Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

martes, 22 de noviembre de 2011

EL PUERTITO DE LOS MOLINOS, PUEBLO MARINERO































Durante siglos, la jurisdicción administrativa fue única para Fuerteventura; se habilitaron puertos o embarcaderos próximos a nacientes de aguas con abundantes tarajales, ideales para hacer aguada los barcos y para la pesca y marisqueo estacional complementarios a la economía insular; otros se asocian a la presencia de algún horno cercano (de otra forma no se podrían explicar los que hoy vemos alejados de poblaciones) y otros para burlar prohibiciones de saca de granos decretadas por el cabildo. Más tarde Puerto Cabras luchó por que su embarcadero fuese habilitado para el embarque y desembarque de mercancías; máxime cuando la hacienda municipal cobraba un canon establecido sobre dichas operaciones.
Fueron muchas las denuncias formuladas desde Puerto Cabras, sobre todo cuando en 1894 implantó su impuesto municipal sobre carga y descarga en las playas de su jurisdicción, por la costumbre de algunos patrones de barcos que practicaban “ilegalmente” sus operaciones en caletas como las de Jablito o Puerto Lajas.
El Ayuntamiento de Casillas del Ángel logró recuperar un caserío instalado en su jurisdicción. El Puertito de Los Molinos fue uno de aquellos rincones de nuestra costa occidental que siguió usándose que basculaban su residencia desde Tostón (El Cotillo) hasta Puerto de la Cruz y Morro Jable, pasando además por los de Ajuy, Amanay o Terife, barrancos todos ellos con agua dulce y abundante tarajal.
El Puertito está en la desembocadura del Barranco de Los Molinos, donde se forma una especie de laguna con las aguas permanentes que por allí discurren, y que sirvió en su momento para el lavado de barrillas; al lado norte, se forma una plataforma de terrenos de avenida y sobre los cuales se consolidó un pequeño caserío.
Administrativamente el Puertito de Los Molinos estaba, y está enclavado, en terreno de Mancomún de pastos y leña; más tarde la jurisdicción eclesiástica primero y la municipal después, lo hicieron depender de la parroquia y municipio de Casillas del Ángel. Por tanto, a partir de 1.835 y durante toda la vida de aquel municipio, los vecinos de los caseríos de Casillas, Ampuyenta, Llanos de la Concepción o Tefía, gozaron de derechos específicos sobre aquella zona. Mientras los comisionados de costas administraron la cuestión ganadera
.
Cuando Casillas del Ángel decidió fusionarse a Puerto Cabras en 1926, dejó bien claros los extremos señalados sobre la zona de mancomún y el uso exclusivo de los ganaderos y, aunque para nada se menciona el uso por los pescadores de la zona, es de suponer que la combinación de ambas actividades se daba por supuesta, máxime cuando los que allí inicialmente se asentaron fueron gentes de la mar. Hasta hace no mucho, algunas de las casas conservaban su ancha puerta para guardar las embarcaciones entre garrafones de brea y otros aperos.
Pocas noticias hemos encontrado sobre el número de edificios en pasadas centurias; algunos viejos hablan de más de doscientos años. La documentación manejada y los testimonios de algunos ancianos, junto a los vestigios conservados, hacen suponer que fue entre 1920 y 1930, cuando se desarrolló allí la más importante actividad: la exportación de piedra de cal y sus derivados. Allí se construyó un horno que aún se conserva; los camelleros habilitaron casetones de piedra seca que evocan la descarga de
piedra hasta la arena, desde donde, a hombros era subida a los lanchones para trasladarla a los veleros que fondeaban en la rada.
La importancia de la actividad mencionada quedó reflejada al plasmarse en los Nomenclátor de 1920 y 1930 la Entidad de Población de Los Molinos. El propio Puerto Cabras, con la comisión liquidadora del Ayuntamiento de Casillas del Ángel, contempló la riqueza tributaria de la zona con un total de 15 casas en pie, en el Registro Fiscal que formaron para el año 1928 y el nomenclátor de 1930 recoge 13 edificios destinados a vivienda y uno a otros usos (horno), olvidándose de los casetones de camelleros habilitados ocasionalmente en lo alto, en el tablero.
Podemos establecer tres momentos en la evolución del pago de Los Molinos: el uso inmemorial por gentes de la mar o gentes de los lugares aledaños que combinaron las actividades pesquera y ganadera tradicionales de nuestra Isla marcaría una primera fase con construcciones de piedra, enfoscadas con torta interiormente y cubiertas de tarajal y torta. El comercio de la piedra de cal y derivados marcaría un segundo momento desarrollando una actividad económica entre 1920 y 1930 tan importante que sirvió de base al Ayuntamiento de Casillas del Ángel para la elevación de Los Molinos a la categoría de Entidad de Población; cal y arena rehabilitaron las antiguas casas de pescadores y se ejecutaron nuevas construcciones, entre ellas un horno. Para el período 1930-1947, los viejos pescadores son la historia aún viva de entonces. A partir de 1947-50, la industria calera rehabilita el Puertito de Los Molinos, construyéndose nuevos hornos y rampas para echar la piedra de cal y el ripio; es entonces cuando nuevas construcciones llegan a delimitar una pequeña calle al norte del pueblito. Son momentos en los que el General Francisco García Escámez, proyectaba la construcción de la Presa, mientras el ayuntamiento de Puerto Cabras desafecta el terreno del Mancomún para formar el pueblo de Las Parcelas.
Abandonado el lugar en lo que a actividad económica con proyección exterior se refiere, es sólo el uso de los pescadores el que se mantiene con vida. Algunos se desplazaban desde El Cotillo: en barca el marido y los varones; por tierra, sin perderles de vista, la mujer y los niños, así recalando en todos los embarcaderos de nuestra costa occidental más arriba señalados.

El momento actual quiere ser más ingrato con nuestro entorno etnográfico, pues si bien se lucha por rescatar una naturaleza que, en aquel sitio ha sido necesariamente modificada por el hombre; no es menos cierto el que las actividades humanas imprimen en la naturaleza una impronta que refleja a las claras un actividad económica relativamente importante de nuestro pasado. No es acertada la destrucción de las huellas que un pueblo, en su devenir histórico deja a las generaciones venideras.
Efectivamente, la Demarcación de Costas de Canarias anuncia en el Boletín Oficial de La Provincia, fecha 11 de agosto de 1993, el proyecto de Acondicionamiento y mejora de la Playa del Puerto del Los Molinos, donde se contempla, entre otros aspectos, el derribo de las construcciones existentes y la construcción de miradores, kioscos y paseos. Ello merece algunas puntualizaciones.
Primero, no olvidar que de lo que se está hablando es de un pueblo estacionalmente habitado y consagrado en el Nomenclátor de Pueblos de España desde al menos 1920, y ratificado como tal entidad de población en el de 1991.
Segundo, el Puertito de Los Molinos no es un conjunto de casetas o chabolas, chiringuitos, como se pretende insinuar en la memoria del proyecto. Son algo más; mucho más, diríamos que son parte de nuestra historia reciente, un testimonio físico al que no deberían estar dispuestos a renunciar los vecinos del territorio que antes ocupó el Municipio de Casillas del Ángel en particular ni los de Fuerteventura en general
.
Hoy día, que tanto se masacran nuestros valores históricos y etnográficos, hoy en día que se pone el grito en el cielo cuando se encuentra un trocito de muralla que antaño circundó una ciudad; hoy en día que se escuda por todas partes la rehabilitación de pueblitos abandonados, restaurándolos,… hora es ya que también la industria de la piedra de cal merezca su reconocimiento: algunos ejemplos son las formidables instalaciones de Ajuy y Puerto de la Peña (Pájara), como testimonio de un pasado reciente; en el propio Puerto del Rosario, diversos hornos de la zona de El Charco, merecerían ser rescatados como monumentos e introducidos en el mobiliario urbano como plazoletas y rincones.
Y ahora el Puertito de Los Molinos, rescatado como pueblo estacionalmente habitado por el propio Ayuntamiento de Puerto del Rosario desde noviembre de 1990; ya con esta categoría, merece, cuando menos, que se rescate la traza de los años cincuenta y, con el empedrado de sus callejas y plaza, con el acondicionamiento de las rampas que antaño trepaban al acantilado en busca de piedra de cal, se ofrezca al turismo, no como una tierra virgen que se puede destrozar desde un organizado safari, no un punto de descanso a los isleños en sus rallyes todoterreno, sino un entorno histórico y etnográfico chiquitito, próximo a las inquietantes olas del mar del norte que lo han sabido respetar en su rincón desde hace más de un siglo.
Francisco J. Cerdeña Armas
Puerto del Rosario

El Cabildo de Gran Canaria solicitará la declaración de suelo urbano de Tufia al Gobierno regional



El Cabildo de Gran Canaria apoya las reivindicaciones de los vecinos de Tufia, el barrio costero de Telde, por lo que ha decidido que exigirá al Gobierno regional que lo declare suelo urbano para poder incorporarlo al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.
Por ello, la institución insular ha decidido que llevará al próximo pleno, a través de la Consejería insular de Política Territorial, una moción para instar al Gobierno de Canarias a excepcionar por norma la situación específica del Barrio de Tufia para que no le sean de aplicación las previsiones contenidas en el art. 22.7 del Texto Refundido de la Ley de Espacios Naturales de Canarias.
De esta forma, se le daría "justa satisfacción" a las reivindicaciones de los vecinos de Tufia para que "sea factible" la clasificación de dicho núcleo como suelo urbano, ya que el mismo está consolidado por la urbanización desde al menos 1980, según informó el Cabildo grancanario en nota de prensa.
Así, si se declara la excepcionalidad del barrio de Tufia, el Cabildo de Gran Canaria pretende incorporar al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO-GC) la zonificación como zona 'D', compatible con la clasificación de suelo urbano, en el ámbito del barrio de Tufia, añadiendo a dicha zona "suelo suficiente" para una eventual reposición de las viviendas que pudieran estar afectadas por la recuperación del Dominio Público Marítimo Terrestre por parte de la Demarcación de Costas de Canarias.
Al respecto, la vicepresidenta II y consejera insular de Gobierno de Presidencia, Economía y Hacienda del Cabildo de Gran Canaria, Rosa Rodríguez, ha recordado que en abril de 2010 el Gobierno de Canarias se comprometió con los vecinos del barrio de Tufia a incluir en un proyecto de ley, que había de tramitarse en dicho año, una disposición destinada a declarar la excepcionalidad del barrio en el marco de la Ley de Espacios Naturales de Canarias para hacer posible su clasificación como 'Suelo Urbano', a pesar de encontrarse localizado en un Sitio de Interés Científico.
Sin embargo, dicha iniciativa parlamentaria quedó suspendida en 2011 al concluir la legislatura.
Rodríguez ha criticado que a pesar de los "históricos esfuerzos" del barrio costero de Gran Canaria por resolver la "inseguridad jurídica que pesa" sobre sus viviendas y "sin apoyo" de las administraciones públicas, "todavía después de casi un siglo la situación no ha mejorado".
"Actualmente la Ley de Espacios Naturales de Canarias categoriza el suelo de Tufia como espacio natural protegido, sin contemplar la realidad preexistente del barrio y sin pensar que el uso residencial urbano del núcleo consolidado en su conjunto no afecta negativamente a los valores objeto de protección del Sitio de Interés Científico de Tufia. Es por esto que, desde el Cabildo de Gran Canaria exigimos la implicación del Gobierno de Canarias en la resolución definitiva de este problema", concluyó Rodríguez
.
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-gran-canaria-solicitara-declaracion-suelo-urbano-tufia-gobierno-regional-20111121125239.html

martes, 15 de noviembre de 2011

La demolición es una forma de indemnización"



