaurante Estrella del Mar, éstas superan los 2.000 euros. "Nos preparamos para el fin de semana comprando más mercancía y nos hemos quedado sin nada. Con lo mal que van las cosas, esto nos hunde más todavía", cuenta José Antonio Diz, empresario de Estrella del Mar.
"Ya no creemos en ningún político ni en sus promesas. Los años pasan, yo ya tengo 65, y aquí no se nos ha dado ninguna solución. No sé a qué esperan. Solo vienen cuando quieren el voto, como en estos días", dice Teresa Cova. "Creemos que lo que quieren es cansarnos y que nos vayamos de aquí para hacer lo que quieran en la avenida", añade la vecina Fátima Carballo.
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos El Pescador, Gabriel Rodríguez, cuenta que la demanda de una escollera o muro de protección frente a la avenida de San Andrés es una reivindicación que ya ha cumplido más de cincuenta años. Recuerda que se llegó a plantear la posibilidad de construir un puerto deportivo y un refugio pesquero, pero los propios vecinos se opusieron a dichas iniciativas, pues éstos insisten en que la escollera "es la única obra necesaria".
Y parece que ahora Costas les da la razón, aunque la dirección provincial sí plantea que cuando se construya la escollera en esa zona de fondeo frente a la avenida tendrán que reubicarse en ella los barcos que ahora se encuentran en la playa de Las Teresitas, algo que, según Costas, piden también los pescadores del barrio.
En el Ayuntamiento, a pesar de la insistencia de este periódico, ayer nadie contestó, ni siquiera la concejal responsable del Distrito de Anaga, Sheila Trujillo.
Por su parte, la Policía Local decidió ayer abrir al tráfico los carriles de acceso al barrio de San Andrés y a la playa de Las Teresitas que estuvieron cerrados durante todo el fin de semana debido al fuerte oleaje en la zona, aunque éstos podrían volver a cerrarse dependiendo "de la marea alta".
Cada vez que esto ocurre, varias veces al año, la Policía se ve obligada a convertir los dos carriles de salida en uno de entrada y en otro de salida solo para las guaguas. Y para abandonar San Andrés, los demás vehículos deben hacerlo por el interior del barrio, lo que también ha provocado la preocupación de los vecinos de la zona y de los visitantes por el "peligro de atropello
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/17/costas-desmarca-escollera-precisa-san-andres-evitar-oleaje/345890.html



ESTO DE COSTAS, ES DE JUZGADO DE GUARDIA. En primer lugar, son sus competencias. Y esta obra hay que realizarla cuanto antes, y no gastar el dinero en playas artificiales, realizadas en desembocaduras de barrancos, que cada vez que llueve, se las lleva el agua. NO TIENEN UN EURO PARA OBRAS, PERO SE PLANTEAN TERMINAR DE DERRIBAR CHO VITO. CUANTO EMPEÑO PARA UNAS COSAS Y CUANTA DESIDIA PARA OTRAS.

lunes, 16 de mayo de 2011

El CCN de Valle Gran Rey critica al alcalde por mentir a los vecinos afectados por la Ley de Costas

El candidato del Centro Canario Nacionalista (CCN) a la Alcaldía de Valle Gran Rey, Federico Bacallado, defendió el pasado sábado su programa electoral de cara a los comicios del próximo 22 de mayo.
Bacallado incidió en la defensa realizada por el CCN a los vecinos afectados por la Ley de Costas y la reclamación de la modificación del Plan General de Ordenación. En esta línea, José Luis Langa, secretario de Acción Jurídica del CCN, criticó al alcalde por mentir a los vecinos y aprobar a sus espaldas el PGO, dejando centenares de viviendas fuera de ordenación.
En otro orden de cosas, el candidato centro nacionalista explicó la necesidad de acometer un profundo Plan de Barrios, dotar de infraestructuras al puerto para mejorar el funcionamiento de las líneas marítimas, promover mejoras en el sector pesquero, reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles, reubicar el centro de mayores y crear una guardería. Además, Federico Bacallado criticó “las acciones electoralistas de última hora que lleva a cabo el alcalde”.
El candidato estuvo también acompañado por Pedro Medina, candidato al Cabildo, quien explicó las principales líneas de actuación proyectadas por su partido para crear empleo, a través del apoyo del tejido empresarial y el fomento turismo mediante la potenciación del aeropuerto.
También el presidente del CCN de Tenerife, Melchor Núñez acudió a apoyar al candidato del CCN. Núñez destacó la experiencia política de Bacallado, recordando que fue Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y alabó su honradez y su capacidad de lucha.
Núñez recordó además que los otros tres candidatos que concurren a las elecciones integraban hasta hace poco el mismo partido, en un claro ejemplo de que “quieren mantenerse en el poder”.
http://www.gomeranoticias.com/article/el-ccn-de-valle-gran-rey-critica-al-alcalde-por-mentir-los-vecinos-afectados-por-la-ley-de-c

domingo, 15 de mayo de 2011

Acoso y derribo a los desamparados



El dueño del estero de pescado de la salina anexa al parque de Los Toruños se enfrenta a una posible retirada de la concesión por unos supuestos incumplimientos mientras le han vuelto a embargar

Nos espera tras la verja. Como siempre, está cargado de papeles, carpetas y más carpetas con documentos que resumen la lucha que libra desde hace ya más de una década intentando sobrevivir al frente de uno de los pocos esteros extensivos de pescado que quedan en la provincia. En la salina de Nuestra Señora de Los Desamparados, en término de Puerto Real, en pleno Parque Natural de la Bahía de Cádiz, junto a Los Toruños.

José María Jiménez Derqui, el dueño, ha decidido cambiar de estrategia. Harto ya de esperar que haya resolución a su demanda de que revisen los cánones que la Demarcación de Costas le ha venido girando por su explotación, y que no abona al considerar que está exento de pago por ser propietario antes de que entrara en vigor la ley que regula la ocupación de la zona marítimo-terrestre, ha decidido pasar al ataque. Y es que, desde que hace ya algo más de un mes que denunció su situación a este diario, el conflicto, lejos de resolverse, se ha recrudecido.

No sólo le han vuelto a embargar, por no pagar unos cánones que además considera excesivos, sino que, para colmo, entre medias, se ha enterado de que, sin su conocimiento, técnicos de Costas efectuaron una visita a las instalaciones, que culminó en jaque al rey: un informe en el que se propone que le sea retirada la concesión, alegando unos supuestos incumplimientos.

Por eso ha organizado, en una suerte de jugada para neutralizar el jaque, una excursión a su salina para intentar mostrar sobre el terreno que nada de lo que le recriminan es cierto. Que él ha cumplido escrupulosamente con los requisitos de la concesión.

La primera, en la frente. Nos montamos en el coche y se lanza al ataque. "El camino debiera tener tres metros para que la superficie de rodadura fuera de 2,60 metros. Y como mucho, tiene 1,70: insuficiente para que entren a la vez un coche y una bicicleta", espeta. Lo dice con intención, porque por su salina, como hay que recalcar, en pleno parque natural, discurren senderos y carriles habilitados para el uso por parte de los visitantes.

