La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha admitido a trámite el informe en el que se recogen las demandas y exigencias que afectan a la provincia para justificar una modificación de la actual Ley de Costas. Un documento que los diputados provinciales Vicent Sales y Mario García entregaron el pasado 1 de diciembre en el Parlamento Europeo junto a las más de 15.000 firmas recogidas por la Plataforma en Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense. Ahora, la demanda será transmitida al Grupo de Trabajo sobre el derecho de propiedad en España y la Ley de Costas.
El escrito remitido por la presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni, señala que “la Comisión ha admitido a tramite su petición, de conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, por tratarse de un asunto que incide en el ámbito de actividades de la Unión Europea, y será estudiada en el seno del Grupo de Trabajo sobre el derecho de propiedad en España y la Ley de Costas en respuesta al gran número de peticiones y firmas recibidas en nuestro organismo”.
Desde la Diputación se urgió al Parlamento Europeo a que inste al Gobierno de España a modificar la Ley de Costas, de manera que se defiendan los legítimos intereses de los dueños de las casi 600 propiedades amenazadas en la provincia.
El diputado de Promoción Económica y Relaciones Internacionales, Vicent Sales, ha mostrado su satisfacción por la admisión del escrito “ya que demuestra lo legítimo de nuestras reivindicaciones, admitidas desde Europa y ninguneadas durante años por el gobierno socialista de España. Quiero agradecer la comprensión y el respaldo de la Unión Europea a nuestro informe, que ahora se sitúa en una nueva dimensión para su análisis y debate. Es un enorme respaldo a nuestra gestión”.
Sales ha añadido que “nuestro verdadero objetivo no es otro que el de salvar las viviendas pendientes de los derribos contemplados por la Dirección General de Costas. Decisiones como la de hoy devuelven su verdadera dimensión al papel que tiene la diputación provincial, justo cuando desde algunas instancias se plantea su disolución. Ningún ayuntamiento hubiese podido llegar tan lejos en sus reivindicaciones sin el respaldo institucional y la unión de todas las fuerzas”.
Por su parte el diputado de Desarrollo Sostenible, Mario García, ha destacado que “estamos ilusionados y esperanzados que ahora se escuchen las demandas de los vecinos y ayuntamientos. Queremos una modificación de la ley inmediata, pero lo más importante es que se nos ha dado la razón a lo que veníamos demandando durante años aquí y en Europa. No estábamos locos, defender nuestro territorio no solo era justo sino que además se ajustaba a derecho”.
La solicitud defiende la legitimidad de las viviendas que se construyeron con anterioridad a la ley de Costas y que en la actualidad se encuentran en dominio público marítimo-terrestre o en zona de servidumbre de tránsito o de protección. Para argumentar esta legitimidad, el informe que acompaña a las firmas apela a principios fundamentales recogidos en el Tratado de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE o la Constitución Española, por lo que respecta principalmente al derecho a la propiedad privada.
La Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense se creó el pasado en diciembre de 2010 a petición de los alcaldes, que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada ante la Administración central y reclamar el respaldo de las Instituciones Europeas.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/168795_union-europea-admite-tramite-informe-diputacion-avala-apuesta-defensa-litoral-castellonense.html
UN EJEMPLO A SEGUIR, REUNIR A TODOS LOS ALCALDES DE LOS AYUNTAMIENTOS CON VIVIENDAS AFECTADAS Y PRESENTAR UNA PETICION AL PARLAMENTO EUROPEO.
COMO SE ACTUARÍA SI TODOS, TODOS LOS AYUNTAMIENTOS REALIZARIAN ACCIONES SIMILARES
Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
lunes, 16 de abril de 2012
sábado, 14 de abril de 2012
El Supremo rechaza el recurso y pone la puntilla a las casetas que serán demolidas en breve

• El subdelegado del Gobierno se reunió con los vecinos afectados
El Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por los vecinos de las casetas del litoral de Fuencaliente que todavía continuaban en la lucha por defender la conservación de estas edificaciones afectadas por la Ley de Costas, por lo que terminan los instrumentos legales de defensa y obligan así a su demolición, que se estima que tenga lugar en un periodo de dos meses.
El subdelegado del Gobierno, Guillerno Díaz Guerra, se reunió esta mañana con un grupo de vecinos de Fuencaliente afectados que mostraron interés tanto por el proceso, que arranca desde el año 2005, como por la evolución futura de la zona. Miguel Ángel Morcuende, director insular de la Administración del Estado, y María de Haro, senadora por La Palma, le acompañaron.
Una situación que, como dejó claro Díaz Guerra, "nos hemos encontrado", dado que venía del Gobierno anterior. En este sentido repasó el proceso que se inició en el año 2005 con el deslinde del dominio público marítimo terrestre que localiza en este espacio una serie de casetas en las playas del Faro, Punta Larga y La Zamora, sobre las que la Administración de Costas abrió expediente.
Contra ese expediente, un importante grupo de vecinos interpuso un recurso de alzada, mientras que otros acataron la orden de demolición. Rechazado, acudieron a la vía del contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que desestimó el recurso en 2008. Y, como úlima esperanza , apelaron al Supremo que comunicó el pasado mes de marzo el recurso de casación.
http://www.elapuron.com/noticias/municipios/6887/el-supremo-rechaza-el-recurso-y-pone-la-puntilla-a-las-casetas-que-sern-demolidas-en-breve/
El Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por los vecinos de las casetas del litoral de Fuencaliente que todavía continuaban en la lucha por defender la conservación de estas edificaciones afectadas por la Ley de Costas, por lo que terminan los instrumentos legales de defensa y obligan así a su demolición, que se estima que tenga lugar en un periodo de dos meses.
El subdelegado del Gobierno, Guillerno Díaz Guerra, se reunió esta mañana con un grupo de vecinos de Fuencaliente afectados que mostraron interés tanto por el proceso, que arranca desde el año 2005, como por la evolución futura de la zona. Miguel Ángel Morcuende, director insular de la Administración del Estado, y María de Haro, senadora por La Palma, le acompañaron.
Una situación que, como dejó claro Díaz Guerra, "nos hemos encontrado", dado que venía del Gobierno anterior. En este sentido repasó el proceso que se inició en el año 2005 con el deslinde del dominio público marítimo terrestre que localiza en este espacio una serie de casetas en las playas del Faro, Punta Larga y La Zamora, sobre las que la Administración de Costas abrió expediente.
Contra ese expediente, un importante grupo de vecinos interpuso un recurso de alzada, mientras que otros acataron la orden de demolición. Rechazado, acudieron a la vía del contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que desestimó el recurso en 2008. Y, como úlima esperanza , apelaron al Supremo que comunicó el pasado mes de marzo el recurso de casación.
http://www.elapuron.com/noticias/municipios/6887/el-supremo-rechaza-el-recurso-y-pone-la-puntilla-a-las-casetas-que-sern-demolidas-en-breve/
viernes, 13 de abril de 2012
El Subdelegado del Gobierno se reúne este viernes en La Palma con los vecinos de los asentamientos marineros afectados por la Ley de Costas

El Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, se reunirá mañana viernes, 13 de abril, con los representantes vecinales de los asentamientos marineros del municipio de Fuencaliente, en La Palma, que se encuentran afectados por la Ley de Costas.
El objetivo de la reunión, en la que también participarán el Director Insular de la Administración General del Estado en La Palma, Miguel Ángel Morcuende, y la senadora María de Haro, es conocer de primera mano la situación de los vecinos y establecer nuevas vías de diálogo ante los expedientes de derribo que pesan sobre estas viviendas.
http://www.canariasactual.com/2012/04/12/el-subdelegado-del-gobierno-se-reune-este-viernes-en-la-palma-con-los-vecinos-de-los-asentamientos-marineros-afectados-por-la-ley-de-costas/
El objetivo de la reunión, en la que también participarán el Director Insular de la Administración General del Estado en La Palma, Miguel Ángel Morcuende, y la senadora María de Haro, es conocer de primera mano la situación de los vecinos y establecer nuevas vías de diálogo ante los expedientes de derribo que pesan sobre estas viviendas.
http://www.canariasactual.com/2012/04/12/el-subdelegado-del-gobierno-se-reune-este-viernes-en-la-palma-con-los-vecinos-de-los-asentamientos-marineros-afectados-por-la-ley-de-costas/
jueves, 12 de abril de 2012
Costas multa a vecinos por adecentar las casetas del litoral con expedientes de derribo en marcha

La Dirección General de Costas ha multado a vecinos de Fuencaliente por adecentar las casetas del litoral con expedientes de derribo en marcha, y cuyos inquilinos siguen además pagando agua y luz. El importe de las sanciones ha oscilado entre los 400 y los 600 euros, unas cantidades que los afectados han preferido pagar antes que dejar que la casetas se caigan porque siguen luchando para evitar la demolición de estas edificaciones que dicen que forman parte de las tradiciones y de la cultura de este municipio.
Nieves Mari, una de las afectadas, miembro de la plataforma que se constituyó cuando se iniciaron los primeros derribos hace ya algunos años y ahora concejal en el consistorio fuencalentero, explicó que el pago de estas multas, (ella ha pagado dos por pintar y hacer arreglos básicos,) se suma al gasto en un abogado que han tenido que desembolsar para recurrir la decisión de Costas alegando que los asentamientos costeros eran anteriores a la Ley de Costas y pidiendo que no tuviera carácter retroactivo porque estas viviendas eran el medio de vida de muchas personas, un punto de ocio saludable, aparte de una tradición y un legado. "Nosotros hemos llegado legalmente hasta donde podíamos y ahora toca esperar a ver qué dice el juez. De momento no nos ha llegado ninguna notificación por escrito de que los derribos vayan a continuar", afirmó.
Costas demolió alrededor de trece casetas entre la playa de El Faro, Puntalarga y La Zamora, pero la mayoría de las edificaciones siguen aún en pie en estas zonas por la lucha de los vecinos que impidieron en su momento el resto de los derribos, una lucha que ha llegado hasta los tribunales para evitar que sigan adelante.
Además de las multas, llama también la atención que, pese a las expedientes de derribo, los vecinos sigan pagando la luz y el agua para seguir disfrutando mientras puedan de estas casetas que forman parte, reiteró Nieves Mari, de su vida aunque "Costas pretenda con las multas que no se arreglen para que se caigan solas".
Por último, criticó el abuso de poder y la arbitrariedad de la Dirección General no sólo con Fuencaliente, sino también con otras zonas costeras de Canarias como el Chovito y dijo sentir pena por las casetas que ya no están en pie por culpa de una ley "arbitraria e injusta".
http://www.elapuron.com/noticias/municipios/6868/costas-multa-a-vecinos-por-adecentar-las-casetas-del-litoral-con-expedientes-de-derribo-en-marcha/
Nieves Mari, una de las afectadas, miembro de la plataforma que se constituyó cuando se iniciaron los primeros derribos hace ya algunos años y ahora concejal en el consistorio fuencalentero, explicó que el pago de estas multas, (ella ha pagado dos por pintar y hacer arreglos básicos,) se suma al gasto en un abogado que han tenido que desembolsar para recurrir la decisión de Costas alegando que los asentamientos costeros eran anteriores a la Ley de Costas y pidiendo que no tuviera carácter retroactivo porque estas viviendas eran el medio de vida de muchas personas, un punto de ocio saludable, aparte de una tradición y un legado. "Nosotros hemos llegado legalmente hasta donde podíamos y ahora toca esperar a ver qué dice el juez. De momento no nos ha llegado ninguna notificación por escrito de que los derribos vayan a continuar", afirmó.
Costas demolió alrededor de trece casetas entre la playa de El Faro, Puntalarga y La Zamora, pero la mayoría de las edificaciones siguen aún en pie en estas zonas por la lucha de los vecinos que impidieron en su momento el resto de los derribos, una lucha que ha llegado hasta los tribunales para evitar que sigan adelante.
Además de las multas, llama también la atención que, pese a las expedientes de derribo, los vecinos sigan pagando la luz y el agua para seguir disfrutando mientras puedan de estas casetas que forman parte, reiteró Nieves Mari, de su vida aunque "Costas pretenda con las multas que no se arreglen para que se caigan solas".
Por último, criticó el abuso de poder y la arbitrariedad de la Dirección General no sólo con Fuencaliente, sino también con otras zonas costeras de Canarias como el Chovito y dijo sentir pena por las casetas que ya no están en pie por culpa de una ley "arbitraria e injusta".
http://www.elapuron.com/noticias/municipios/6868/costas-multa-a-vecinos-por-adecentar-las-casetas-del-litoral-con-expedientes-de-derribo-en-marcha/
martes, 10 de abril de 2012
Costas desbloqueará en Fuerteventura proyectos como la Playa del Castillo, los poblados marineros o el hotel Oliva Beach
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar se ha comprometido este martes ante el senador por Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, la diputada nacional, Celia Alberto, la diputada regional Águeda Montenlongo, y la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, a desbloquear diferentes proyectos en la isla.
Según informa el PP insular en un comunicado, el objetivo de la reunión fue el de tratar tres temas de vital importancia para Fuerteventura: La Regeneración de la Playa del Castillo, la situación de los poblados marineros afectados por la Ley de Costas y el Hotel Oliva Beach.
De esta manera, el primero de estos proyectos supone la actuación en uno de los principales núcleos turísticos de la isla, ubicado en el municipio de Antigua.
Desde el año 2007, los empresarios y la corporación han intentado llevar a cabo unas obras de regeneración de la principal playa de Caleta de Fuste por la que cada año pasan miles de turistas.
A pesar de que ya existe suelo disponible y se han resuelto los problemas urbanísticos que afectaban a los trabajos, el pasado año, Costas anunció que no existía ficha financiera para la ejecución de la obra.
En este sentido, la Dirección General se ha comprometido a estudiar la posibilidad de abrir ficha presupuestaria para este proyecto e intentar buscar fórmulas mixtas de financiación, con la colaboración de empresarios y administraciones, para la ejecución de la Regeneración de la Playa del Castillo. Un proyecto que se desarrollaría en dos fases: por un lado, la construcción del paseo marítimo y por otro, la regeneración de la playa, dando prioridad a esta última "porque de la playa depende el sector turístico de Antigua".
PUEBLOS MARINEROS Y HOTEL OLIVA BEACH
Por su parte, los cargos populares también han trasladado al director General de Costas, la preocupación de los pueblos marineros de la isla afectados por la Ley de Costas.
Aquí, el Ministerio se ha comprometido desde el comienzo de esta legislatura a modificar esta norma con el objetivo de "hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas que no perjudiquen al medio ambiente, así como proporcionar la seguridad jurídica imprescindible a todos los ciudadanos y agentes afectados y garantizar para el futuro un marco jurídico claro en el que desenvolverse".
El nuevo texto permitirá a los propietarios de Jacomar, Puerto Lajas, el Puertito, Los Molinos o Majanicho, presentar la acreditación de propiedad anterior a la ley del 88 que les puedan permitir una prórroga para mantener estas poblaciones que "tienen un gran interés cultural, histórico y patrimonial para la isla de Fuerteventura y que son testigos mudos de la historia de los majoreros", aseguró Águeda Montelongo.
Finalmente, después de la última reunión con los integrantes de la Plataforma que pretende salvar este conocido hotel del municipio de La Oliva, los populares adquirieron un compromiso firme de trasladar al Gobierno la preocupación de las más de 400 familias que hoy viven de este establecimiento turístico, que mantiene su concesión hasta el próximo año 2017.
Con casi 2.000 camas, una media de ocupación del 80% y unas 600.000 estancias cada año este hotel es un pilar fundamental para el turismo del municipio y por ello, Costas se ha comprometido a estudiar jurídicamente la tramitación de este expediente con el objetivo de evitar su cierre dentro de 5 años
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-costas-desbloqueara-fuerteventura-proyectos-playa-castillo-poblados-marineros-hotel-oliva-beach-20120410163528.html
Según informa el PP insular en un comunicado, el objetivo de la reunión fue el de tratar tres temas de vital importancia para Fuerteventura: La Regeneración de la Playa del Castillo, la situación de los poblados marineros afectados por la Ley de Costas y el Hotel Oliva Beach.
De esta manera, el primero de estos proyectos supone la actuación en uno de los principales núcleos turísticos de la isla, ubicado en el municipio de Antigua.
Desde el año 2007, los empresarios y la corporación han intentado llevar a cabo unas obras de regeneración de la principal playa de Caleta de Fuste por la que cada año pasan miles de turistas.
A pesar de que ya existe suelo disponible y se han resuelto los problemas urbanísticos que afectaban a los trabajos, el pasado año, Costas anunció que no existía ficha financiera para la ejecución de la obra.
En este sentido, la Dirección General se ha comprometido a estudiar la posibilidad de abrir ficha presupuestaria para este proyecto e intentar buscar fórmulas mixtas de financiación, con la colaboración de empresarios y administraciones, para la ejecución de la Regeneración de la Playa del Castillo. Un proyecto que se desarrollaría en dos fases: por un lado, la construcción del paseo marítimo y por otro, la regeneración de la playa, dando prioridad a esta última "porque de la playa depende el sector turístico de Antigua".
PUEBLOS MARINEROS Y HOTEL OLIVA BEACH
Por su parte, los cargos populares también han trasladado al director General de Costas, la preocupación de los pueblos marineros de la isla afectados por la Ley de Costas.
Aquí, el Ministerio se ha comprometido desde el comienzo de esta legislatura a modificar esta norma con el objetivo de "hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas que no perjudiquen al medio ambiente, así como proporcionar la seguridad jurídica imprescindible a todos los ciudadanos y agentes afectados y garantizar para el futuro un marco jurídico claro en el que desenvolverse".
El nuevo texto permitirá a los propietarios de Jacomar, Puerto Lajas, el Puertito, Los Molinos o Majanicho, presentar la acreditación de propiedad anterior a la ley del 88 que les puedan permitir una prórroga para mantener estas poblaciones que "tienen un gran interés cultural, histórico y patrimonial para la isla de Fuerteventura y que son testigos mudos de la historia de los majoreros", aseguró Águeda Montelongo.
Finalmente, después de la última reunión con los integrantes de la Plataforma que pretende salvar este conocido hotel del municipio de La Oliva, los populares adquirieron un compromiso firme de trasladar al Gobierno la preocupación de las más de 400 familias que hoy viven de este establecimiento turístico, que mantiene su concesión hasta el próximo año 2017.
Con casi 2.000 camas, una media de ocupación del 80% y unas 600.000 estancias cada año este hotel es un pilar fundamental para el turismo del municipio y por ello, Costas se ha comprometido a estudiar jurídicamente la tramitación de este expediente con el objetivo de evitar su cierre dentro de 5 años
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-costas-desbloqueara-fuerteventura-proyectos-playa-castillo-poblados-marineros-hotel-oliva-beach-20120410163528.html
martes, 3 de abril de 2012
El Supremo tumba la declaración de núcleo urbano de La Santa aprobada para 'esquivar' el deslinde de Costas