El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo cree que en 25 años se ha pasado "de la nada" a una "revolución" en legislación medioambiental
El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha señalado que pese a la "recesión" urbanística continúan dándose asuntos judiciales en esta materia, ya que se sigue construyendo "ilegalmente".
El incremento de las causas también obedece, según ha añadido, a que en ocasiones las denuncias llegan tarde a la Fiscalía o a que se corresponden con construcciones ilegales anteriores.
Así lo ha indicado este martes en Santander, donde ha participado en las Jornadas sobre Naturaleza y Medio Ambiente que cada año organiza la Guardia Civil.
Durante su intervención, titulada 'Delincuencia medioambiental: pasado, presente y futuro', Vercher ha repasado las novedades del Código Penal tras la reforma acometida en junio de 2010 y que entró en vigor en diciembre del año pasado y, más concretamente, las novedades en artículos relacionados con las infracciones urbanísticas y contra el medio ambiente.
Según ha precisado al respecto, de las 607 sentencias condenatorias registradas en 2009 en toda España, 386 estaban relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo, mientras que en 2010 se contabilizaron 687, de las que 426 tenían que ver con estos delitos. También ha indicado que en 2009 hubo 244 sentencias absolutorias en la materia, que se elevaron a 282 en 2010.
Por comunidades autónomas, el fiscal ha indicado que Cantabria los delitos urbanísticos "siguen siendo mayoritarios", aunque otros temas relacionados con el medio ambiente "van ganando terreno".
En cualquier caso, los problemas relacionados con el urbanismo que han surgido en los últimos años en toda España es una de las razones que llevó a reformar el Código Penal, y todavía es un tema que "sigue preocupando" a la justicia.




LA DEMOLICIÓN ES UNA FORMA DE INDEMNIZACIÓN
Vercher se ha referido también, a preguntas de los asistentes, a las demoliciones que, según ha recordado, son "una forma de indemnización" que no impide afrontar otros aspectos que merezcan ser indemnizados.
Así, ha explicado que la demolición es una forma de restablecer el orden jurídico alterado, mientras que la responsabilidad civil y la indemnización son conceptos "más amplios". Son como "círculos concéntricos", ha comparado.

El fiscal también se ha referido a la prevaricación urbanística, y ha subrayado al respecto que antes de la reforma del Código Penal de 2010 se imponían penas de cárcel "o" multas, mientras que en la actualidad estos delitos están penados con prisión "y" multas.
Con todo ello, ha opinado que se ha conseguido una perspectiva "más amplia" y "realista" de los delitos relacionados con el urbanismo en general, hasta el punto de que la "simple obra" de un edificio o una urbanización se considera ya "un delito consumado", es decir, que no hay que esperar a que la construcción esté finalizada.



http://www.europapress.es/cantabria/noticia-vercher-avisa-pese-recesion-urbanistica-continuan-construcciones-ilegales-20111115151626.html

LA DIMISIÓN PARA ESTE SEÑOR ES POCO, HA HECHO SUFICIENTES MERÍTOS PARA UN DESPIDO FULMINANTE. PERO YA QUE ES TAN VALIENTE, ¿POR QUÉ NO EMPIEZA CON LA CASA DE ZAPATERO EN VERA CONSTRUIDA EN ZONA INUNDABLE O CON VILLA PSOE? O POR LA DEL 2º ASISTENTE DEL DEFENSOR DEL PUEBLO QUE LA TIENE A 5 MTS DEL MAR EN ALTEA...O POR LA DEL EURODIPUTADO MARTINEZ SITUADA EN PRIMERA LINEA DE PLAYA DE DENIA...

¿QUIERE IDEAS? PUES EMPIECE INVESTIGANDO EL PUERTO DE VALENCIA QUE ESTÁ DESTRUYENDO TODAS LAS PLAYAS Y LA ZONA PROTEGIDA DE LA ALBUFERA.
Y COMO EL DE VALENCIA, TODOS LOS DEMÁS...¿ESO NO INTERESA INVESTIGARLO?






TREMENDA INDEMNIZACIÓN RECIBIERON LOS VECINOS DE CHO VITO.....





lunes, 14 de noviembre de 2011

El PP aboga por la reforma de la Ley de Costas para reconocer la singularidad

El PP considera una prioridad la reforma de la Ley de Costas para que se tenga en cuenta la singularidad de cada espacio costero afectado por los nuevos deslindes marítimos terrestres, indica esa formación política en un comunicado.
Así lo pusieron de manifiesto tanto el candidato al Senado, Oscar Luzardo, como al Congreso, Francisco Cabrera, en una reunión mantenida este fin de semana con un grupo de vecinos de El Golfo, cuyas viviendas y establecimientos están bajo amenaza de derribo.
Luzardo y Cabrera destacan "lo injusta que resulta una normativa cuando su aplicación no tiene en cuenta la realidad y las especificidades de cada lugar, como ha ocurrido en El Golfo y en otros muchos puntos del litoral de la isla".
Para los populares es fundamental modificar la ley para que se reconozcan los núcleos de población históricamente consolidados, previos a la entrada en vigor de la Ley de Costas, y tener en cuenta el valor etnográfico y socioeconómico de estos espacios.
Luzardo considera que "la protección de nuestro litoral y nuestras cosas debe conjugarse y ser compatible con la realidad de la isla" y muestra su rechazo a la "arbitrariedad" con la que se está aplicando la norma en cuanto que en unos lugares se contempla el deslinde en 20 metros y en otros, como en el del Golfo, se amplía hasta los cien. EFE
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=999415

domingo, 13 de noviembre de 2011

La Ley de Costas, la isla de Arosa y el PSOE



En mis trabajos de topografía tuve que llevar a cabo la delimitación de algunas Líneas de Dominio Público Marítimo Terrestre (LDPMT). No era trabajo habitual en mí, que fundamentalmente, con independencia del específicamente de origen militar, consistía en planos para proyectos de carreteras, replanteos de éstas, regadíos y embalses. Pero no pude negarme a hacerlo y la realidad es que me produjo más sinsabores que satisfacciones.
Satisfacciones que recibí en la casi totalidad de los otros trabajos, a los que dedique 30 años de mi vida, con verdadero entusiasmo y que su desarrollo significó para mí un placer y no un castigo bíblico. Y algunas de las misiones de origen militar se desarrollaron en terrenos de tremenda dureza y en condiciones de peligro evidente, como, por ejemplo, fue el levantamiento del mapa a escala 1:25.000 del Riff (Marruecos), de orografía muy dura, cuando ya esta nación era independiente y los marroquíes, tras largos años de paz, estaban entregados fervorosamente a machacarse en luchas intestinas a tiro limpio por los montes del Riff.
La razón de las luchas las desconocía el pueblo marroquí, del que tengo un maravilloso recuerdo y un excelente concepto. Tal desconocimiento es compartido con frecuencia por los habitantes de las naciones que están en guerra, secuela lógica cuando la política interviene en una nación.
Otro fue el levantamiento del mapa a lo largo del paralelo de 27º40’, que marcaba la frontera entre nuestra provincia de Sahara Español y el reino de Marruecos, cuando éste empezó a emular la actuación de las naciones "civilizadas".
Levanté también las LDPMTs de las islas Canarias, de la isla de Menorca y de la provincia de Cádiz, y en todas esas zonas hubo lugar al derribo de edificios y a acciones en que se perjudicaba a particulares. En su mayor parte, algunos eran unos frescos que habían construido o tomado posesión del terreno con posterioridad a la promulgación de la Ley de Costas. Pero se dio más de un caso, sangrante, que podría ser todo lo legal que se quisiera, pero moralmente un atropello.
El más aberrante tuvo lugar en la provincia de Cádiz, donde la LDPMT afectaba a unas salinas, explotadas, según los propietarios, desde la época árabe. No supe si por la misma familia a través de los tiempos.
Indudablemente, las salinas estaban en el interior delimitado por la LDPMT. Pero, en todo caso, su explotación era anterior a la promulgación de la Ley de Costas vigente en aquellas fechas, que sin contemplaciones barría derechos y medios de vida adquiridos ancestralmente.
Mi papel era meramente auxiliar: hacía el plano, sobre el que se marcaba por donde iba la LDFPMT con arreglo a la Ley y las características del terreno; relacionaba las edificaciones o terrenos afectados por dicha Ley, se publicaban en un periódico local y ahí acababa mi actuación
. Comentando el hecho con los ingenieros de caminos que dirigían los trabajos, a los que correspondía la aplicación efectiva de los resultados manifiestos por los planos, estaban de acuerdo en lo inmoral que podía resultar la aplicación de la Ley, pero que nada podían hacer.