Estamos en periodo de captación de alevinaje y las compuertas están abiertas. El agua entra y sale. Pasamos por la partida D. Todo parece en orden. Continuamos por la C . Estamos en el punto sur, donde, denuncia, "personal del Parque ha puesto una valla que corta todo el camino". Ocho módulos de jaula de león que seccionan de cuajo el recorrido.

Nos dirigimos a la partida B, donde está la zona prevista para el lago de pesca, precisamente una de las cosas que en el informe de Costas, se recoge como incumplimiento
. Una instalación que no ha hecho, explica, "porque lo impide el alevinaje natural y además, no se pueden hacer obras por ser una zona de especial protección". "Me echan en cara que no he hecho actuaciones que me comunicaron en documentos hace ya años que no podían hacerse. Esto es luchar contra la sinrazón".

Nos cruzamos con varias gaviotas, "el peor bicho que hay para los peces", murmura entre dientes, mientras sigue soltando documentos. "Con esta gente, como no tengas papeles", ... se disculpa por la avalancha.

Ha llegado el momento de su enroque particular. "Aquí las administraciones no han dejado de hacer obras ilegales. En la zona norte, el relleno para el puente San Alejandro. Y en la zona oeste, un embarcadero en ciernes".

Para colmo, en su listado de incumplimientos, figura que la casa salinera sigue en el mismo estado de semirruina. Se trata del famoso edificio para cuya restauración la Junta organizó una ceremonia de colocación de primera piedra a la que nunca le ha seguido ni un ladrillo más. También denuncian, para quitarle la concesión, que hay montoneras de tierra por los caminos. Enormes dunas de arena que provocan un gran impacto paisajístico que el dueño de la salina asegura que dejó allí personal de Costas, cuando iban a ser utilizadas para rellenos de playas hasta que se desechó al considerar que no eran de buena calidad.

Un curioso detalle parece inclinar a priori la balanza a su favor: al informe realizado en su contra le han adjuntado planos con fotografías aéreas nada menos que de los años 90 y 91, al menos seis años antes de que solicitara a Costas la concesión.

Desde la Demarcación , como ya ocurrió con el primer artículo, han declinado pronunciarse sobre el asunto. "Nosotros hemos cumplido exactamente con lo establecido. No tenemos nada que decir", indicó un portavoz a este diario
.

Entre medias, se ha producido el traspaso de competencias a la Junta de Andalucía, desde donde al menos, en principio, parecen partir una lanza a favor del industrial pesquero. "El informe en el que se propone retirarle la concesión es anterior al traspaso, y en cualquier caso, deberá decidir sobre el asunto la Dirección General de Pesca (dependiente de la Consejería del ramo). Con independencia de ello, en la delegación de Medio Ambiente estamos a favor de la actividad económica que se realiza en la salina. Está en perfecta armonía con los valores que intentamos defender desde el Parque". E incluso han ido más allá al asegurar que "la salina cumple escrupulosamente con el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) y tiene todas las autorizaciones pertinentes", admitieron. "Apostamos por su supervivencia y nos interesa que allí haya un estero, porque eso significa que la zona no está abandonada. Además, tiene un sendero de uso público".

Resta por ver si este pronunciamiento a favor se va a traducir en una apuesta decidida por solucionar el enquistado conflicto. La supervivencia de una actividad en franco peligro de extinción depende de ello.
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/975163/acoso/y/derribo/los/desamparados.html

¿Estrategia embrollada?



Puede, la de Teguise en el improcedente deslinde de Los Dises-Caleta Famara, aunque, naturalmente, respeto la libertad del Ayuntamiento de proceder al modo que le dicten sus técnicos jurídicos. Sin embargo, mi criterio difiere de la estrategia contra el impensable deslinde efectuado por la Jefatura de Costas de Canarias, confirmado por la Ministra de Medio Ambiente en la Orden Ministerial del 3 marzo 2011, pues la defensa debe dirigirse a la inmediata efectividad de la anulación del improcedente deslinde con el máximo ahorro dinerario público y privado. Me explico:
El Ayuntamiento de Teguise, sorprendentemente, acordó en Pleno celebrado el 4 actual interponer Recurso Contencioso Administrativo, elaborar un estudio geotécnico, pedir la colaboración económica del Cabildo y suministrar a los afectados un modelo de Recurso de Reposición. Aparte de que el acuerdo, al menos para los propietarios afectados, llegó tarde por vencimiento del plazo para recurrir, supongo que los fundamentos donde se ampara el mismo son inapropiados; o sea, que la tesis de la defensa adoptada no es la correcta según interpreto del examen de la Ley de Costas y su Reglamento. Tengo claro que con el sistema tradicional del deslinde de 100 metros y otros 100 más en su caso, tal como establece el art. 23 de la Ley 22/1988 de Costas, no es legítimo el deslinde los Dises-Caleta, pues la profundidad del mismo en el interior de la Isla supera los dos mil metros. El artículo 22 de la Ley 22/1988 de Costas y los artículos 41 y 42 del Reglamento para su aplicación, regulan un procedimiento especial “para la protección de determinados tramos de costa” de aplicación obligatoria para el caso los Dises-Caleta. Y pregunto ¿porqué Costas no aplicó ese literal procedimiento?. La conclusión es fácil de entender: los artículos precitados establecen un sistema de veto que el Ayuntamiento pudo aplicar contra la decisión de Costas de deslindar la zona que nos ocupa, por lo que supongo que Costas para salirse con la suya, al objeto de deslindar por encima de todo, a lo macho, sin respetar la legislación vigente, aplicó, en presunto fraude de ley, en la zona los Dises-Caleta, el supuesto de deslinde tradicional hasta 100 metros establecido en los artículos 11 y 12, en relación con los 3, 4 y 5 de la Ley de Costas, en lugar de utilizar el previsto para este caso de costa por encima del limite de los 100+100 metros desde el límite interior de la ribera del mar, el reglado en el art. 22 de la Ley 22/1988 de Costas y los 41 y 42 del Reglamento para este tipo de “protección de otros tramos de costa”. Por tanto, lo que corresponde en este caso, en principio, es que el Ayuntamiento requiera previamente al Ministerio (lo prevé el artículo 44 de la Ley Contencioso Administrativo y aun dispone de plazo) “para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, por la supuesta ilegalidad del método aplicado”, no previsto por la Ley para este tipo de “protección de determinados tramos de costa”, y por tanto, con probable comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa por la Ministra de Medio Ambiente al dictar una Resolución presuntamente ilegal “a sabiendas de su injusticia”.
Por Ramón Pérez Hernández
http://www.cronicasdelanzarote.es/spip.php?article34148

miércoles, 11 de mayo de 2011

Afectados europeos por Costas dicen que el litoral de Anaga está condenado



La presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas aseguró ayer, con relación a los procesos de deslinde, que la única forma de actuar cuando este organismo pone a un núcleo en su punto de mira es la unión y el apoyo de las instituciones. También reclamó estas competencias para Canarias. •






La presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, calificó ayer de "muy grave" la situación por la que atraviesan los pueblos de Anaga y de las Islas que están sometidos al proceso de deslinde por parte de la Dirección General de Costas. Del Amo señaló que, al margen de tiempo que esta Dirección General "lleva detrás de estos poblados, la experiencia dicta que están condenados", pues aseguró que "cuando Costas pone el punto de mira en un núcleo, es muy difícil dar marcha atrás".
No obstante, la representante de este colectivo, que ayer ofreció una rueda de prensa en la sede del CCN, en la que estuvo acompañada por el presidente de la formación, Ignacio González, así como el abogado de algunos pueblos afectados, entre ellos, Igueste de San Andrés, dijo que "son los ayuntamientos los que deben enfrentarse a Costas, para que se les respete su territorio".
En el caso de Santa Cruz, en relación a los núcleos de Anaga que se ven afectados por el deslinde, que en la actualidad mantienen un recurso ante el Tribunal Supremo, dijo que cuando los ayuntamientos no aportan documentación "es porque no quieren, y ahora ha llegado el momento de partir de cero, pues no buscamos culpables, sino soluciones, ya que la realidad es muy mala y la única solución es la unión de las instituciones que reclamen su territorio".
Señaló que "ahora tenemos una oportunidad de aplicar un cambio, y corregir las cosas que se han hecho mal", pues señaló que aunque el deslinde se está planteando a los 100 metros, "aún no hay una sentencia en firme y esta situación la puede solventar el Estado, cambiando la Ley de Costas". Del Amo, al igual que González y Langa abogaron por una modificación de la Ley, que solo en Canarias afecta a más 160.000 habitantes. Por ello, el colectivo acusó al PP de "mantener un discurso falso" y al PSOE de responder con silencio cuando se le plantea la modificación.
Además, dijo que las Islas necesitan pedir las competencias en materia de costas, pues explicó que, de lo contrario, "jamás habrá capacidad de ordenar el territorio", aspecto que González señaló que "se podrá plantear en el próximo mandato, en el que se modificará el Estatuto de Autonomía".
Del Amo rechazó que las decisiones sobre la ordenación de la costa "estén en manos de unas oficinas que están en Madrid" donde, indicó, "ni siquiera saben dónde están los pueblos, mandando sobre un territorio que no les pertenece".
Afirmó que con la aplicación de esta ley "se está causando una inseguridad jurídica a todos los niveles y se conculcan todos los derechos", principalmente el de la propiedad, reflejado en el Tratado de Lisboa. Aseguró que "se tiene que acabar que manden las palas mecánicas desde Madrid para los derribos", algo que, aseveró, "representa una pérdida de identidad, ante la que en Europa se han mostrado escandalizados".
Por su parte, González aseguró que "a partir de ahora los ciudadanos no van a estar solos", y anunció que "nos pondremos delante de las palas, para que no vuelva a pasar lo de Cho Vito". Precisamente, sobre el caso de este enclave de Candelaria, donde Costas derribó parte de sus casas, Del Amo señaló que este poblado "se tomó como una amenaza y una lección para el resto de España", cuyo desalojo "nos mostró lo injusta que es la ley y, a la vez, ha conseguido el efecto de unión ante la peor decisión del Gobierno socialista".
http://www.eldia.es/2011-05-11/TENERIFE/0-Afectados-europeos-Costas-dicen-litoral-Anaga-esta-condenado.htm

La asociación de afectados exige las competencias para Canarias

La presidenta de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, aseguró ayer en Santa Cruz de Tenerife que la mencionada norma debe ser modificada para que se respeten y defiendan los valores sociales y culturales de los poblados costeros en Canarias, y señaló que los integrantes de la asociación se preguntan que si el 60 por ciento del territorio está protegido y por otro continúan los derribos en la costa, en dónde van a vivir los canarios.
Del Amo ofreció una rueda de prensa en la sede del CCN, un encuentro que sirvió para poner de manifiesto por parte de la presidenta de la asociación que sólo el CCN y por ende CC, han apoyado a los afectados por la Ley de 1988 en Canarias.
En este sentido, del Amo criticó «el discurso falso del PP en esta materia» así como apostar por la necesidad de que Canarias asuma las competencias de gestión y ordenación de su litoral. «Si no se piden las competencias jamás podrán ordenar sobre las islas, ni gobernar su territorio. Ahora está en manos de una oficina en Madrid y no saben nada de los pueblos costeros. Es importante pedir competencias para que cada uno pueda decidir en su región. Lo que no puede ser es que a los vecinos se les eche de su casa y se pierda la identidad cultural de un pueblo», sentenció.

Conculcación de derechos
Tanto el abogado, José Luis Langa, como la representante de la asociación apuntaron que se han conculcado derechos fundamentales como el derecho a tener una vivienda y a la propiedad privada, y que de esto Europa ha tomado nota y advertido a España. Langa, por su parte, señaló que «los grandes culpables» de esta situación han sido el PP y el PSOE que «en ningún momento» han querido modificar la Ley de Costas. Asimismo, recordó que el candidato a la Presidencia de Canarias, Paulino Rivero, se comprometió en un mitin a que solicitaría las competencias en materia de costas. «Las decisiones del pueblo pertenecen al pueblo», dijo el líder de la formación centrista, Ignacio González. Además, avanzó que el CCN estará al frente de las palas y evitará que vuelva a producirse un capítulo igual al de Cho Vito, asegurando que se ha de respetar la propiedad privada,
http://www.abc.es/20110511/comunidad-canarias/abcp-asociacion-afectados-exige-competencias-20110511.html

Igueste espera que la Audiencia les “dé la razón” sobre el deslinde



José Luis Langa, representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) y abogado que defiende los derechos de los vecinos afectados en Igueste de San Andrés por la aplicación de la Ley de Costas, afirmó ayer que confía en que la Audiencia Nacional “dé la razón” a sus argumentaciones y, por tanto, que “el deslinde que se ha practicado y la servidumbre de protección de 100 metros” se reduzca “a 20 metros”.

El letrado hizo estas declaraciones a DIARIO DE AVISOS tras una rueda de prensa en la que acompañó a la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, invitada por el Centro Canario Nacionalista (CCN), quien demandó que “
la Ley de Costas tiene que ser modificada principalmente para que se tenga en cuenta la insularidad de Canarias”, donde residen alrededor de 160.000 personas afectadas por esta normativa.

Por ello, el presidente en Canarias de CCN, Ignacio González Santiago anunció que en la próxima legislatura, en la que “toca la modificación del Estatuto de Autonomía”, pedirá “las competencias plenas” en costas para el Gobierno regional. “Si no se piden las competencias, jamás tendrán capacidad de ordenar las islas a nivel urbanístico y ser dueños de su territorio”, añadió Del Amo.

Para Langa, Igueste de San Andrés no corre el peligro de convertirse en un nuevo Cho Vito, puesto que en el recurso presentado en la Audiencia Nacional “se está demostrando que Igueste cuenta con todos los servicios y todos los requisitos que exige la ley para ser considerado núcleo de población urbano consolidado”. Así, al contrario que con el poblado de Cho Vito, donde se aplicó la Ley con carácter retroactivo, este barrio de Anaga “tiene carreteras, tiene agua, tiene luz, tiene iglesia, tiene cementerio, tiene colegio, luego es un pueblo”, de hecho “llegó a tener hasta un alcalde pedáneo”.