El Tribunal Supremo ha fallado en contra de los intereses de los vecinos del pueblo de La Santa al considerar ilegal la declaración de núcleo urbano que certificó el Gobierno de Canarias en febrero de 2007 para que el deslinde de la Dirección General de Costas tuviese una zona de servidumbre de protección de 20 metros y no de 100.
El Ejecutivo autonómico, a través de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) emitió un certificado en el que consideraba que La Santa era un núcleo urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 al haberse consolidado la edificación en más de las dos terceras partes del pueblo.
Sin embargo, el Gobierno central recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que suspendió los efectos de la declaración como zona urbana de La Santa y, finalmente, en septiembre de 2009, declaró a través de una sentencia la nulidad de la resolución de la Cotmac.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que ha hecho firme ahora el Supremo, echa por tierra la tesis de que La Santa se había consolidado como espacio urbano antes de 1988. De hecho, carecía de de red de alcantarillado, uno de los servicios públicos esenciales, junto al acceso rodado, el abastecimiento de agua o el alumbrado.
Con respecto a la consolidación del núcleo, el TSJC sólo dio por “seguro” que “existían 72 edificaciones anteriores al año 88” , pero deja claro que no se ha acreditado que ocupasen las dos terceras partes del suelo apto para urbanizar en La Santa.
“La mera declaración” efectuada por el Gobierno de Canarias, “si no viene respaldada y justificada, es insuficiente para asignar la anchura reducida” de 20 metros “a la servidumbre de protección”, señala el Supremo, al tiempo que añade que la declaración del Ejecutivo autonómico “no vincula” a Costas a la ahora de “aprobar el deslinde” ni “desde luego” al tribunal que “con posterioridad lo enjuicie”.
Por ello, tanto el TSJC como el Supremo consideran que, a efectos de la Ley de Costas, no era suelo urbano en 1988 y, por tanto, la servidumbre de protección debe fijarse en 100 metros desde el deslinde del dominio público y no en 20 metros como le hubiese correspondido si se tratase de un núcleo consolidado.
En la misma sentencia, el Supremo resta valor al pronunciamiento de la Audiencia Nacional, de marzo de 2008, que anuló el deslinde de La Santa. El Tribunal Supremo que tiene mayor validez el criterio del Tribunal Superior de Justicia en el sentido de que “el núcleo de La Santa carecía en forma evidente de los requisitos necesarios para ser considerado como núcleo urbano”.
http://www.diariodelanzarote.com/2012/04/03/lanzarote07.htm
El Ejecutivo autonómico, a través de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) emitió un certificado en el que consideraba que La Santa era un núcleo urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 al haberse consolidado la edificación en más de las dos terceras partes del pueblo.
Sin embargo, el Gobierno central recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que suspendió los efectos de la declaración como zona urbana de La Santa y, finalmente, en septiembre de 2009, declaró a través de una sentencia la nulidad de la resolución de la Cotmac.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que ha hecho firme ahora el Supremo, echa por tierra la tesis de que La Santa se había consolidado como espacio urbano antes de 1988. De hecho, carecía de de red de alcantarillado, uno de los servicios públicos esenciales, junto al acceso rodado, el abastecimiento de agua o el alumbrado.
Con respecto a la consolidación del núcleo, el TSJC sólo dio por “seguro” que “existían 72 edificaciones anteriores al año 88” , pero deja claro que no se ha acreditado que ocupasen las dos terceras partes del suelo apto para urbanizar en La Santa.
“La mera declaración” efectuada por el Gobierno de Canarias, “si no viene respaldada y justificada, es insuficiente para asignar la anchura reducida” de 20 metros “a la servidumbre de protección”, señala el Supremo, al tiempo que añade que la declaración del Ejecutivo autonómico “no vincula” a Costas a la ahora de “aprobar el deslinde” ni “desde luego” al tribunal que “con posterioridad lo enjuicie”.
Por ello, tanto el TSJC como el Supremo consideran que, a efectos de la Ley de Costas, no era suelo urbano en 1988 y, por tanto, la servidumbre de protección debe fijarse en 100 metros desde el deslinde del dominio público y no en 20 metros como le hubiese correspondido si se tratase de un núcleo consolidado.
En la misma sentencia, el Supremo resta valor al pronunciamiento de la Audiencia Nacional, de marzo de 2008, que anuló el deslinde de La Santa. El Tribunal Supremo que tiene mayor validez el criterio del Tribunal Superior de Justicia en el sentido de que “el núcleo de La Santa carecía en forma evidente de los requisitos necesarios para ser considerado como núcleo urbano”.
http://www.diariodelanzarote.com/2012/04/03/lanzarote07.htm
jueves, 29 de marzo de 2012
El PP tacha de 'desfachatez' que Narbona y la Junta insistan en que el Gobierno es el que debe demoler El Algarrobico

Precisamente, la exministra socialista, que firmó en 2005 la orden ministerial que aplicó el deslinde de 100 metros en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería)
La portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, María Teresa de Lara, ha culpado a las administraciones del PSOE del conflicto con con el hotel El Algarrobico (Almería), tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que la construcción contraviene la Ley de Costas, y con ello tacha de "desfachatez" que tanto la exministra de Medio Ambiente del PSOE, Cristina Narbona y el consejero del ramo de la Junta de Andalucía, insistan en que es el Gobierno central el que debe demoler el edificio.
Precisamente, la exministra socialista, que firmó en 2005 la orden ministerial que aplicó el deslinde de 100 metros en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), y el consejero andaluz del ramo, coincidieron este miércoles en pedir al actual titular de la cartera de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que "no eluda sus responsabilidades" y derribe así el hotel de Azata del Sol, tras la sentencia del TS.
En declaraciones a Europa Press, María Teresa de Lara se sorprende de que "personas tan preparadas como Narbona o el consejero andaluz" insisten en que es el ministerio el que debe pagar el derribo, según un documento que firmaron cinco días antes de las elecciones.
"Es un texto hueco, sin cuantificación económica, y en el reparto competencial corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía las competencias en la zona de servidumbre de protección, de acuerdo con su estatuto de autonomía y la jurisprudencia del TS", ha agregado.
Así, detalla que el documento que el pasado 15 de noviembre, cinco días antes de las elecciones generales, firmaron la Junta y el Gobierno socialista se estableció que el Ministerio de Medio Ambiente se comprometía a abordar la financiación de la demolición del edificio y la Junta, al desescombro y gestión de residuos, pero sin dotación presupuestaria. "Creemos que es hueco, una declaración de intenciones y un brindis al sol sin validez alguna", ha matizado.
Además, ha culpado a las administraciones socialistas de la situación en la que se encuentra la demolición de El Algarrobico, ya que, en su opinión, en el transcurso de estos años la Junta de Andalucía, junto con el PSOE, el ayuntamiento socialista de Carboneras, y la ministra Narbona "permitieron que se levantaran el hotel".
Finalmente, insiste en que el Grupo Parlemantario 'popular' acata y está de acuerdo con la sentencia del TS, que confirma que la orden ministerial que establece el deslinde en la zona de la playa de El Algorrobico se dictó de acuerdo con la legalidad y, por ello, considera que el plan parcial del ayuntamiento de Carboneras no se ajusta a derecho porque no respeta la zona de servidumbre de protección.
En concreto, la sentencia del TS declara que el hotel viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre, después de desestimar el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional (AN) que consideró conforme a derecho la orden ministerial que, en 2005, amplió a 100 metros la zona de servidumbre en el tramo del litoral donde se asienta el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
http://www.ecoticias.com/naturaleza/63872/PP-tacha-desfachateze-Narbona-Junta-insistan-Gobierno-demoler-El-Algarrobico
La portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, María Teresa de Lara, ha culpado a las administraciones del PSOE del conflicto con con el hotel El Algarrobico (Almería), tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que la construcción contraviene la Ley de Costas, y con ello tacha de "desfachatez" que tanto la exministra de Medio Ambiente del PSOE, Cristina Narbona y el consejero del ramo de la Junta de Andalucía, insistan en que es el Gobierno central el que debe demoler el edificio.
Precisamente, la exministra socialista, que firmó en 2005 la orden ministerial que aplicó el deslinde de 100 metros en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), y el consejero andaluz del ramo, coincidieron este miércoles en pedir al actual titular de la cartera de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que "no eluda sus responsabilidades" y derribe así el hotel de Azata del Sol, tras la sentencia del TS.
En declaraciones a Europa Press, María Teresa de Lara se sorprende de que "personas tan preparadas como Narbona o el consejero andaluz" insisten en que es el ministerio el que debe pagar el derribo, según un documento que firmaron cinco días antes de las elecciones.
"Es un texto hueco, sin cuantificación económica, y en el reparto competencial corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía las competencias en la zona de servidumbre de protección, de acuerdo con su estatuto de autonomía y la jurisprudencia del TS", ha agregado.
Así, detalla que el documento que el pasado 15 de noviembre, cinco días antes de las elecciones generales, firmaron la Junta y el Gobierno socialista se estableció que el Ministerio de Medio Ambiente se comprometía a abordar la financiación de la demolición del edificio y la Junta, al desescombro y gestión de residuos, pero sin dotación presupuestaria. "Creemos que es hueco, una declaración de intenciones y un brindis al sol sin validez alguna", ha matizado.
Además, ha culpado a las administraciones socialistas de la situación en la que se encuentra la demolición de El Algarrobico, ya que, en su opinión, en el transcurso de estos años la Junta de Andalucía, junto con el PSOE, el ayuntamiento socialista de Carboneras, y la ministra Narbona "permitieron que se levantaran el hotel".
Finalmente, insiste en que el Grupo Parlemantario 'popular' acata y está de acuerdo con la sentencia del TS, que confirma que la orden ministerial que establece el deslinde en la zona de la playa de El Algorrobico se dictó de acuerdo con la legalidad y, por ello, considera que el plan parcial del ayuntamiento de Carboneras no se ajusta a derecho porque no respeta la zona de servidumbre de protección.
En concreto, la sentencia del TS declara que el hotel viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre, después de desestimar el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional (AN) que consideró conforme a derecho la orden ministerial que, en 2005, amplió a 100 metros la zona de servidumbre en el tramo del litoral donde se asienta el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
http://www.ecoticias.com/naturaleza/63872/PP-tacha-desfachateze-Narbona-Junta-insistan-Gobierno-demoler-El-Algarrobico
martes, 27 de marzo de 2012
Los vecinos de Santa Lucía reclaman a UE como mediadora

Los vecinos del núcleo costero de Santa Lucía, en Güímar, que han sido denunciados por su propio Ayuntamiento por la ocupación que han hecho de sus viviendas, trasladarán al Parlamento Europeo la situación de indefensión en la que se encuentran, con el fin de poder volver a sus casas sin que se les demande por ello.
El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, informó ayer, junto a los representantes vecinales, de la situación que están padeciendo los habitantes del poblado costero y de las medidas que piensan tomar. "Esta situación que acaba de producirse es kafkiana, pues el Ayuntamiento, que debería proteger a sus vecinos, los denuncia".
Las denuncias contra cinco vecinos se han producido a raíz de la vuelta de estos a sus viviendas. Llevan fuera de ellas desde que el 5 de junio de 2011 se produjeran derrumbes en la zona, que ocasionaron daños en dos casas deshabitadas y en un vehículo. En aquel momento, el Ayuntamiento de Güímar desalojó y precintó el lugar, procedió a retirar los escombros y algunas piedras que amenazaban con caer sobre las casas, al tiempo que solicitó un estudio para evaluar el riesgo de nuevos desprendimientos. Ante los resultados de este estudio, decidió prolongar el precinto que ahora algunos vecinos se han saltado.
Sin embargo, ayer, el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, José Antonio Herrera, acusó al Ayuntamiento de no haber hecho nada en todo este tiempo. Indicó que los vecinos han vuelto a sus viviendas porque consideran que ya no hay peligro "pues les habían dicho que se había subsanado parte del derrumbe" porque no existían ya vallas que las protegían y, sobre todo, "porque ya no podían estar más tiempo pagándose otra casa para vivir". También criticó que "el Ayuntamiento prometió cubrir los gastos y, sin embargo, a los 30 días mandó una carta explicando que ya no podrían pagar nada y que había que buscarse la vida".
Ante la vuelta a sus viviendas, el Ayuntamiento denunció a los vecinos que regresaron y el 26 de abril deben declarar como imputados por supuestos casos de "usurpación", matizó el letrado Langa.
Herrera ha aclarado también que las viviendas de Santa Lucía existen desde 1973, y que desde mediados de 1990 ya cuentan con todas las condiciones de saneamiento y alumbrado como cualquier otro barrio, por lo que ahora no entienden que se les quiera "echar" de sus casas y se les notifique "con un número". "Para cobrar los impuestos municipales sí que existimos para el Ayuntamiento", ha dicho.
En estos momentos, los vecinos de Santa Lucía siguen en sus casas y están a la espera de saber qué ocurrirá tras la comparecencia ante el juzgado en el mes de abril, mientras paralelamente están en contacto con el Parlamento Europeo para conocer sus derechos y, sobre todo, las posibles ayudas económicas que existen para estos casos, ya que están dispuestos a pedirlas ellos mismos si no lo hace el Ayuntamiento.
Por su parte, Langa González explicó que respecto a la modificación de la Ley de Costas anunciada por el ministro Arias Cañete, el Parlamento Europeo ha creado una comisión para estudiar estas modificaciones y está a la espera de que España se las envíe
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/03/27/vecinos-santa-lucia-reclaman-ue-mediadora/404557.html
El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, informó ayer, junto a los representantes vecinales, de la situación que están padeciendo los habitantes del poblado costero y de las medidas que piensan tomar. "Esta situación que acaba de producirse es kafkiana, pues el Ayuntamiento, que debería proteger a sus vecinos, los denuncia".
Las denuncias contra cinco vecinos se han producido a raíz de la vuelta de estos a sus viviendas. Llevan fuera de ellas desde que el 5 de junio de 2011 se produjeran derrumbes en la zona, que ocasionaron daños en dos casas deshabitadas y en un vehículo. En aquel momento, el Ayuntamiento de Güímar desalojó y precintó el lugar, procedió a retirar los escombros y algunas piedras que amenazaban con caer sobre las casas, al tiempo que solicitó un estudio para evaluar el riesgo de nuevos desprendimientos. Ante los resultados de este estudio, decidió prolongar el precinto que ahora algunos vecinos se han saltado.
Sin embargo, ayer, el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, José Antonio Herrera, acusó al Ayuntamiento de no haber hecho nada en todo este tiempo. Indicó que los vecinos han vuelto a sus viviendas porque consideran que ya no hay peligro "pues les habían dicho que se había subsanado parte del derrumbe" porque no existían ya vallas que las protegían y, sobre todo, "porque ya no podían estar más tiempo pagándose otra casa para vivir". También criticó que "el Ayuntamiento prometió cubrir los gastos y, sin embargo, a los 30 días mandó una carta explicando que ya no podrían pagar nada y que había que buscarse la vida".
Ante la vuelta a sus viviendas, el Ayuntamiento denunció a los vecinos que regresaron y el 26 de abril deben declarar como imputados por supuestos casos de "usurpación", matizó el letrado Langa.
Herrera ha aclarado también que las viviendas de Santa Lucía existen desde 1973, y que desde mediados de 1990 ya cuentan con todas las condiciones de saneamiento y alumbrado como cualquier otro barrio, por lo que ahora no entienden que se les quiera "echar" de sus casas y se les notifique "con un número". "Para cobrar los impuestos municipales sí que existimos para el Ayuntamiento", ha dicho.
En estos momentos, los vecinos de Santa Lucía siguen en sus casas y están a la espera de saber qué ocurrirá tras la comparecencia ante el juzgado en el mes de abril, mientras paralelamente están en contacto con el Parlamento Europeo para conocer sus derechos y, sobre todo, las posibles ayudas económicas que existen para estos casos, ya que están dispuestos a pedirlas ellos mismos si no lo hace el Ayuntamiento.
Por su parte, Langa González explicó que respecto a la modificación de la Ley de Costas anunciada por el ministro Arias Cañete, el Parlamento Europeo ha creado una comisión para estudiar estas modificaciones y está a la espera de que España se las envíe
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/03/27/vecinos-santa-lucia-reclaman-ue-mediadora/404557.html
El Supremo confirma que El Algarrobico contraviene la Ley de Costas