Pues ya veis: los ingenieros de caminos y yo estábamos equivocados. Bastaba que hubieran aconsejado a los propietarios o usufructuarios afectados que se afiliasen al partido político felizmente dominante (ya teníamos democracia en España), para que se acabaran sus cuitas. El mejor y más concluyente ejemplo, de claridad diáfana, puede encontrarse en lo que sucede en la isla de Arosa (Pontevedra), con la edificación conocida como "Villa Psoe" que se observa en la imagen.



Rogelio Latorre Silva

sábado, 12 de noviembre de 2011

Joaquín Leguina afirma que el Tribunal Constitucional y el CGPJ "se han politizado hasta la nausea"



El expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha dicho hoy que tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "se han politizado hasta la náusea, poniendo así en riesgo, incluso, la supervivencia de la Justicia en España".

Para Leguina, ha quedado "meridianamente claro" que las cuotas entre partidos para repartirse los altos cargos judiciales no han servido para otra cosa que para trasladar, "torticera y peligrosamente", el debate político a instituciones como las dos citadas, "pervirtiendo la esencia misma del aparato judicial".

Leguina ha pronunciado una conferencia en el Club Antares de Sevilla que ha consistido en la lectura de una carta dirigida al próximo presidente del Gobierno "quienquiera que éste vaya a ser", en la que se abordan métodos políticos y medidas concretas que, a su juicio, es preciso poner en práctica cuanto antes, "comenzando por atajar la politización de instituciones públicas como la judicatura o privadas como las ONG".

Para Leguina, una de las causas que afectan al crédito de los políticos es su currículum, que en bastantes casos es, "como algunas fincas rústicas, manifiestamente mejorable".
"En otras palabras, los partidos políticos se han llenado -desde arriba hasta abajo- de personas cuya vida profesional se reduce a su 'trabajo' dentro de la organización partidaria", ha subrayado.
http://noticias.lainformacion.com/politica/partidos/joaquin-leguina-afirma-que-el-tribunal-constitucional-y-el-cgpj-se-han-politizado-hasta-la-nausea_K9QLRs8KwcxS0FCY14kxB4/

MUCHO SE HA TARDADO EN QUE ÁLGUIEN DIJERA PÚBLICAMENTE LO QUE NOSOTROS NO SÓLO SABÍAMOS, SINO QUE HEMOS PADECIDO DURANTE 20 AÑOS.

¿CREER EN LA JUSTICIA?



¿ES QUE EXISTE EN ESPAÑA?

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Una sentencia avala el derribo en la playa de Ojos de Garza



La Justicia acaba de dar un duro golpe a la moral de los vecinos de la playa de Ojos de Garza. Una sentencia avala la resolución de Costas que ordena derribar una de las casas. Lo malo es que esa puede ser sólo la primera de tantas. Los vecinos confían en que el Estado se espere al realojo.
En la historia chica de este pintoresco caserío costero habrá que pintar de negro el día 11 de octubre de 2011. En esa fecha tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimaron el recurso que presentó una de las afectadas por Costas y avalaron la resolución de este organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente por la que se ordenaba tirar su casa al suelo. La decisión judicial afecta por ahora a una sola vivienda, pero lo que temen los vecinos es que después de ésta vengan las demás en cascada y al final no se libre ni una de las 21 casas de la playa que Costas ha condenado a desaparecer. La noticia ha sido un mazazo en el barrio, pero confían en el compromiso del Gobierno central de que no tiraría ningún inmueble antes de que el caserío sea reubicado. Todo deberá atarse en un convenio.
El tribunal echó para atrás todos los argumentos de la recurrente. No comparte la tesis de la afectada de que se le tuvo que notificar el deslinde que en 1984 situó a su vivienda en suelo de dominio público, no entiende que estuviese caducado el expediente de resolución posesoria y tampoco le acepta que esgrima la posibilidad de que la vivienda pueda legalizarse mediante concesión administrativa porque, aunque así fuese, eso no impide que el Estado intente recuperar, como así pretende, la propiedad de ese suelo que está en dominio público.
A los vecinos les ha sentado la sentencia como un jarro de agua fría, pero no tiran la toalla porque, previendo precisamente que algo así podría suceder, tienen avanzada la firma de un convenio por el que el Estado, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Telde y los vecinos se comprometen a reubicar el barrio unos metros más atrás de donde está ahora en 12 años. Con ese papel en la mano, Costas iba a esperar por los vecinos y estos, a su vez, retirarían todos sus recursos. Telde hizo sus deberes, lo firmó y mandó un borrador de convenio a Madrid el 18 de octubre pasado. El problema es que el Gobierno central no ha firmado, pero el presidente del colectivo vecinal, Juan Pedro Pérez, confía en su compromiso
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=237444

Juez rechaza ejecución provisional del fallo de la licencia del Algarrobico



El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería ha rechazado la ejecución provisional de la sentencia que declaró hace tres años la ilegalidad de pleno derecho de la licencia para la construcción del hotel de El Algarrobico, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
El auto, al que ha tenido acceso Efe, rechaza la ejecución provisional solicitada por Ecologistas en Acción y Salvamos Mojácar para no causar daños "irreparables o irreversibles" a la promotora, Azata del Sol.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería declaró el 5 de septiembre de 2008 la ilegalidad de la licencia de obras en una sentencia que fue recurrida por Azata del Sol y el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), y sobre la que debe pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Las organizaciones conservacionistas solicitaron el pasado mes de septiembre la ejecución provisional de la sentencia al considerar que es "muy clara" respecto a la ilegalidad de la licencia y ante las "nulas" posibilidades de que el Alto Tribunal andaluz se pronuncie en sentido contrario, según explicó entonces el abogado de Ecologistas en Acción en esta causa, José Ignacio Domínguez.
La sentencia declaraba que la licencia concedida por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003 era ilegal de pleno derecho por tratarse de un espacio protegido no urbanizable y por invadir la servidumbre de protección establecida en la Ley de Costas, y ordenaba al Consistorio a declararla nula.
No obstante, el nuevo auto advierte de que la ejecución provisional de la sentencia, "que habría de conducir en última instancia a la demolición de lo construido, llevaría consigo perjuicios ciertamente irreparables o irreversibles" para la promotora, "mientras que el mantenimiento de la situación actual en nada impide la ulterior ejecución de la sentencia", pendiente del pronunciamiento del TSJA.
El hotel de El Algarrobico,
cuya construcción fue paralizada por orden judicial en 2006, cuenta con veinte plantas de altura y se ubica a medio centenar de metros del mar, en el término municipal de Carboneras y dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar.
Ecologistas en Acción remitió el mes pasado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Carboneras sendos escritos en los que solicita la demolición del hotel de El Algarrobico, de acuerdo a la reciente sentencia del Tribunal Supremo y al Reglamento andaluz de Disciplina Urbanística.
En una sentencia dictada el pasado 30 de septiembre, el Tribunal Supremo falló a favor de una mayor protección de los suelos sobre los que se asienta el hotel, al rechazar el recurso de la Junta de Andalucía contra la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Cabo de Gata (Almería) (PORN) de 2008, que rebajaba el nivel de protección de la zona.
De este modo, el Alto Tribunal confirmó dos resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por las que se acordó la medida cautelar de suspensión del PORN y mantener el mayor nivel de protección establecido en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de 1994.
Esta sentencia fue celebrada por las organizaciones conservacionistas como un paso importante hacia la demolición del Algarrobico, sobre el que hay abiertas una veintena de causas judiciales. EFE
http://www.ideal.es/agencias/20111109/mas-actualidad/sociedad/juez-rechaza-ejecucion-provisional-fallo_201111091518.html

Pablo Matos promete a los vecinos que modificará la Ley de Costas



El candidato del PP al Congreso por la provincia tinerfeña, Pablo Matos, prometió ayer a los vecinos afectados por la ley de costas que modificará dicho reglamento. Los representantes populares de la Isla visitaron ayer Bajo La Cuesta, Chovito y Playa la Viuda, donde afirmaron que analizarán las diferentes situaciones de sus vecinos para buscarles una solución.
Matos señaló que todos los partidos comparten la finalidad de este reglamento, que es precisamente proteger la costa, pero que esto no ha de estar reñido “con el sentido común”.
El popular recordó que esta situación no se había dado con la ley de costas de entre 1988 y 1996, ni tampoco con la de entre 1996 y 2004. “La aplicación radical y restrictiva se ha dado con el Gobierno de Zapatero
”, apuntó al respecto.
Pablo Matos estuvo acompañado en estas reuniones por los candidatos al Senado por la Isla, Antonio Alarcó, y al Congreso, Águeda Fumero. El partido trasladó a los vecinos su compromiso de modificar la ley de costas y de analizar las diferentes situaciones de cada zona para buscarles solución.
“Les hemos transmitido cuál ha sido la posición del partido desde siempre, que es la compatibilidad de la protección de costas con la aplicación del sentido común”, indicó Matos.
“Bien recibidos”
El candidato popular indicó que fueron “bien recibidos” por los vecinos, con quienes ya se han reunido en numerosas ocasiones y, por lo tanto, “conocen nuestra posición”.
“Conocen las iniciativas que hemos llevado a cabo tanto en las cortes como en el Parlamento de Canarias y saben que seguiremos con la misma posición que hemos mantenido estos años”, apuntó Matos.
Los líderes populares indicaron que seguirán manteniendo reuniones con los vecinos de Bajo La Cuesta, Chovito y Playa la Viuda antes de que se vuelvan a constituir las cortes para “empezar a tramitar una posible modificación de la ley”.
Los vecinos afectados por dicho reglamento han solicitado en reiteradas ocasiones que sus viviendas no estén dentro de la normativa puesto que su construcción fue anterior a la aprobación de esta ley.
http://www.diariodeavisos.com/2011/11/09/actualidad/pablo-matos-promete-a-los-vecinos-que-modificara-la-ley-de-costas