Langa explica que aunque la Asociación estima que el de-rrumbe de Cho Vito se hizo “con alevosía y premeditación”, y “se tendría que haber dado un margen para poder reaccionar”, se trata de un núcleo pesquero que carece de toda la infraestructura de Igueste.

Así, el abogado y secretario general de Acción Jurídica de CCN, espera que, una vez planteada la argumentación en la que Igueste pueda demostrar que es ya era un núcleos poblaciones urbanos consolidados cuando se promulgó la Ley de Costas en el año 1988 la Audiencia Nacional resuelva a favor de los vecinos afectados, una decisión que se conocerá en breve.

Norma injusta

José Luis Langa definió la actual Ley de Costas como una normativa “abusiva, arbitraria, que crea inseguridad jurídica, encima retroactiva y, por tanto, deja en manos de los partidos políticos de los gobiernos correspondientes la aplicación en una línea o en otra en ciertas situaciones concretas”. Al no ser una ley “sólida” la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas ha pedido reiteradamente su modificación, especialmente, porque estiman que atenta contra una serie de principios fundamentales recogidos en la Constitución Española: “el principio de presunción de inocencia, el de igualdad ante la ley, el de seguridad jurídica y, sobre todo, el principio del derecho a la propiedad privada..

Al respecto, la presidenta de la AEPLC asegura que los partidos nacionalistas son los únicos que están mentalizados de las consecuencias económicas y sociales de esta normativa, aunque son minoritarios, por lo que “los únicos lo pueden cambiar la situación son el PP y el PSOE”, que no apoyan su postura. Para Carmen del Amo, con la aplicación de la Ley de Costas “se está perdiendo la identidad cultural de pueblos que han heredado de sus ancestros”, a favor de “especulaciones sin licencia”. La representante de la Asociación de Perjudicados explicó además que en el Parlamento Europeo, donde han llevado sus reivindicaciones, ha condenado “explícitamente” esta normativa y ha pedido su modificación a Madrid.

http://www.diariodeavisos.com/2011/diariodeavisos/content/16933/

martes, 10 de mayo de 2011

“Cho Vito nos mostró que la injusta Ley de Costas era una realidad”

Más de 169.000 personas en Canarias podrían estar afectadas por esta ley.

Las reivindicaciones de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) se iniciaron a raíz de los sucedido en el poblado marinero de Cho Vito, donde se produjeron numerosos desalojos y derribos en cumplimiento de la ley. La presidenta de la asociación, Carmen del Amo, ha visitado la isla de Tenerife y ha participado en una rueda de prensa acompañada por el representante en Canarias de la AEPLC y secretario general de Acción Jurídica de CCN, el abogado José Luis Langa y el presidente en Canarias de CCN, Ignacio González Santiago. Del Amo ha sido tajante en sus declaraciones al afirmar que “Cho Vito nos mostró que la injusta Ley de Costas era una realidad” y que lo que ocurre en Canarias “tiene a los eurodiputados que no se lo pueden creer” pues “aquí se está inculcando el derecho a la propiedad privada sin más ni más”. En este sentido, apuntó también que el caso de Cho Vito “ha sido utilizado como una amenaza para España” y que desde 1998 se ha criticado tanto al Gobierno del PP como al del PSOE el no hacer nada por modificar la ley y proteger los derechos de los ciudadanos.
http://www.ilustradordigital.es/index.php/sociedad/49-sociedad/3820-cho-vito-nos-mostro-que-la-injusta-ley-de-costas-era-una-realidad.html

Dónde viviremos si no podemos construir en monte ni en costa?

La presidenta de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, ha asegurado en Santa Cruz de Tenerife que la mencionada norma debe ser modificada para que se respeten y defiendan los valores sociales y culturales de los poblados costeros en Canarias y ha señalado que los integrantes de la asociación se preguntan que si el 60 por ciento del territorio está protegido no se puede construir en el centro y por otro continúan los derribos en la costa en dónde van a vivir los canarios. Del Amo ha ofrecido una rueda de prensa en la sede del CCN en donde ha estado arropada por el presidente de la formación, Ignacio González, así como el abogado de algunos pueblos afectados por la Ley de Costas --Cho Vito, Valle Gran Rey e Igueste de San Andrés-- y miembro del CCN, José Luis Langa.

Este encuentro sirvió para poner de manifiesto por parte de la presidenta de la Asociación que sólo "el CCN" y por ende CC, han apoyado a los afectados por la Ley de 1988 en Canarias. En este sentido, del Amo no ha dudado en criticar "el discurso falso del PP en esta materia" así como apostar por la necesidad de que Canarias asuma las competencias de gestión y ordenación de su litoral.

"Si no se piden las competencias jamás podrán ordenar sobre las islas, ni gobernar su territorio. Ahora está en manos de una oficina en Madrid y no saben nada de los pueblos costeros... Es importante pedir competencias para que cada uno pueda decidir en su región. Lo que no puede ser es que a los vecinos se les eche de su casa y se pierda la identidad cultural de un pueblo", ha sentenciado Del Amo que ha manifestado que si no se modifica la Ley es porque "Madrid no quiere".

EL CCN SE PONDRA DELANTE DE LAS PALAS

Tanto el abogado como la representante de la Asociación han apuntado que se han conculcado derechos fundamentales como el derecho a tener una vivienda y a la propiedad privada y que de esto Europa ha tomado nota y advertido a España. Langa, por su parte, ha concretado y señalado que "los grandes culpables" de esta situación han sido el PP y el PSOE que "en ningún momento" han querido modificar la Ley de Costas.

Asimismo, han recordado que el candidato a la Presidencia de Canarias, Paulino Rivero, se comprometió en un mitin celebrado el pasado sábado que solicitaría las competencias en materia de costas. "Las decisiones del pueblo pertenecen al pueblo", ha apuntado Ignacio González cuya formación política ha subrayado que Canarias dispone de 1.540 kilómetros de costa en la que está afectadas un total de 160.000 personas.

González ha asegurado que la formación política que encabeza estará al frente de las palas y evitará que vuelva a producirse un capítulo igual al de Cho Vito asegurando que se ha de respetar la propiedad privada, que no se puede derribar una casa, sin compensar económicamente a los propietarios y que todo el mundo tiene derecho a tener más de una vivienda, en respuesta, a la situación de que muchos de los afectados son propietarios de una segunda vivienda en la Costa
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http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/10/viviremos-construir-monte-costa/344692.html

