Costas advierte de que no detendrá los derribos ordenados por la Justicia

El Ministerio de Medio Ambiente estudiará la suspensión de las actuaciones administrativas hasta que se apruebe la nueva ley, pero matiza que no puede hacer nada en el caso de resoluciones judiciales firmes. Los afectados de Canarias piden que los abogados del Estado no insten la ejecución de las sentencias.



Las buenas noticias con las que los afectados por la Ley de Costas en Canarias volvieron el pasado jueves de su reunión en el Ministerio de Ambiente solo lo son a medias. El abogado José Luis Langa, representante en las Islas de la asociación de perjudicados por esta norma, aclaró ayer que el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, les advirtió de que la "receptividad" de la Administración central a la hora de suspender derribos no alcanzará a aquellos que sean objeto de una resolución judicial firme.

En el encuentro, Saavedra se comprometió a estudiar el aplazamiento, hasta que se apruebe la nueva ley, de aquellas actuaciones administrativas que "representen un perjuicio para las propiedades y los negocios en Canarias", pero matizó que "no puede entrar" en las decisiones judiciales.

Sin embargo, y pese a reconocer la buena voluntad del alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente, Langa -que acudió a la reunión junto a las senadoras del Partido Popular (PP) Luz Marina Socas y Meluca Suárez- recordó que son los abogados del Estado quienes deben instar a la ejecución de las resoluciones de los jueces, por lo que demandó que no se dé este paso mientras no haya luz verde para la nueva ley.

Ante esta solicitud, el secretario general de Costas replicó que dar esas directrices a los abogados del Estado no depende del Ministerio. "Pensamos que debe articularse algún procedimiento entre varios ministerios para que no se materialicen esas ejecuciones si van contra la nueva ley, que será totalmente contraria a la actual", expuso el representante del colectivo de afectados.

A juicio de José Luis Langa, es "de sentido común" que se haga todo lo posible para no aplicar la norma vigente si en breve se promulgará otra que en gran parte la contradice. De acuerdo con la información que el Ministerio le ha facilitado, el anteproyecto de la nueva ley de Costas será presentado en julio, de forma que la ley entrará en vigor antes de que finalice el año.

En cuanto a la intervención del Gobierno canario, Langa lamentó las contradicciones entre los ejecutivos central y autonómico, dado que el primero sostiene que Canarias no ha pedido que se convoque la comisión mixta para la discusión de las competencias en materia de costas y la Administración regional asegura que sí lo ha hecho. La asociación de perjudicados por la ley urge a que se impulse esta mesa de negociación y que se tengan en cuenta las aspiraciones de Canarias y su conocimiento de esta realidad.

En las Islas -con alrededor de 7.000 kilómetros de litoral- hay cerca de cincuenta zonas afectadas por los posibles derribos, entre ellas Igueste de San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), Santa Lucía (Güímar) y Los Roques, (Fasnia), en Tenerife: Ojos de Garza (Telde) y La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria; Valle Gran Rey, en La Gomera; Fuencaliente, en La Palma, y El Golfo, en Lanzarote.

http://eldia.es/2012-06-12/CANARIAS/0-Costas-advierte-detendra-derribos-ordenados-Justicia.htm#eldiacomentarios

Medio Ambiente muestra "gran receptividad" ante la suspensión de los actos administrativos relativos a deslindes

El director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, ha mostrado este jueves "gran receptividad" ante la posibilidad de suspender los actos administrativos respecto a los deslindes hasta la promulgación de una nueva ley de costas.


Así lo ha anunciado el representante de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas en Canarias, José Luis Langa, al término de una reunión con dicho responsable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En la reunión, donde también han participado las senadoras canarias del Centro Canario Nacionalista (CCN), Luz Marina Socas y Meluca Suárez, el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha descartado, sin embargo, la posibilidad de una moratoria de la ley vigente, del año 88. Langa ha explicado que mientras una moratoria puede tener una duración de hasta diez años, una suspensión tiene una duración "limitada" de "uno, dos o cuatro años".

Langa había pedido que el Gobierno "no inste" la ejecución de las sentencias actuales, ante lo que Saavedra respondió que "es complicado no hacerlo". No obstante, el representante de los afectados por la ley de costas en Canarias ha valorado que la suspensión es "un avance importante en cuanto a todos aquellos que estén afectados". Según sus cálculos, en Canarias hay 200.000 afectados directos y más de dos millones de damnificados, contando los indirectos.

Langa ha constatado ante el responsable ministerial que Canarias es la comunidad autónoma más afectada por la ley de costas, al ser la que tiene más kilómetros de litoral. Además, ha señalado que "Canarias se ha construido de cara al mar, vive en el mar y morirá en el mar", y que "los núcleos poblacionales urbanos son pueblos marineros", luego, a su juicio, esta cuestión requiere "la sensibilidad con la que hasta ahora no se ha tratado".

Así, ha pedido un "trato diferencial" para Canarias, frente a lo que Saavedra ha indicado que la ley debe ser de carácter general, pero que "Canarias se verá beneficiada igual que el resto con una nueva aplicación". Con todo, Langa se ha manifestado "optimista" ante la nueva ley, y ha calificado de "receptivo" el talante del director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

CANARIAS, OBSERVATORIO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY


Por otra parte, la senadora por Gran Canaria Meluca Suárez, ha destacado que "aunque no va a haber una disposición concreta hacia Canarias dentro de la ley de costas", Saavedra ha dicho que "Canarias va a ser un observatorio de primer orden por su especificidad y por la longitud de sus costas a la hora de implementar la nueva ley". "Eso para los canarios es importante, porque acorta bastante la distancia que hay entre Canarias y Madrid por el desconocimiento que hay hacia las islas", ha apostillado.

Suárez ha solicitado al responsable ministerial que "desbloquee" el proyecto de la escollera de la playa de la Aldea, que cuenta con financiación; y se ha interesado por el realojo de los vecinos de las poblaciones de Ojos de Garza y Tufia, un tema que se encuentra en los servicios jurídicos, según le ha trasladado Saavedra.


Por su parte, la senadora por Tenerife Luz Marina Socas ha planteado la necesidad de "proteger sí o sí" el pueblo de San Andrés mediante una escollera, ya que "siempre ha estado amenazado por el oleaje, que todos los años se mete en el pueblo". También se ha interesado por el estado de algunos informes dependientes de esta dirección general sobre San Miguel de Abona. A su juicio, el director general ha demostrado que está "muy interesado" por los problemas de Canarias.

http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-medio-ambiente-muestra-gran-receptividad-suspension-actos-administrativos-relativos-deslindes-20120607184231.html

El barrio de Santa Lucía celebra su victoria judicial contra el ayuntamiento

El barrio costero de Santa Lucía celebró este pasado fin de semana un almuerzo de convivencia y con ánimos festivos, tras la reciente victoria obtenida por los vecinos en los tribunales.

Esta localidad de la comarca de Agache, en Güímar, sufrió hace un año las consecuencias de unos desprendimientos, lo que obligó a desalojar la mayor parte de las viviendas de la zona.

En concreto, fueron nueve las familias que tuvieron que ser acogidas de manera provisional en un establecimiento alojativo abonado por el ayuntamiento, por espacio de algo más de un mes. Sin embargo, la corporación local limitó sus gastos económicos con los damnificados, y el supuesto regreso a sus casas de algunas personas fue lo que motivó la presentación de una denuncia por parte del Ayuntamiento de Güímar en los juzgados.

Lo que celebraron los vecinos el pasado domingo fue la decisión del juzgado de Güímar, que decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa que consistió en la denuncia por presunto delito de usurpación por parte del propio Ayuntamiento güimarero, contra cinco vecinos que volvieron a sus viviendas después de haber sido desalojados de ellas.

Por ello, se realizó una gran paella para compartir, y durante la jornada festiva también se rindió un homenaje al abogado José Luis Langa, por su labor de defensa del barrio en su contencioso con la Dirección General de Costas.

El barrio de Santa Lucía aún sigue pendiente de unas obras que aseguren la parte de la ladera que sufrió el desprendimiento, para lo que incluso los vecinos han encargado un estudio a una empresa especializada. Sin embargo, aún no se ha garantizado la financiación, algo para lo que trabajarán de manera conjunta con la corporación municipal ante las administraciones.

http://www.eldia.es/2012-05-24/sur/3-barrio-Santa-Lucia-celebra-victoria-judicial-ayuntamiento.htm

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acepta la queja de los vecinos de Cho Vito ante la vulneración de sus derechos por parte de Tragsa

Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito, afectados por las obras que Tragsa realiza en la zona explicó en La Trapera de Radio San Borondón que han recurrido la sentencia que les condena a pagar una multa por las protestas realizadas para que se crearan accesos a sus casas y denuncia la injusticia sufrida porque la realidad es que los vecinos del barrio marinero se vieron encerrados por esa empresa como si estuvieran en un campo de concentración como castigo por su resistencia de tantos años.


Cabe recordar que hace algunas semanas tuvo lugar un juicio contra algunos vecinos de Cho Vito tras la denuncia de la constructora por la paralizaron las obras del paseo de Caletillas al considerar que se estaban destrozando los accesos a las viviendas sin que se hubieran dotados a las mismas de accesibilidad y cuya sentencia determinó una sustancial multa a la familia de Tomás González.