miércoles, 2 de noviembre de 2011

Canarias negocia el traspaso "inmediato" de la gestión del litoral

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, ha afirmado hoy miércoles que los gobiernos canario y central negocian el traspaso "inmediato" a las islas de la ordenación y gestión del litoral, pero para transferir las competencias en costas habrá que esperar a la reforma del Estatuto de Autonomía.
Así lo ha manifestado hoy el consejero en la comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico del Parlamento regional en respuesta a una pregunta del diputado del grupo Popular Miguel Jorge Blanco, quien recordó que el Gobierno central ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la legislación autonómica en la materia por entender que invade las competencias exclusivas de la Administración estatal en el litoral canario.
El consejero Francisco Hernández Spínola contestó que el 22 de septiembre hubo una reunión entre representantes de la Consejería regional de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y de la Dirección General de Costas en la que se avanzó para buscar un acuerdo que permita el traspaso inmediato en materia de ordenación y gestión del litoral "como ya tienen Cataluña y Andalucía".
Añadió el consejero que "probablemente" el traspaso de las competencias en materia de costas exigirá además la reforma del Estatuto de Autonomía, y recordó que en el pacto de gobierno suscrito entre CC y PSC se ha reflejado la voluntad de ambas formaciones de efectuar esta modificación en la presente legislatura.
"Canarias está plenamente respaldada en su petición por el contenido del Estatuto de Autonomía, que establece que ésta es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma", precisó.
El Gobierno regional quiere que se convoque una comisión bilateral para abordar concretamente esta cuestión antes de proceder formalmente a una reunión de la comisión mixta de transferencias del Estado, que es la que debe propiciar el Real Decreto en el que el Consejo de Ministros fije el traspaso de esas funciones y servicios, añadió Hernández Spínola.
Sin embargo, el consejero admitió que aunque el proceso "va bien" hay un problema de fechas por la convocatoria de las elecciones generales, y el Gobierno de Canarias va a intentar dejar el trabajo "prácticamente cerrado" en estas dos semanas y que sólo quede pendiente la convocatoria de la comisión mixta.
Además, el consejero preguntó al diputado popular sobre la postura de su partido en este ámbito, y si retiraría el recurso presentado contra la ley canaria, "en el hipotético e improbable caso de que el PP ganase las elecciones generales".
El diputado popular Miguel Jorge Blanco respondió a Hernández Spínola "con todo el cariño del mundo" que las preguntas "las hace el diputado, no el consejero", y aseguró que a los gobiernos hay que darles un cierto margen para que se asienten y tomen las decisiones más oportunas.
En todo caso, el diputado mostró su convencimiento de que el PP va a ser "sensible" con los ciudadanos canarios afectados por la legislación en materia de costas.
El consejero precisó que el traspaso de competencias en materia de costas es de más calado y no puede ser "tan inminente", porque el Gobierno regional quiere que la reforma del Estatuto de Autonomía sea "de primera generación", con un nivel competencial a la altura del texto catalán y andaluz "preservando las características propias del archipiélago y sus singularidades
".
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=236443

El Bloc lleva al pleno de la Diputación una moción para iniciar el traspaso de las competencias de Costas al Consell

El BLOC nacionalista ha presentado hoy por registro una moción en la que insta a les Corts Valencianes y a las Cortes de Madrid a iniciar un proceso para traspasar la competencia de Costas a la Generalitat Valenciana, dado que “nadie conoce mejor la realidad del litoral del País Valencià que sus propios ciudadanos y sus representantes políticos directos”. Según Nomdedéu, “es un error planificar desde un despacho de Madrid, al lado del Manzanares, la política de Costas que afecta a ciudadanos a más de 300 kilómetros”.
El BLOC, además, insta en su moción a que “el nuevo ejecutivo inicie una reforma legislativa puntual urgente para evitar la retroactividad de la Ley de Costas, aprobada en 1988 pero que se aplica a edificaciones anteriores, muchas de ellas construcciones agrarias tradicionales o con valor histórico”,
a explicado Nomdedéu.
El portavoz nacionalista apela al apoyo del resto de grupos de la Diputación, dado que “tanto municipios del PP y del PSOE han iniciado procesos de protección de viviendas de primera línea en municipios que gobiernan. “La ciudadanía no podría entender que Moliner se vaya a Europa a presentar 40.000 firmas en apoyo a los afectados por la Ley de Costas y su partido no inicie trámites para modificar una ley manifiestamente injusta”.
La moción del BLOC, además de proponer la derogación de la Ley de Costas y su reformulación, reclama la paralización de cualquier proceso de expropiación y derribo iniciado por el Ministerio en la provincia. “Desde el BLOC urgimos al resto de grupos a apoyar nuestra moción porque hay 600 viviendas directamente afectadas y que, según la Ley de Costas actual se derruirán antes de 2018. Hay que empezar a trabajar ya para proteger los derechos de los propietarios de estos núcleos rurales históricos costeros de Castellón”, afirma Nomdedéu
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/143617_bloc-lleva-pleno-diputacion-mocion-para-iniciar-traspaso-competencias-costas-consell.html

lunes, 31 de octubre de 2011

COSTAS DEMENCIALES



Esa igual de jeroglífica como caprichosa ley de costas, va poniendo el güevo de forma aleatoria y arbitraria por todo el litoral español. Y sus responsables ejecutores, verdugos empecinados, rayanos a la demencia febril y obsesiva, lo mismo te planchan un sueño que te fríen una esperanza. Juramentados para la aplicación de una ley injusta y demasiado cuestionable, van dejando “cadáveres exquisitos” y desolación humana, allá donde hincan el colmillo provistos de sanguinarios papelajos carentes mesura, equidad o una mínima coherencia social.
Y mira por donde, se da el curioso y extraño des-equilibrio, que enrasa a los más débiles en la misma palangana de ablución de su existencia. O desmantelación de sus viviendas, como gusta definir estos irresponsables al derribo de esos hogares, humildes e indefensos, frente a esa implacable apisonadora llamada ‘Ley de costas’…demenciales.

Por la misma inercia abusona, los expedientes de ‘desmantelación’ incoados hasta la fecha, corresponden a meras familias humildes, sin la tranquilidad frente al aparato burrocrático de tener los riñones a bien forrados por una jartá de millones de vellón, y todo lo que eso impedimenta la labor ejecutora y ejecutiva. Es en esa parcela de indefensión tan clamorosa, sin capacidad económica de maniobra frente a una cuadrilla de ‘pezucos’ cebados con los más indefensos, donde se aplica con todo el rigor-mortis una ley que adolece de muchos males endémicos al sistema, claramente obstruido y distanciado de la realidad.

En mi pueblo, hablando en romance paladino, a eso se llama hacer las cosas por bemoles. Poner los mojones (Marítimos) contra los más desprotegidos,
los 49 vecinos de Puntas de Calnegre, por ejemplo, mientras se salvaguarda el traje (O el cargo político) y se nada en las truculentas aguas de aquellos que controlan el poder y sus narices.

Demasiados intereses ‘a la limón’. Demasiadas preguntas por contestar. Demasiados encuentros y desencuentros entre colegas o no tan colegas de partido, y repartido. ¿Revanchas o puros negocios? Nunca se sabrá con certeza la realidad oculta tras el ‘desmantelamiento’ de una población costera. Lo que siempre llevaremos como lastre de vergüenza institucional, es el dolor causado a miles de familias de nuestro litoral, que se están viendo en la puñetera calle. Y aún se han de ver, si no cambian los criterios o la jodida ley, con una mano delante y otra detrás para proteger sus pudorosas partes, no vaya a ser que esta indecencia formalizada en cortes no haya quedado satisfecha...

Incluso, en altos foros políticos, incluido el parlamento europeo, hay responsables del gobierno español, la defensora del pueblo, que no pueden sostener las críticas de sus colegas continentales y terminan por reconocer que esta ley de costas es una injusta barbarie, para la mayoría de los casos donde se aplica. Incluso, el gran número de desestimaciones judiciales de expedientes ya ‘cocinados’, viene la refrendar y sentar jurisprudencia -de ser prudentes, eh-, en contra de dicha norma. Incluso, siendo un poco suspicaces, y por aquello del agravio comparativo, podríamos darnos un garbeo por nuestras costas y ver con toda claridad donde se encarniza dicha ley, y donde claudican, o hacen la vista demasiado grossa sus ejecutores, a la hora de aplicarla. Porque es mucho más suave judicialmente destruir los hogares de esas pobres familias sin un puto céntimo, que afrontar un vía crucis de demandas, sentencias y apelaciones desde los gabinetes estelares de esas intocables corporaciones urbanísticas que todos conocemos. Eso creo, no estoy muy seguro, pero parece tener todas las trazas de ser tal y como lo describo. O ¿no?...