viernes, 6 de mayo de 2011

Buhoneros por el mundo

Lo del presidente es de traca. Dedica ahora su jubilación forzosa a viajar como conseguidor por el mundo
EL bueno de nuestro ministro de Fomento, Pepiño Blanco, se nos fue a Londres a vender pisos. Ya saben que tenemos, más que un parque, un mundo inmobiliario muerto de asco diseminado por la geografía española. Y hay que encontrarles algún dueño antes de que esas bandas que trabajan más que nadie acaben de saquearlos y robarles lavabos, inodoros, cableado y carpintería metálica y convertirlos definitivamente en siniestras ruinas nunca habitadas. Por eso Pepiño se nos ha ido, sartorial como viste él desde que descubrió el mundo apasionante de la sastrería, a decirles a los británicos que no hay en el mundo sitio mejor para invertir sus ahorros que las costas levantinas y meridionales españolas. Lo cual es en principio cierto. Porque nuestro clima es de lo poco en este país que no han logrado estropear Pepiño y sus amigos, con el Atila de León a la cabeza. Y las infraestructuras necesarias existen desde antes y son muy decentes, con sus carreteras y autopistas y sus aeropuertos, sus bares y supermercados. Es más agradable leer en la vejez los resultados del cricket en la prensa inglesa en una playa de Estepona que hacerlo, como el espía Kim Philby en un parque de Moscú, a quince bajo cero. En ese sentido, el agente Blanco presentaba una oferta apetecible, sobre todo a la vista del hundimiento de los precios de las viviendas que se ofrecen hoy por el 50 o 60 por ciento de su precio original. Blanco se las prometía muy felices. Con eso de aparecer por la «City» londinense a vender productos emulaba a su jefe. Por ahí dicen vender España y aquí nos venden supuestos favores que Catar, China o la familia Pashton de Sussex nunca nos harían si no fuera por ellos. Lo del presidente es de traca. Dedica ahora su jubilación forzosa como líder socialista a viajar como conseguidor por el mundo, convertido en una especie de buhonero que, a todos los que se presten, pretende endilgarles partes de nuestro vapuleado sistema de cajas de ahorros, cachos de deuda, piezas de proyectos
nonatos, quincalla de todo lo poco que hay. Nuestro presidente se ha convertido en un chamarilero itinerante por el globo que vende todo en denodada busca de una noticia positiva que florecezca en la prensa amiga.
Pero Pepiño no contaba con que incluso para vender saldos se requiere un mínimo de reputación. Buena, se sobreentiende. Y nuestro ministro de Fomento vio cómo en Londres se le echaba encima su pasado, el propio y el de su Gobierno. Y es que siguen pensando que nadie tiene memoria y que a ellos hay que perdonarles todas sus tropelías. Ayer, ya en TVE vendiéndonos la burra a nosotros, decía que «había habido ciertos problemas« con el mercado británico. No, amigo, lo que hubo fue el inmenso atropello de vuestra ley de Costas, que con efecto retroactivo dejó a decenas de miles de propietarios británicos en el limbo jurídico. Esa ley de Costas que no afectó a la casa que Pepiño y otros chicos del PSOE se hicieron en la costa gallega, arrebató los derechos de propiedad a centenares de miles de pequeños propietarios de viviendas en el litoral. A los que se trató con brutal arrogancia, indignante indiferencia ante sus protestas y quejas y desprecio a auténticas tragedias causadas por esta ley injusta y abusiva. Los propietarios españoles tragaron. Es lo que la sociedad española lleva haciendo siete años. Pero los británicos, no. La prensa británica se lo ha recordado. La inseguridad jurídica que Atila, Blanco y su tropa nos dejan es una losa. Pena que sean siempre otros quienes recuerdan a estos insensatos sus desmanes
http://www.abc.es/20110506/opinion-colaboraciones/abcp-buhoneros-mundo-20110506.html

Costas estudia calificar como urbanos inmuebles afectados por el deslinde

El Estado matiza que solo se podrían desafectar propiedades cuya «realidad urbana» lo permita

FORMENTERA CARMELO CONVALIA El director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pedro Antonio Ríos Martínez, anunció ayer en Formentera, durante la primera reunión de la Comisión de Costas creada a instancias del Congreso de los Diputados y del Senado, la posibilidad de calificar como urbanos inmuebles incluidos en el dominio público y afectados por el deslinde proyectado en la isla: «En algunos casos [de propiedades], siete, se trata de una modificación del deslinde (por sentencia judicial) y en otros buscaremos la fórmula de la desafectación en parcelas que estando en la frontera del dominio público puedan tener una modificación por su realidad urbana», indicó el director general.

Ríos explicó que el Ministerio de Medio Ambiente ya ha iniciado el estudio «acción por acción de 102 particulares y entidades afectadas» por el deslinde de la zona marítimo terrestre, aprobado en 1997.

Precisó que este proceso se inicia para realizar «una gestión efectiva de un deslinde justo para Formentera». El conflicto, que afecta directamente a las propiedades inmobiliarias de más de un centenar de vecinos situadas en la línea de uso y dominio público litoral, vuelve a centrarse en estudiar «caso por caso» los expedientes, a pesar de que recientemente el propio Ministerio dijo que se realizaría de forma global.

A la pregunta de si los afectados por el deslinde de Costas podrán mantener la titularidad de sus propiedades, el director general contestó: «Algunos sí, pero no puedo afirmar que los 102 lo vayan a conseguir. En algunos casos la desafectación conlleva el mantenimiento de la propiedad e incluso quedarse fuera del deslinde».

En otro plano quedan los negocios situados en la zona de dominio público que seguirán manteniendo el régimen de concesión de 30 años más otros 30 años de prórroga que establece la Ley de Costas, y que recibirán otra solución desde el Estado. Ríos planteó que en otras «realidades» cabe la reubicación de negocios en suelo que el Consell Insular pueda determinar. Añadió que en el resto de situaciones también cabe «la indemnización o el rescate de la concesión».

Pedro Antonio Ríos resumió que el planteamiento del Ministerio de Medio Ambiente para responder al compromiso de realizar un deslinde justo abordará «cada una de las situaciones» con medidas diferentes.

A la reunión asistió el presidente del Govern balear, Francesc Antich; el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer; el jefe de la Demarcación de Costas en Balears, Celestí Alomar, y varios consellers del equipo de gobierno. También estuvieron presentes las dos representantes de la plataforma de afectados.

Antich avanzó que la Demarcación de Costas ya ha realizado su trabajo, elaborando las fichas de cada uno de los casos, y que la intención es que «para finales de este año» se hayan podido cerrar, de forma satisfactoria, algunos de los casos. También garantizó el seguimiento del proceso iniciado
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2011/05/05/pitiusas-baleares-costas-estudia-calificar-urbanos-inmuebles-afectados-deslinde/479776.html

viernes, 29 de abril de 2011

El PP reformará «inmediatamente» la Ley de Costas «desde el Gobierno»