El portavoz vecinal explicó que han recurrido dicha sentencia al considerarla injusta y explica que los vecinos no se han opuesto nunca a que se realizaran las obras, pero sí a las formas y a los métodos utilizados a la hora de llevar a cabo los trabajos, ya que lo cierto es que los vecinos de Cho Vito se vieron encerrados como si estuvieran en un campo de concentración como castigo por su resistencia de tantos años.

En aquellos días todo el mundo pudo comprobar que Tragsa cerró Cho Vito a cal y canto, de modo que quienes estaban dentro del poblado no podían salir y quienes estaban fuera, no podían acceder a sus viviendas, lo que motivó la movilización y la polémica, que finalmente condujo a una miserable denuncia de Tragsa, causante de todos los males y la posterior sentencia que castiga a quienes ya estaban siendo castigados, dijo González.

Desde su punto de vista, lo preocupante de la sentencia es que la Justicia comete una injusticia, ya que no les condenan por paralizar las obras, que en todo caso sería un delito de faltas y, por tanto, menor, sino por los costes derivados de la parada y retirada de las palas, sin tener en cuenta que la protesta básicamente se hizo cuando ya no estaban trabajando y, sobre todo, cuando al día siguiente Tragsa se vio obligada a llevar nuevamente la maquinaria al lugar para arreglar los destrozos causados en los accesos de las viviendas, lo cual pone de manifiesto la total incongruencia de la sentencia.

Tomás González no tiene ninguna duda de que esta sentencia es un tributo que tiene que pagar por tantos años de lucha y resistencia contra los abusos que se querían cometer en Cho Vito, dicho lo cual anuncia que han presentado una queja formal en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) que ha sido aceptada por la vulneración de sus derechos en este problema.

Además, han denunciado ante el Parlamento Europeo que Tragsa trabaja para el Gobierno español a través de encomiendas, las cuales son “troceadas” para evitar que salgan a libre concurrencia, con lo que solicitan a Bruselas que investigue a dicha empresa, que factura muchos miles de millones de euros cada año, los contratos a dedo que recibe de la administración para que realice obras con su personal y con personal subcontratado sin que haya por tanto libre concurrencia como se requiere para la obra pública.

http://www.canariasactual.com/2012/05/16/la-comision-de-peticiones-del-parlamento-europeo-acepta-la-queja-de-los-vecinos-de-cho-vito-ante-la-vulneracion-de-sus-derechos-por-parte-de-tragsa/

El Parlamento pedirá la anulación del deslinde en Famara, que se adentra “hasta tres kilómetros” desde la costa

La proposición no de ley ha sido planteada por el diputado Juan Pedro Hernández, antiguo alcalde de Teguise. En la iniciativa recalca que se trata del “primer deslinde que se realiza en España a una distancia tan distante de la costa”.

El deslinde aprobado por Costas afecta a una zona del litoral de más de 16.000 metros de la zona de Los Dises, en Caleta de Caballo, hasta el pueblo de Caleta de Famara.

El diputado nacionalista resalta que “los criterios en los que se ha basado Costas para justificar este nuevo deslinde” son “arbitrarios y poco razonables”.

Hernández destaca la existencia de “diversos errores en el documento” como es la procedencia del jable, que se ha tenido como fundamento para trazar la línea del deslinde del dominio público marítimo terrestre y la zona de servidumbre.

Desde el final de la Caleta de Famara hacia Caleta de Caballo la línea del deslinde se aleja de la zona más próxima a la costa y se adentra prácticamente hasta la carretera de Soo.

Tierra adentro

“Son numerosas las propiedades privadas afectadas por este deslinde que ahora son del Estado y no de sus verdaderos titulares”, destaca el diputado nacionalista en la iniciativa parlamentaria.

Recalca que las fincas incluidas dentro del área del deslinde, buena parte “están en explotación agrícola, con cultivos específicos del jable como batatas, sandías o melones”, que constituyen una “fuente de ingresos de los habitantes de los núcleos cercanos”.

Hernández denuncia que aplicando la Ley de Costas, “estas fincas pierden su carácter privado y, después de la declaración de posesión y titularidad dominical, pasan a favor del Estado”.

Deslinde criticado

El Parlamento de Canarias, con seguridad al ser una propuesta de CC, instará al Gobierno de Canarias, para que éste, a su vez, solicite al Gobierno de España la anulación de este deslinde y se mantenga el vigente, que no afecta a propietarios particulares.

En la iniciativa se pide que el deslinde definitivo coincida con el planeamiento vigente en la zona, recogido en el plan rector del parque natural del Archipiélago Chinijo, o que se haga “con unos criterios más razonables”.



redaccion@diariodelanzarote.com

El Juzgado de Güímar (Tenerife) avala que la vuelta de los vecinos de Santa Lucía a sus casas fue legal

El Juzgado de Güímar (Tenerife) ha dado la razón a los vecinos del barrio de Santa Lucía y ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia del Ayuntamiento por presunto delito de usurpación contra cinco vecinos que volvieron a sus viviendas después de haber sido desalojados de ellas hacía casi dos años.



La resolución judicial, del 7 de mayo de 2012, afirma textualmente que "de las declaraciones de los imputados se infiere que no ha podido incurrirse en un delito de usurpación por cuanto éstos son los legítimos ocupantes de las viviendas".

El auto también indica que "se infiere que cuando acudieron a las viviendas [los imputados] ya no existía precinto alguno y lo hicieron en conciencia por estimar que al haberse efectuado las obras por el Ayuntamiento ya era posible ocupar nuevamente sus viviendas; no entendiendo que exista una actitud deliberada y consciente de incumplir con una orden de la autoridad".

El abogado de los vecinos imputados y también representante de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, destaca la "inmediatez" de la resolución por parte del Juzgado de Güímar y asegura que "es una victoria más de la razón y de la justicia sobre una denuncia injusta, especialmente porque hace años que el Consistorio tendría que haber hecho las obras de rehabilitación necesarias para que estas situaciones no se produjeran".

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3960705/05/12/el-juzgado-de-guimar-tenerife-avala-que-la-vuelta-de-los-vecinos-de-santa-lucia-a-sus-casas-fue-legal.html

El Supremo contradice al Gobierno y ratifica la zona de servidumbre de Costas para Pedro Barba en 100 metros

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por un grupo de afectados del pueblo de Pedro Barba, en la isla de La Graciosa, que impugnaron el deslinde del dominio público marítimo terrestre establecido por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en 2008.

 El Supremo ha ratificado el criterio de Costas de que la localidad, con apenas una veintena de edificaciones construidas en la costa este de La Graciosa, no tenía la consideración de suelo urbano cuando entró en vigor la Ley de Costas en el año 1988. La consecuencia es que la zona de servidumbre de protección, que establece limitaciones para los propietarios de suelo, como no aumentar el volumen de los inmuebles existentes o no construir edificaciones de nueva planta, se ha fijado en 100 metros desde el deslinde del dominio público marítimo terrestre.
 El Supremo acogió el criterio de la Dirección General de Costas de que, cuando entró en vigor la ley, Pedro Barba no estaba clasificado como suelo urbano. El núcleo fue calificado como tal por el planeamiento de Teguise en 2001 aunque luego, en el plan rector del Archipiélago Chinijo, de 2005, se reclasifica a rústico de asentamiento rural. El Gobierno de Canarias emitió un informe para respaldar la consideración de urbano del pueblo de Pedro Barba y que de esta manera la servidumbre de protección se redujera a 20 metros, pero el Tribunal Supremo considera que ni se aportaron planos ni documentación que acreditase que lo fuese.
 Deslinde
El deslinde de Costas en Pedro Barba afecta a un tramo de litoral de unos 675 metros de longitud. La Dirección General señaló que el paseo marítimo “se construyó sobre terrenos ganados al mar” y, por tanto, lo incluyó dentro de los terrenos de dominio público. http://www.diariodelanzarote.com/2012/05/10/lanzarote08.htm

Tufia pierde el derecho a luchar por sus casas ante el Tribunal Supremo

El Alto Tribunal se niega a admitir a trámite los recursos que presentaron cuatro vecinos porque el valor de sus viviendas es inferior a los 120.000 euros

Las vías abiertas por los vecinos de Tufia para intentar salvar sus casas siguen agotándose. Mientras los residentes esperan a que el Ministerio de Medio Ambiente autorice una moratoria para la reconstrucción de las 17 viviendas que ocupan suelo de dominio público marítimo-terrestre en la cala, varios de los propietarios afectados han continuado sus litigios en los tribunales.
 La última noticia al respecto, todo un revés para los residentes, es que el mismísimo Tribunal Supremo (TS) se ha negado a admitir a trámite los recursos que cuatro de ellos presentaron después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avalase las pretensiones de la Demarcación de Costas de meter la piqueta y derribar los inmuebles que están junto al mar. La razón que esgrime el Alto Tribunal para ello es que la cuantía de los procedimientos -o dicho de otra manera, el valor de las casas- es inferior a 120.000 euros, y por debajo de esa cantidad, al parecer, no merecen la atención de sus magistrados.
El caso es que alguno de estos vecinos se ha tenido que gastar del orden de 7.000 euros para mantener vivo el pleito ante la administración de Justicia, y se desconoce ahora si al menos podrán recuperar este importe, total o parcialmente. Hace ya más de un año que el TSJC desestimó varios de los recursos contenciosos administrativos que los vecinos presentaron como respuesta a la intención del Estado de tirar sus moradas. El indulto temporal de Madrid, que debiera ser concedido al mismo tiempo que el Ayuntamiento consigue terrenos para reconstruir estas casas, o la opción de que el caserío sea declarado núcleo pintoresco son ya las únicas salidas que permanecen abiertas.
 A todas estas, el drama también asuela a los vecinos de la playa de Ojos de Garza. Estos días han vuelto a recibir otra sentencia que respalda la orden de derribo de otra de las 21 casas que están asentadas sobre suelo de dominio público marítimo-terrestre. Con esta ya son 15 las notificadas a los vecinos. Todos siguen esperando a que Madrid conteste sobre una prórroga que facilite su reconstrucción
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2012/05/07/tufia-pierde-derecho-luchar-casas-supremo/455791.html