viernes, 28 de octubre de 2011

La doble vara de Costas



La obra denuncia el ''doble rasero'' en la aplicación de la Ley de Costas con los pueblos marineros tradicionales y los poderes empresariales.
Mayo de 2006. Una importante cadena hotelera canjea con la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente la propiedad de la Isla de Lobos por una concesión de 30 años para la explotación en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo de un complejo sobre el que había recaído una orden de demolición por incumplir la Ley de Costas al invadir dominio público marítimo-terrestre. Yeray González Nuez, un periodista grancanario que tenía por entonces 28 años, es el encargado de redactar la nota de prensa del Cabildo de Fuerteventura para su difusión por los diferentes medios de comunicación.
Casi un lustro después, tras cuatro años en el paro y alentado por unas fotografías que le enseñó su madre, Yeray inició un trabajo de investigación que ha dado como resultado un documental de cerca de 80 minutos que denuncia el "doble rasero" en la aplicación de la ley de Costas en Canarias, “inflexible” con los pueblos marineros tradicionales y “permisivo” con grandes poderes empresariales.
“Empecé a indagar y cada vez me encontraba con injusticias más flagrantes que se perpetraban con la connivencia de los políticos y de los empresarios. El último mono era el ciudadano con sus derechos”, explica el director de A nuestra costa, una obra que ha financiado íntegramente con los ahorros de los que disponía y gracias a la colaboración desinteresada de su entorno cercano.
Secundado por las otras dos patas fundamentales del proyecto, Eduardo Hernández y Alfonso García, Yeray ha recorrido cuatro islas (Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife) para visitar una decena de pueblos bajo amenaza de desaparición por la aplicación de la Ley de Costas. En el contacto con los vecinos ha podido comprobar “el espíritu de superación y la capacidad que tiene el ser humano para tirar hacia adelante en situaciones límite”.
Cho Vito se ha erigido en emblema de esta lucha. En octubre de 2008 un amplio dispositivo policial irrumpió en el poblado marinero, lo cercó y derribó una veintena de casas. Aún queda una decena en pie. “Estuvimos cuatro días en Cho Vito y el recibimiento fue espectacular, nos acogieron como una familia. Nos han dado lecciones de vida, de humildad, de sencillez, de dignidad, de cómo comportarse cuando alguien con más poder trata de hundirte”, asegura el guionista y realizador del documental. “Esa gente sabe más de leyes que un político”, tercia Eduardo, que ha colaborado en la edición y en el sonido.
Yeray González reconoce que en el proceso de producción se han topado con presiones y obstáculos de la clase política, el mundo empresarial e, incluso, de medios de comunicación. “Cuando alzas la voz en Canarias, te intentan silenciar. El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o la Demarcación de Costas en Santa Cruz, entre otros, no nos quisieron atender. Me ha sorprendido la falta de tacto que tienen las instituciones públicas para tratar al ciudadano, la impunidad con la que se mueven”, asevera.
Playas semiprivadas vs. yacimientos destrozados
El periodista grancanario ha querido poner de manifiesto con el documental A nuestra costa las “incongruencias” en la aplicación de una ley que nació en 1988 con el objetivo de “recuperar lo que es de todos para disfrute de todos”. Así, contrapone la laxitud mostrada por la administración con un complejo hotelero de Tenerife que llegó a anunciar que disponía de una playa artificial semiprivada a la contundencia de la actuación en Cho Vito.
“A los políticos les ha dado por promocionar los hoteles de lujo y los campos de golf, pero nosotros tenemos nuestra belleza natural, pueblos con valor etnográfico, nuestra cultura, nuestras raíces, que están desapareciendo”. Yeray ilustra su argumentación con un ejemplo de Gran Canaria: “En el paseo que va de Maspalomas a Meloneras tenemos grandes hoteles con forma de edificios típicos canarios y, frente a ellos, hay un yacimiento destrozado, la tradición centenaria de los primeros pobladores sin ningún cuidado”.
MiradasDoc
Tras su presentación en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 'A nuestra costa' estará presente en el MiradasDoc Market que se celebrará en el municipio tinerfeño de Guía de Isora entre el 2 y el 4 de noviembre. En este mercado tendrán la oportunidad de entablar contacto con televisiones y distribuidoras para poder vender el documental. ”En Europa están muy interesados. Queremos dar luz a cosas que hasta el momento están oscurecidas, pero si no lo conseguimos vender y no recupero mis ahorros, estaré igualmente satisfecho con la acogida de la gente, orgulloso con lo que hemos hecho, y lo haré accesible para que no se quede en un cajón”, concluye Yeray, que asegura que ya maquina otros tres proyectos para “denunciar otras injusticias”.
http://www.canariasahora.com/noticia/203566/















jueves, 20 de octubre de 2011

Spain's housing secretary 'in denial' about expat property problems/ LA SECRETARIA DE VIVIENDA ESPAÑOLA "en la negación" acerca de los problemas de p

Beatriz Corredor. Agente Inmobiliaria


Spain's housing secretary 'in denial' about expat property problems
Marta Andreasen MEP has claimed Spain's secretary for housing 'is in denial' regarding the severity of the problems affecting British expats who have invested in Spanish property, following a heated exchange at an international property exhibition in London.
The argument took place following a speech delivered last week by the Spanish housing secretary Beatriz Corredor, who called for Britons to trust in Spain and to take advantage of its ripe property market.
UKIP's Marta Andreasen MEP said: "I was quite upset that she refused to accept or mention the fact that were serious problems affecting Brits in Spain.
"She referred to new reforms that had supposedly made Spain a safe country in which to buy, but these reforms neither resolve the past nor the present problems.
"The British are among the highest proportion of foreign property purchasers, but the bad reputation Spain has earned itself has seen the level of interest in Spanish property plummet. This so-called ‘property roadshow’ was to address that with the aim of portraying that everything is fixed and the Brits can start spending their money again. How wrong this is.
"Regional governments pick fights with local governments, mayors and politicans take bribes, then get prosecuted for corruption – it really is difficult for any British person to trust anyone throughout the home buying process.
"The minister made out that there were just one or two people with problems and that these were getting sorted out."
A decree to legalise existing illegal properties combined with a reduction in new home tax and falling house prices made Spain the ideal place in which to invest, said the minister during her address to an audience of developers, investors and protesting British investors who gathered at London's Docklands.
No mention was made of the many thousands of expats who have bought in good faith only to be told their houses are illegally built and therefore unsellable, and excluded from local water and electricity supplies.
It was the second time this year that the secretary had addressed a British audience of potential investors and explained why Spanish property is such a good investment.
The discussion between the pair was brought to a close by the Spanish Ambassador, Carles Casajuana, who led the Spanish housing secretary away after Marta Andreasen refused to shake her hand.
"I spoke in Spanish and in English so that people around would understand," said Ms Andreasen. "Afterwards I was approached by developers who said they too had been affected by the Spanish government's refusal to sort out the problem, and didn't expect to sales to pick up until the current problems had been solved."
The MEP has long campaigned on behalf of Brits caughts up in Spain's planning and property scandals. She is currently urging the EU to stop funding Spanish regions until they resolve these problems.
http://www.telegraph.co.uk/property/expatproperty/8834093/Spains-housing-secretary-in-denial-about-expat-property-problems.html




LA SECRETARIA DE VIVIENDA ESPAÑOLA "en la negación" acerca de los problemas de propiedad de expatriados

Marta Andreasen MEP ha afirmado que la secretaria de España para la vivienda "está en la negación" con respecto a la gravedad de los problemas que afectan a los expatriados británicos que han invertido en propiedades españolas, tras una acalorada discusión en una exposición internacional de la propiedad en Londres.
La Secretaria de Vivienda, Beatriz Corredor (en la foto), quien se encontraba en el Reino Unido la promoción de la propiedad española esta semana por Sean O'Hare

El argumento se llevó a cabo después de un discurso pronunciado la semana pasada por los españoles, la Secretaria de Vivienda, Beatriz Corredor, quien llamó a los británicos a la confianza en España y aprovechar de su mercado inmobiliario maduro.
Marta Andreasen de UKIP MEP, dijo: "Yo estaba muy molesta porque se negó a aceptar o mencionar el hecho de que eran graves problemas que afectan los británicos en España.
"Se refirió a las nuevas reformas que supuestamente había hecho de España un país seguro para comprar, pero esas reformas no resuelven el pasado ni los problemas actuales.
"Los británicos están entre la más alta proporción de compradores de bienes en el extranjero, pero la mala fama que España se ha ganado se ha visto el nivel de interés en la propiedad española en picado. Esta llamada" propiedad roadshow 'fue para hacer frente a que, con el objetivo de retratar a que todo lo que es fijo y los británicos pueden empezar a gastar su dinero de nuevo. ¿Qué tan malo es esto. "Los gobiernos regionales peleas con los gobiernos locales, los alcaldes y los políticos aceptan sobornos, a continuación, obtener procesados por corrupción - lo que realmente es difícil para cualquier persona británica confiar en nadie en todo el proceso de compra.

"El ministro hizo que hubiera una o dos personas con problemas y que estos estaban resueltos."

Un decreto para legalizar existentes viviendas ilegales en combinación con una reducción del impuesto nuevo hogar y la caída de precios de la vivienda convertido a España en el lugar ideal para invertir, dijo el ministro durante su discurso ante una audiencia de desarrolladores, inversionistas y protestando inversores británicos que se reunieron en Londres Docklands.

No se hizo mención de los miles de extranjeros que han comprado de buena fe, sólo para enterarse de sus casas están edificadas ilegalmente y, por tanto, invendible, y excluidos de los locales de agua y electricidad.

Fue la segunda vez este año que el secretario se había dirigido a un público británico de los posibles inversores y explicó por qué inmobiliario español es una buena inversión.

La discusión entre la pareja fue llevada a su fin por el embajador español, Carles Casajuana, quien dirigió el secretario de Vivienda español, lejos después de Marta Andreasen se negó a estrecharle la mano
.

"He hablado en español y en Inglés para que la gente alrededor lo entendería", dijo la Sra. Andreasen. "Luego se me acercó a los desarrolladores que dijeron que también habían sido afectados por la negativa del gobierno español para solucionar el problema, y no esperar a las ventas para recoger hasta los actuales problemas se habían resuelto."

La eurodiputada lleva mucho tiempo haciendo campaña en nombre de los británicos caughts en la planificación de España y los escándalos de la propiedad. Actualmente está instando a la UE a dejar de financiar a las regiones españolas hasta que se resuelvan estos problemas.

http://www.telegraph.co.uk/property/expatproperty/8834093/Spains-housing-secretary-in-denial-about-expat-property-problems.html

A NUESTRA COSTA



El 'Road Show' de la Secretaria de Estado de Vivienda



El pasado jueves acompañé a un grupo de damnificados británicos al centro de exhibiciones de London Excel, en el Reino Unido, donde secretaria de Estado de Vivienda en el Ministerio de Fomento, Beatriz Corredor, realizó una presentación con el fin de promocionar la venta del excedente de casas en su país.

Aunque esta visita fue presentada como la segunda fase del 'road show' que Corredor iniciara en el primer semestre del año, junto al Ministro de Fomento, José Blanco, a mí me resultó curioso que se embarcara en tal tarea a escasos 38 días de las elecciones nacionales
, más aún cuando las posibilidades de reelección del partido al que pertenece son prácticamente inexistentes.

Los ciudadanos británicos que asistieron al acto para interrogar a la Secretaria de Estado vieron sus esperanzas truncadas desde el primer momento, cuando el embajador de España en aquél país anunció que Corredor haría una presentación de aproximadamente 30 minutos, pero que el turno de preguntas sería sustituido por un agasajo con vino español
. La presentación hizo hincapié en la gran oportunidad que representa el adquirir propiedad en España en estos tiempos en que el precio de la vivienda ha descendido un 17% y el IVA se ha reducido del 8% al 4 % hasta el fin del corriente año.

En cuanto a la seguridad jurídica
, se anunciaron nuevas medidas para "reforzar" la misma así como la transparencia en el sector inmobiliario español, destacándose que la información sobre todas las viviendas puede encontrarse en el Registro de la propiedad de carácter público y acceso universal.