La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional
La resolución del Alto Tribunal, contra la que no cabe recurso, ratifica que el Consistorio carbonero no procedió a "revisar" el Plan Parcial del sector urbanístico --denominado ST-1-- sobre el que se construyó el inmueble para "ajustarlo a las previsines, en cuanto a la anchura de la servidumbre de protección, de la Ley de Costas" después de que esta entrase en vigor y subraya que "debió" aplicarse en la zona la disposición que fijaba esta zona de servidumbre en 100 metros.
En este sentido, indica que cuando entró en vigor la Ley de Costas "no existían" en el paraje "los aprovechamientos urbanísticos" que hubiesen permitido, según establece la propia legislación, reducir la zona de servidumbre a 50 metros, ya que, según subraya, el proyecto de urbanización de dicho sector no se aprobó hasta octubre de 1997, es decir, casi una década después a la entrada en vigor de la Ley de Costas. El Plan Parcial, que no fue desarrollado hasta esta fecha, se aprobó en mayo de 1988.
De este modo, el Supremo desbarata el argumento del Ayuntamiento, que sostenía que concedió la licencia de obras del hotel en enero de 2003 según la normativa urbanística --Normas Subsidiarias (NNSS)-- que contaba con informe favorable de la Dirección General de Costas y en la que se fijaba la anchura de la zona de servidumbre en 50 metros. Además, el alto tribunal asegura que la administración urbanística "se abstuvo deliberadamente" de adaptar el planeamiento a lo dispuesto en la Ley de Costas.
"Proceder irrespetuoso"
"El hecho de que la Administración Estatal de Costas informase favorablmente de la revisión de las Normas Subsidiarias no resta un ápice al deber legalmente impuesto de adoptar las disposiciones del planeamiento urbanístico a lo previsto en la Ley de Costas", señala la sentencia, que considera que tal actitud "sólo revela un proceder irrespetuoso con lo dispuesto en la ley por la administración al informar la revisión del mentado instrumento de ordenación urbanística".
El TS remarca en el fallo, del que es ponente el magistrado Ernesto Peces Morate, que lo "relevante" en este caso es la situación urbanística que tenían los terrenos en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas y que, por tanto, "no pueden tomarse en consideración" instrumentos de ordenación o gestión ulteriormente aprobados, "ni, desde luego, obras de urbanización o edificación realizadas en fechas muy posteriores".
La orden ministerial que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa donde se encuentra el paraje de El Algarrobico fue recurrida ante la Audiencia Nacional tanto por el Ayuntamiento, como por la empresa promotora Azata del Sol y su matriz Azata. En los tres casos, la AN se pronunció en el mismo sentido y el Supremo deberá pronunciarse aún sobre las otras dos impugnaciones.
Licencia nula
La citada orden, firmada por la exministra de Medio Ambiente del PSOE Cristina Narbona, dio lugar a la incoación de un expediente de expropiación del inmueble del que, finalmente, se acordó desistir por parte del Gobierno después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería declarase nula la licencia municipal de obras concedida para construir el establecimiento hotelero en septiembre de 2008.
Este fallo, recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), señaló como "incontestable", a la vista del examen de la documental practicada, que el sector S-T1 del Plan Parcial aprobado para la construcción del hotel se ubicaba de "forma clamorosa" en "espacio protegido y no urbanizable".
En el fundamento jurídico quinto atribuía a la corporación local carbonras, gobernada entonces por el PSOE, "perfecto conocimiento desde hace 20 años" de que la zona de servidumbre para la protección de dominio público marítimo-terrestre era de 100 metros y hacía extensible esta valoración a la Junta de Andalucía que, según subrayaba, fue "pasiva y condescendiente" con las infracciones contra la citada normativa y "permitió en definitiva" que se iniciase y desarrollase el proyecto de Azata del Sol.
http://www.publico.es/427377/el-supremo-confirma-que-el-algarrobico-contraviene-la-ley-de-costas
jueves, 15 de marzo de 2012
El TS 'pone en la picota' 800 viviendas de Güimar

El Alto Tribunal anula el fallo del TSJC que determinaba que cuatro núcleos costeros tenían consideración de suelo urbano.
El Tribunal Supremo (TS) ha dado marcha atrás en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había liberado a alrededor de 800 casas situadas en el municipio de Güímar de los efectos de la ley de Costas. El Supremo acaba de emitir una sentencia por medio de la cual anula el fallo del Tribunal canario que había determinado que los núcleos de Punta Prieta, La Puente, La Caleta y El Tablado tenían consideración de suelo urbano y por lo tanto el ancho de la zona de protección costera se reducía de 100 a 20 metros.
El TSJC había avalado así la decisión tomada en el año 2007 por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que al igual que ocurrió en otros puntos de la isla del Archipiélago pretendía salvar a estos enclaves de los efectos de la ley estatal al declarar que tenían las características de urbanos antes de su entrada en vigor. Esto es que contaban con los servicios de alcantarillado, suministro de agua, acceso rodado, electricidad y urbanización consolidada antes del año 1988.
La sentencia a favor de los vecinos se basó en el error cometido por la Dirección General de Costas de haberse dirigido a la Consejería de Políica Territorial del Gobierno de Canarias y no a la Cotmac para solicitar la anulación del acuerdo tomado por este último organismo. Una equivocación que se intentó resolver presentando este recurso ante el Supremo que ahora ha ordenado que todo el proceso vuelva al principio y el TSJC se pronuncie de nuevo sobre la legalidad o no del acuerdo de la Cotmac declarando urbano estos enclaves. El Supremo considera que Costas ha sido víctima de "indefensión" al no haber podido reparar el error cometido ante el TSJC.
Esta nueva sentencia significa un varapalo para los vecinos de esta parte del litoral tinerfeño que hasta ahora habían visto como los tribunales se ponían de su lado a la hora de reconocer que tenían características de núcleos urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. De hecho a finales del pasado año, el alcalde de Güímar, Rafael Yanes, anunció que el Supremo había reconocido que El Tablado tenía esta condición, volviendo así a obtener una servidumbre de protección de 20 metros, y no de 100 como pretendía la Dirección General de Costas.
El alcalde recordó entonces que las tres sentencias emitidas por la Audiencia Nacional y el TSJC en relación a este contencioso mantenido han sido favorables al Ayuntamiento, ratificando que El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente son núcleos urbanos consolidados antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, respetando así lo establecido en el Plan General de Ordenación del municipio, "aprobado en 2005 con el informe favorable de la propia Dirección General de Costas".
Sin embargo, ahora el Supremo ha dado marcha atrás al proceso y obliga al TSJC a que de nuevo se pronuncie sobre la misma cuestión lo que devolverá la incertidumbre a los propietarios de estas viviendas que por el momento se mantienen fuera de ordenación, con las limitaciones que este régimen urbanístico conlleva. La lucha de los vecinos de varios enclaves contra la Ley de Costas se desarrolla en dos frentes. Por un lado los residentes han recurrido los deslindes que se han ido fjando y por otro el organismo estatal intenta anular los acuerdos de la Cotmac que declaraba urbanos estos núcleos repartidos a lo largo de toda la isla como ocurre también con Igueste, Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero.
http://www.canariasahora.com/noticia/216113/
El Tribunal Supremo (TS) ha dado marcha atrás en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había liberado a alrededor de 800 casas situadas en el municipio de Güímar de los efectos de la ley de Costas. El Supremo acaba de emitir una sentencia por medio de la cual anula el fallo del Tribunal canario que había determinado que los núcleos de Punta Prieta, La Puente, La Caleta y El Tablado tenían consideración de suelo urbano y por lo tanto el ancho de la zona de protección costera se reducía de 100 a 20 metros.
El TSJC había avalado así la decisión tomada en el año 2007 por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que al igual que ocurrió en otros puntos de la isla del Archipiélago pretendía salvar a estos enclaves de los efectos de la ley estatal al declarar que tenían las características de urbanos antes de su entrada en vigor. Esto es que contaban con los servicios de alcantarillado, suministro de agua, acceso rodado, electricidad y urbanización consolidada antes del año 1988.
La sentencia a favor de los vecinos se basó en el error cometido por la Dirección General de Costas de haberse dirigido a la Consejería de Políica Territorial del Gobierno de Canarias y no a la Cotmac para solicitar la anulación del acuerdo tomado por este último organismo. Una equivocación que se intentó resolver presentando este recurso ante el Supremo que ahora ha ordenado que todo el proceso vuelva al principio y el TSJC se pronuncie de nuevo sobre la legalidad o no del acuerdo de la Cotmac declarando urbano estos enclaves. El Supremo considera que Costas ha sido víctima de "indefensión" al no haber podido reparar el error cometido ante el TSJC.
Esta nueva sentencia significa un varapalo para los vecinos de esta parte del litoral tinerfeño que hasta ahora habían visto como los tribunales se ponían de su lado a la hora de reconocer que tenían características de núcleos urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. De hecho a finales del pasado año, el alcalde de Güímar, Rafael Yanes, anunció que el Supremo había reconocido que El Tablado tenía esta condición, volviendo así a obtener una servidumbre de protección de 20 metros, y no de 100 como pretendía la Dirección General de Costas.
El alcalde recordó entonces que las tres sentencias emitidas por la Audiencia Nacional y el TSJC en relación a este contencioso mantenido han sido favorables al Ayuntamiento, ratificando que El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente son núcleos urbanos consolidados antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, respetando así lo establecido en el Plan General de Ordenación del municipio, "aprobado en 2005 con el informe favorable de la propia Dirección General de Costas".
Sin embargo, ahora el Supremo ha dado marcha atrás al proceso y obliga al TSJC a que de nuevo se pronuncie sobre la misma cuestión lo que devolverá la incertidumbre a los propietarios de estas viviendas que por el momento se mantienen fuera de ordenación, con las limitaciones que este régimen urbanístico conlleva. La lucha de los vecinos de varios enclaves contra la Ley de Costas se desarrolla en dos frentes. Por un lado los residentes han recurrido los deslindes que se han ido fjando y por otro el organismo estatal intenta anular los acuerdos de la Cotmac que declaraba urbanos estos núcleos repartidos a lo largo de toda la isla como ocurre también con Igueste, Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero.
http://www.canariasahora.com/noticia/216113/
jueves, 8 de marzo de 2012
Soria promete una "reforma en profundidad" de la Ley de Costas

El ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, avanzó que se va a realizar una "reforma en profundidad" de la Ley de Costas para "compatibilizar" el respeto al Medio Ambiente y el provecho económico del litoral.
Soria realizó estas declaraciones en una rueda de prensa sobre España en el marco de la Feria de Turismo de Berlín (ITB), la mayor del sector a nivel mundial.
El ministro de Turismo aseguró que la nueva Ley de Costas busca "una mayor compatibilidad" y el "equilibrio" entre la "sostenibilidad" medioambiental y "la incorporación" de las áreas litorales "a la actividad económica", buscando "aquello que pueda incorporarse como valor" desde "el punto de vista turístico".
Soria explicó que los cambios normativos en los que trabaja el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el competente para esta reforma, tendrán una "incidencia muy importante" en la actividad turística.
"Conozco muchos sitios (en Europa) en los que puede haber lo que llamamos chiringuitos, bares y restaurantes", apuntó el ministro, aunque subrayó de seguido que el objetivo de la medida "no es invadir la costa".
Además, indicó que la reforma beneficiará a los que tienen viviendas en la costa, que con la ley anterior quedaron en una situación de ilegalidad, con lo que, a su juicio, se vulneraban sus derechos.
Soria también sugirió que este cambio normativo podría favorecer la construcción de puertos deportivos, de forma similar, añadió, a lo que sucede en otros países costeros.
Soria encabezó hoy la delegación española en la ITB, una feria de la que destacó su importancia a nivel internacional, el peso económico de Alemania en la Unión Europea y la afluencia de turistas alemanes a España.
http://www.universocanario.com/politica/jose-manuel-soria/ley-de-costas/reforma-de-la-ley-de-costas/ministerio-de-industria-energia-turismo/294770
Soria realizó estas declaraciones en una rueda de prensa sobre España en el marco de la Feria de Turismo de Berlín (ITB), la mayor del sector a nivel mundial.
El ministro de Turismo aseguró que la nueva Ley de Costas busca "una mayor compatibilidad" y el "equilibrio" entre la "sostenibilidad" medioambiental y "la incorporación" de las áreas litorales "a la actividad económica", buscando "aquello que pueda incorporarse como valor" desde "el punto de vista turístico".
Soria explicó que los cambios normativos en los que trabaja el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el competente para esta reforma, tendrán una "incidencia muy importante" en la actividad turística.
"Conozco muchos sitios (en Europa) en los que puede haber lo que llamamos chiringuitos, bares y restaurantes", apuntó el ministro, aunque subrayó de seguido que el objetivo de la medida "no es invadir la costa".
Además, indicó que la reforma beneficiará a los que tienen viviendas en la costa, que con la ley anterior quedaron en una situación de ilegalidad, con lo que, a su juicio, se vulneraban sus derechos.
Soria también sugirió que este cambio normativo podría favorecer la construcción de puertos deportivos, de forma similar, añadió, a lo que sucede en otros países costeros.
Soria encabezó hoy la delegación española en la ITB, una feria de la que destacó su importancia a nivel internacional, el peso económico de Alemania en la Unión Europea y la afluencia de turistas alemanes a España.
http://www.universocanario.com/politica/jose-manuel-soria/ley-de-costas/reforma-de-la-ley-de-costas/ministerio-de-industria-energia-turismo/294770
martes, 28 de febrero de 2012
El Gobierno ve un "drama" que familias pierdan su casa por deslindes "mal organizados
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado de "drama" que "muchísimas familias" hayan perdido su vivienda en zonas costeras debido a los deslindes "mal organizados" que establecen el dominio público marítimo terrestre.
Así ha respondido al portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional en el Senado, Francesc Antich, que ha mostrado su "preocupación" por la reforma de la Ley de Costas anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. "Es necesario también para el turismo conservar el paisaje", ha aseverado.
Antich ha pedido a la vicepresidenta que espera que con esta iniciativa "no se vuelva a las andadas" porque, a su juicio, las anteriores normativas a la Ley de Costas favorecieron la "desmesurada especulación" en el sector inmobiliario y dieron "rienda suelta" a una también "desmesurada" urbanización del litoral español.
Por su parte, la vicepresidenta ha respondido que al Ejecutivo le "preocupa mucho" la degradación del litoral español, pero también la "seguridad jurídica". A su juicio, existe un "problema real", que es el deslinde: "Si no protegemos nuestras costas, la línea que define la Ley de Costas que marca la pleamar y por la que se fija el dominio público marítimo terrestre, se va metiendo".
Como consecuencia de ello, ha indicado que hay que deslindar, "que significa que lo que antes era propiedad privada ahora se convierte en dominio público". "Eso es un drama para muchísimas familias que tienen su domicilio y sus viviendas en una zona que era propiedad privada y que como consecuencia de no proteger la costa y por deslindes no siempre bien organizados acaba siendo de dominio público", ha argumentado.
Sobre la construcción en el litoral, Sáenz de Santamaría ha recordado al senador socialista que en 2006 hubo 865.561 visados. "No hace falta mirar mucho más atrás", ha advertido la vicepresidenta, para añadir que el Gobierno ha tomado medidas en ese aspecto, ligadas a la reforma del sistema financiero, "a una valoración que ya no es real, que impide que baje el precio y la gente no pueda acceder a una vivienda". "Así damos un paso a clarificar los activos inmobiliarios en este país", ha zanjado
http://www.elsemanaldigital.com/el-gobierno-ve-un-drama-que-familias-pierdan-su-casa-por-deslindes-mal-organizados-147442_noticia.htm
Medio Ambiente señala la transmisión 'inter vivos' de concesiones como posible cambio de la Ley de Costas
El hecho de que las concesiones en las costas no sean transmisibles 'inter vivos', el régimen de compensaciones por la pérdida de propiedades, o la falta de coordinación entre las distintas administraciones públicas, son algunos de los "problemas" que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAAMA) ha observado en la Ley de Costas actual y por lo que "aconseja", además de "flexibilizarla", acometer una reforma de la Ley aprobada en 1988.
Según el informe 'Situación de la aplicación de la Ley de Costas y los posibles ámbitos de mejora' del Ministerio que lidera Miguel Arias Cañete y al que ha tenido acceso Europa Press, el régimen de la citada norma ha provocado un "importante grado de conflictividad, tanto social como jurídica". Por ello, subraya que la reforma debería conciliar la "necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derechos en dominio público, que no restrinja la actividad económica y, por tanto, la generación de empleo".
Además, según ha podido saber Europa Press, el Ministerio analizará el informe el próximo jueves en la primera reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) del nuevo Ejecutivo.
Concretamente, este departamento apunta como los aspectos que contribuyen a "aumentar la inseguridad y cierta sensación de agravio entre no pocos ciudadanos", la acumulación de expedientes de reconocimiento de derechos sin resolver; los aparentes cambios de criterio sobre la ocupación de las playas; el trazado "aparentemente arbitrario de la línea de deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre que, en muchas ocasiones "no se entienden los criterios técnicos" porque esa línea no traza una recta sino que hace 'zig-zag'; y la "falta de homogeneidad" territorial en la aplicación del régimen sancionador.
Respecto a la acumulación de expedientes, apunta a que "parece que" la no tramitación de éstos favorece a los particulares perjudicados por la Ley y que, en este sentido, responsabiliza a los Gobiernos anteriores de que "no ha habido una voluntad de acelerar esta tramitación, lo cual remite a los problemas de la propia Ley, en especial sobre el régimen transitorio".
De este modo, el MAAMA calcula que existen unas 32.000 ocupaciones del Dominio Público Marítimo Terrestre de las que 24.000 están sin resolver. Al mismo tiempo, subraya que los "aparentes cambios" de criterio sobre la ocupación de las playas deriva en una falta de homogeneidad en la aplicación de los criterios de otorgamiento de títulos de ocupación, entre otros.
El documento refleja también los ámbitos que el Ministerio considera que son "objeto de mayor conflictividad" en la Ley de Costas y señala como "algunos" de estos aspectos cuya "posible reforma se está estudiando".
REFORMAS
Entre ellos, figura el régimen de compensaciones de la pérdida de propiedades y otros títulos, porque la ley de 1988 expropia las propiedades privadas en dominio público mediante el sistema de justiprecio y no mediante el abono de una cantidad económica, sino en una concesión de uso de la antigua propiedad por 30 años prorrogables, en su caso, por otros 30. En el caso de las concesiones "indefinidas" para actividades económicas en el litoral también establece un plazo máximo de 30 años.
Por otro lado, sobre el cuestionamiento de que las concesiones "no sean transmisibles inter vivos" el informe considera que genera "problemas" la falta de coordinación entre las administraciones públicas, algo que se hace "más evidente" con los traspasos de funciones a Cataluña y Andalucía tras la modificación de sus respectivos estatutos autonómicos.
Igualmente, sobre el ámbito físico del deslinde, se plantearía en la reforma el "problema" de bienes degradados incluidos en antiguos deslindes que "ahora podrían ser objeto de desafectación" y cita expresamente los casos del Palo y Pedralejo (Málaga), Chilches (Castellón) o Cantabria.
A juicio de Medio Ambiente "merece la pena explorar la introducción de un procedimiento de desafectación más ágil y rápido" para los bienes que han perdido su características naturales de dominio público marítimo terrestre "con el fin de devolverlos al tráfico jurídico" y, aunque indica que la desafectación ya está previsto en la Ley, se posiciona a favor de analizar la "flexibilización de su procedimiento".
Al mismo tiempo, pretende ofrecer "garantías" a los ciudadanos que "denuncian de forma recurrente" que el Registro de la Propiedad no les informa sobre si una finca está afectada por el deslinde del Dominio Público Hidráulico Terrestre o por sus servidumbres, sino que se limita a prever la inmatriculación de los bienes como facultad de la Administración.
En cuanto al régimen de ocupación del dominio público hidráulico terrestre propone analizar "en profundidad la casuística" y revisar "las disposiciones reglamentarias reguladoras de estos aspectos que, sin dudan, han generado gran conflictividad social en los últimos años".
Finalmente, recuerda que se ha solicitado "reiteradamente" la modificación de la Ley de Costas para permitir la transmisibilidad inter vivos de "determinadas" concesiones ordinarias y abre la puerta a una "flexibilización" de las anchuras de la servidumbre de protección, de 20 metros para los suelos que antes de 1988 eran urbanos y de 100 metros para los demás
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3782355/02/12/economia-medio-ambiente-senala-la-transmision-inter-vivos-de-concesiones-como-posible-cambio-de-la-ley-de-costas.html
Según el informe 'Situación de la aplicación de la Ley de Costas y los posibles ámbitos de mejora' del Ministerio que lidera Miguel Arias Cañete y al que ha tenido acceso Europa Press, el régimen de la citada norma ha provocado un "importante grado de conflictividad, tanto social como jurídica". Por ello, subraya que la reforma debería conciliar la "necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derechos en dominio público, que no restrinja la actividad económica y, por tanto, la generación de empleo".
Además, según ha podido saber Europa Press, el Ministerio analizará el informe el próximo jueves en la primera reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) del nuevo Ejecutivo.
Concretamente, este departamento apunta como los aspectos que contribuyen a "aumentar la inseguridad y cierta sensación de agravio entre no pocos ciudadanos", la acumulación de expedientes de reconocimiento de derechos sin resolver; los aparentes cambios de criterio sobre la ocupación de las playas; el trazado "aparentemente arbitrario de la línea de deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre que, en muchas ocasiones "no se entienden los criterios técnicos" porque esa línea no traza una recta sino que hace 'zig-zag'; y la "falta de homogeneidad" territorial en la aplicación del régimen sancionador.
Respecto a la acumulación de expedientes, apunta a que "parece que" la no tramitación de éstos favorece a los particulares perjudicados por la Ley y que, en este sentido, responsabiliza a los Gobiernos anteriores de que "no ha habido una voluntad de acelerar esta tramitación, lo cual remite a los problemas de la propia Ley, en especial sobre el régimen transitorio".
De este modo, el MAAMA calcula que existen unas 32.000 ocupaciones del Dominio Público Marítimo Terrestre de las que 24.000 están sin resolver. Al mismo tiempo, subraya que los "aparentes cambios" de criterio sobre la ocupación de las playas deriva en una falta de homogeneidad en la aplicación de los criterios de otorgamiento de títulos de ocupación, entre otros.
El documento refleja también los ámbitos que el Ministerio considera que son "objeto de mayor conflictividad" en la Ley de Costas y señala como "algunos" de estos aspectos cuya "posible reforma se está estudiando".
REFORMAS
Entre ellos, figura el régimen de compensaciones de la pérdida de propiedades y otros títulos, porque la ley de 1988 expropia las propiedades privadas en dominio público mediante el sistema de justiprecio y no mediante el abono de una cantidad económica, sino en una concesión de uso de la antigua propiedad por 30 años prorrogables, en su caso, por otros 30. En el caso de las concesiones "indefinidas" para actividades económicas en el litoral también establece un plazo máximo de 30 años.
Por otro lado, sobre el cuestionamiento de que las concesiones "no sean transmisibles inter vivos" el informe considera que genera "problemas" la falta de coordinación entre las administraciones públicas, algo que se hace "más evidente" con los traspasos de funciones a Cataluña y Andalucía tras la modificación de sus respectivos estatutos autonómicos.
Igualmente, sobre el ámbito físico del deslinde, se plantearía en la reforma el "problema" de bienes degradados incluidos en antiguos deslindes que "ahora podrían ser objeto de desafectación" y cita expresamente los casos del Palo y Pedralejo (Málaga), Chilches (Castellón) o Cantabria.
A juicio de Medio Ambiente "merece la pena explorar la introducción de un procedimiento de desafectación más ágil y rápido" para los bienes que han perdido su características naturales de dominio público marítimo terrestre "con el fin de devolverlos al tráfico jurídico" y, aunque indica que la desafectación ya está previsto en la Ley, se posiciona a favor de analizar la "flexibilización de su procedimiento".
Al mismo tiempo, pretende ofrecer "garantías" a los ciudadanos que "denuncian de forma recurrente" que el Registro de la Propiedad no les informa sobre si una finca está afectada por el deslinde del Dominio Público Hidráulico Terrestre o por sus servidumbres, sino que se limita a prever la inmatriculación de los bienes como facultad de la Administración.
En cuanto al régimen de ocupación del dominio público hidráulico terrestre propone analizar "en profundidad la casuística" y revisar "las disposiciones reglamentarias reguladoras de estos aspectos que, sin dudan, han generado gran conflictividad social en los últimos años".
Finalmente, recuerda que se ha solicitado "reiteradamente" la modificación de la Ley de Costas para permitir la transmisibilidad inter vivos de "determinadas" concesiones ordinarias y abre la puerta a una "flexibilización" de las anchuras de la servidumbre de protección, de 20 metros para los suelos que antes de 1988 eran urbanos y de 100 metros para los demás
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3782355/02/12/economia-medio-ambiente-senala-la-transmision-inter-vivos-de-concesiones-como-posible-cambio-de-la-ley-de-costas.html
sábado, 25 de febrero de 2012
Poner en valor el litoral

Cuando Arias Cañete, ministro de Agricultura y lo que haga falta, anunció una profunda reforma de la ley de Costas, más de cuatro se echaron a temblar. No ganamos para sustos, oye. No es que la actual ley sea una maravilla, que no lo es y bien lo sabemos, sino que el ministro apuntó como objetivo de la nueva normativa que tiene en la cabeza “poner en valor” las costas que quedan. En ese contexto de “puesta en valor” se habló de la necesidad de acabar con la “inquietud e inseguridad” de los representantes del sector hostelero, “víctimas de la defensa de las costas”, nada menos; un curioso trastrueque de papeles por el que las costas no son las agredidas y sus defensores pasan a ser los agresores de quienes tratan de eso, de “ponerlas en valor”; por puro altruismo, of course. Se culpa a esa misma defensa del descenso de las inversiones extranjeras a las que, por lo visto, no afecta la crisis sino el maldito empeño de defender el litoral. No es necesario subrayar la mentalidad, la ideología, que hay detrás de todo esto.
Los alarmistas, a los que no faltan razones para sentirse aterrorizados, sospechan que quieren cerrar de una maldita vez el proceso de privatización del litoral. No admiten, con su habitual mala leche, que el modo mejor de “ponerlo en valor” es limitar su uso y disfrute por el populacho que se trae de casa la tortilla de papas y las sardinas congeladas; por no hablar de los que pretenden seguir viviendo, los muy antiguos, de su barquillo y la libreta secreta de marcas que les indica dónde paran (o sea, paraban) los cardúmenes.
Los alarmistas pertenecen, sin duda, al género de los del “no a todo” bizarramente denunciados por José Miguel Bravo de Laguna como causantes de tantísimos males. Sin tener en cuenta, faltaría más, que los “noes” rotundos son reflejo de impotencia ante la falta de vías eficaces de participación en las que hacer valer el derecho a la preservación de su entorno del ciudadanaje, al que procuran despistar, mediante la ocultación o la manipulación, para que ni se entere de lo que hay. Y lo que hay en materia de Costas es mandar la piqueta a derruir núcleos marineros populares de larga tradición (Cho Vito o Tufia) mientras se tolera la permanencia de grandes complejos que convierten en papel mojado hasta las sentencias judiciales en contra.
Habrá que ver, en este sentido, a quien pretende favorecer la también anunciada eliminación de la retroactividad establecida por la ley vigente.
¿Será para preservar núcleos de interés etnográfico o para legalizar las tropelías de las “víctimas”? Pienso que la retroactividad fue pensada, en su momento, para calzar por los núcleos tradicionales, así los hubieran fundado los mismísimos Reyes Católicos in person. Vistos los precedentes, no es injusto sospechar lo peor: ahora conviene eliminar la retroactividad para dar por hechos consumados los desmanes de los últimos años. ¿Quiere eso decir que se reparará lo de Cho Vito, en Tenerife, al que cercó la Policía para que pudieran tirarse una veintena de casas? Me temo que no porque se trata con la ley de proteger a las “víctimas” que, obviamente, no lo eran quienes allí vivían: no tenían nivel de renta suficiente para reconocerles esa condición.
Al mismo tiempo, vuelven a oírse voces a favor de que se transfieran a Canarias las competencias de Costas para que todo quede en la familia del conchabo especulativo-cementero tan del gusto de la Administración canaria. Debería aprovecharse la no menos anunciada reforma educativa y definir en adelante “isla” como porción de tierra rodeada de puertos deportivos por todas partes. Y libre de sebadales, claro. Da idea de cómo se percibe lo que mueve a los mandamases isleños que para muchos la negativa del Estado a ceder esas competencias hizo que los daños al litoral canario, con ser graves y sostenidos en el tiempo, resultaran menores de lo que hubieran sido de manejar el bombo manos isleñas, si tenemos en cuenta los proyectos en ciernes que circulaban por ahí.
http://www.canariasahora.com/opinion/7802/
Los alarmistas, a los que no faltan razones para sentirse aterrorizados, sospechan que quieren cerrar de una maldita vez el proceso de privatización del litoral. No admiten, con su habitual mala leche, que el modo mejor de “ponerlo en valor” es limitar su uso y disfrute por el populacho que se trae de casa la tortilla de papas y las sardinas congeladas; por no hablar de los que pretenden seguir viviendo, los muy antiguos, de su barquillo y la libreta secreta de marcas que les indica dónde paran (o sea, paraban) los cardúmenes.
Los alarmistas pertenecen, sin duda, al género de los del “no a todo” bizarramente denunciados por José Miguel Bravo de Laguna como causantes de tantísimos males. Sin tener en cuenta, faltaría más, que los “noes” rotundos son reflejo de impotencia ante la falta de vías eficaces de participación en las que hacer valer el derecho a la preservación de su entorno del ciudadanaje, al que procuran despistar, mediante la ocultación o la manipulación, para que ni se entere de lo que hay. Y lo que hay en materia de Costas es mandar la piqueta a derruir núcleos marineros populares de larga tradición (Cho Vito o Tufia) mientras se tolera la permanencia de grandes complejos que convierten en papel mojado hasta las sentencias judiciales en contra.
Habrá que ver, en este sentido, a quien pretende favorecer la también anunciada eliminación de la retroactividad establecida por la ley vigente.
¿Será para preservar núcleos de interés etnográfico o para legalizar las tropelías de las “víctimas”? Pienso que la retroactividad fue pensada, en su momento, para calzar por los núcleos tradicionales, así los hubieran fundado los mismísimos Reyes Católicos in person. Vistos los precedentes, no es injusto sospechar lo peor: ahora conviene eliminar la retroactividad para dar por hechos consumados los desmanes de los últimos años. ¿Quiere eso decir que se reparará lo de Cho Vito, en Tenerife, al que cercó la Policía para que pudieran tirarse una veintena de casas? Me temo que no porque se trata con la ley de proteger a las “víctimas” que, obviamente, no lo eran quienes allí vivían: no tenían nivel de renta suficiente para reconocerles esa condición.
Al mismo tiempo, vuelven a oírse voces a favor de que se transfieran a Canarias las competencias de Costas para que todo quede en la familia del conchabo especulativo-cementero tan del gusto de la Administración canaria. Debería aprovecharse la no menos anunciada reforma educativa y definir en adelante “isla” como porción de tierra rodeada de puertos deportivos por todas partes. Y libre de sebadales, claro. Da idea de cómo se percibe lo que mueve a los mandamases isleños que para muchos la negativa del Estado a ceder esas competencias hizo que los daños al litoral canario, con ser graves y sostenidos en el tiempo, resultaran menores de lo que hubieran sido de manejar el bombo manos isleñas, si tenemos en cuenta los proyectos en ciernes que circulaban por ahí.
http://www.canariasahora.com/opinion/7802/
''La modificación no tiene que dar barra libre''