El senador Pío García-Escudero dice que la modificación planteada viene a resolver problemas «de clara injusticia»
El portavoz del Partido Popular en el Senado, Pío García-Escudero se comprometió ayer a aprobar «cuanto antes» la reforma de la Ley de Costas si su formación política consigue hacerse con la Presidencia del Gobierno de España tras las elecciones generales.
García Escudero se manifestó así en Castro Urdiales, donde asistió a una jornada de trabajo con los candidatos del PP en Cantabria a las próximas elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo. Acompañado por el líder del PP de Cantabria y candidato a la Presidencia regional, Ignacio Diego, García-Escudero aseguro que, si fuera por su partido, la tramitación del proyecto de reforma de esa ley «se haría cuando antes».
El portavoz del PP en el Senado incidió en que la reforma planteada por su partido «viene a resolver problemas de clara injusticia» como consecuencia de una ley «muy radical, muy extremista y que carece absolutamente de sentido común». Una norma que, según el senador, «retira propiedades a personas y acaba con concesiones de muchos años sin dar a los afectados indemnización alguna». Sostuvo que en el documento debe primar la protección del medio ambiente y del litoral, «pero aplicando el sentido común y la seguridad jurídica».
García Escudero recordó que una vez aprobada la propuesta de reforma de la Ley de Costas, presentada por el PP en el Senado, ahora tiene que ser la Mesa del Congreso la que decida la fecha en que se incorpora al orden del día para su tramitación en el pleno. «Por lo tanto no sabemos cuándo. Pero por nosotros será cuanto antes», subrayó García Escudero, que aseguró que «incluso si esta legislatura terminara sin haberse iniciado el procedimiento en el Congreso», el compromiso de su partido es hacerlo «inmediatamente».
El senador del PP se refirió también al paro en España y aventuró que los datos que se conocerán hoy hablarán de casi cinco millones de parados.
En sintonía con su compañero de partido, Diego criticó el carácter «confiscatorio» de la Ley de Costas que, según dijo, «no es compartido» por el PP, que pretende «corregirlo». Se refirió al caso concreto del polideportivo Peru Zaballa de Castro Urdiales, sobre el que pesa una orden de derribo, y se comprometió a salvar la instalación. Aprovechó para criticar la actitud y los «comportamientos defraudados» del PSOE de España, Cantabria y Castro Urdiales, «que prometieron desafectarlo durante la pasada campaña electoral y, cinco años después, estamos igual». No se olvidó del presidente Revilla, al que tildó de «director de la sucursal del PSOE en Cantabria», a quien acusó de no haber hecho nada «por evitar el derribo». Es más, recordó cómo «años atrás» Revilla dijo que construiría uno nuevo y «tampoco se ha visto por ningún sitio. Ni voluntad, ni proyecto, ni avance ninguno».
http://www.eldiariomontanes.es/v/20110429/cantabria/reformara-inmediatamente-costas-desde-20110429.html

miércoles, 27 de abril de 2011

Alcaraz arranca el compromiso de Ríos de recibir a los afectados de Ojos de Garza por la Ley de Costas



.- José Alcaraz, candidato socialista a la Alcaldía de Telde, mantuvo una reunión en Madrid con el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pedro Antonio Ríos, para analizar la situación de las viviendas del municipio afectadas por la Ley de Costas. En el encuentro también estuvieron presentes varios miembros del equipo de esta Dirección General que depende del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Durante la reunión, Ríos se comprometió a buscar soluciones consensuadas entre los vecinos y las administraciones públicas, siempre dentro del respeto a la legalidad, y encontrar vías de salida a esta problemática que afecta a varias viviendas de los núcleos costeros de Telde. Asimismo, también adquirió el compromiso de fijar una fecha para recibir a una representación de los vecinos afectados por la delimitación del dominio marítimo-terrestre.

Cabe recordar que José Alcaraz mantuvo semanas atrás un encuentro con el responsable de la Demarcación de Costas en Canarias, José Miguel Pintado, para conocer el estado actual de los expedientes abiertos por lo infracción de la Ley de Costas. Esta cuestión fue tratada también durante la visita que el candidato a la alcaldía realizó a la Asociación de Vecinos de la playa de Ojos de Garza y donde adquirió el compromiso dentro de su función de senador, ahora cumplido, de reunirse con el Director General para tratar este tema y realizar las gestiones para intentar encontrar posibles soluciones
http://www.teldeactualidad.com/noticias.php?area=politica&id=6857

lunes, 25 de abril de 2011

Deslinde improcedente

Aquí, en Lanzarote muchos vecinos de Soó, Teguise, Arrecife… están que “trinan”, y no es para menos por la arrogancia de Costas con el deslinde Los Dises-Caleta La Villa.
La incoación del Expediente se notificó en el BOP nº 46 fecha 10/04/2009, invitándose a los interesados a formular alegaciones y señalándose el acto de “apeo” (deslinde) para el día 11/05/2009, es decir un mes después del anuncio. Me sorprende y mucho… el tiempo fijado para el deslinde si los interesados disponían solo de un mes para alegaciones. ¿Es que Costas de antemano preveía que los interesados no formularían alegaciones?. Raro, raro…
Bien, de todas formas, a pesar de que el Ayuntamiento de Teguise, insensatamente no quiso enterarse (¡vaya una irresponsabilidad! ¿En manos de quienes estamos?)
, creo que el asunto es defendible en todos los aspectos, pues la actuación de Costas no se ajusta a los criterios establecidos en la Ley 22/1988 y Reglamento de Costas. El deslinde normal se aplica a fijar zonas de protección de 20 o 100 metros. Desde que supere la cifra de 100 metros para “proteger determinados tramos de costa”, el procedimiento reglado en la propia Ley y Reglamento de Costas es diferente. Es decir, no procede el deslinde propiamente dicho. La actuación es absolutamente distinta, pues en dicho especial procedimiento no solo interviene Costas, sino también, de pleno derecho, con voz y voto (auténtico veto), el, o los Ayuntamientos afectados y la Comunidad Autónoma del lugar. El procedimiento es muy sencillo: Costas, para iniciar ese tipo de actuación tiene que elaborar “normas” y aprobarse expresamente por las tres administraciones interesadas (Costas, Ayuntamientos y Comunidad Autónoma). Si no se aprueban expresamente las normas, la actuación no se puede realizar ¡y punto! o, tanto monta, ¡sanseacabó el rollo!. En cuanto al “griterío” del Alcalde, Concejales, etc. con eso de que los vecinos y el propio Ayuntamiento interpongan Contenciosos Administrativos, por favor señores del Ayuntamiento, entiendan de una vez (el Servicio Jurídico tiene que estar al corriente) que la propia Ley de Costas, en relación con la Ley 30/1992, les concede el derecho a “requerir” a Costas (con un par de folios pueden hacerlo) antes de entablar Recursos que tanto tardan en resolverse y tan caro cuestan al Ayuntamiento y a los pobres vecinos cogidos de sorpresa (joder, ¡qué sorpresa!) en un tema que no les puede afectar si los responsables de las administraciones publicas respetan la máxima: “Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales”.
Efectivamente, el Ayuntamiento tiene el deber de requerir al Ministerio de Medio Ambiente para que anule la Orden Ministerial de aprobación del deslinde, primero porque el acto no se sujeta a la Ley y Reglamento de Costas y segundo porque ese territorio al parecer ya está protegido por la Ley de Espacios Naturales de Canarias
http://www.cronicasdelanzarote.es/spip.php?article33839

El Supremo analizará la legalidad del Centro Comercial El Marqués



Los vecinos de Playa Paraíso denunciaron que el edificio incumplía las normas urbanísticas
Los peritos detectan irregularidades que no invalidan la licencia



SANTA CRUZ DE TENERIFE



Viviendas situadas dentro de un centro comercial que a su vez está enclavado en dominio público o tiendas que incumplen los usos que determina la Ley de Costas. Estas son algunas de las supuestas irregularidades del Centro Comercial El Marqués de Adeje que los miembros de la Asociación de Vecinos Playa Paraíso han llevado ya ante el Tribunal Supremo (TS). El colectivo ha presentado este recurso después de que hace algunos meses el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no viera ilegalidades en este edificio. La Asociación denunció la licencia de legalización de este edificio y la autorización otorgada por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias por considerar que el inmueble incumple las normas urbanísticas.