Al finalizar la presentación, el grupo de damnificados se acercó a ella para plantearle el problema que les afectaba, pero fueron rápidamente apartados de su lado por un miembro de la delegación que le acompañaba, quien los entrevistó separadamente sin ofrecer solución alguna.

Entretanto, yo me dirigí a ella en mi calidad de eurodiputada representante de los ciudadanos del sudeste de Inglaterra, refiriéndole la situación de muchos de ellos: habiendo adquirido propiedades en España de buena fe, hoy se encuentran sin la posibilidad de habitarlas, sea por amenazas de demolición o porque simplemente no se habían construido, situaciones por las que nadie responde, ni siquiera los bancos que garantizaron tales desarrollos inmobiliarios.
Su inmediata respuesta fue la de negar la existencia de problema alguno en la actualidad y la aseveración de que "algún caso aislado del pasado ya se estaba solucionando".
Le aseguré que el problema afectaba a miles de propietarios de todas las nacionalidades, incluidos los españoles, y que según la Junta de Andalucía podría tratarse de unas 300.000 propiedades.
A esta altura, la conversación se volvió más "apasionada", lo cual, sin embargo, no resultó en un reconocimiento de la realidad por parte de la Secretaria de Vivienda.

Aproveché también la oportunidad para informarle que es incorrecto decir que puede obtenerse información actualizada en el Registro de la Propiedad, tal como uno de los damnificados presentes en la presentación había comprobado un par de horas antes. En efecto, la casa de la señira Prior -uno de los casos más conocidos- fue demolida totalmente a excepción del garaje, pero figura en el registro como si aún existiera en su integridad. Una vez más, sólo obtuve una negación como respuesta.

Conversando con algunos de los asistentes -empresas promotoras y bancos- algunos me hicieron saber que compartían mi inquietud por la falta de propuestas de solución por parte del Gobierno a todos estos problemas que afectan al sector inmobiliario, ya provengan de la ley de costas, la ley del suelo, la falta de compromiso de los bancos garantes y, en fin, los abusos cometidos por otros intervinientes.

Sin duda, el haber hallado solución a esos problemas hubiera resultado ser una promoción mucho más exitosa del sector inmobiliario español... pero el Gobierno del Zapatero no lo ha sabido ver. ¿Sabrá verlo el Partido Popular cuando esté en el poder
?



Marta Andreasen. Miembro del PARLAMENTO EUROPEO.
Esta política del euroescéptico UKIP británico es una de las más críticas con los problemas urbanísticos en España




http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/europa_atirodeblog/2011/10/19/el-road-show-de-la-secretaria-de-estado.html

domingo, 16 de octubre de 2011

Pendientes aún de Costas



“No entiendo como ponen una fecha y luego no cumplen”, así se claro se manifestaba el alcalde de Güímar, Rafael Yanes Mesa, sobre la repuesta que aún está por llegar de la Dirección General de Costas al proyecto de reforma del caserío de Santa Lucía-Los Barrancos, en el litoral güimarero de Agache.
Un proyecto para asegurar un pequeño barrio costero, donde los derrumbes sucedidos en junio obligaron al precinto de una treintena de viviendas y el desalojo de sus ocupantes, solo ocho de ellos residentes habituales de un núcleo costero, que siguen residiendo fuera de sus casas al estar precintadas por falta de seguridad, al no conceder Costas aún el permiso para que se apuntale la cueva natural donde se produjeron los desprendimientos, tal y como se recoge en el estudio geotécnico que realizó para el Ayuntamiento de Güímar la empresa Icinco
. Para presentar ese proyecto y obtener el visto bueno de Costas, hace un mes se trasladaron a Madrid el alcalde, Rafael Yanes, y la primera teniente de alcalde, Carmen Luisa Castro, que junto con el diputado socialista José Segura y el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, José Herrera, se reunieron con el director general de Costas, Pedro Ríos, quien se mostró entonces receptivo al proyecto y puso un plazo de un mes (primera semana de octubre) para dar una respuesta definitiva, algo que hasta hoy no ha ocurrido, lo que tiene en vilo a un centenar de vecinos que hoy, como cada domingo al mediodía, volverán a concentrarse en la pequeña plaza de la ermita de Santa Lucía para conocer las últimas noticias sobre un barrio que mantiene la incertidumbre por su futuro más cercano y por el futuro, cuando saben que su barrio, al contrario de lo que sucedido con Punta Prieta, La Caleta y La Puente, en la misma zona de Agache, sí está afectado por la Ley de Costas de 1988.
Hay que recordar que el estudio también indica las medidas de seguridad que se deben llevar a cabo para evitar nuevos desprendimientos, que van desde el mallado hasta el reforzamiento de la pared. El problema radica en que estas obras no se pueden llevar a cabo hasta obtener la autorización Costas, algo que se espera pueda ocurrir en breve.
El Socorro, tampoco
También en esa misma visita a Madrid, los representantes del Ayuntamiento de Güímar aprovecharán la visita a Pedro Ríos para buscar una solución definitiva para la ubicación de la estación de bombeo de El Socorro, que los vecinos quieren trasladar al extrarradio. Para ello, Costas pidió un proyecto de avenida y presentado éste, todavía los vecinos siguen sin respuesta. Y eso que ya tienen, dicen, el dinero.
http://www.diariodeavisos.com/2011/10/15/actualidad/pendientes-aun-de-costas

martes, 11 de octubre de 2011

Viva el hotel, muera el poblado!













El recuerdo de su trágica muerte hace casi veinte años aún perturba mi memoria. Murió en soledad y atrapado dentro de su coche tras una violenta colisión. Todavía recuerdo estremecerme al ver en la televisión los metales retorcidos del coche. Sólo después escuché su nombre: César Manrique. Era el 25 de septiembre de 1992.
Han pasado diecinueve años y Canarias sigue luchando contra los mismos demonios que César, en vida, exorcizó de Lanzarote: la especulación inmobiliaria y la degradación medioambiental. Él defendió que el turismo sostenible y el respeto por la naturaleza eran perfectamente compatibles. Sus edificios, complejos y espacios se integran respetuosamente con el entorno natural que les rodea. Tan integrados como lo están decenas de antiguos poblados costeros de Canarias.
Sin embargo hace décadas que son los hoteles y no los poblados los que se han adueñado de nuestras costas. Además, la segunda Ley de Costas, vigente desde 1988 (la primera data de 1969), ha ilegalizado muchos de estos poblados. La Ley los ha transformado, como afirma el antropólogo Fernando Estévez, en
«la encarnación misma del Mal territorial».

Hoy continúan en pie hoteles y espacios de ocio privado (como varios clubes náuticos) que ocupan en parte el dominio público. Pero sólo los poblados son el auténtico cáncer que enferma nuestras costas.
Como, por ejemplo, la casa terrera marinera del carpintero Santiago Medina Cáceres levantada por sus antepasados a inicios del siglo XX en la costa de Berrugo (Lanzarote). Su demolición prevista el año pasado se aplazó. Aunque Santiago, con 73 años, y su familia fueron desalojados.
Según la Ley de 1988, no menos dañinas para nuestras costas son las casas del poblado de Cho Vito. Paradójicamente están ubicadas en un municipio, el de Candelaria, que en la última década ha sufrido uno de los mayores desórdenes territoriales de España. Así que mientras en Candelaria pronto se empezarán a construir adosados y hoteles en el cielo, varios habitantes del poblado de Cho Vito viven con la amenaza del desalojo y la demolición de sus viviendas. Una amenaza postergada en septiembre de 2010.
Con una Ley canaria de Costas y una gestión autonómica de las mismas ya no hacen falta ni moratorias ni recalificaciones. Simplemente se podrían legalizar todas las viviendas construidas en las costas canarias antes de la Ley de 1988 y, evidentemente, decenas de hoteles ilegales.
Sin duda, no se puede generalizar. No todos los poblados costeros tienen la misma historia. De hecho, sabemos que numerosas casas de Cho Vito se construyeron tras la Ley de Costas de 1969 y por tanto son ilegales.
También son ilegales hoteles ubicados no muy lejos de Cho Vito y edificados después de 1969. Pero hoy esos hoteles no están amenazados de demolición.
Aunque la Ley debe ser para todos, bajo la sombra alargada de la pala demoledora están principalmente los poblados: Bajo La Cuesta (Tenerife), La Bombilla (La Palma), Pozo Negro (Fuerteventura), Tufia (Gran Canaria)… En total, unos veintisiete mil casos en el archipiélago.
Para toda España se calcula que son 400.000 los españoles afectados.
En el caso de Pozo Negro el prehistoriador Tejera Gaspar y otros especialistas han señalado que en ese lugar pudo comenzar la conquista de Canarias encabezada por el normando Jean de Béthencourt en el año 1402. También Tufia es en parte un yacimiento prehistórico.
Hoy, vecinos como Santiago Medina deben pagar las consecuencias de un absurdo legal: la aplicación retroactiva de la Ley de Costas de 1988. O sea, Santiago comete una ilegalidad por vivir en una casa terrera que su antepasado construyó junto a la costa en una época en la que no existía dicha Ley. Imagínese, es como si esta semana el Ministro de Justicia, cumpliendo una nueva ley, metiese en la cárcel a todos los descendientes de Béthencourt
acusándolos del «genocidio de aborígenes» cometido por el conquistador normando en 1402. ¿Qué culpa tienen sus descendientes setecientos años después? Igualmente, ¿qué culpa tiene Santiago de que un antepasado suyo construyese una casa costera hace más de un siglo? Si no se adopta una política de caso por caso y aplicable a todos (hoteles y poblados), la imposición retroactiva de una ley constituye una verdadera injusticia.