El presidente de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas en Canarias y secretario de Acciíon Jurídica del CCN, José Luis Langa, ha reconocido que el visto bueno del Senado a la reforma de la norma ha sido acogido con "una gran satisfacción" por parte de los afectados. Langa ha puntualizado que la eliminación del carácter retroactivo de la ley podrá "evitar todas las injusticias" que están afectando a núcleos costeros en Canarias, si bien ha advertido que la modificación "no tiene que dar barra libre para todo".
"La línea que hemos mantenido", ha aclarado a CANARIAS AHORA el representante del CCN (formación que ha apoyado la moción presentada por el PP), "es que es perfectamente compatible la reforma con los casos que deben verse afectados de manera positiva y aquellos que deben considerarse de manera negativa conforme a la ley". Langa se ha referido así a las "poblaciones marineras que se estaban destruyendo paulatinamente en el archipiélago", como son los casos de Tufia u Ojos de Garza en Gran Canaria, o Cho Vito en Tenerife.
Para el portavoz de algunos de estos afectados, la eliminación del carácter retroactivo de la Ley de Costas (que fue aprobada en 1988 pero que se impone a las obras construídas antes de esa fecha) es "lógico" y debe llevar a "estudiar cada caso", en referencia a la afectación de edificios cuyas licencias han sido consideradas ilegales.
Tras el visto bueno del Senado, la Cámara Alta deberá ahora instar al Gobierno para que acometa la reforma, que, con toda probabilidad, acabará por aprobar el Ministerio de Medio Ambiente, depués de que el ministro, Miguel Arias Cañete, anunciase a comienzos de este año una modificación "profunda" del texto legal.
http://www.canariasahora.com/noticia/215543/
"La línea que hemos mantenido", ha aclarado a CANARIAS AHORA el representante del CCN (formación que ha apoyado la moción presentada por el PP), "es que es perfectamente compatible la reforma con los casos que deben verse afectados de manera positiva y aquellos que deben considerarse de manera negativa conforme a la ley". Langa se ha referido así a las "poblaciones marineras que se estaban destruyendo paulatinamente en el archipiélago", como son los casos de Tufia u Ojos de Garza en Gran Canaria, o Cho Vito en Tenerife.
Para el portavoz de algunos de estos afectados, la eliminación del carácter retroactivo de la Ley de Costas (que fue aprobada en 1988 pero que se impone a las obras construídas antes de esa fecha) es "lógico" y debe llevar a "estudiar cada caso", en referencia a la afectación de edificios cuyas licencias han sido consideradas ilegales.
Tras el visto bueno del Senado, la Cámara Alta deberá ahora instar al Gobierno para que acometa la reforma, que, con toda probabilidad, acabará por aprobar el Ministerio de Medio Ambiente, depués de que el ministro, Miguel Arias Cañete, anunciase a comienzos de este año una modificación "profunda" del texto legal.
http://www.canariasahora.com/noticia/215543/
jueves, 23 de febrero de 2012
El Estado decide parar de forma temporal los derribos en la costa

Los expedientes administrativos de sanción y derribo sobre las edificaciones que incumplen la actual Ley de Costas van a quedar paralizados de forma temporal hasta que entre en vigor la nueva legislación que prepara el Gobierno de Rajoy. El PP aceptó la enmienda de CC en esta línea a la moción aprobada este miércoles por el pleno del Senado.
El senador de Coalición Canaria por El Hierro, Narvay Quintero, explicó tras la votación que la iniciativa nacionalista -consensuada también con CiU y PNV- pone freno a los derribos de forma provisional hasta que se conozca la nueva normativa. «Como el Gobierno del Partido Popular ha anunciado su intención de cambiar la Ley de Costas, lo lógico es paralizar de momento los expedientes en curso para revisarlos más tarde a la luz de la nueva ley», señaló.
Quintero puntualizó que no se trata de retirar los recursos administrativos «porque hay casos en los que realmente se ha hecho uso abusivo», sino de frenar los expedientes para no llevar a cabo ninguna acción irreparable antes de saber qué quiere hacer el Gobierno con la nueva Ley de Costas. «En Canarias hay varios ejemplos de poblaciones con interés etnográfico y arquitectónico que están en peligro por expedientes de derribo», recordó el senador.
Una vez incorporada la enmienda nacionalista, el tercer punto de la moción del aprobada ayer por mayoría en la Cámara Alta -con el voto en contra del PSOE- establece que se estudie «la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley 22/1988 hasta que se pueda modificar dicha ley, cancelando todos los actos administrativos».
La moción insta asimismo al Gobierno a flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de dominio público marítimo terrestre, con el objetivo de «favorecer una aplicación homogénea» de las autorizaciones para establecimientos de comidas o bebidas en el litoral. La iniciativa apuesta además por adecuar la compensación de los derechos adquiridos «de buena fe y de forma legítima» con anterioridad a la ley vigente, para restablecer la seguridad jurídica.
Según la senadora del PP por Málaga Patricia Navarro, defensora de la moción, «la peor consecuencia de la aplicación de la ley vigente es el drama personal de los que se ven amenazados con la destrucción de su vivienda o de sus negocios adquiridos años atrás con todos sus derechos». La senadora popular recordó la declaración del Parlamento Europeo del 26 de marzo de 2009, en la que afirmaba que «España estaba aplicando la Ley de Costas de forma retroactiva con arbitrariedad y sin indemnización suficiente».
Valoración. Por su parte, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró este miércoles que los cambios previstos en la ley de Costas no pretenden introducir «desmanes urbanísticos» en el litoral, sino corregir las arbitrariedades que ha originado la actual. Cañete aseguró que se respetará el reparto competencial y se coordinará la política medioambiental, así como las recomendaciones de un informe del Parlamento europeo, que instaba al Gobierno a modificar la ley de Costas, para proteger los derechos legítimos de propietarios de viviendas en el litoral. El ministro precisó que se trata de ciudadanos que poseen pequeñas parcelas en zona de costas que no tienen un impacto negativo en el medio ambiente costero.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=250677
El senador de Coalición Canaria por El Hierro, Narvay Quintero, explicó tras la votación que la iniciativa nacionalista -consensuada también con CiU y PNV- pone freno a los derribos de forma provisional hasta que se conozca la nueva normativa. «Como el Gobierno del Partido Popular ha anunciado su intención de cambiar la Ley de Costas, lo lógico es paralizar de momento los expedientes en curso para revisarlos más tarde a la luz de la nueva ley», señaló.
Quintero puntualizó que no se trata de retirar los recursos administrativos «porque hay casos en los que realmente se ha hecho uso abusivo», sino de frenar los expedientes para no llevar a cabo ninguna acción irreparable antes de saber qué quiere hacer el Gobierno con la nueva Ley de Costas. «En Canarias hay varios ejemplos de poblaciones con interés etnográfico y arquitectónico que están en peligro por expedientes de derribo», recordó el senador.
Una vez incorporada la enmienda nacionalista, el tercer punto de la moción del aprobada ayer por mayoría en la Cámara Alta -con el voto en contra del PSOE- establece que se estudie «la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley 22/1988 hasta que se pueda modificar dicha ley, cancelando todos los actos administrativos».
La moción insta asimismo al Gobierno a flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de dominio público marítimo terrestre, con el objetivo de «favorecer una aplicación homogénea» de las autorizaciones para establecimientos de comidas o bebidas en el litoral. La iniciativa apuesta además por adecuar la compensación de los derechos adquiridos «de buena fe y de forma legítima» con anterioridad a la ley vigente, para restablecer la seguridad jurídica.
Según la senadora del PP por Málaga Patricia Navarro, defensora de la moción, «la peor consecuencia de la aplicación de la ley vigente es el drama personal de los que se ven amenazados con la destrucción de su vivienda o de sus negocios adquiridos años atrás con todos sus derechos». La senadora popular recordó la declaración del Parlamento Europeo del 26 de marzo de 2009, en la que afirmaba que «España estaba aplicando la Ley de Costas de forma retroactiva con arbitrariedad y sin indemnización suficiente».
Valoración. Por su parte, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró este miércoles que los cambios previstos en la ley de Costas no pretenden introducir «desmanes urbanísticos» en el litoral, sino corregir las arbitrariedades que ha originado la actual. Cañete aseguró que se respetará el reparto competencial y se coordinará la política medioambiental, así como las recomendaciones de un informe del Parlamento europeo, que instaba al Gobierno a modificar la ley de Costas, para proteger los derechos legítimos de propietarios de viviendas en el litoral. El ministro precisó que se trata de ciudadanos que poseen pequeñas parcelas en zona de costas que no tienen un impacto negativo en el medio ambiente costero.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=250677
miércoles, 22 de febrero de 2012
Senado pide cambiar la Ley de Costas para aplicar de forma homogénea las concesiones a chiringuitos
El pleno del Senado ha aprobado por 177 votos a favor y 75 en contra, los del PSOE, una moción presentada por el PP por la que insta al Gobierno a modificar la Ley de Costas de 1988 para que sea compatible proteger las costas con el crecimiento económico y la seguridad del empleo y con los derechos de los propietarios en estas zonas, y que permita una aplicación homogénea en las concesiones para los chiringuitos.
La iniciativa es resultado de una enmienda transaccional de una moción inicial por la que se reclama flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de ocupación del dominio público marítimo terrestre para favorecer una aplicación homogénea de los mismos a las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio publico marítimo terrestre de los establecimientos de venta de comidas y bebidas teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos.
Asimismo, la moción pide adecuar la compensación de los derechos adquiridos "de buena fe y de forma legítima" con anterioridad a la aplicación de la vigente ley, "restableciendo seguridad jurídica" que la mayoría de grupos han manifestado, en el pleno del Senado, que falta en la actualidad.
Igualmente, propone que se estudie la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Costas hasta que se pueda modificar la ley 22/1988, cancelando "todos" los actos administrativos. Durante la defensa de la moción, la senadora del PP Patricia Navarro ha denunciado la "aplicación injusta y arbitraria" de la actual normativa vigente que ha llevado al anterior Gobierno socialista a poner "en vilo a propietarios de viviendas y negocios".
Así, ha dicho que mientras que la Ley de 1988 llegó para "poner freno" a los abusos en las costas, en todo el litoral se observan "ejemplos de la depravación medioambiental (...) pero que, aprovechando sus ambigüedades o vacíos, ha servido al Gobierno del PSOE para vulnerar los derechos" de ciudadanos españoles y extranjeros y a violar el principio de no retroactividad de las normas.
A su juicio, la peor consecuencia de esta tropelía no es la legal, sino el drama personal y familiar de quienes ven la expropiación o demolición de su vivienda o negocio sin poder hacer nada, al tiempo que ha añadido que otros "grandes afectados" son los dueños de los chiringuitos. "Ellos han sido víctimas de los arrebatos del Gobierno. Nunca la aplicación de una ley sembró tanta incertidumbre 20 años después de ser aprobada", ha apostillado.
PSOE ANUNCIA QUE LA REFORMA SERÁ EN 15 DÍAS
Por su parte, el senador socialista Miguel Fidalgo ha asegurado que el Gobierno del PP llevará "el 2 o el 9 de marzo al Consejo de Ministros" una reforma de la Ley de Costas por lo que ha criticado la "precampaña que está realizando", ya que cada reunión del Ejecutivo es "una sorpresa de contrarreformas, retrocesos en los avances y libertades con la disculpa de la crisis".
Por ello, ha defendido que la Ley de Costas "no tiene nada que ver con la crisis" ya que ha funcionado "perfectamente" durante 24 años en los que también ha habido gobiernos del PP. "Me da la sensación de que este gobierno nos va a hacer bueno hasta a (el expresidente José María) Aznar", ha criticado.
LOS CHIRINGUITOS, "UNA EXCUSA"
Por otro lado, los senadores socialistas andaluces han criticado que, con esta propuesta, el PP "no sólo va en contra del camino emprendido por la UE, sino que además va en contra de la gestión de la Junta de Andalucía, que ha resuelto el 80 por ciento de los expedientes en tan sólo ocho meses".
Los parlamentarios del PSOE han subrayado, una vez más y de manera rotunda, su apoyo a los chiringuitos y al valor que tienen para el empleo y la economía andaluza, "chiringuitos que están siendo utilizados por el Partido Popular como una excusa para modificar la ley", han afirmado.
Además, han añadido que el Gobierno de Andalucía mantiene un diálogo permanente con el sector al que apoya totalmente. "El verdadero problema, han puntualizado, es la preservación del ecosistema, el riesgo de convertir la costa mediterránea en una sucesión de cemento", han mantenido los socialistas andaluces, que también han abogado por la protección de las costas españolas aduciendo que "la playa es de todos".
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-msenado-pide-cambiar-ley-costas-aplicar-forma-homogenea-concesiones-chiringuitos-20120222155214.html
La iniciativa es resultado de una enmienda transaccional de una moción inicial por la que se reclama flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de ocupación del dominio público marítimo terrestre para favorecer una aplicación homogénea de los mismos a las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio publico marítimo terrestre de los establecimientos de venta de comidas y bebidas teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos.
Asimismo, la moción pide adecuar la compensación de los derechos adquiridos "de buena fe y de forma legítima" con anterioridad a la aplicación de la vigente ley, "restableciendo seguridad jurídica" que la mayoría de grupos han manifestado, en el pleno del Senado, que falta en la actualidad.
Igualmente, propone que se estudie la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Costas hasta que se pueda modificar la ley 22/1988, cancelando "todos" los actos administrativos. Durante la defensa de la moción, la senadora del PP Patricia Navarro ha denunciado la "aplicación injusta y arbitraria" de la actual normativa vigente que ha llevado al anterior Gobierno socialista a poner "en vilo a propietarios de viviendas y negocios".
Así, ha dicho que mientras que la Ley de 1988 llegó para "poner freno" a los abusos en las costas, en todo el litoral se observan "ejemplos de la depravación medioambiental (...) pero que, aprovechando sus ambigüedades o vacíos, ha servido al Gobierno del PSOE para vulnerar los derechos" de ciudadanos españoles y extranjeros y a violar el principio de no retroactividad de las normas.
A su juicio, la peor consecuencia de esta tropelía no es la legal, sino el drama personal y familiar de quienes ven la expropiación o demolición de su vivienda o negocio sin poder hacer nada, al tiempo que ha añadido que otros "grandes afectados" son los dueños de los chiringuitos. "Ellos han sido víctimas de los arrebatos del Gobierno. Nunca la aplicación de una ley sembró tanta incertidumbre 20 años después de ser aprobada", ha apostillado.
PSOE ANUNCIA QUE LA REFORMA SERÁ EN 15 DÍAS
Por su parte, el senador socialista Miguel Fidalgo ha asegurado que el Gobierno del PP llevará "el 2 o el 9 de marzo al Consejo de Ministros" una reforma de la Ley de Costas por lo que ha criticado la "precampaña que está realizando", ya que cada reunión del Ejecutivo es "una sorpresa de contrarreformas, retrocesos en los avances y libertades con la disculpa de la crisis".
Por ello, ha defendido que la Ley de Costas "no tiene nada que ver con la crisis" ya que ha funcionado "perfectamente" durante 24 años en los que también ha habido gobiernos del PP. "Me da la sensación de que este gobierno nos va a hacer bueno hasta a (el expresidente José María) Aznar", ha criticado.
LOS CHIRINGUITOS, "UNA EXCUSA"
Por otro lado, los senadores socialistas andaluces han criticado que, con esta propuesta, el PP "no sólo va en contra del camino emprendido por la UE, sino que además va en contra de la gestión de la Junta de Andalucía, que ha resuelto el 80 por ciento de los expedientes en tan sólo ocho meses".
Los parlamentarios del PSOE han subrayado, una vez más y de manera rotunda, su apoyo a los chiringuitos y al valor que tienen para el empleo y la economía andaluza, "chiringuitos que están siendo utilizados por el Partido Popular como una excusa para modificar la ley", han afirmado.
Además, han añadido que el Gobierno de Andalucía mantiene un diálogo permanente con el sector al que apoya totalmente. "El verdadero problema, han puntualizado, es la preservación del ecosistema, el riesgo de convertir la costa mediterránea en una sucesión de cemento", han mantenido los socialistas andaluces, que también han abogado por la protección de las costas españolas aduciendo que "la playa es de todos".
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-msenado-pide-cambiar-ley-costas-aplicar-forma-homogenea-concesiones-chiringuitos-20120222155214.html
El PP cambiará la Ley de Costas para legalizar las casas anteriores a 1988