El TSJC suspende los derribos en Bajo La Cuesta

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el expediente incoado por la Demarcación de Costas contra propietarios de viviendas de Bajo La Cuesta, para recuperar el dominio público marítimo terrestre. Una sentencia fechada el pasado 29 de marzo da este procedimiento administrativo por caducado, debido a que se notificó a los afectados fuera del plazo aplicable en estos casos. El fallo lo dictó la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, tras un recurso interpuesto por ocho vecinos de este barrio de Candelaria, representados por el abogado Pedro Fernández Arcila, aunque sólo se estimaron las pretensiones de dos demandantes.
Al resto se les desestimó, pues apelaron contra la inadmisión de sus respectivos recursos del alzada por parte de Costas, al ser presentados fuera de plazo. El TSJC sostiene en los fundamentos de derecho que “al no haber ninguna norma de este concreto procedimiento que establezca un plazo, ha de tramitarse y resolverse en tres meses”, por lo que “de esta forma se llega a la conclusión de que se ha producido caducidad en el procedimiento de recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre seguido por la Administración” contra estos vecinos candelarieros.
Y ello es así porque “incoado este procedimiento en la fecha de 26 de diciembre de 2007, y notificados los interesados de la resolución del expediente en 28 de marzo de 2008, obvio es que la tramitación administrativa sobrepasó el plazo perentorio de tres meses que era aplicable al caso” de Bajo La Cuesta. La sentencia -dictada por los magistrados Angel Acevedo (en calidad de presidente del tribunal), Rafael Alonso y María del Pilar Alonso- no entra en el fondo del litigio, sino aborda la cuestión formal de los plazos que deben cumplir la Administración, y en este sentido invoca la la Ley 30/1992 que fija una “regla general” de seis meses para adoptar y notificar resoluciones expresas, con dos excepciones: puede ser mayor de un semestre si así lo establece una norma con rango de ley o de aplicación en la Unión Europea, o bien de tres meses cuando las normas reguladoras de los procedimientos administrativos no prevean un tiempo máximo.
 Unas 30 familias de este núcleo llevan cuatro años reclamando que se revise el trazado del nuevo deslinde, de 2006. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha sostenido que, si bien las viviendas son anteriores a 1988 – cuando entró en vigor la Ley- se construyeron ya de forma ilegal dentro del deslinde existente desde 1969 http://www.diariodeavisos.com/2012/05/04/actualidad/el-tsjc-suspende-los-derribos-en-bajo-la-cuesta/

El Ayuntamiento se moja con Igueste

El gobierno local exige a Costas una moratoria para evitar el derribo de las casas que incumplen la Ley

El grupo de gobierno de Santa Cruz propondrá durante el próxima pleno un mensaje de apoyo "rotundo y sin fisuras" a los vecinos de Igueste de San Andrés en su pugna con la Dirección General de Costas para mantener sus viviendas. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha encargado la redacción de una moción institucional contra los derribos de los inmuebles afectados por la Ley de Costas en este enclave del litoral chicharrero. Una vez aprobada la moción, algo que no ofrece dudas por el apoyo ya comprometido de la totalidad de los grupos políticos a los afectados de Igueste, la propia administración capitalina remitirá el documento al Parlamento Europeo.
De este modo, el gobierno local pretende evitar la aplicación de la normativa de Costas en este núcleo poblacional. En la elaboración del texto colaborará el abogado y portavoz en Canarias de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, según se acordó en un encuentro que este mantuvo con Bermúdez y al que también asistieron el primer teniente alcalde y edil de Economía, Julio Pérez, el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, y el responsable del Distrito Anaga, Fernando Ballesteros, así como varios técnicos municipales
. Langa considera que la apertura de esta vía por parte de la administración municipal "facilitar mucho" la lucha de los vecinos para preservar sus casas y fincas. "Se trata de buscar soluciones para que los vecinos no pierdan sus inmuebles y que prime el interés general", señaló Langa.
El abogado y portavoz de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas apuntó que la aprobación de la moción institucional busca que el Ministerio de Medio Ambiente respete este enclave costero. "Buscamos dar tranquilidad a los propietarios afectados. Nuestra intención es que, al igual que sucede en otros puntos de Canarias como Valle Gran Rey o Los Roques, la normativa no suponga una condena para la historia y la tradición de las Islas", añadió La futura moción institucional se suma a otras acciones por parte del Ayuntamiento en favor de los vecinos de Igueste de San Andrés afectados por la normativa de Costas.
 En la última, hace apenas dos meses, la administración capitalina ya ofreció sus servicios jurídicos para defender los inmuebles situados dentro de los límites del dominio público marítimo terrestre. Por aquel entonces, Bermúdez se comprometió en una reunión con los afectados y con varios colectivos de la zona a poner a su disposición toda la ayuda posible. Sentencia La última sentencia de la Audiencia Nacional establece que 97 parcelas y 22 viviendas del barrio se encuentran dentro de los 100 metros fijados como los límites del dominio público marítimo y que, por lo tanto, podrían ser eliminadas en aplicación de la actual Ley de Costas.
La sentencia avala la postura de Medio Ambiente de establecer el deslinde del dominio público marítimo terrestre en 100 metros, y no en los 20 que solicitaban los propietarios afectados por la normativa de costas. Según el documento de la magistrada Elisa Veiga, los terrenos afectados, que constituyen prácticamente la mitad de todas las edificaciones de esta localidad, no estaban calificados como suelo urbano en el Plan General de Ordenación de 1957. Del mismo modo, recuerda que en la reforma del planeamiento de 1992 dichos terrenos figuran como rústicos. Durante la última reunión, el equipo de gobierno local también informó a José Luis Langa de que la actual revisión del PGO no modificará la calificación de estos terrenos. "Sabía que el Ayuntamiento no podría realizar este cambio, pero quería conocer cuál era su postura sobre Igueste", explicó para recordar que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para defender los intereses de estos propietarios.
 http://www.laopinion.es/tenerife/2012/05/02/ayuntamiento-moja-igueste/411048.html

Hotel el Algarrobico

En el año 2003 se empezó a construir el Hotel el Algarrobito en la playa de Carboneras.
 La empresa propietaria del Hotel tenia las correspondientes licencias concedidas por el Ayuntamiento, el suelo donde se construye aparecía como urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el Ayuntamiento de esta localidad en el año 1988, esta decisión de suelo urbanizable es ratificado por la Junta de Andalucía en el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar en el año 2004.

Nos encontramos que un inversor particular: la empresa que construía el hotel y que antes había adquirido la parcela, sufre un serio perjuicio. La Ley de Costas, sobre la que hay opiniones a favor y en contra, establece entre otras cosas que no se puede construir a menos de 100 m. de la playa.
El desarrollo y aplicación de esta Ley ha planteado numerosos problemas, por ejemplo a los chiringuitos de playa, durante años han estado con la “espada de Damocles” a sus espaldas, pues se veían obligados a cerrar, con lo que eso supone no solamente contra una tradición de muchos años, sino además la perdida de miles de puestos de trabajo de las personas que trabajan en ellos y un perjuicio al turismo de las zonas de playa. Hay miles de construcciones realizadas años atrás que a partir de esta Ley son ilegales y que deberían ser demolidas si se aplica estrictamente esta Ley.
 Antes de sacar una norma de estas características deberían pensar en sus consecuencias, las leyes nunca deben tener efectos retroactivos, sino establecer que a partir de su publicación lo que se haga debe cumplir esa norma y lo que hay ya hecho proponer formulas a largo plazo en todo caso para resolverlo, pero no perjudicar por las buenas a ciudadanos o empresas que cuando construyeron era legal.
 Señalo a modo de anécdota lo siguiente:
La playa del Algarrobico se llama así porque en ella existe desde hace décadas un chalet que tiene un hermoso Algarrobo en su jardín. Éste y su gemelo están fuera de la ley: no respetan los 50 metros de la “línea de costa”.
Como ellos, hay miles de edificios que no se ajustan a la Ley, pero antes de construir el hotel nadie había dicho nada contra ellos
El ecologismo radical que hay detrás y que ha batallado contra este hotel, ha hecho muchas predicciones que son disparates, pero siempre contra los mismos, recojo las reflexiones de Carlos Wotzkow Biólogo molecular y ornitólogo cubano (exiliado en Suiza) que se hace las siguientes preguntas: ¿
Ha visto usted algún activista de Greenpeace colgándole un letrerito molesto a una mina de carbón en China?
¿Ha visto usted a algún voluntario de Sierra Club protestando contra el programa nuclear Iraní? Y pudiera preguntar más, pero resulta evidente que ese esfuerzo eco-político, “a favor del medio ambiente”, es tan solo un objetivo ideológico dirigido contra de la industria y el desarrollo del mundo occidental.
Recojo las predicciones que hizo en su momento, hace bastantes años Paul R. Ehrlich, conocido ecologista muy radical, su lectura pone en evidencia sus disparates:
“En 1970, miles de millones de seres humanos (incluyendo norteamericanos) morirán de hambre” “En 1973 (debido a la contaminación del aire) unas 200.000 personas en Nueva York y en los Ángeles morirán”
“En 1980, Estados Unidos verá reducida la expectativa de vida (de su población) a 42 años por culpa de los pesticidas y en 1999 apenas quedaran vivos unos 22.6 millones de norteamericanos” “Para el año 1985, suficientes millones de personas habrán muerto reduciendo la población del planeta a un nivel aceptable de 1.5 billones”
“Apuesto que Inglaterra no existirá en el año 2000”
Volviendo al tema, en el caso que nos ocupa, entiendo que el Hotel debe ser demolido pues hay una sentencia del Tribunal Supremo que así lo establece, pero la empresa que construyó el hotel debe ser indemnizada por los daños y perjuicios que se la han ocasionado y los gastos de demolición no los deben sufragar los impuestos de los ciudadanos, sino que deben ser abonados por los que dieron la licencia y declararon suelo urbanizable la zona donde se ha construido.
http://www.diariolatorre.es/index.php?id=39&tx_ttnews%5Btt_news%5D=21433&tx_ttnews%5BbackPid%5D=176&cHash=4f7ca1c13a