En estos tiempos con tanto debate sobre la «memoria histórica» sorprende que las instituciones políticas no usen dicha memoria para comprender por qué muchos de estos poblados deben sobrevivir. La centenaria casa de Santiago es el vestigio de una manera de vivir en vía acelerada de extinción. Como señala el geógrafo Fernando Sabaté, muchos poblados costeros nacieron como resultado del sistema de aprovechamiento múltiple y vertical, gestionado desde la medianía y que abarcaba desde la costa hasta la cumbre. Los habitantes de cada pueblo en la medianía disponían de su propia zona de abastecimiento de comida y otros recursos en la costa y la cumbre. Así que algo de cierto habrá en la leyenda que cuenta que las papas arrugadas nacieron cuando alguien las guisó con agua de mar
.
Sin embargo, en esos poblados, los expertos no ven sino casas. Y en esas casas no encuentran ni historia, ni memoria. Son simplemente construcciones de «baja calidad». No pueden (o no quieren) entender que muchas de esas casas forman parte de un complejo sistema espacial y cultural, o sea, representan un modo de vida vernáculo.
Mientras tanto, el Gobierno canario hace leña del árbol caído. Su estrategia es simple: deja actuar al Estado, alega ante la opinión pública que lo sucedido en las costas canarias es una injerencia casi colonialista de Madrid y aprovecha el malestar ciudadano para exigir al Estado la gestión total de las costas canarias
.

En una economía tan dependiente del turismo, el control absoluto de nuestras costas es sin duda la guinda del pastel y… el pastel completo. Por eso el Parlamento de Canarias acaba de solicitar por unanimidad (sí, no se sorprenda, se lo repito) por unanimidad al Gobierno central el traspaso de la gestión de las costas o en su defecto que la comunidad autónoma pueda colaborar con el Estado en la gestión.
Esa colaboración se me antoja casi imposible
. El Gobierno central ha recurrido el proyecto de Ley de Costas de Canarias porque invadía las competencias del Estado. Es decir, la Ley canaria intenta proteger del derribo asentamientos urbanos consolidados (como los poblados) junto al mar que el Estado prevé demoler.
¡Qué curioso! El Gobierno canario que con su Ley desea proteger los poblados costeros – enfrentándose al Estado feroz – es el mismo Gobierno que sigue obsesionado con construir el puerto de Granadilla en Tenerife. Al contrario, ya sabemos que para construirlo más rápidamente, el Gobierno inventó una Ley que descatalogaba la flora y la fauna protegidas en la zona del proyectado puerto: la tortuga boba, la seba o la piña de mar.
También, ese Gobierno que con su Ley canaria de Costas intenta proteger los poblados costeros es el mismo Gobierno que, en Lanzarote, ha dado la espalda a la Fundación César Manrique en su batalla contra la edificación de hoteles ilegales.
Gracias a la Fundación, los jueces han ilegalizado la construcción de más de 12.000 plazas alojativas, es decir, alrededor de veintisiete licencias. La semana pasada la Fundación ha vuelto a exigir a los políticos canarios el cumplimiento de las sentencias judiciales . El Gobierno canario hace mutis por el foro y el Cabildo de Lanzarote, tras encargar un único y dudoso informe, sostiene que se haga la vista gorda amparándose en una interpretación jurídicamente inviable del artículo 47 del Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC). Además el Cabildo arguye que existe un «estado de excepción urbanístico insular», en otras palabras, que hay crisis, la cual se solucionaría con la legalización de los hoteles prohibidos. El discreto Gobierno canario lo ve con buenos ojos
.

He aquí entonces la razón escondida del enfrentamiento por la gestión de las costas entre el Gobierno canario y el Estado; el Gobierno canario desea implantar «la política del borrón y cuenta nueva». Con una Ley canaria de Costas y una gestión autonómica de las mismas ya no hacen falta ni moratorias ni recalificaciones. Simplemente se podría legalizar todas las viviendas construidas en las costas canarias antes de la Ley de 1988. Esta «amnistía feliz» incluiría muchos poblados costeros (legales e ilegales) y evidentemente… decenas de hoteles ilegales como los de Lanzarote.
La opinión pública no se opondrá a la amnistía. Por un lado, los poblados tradicionales costeros se salvarán de las palas demoledoras de Madrid. Por otro, se legalizarán hoteles que aliviarán la crisis, perpetuando así el monocultivo del turismo, y se vilipendiarán las voces críticas como las de la Fundación César Manrique. Ni Maquiavelo podría haberlo planeado mejor y sacar tan excelente tajada.
http://www.loquepasaentenerife.com/vivir/11-10-2011/vivaelhotelmueraelpoblado

Costas dice que dos piscinas del Club Bajamar “deben ser de uso público”



Las dos piscinas del Club Náutico de Bajamar que se hallan en primera línea de costa deben ser de uso público desde hace tres años. La concesión administrativa que poseía esta sociedad privada sobre ambas zonas de baño caducó por vencimiento en las últimas fechas de 2008, según ha confirmado la Jefatura Provincial de la Dirección General de Costas, a través de la Subdelegación del Gobierno.
“El Club Náutico de Bajamar tenía una concesión administrativa que caducó por vencimiento de plazo el 3 de diciembre de 2008. Se trata de instalaciones que, de acuerdo con los criterios de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, deben ser de uso público y preferiblemente de gestión municipal”, informó el órgano encargado de la gestión del dominio público marítimo terrestre, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
“En la actualidad”, añade Costas, “se está pendiente de que el Ayuntamiento de La Laguna solicite la correspondiente concesión administrativa para que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y Mar se pronuncie sobre el mantenimiento de las instalaciones”. De momento, el personal de Club Náutico de Bajamar es quien continúa ocupándose de esta faena, así como de su coste económico.
Suyo es también el único acceso en condiciones que existe a ambas zonas de baño, para lo cual es necesario atravesar sus instalaciones. En cualquier caso, “por tratarse de un bien público”, puntualiza la Jefatura Provincial de la Dirección de Costas, “las competencias sobre la seguridad de las personas, higiene y salubridad son de carácter municipal”.

El actual presidente de la sociedad, Juan Manuel Díaz, apuntó ayer que, desde que caducó la concesión administrativa en 2008, han contado con autorizaciones por parte de Costas, que se han ido renovando periódicamente, para seguir ocupando esos espacios, “hasta que se arregle nuestra solicitud para una nueva concesión”.
Desde entonces, no obstante, disponen de un cartel situado en la entrada principal de sus instalaciones, en el que se informa de la posibilidad de acceder a ellas sin necesidad de ser socio del club a cambio del abono de una tarifa.
El presidente de la sociedad destacó el “elevado coste” que supone para ellos la atención y el cuidado de estas piscinas, especialmente durante la época de otoño e invierno, cuando las mareas embisten con más fuerza en la zona.
Díaz está convencido de que, sólo por este motivo económico, “coger la concesión administrativa de estas piscinas no le interesa a nadie”. Además, añadió, “el Ayuntamiento ha hecho un informe sobre el buen estado en el que las tenemos”.
http://www.diariodeavisos.com/2011/10/11/actualidad/costas-dice-que-dos-piscinas-del-club-bajamar-%E2%80%9Cdeben-ser-de-uso-publico%E2%80%9D




La verdad, es que mi capacidad para el asombro, en cuestiones de Costas, disminuye proporcionalmente a el conocimiento que voy adquiriendo sobre sus actuaciones y explicaciones, amen de bastantes supuestas ilegalidades.

En primer lugar, si es dominio público, sin concesión, NO SE PUEDE COBRAR UNA TARIFA PARA ENTRAR Primero, porque estan cerrando el acceso público al mar. ES ILEGAL, con el permiso de costas.

En segundo lugar, se ha dado una concesión a una entidad, un club nautico, sin puerto, sin barcos, sólo han disfrutado del litoral, y construido unas piscinas con los permisos de AQUELLOS QUE DEFIENDEN EL MEDIO AMBIENTE, EL ACCESO PUBLICO A LA COSTA, EL TENER UNA COSTA PARA EL DISFRUTE DE TODOS . IRONIA? CINISMO DE QUIENES MANEJAN LA LEY? O SIMPLEMENTE ES UTILIZAR LA NORMA PARA FAVORECER A UNOS POCOS