El grupo popular en el Senado debatirá hoy la moción que en la provincia de Málaga afectaría a los chiringuitos, además de las viviendas de la zona de El Palo, la residencia Marymar o el barrio de Lagos
Todas las construcciones levantadas sobre dominio público marítimo-terrestre antes de la entrada en vigor en 1988 de la actual Ley de Costas podrían ser legalizadas si el Gobierno central lleva a cabo la modificación que el grupo parlamentario popular ya ha anunciado que pedirá. Si la controvertida legislación es revisada, las más de 400 casas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital malagueña, la residencia Marymar propiedad de Unicaja en Benalmádena, la zona de El Copo de Torre del Mar y las 50 viviendas de Lagos y Mezquitilla en Vélez-Málaga serán regularizadas. A las que se sumarán los chiringuitos del litoral malagueño que aún están pendientes de obtener una concesión que acabe con su situación de alegalidad.
Es el primer paso dado por los populares después de que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunciara en sus primeros días de mandato su voluntad de acometer "una profunda" reforma de la Ley de Costas, una intención que reiteró durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, el pasado 1 de febrero. Entonces, adelantó que la modificación pretenderá la protección del dominio público marítimo-terrestre, pero compatibilizando la protección del litoral con "las actividades económicas no perjudiciales".
Según Arias Cañete, modificar la norma de 1988 será un "vehículo eficaz para mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa", justo lo que defenderá hoy la senadora del PP por Málaga, Patricia Navarro, en el Pleno de la Cámara para lograr "conciliar el interés público con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta ley".
Esta modificación beneficiaría, según dijo, a los chiringuitos de playa y a los propietarios y afectados por la aplicación "arbitraria, deficiente y errática" llevada a cabo por el anterior Gobierno del PSOE de esta ley. Para defender la propuesta, Navarro argumentará que el Parlamento europeo ya advirtió a España en 2009 que estaba aplicando la norma en materia de costas "de forma retroactiva, con arbitrariedad y sin indemnización suficiente para los afectados".
Desde finales de los años 80 cuando el entonces jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Luis López Peláez, decidió retirar unos 390 chiringuitos irregulares de las playas, el Gobierno central no volvió a plantear la posibilidad de recuperar parte del dominio público ocupado sin pudor durante años hasta 2004. Fue entonces cuando la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció un plan que pretendía demoler más de un centenar de construcciones ilegales levantadas sobre la arena durante décadas aprovechando la ausencia de legislación específica. Pero los interminables procesos administrativos y judiciales que conlleva la resolución de estos complejos expedientes, que pueden durar más de diez años, y el retraso que acumula el deslinde que Costas lleva años haciendo en toda la línea de costa de Málaga han hecho que la intención de la ministra cayera en saco roto.
También se intentó en 2009 al pretender quitar los chiringuitos de la arena y fue tal la polémica surgida que al final las competencias terminaron transferidas a la Junta. Sólo el caso de las 400 viviendas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital ha avanzado en este tiempo, ya que el Gobierno autorizó hace un año su deslinde, un trámite que podría durar más de dos años y que además no despeja la incertidumbre sobre la necesaria desafectación de los terrenos que permitiría a los inquilinos hacerse con la propiedad.
En Vélez-Málaga, también luchan por la permanencia de sus viviendas, los vecinos de Lagos, Mezquitilla y San Daniel, además de gran parte de la zona de El Copo de Torre del Mar. Unas 50 casas centenarias están dentro del dominio público marítimo terrestre y desde hace años buscan una solución para el deslinde con la Dirección General de Costas. El expediente fue iniciado por la Asociación La Bajamar que defendía que la línea de costa había sido modificada tras la construcción del puerto de Caleta que había llevado aparejada la degradación de la playa.
El derribo del antiguo hotel Marymar de Benalmádena, adquirido y convertido posteriormente por Unicaja en una residencia de ancianos que fue cerrada el año pasado por su mal estado. La demolición de este edificio, levantado en 1961 sobre miles de metros cuadrados en la playa de Arroyo de la Miel y que constituye una barrera para el paseo marítimo del municipio, ha sido un reto de Costas durante varias décadas aunque nunca ha tenido éxito.
Pero la propuesta del PP cuenta con el rechazo total del coordinador provincial de Izquierda Unida y número 1 por Málaga en las elecciones autónomicas del 25 de marzo, José Antonio Castro, quien alertó del "deterioro y el retroceso de 30 años" que supondrá la modificación de la Ley de Costas. Así, acusó al Gobierno central de querer "dar una vuelta de tuerca para garantizar el uso privado del dominio público y recalcó que la situación del litoral "no puede permitir una nueva ofensiva del ladrillo en las costas".
La Costa del Sol tiene una ocupación superior al 90% en los primeros 100 metros de costa.
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1191398/pp/cambiara/la/ley/costas/para/legalizar/las/casas/anteriores.htm
Todas las construcciones levantadas sobre dominio público marítimo-terrestre antes de la entrada en vigor en 1988 de la actual Ley de Costas podrían ser legalizadas si el Gobierno central lleva a cabo la modificación que el grupo parlamentario popular ya ha anunciado que pedirá. Si la controvertida legislación es revisada, las más de 400 casas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital malagueña, la residencia Marymar propiedad de Unicaja en Benalmádena, la zona de El Copo de Torre del Mar y las 50 viviendas de Lagos y Mezquitilla en Vélez-Málaga serán regularizadas. A las que se sumarán los chiringuitos del litoral malagueño que aún están pendientes de obtener una concesión que acabe con su situación de alegalidad.
Es el primer paso dado por los populares después de que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunciara en sus primeros días de mandato su voluntad de acometer "una profunda" reforma de la Ley de Costas, una intención que reiteró durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, el pasado 1 de febrero. Entonces, adelantó que la modificación pretenderá la protección del dominio público marítimo-terrestre, pero compatibilizando la protección del litoral con "las actividades económicas no perjudiciales".
Según Arias Cañete, modificar la norma de 1988 será un "vehículo eficaz para mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa", justo lo que defenderá hoy la senadora del PP por Málaga, Patricia Navarro, en el Pleno de la Cámara para lograr "conciliar el interés público con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta ley".
Esta modificación beneficiaría, según dijo, a los chiringuitos de playa y a los propietarios y afectados por la aplicación "arbitraria, deficiente y errática" llevada a cabo por el anterior Gobierno del PSOE de esta ley. Para defender la propuesta, Navarro argumentará que el Parlamento europeo ya advirtió a España en 2009 que estaba aplicando la norma en materia de costas "de forma retroactiva, con arbitrariedad y sin indemnización suficiente para los afectados".
Desde finales de los años 80 cuando el entonces jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Luis López Peláez, decidió retirar unos 390 chiringuitos irregulares de las playas, el Gobierno central no volvió a plantear la posibilidad de recuperar parte del dominio público ocupado sin pudor durante años hasta 2004. Fue entonces cuando la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció un plan que pretendía demoler más de un centenar de construcciones ilegales levantadas sobre la arena durante décadas aprovechando la ausencia de legislación específica. Pero los interminables procesos administrativos y judiciales que conlleva la resolución de estos complejos expedientes, que pueden durar más de diez años, y el retraso que acumula el deslinde que Costas lleva años haciendo en toda la línea de costa de Málaga han hecho que la intención de la ministra cayera en saco roto.
También se intentó en 2009 al pretender quitar los chiringuitos de la arena y fue tal la polémica surgida que al final las competencias terminaron transferidas a la Junta. Sólo el caso de las 400 viviendas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital ha avanzado en este tiempo, ya que el Gobierno autorizó hace un año su deslinde, un trámite que podría durar más de dos años y que además no despeja la incertidumbre sobre la necesaria desafectación de los terrenos que permitiría a los inquilinos hacerse con la propiedad.
En Vélez-Málaga, también luchan por la permanencia de sus viviendas, los vecinos de Lagos, Mezquitilla y San Daniel, además de gran parte de la zona de El Copo de Torre del Mar. Unas 50 casas centenarias están dentro del dominio público marítimo terrestre y desde hace años buscan una solución para el deslinde con la Dirección General de Costas. El expediente fue iniciado por la Asociación La Bajamar que defendía que la línea de costa había sido modificada tras la construcción del puerto de Caleta que había llevado aparejada la degradación de la playa.
El derribo del antiguo hotel Marymar de Benalmádena, adquirido y convertido posteriormente por Unicaja en una residencia de ancianos que fue cerrada el año pasado por su mal estado. La demolición de este edificio, levantado en 1961 sobre miles de metros cuadrados en la playa de Arroyo de la Miel y que constituye una barrera para el paseo marítimo del municipio, ha sido un reto de Costas durante varias décadas aunque nunca ha tenido éxito.
Pero la propuesta del PP cuenta con el rechazo total del coordinador provincial de Izquierda Unida y número 1 por Málaga en las elecciones autónomicas del 25 de marzo, José Antonio Castro, quien alertó del "deterioro y el retroceso de 30 años" que supondrá la modificación de la Ley de Costas. Así, acusó al Gobierno central de querer "dar una vuelta de tuerca para garantizar el uso privado del dominio público y recalcó que la situación del litoral "no puede permitir una nueva ofensiva del ladrillo en las costas".
La Costa del Sol tiene una ocupación superior al 90% en los primeros 100 metros de costa.
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1191398/pp/cambiara/la/ley/costas/para/legalizar/las/casas/anteriores.htm
jueves, 16 de febrero de 2012
El Senado aprobará instar al Gobierno a modificar la Ley de Costas
El Partido Popular ha presentado en el Senado una moción para que la cámara inste al Gobierno de Mariano Rajoy a modificar la Ley de Costas con el fin de conciliar la defensa del uso público del dominio público marítimo terrestre y los derechos de quienes construyeron sus casas antes de la entrada en vigor de la misma.
El PP explica en su moción que “durante las dos últimas legislaturas ha habido una aplicación deficiente, errática y arbitraria dela Ley de Costas por parte del anterior ejecutivo” que ha generado controversia e inseguridad jurídica para los ciudadanos que se vieron afectados.
En la actualidad medio millón de propietarios han visto en los últimos años cómo sus viviendas pasaban al dominio público. Por otro lado, recalca la moción popular, “los aparentes cambios de criterio sobre la ocupación de las playas han llenado de inquietud e inseguridad a los representantes del sector hostelero”.
El ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que una reforma integral de la Ley de Costas impulsaría el Sector. Cree que se debe hacer una “utilización no abusiva” de las costa españolas pero al mismo tiempo “incorporar el valor” de las mismas.
La moción será discutida y aprobada el próximo martes en el Senado.
http://www.mallorcadiario.com/politica/el-senado-aprobara-instar-al-gobierno-a-modificar-la-ley-de-costas-92767.html
El PP explica en su moción que “durante las dos últimas legislaturas ha habido una aplicación deficiente, errática y arbitraria dela Ley de Costas por parte del anterior ejecutivo” que ha generado controversia e inseguridad jurídica para los ciudadanos que se vieron afectados.
En la actualidad medio millón de propietarios han visto en los últimos años cómo sus viviendas pasaban al dominio público. Por otro lado, recalca la moción popular, “los aparentes cambios de criterio sobre la ocupación de las playas han llenado de inquietud e inseguridad a los representantes del sector hostelero”.
El ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que una reforma integral de la Ley de Costas impulsaría el Sector. Cree que se debe hacer una “utilización no abusiva” de las costa españolas pero al mismo tiempo “incorporar el valor” de las mismas.
La moción será discutida y aprobada el próximo martes en el Senado.
http://www.mallorcadiario.com/politica/el-senado-aprobara-instar-al-gobierno-a-modificar-la-ley-de-costas-92767.html
viernes, 10 de febrero de 2012
Cañete:"Ley de costas". Se garantizarán actividades turísticas en el litoral de modo sostenible
El ministro asegura que "vamos a poner sentido común en las costas españolas"
Canarias/El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha manifestado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno va a introducir en la reforma de la Ley de Costas "un procedimiento de desafectación más ágil y se introducirán mecanismos de coordinación entre las distintas Administraciones públicas para garantizar, de modo sostenible, la actividad turística en el litoral".
El ministro ha dicho que abordará el nuevo texto "con la mejor técnica jurídica, con la experiencia
adquirida en la aplicación de la vigente ley y, por supuesto, preservando los valores ambientales del litoral español".
"Vamos a poner sentido común en las costas españolas", ha añadido.
En lo referente al deslinde administrativo, Arias Cañete ha explicado que "se estudiará, con el máximo rigor, los criterios técnicos y jurídicos con arreglo a los cuales se resuelve la inclusión de un bien en el dominio público marítimo terrestre".
El ministro ha contestado así a la diputada socialista Leire Pajín, en la primera sesión de control al Gobierno, que "lo preocupante es la aplicación errática, arbitraria y deficiente que de la Ley de Costas ha hecho el gobierno socialista".
"Lo preocupante son casos como el Algarrobico, aprobado por ayuntamientos socialistas y bendecido por comunidades autónomas socialistas. Lo preocupante es que ustedes crean que las leyes no hay que modificarlas nunca porque las hicieron los socialistas", ha dicho.
El ministro ha explicado que la reforma de la Ley de Costas se va a centrar en dos objetivos fundamentales: "mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y compatibilizar la protección del espacio natural con actividades económicas".
Arias Cañete ha avanzado que se está estudiando la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones aproximando en este ámbito la legislación de costas a las normas que regulan las concesiones de otros bienes de dominio público".
Además, el ministro ha explicado que se van a analizar "los requisitos para la realización de determinadas obras, necesarias para dotar de sentido y utilidad las ocupaciones, y para el mantenimiento y conservación del buen estado del litoral. También estamos analizando la posibilidad de
transmisión de los derechos de ocupación".
Asimismo, ha anunciado que se quiere resolver "la inquietud en los propietarios de viviendas y de los que poseen pequeñas parcelas en la costa, sin impacto negativo sobre el medio ambiente costero, cuyos plazos concesionales de 30 años empezarán a expirar a partir de 2018".
Arias Cañete ha recordado cómo esta polémica ha llevado al Parlamento Europeo a pedir en el informe AUKEN que se modifique la Ley de Costas, "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un
impacto negativo sobre el medio ambiente costero".
Finalmente, ha descrito la situación que se han encontrado en el Ministerio en tres parámetros que hay que resolver y terminar, como son la acumulación de hasta 24.500 expedientes de reconocimiento de derechos sin resolver, los cambios de criterio sobre la ocupación de las playas, que han creado
inseguridad en el sector hostelero, y el deslinde administrativo del dominio público marítimo-terrestre, "incompleto y, muchas veces, acusado de caprichoso y arbitrario".
http://canarias24horas.com/index.php/2012020990243/turismo/canete-ley-de-costas-.-se-garantizaran-actividades-turisticas-en-el-litoral-de-modo-sostenible.html
Canarias/El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha manifestado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno va a introducir en la reforma de la Ley de Costas "un procedimiento de desafectación más ágil y se introducirán mecanismos de coordinación entre las distintas Administraciones públicas para garantizar, de modo sostenible, la actividad turística en el litoral".
El ministro ha dicho que abordará el nuevo texto "con la mejor técnica jurídica, con la experiencia
adquirida en la aplicación de la vigente ley y, por supuesto, preservando los valores ambientales del litoral español".
"Vamos a poner sentido común en las costas españolas", ha añadido.
En lo referente al deslinde administrativo, Arias Cañete ha explicado que "se estudiará, con el máximo rigor, los criterios técnicos y jurídicos con arreglo a los cuales se resuelve la inclusión de un bien en el dominio público marítimo terrestre".
El ministro ha contestado así a la diputada socialista Leire Pajín, en la primera sesión de control al Gobierno, que "lo preocupante es la aplicación errática, arbitraria y deficiente que de la Ley de Costas ha hecho el gobierno socialista".
"Lo preocupante son casos como el Algarrobico, aprobado por ayuntamientos socialistas y bendecido por comunidades autónomas socialistas. Lo preocupante es que ustedes crean que las leyes no hay que modificarlas nunca porque las hicieron los socialistas", ha dicho.
El ministro ha explicado que la reforma de la Ley de Costas se va a centrar en dos objetivos fundamentales: "mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y compatibilizar la protección del espacio natural con actividades económicas".
Arias Cañete ha avanzado que se está estudiando la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones aproximando en este ámbito la legislación de costas a las normas que regulan las concesiones de otros bienes de dominio público".
Además, el ministro ha explicado que se van a analizar "los requisitos para la realización de determinadas obras, necesarias para dotar de sentido y utilidad las ocupaciones, y para el mantenimiento y conservación del buen estado del litoral. También estamos analizando la posibilidad de
transmisión de los derechos de ocupación".
Asimismo, ha anunciado que se quiere resolver "la inquietud en los propietarios de viviendas y de los que poseen pequeñas parcelas en la costa, sin impacto negativo sobre el medio ambiente costero, cuyos plazos concesionales de 30 años empezarán a expirar a partir de 2018".
Arias Cañete ha recordado cómo esta polémica ha llevado al Parlamento Europeo a pedir en el informe AUKEN que se modifique la Ley de Costas, "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un
impacto negativo sobre el medio ambiente costero".
Finalmente, ha descrito la situación que se han encontrado en el Ministerio en tres parámetros que hay que resolver y terminar, como son la acumulación de hasta 24.500 expedientes de reconocimiento de derechos sin resolver, los cambios de criterio sobre la ocupación de las playas, que han creado
inseguridad en el sector hostelero, y el deslinde administrativo del dominio público marítimo-terrestre, "incompleto y, muchas veces, acusado de caprichoso y arbitrario".
http://canarias24horas.com/index.php/2012020990243/turismo/canete-ley-de-costas-.-se-garantizaran-actividades-turisticas-en-el-litoral-de-modo-sostenible.html
Arias canete reprocha al psoe su uso "arbitrario y deficiente" de la ley de costas
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, acusó al PSOE de haber hecho una aplicación "arbitraria y deficiente" de la Ley de Costas mientras estaba en el Gobierno y justificó la necesidad de reformarla para "poner sentido común".
En respuesta a una pregunta de la portavoz del PSOE en la Comisión de Medio Ambiente, Leire Pajín, Arias Cañete dijo que el Gobierno socialista ha hecho una aplicación "errática, arbitraria y deficiente" de la Ley de Costas, con casos como el de "El Algarrobico". Según el ministro, es "preocupante" que el PSOE piense que las leyes no hay que modificarlas nunca porque las ha hecho este partido.
Explicó que la reforma de la ley es necesaria para mejorar la seguridad jurídica y compabitilizar la protección del espacio natural con las actividades económicas, estudiando la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones para aproximar la legislación de costas a las normas que regulan las de otros bienes de derecho público.
Arias Cañete indicó que también hay que resolver la acumulación de expedientes sin resolver y, en este sentido, reprochó a los socialistas que hayan dejado 24.500 documentos en estas condiciones. "No han hecho nada en siete años, y vamos a poner sentido común en las costas españolas", apostilló el titular de Medio Ambiente.
Por su parte, Pajín aseguró que la Ley de Costas actual es garantista, equilibrada y busca preservar los recursos naturales sin perjuicio de disfrutar de la costa. "Lo que queremos es un modelo turístico que perdure en el tiempo y conservar nuestro principal atractivo, que es la costa", añadió.
En opinión de la portavoz socialista, lo que pretende el PP es volver al espíritu de la Ley del Suelo, aprobada por el Gobierno de José María Aznar, que trajo después especulación inmobiliaria y "una burbuja que hoy nos está costando muchos empleos y un modelo económico de pies de barro".
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/3734323/02/12/Arias-canete-reprocha-al-psoe-su-uso-arbitrario-y-deficiente-de-la-ley-de-costas.html
En respuesta a una pregunta de la portavoz del PSOE en la Comisión de Medio Ambiente, Leire Pajín, Arias Cañete dijo que el Gobierno socialista ha hecho una aplicación "errática, arbitraria y deficiente" de la Ley de Costas, con casos como el de "El Algarrobico". Según el ministro, es "preocupante" que el PSOE piense que las leyes no hay que modificarlas nunca porque las ha hecho este partido.
Explicó que la reforma de la ley es necesaria para mejorar la seguridad jurídica y compabitilizar la protección del espacio natural con las actividades económicas, estudiando la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones para aproximar la legislación de costas a las normas que regulan las de otros bienes de derecho público.
Arias Cañete indicó que también hay que resolver la acumulación de expedientes sin resolver y, en este sentido, reprochó a los socialistas que hayan dejado 24.500 documentos en estas condiciones. "No han hecho nada en siete años, y vamos a poner sentido común en las costas españolas", apostilló el titular de Medio Ambiente.
Por su parte, Pajín aseguró que la Ley de Costas actual es garantista, equilibrada y busca preservar los recursos naturales sin perjuicio de disfrutar de la costa. "Lo que queremos es un modelo turístico que perdure en el tiempo y conservar nuestro principal atractivo, que es la costa", añadió.
En opinión de la portavoz socialista, lo que pretende el PP es volver al espíritu de la Ley del Suelo, aprobada por el Gobierno de José María Aznar, que trajo después especulación inmobiliaria y "una burbuja que hoy nos está costando muchos empleos y un modelo económico de pies de barro".
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/3734323/02/12/Arias-canete-reprocha-al-psoe-su-uso-arbitrario-y-deficiente-de-la-ley-de-costas.html
La capital se une a los vecinos afectados por la Ley de Costas
El gobierno local apoya en los juzgados a los residentes de Igueste
Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento defenderán en los tribunales a los vecinos de Igueste de San Andrés para evitar que las casas afectadas por la Ley de Costas sean demolidas.
El alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, junto al primer teniente de alcalde, Julio Pérez, y el concejal del Distrito de Anaga, Fernando Ballesteros, se reunieron ayer con los vecinos de este pueblo costero para tratar la sentencia de la Audiencia Nacional que ha ratificado que 97 parcelas y 22 viviendas del barrio incumplen la actual Ley de Costas porque invaden los 100 metros fijados dentro de los límites del dominio público marítimo.
Los representantes de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga y la Asociación Cultural y Medioambiental El Asío, ambas de Igueste de San Andrés, fueron Yolanda Déniz, Camilo León y José María Alberto. Déniz se mostró "muy satisfecha" tras el encuentro ya que, sea cual sea el resultado final, al menos "el Ayuntamiento ha escuchado todo lo que teníamos que decir". Bermúdez se comprometió a ofrecerles "toda la ayuda posible" y les aseguró que tendrán "la información del proceso que necesiten a través del abogado que lleva el caso en el Ayuntamiento", añadió Yolanda Déniz.
Durante la reunión se informó a los portavoces vecinales que en estos momentos los servicios jurídicos municipales defienden en los tribunales la misma posición que ellos. Además, aseguraron que sienten la misma preocupación que los residentes afectados por el futuro de todas las parcelas que se encuentran en dominio público. Pérez, Bermúdez y Ballesteros insistieron en que están en total sintonía con los vecinos del pueblo y esperan que se resuelva una sentencia favorable para la tranquilidad de todos sus habitantes.
Ambas partes se mostraron esperanzadas con la posibilidad de la aprobación de la nueva normativa en materia de Costas que ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy, que suavice la actual legislación y les permita "respirar un poco más tranquilos", explicó la portavoz de los vecinos. Lo que sí tienen muy claro todos los habitantes de Igueste de San Andrés es que llegarán "hasta el final, cuesta lo que cueste". "Nadie va a dejar que entre una pala en el pueblo o que sus casas queden fuera de ordenación", concluyó Déniz.
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/02/09/capital-une-vecinos-afectados-ley-costas/395894.html
Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento defenderán en los tribunales a los vecinos de Igueste de San Andrés para evitar que las casas afectadas por la Ley de Costas sean demolidas.
El alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, junto al primer teniente de alcalde, Julio Pérez, y el concejal del Distrito de Anaga, Fernando Ballesteros, se reunieron ayer con los vecinos de este pueblo costero para tratar la sentencia de la Audiencia Nacional que ha ratificado que 97 parcelas y 22 viviendas del barrio incumplen la actual Ley de Costas porque invaden los 100 metros fijados dentro de los límites del dominio público marítimo.
Los representantes de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga y la Asociación Cultural y Medioambiental El Asío, ambas de Igueste de San Andrés, fueron Yolanda Déniz, Camilo León y José María Alberto. Déniz se mostró "muy satisfecha" tras el encuentro ya que, sea cual sea el resultado final, al menos "el Ayuntamiento ha escuchado todo lo que teníamos que decir". Bermúdez se comprometió a ofrecerles "toda la ayuda posible" y les aseguró que tendrán "la información del proceso que necesiten a través del abogado que lleva el caso en el Ayuntamiento", añadió Yolanda Déniz.
Durante la reunión se informó a los portavoces vecinales que en estos momentos los servicios jurídicos municipales defienden en los tribunales la misma posición que ellos. Además, aseguraron que sienten la misma preocupación que los residentes afectados por el futuro de todas las parcelas que se encuentran en dominio público. Pérez, Bermúdez y Ballesteros insistieron en que están en total sintonía con los vecinos del pueblo y esperan que se resuelva una sentencia favorable para la tranquilidad de todos sus habitantes.
Ambas partes se mostraron esperanzadas con la posibilidad de la aprobación de la nueva normativa en materia de Costas que ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy, que suavice la actual legislación y les permita "respirar un poco más tranquilos", explicó la portavoz de los vecinos. Lo que sí tienen muy claro todos los habitantes de Igueste de San Andrés es que llegarán "hasta el final, cuesta lo que cueste". "Nadie va a dejar que entre una pala en el pueblo o que sus casas queden fuera de ordenación", concluyó Déniz.
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/02/09/capital-une-vecinos-afectados-ley-costas/395894.html
lunes, 6 de febrero de 2012
LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS.