La Ley de Costas afecta en Euskadi a 19.800 propiedades y 59.400 personas

el pnv pide que se detengan los derribos y denuncia que es una norma inconstitucional

Muchos afectados se sumergen en batallas legales eternas a sabiendas de que el Estado gana el 99% de los litigios 
 Desde que entró en vigor a finales de los años 80, la Ley de Costas ha estado envuelta en la polémica. Empuñando la bandera del ecologismo, se han producido derribos arbitrarios, confiscaciones sistemáticas, se han dejado abandonados prados costeros que antes cuidaban pastores y ganaderos, e, incluso, se han intentado hacer desaparecer pueblos enteros del litoral. La ley afecta a 1.400.000 personas en todo el Estado, 59.400 de ellas en Euskadi, lo que se refleja en 19.800 propiedades. Muchos de ellos han visto peligrar unas propiedades adquiridas legalmente y se han sumergido en batallas jurídicas que se eternizan en el tiempo sin grandes esperanzas de conseguir resultados positivos, ya que el Estado gana el 99% de los litigios.
 La situación ha llegado a tal extremo que se han presentado varias mociones en el Senado para paralizar las acciones contra los afectados. "Creemos que hay que frenar toda esta actividad administrativa que está generando tanta injusticia y queremos que no se produzca ningún derribo más hasta que no se genere una ley más justa y más legal", advierte Lorea Leanizbarrutia, portavoz jeltzale en la Cámara Alta de Madrid.
Y es que precisamente han sido los nacionalistas quienes, vistas "las injusticias que se están produciendo", han presentado una moción para cambiar la ley. "Es una ley incoherente que no tiene ningún sentido. Está hecha por gente que desconoce totalmente el litoral de la península, que es muy del centro, de la meseta, que ha hecho café con leche para todos, pero es que no es lo mismo el Atlántico que el Mediterráneo y tampoco es lo mismo la degradación de la costa en Levante que en el norte.
 Si el Manzanares fuese navegable, esta ley no habría salido adelante", denuncia Leanizbarrutia.

 confiscaciones

 Una de las críticas que se hacen a esta ley es que, bajo el pretexto del cuidado del litoral, el Estado ha intentado apropiarse de unos terrenos que no le corresponden. "Esta ley estipula que todo lo que hay entre la marea alta y la baja es propiedad del Estado y de nadie más. Por ello, se están confiscando propiedades que las familias han adquirido legalmente, muchas incluso antes de que la ley entrara en vigor, sin darles ningún tipo de indemnización a cambio. Esto ha provocado que el Estado haya quitado su casa a familias que la habían comprado de forma legal, al considerarlo que están construidas en terrenos de dominio público, y, además, provoca que estas familias tengan que seguir pagando una hipoteca, lo que es una auténtica barbarie", califica. Por su parte, los afectados vienen denunciando que se están produciendo situaciones de gran arbitrariedad. "Hay personas a las que se les están confiscando sus propiedades y a otras, que están en la misma situación, no. En Urdaibai, por ejemplo, hay tres molinos de mareas en la misma zona y solo han confiscado uno", cuenta la jeltzale. "Pero es que además han ido a confiscar el único ejemplar de molino de mareas con turbinas de piedra del mundo. Su dueño no lo puede cuidar, ni reparar y, ahora, ya no sabemos ni si funciona. Les da igual acabar con el patrimonio", añade. Pero es que además de atentar contra numerosos derechos de la propiedad recogidos en la Constitución, esta ley interfiere con las competencias registradas en los estatutos de autonomía.
 "La Constitución reconoce la figura de los términos municipales y hay municipios que llegan hasta el mar. En este caso, al pasar la zona de mareas a ser propiedad del Estado, si vives en esa franja de tierra no pertenecerías a tu municipio sino a terrenos del Estado español", explica Leanizbarrutia. "Esto, como nacionalistas, no lo podemos permitir", insiste. Además de todas las injusticias que se están produciendo, esta ley también está acarreando importantes problemas medioambientales. "El Estado ha prohibido utilizar los prados que se servían de zona de pasto para animales y que eran terrenos cuidados por los propios caseros. Esto ha provocado que con la polinización estén entrando un montón de malas hierbas y que se esté generando un auténtico desastre medioambiental. Y es que no nos podemos olvidar de que ha sido la mano del hombre la que ha ido generando el paisaje", manifiesta Leanizbarrutia.
"El litoral se está deteriorando completamente porque no se labra, no se trabaja la tierra. Se están generando insectos y ecosistemas que son totalmente degradantes para el medio marino", lamenta. inconstitucionalidad
 Así, la mayor losa que arrastra esta Ley de Costas es que es inconstitucional, ya que no respeta numerosos derechos recogidos en la Constitución. "No respeta el derecho a la propiedad privada, porque no tiene en cuenta el principio de legalidad y la irretroactividad de las disposiciones. No respeta el derecho a la herencia atenta contra los derechos de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y de los bienes adquiridos legalmente, no cumple con el derecho de la legalidad y la proporcionalidad de las penas, entre otros", enumera Leanizbarrutia.
"De acuerdo con que en el Mediterráneo se han hecho barbaridades, pero si todo eso está construido legalmente y, si tú has comprado de forma legal, que no te vengan luego con gaitas de que no puedes vender, ni habitar, ni legar a tus hijos, ni arreglar", exclama Leanizbarrutia.
 Pero, sin duda, lo que más lamentan los jeltzales es que la ley aprobada en 1986 por el PSOE, con el único voto en contra del PNV, recoge un artículo contemplado en un proyecto de ley franquista. "A esta ley se le ha dado el tinte de que el litoral tiene que ser patrimonio de la humanidad y de que la costa tiene que ser de todos, pero en realidad, lo que pretende es que la costa sea del Estado. En 1986 los socialistas nos vendieron esta ley como progresista y desde el PNV nos negamos a votar en su favor, pero lo que nadie dice es que contempla un artículo que en 1969 ya contemplaban los franquistas. Solo que ellos consideraron que era tal dislate de ley que decidieron no ponerla en marcha", revela. "Lo que están haciendo es crear una auténtica dictadura, provocando verdaderos atropellos entre los afectados.

 Hay 400.000 familias afectadas en todo el Estado y no todos son ricachones y especuladores. Lo que tienen que hacer es solucionar todos esos entuertos urbanísticos que ha habido de otra manera, pero no salpicando a todos", advierte Leanizbarrutia a la vez que recuerda que "en Euskadi no existe ninguna playa privada o zona en la que el ciudadano no pueda acceder al mar porque esté cerrado. Aquí, el mar es de todos"
. http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/04/30/sociedad/euskadi/la-ley-de-costas-afecta-en-euskadi-a-19800-propiedades-y-59400-personas

La ley de costas y los grandes desastres

En un país donde la llamada del seductor turismo ha provocado un urbanismo descontrolado y especulador a lo largo de la costa durante muchos años, se ha descuidado el medio ambiente y el respeto a la naturaleza y el mar, por lo que ha sido necesaria la implantación de una ley de costas que evitara los grandes desastres en el paisaje costero.
Ahora, ¿ha evitado los desastres o ha creado otros?