La licencia data del año 2006 y el Gobierno canario permitió a través de ella los usos comerciales en la zona de servidumbre de protección en la que está enclavada. Sin embargo, los vecinos denunciaron ante el tribunal que la autorización vulneró las normas subsidiarias de planeamiento del litoral Noroeste–Guía de Isora, Plan Especial Playa Paraíso y la Adaptación del Plan Especial Playa Paraíso a las referidas normas urbanísticas.

Según la Asociación, el inmueble incurrió en diversos incumplimientos. La altura era uno de ellos. El otro, los usos autorizados por encontrarse en terrenos de protección de Costas. En el primer aspecto, los técnicos indicaron que el edificio presenta dos alturas por encima de la rasante en cada una de las fachadas. También destacan que no pudieron inspeccionar la planta del sótano en la que se encuentra un aparcamiento privado.

La discrepancia, según los peritos del TSJC, se basa en que una de las torres se ha conectado a un local comercial y se han dedicado ambas a uso residencial. Las sospechas se dirigen a que otro tanto ocurre con la siguiente torre. Este uso supone que computa como planta tercera, incumpliéndose entonces la normativa urbanística en cuanto a la altura máxima permitida y uso autorizado. El TSJC en un fallo dictaminado a finales del pasado año, añade que el Ayuntamiento no autorizó el uso residencial en el lugar sólo el comercial, oficinas y garajes.

"Nos encontraríamos por lo tanto, ante un incumplimiento de la normativa urbanística y de la licencia concedida, con independencia de que las torres estén comprendidas o no en la zona de protección cuya delimitación deja fuera parte del centro comercial", recoge la sentencia.
El edificio está localizado dentro de la servidumbre de protección que, en este caso, tiene una anchura de 20 metros al encontrarse en suelo urbano. En el informe de Costas se dice que algunos de los usos de los locales no se corresponden exactamente con los considerados compatibles para este enclave, como serían los de restaurantes de playa, clubes náuticos, establecimientos expendedores de enseres marineros y útiles de playa.

En cambio, en la relación a los nuevos usos proyectados, se dice que serán compatibles. Por ello se deja a juicio de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), cómo órgano competente, el cumplimiento de que los usos que realmente se produzcan coincidan con los solicitados. No obstante, este organismo no ha realizado ninguna inspección posterior para ver si se están cumpliendo o no estas condiciones.

El TSJC no sabe si la licencia otorgada por el Gobierno canario y por el Ayuntamiento se dio sobre los usos detectados en aquel momento o los que en realidad tenían que haberse considerado. A pesar de todo, el Tribunal determina que la contradicción no viciaría las decisiones de ambas administraciones.

Denegación




El informe técnico del Ayuntamiento de principios del año 2004 denegó la solicitud de licencia de primera ocupación. Dos años más tarde se concluyó que el edificio se ajustaba al proyecto reformado y se le concedía licencia de primera ocupación. Este dictamen, según el TSJC no consta que haya sido impugnado "lo que refuerza la conclusión a la que hemos llegado de que las infracciones constatadas son posteriores a los actos que autorizaron el proyecto de legalización, por lo que, sin perjuicio de la actividad administrativa sancionadora se descarta anular la licencia". Por ello, se rechaza la petición de la asociación de vecinos Playa Paraíso. Para la Asociación de Vecinos denunciante, el edificio debía cumplir con un retranqueo de tres metros con relación a las aceras, es decir, que tenía que haberse construido tres metros más atrás de donde se fabricó.

En un principio, el Informe Técnico del Ayuntamiento fue negativo y decía que incumplía por ese motivo. Pero más tarde fue modificado y admitió que el edificio sí cumplía. La Asociación apunta que el expediente debía tener el informe preceptivo de Costas, que se inhibió a favor de Política Territorial. Los vecinos critican que mientras que en algunos casos como el núcleo costero de Cho Vito se ha actuado con contundencia en la aplicación de la Ley de Costas, en el caso de Adeje se está permitiendo que se actúe de otra forma. Incluso llegaron a denunciar la existencia de una inmobiliaria en el interior del centro comercial.
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/04/25/supremo-analizara-legalidad-centro-comercial-marques/341752.html

domingo, 17 de abril de 2011

´Casi cuatro kilómetros de deslinde entre la ribera del mar y el interior es una locura


El Ayuntamiento de Teguise trabaja con firmeza para que la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, rectifique el deslinde marítimo terrestre que afecta a más de siete millones de metros cuadrados de Caleta La Villa y Soo

¿Qué argumentos planteará el Ayuntamiento de Teguise en el recurso que presentará ante la Audiencia Nacional contra el nuevo deslinde marítimo terrestre realizado por Costas en el tramo comprendido entre Caleta La Villa y Soo? - Encargaremos un estudio en profundidad a técnicos especializados en la materia para que mediante catas realicen excavaciones en distintos puntos de la franja comprendida entre Soo y Caleta de Famara, con el fin de demostrarle a Costas que esa zona no ha sido marina. Queremos verificar que Costas ha cometido un gran error con esos 7.200.000 metros cuadrados de superficie con los que se ha quedado. En las alegaciones anteriores que planteamos al deslinde desde el Ayuntamiento de Teguise, tuvimos el tiempo muy ajustado y carecíamos de toda la documentación necesaria para realizar una argumentación más rigurosa que la que pretendemos realizar ahora en este recurso. - ¿En qué estudios cree usted que se basó Costas para definir el deslinde, que afecta a unos 200 propietarios? - De acuerdo con lo que han analizado los técnicos municipales a raíz de las alegaciones y fundamentos de Costas, esa administración se ha basado en una tesis de un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para llevar a cabo el deslinde planteado, aunque eso ellos [Costas] no lo reconocen. Nuestros técnicos nos dicen que es imposible que esa zona sea considerada como dominio público. - ¿Confía en que finalmente Costas modifique sus mediciones en La Caleta y Soo? - Espero que sí y que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Audiencia Nacional revisen detalladamente lo que plantearemos y esperamos argumentar muy bien con el recurso. Casi cuatro kilómetros de deslinde desde la ribera del mar hacia el interior es una locura. Por esa misma regla de tres podríamos llegar hasta San Bartolomé y Playa Honda, porque jable hay también en todo ese corredor desde Famara. El dominio público debe estar cercano al mar. - ¿Cuántas tierras de las afectadas están en cultivo? - Muchas de ellas. Pero lo de menos es el número. Lo importante es que son propiedad privada y los vecinos no entienden cómo Costas les quita los terrenos de esa manera. Eso es un atraco y un robo, como dicen muchos de ellos. Esa zona de jable ya tiene un alto grado de protección, puesto que está incluida en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo y no hay ningún riesgo de que ese suelo en su día se vaya a edificar ni mucho menos. Todo el mundo tiene claro que continuará cultivando batatas, sandías, melones... Que los vecinos tengan que solicitarle ahora una concesión de sus propios terrenos a Costas es inentendible. - ¿Pedirán apoyo al Gobierno de Canarias para que respalde al Ayuntamiento de Teguise y los vecinos ante las acciones administrativas y judiciales que emprenderán? - Ya le hemos pedido amparo al Cabildo y al Gobierno de Canarias para que nos protejan y luchen y para que ni siquiera se tenga que llegar al recurso administrativo, sino que Costas se dé cuenta y retrotraiga el expediente a los antiguos linderos de dominio público. Es injusto que una administración actúe de esa forma con los vecinos y con una institución local. - ¿Qué solución les ha dado el Ayuntamiento a los campistas que ya no podrán acampar en San Juan? - La solución se la tiene que dar Costas. Luchamos mucho con Costas el pasado año, cuando el expediente de deslinde era provisional, para que autorizara la acampada, y lo hizo, pero este año la zona ya es dominio público. Tratamos de buscar otro sitio pero los usuarios también deberían colaborar en ello. http://www.laprovincia.es/lanzarote/2011/04/17/cuatro-kilometros-deslinde-ribera-mar-interior-locura/366486.html