El reciente anuncio del nuevo Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre la intención del Gobierno popular de revisar y reformar la vigente Ley de Costas ha hecho abrigar esperanzas positivas a los miles de afectados por la misma. La aplicación de la vigente Ley de Costas que data de 1988 afecta a unos 1.600.000 ciudadanos tanto españoles como extranjeros y ha sido a lo largo de los años objeto de numerosas críticas, controversias y resoluciones judiciales incluso fuera de nuestras fronteras.
La necesidad de proteger y de recuperar el deteriorado litoral español no es puesta en duda por nadie con un mínimo sentido común. Pero, simultáneamente, nadie debería cuestionar la necesidad de compatibilizar con esa necesidad la de preservar la actividad económica y los miles de puestos de trabajo que pueden verse afectados o incluso desaparecer como consecuencia de una aplicación errática y errónea de la legislación actual. Del mismo modo, deberían ser objetivos irrenunciables para cualquier responsable político preservar de una manera clara y nítida la seguridad en el tráfico jurídico de la propiedad, la primacía de la fe pública registral, la irretroactividad de las normas desfavorables y el principio de equidad y justicia en las compensaciones económicas que hubiesen de producirse como consecuencia de la aplicación de la norma en su actual configuración.
Una reforma de la vigente Ley de Costas debe hacerse contemplando todos estos parámetros y en modo alguno puede desviarse de los principios constitucionales en los que ha de inspirarse.
Las diferentes situaciones de afección del litoral marítimo que la realidad presenta deben contemplarse de manera bien diferenciada considerando aspectos muy diversos: el carácter urbano o no de las mismas, la fecha de su aparición anterior o posterior a la Ley de 1988, el grado de protección medioambiental de los distintos emplazamientos, el carácter de los titulares sean personas físicas o jurídicas, la naturaleza de las anotaciones registrales, los deslindes efectuados y los parámetros físicos usados que, hasta el día de hoy, provocan diferencias notables de tratamiento, etc.
Transformar sin más, como hasta ahora, el derecho de propiedad adquirido de forma absolutamente legítima y legal con anterioridad a 1988 en un simple derecho de concesión, sin más compensación que el propio valor que a la misma concesión arbitrariamente se confiere, constituye un auténtico ataque al derecho de propiedad y a la seguridad del tráfico jurídico, al margen de la evidente inconstitucionalidad que la retroactividad supone. Diferente alcance, aunque igual de negativas consecuencias para los propietarios, supone la aplicación de la misma técnica a propiedades adquiridas con posterioridad a la aprobación de la Ley pues se produjeron mediando fedatarios públicos obligados por Ley a prevenir a los adquirientes de los condicionantes legales nuevos. Distinta es, igualmente, la situación de todos los inmuebles construidos en el dominio público después de 1988 en la que la intervención de las administraciones públicas con responsabilidades urbanísticas es la única responsable de las transgresiones de la norma y, por tanto, quienes deberían asumir las consecuencias que pudieran derivarse.
En todo caso, la problemática es tremendamente variada y la reforma de la Ley anunciada va a ser compleja, pero por mucha dificultad que entrañe debe abordarse con urgencia, con rigor, con diálogo con los afectados y tratando de conjugar los diferentes intereses contrapuestos.
La necesidad de proteger y de recuperar el deteriorado litoral español no es puesta en duda por nadie con un mínimo sentido común. Pero, simultáneamente, nadie debería cuestionar la necesidad de compatibilizar con esa necesidad la de preservar la actividad económica y los miles de puestos de trabajo que pueden verse afectados o incluso desaparecer como consecuencia de una aplicación errática y errónea de la legislación actual. Del mismo modo, deberían ser objetivos irrenunciables para cualquier responsable político preservar de una manera clara y nítida la seguridad en el tráfico jurídico de la propiedad, la primacía de la fe pública registral, la irretroactividad de las normas desfavorables y el principio de equidad y justicia en las compensaciones económicas que hubiesen de producirse como consecuencia de la aplicación de la norma en su actual configuración.
Una reforma de la vigente Ley de Costas debe hacerse contemplando todos estos parámetros y en modo alguno puede desviarse de los principios constitucionales en los que ha de inspirarse.
Las diferentes situaciones de afección del litoral marítimo que la realidad presenta deben contemplarse de manera bien diferenciada considerando aspectos muy diversos: el carácter urbano o no de las mismas, la fecha de su aparición anterior o posterior a la Ley de 1988, el grado de protección medioambiental de los distintos emplazamientos, el carácter de los titulares sean personas físicas o jurídicas, la naturaleza de las anotaciones registrales, los deslindes efectuados y los parámetros físicos usados que, hasta el día de hoy, provocan diferencias notables de tratamiento, etc.
Transformar sin más, como hasta ahora, el derecho de propiedad adquirido de forma absolutamente legítima y legal con anterioridad a 1988 en un simple derecho de concesión, sin más compensación que el propio valor que a la misma concesión arbitrariamente se confiere, constituye un auténtico ataque al derecho de propiedad y a la seguridad del tráfico jurídico, al margen de la evidente inconstitucionalidad que la retroactividad supone. Diferente alcance, aunque igual de negativas consecuencias para los propietarios, supone la aplicación de la misma técnica a propiedades adquiridas con posterioridad a la aprobación de la Ley pues se produjeron mediando fedatarios públicos obligados por Ley a prevenir a los adquirientes de los condicionantes legales nuevos. Distinta es, igualmente, la situación de todos los inmuebles construidos en el dominio público después de 1988 en la que la intervención de las administraciones públicas con responsabilidades urbanísticas es la única responsable de las transgresiones de la norma y, por tanto, quienes deberían asumir las consecuencias que pudieran derivarse.
En todo caso, la problemática es tremendamente variada y la reforma de la Ley anunciada va a ser compleja, pero por mucha dificultad que entrañe debe abordarse con urgencia, con rigor, con diálogo con los afectados y tratando de conjugar los diferentes intereses contrapuestos.
Por fin la nueva ley de costas
Después de muchos años de reivindicaciones, de exigencias y de malas noticias, por fin los vecinos del litoral de la provincia pueden dormir tranquilos, sin la incertidumbre de sentir que sus propiedades, las que heredaron de sus familias, estaban en manos de políticos que nunca han tenido intención de escucharles. No era tan difícil. El nuevo ministro de Medio Ambiente lo ha demostrado en apenas dos meses.
Solo hacía falta escuchar y ver. Porque no se puede decidir el futuro de cientos de personas sobre un plano. No se pueden obviar las circunstancias ambientales, ni obcecarse en que lo que era bueno en 1988 es necesariamente bueno en 2012. Por fin, los municipios afectados hemos recibido un compromiso firme de un responsable político de cambiar una ley de costas que tiene muchas cosas buenas, pero otras malas. Porque las leyes no pueden dar la espalda a los ciudadanos, sino que deben defender sus derechos.
Lo más frustrante es que no era tan difícil. Escuchar y decidir. Hasta ahora las únicas decisiones que se habían tomado eran dibujar deslindes sobre un mapa y derribar viviendas e infraestructuras. Estas últimas decisiones irreparables. Por eso es imprescindible que se paralice cualquier expediente administrativo abierto contra las propiedades del litoral hasta que la nueva ley se haya modificado.
La semana pasada recibimos una excelente noticia fruto del sentido común, el que ha demostrado el nuevo ministro y que no fueron capaces de aplicar sus antecesores en el cargo. Ahora pedimos diálogo, que nos tengan en cuenta a los municipios a la hora de dar forma a esa nueva ley, dado que nosotros conocemos los problemas que sufre el litoral y sabemos cuáles son las sensibilidades de la ciudadanía. Esta decisión es la culminación de un intenso trabajo, junto a la plataforma, que nos llevó incluso a reivindicar ante Bruselas y ante quien hoy es vicepresidenta, Soraya Sánchez de Santamaría. Por eso van a permitirnos que respiremos tranquilos, por fin.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/opinion/por-fin-nueva-ley-de-costas_716025.html
Solo hacía falta escuchar y ver. Porque no se puede decidir el futuro de cientos de personas sobre un plano. No se pueden obviar las circunstancias ambientales, ni obcecarse en que lo que era bueno en 1988 es necesariamente bueno en 2012. Por fin, los municipios afectados hemos recibido un compromiso firme de un responsable político de cambiar una ley de costas que tiene muchas cosas buenas, pero otras malas. Porque las leyes no pueden dar la espalda a los ciudadanos, sino que deben defender sus derechos.
Lo más frustrante es que no era tan difícil. Escuchar y decidir. Hasta ahora las únicas decisiones que se habían tomado eran dibujar deslindes sobre un mapa y derribar viviendas e infraestructuras. Estas últimas decisiones irreparables. Por eso es imprescindible que se paralice cualquier expediente administrativo abierto contra las propiedades del litoral hasta que la nueva ley se haya modificado.
La semana pasada recibimos una excelente noticia fruto del sentido común, el que ha demostrado el nuevo ministro y que no fueron capaces de aplicar sus antecesores en el cargo. Ahora pedimos diálogo, que nos tengan en cuenta a los municipios a la hora de dar forma a esa nueva ley, dado que nosotros conocemos los problemas que sufre el litoral y sabemos cuáles son las sensibilidades de la ciudadanía. Esta decisión es la culminación de un intenso trabajo, junto a la plataforma, que nos llevó incluso a reivindicar ante Bruselas y ante quien hoy es vicepresidenta, Soraya Sánchez de Santamaría. Por eso van a permitirnos que respiremos tranquilos, por fin.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/opinion/por-fin-nueva-ley-de-costas_716025.html
viernes, 3 de febrero de 2012
Costas atiende a los vecinos y corrige la obra que impedía el acceso a las viviendas