 Urbanismo desbocado
 España vive del turismo. Sin duda, nadie puede discutir esta afirmación, ya que es ésta la principal actividad económica de este país, gracias, principalmente, o así ha sido al menos durante muchos años, antes de la llegada del turismo más intelectual llamado por la apertura de grandes museos, al sol que baña sus costas durante unos cuantos meses del año. No obstante, los constructores españoles, movidos por la ambición de la llamada del turismo, no dudaron en levantar grandes urbanizaciones y hoteles a pocos metros de la costa, provocando un desastre medioambiental que la ley de costas trata de evitar. Así, no sólo se ha prohibido construir a menos de 200 metros, sino que todo lo que hasta ahora había levantado dentro de este límite, debe desaparecer. ¿Es justo?
De esta forma, no resulta raro ver en muchas playas españolas, hoteles o apartamentos a medio construir, pendientes de una orden de demolición avalada por la ley de costas. Los ecologistas aplauden esta decisión, pero, ¿es justo en todos los casos?. Por ejemplo, ha ocurrido a lo largo de toda la costa que molinos de agua que habían sido declarados como patrimonio histórico y sirven actualmente de vivienda para muchas familias también se hayan visto afectados y tengan ahora que desaparecer…
Adiós a los chiringuitos
Otros que también se han visto afectados por la ley de costas han sido los chiringuitos de las playas españolas, que ven peligrar el negocio que sustenta también a familias enteras, e incluso a municipios enteros. No obstante, su lucha por evitar la desaparición puede que les dé algún resultado y finalmente puedan aguantar. http://www.itweek.es/2012/04/la-ley-de-costas-y-los-grandes-desastres/

Los derribos de la costa del Norte, en manos de los ayuntamientos

Más de 250 viviendas situadas en dominio marítimo terrestre están afectadas por la Ley de Costas El futuro de las viviendas ilegales en la costa de Arucas, Moya, Guía y Gáldar queda en manos de los ayuntamientos.

Ésa es la principal modificación en el Plan de Ordenación del Litoral del Norte (PTP-15), según adelantó ayer la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Ana Kursón, tras entrevistarse con representantes de esos cuatro municipios. El documento inicial, elaborado en la etapa del gobierno del PSOE y NC, contemplaba un paseo marítimo único desde El Puertillo a San Felipe y el consiguiente derribo de las edificaciones que incumplen la Ley de Costas, pero los actuales responsables del PP en la corporación insular ceden ese planeamiento a cada uno de los ayuntamientos, que decidirán junto a la Demarcación de Costas qué viviendas se pueden salvar de la piqueta. Kursón explicó que el Plan del Litoral del Norte se podrá aprobar de forma provisional en un plazo de 15 días, después de que el Tribunal Supremo anulara la variante de Bañaderos y obligara a cambiar toda la planificación de las carreteras en esa zona de la isla. Respecto al futuro de las más de 250 viviendas que invaden el dominio marítimo-terrestre e impiden la construcción de una avenida, la consejera dijo que el PTP-15 "ya no va a recoger la ordenación de los paseos marítimos, sino que simplemente incluirá las determinaciones obligatorias de la Ley de Costas y serán los ayuntamientos los que hagan la ordenación pormenorizada de los dichos paseos". Consenso vecinal El presidente de la Mancomunidad del Norte y alcalde de Arucas, Ángel Víctor Torres, precisó que la demolición de las edificaciones ilegales es una competencia de la Demarcación de Costas, por lo que las casas que están en dominio público seguirán afectadas mientras no cambie la ley.

"Mientras tanto" -añadió el regidor de Arucas- "somos nosotros los que tenemos que definir en nuestro planeamiento lo que queremos hacer en las costas, así como buscar la financiación, porque es complicado lograr el dinero". Torres abogó por ordenar el litoral con el consenso de los vecinos, "lo que no siempre es fácil". Al respecto, recordó que en la creación del paseo marítimo de El Puertillo se vieron afectadas algunas viviendas, como ocurrió en su momento para construir el paseo de Las Canteras de la capital". "Hay un interés público básico, pero pensamos que se podrá hacer por consenso", apuntó. Ni Kursón ni Torres se aventuraron a calcular cuántas casas tendrán que ser derribadas para hacer los paseos marítimos. Antes que nada, comentaron, habrá que esperar a las modificaciones anunciadas en la Ley de Costas. "Hay que decir a los vecinos que estén tranquilos", agregó Torres http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2012/04/21/derribos-costa-norte-manos-ayuntamientos/452651.html

Cabildo Gran Canaria y ayuntamientos del Norte esperan que el documento para solventar el PTP-15 esté aprobado en verano

La consejera de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, Ana Kurson, tras mantener este viernes un encuentro con los alcaldes de la Mancomunidad del Norte para analizar el Plan Territorial Parcial, PTP-15 (Litoral del Norte), indicó que espera que dicho plan esté aprobado en verano. El encuentro que respondía a una petición de la Mancomunidad se ha centrado en la valoración de los trabajos del PTP-15, que en el tramo dos fue suspendido por una sentencia del Tribunal Supremo (TS), y será ahora el PTP-15 el documento que recoja la modificación de esa carretera con un nuevo trazado de la autovía que unirá la circunvalación de la isla de Gran Canaria con la zona Norte. Para ello, explicó Kurson en declaraciones a los medios, se resolverán problemas "muy importantes" en el tramo que "está pendiente de ejecución" en la carretera, ya que existen zonas donde hay casas cercanas a la vía, de tal forma que las personas salen de sus inmuebles y se encuentran con los coches. Por ello, el documento que recoge las soluciones a estos hechos será analizado ahora por los equipos del Cabildo de Gran Canaria y, posteriormente, se prevé que en el plazo de 15 días el consejo de gobierno del Cabildo realice la aprobación inicial para sacar el documento a información pública. Kurson concretó algunas de las soluciones que recoge el documento, entre ellas, la de que la vía continúe el trazado actual para preservar el paisaje de plataneras y "simplemente ampliando dicho trazado para que cumpla con los estándares que requiere una autovía". Asimismo, otra "importante modificación es que dicho documento ya no va a recoger" la ordenación de los paseos marítimos sino que "simplemente" recogerá las determinaciones obligatorias de Costas para que posteriormente sean los ayuntamientos los que decidan cómo hacen los paseos marítimos. En este sentido, las viviendas que se podrían ver afectadas por la construcción de paseos marítimos será algo, puntualizó Kurson, que decidan los ayuntamientos cuando vayan a realizar los paseos y tras convenios que hagan con Costas pero recordó que actualmente están "pendiente de la modificación de la Ley de Costas, es un tema en el que el PTP-15 no va a entrar". EL CRUCE DE BAÑADEROS Respecto al cruce en la carretera de Bañaderos, en Arucas, señaló que el documento expone la necesidad de que se le de "una solución que permita la conexión, lo más transparente posible, entre lo que es El Portillo y Bañaderos", pero afirmó que será el proyecto de ejecución que redactará el Gobierno de Canarias "el que decida" cómo hacerlo, si viaducto u otra tipo de construcción. Asimismo, cuestionada sobre la construcción de un campo de golf y un hotel en Santa María de Guía, Kurson matizó que se trata de una cuestión recogida pero en el documento de campos de golf y que la construcción de los mismos dependerá de si se quiere o no hacer, lo que se indica es que es "una zona habilitada" para ello. Respecto a la financiación de los trabajos, la consejera indicó que "hay un compromiso por parte del Gobierno de Canarias de que esta carretera se iba a terminar, se iba a unir el Norte con la circunvalación" aunque matizó que "lo único que podía ocurrir es que en vez de contemplarse en la tercera fase de los presupuestos pasaría a la cuarta fase". De todos modos, dijo, será el documento del proyecto de ejecución del Gobierno de Canarias "el que determinará el final de esa carretera pero que desde luego será mucho menor --la financiación-- que el previsto dado que ya no hay que hacer el túnel por medio de las plataneras". Para Kurson se trata de un plan que permitirá un desarrollo "importante de toda la costa Norte no sólo por la carretera sino por el equipamiento". PLAN "CLAVE" Por su parte, el presidente de la Mancomunidad del Norte, Ángel Víctor Torres, recordó que a finales de 2011 ya se planteó la necesidad de que este plan "caminará" e incluso se expuso la posibilidad de que antes de verano se podría tener la aprobación provisional, lo que se ha ratificado aunque señaló que queda todavía algún encuentro más. Torres consideró que se trata de un plan "clave" para solventar la conexión entre el Noroeste y Las Palmas de Gran Canaria junto con la cuarta fase, que es una carretera que se está realizando, y que a pesar de los recortes se prevé que continúe. En cuanto a la posibilidad de derribos de viviendas cercanas a las costas y que podrían verse afectadas, Torres apuntó que están a la espera de la modificación de la Ley de Costas pero los ayuntamientos también tienen que hacer su planeamiento para ver qué quieren hacer y posteriormente buscar financiación, lo que "no es fácil" actualmente. Agregó que también será necesario el consenso con los vecinos. http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-gran-canaria-ayuntamientos-norte-esperan-documento-solventar-ptp-15-aprobado-verano-20120420142809.html