viernes, 15 de abril de 2011

El juez aplaza el derribo de lo que resta de Cho Vito hasta el 30 de noviembre


El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo aceptó la petición de la Demarcación de Costas, formulada el pasado día 7, argumentando que está en vías de solución el realojo de las familias afectadas que aún residen en las ocho viviendas que permanecen en pie y que debían ser demolidas el próximo 30 de abril. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife aplaza hasta el 30 de noviembre próximo la entrada en las ocho viviendas que permanecen en pie en Cho Vito (Candelaria), así como su demolición. Esta medida fue solicitada el pasado día 7 por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (a través de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar) con el argumento de que se están completando "las actuaciones sociales de realojo de los afectados". Ello implica que el derribo del poblado marinero se aplaza siete meses más. Cabe recordar que esta medida ya fue suspendida el 20 de septiembre de 2010, a raíz de un acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y regional en Madrid y durante la huelga de hambre que protagonizaron seis vecinos de Cho Vito, estableciéndose el 30 de noviembre pasado como la siguiente fecha para demoler. Tampoco entonces se materializó la actuación de desalojo y derribo porque la medida fue aplazada hasta el día 30 de este mes de abril. Consecuentemente, Cho Vito ha evitado su total desaparición al menos 14 meses y 10 días más de lo que estaba previsto.

¿Qué hay del realojo? El realojo de los vecinos que aún residen en Cho Vito es una cuestión que preocupa y un hecho que condiciona, al parecer, la desaparición de las construcción que permanecen aún en pie. Sin embargo, de esa cuestión "no hay nada, todo es mentira", aseguró el portavoz de los habitantes de este poblado, Tomás González, quien fue contundente a la hora de afirmar que "nadie de Cho Vito ha firmado hipoteca alguna sobre cualquiera de las tres viviendas que el alcalde dice que se reservan para estos vecinos en las promociones municipales que se están construyendo". Al tiempo de mostrarse satisfecho por la celeridad con que la administración judicial se ha pronunciado en este caso (pasaron seis días entre la solicitud de Costas y el auto judicial), González pone de manifiesto el convencimiento de sus convecinos acerca de que "alguien tendrá que entonar el mea culpa por todo lo que ha sucedido en Cho Vito. Ellos, las autoridades, han comido de nuestra medicina", sentenció el portavoz vecinal en alusión a los gobiernos municipal, regional y nacional. En cualquier caso, tanto los que aún viven en el lugar como los que tuvieron que abandonarlo porque sus casas fueron demolidas están decididos "a continuar con nuestra lucha y trabajo, especialmente en la Unión Europea, para que el poblado marinero de Cho Vito sea reconstruido". Tomás González puso en énfasis en que "aquí hubo un atropello a derechos fundamentales que no se puede olvidar". LA CLAVE Un ejemplo de lucha y esfuerzo

Tomás González, portavoz de Cho Vito, mantuvo reuniones esta semana con los grupos políticos del Parlamento nacional "a fin de hacerles ver lo inadecuado de la Ley de Costas vigente". En este viaje ha podido constatar que "los ciudadanos de Cho Vito hemos dado un ejemplo de lucha con el esfuerzo y el trabajo que hemos desarrollado". Con el propósito de que "no se cometa otro error después del 7 de octubre de 2008, fecha en la que demolieron muchas casas", González sostiene que "es necesario que prime el derecho de los ciudadanos por encima de los intereses políticos y especulativos". http://www.eldia.es/2011-04-15/SUR/2-juez-aplaza-derribo-resta-Cho-Vito-noviembre.htm





Ahora es el momento de preguntarse, ¿si es cierto que el alcalde de Candelaria, Jose Gumerisndo, tenía resuelto el problema de las vivendas, por qué se ha aplazado tantas veces la famosa demolición? ¿existen esas viviendas o son un sueño?

jueves, 14 de abril de 2011

Los derribos en Cho Vito seguirán frenados hasta después del 22-M


La Subcomisión de Costas Estado-Canarias se reunió ayer en Madrid para tratar de desbloquear la actual suspensión del artículo 1 de la denominada Ley de Costas canaria, que está a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional tras el recurso interpuesto por el Gobierno estatal a esa ley, aprobada el 6 de mayo de 2009. En esta cita se acordó no realizar nuevos derribos en Cho Vito (hoy con plazo judicial hasta el 30 de abril) al menos hasta después del 22 de mayo, jornada de elecciones. La delegación canaria, encabezada por Fernando Ríos, secretario general de Presidencia, junto a los viceconsejeros de Medio Ambiente y de Ordenación Territorial, Cándido Padrón y Miguel Ángel Pulido, respectivamente, considera imprescindible levantar esa suspensión para “evitar más derribos como los de Cho Vito en núcleos asentados antes de la Ley de Costas nacional de 1988”, afirmó Fernando Ríos, quien recordó que la decisión del Constitucional “va para largo, a veces por encima de un decenio”. El mismo Tribunal Constitucional ha sido el que ha mantenido la suspensión de uno de los tres artículos de la Ley 7/2009, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral de las Islas. El Alto Tribunal levanta la suspensión de los artículos 2 y 3, pero mantiene la del artículo 1 de la citada norma -conocida como la Ley de Costas canaria-, en el que se recoge que, “a los efectos de la aplicación del régimen transitorio de la Ley de Costas, se considerarán áreas urbanas, con independencia de la existencia o no de instrumento de ordenación sobre ellas y de la clase y categoría de suelo que en su caso se estableciera en la ley de 28 de julio de 1988”. Además, la ley canaria establece que la comunidad decidirá en qué lugares se puede construir a 100 metros del mar y en cuáles a sólo 20, según la situación que tenía el terreno en 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas. Fernando Ríos, al término de la reunión, señaló que se acordó “seguir estudiando la ley y la fórmula de hacer posible ese artículo suspendido”. Pero fue más claro a la hora de reconocer que “no se habló de núcleos y zonas costeras en concreto, excepto en el caso de Cho Vito, que ya ha sufrido los derribos”. A este respecto, el secretario de Presidencia comentó que “logramos que se mantenga el actual status quo de Cho Vito y ampliar la prórroga al menos hasta después del 22-M o hasta que se logre las soluciones individualizadas para realojar a las ocho familias que aún permanecen allí”, manifestó.