La Dirección General de Costas ordenó a la empresa que realiza el paseo peatonal de Cho Vito a que cubriera de inmediato el socavón provocado por dicha actuación que impedía el acceso de los vecinos a sus viviendas durante el lunes pasado. Una vez que el hoyo quedó debidamente cubierto, los habitantes de este poblado marinero pueden entrar en sus casas por la zona frontal del lugar con seguridad.
Cabe recordar que la apertura de ese hoyo y el uso de un andamio como paso peatonal provisional por la franja trasera del poblado generó la queja y protesta de los vecinos, que demandaron la intervención de las autoridades para resolver este problema. De hecho, anteayer presentaron una queja formal en el Cuartel de la Guardia Civil contra uno de sus efectivos por una presunta falta de respeto hacia una de las vecinas.
De lo sucedido el lunes en Cho Vito hay constancia documental (en forma de escrito y fotografías) en el Parlamento Europeo, donde algunos representantes españoles "tomaron cartas en el asunto" y "otros dirigentes de otros países nos han trasladado su preocupación por lo que aquí nos siguen haciendo", dijo ayer el portavoz del colectivo vecinal, Tomás González, quien destacó que ha sido nombrado un interlocutor de la empresa con los residentes
http://www.eldia.es/2012-02-03/sur/0-Costas-atiende-vecinos-corrige-obra-impedia-acceso-viviendas.htm
Cabe recordar que la apertura de ese hoyo y el uso de un andamio como paso peatonal provisional por la franja trasera del poblado generó la queja y protesta de los vecinos, que demandaron la intervención de las autoridades para resolver este problema. De hecho, anteayer presentaron una queja formal en el Cuartel de la Guardia Civil contra uno de sus efectivos por una presunta falta de respeto hacia una de las vecinas.
De lo sucedido el lunes en Cho Vito hay constancia documental (en forma de escrito y fotografías) en el Parlamento Europeo, donde algunos representantes españoles "tomaron cartas en el asunto" y "otros dirigentes de otros países nos han trasladado su preocupación por lo que aquí nos siguen haciendo", dijo ayer el portavoz del colectivo vecinal, Tomás González, quien destacó que ha sido nombrado un interlocutor de la empresa con los residentes
http://www.eldia.es/2012-02-03/sur/0-Costas-atiende-vecinos-corrige-obra-impedia-acceso-viviendas.htm
miércoles, 1 de febrero de 2012
Cho Vito resiste, como El Álamo


El Ayuntamiento de Candelaria tuvo que interceder martes ante la Dirección General de Costas y la empresa Tragsa, encargada de las obras, para mantener abierto el acceso por la playa a las nueve viviendas que aún permanecen en pie en Cho Vito.
Una medida que se tomó en respuesta a las peticiones de los vecinos afectados por las obras que se ejecutan en la zona y que explotaron el lunes por la tarde cuando una pala mecánica cortó la entrada por la playa, dejando un gran hueco que imposibilita el tránsito a las viviendas.
La plataforma vecinal que lidera Tomás González, uno de los afectados que todavía man tiene su casa en pie -hay una prórroga hasta mayo-, invitó entonces al alcalde a acudir ayer a primera hora a inspeccionar las obras, y éste, acompañado por el concejal de Urbanismo, Domingo Ramos, se trasladó a las ocho y media de la mañana a la zona.
Ambos, junto a representantes de la empresa adjudicataria de la actuación que Costas lleva a cabo en Cho Vito, se reunieron con los vecinos con el objetivo de conocer sus quejas sobre los accesos a las viviendas.
Quejas como las que relataba Montserrat Mejías, una de las vecinas, quien aseguraba “no he podido bajar la compra del coche”, aludiendo a la inseguridad que representa entrar por la parte alta en donde han situado una escalera, al estilo de un andamio, que ayer pudimos comprobar apenas reúne medidas de seguridad.
Tras las tensas conversaciones iniciales entre políticos y vecinos, se decidió solicitar a Costas la petición de los vecinos de que se mantuviera abierto el acceso por la playa hasta que se terminen los trabajos en la parte superior, pendiente aún de si finalmente habrá más derribos o no en Cho Vito, como califica el abogado José Luis Langa, defensor de los afectados por la Ley de Costas, el nuevo Álamo, por la tenaz resistencia de los vecinos a todo tipo de obstáculo que le están poniendo en el camino.
http://www.diariodeavisos.com/2012/01/31/actualidad/cho-vito-logra-un-compromiso-de-costas-tras-la-mediacion-de-garcia-para-solucionar-el-acceso-al-poblado/
Una medida que se tomó en respuesta a las peticiones de los vecinos afectados por las obras que se ejecutan en la zona y que explotaron el lunes por la tarde cuando una pala mecánica cortó la entrada por la playa, dejando un gran hueco que imposibilita el tránsito a las viviendas.
La plataforma vecinal que lidera Tomás González, uno de los afectados que todavía man tiene su casa en pie -hay una prórroga hasta mayo-, invitó entonces al alcalde a acudir ayer a primera hora a inspeccionar las obras, y éste, acompañado por el concejal de Urbanismo, Domingo Ramos, se trasladó a las ocho y media de la mañana a la zona.
Ambos, junto a representantes de la empresa adjudicataria de la actuación que Costas lleva a cabo en Cho Vito, se reunieron con los vecinos con el objetivo de conocer sus quejas sobre los accesos a las viviendas.
Quejas como las que relataba Montserrat Mejías, una de las vecinas, quien aseguraba “no he podido bajar la compra del coche”, aludiendo a la inseguridad que representa entrar por la parte alta en donde han situado una escalera, al estilo de un andamio, que ayer pudimos comprobar apenas reúne medidas de seguridad.
Tras las tensas conversaciones iniciales entre políticos y vecinos, se decidió solicitar a Costas la petición de los vecinos de que se mantuviera abierto el acceso por la playa hasta que se terminen los trabajos en la parte superior, pendiente aún de si finalmente habrá más derribos o no en Cho Vito, como califica el abogado José Luis Langa, defensor de los afectados por la Ley de Costas, el nuevo Álamo, por la tenaz resistencia de los vecinos a todo tipo de obstáculo que le están poniendo en el camino.
http://www.diariodeavisos.com/2012/01/31/actualidad/cho-vito-logra-un-compromiso-de-costas-tras-la-mediacion-de-garcia-para-solucionar-el-acceso-al-poblado/
Gabriel Mato (PP) expone a Arias Cañete la necesidad de defender los intereses de los productores canarios en la UE
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y el eurodiputado canario del PP, Gabriel Mato, han destacado este martes la necesidad de intensificar esfuerzos con el fin de garantizar los intereses de los productores españoles, en general, y canarios, en particular, de cara a los acuerdos agrícolas y pesqueros que se están debatiendo en estos momentos en el seno de la Unión Europea.
En la entrevista que mantuvieron esta mañana, Mato trasladó al ministro algunos de los aspectos claves para el futuro agrícola y pesquero ante las negociaciones que se están desarrollando en estos momentos.
A la salida del encuentro, Matos expresó su "satisfacción" por el resultado y destacó el avance que supone contar en el ministerio con un interlocutor que conoce tanto los asuntos sobre los que se habla, como puede ser la reforma del Posei, como las particularidades de Canarias.
En este sentido, destacó la colaboración expresada por parte del ministro para hacer llegar a las instancias comunitarias el mensaje de que tengan en cuenta los intereses de los productores comunitarios, a quienes entiende y comprende, al mismo tiempo que manifestó su apoyo ante las acciones planteadas al respecto por parte del eurodiputado canario.
Asimismo, valoró la sensibilidad mostrada por Arias Cañete respecto a los productores canarios, que por su propia condición de región ultraperiférica necesita contar con herramientas que permitan la viabilidad del sector agrícola y pesquero, así como el desarrollo de su actividad comercial.
Entre los aspectos abordados, Mato hizo hincapié en asuntos como la reforma del Reglamento del Programa de Opciones Específicas para la Lejanía y la Insularidad (Posei), informe del que ha sido ponente y que se encuentran en la fase final para su tramitación, a la espera del trílogo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo el próximo mes de febrero.
En dicho documento, Mato ha recogido aspectos fundamentales para el desarrollo de la actividad económica de las nueve regiones afectadas, entre las que se encuentran Canarias, Azores, Madeira, Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, San Bartolomé y San Juan.
Entre los principales aspectos planteados se incluye el incremento de 70 millones de euros de la actual ficha financiera, elevándola a los 723 millones de euros, y que repercute en cultivos claves en el desarrollo de las islas como el plátano.
Precisamente, sobre el futuro del sector platanero tanto en lo que a la reforma del Posei se refiere como a las ayudas al transporte, el ministro Arias Cañete reiteró su compromiso con el sector y garantizó que en ningún caso le falta la ayuda del Gobierno central cuando lo necesita.
ACUERDOS INCUMPLIDOS
La negociación de los acuerdos agrícolas y pesqueros con países terceros como Marruecos y Mauritania han sido otros asuntos abordados en el encuentro. Al respecto, Mato ha hecho hincapié en que no se puede tolerar que se suscriban acuerdos perjudiciales para los intereses de los productores europeos y, en especial, de los españoles.
Mato ha criticado que el actual acuerdo agrícola suscrito con Marruecos ha sido objeto de reiterados incumplimientos por parte de este último en lo que a contingentes y precios se refiere, en especial en el caso de los tomates.
En este sentido, señaló que no se está en contra de un acuerdo con Marruecos que, insistió, "es y debe seguir siendo un socio privilegiado", aunque reiteró que es el momento de que la Comisión Europea afronte sin dilación la reforma del reglamento regulador de los precios de entrada, sobre todo teniendo en cuenta que el actual sistema es el que está propiciando los fraudes.
En cuanto al acuerdo pesquero, Mato ha defendido un nuevo documento pero distinto al actual con nuevos requisitos que permitan contar con un protocolo que sea económica, ecológica y socialmente sostenible y mutuamente beneficioso.
Otro de los puntos abordados se centró en el acuerdo con Mauritania, ya que el eurodiputado canario ha dejado patente que es necesario trabajar por conseguir un acuerdo que no perjudique los intereses de Canarias, sobre todo teniendo en cuenta que las capturas mauritanas representan el 70% del pescado manipulado en el Puerto de la Luz y de Las Palmas.
Añadió que este será uno de los ejes del informe del que será ponente y que se debatirá en el seno de la Comisión de Pesca en torno a la renovación de dicho acuerdo a partir del próximo 31 de julio. Mato expresó también al ministro su preocupación por el frente marítimo de Santa Cruz de La Palma, e insistió en la necesidad de que no sufra retrasos ni recortes.
CHO VITO Y LA LEY DE COSTAS
La situación de los vecinos de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, fue abordada también en el encuentro y Arias Cañete apostó por que se lleve a cabo la reforma de la Ley de Costas para que se garantice el dominio público y el derecho de todas las partes.
En el encuentro mantenido por Arias Cañete y Gabriel Mato se habló, además, de la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC). En este punto, Mato mantuvo que además de contemplar un presupuesto insuficiente para poder alcanzar los objetivos planteados, será fuente de conflicto al eliminar el criterio histórico de reparto de las ayudas y deja en mano de los estados miembros la distribución de las partidas.
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3711290/01/12/gabriel-mato-pp-expone-a-arias-canete-la-necesidad-de-defender-los-intereses-de-los-productores-canarios-en-la-ue.html
En la entrevista que mantuvieron esta mañana, Mato trasladó al ministro algunos de los aspectos claves para el futuro agrícola y pesquero ante las negociaciones que se están desarrollando en estos momentos.
A la salida del encuentro, Matos expresó su "satisfacción" por el resultado y destacó el avance que supone contar en el ministerio con un interlocutor que conoce tanto los asuntos sobre los que se habla, como puede ser la reforma del Posei, como las particularidades de Canarias.
En este sentido, destacó la colaboración expresada por parte del ministro para hacer llegar a las instancias comunitarias el mensaje de que tengan en cuenta los intereses de los productores comunitarios, a quienes entiende y comprende, al mismo tiempo que manifestó su apoyo ante las acciones planteadas al respecto por parte del eurodiputado canario.
Asimismo, valoró la sensibilidad mostrada por Arias Cañete respecto a los productores canarios, que por su propia condición de región ultraperiférica necesita contar con herramientas que permitan la viabilidad del sector agrícola y pesquero, así como el desarrollo de su actividad comercial.
Entre los aspectos abordados, Mato hizo hincapié en asuntos como la reforma del Reglamento del Programa de Opciones Específicas para la Lejanía y la Insularidad (Posei), informe del que ha sido ponente y que se encuentran en la fase final para su tramitación, a la espera del trílogo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo el próximo mes de febrero.
En dicho documento, Mato ha recogido aspectos fundamentales para el desarrollo de la actividad económica de las nueve regiones afectadas, entre las que se encuentran Canarias, Azores, Madeira, Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, San Bartolomé y San Juan.
Entre los principales aspectos planteados se incluye el incremento de 70 millones de euros de la actual ficha financiera, elevándola a los 723 millones de euros, y que repercute en cultivos claves en el desarrollo de las islas como el plátano.
Precisamente, sobre el futuro del sector platanero tanto en lo que a la reforma del Posei se refiere como a las ayudas al transporte, el ministro Arias Cañete reiteró su compromiso con el sector y garantizó que en ningún caso le falta la ayuda del Gobierno central cuando lo necesita.
ACUERDOS INCUMPLIDOS
La negociación de los acuerdos agrícolas y pesqueros con países terceros como Marruecos y Mauritania han sido otros asuntos abordados en el encuentro. Al respecto, Mato ha hecho hincapié en que no se puede tolerar que se suscriban acuerdos perjudiciales para los intereses de los productores europeos y, en especial, de los españoles.
Mato ha criticado que el actual acuerdo agrícola suscrito con Marruecos ha sido objeto de reiterados incumplimientos por parte de este último en lo que a contingentes y precios se refiere, en especial en el caso de los tomates.
En este sentido, señaló que no se está en contra de un acuerdo con Marruecos que, insistió, "es y debe seguir siendo un socio privilegiado", aunque reiteró que es el momento de que la Comisión Europea afronte sin dilación la reforma del reglamento regulador de los precios de entrada, sobre todo teniendo en cuenta que el actual sistema es el que está propiciando los fraudes.
En cuanto al acuerdo pesquero, Mato ha defendido un nuevo documento pero distinto al actual con nuevos requisitos que permitan contar con un protocolo que sea económica, ecológica y socialmente sostenible y mutuamente beneficioso.
Otro de los puntos abordados se centró en el acuerdo con Mauritania, ya que el eurodiputado canario ha dejado patente que es necesario trabajar por conseguir un acuerdo que no perjudique los intereses de Canarias, sobre todo teniendo en cuenta que las capturas mauritanas representan el 70% del pescado manipulado en el Puerto de la Luz y de Las Palmas.
Añadió que este será uno de los ejes del informe del que será ponente y que se debatirá en el seno de la Comisión de Pesca en torno a la renovación de dicho acuerdo a partir del próximo 31 de julio. Mato expresó también al ministro su preocupación por el frente marítimo de Santa Cruz de La Palma, e insistió en la necesidad de que no sufra retrasos ni recortes.
CHO VITO Y LA LEY DE COSTAS
La situación de los vecinos de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, fue abordada también en el encuentro y Arias Cañete apostó por que se lleve a cabo la reforma de la Ley de Costas para que se garantice el dominio público y el derecho de todas las partes.
En el encuentro mantenido por Arias Cañete y Gabriel Mato se habló, además, de la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC). En este punto, Mato mantuvo que además de contemplar un presupuesto insuficiente para poder alcanzar los objetivos planteados, será fuente de conflicto al eliminar el criterio histórico de reparto de las ayudas y deja en mano de los estados miembros la distribución de las partidas.
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3711290/01/12/gabriel-mato-pp-expone-a-arias-canete-la-necesidad-de-defender-los-intereses-de-los-productores-canarios-en-la-ue.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)