Afectados por la Ley de Costas piden una moratoria mientras esta se cambia

José Luis Langa, representante en Canarias de la AEPLC, pidió ayer que se suspendan las ejecuciones judiciales que están en marcha hasta que no se conozca el alcance de la nueva normativa que prepara el Estado. En Fuencaliente hay afectadas 111 viviendas y en Igueste de San Andrés, 22 casas y más de 90 fincas. El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), José Luis Langa González, aseguró ayer que tras el anuncio de modificación de la Ley de Costas, plantearon la suspensión de todas las ejecuciones judiciales en marcha hasta conocer el alcance de la nueva normativa por lo que espera que esta moratoria se aplique a las ciento once viviendas de Fuencaliente, en el sur de La Palma, y a las veintidós viviendas y más de noventa fincas de Igueste de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife. Así lo anunció el letrado en una rueda de prensa en la que indicó que en Fuencaliente están afectadas cerca de cuatrocientas personas a las que hay que sumar las ochocientas que se verán perjudicadas en Igueste de San Andrés de aplicarse la orden judicial. En este último caso manifestó que tras la sentencia, se va a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Contradicciones Por otra parte, Langa González explicó que la última sentencia de la Audiencia Nacional hace referencia a la contradicción que existe en Igueste de San Andrés cuya calificación como terreno no urbanizable no ha sido modificada en los planes generales de ordenación urbana (el último de 1992) cuando esta población es un núcleo urbano consolidado con todos los servicios exigibles. "Las manifestaciones contenidas en los informes del ayuntamiento y el acuerdo de la Cotmac (sin posibilidad de ser ejecutado) resultan sorprendentes", recordó Langa, quien además dijo que "a continuación incide sobre la contradicción de que Igueste cuente con los servicios exigibles para que se considere una población urbana consolidada mientras que los planeamientos siguen considerándolo espacio no urbanizable". Para el abogado de la AEPLC, "esta es una más de las contradicciones y discriminaciones que se hacen con la Ley de Costas tal como está en la actualidad y que se evitaría con la nueva normativa que derogaría la retroactividad de la Ley", entre otras cuestiones. Al mismo tiempo, el letrado también recordó que para evitar estas injusticias, "Costas debería estar gestionado por las comunidades autónomas y por personas que conozcan la realidad exacta y no sobre un papel". Respecto al colectivo de viviendas afectadas de Fuencaliente, Langa pidió que todas las instituciones implicadas se reúnan y eviten que se ejecute una sentencia que dejaría en la calle a decenas de familias y que además "acaba con la tradición, la cultura y la idiosincrasia de un pueblo". Sobre este aspecto, señaló que a esta sentencia, "pueden seguir otras muchas" y según las estimaciones realizadas, "más de 150.000 personas en Canarias podrían verse afectadas", añadió. "Yo pido una vez más, que se unan todas las instituciones de Canarias y los afectados y se busquen soluciones adecuadas, y en cualquier caso, desde la asociación que represento vamos a seguir pidiendo justicia, pues esta es una causa por la que merece la pena luchar", aclaró el representante de los afectados por la Ley de Costas en Canarias. http://eldia.es/2012-04-20/CANARIAS/1-Afectados-Ley-Costas-piden-moratoria-mientras-cambia.htm

Las demoliciones no se paralizan

El martes se conocían las sentencias de derribo de varias casas en Ojos de Garza, en Gran Canaria, pero no son las únicas. En los últimos días, los núcleos costeros de Igueste de San Andrés, en Tenerife, La Santa y el Golfo, en Lanzarote, y El Faro, en Fuencaliente, han sido sentenciados. El gobierno sigue sin modificar la Ley de Costas y sin frenar los derribos.
En Ojos de Garza no se rinden. Lo decía el martes Juan Pedro Pérez, presidente del colectivo vecinal Playgarza. Tampoco se rinden en El Faro de Fuencaliente, ni en Igueste de San Andrés, ni en La Santa y el Golfo, los poblados marineros a los que el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional ha sentenciado al derribo. Su única esperanza, admitía ayer Javier Lorenzo, uno de los vecinos afectados de El Faro de Fuencaliente, es «la política». Sin embargo, las buenas intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy, manifestadas por el ministro Árias Cañete y su intención de modificar la Ley de Costas de inmediato apenas tomó posesión de su cargo, siguen sin materializarse.
En Canarias hay casi 40 poblados y cerca de 1.700 casas amenazados por las demoliciones. Los 38 poblados amenazados por la Ley de Costas se reparten en 25 municipios de todo el archipiélago.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=257582

La Audiencia ratifica que las casas de Igueste están afectadas por la Ley de Costas

La Audiencia Nacional ha emitido una nueva sentencia que viene a ratificar que la mitad de las propiedades de Igueste de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, están afectadas por la aplicación de la Ley de Costas. De esta manera, 22 viviendas y 98 fincas se encuentran en situación de fuera de ordenación con las limitaciones que impone esta carga urbanística y sujetas a ocupación en caso de que se ejecute alguna obra de interés general. Esta decisión no implica, sin embargo, que las propiedades sean ilegales ya que gran parte de los propietarios pagan Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) e incluso desde hace dos años se ha fijado el tipo urbano y no el rústico como ocurría hasta entonces. Una decena de vecinos había presentado un recurso contra el actual deslinde que abarca más de cinco kilómetros y tiene una anchura de cien metros. Los recurrentes solicitaban que se reconociera el carácter urbano de este núcleo antes de la entrada en vigor de la Ley en el año 1988 tal y como han apuntado informes de la Gerencia de Urbanismo y la propia Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). De esta manera se conseguiría que la zona de servidumbre se limite a veinte metros de anchura lo que dejaría libre a gran parte de las casas y fincas que actualmente se encuentran situadas en dominio público de Costas y del Gobierno de Canarias.


Sin embargo, por tercera vez consecutiva los tribunales dan la razón al Abogado del Estado y sentencian que estos terrenos tenían la clasificación de rústicos en aquellos momentos ya que no contaban con los servicios públicos como alumbrado, saneamiento, evacuación de aguas, aceras, consolidación urbanística o acceso asfaltado. Además, el acuerdo de la Cotmac ha sido suspendido de forma cautelar por lo que en principio carece de validez para fijar de nuevo un deslinde. A finales del pasado año la Audiencia resolvió en sentido idéntico a otro recurso presentado por un grupo diferente de vecinos de este núcleo al argumentar que los informes elaborados por la empresa pública de aguas, Emmasa, de electricidad Unelco o los del Ayuntamiento no demostraban de forma fehaciente que estos terrenos pudieran ser considerados urbanos, sino más bien lo contrario. De hecho, la sala llega a calificar de "sorprendentes" los documentos aportados por la Gerencia de Urbanismo o el acuerdo anulado provisionalmente de la Cotmac que en contra de lo recogido en el Plan General de Ordenación (PGO) del año 1992, aún vigente, querían demostrar que este núcleo estaba consolidado desde el punto de vista urbano.

A estos vecinos sólo les cabe ahora la posibilidad de recurrir el acuerdo ante el Supremo o esperar a acogerse a las modificaciones que se piensan introducir en la Ley de Costas. De forma paralela se está dirimiendo en los tribunales la legalidad del acuerdo de la Cotmac que en el caso de otros núcleos de Anaga ha sido considerado conforme a derecho más que nada porque Costas cometió el error de dirigirse a la Consejería de Política Territorial en vez de al propio organismo que vela por la legalidad urbanística y que tiene carácter autónomo. Sin embargo, en el caso del litoral de Güímar ya el Supremo ha anulado esta resolución favorable a los vecinos y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que reinicie todo el proceso al considerar que se debía haber advertido al Estado del error en el que estaba incurriendo.
http://www.canariasahora.com/noticia/216991/

Otras 4 sentencias elevan a 14 los derribos firmes en Ojos de Garza

Los vecinos de la playa de Ojos de Garza empiezan a verle las orejas al lobo. En menos de una semana les han caído 9 sentencias de derribo de sus casas por ocupar suelo donde Costas prohíbe que haya viviendas. Madrid les prometió una moratoria, pero aún no se ha firmado. Los afectados han pedido una reunión con la alcaldesa.
A los vecinos se les acaban las opciones. Han recogido firmas, han viajado a Madrid, han propuesto alternativas y hasta se han ofrecido voluntarios para sacar al barrio entero de la playa. Hay 144 casas censadas, pero las que infringen la normativa, las que, según la Demarcación de Costas de Canarias, ocupan suelo donde la ley no permite viviendas, son 55, y aún así, el caserío entero está dispuesto a dejar libre la arena de la cala. Sin embargo, ninguna de esas soluciones ha fructificado del todo y al final lo único que tienen en firme son 14 sentencias de derribo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Había 5 de antes, la semana pasada llegaron otras 5, y ayer fueron 4 más. En total, suman 14, que suponen más de la mitad de las 21 edificaciones sobre las que Costas había dictado orden de demolición. La estadística y la jurisprudencia hacen pensar que tarde o temprano llegarán las otras 7.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=257434

La Unión Europea admite a trámite el informe de la Diputación y avala su apuesta por la defensa del litoral castellonense