viernes, 7 de octubre de 2011

Tres años



Hoy en Cho Vito, amanece de distinta manera; el sol y el mar es el mismo, pero con el alba, se percibe la ausencia. La falta física de viviendas, que compactaba este núcleo costero, dotándolo de belleza, de armonía paisajística, de esa peculiaridad pintoresca, que sólo tienen los pequeños pueblos del litoral de Canarias.
La luz de este amanecer, proyecta diferentes recuerdos entre los hoy, solares, que fueron antiguas viviendas, y entre las piedras y escombros, y regados por la memoria de los moradores, florecen imágenes de antiguas costumbres; de integración con el paisaje costero, sin dañarlo, mimándolo; de la tradición, reflejada en la mirada triste de la imagen de la Virgen del Carmen, que aún mora en su pequeña oquedad;
florece el sentimiento de unidad ante la adversidad, de compartir el sufrimiento, para hacer esta lucha desigual, más soportable. Hoy hace tres años. Tres años de destrucción; de esa destrucción silenciosa, que lo asola todo a su paso, pero que sólo derriba lo físico. El alma de este pueblo, de sus vecinos, sigue intacto; y seguirá así, grabada en la historia del municipio de Candelaria, de Tenerife, y de Canarias, para vergüenza de muchos.
Y todo motivado por la aplicación de la Ley de Costas; una ley, que desde su tramitación, en el año 1988, ha sido muy polémica; más de 600 enmiendas al articulado y siete a la totalidad; que durante el debate de la misma, en el Congreso, se la denominó una ley “bolchevique”; y su fin, según el ministro del momento, Javier Sáenz de Cosculluela, era proteger el 40% de las costa, que en aquel momento estaba virgen; una norma, que durante los 23 años de vigor de la misma, no ha cumplido sus objetivos; hoy en día, la costa esta en peor estado, de lo que estaba hace dos décadas; se han permitido urbanizaciones, puertos deportivos , hoteles, y hasta alguna casa de ministro, duquesa actor, arquitecto, periodista o simplemente afín al actual gobierno y por supuesto no ha protegido ni el 10% de la costa; eso sí, han desaparecido pueblos enteros que llevaban más de medio siglo de antigüedad, anteriores a cualquier ley de costas, con títulos de propiedad y derechos adquiridos. Ya lo vaticinaba Juan Ramón Calero, diputado de entonces: “ustedes podrán vencer en el debate de esta ley, pero ustedes no podrán convencer, porque les falta, la razón del derecho y el sentido de la justicia”.
Cho Vito, fue castigado con una aplicación brutal de la ley de Costas; fue una lección que quiso dar el Estado a todos los afectados de esta inútil norma en todo el litoral español. Fue un aviso a cada una de las más de cuatrocientas mil familias afectadas en España.
Pero cuando se usa el poder en contra de los ciudadanos, el asunto normalmente acaba mal, y como resultado tuvimos, una desproporcionada y desafortunada acción por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, (que simplemente cumplían ordenes), un alcalde que permitió la acción, y que según iban pasando las horas, se escondía en su despacho, no atendía al teléfono, y decía que “era el peor día de su mandato”. Peor, mucho peor, lo pasaron los vecinos, señor alcalde, y usted, escondido y descompuesto. Y por supuesto, todo un conjunto de políticos canarios, que, mientras los vecinos, clamaban una llamada por parte de alguno de ellos, simplemente, desconectaron el teléfono, se escondieron y abandonaron a un buen número de ciudadanos canarios. Fue lamentable, ver a un gobierno autónomo, no pedir explicaciones al respecto. La ley es una, las aplicaciones de la misma, muchas, y de diversas formas
Días después, llegaron las explicaciones; vamos, si se puede llamar así al sinfín de mamarrachadas, sandeces y estupideces que difundió la administración del estado para “intentar” justificar la acción llevada a cabo; para muestra un botón:”…Se han encontrado cócteles molotov y artefactos incendiarios en las inmediaciones de Cho Vito…..tenemos plenamente identificado…. Debido al gran despliegue no se produjeron más males...” En fin, reitero lo escrito, sandeces y estupideces. Actualmente, no se ha inculpado a nadie, no se ha arrestado a ningún vecino, y por supuesto no hay causas judiciales “criminales” abiertas contra ningún vecino. La administración local, apoya esta teoría cocteliana, y solicita más información al respecto, que nunca llega. Actualmente, existen comparecencias pendientes en el senado, de la ministra de medio ambiente, en aquel momento, Elena Espinosa. Ya podemos seguir esperando…Parece que del puño con la rosa, en Cho Vito, sólo llegó el puño; la rosa, se marchitó por la falta de sensatez y de valentía.
En Canarias, permitimos la desaparición de núcleos costeros, y construimos hoteles y playas artificiales. El resultado, cientos de complejos turísticos, con playas artificiales exclusivas, construidos, recreando la arquitectura canaria, sin darse cuenta que lo que hacen, con esa arquitectura, es un simple decorado, cartón piedra, pues la autentica arquitectura tradicional costera, ya existe y permiten que se destruya. Se permiten aberraciones urbanísticas en la costa, con rellenos al mar, desmontando acantilados, y los únicos que incumplen la ley son los pueblos como Cho Vito, Tufia, Bajo la Cuesta, el Caletón, o el litoral de Anaga o Agache. Esa premisa de la dirección General de Costas, “recuperar lo que es de todos, para el disfrute de todos”, con las urbanizaciones que impiden el acceso al mar, los puertos deportivos, y demás, se queda como un simple deseo, incumplido por quienes tienen que proteger la costa, o sea, por ellos mismos... Esa es la ley, mientras en un hotel del sur, se celebra una boda privada, cerrando los accesos a la costa un fin de semana, se condena a un ayuntamiento,( de distinto color político al del gobierno central) a pagar una multa de varios miles de euros, por una hoguera, la noche de San Juan.; derriban Cho Vito, y el Hotel Papagayo Arena en Lanzarote, con sentencia firme de demolición, mucho antes que Cho Vito, es salvado del derribo, por la mismísima ministra, en un claro ejemplo, de que la justicia es política, y la política, ¿Qué será?
Tres años después, Cho Vito ha pasado por las manos de tres ministras, otros tantos directores generales, y un sólo jefe de demarcación. Han pasado por lo que queda del pueblo, periodistas, nacionales y extranjeros, concejales, consejeros, asesores, historiadores, y cientos, miles, de personas anónimas, que se han acercado a dar su apoyo a los vecinos, a charlar con ellos; y un solo alcalde, que la última vez que se le vio por la zona, comía paella, y bebía vino, en compañía de los vecinos; ironía y cinismo, de aquel que vendió, y abandono a los vecinos.
Cho Vito, no es el lugar pintoresco que era hace tres años. Ni por asomo, se percibe la armonía estética del lugar. Pero se ha convertido, casi sin quererlo, en un referente en la lucha contra la aplicación de la Ley de Costas, a nivel nacional e internacional. Día tras día, se reciben mensajes de ánimo de todas las partes del mundo, y desde Bruselas, se tramita una visita de varios Eurodiputados a la zona, para vivir el día a día de los vecinos; de cómo se accede a sus casas, como tienen que convivir con las obras eternas, del polvo y cortes de agua, pero sobre todo, de cómo se utilizaron fondos europeos para violar derechos fundamentales, como es el derecho a la propiedad de las personas. Europa, no puede se puede permitir “que una ardilla este más protegida, que los derechos de las personas” comentaba el eurodiputado alemán Jarr, cuando le enseñamos las fotografías, planos, escrituras de este núcleo costero.
Y mientras, los vecinos que aun residen en Cho Vito, y los que fueron desalojados, muchos sin hogar ninguno, sin poder recuperar todos sus muebles y enseres, seguimos luchando, como lo haría cualquier canario, cualquier español, en nuestra misma situación, sin que tan siquiera se nos escuche, (por parte de la Dirección General de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, o simplemente por alguno de esa multitud de cargos políticos, puerilmente sectarios de esta ley) tras varios años; seguimos aferrándonos a nuestra razón, a nuestras escrituras legales, al pago de impuestos, tres años después de haber perdido la vivienda;
seguimos luchando, pues sólo existía un motivo para derribar Cho Vito: la aplicación caprichosa, retroactiva y confiscatoria de la ley de Costas; y sin embargo existían 31 razones para mantenerlo en pie: la violación de los derechos fundamentales de las 31 familias que residían en Cho Vito, el dejar sin vivienda alguna a varios vecinos, el no tener solución posible sobre el resto de las viviendas, el borrar del litoral, una forma de vida tradicional de los canarios.

jueves, 6 de octubre de 2011

YA LO RECONOCEN ABIERTAMENTE; LA LEY DE COSTAS ES INJUSTA

Lo que todos los afectados por la ley de Costas en España y en Europa sabemos, hoy ha sido reconocido por la Oficina del Defensor del Pueblo Español, en Europa, y ante todos los europarlamentarios. El marco, el seminario sobre los derechos humanos en Europa, donde la ley de costas española, fue el tema estrella.

"LA LEY ES LEGAL, PERO ES INJUSTA PARA LOS CIUDADANOS"

miércoles, 5 de octubre de 2011

¿QUE DIFERENCIA EXISTE?







La actual ley de Costas Española, esta siendo una verdadera pesadilla para los más de un millón y medio de afectados que existen en España. Afecta a ciudadanos de todas las nacionalidades. Pero desde el Gobierno de España, se siguen permitiendo verdaderas atrocidades, y se vulnera y se viola reiteradamente el derecho a la propiedad privada, recogido en la Carta Europea de los Derechos Humanos, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.



Dicho esto, en esta imagén ¡VES ALGUNA DIFERENCIA?


martes, 4 de octubre de 2011

Los vecinos recurren el decreto de desalojo y el deslinde de Costas



Finales de septiembre era la fecha fijada por Costas para establecer medidas para las obras en la ladera en la que se produjo el desprendimiento que originó el desalojo de 40 viviendas. La ausencia de respuesta y las evasivas de la Dirección General obligan a los vecinos a recurrir a la vía de los tribunales.
El barrio de Santa Lucía, en el litoral de Agache, ha decidido esta semana pasada tomar la senda de la ofensiva en varios aspectos que mantienen a este enclave paralizado. Por una parte, se ha adoptado la decisión de recurrir en los tribunales el decreto del alcalde, Rafael Yanes, por el que se determinó el desalojo de más de 40 casas tras el desprendimiento ocasionado el pasado mes de junio. Por otra parte, también se ha decidido acudir a los tribunales para recurrir el deslinde establecido por la Dirección General Costas para esa franja del litoral.
Ambas acciones fueron acordadas en una asamblea promovida por la asociación de vecinos, toda vez que a finales de septiembre "no se han obtenido respuestas desde Costas a las autorizaciones para realizar las obras que afiancen la zona de la cueva, donde cayeron las piedras sobre las viviendas
".
José Antonio Herrera, presidente del colectivo vecinal, explicó que "ante la falta de soluciones y novedades" sobre la realidad que vive este barrio del litoral de Agache, "hemos adoptado la decisión de recurrir el decreto por la vía contencioso-administrativo del primer mandatario municipal, ya que no se ha decidido ninguna actuación por parte de la corporación que preside".
Además, Herrera añade que también se ha recurrido este acto "por los defectos de forma que presenta y por el procedimiento empleado en las notificaciones de dicha decisión a los propios afectados".
En cuanto a la situación del conflicto abierto con Costas por el deslinde del espacio marítimo-terrestre, los habitantes de Santa Lucía acudirán a los tribunales para que la Dirección General "revise la línea de demarcación", pues asegura que "en el barrio estamos como si aquí no ha pasado nada, a pesar de que recientemente se mantuvo un encuentro en Madrid".
Nuevas competencias
En este sentido, Herrera añadió que en los últimos días, con ocasión de la finalización del plazo dado por Costas para adoptar una decisión sobre las obras a acometer, en función de un estudio geotécnico de la zona, y los permisos pertinentes para su desarrollo, "es lo que nos han hecho dar los primeros pasos, ya que a nosotros se nos ha respondido con largas, evasivas y evitando que los responsables de la Dirección General atiendan nuestras llamadas".
Así, el dirigente vecinal de la localidad costera de Agache señaló que "también hemos tomado la postura de acudir a los tribunales para frenar cualquier medida que se quiera adoptar por parte de Costas, una vez que el Parlamento de Canarias aprobó recientemente una Proposición no de Ley para reclamar las competencias en materia de Costas para el Archipiélago".
Los 705 metros de la franja costera de Santa Lucía, comprendida entre el barranco de Abajo y Punta del Jurado, es la que forma parte desde el año 2007 del proceso de recuperación del espacio público marítimo-terrestre que afecta a 40 propiedades.
http://www.eldia.es/2011-10-04/sur/3-vecinos-recurren-decreto-desalojo-deslinde-Costas.htm