La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha admitido a trámite el informe en el que se recogen las demandas y exigencias que afectan a la provincia para justificar una modificación de la actual Ley de Costas. Un documento que los diputados provinciales Vicent Sales y Mario García entregaron el pasado 1 de diciembre en el Parlamento Europeo junto a las más de 15.000 firmas recogidas por la Plataforma en Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense. Ahora, la demanda será transmitida al Grupo de Trabajo sobre el derecho de propiedad en España y la Ley de Costas.
El escrito remitido por la presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni, señala que “la Comisión ha admitido a tramite su petición, de conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, por tratarse de un asunto que incide en el ámbito de actividades de la Unión Europea, y será estudiada en el seno del Grupo de Trabajo sobre el derecho de propiedad en España y la Ley de Costas en respuesta al gran número de peticiones y firmas recibidas en nuestro organismo”.
Desde la Diputación se urgió al Parlamento Europeo a que inste al Gobierno de España a modificar la Ley de Costas, de manera que se defiendan los legítimos intereses de los dueños de las casi 600 propiedades amenazadas en la provincia.
El diputado de Promoción Económica y Relaciones Internacionales, Vicent Sales, ha mostrado su satisfacción por la admisión del escrito “ya que demuestra lo legítimo de nuestras reivindicaciones, admitidas desde Europa y ninguneadas durante años por el gobierno socialista de España. Quiero agradecer la comprensión y el respaldo de la Unión Europea a nuestro informe, que ahora se sitúa en una nueva dimensión para su análisis y debate. Es un enorme respaldo a nuestra gestión”.
Sales ha añadido que “nuestro verdadero objetivo no es otro que el de salvar las viviendas pendientes de los derribos contemplados por la Dirección General de Costas. Decisiones como la de hoy devuelven su verdadera dimensión al papel que tiene la diputación provincial, justo cuando desde algunas instancias se plantea su disolución. Ningún ayuntamiento hubiese podido llegar tan lejos en sus reivindicaciones sin el respaldo institucional y la unión de todas las fuerzas”.
Por su parte el diputado de Desarrollo Sostenible, Mario García, ha destacado que “estamos ilusionados y esperanzados que ahora se escuchen las demandas de los vecinos y ayuntamientos. Queremos una modificación de la ley inmediata, pero lo más importante es que se nos ha dado la razón a lo que veníamos demandando durante años aquí y en Europa. No estábamos locos, defender nuestro territorio no solo era justo sino que además se ajustaba a derecho”.
La solicitud defiende la legitimidad de las viviendas que se construyeron con anterioridad a la ley de Costas y que en la actualidad se encuentran en dominio público marítimo-terrestre o en zona de servidumbre de tránsito o de protección. Para argumentar esta legitimidad, el informe que acompaña a las firmas apela a principios fundamentales recogidos en el Tratado de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE o la Constitución Española, por lo que respecta principalmente al derecho a la propiedad privada.
La Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense se creó el pasado en diciembre de 2010 a petición de los alcaldes, que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada ante la Administración central y reclamar el respaldo de las Instituciones Europeas.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/168795_union-europea-admite-tramite-informe-diputacion-avala-apuesta-defensa-litoral-castellonense.html



UN EJEMPLO A SEGUIR, REUNIR A TODOS LOS ALCALDES DE LOS AYUNTAMIENTOS CON VIVIENDAS AFECTADAS Y PRESENTAR UNA PETICION AL PARLAMENTO EUROPEO.
COMO SE ACTUARÍA SI TODOS, TODOS LOS AYUNTAMIENTOS REALIZARIAN ACCIONES SIMILARES

El Supremo rechaza el recurso y pone la puntilla a las casetas que serán demolidas en breve

• El subdelegado del Gobierno se reunió con los vecinos afectados

El Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por los vecinos de las casetas del litoral de Fuencaliente que todavía continuaban en la lucha por defender la conservación de estas edificaciones afectadas por la Ley de Costas, por lo que terminan los instrumentos legales de defensa y obligan así a su demolición, que se estima que tenga lugar en un periodo de dos meses.
El subdelegado del Gobierno, Guillerno Díaz Guerra, se reunió esta mañana con un grupo de vecinos de Fuencaliente afectados que mostraron interés tanto por el proceso, que arranca desde el año 2005, como por la evolución futura de la zona. Miguel Ángel Morcuende, director insular de la Administración del Estado, y María de Haro, senadora por La Palma, le acompañaron.
Una situación que, como dejó claro Díaz Guerra, "nos hemos encontrado", dado que venía del Gobierno anterior. En este sentido repasó el proceso que se inició en el año 2005 con el deslinde del dominio público marítimo terrestre que localiza en este espacio una serie de casetas en las playas del Faro, Punta Larga y La Zamora, sobre las que la Administración de Costas abrió expediente.
Contra ese expediente, un importante grupo de vecinos interpuso un recurso de alzada, mientras que otros acataron la orden de demolición. Rechazado, acudieron a la vía del contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que desestimó el recurso en 2008. Y, como úlima esperanza , apelaron al Supremo que comunicó el pasado mes de marzo el recurso de casación.
http://www.elapuron.com/noticias/municipios/6887/el-supremo-rechaza-el-recurso-y-pone-la-puntilla-a-las-casetas-que-sern-demolidas-en-breve/

El Subdelegado del Gobierno se reúne este viernes en La Palma con los vecinos de los asentamientos marineros afectados por la Ley de Costas

El Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, se reunirá mañana viernes, 13 de abril, con los representantes vecinales de los asentamientos marineros del municipio de Fuencaliente, en La Palma, que se encuentran afectados por la Ley de Costas.
El objetivo de la reunión, en la que también participarán el Director Insular de la Administración General del Estado en La Palma, Miguel Ángel Morcuende, y la senadora María de Haro, es conocer de primera mano la situación de los vecinos y establecer nuevas vías de diálogo ante los expedientes de derribo que pesan sobre estas viviendas.
http://www.canariasactual.com/2012/04/12/el-subdelegado-del-gobierno-se-reune-este-viernes-en-la-palma-con-los-vecinos-de-los-asentamientos-marineros-afectados-por-la-ley-de-costas/

Costas multa a vecinos por adecentar las casetas del litoral con expedientes de derribo en marcha

La Dirección General de Costas ha multado a vecinos de Fuencaliente por adecentar las casetas del litoral con expedientes de derribo en marcha, y cuyos inquilinos siguen además pagando agua y luz. El importe de las sanciones ha oscilado entre los 400 y los 600 euros, unas cantidades que los afectados han preferido pagar antes que dejar que la casetas se caigan porque siguen luchando para evitar la demolición de estas edificaciones que dicen que forman parte de las tradiciones y de la cultura de este municipio.
Nieves Mari, una de las afectadas, miembro de la plataforma que se constituyó cuando se iniciaron los primeros derribos hace ya algunos años y ahora concejal en el consistorio fuencalentero, explicó que el pago de estas multas, (ella ha pagado dos por pintar y hacer arreglos básicos,) se suma al gasto en un abogado que han tenido que desembolsar para recurrir la decisión de Costas alegando que los asentamientos costeros eran anteriores a la Ley de Costas y pidiendo que no tuviera carácter retroactivo porque estas viviendas eran el medio de vida de muchas personas, un punto de ocio saludable, aparte de una tradición y un legado. "Nosotros hemos llegado legalmente hasta donde podíamos y ahora toca esperar a ver qué dice el juez. De momento no nos ha llegado ninguna notificación por escrito de que los derribos vayan a continuar", afirmó.
Costas demolió alrededor de trece casetas entre la playa de El Faro, Puntalarga y La Zamora, pero la mayoría de las edificaciones siguen aún en pie en estas zonas por la lucha de los vecinos que impidieron en su momento el resto de los derribos, una lucha que ha llegado hasta los tribunales para evitar que sigan adelante.
Además de las multas, llama también la atención que, pese a las expedientes de derribo, los vecinos sigan pagando la luz y el agua para seguir disfrutando mientras puedan de estas casetas que forman parte, reiteró Nieves Mari, de su vida aunque "Costas pretenda con las multas que no se arreglen para que se caigan solas".
Por último, criticó el abuso de poder y la arbitrariedad de la Dirección General no sólo con Fuencaliente, sino también con otras zonas costeras de Canarias como el Chovito y dijo sentir pena por las casetas que ya no están en pie por culpa de una ley "arbitraria e injusta".
http://www.elapuron.com/noticias/municipios/6868/costas-multa-a-vecinos-por-adecentar-las-casetas-del-litoral-con-expedientes-de-derribo-en-marcha/

Costas desbloqueará en Fuerteventura proyectos como la Playa del Castillo, los poblados marineros o el hotel Oliva Beach

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar se ha comprometido este martes ante el senador por Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, la diputada nacional, Celia Alberto, la diputada regional Águeda Montenlongo, y la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, a desbloquear diferentes proyectos en la isla.
Según informa el PP insular en un comunicado, el objetivo de la reunión fue el de tratar tres temas de vital importancia para Fuerteventura: La Regeneración de la Playa del Castillo, la situación de los poblados marineros afectados por la Ley de Costas y el Hotel Oliva Beach.
De esta manera, el primero de estos proyectos supone la actuación en uno de los principales núcleos turísticos de la isla, ubicado en el municipio de Antigua.
Desde el año 2007, los empresarios y la corporación han intentado llevar a cabo unas obras de regeneración de la principal playa de Caleta de Fuste por la que cada año pasan miles de turistas.
A pesar de que ya existe suelo disponible y se han resuelto los problemas urbanísticos que afectaban a los trabajos, el pasado año, Costas anunció que no existía ficha financiera para la ejecución de la obra.
En este sentido, la Dirección General se ha comprometido a estudiar la posibilidad de abrir ficha presupuestaria para este proyecto e intentar buscar fórmulas mixtas de financiación, con la colaboración de empresarios y administraciones, para la ejecución de la Regeneración de la Playa del Castillo. Un proyecto que se desarrollaría en dos fases: por un lado, la construcción del paseo marítimo y por otro, la regeneración de la playa, dando prioridad a esta última "porque de la playa depende el sector turístico de Antigua".

PUEBLOS MARINEROS Y HOTEL OLIVA BEACH
Por su parte, los cargos populares también han trasladado al director General de Costas, la preocupación de los pueblos marineros de la isla afectados por la Ley de Costas.
Aquí, el Ministerio se ha comprometido desde el comienzo de esta legislatura a modificar esta norma con el objetivo de "hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas que no perjudiquen al medio ambiente, así como proporcionar la seguridad jurídica imprescindible a todos los ciudadanos y agentes afectados y garantizar para el futuro un marco jurídico claro en el que desenvolverse".
El nuevo texto permitirá a los propietarios de Jacomar, Puerto Lajas, el Puertito, Los Molinos o Majanicho, presentar la acreditación de propiedad anterior a la ley del 88 que les puedan permitir una prórroga para mantener estas poblaciones que "tienen un gran interés cultural, histórico y patrimonial para la isla de Fuerteventura y que son testigos mudos de la historia de los majoreros", aseguró Águeda Montelongo.
Finalmente, después de la última reunión con los integrantes de la Plataforma que pretende salvar este conocido hotel del municipio de La Oliva, los populares adquirieron un compromiso firme de trasladar al Gobierno la preocupación de las más de 400 familias que hoy viven de este establecimiento turístico, que mantiene su concesión hasta el próximo año 2017.
Con casi 2.000 camas, una media de ocupación del 80% y unas 600.000 estancias cada año este hotel es un pilar fundamental para el turismo del municipio y por ello, Costas se ha comprometido a estudiar jurídicamente la tramitación de este expediente con el objetivo de evitar su cierre dentro de 5 años
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-costas-desbloqueara-fuerteventura-proyectos-playa-castillo-poblados-marineros-hotel-oliva-beach-20120410163528.html

El Supremo tumba la declaración de núcleo urbano de La Santa aprobada para 'esquivar' el deslinde de Costas

El Tribunal Supremo ha fallado en contra de los intereses de los vecinos del pueblo de La Santa al considerar ilegal la declaración de núcleo urbano que certificó el Gobierno de Canarias en febrero de 2007 para que el deslinde de la Dirección General de Costas tuviese una zona de servidumbre de protección de 20 metros y no de 100.
El Ejecutivo autonómico, a través de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) emitió un certificado en el que consideraba que La Santa era un núcleo urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 al haberse consolidado la edificación en más de las dos terceras partes del pueblo.
Sin embargo, el Gobierno central recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que suspendió los efectos de la declaración como zona urbana de La Santa y, finalmente, en septiembre de 2009, declaró a través de una sentencia la nulidad de la resolución de la Cotmac.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que ha hecho firme ahora el Supremo, echa por tierra la tesis de que La Santa se había consolidado como espacio urbano antes de 1988. De hecho, carecía de de red de alcantarillado, uno de los servicios públicos esenciales, junto al acceso rodado, el abastecimiento de agua o el alumbrado.
Con respecto a la consolidación del núcleo, el TSJC sólo dio por “seguro” que “existían 72 edificaciones anteriores al año 88” , pero deja claro que no se ha acreditado que ocupasen las dos terceras partes del suelo apto para urbanizar en La Santa.
“La mera declaración” efectuada por el Gobierno de Canarias, “si no viene respaldada y justificada, es insuficiente para asignar la anchura reducida” de 20 metros “a la servidumbre de protección”, señala el Supremo, al tiempo que añade que la declaración del Ejecutivo autonómico “no vincula” a Costas a la ahora de “aprobar el deslinde” ni “desde luego” al tribunal que “con posterioridad lo enjuicie”.
Por ello, tanto el TSJC como el Supremo consideran que, a efectos de la Ley de Costas, no era suelo urbano en 1988 y, por tanto, la servidumbre de protección debe fijarse en 100 metros desde el deslinde del dominio público y no en 20 metros como le hubiese correspondido si se tratase de un núcleo consolidado.
En la misma sentencia, el Supremo resta valor al pronunciamiento de la Audiencia Nacional, de marzo de 2008, que anuló el deslinde de La Santa. El Tribunal Supremo que tiene mayor validez el criterio del Tribunal Superior de Justicia en el sentido de que “el núcleo de La Santa carecía en forma evidente de los requisitos necesarios para ser considerado como núcleo urbano”.
http://www.diariodelanzarote.com/2012/04/03/lanzarote07.htm

El PP tacha de 'desfachatez' que Narbona y la Junta insistan en que el Gobierno es el que debe demoler El Algarrobico

Precisamente, la exministra socialista, que firmó en 2005 la orden ministerial que aplicó el deslinde de 100 metros en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería)
La portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, María Teresa de Lara, ha culpado a las administraciones del PSOE del conflicto con con el hotel El Algarrobico (Almería), tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que la construcción contraviene la Ley de Costas, y con ello tacha de "desfachatez" que tanto la exministra de Medio Ambiente del PSOE, Cristina Narbona y el consejero del ramo de la Junta de Andalucía, insistan en que es el Gobierno central el que debe demoler el edificio.
Precisamente, la exministra socialista, que firmó en 2005 la orden ministerial que aplicó el deslinde de 100 metros en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), y el consejero andaluz del ramo, coincidieron este miércoles en pedir al actual titular de la cartera de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que "no eluda sus responsabilidades" y derribe así el hotel de Azata del Sol, tras la sentencia del TS.
En declaraciones a Europa Press, María Teresa de Lara se sorprende de que "personas tan preparadas como Narbona o el consejero andaluz" insisten en que es el ministerio el que debe pagar el derribo, según un documento que firmaron cinco días antes de las elecciones.
"Es un texto hueco, sin cuantificación económica, y en el reparto competencial corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía las competencias en la zona de servidumbre de protección, de acuerdo con su estatuto de autonomía y la jurisprudencia del TS", ha agregado.
Así, detalla que el documento que el pasado 15 de noviembre, cinco días antes de las elecciones generales, firmaron la Junta y el Gobierno socialista se estableció que el Ministerio de Medio Ambiente se comprometía a abordar la financiación de la demolición del edificio y la Junta, al desescombro y gestión de residuos, pero sin dotación presupuestaria. "Creemos que es hueco, una declaración de intenciones y un brindis al sol sin validez alguna", ha matizado.
Además, ha culpado a las administraciones socialistas de la situación en la que se encuentra la demolición de El Algarrobico, ya que, en su opinión, en el transcurso de estos años la Junta de Andalucía, junto con el PSOE, el ayuntamiento socialista de Carboneras, y la ministra Narbona "permitieron que se levantaran el hotel".
Finalmente, insiste en que el Grupo Parlemantario 'popular' acata y está de acuerdo con la sentencia del TS, que confirma que la orden ministerial que establece el deslinde en la zona de la playa de El Algorrobico se dictó de acuerdo con la legalidad y, por ello, considera que el plan parcial del ayuntamiento de Carboneras no se ajusta a derecho porque no respeta la zona de servidumbre de protección.
En concreto, la sentencia del TS declara que el hotel viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre, después de desestimar el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional (AN) que consideró conforme a derecho la orden ministerial que, en 2005, amplió a 100 metros la zona de servidumbre en el tramo del litoral donde se asienta el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
http://www.ecoticias.com/naturaleza/63872/PP-tacha-desfachateze-Narbona-Junta-insistan-Gobierno-demoler-El-Algarrobico

Los vecinos de Santa Lucía reclaman a UE como mediadora

Los vecinos del núcleo costero de Santa Lucía, en Güímar, que han sido denunciados por su propio Ayuntamiento por la ocupación que han hecho de sus viviendas, trasladarán al Parlamento Europeo la situación de indefensión en la que se encuentran, con el fin de poder volver a sus casas sin que se les demande por ello.

El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, informó ayer, junto a los representantes vecinales, de la situación que están padeciendo los habitantes del poblado costero y de las medidas que piensan tomar. "Esta situación que acaba de producirse es kafkiana, pues el Ayuntamiento, que debería proteger a sus vecinos, los denuncia".

Las denuncias contra cinco vecinos se han producido a raíz de la vuelta de estos a sus viviendas. Llevan fuera de ellas desde que el 5 de junio de 2011 se produjeran derrumbes en la zona, que ocasionaron daños en dos casas deshabitadas y en un vehículo. En aquel momento, el Ayuntamiento de Güímar desalojó y precintó el lugar, procedió a retirar los escombros y algunas piedras que amenazaban con caer sobre las casas, al tiempo que solicitó un estudio para evaluar el riesgo de nuevos desprendimientos. Ante los resultados de este estudio, decidió prolongar el precinto que ahora algunos vecinos se han saltado.

Sin embargo, ayer, el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, José Antonio Herrera, acusó al Ayuntamiento de no haber hecho nada en todo este tiempo. Indicó que los vecinos han vuelto a sus viviendas porque consideran que ya no hay peligro "pues les habían dicho que se había subsanado parte del derrumbe" porque no existían ya vallas que las protegían y, sobre todo, "porque ya no podían estar más tiempo pagándose otra casa para vivir". También criticó que "el Ayuntamiento prometió cubrir los gastos y, sin embargo, a los 30 días mandó una carta explicando que ya no podrían pagar nada y que había que buscarse la vida".

Ante la vuelta a sus viviendas, el Ayuntamiento denunció a los vecinos que regresaron y el 26 de abril deben declarar como imputados por supuestos casos de "usurpación", matizó el letrado Langa.

Herrera ha aclarado también que las viviendas de Santa Lucía existen desde 1973, y que desde mediados de 1990 ya cuentan con todas las condiciones de saneamiento y alumbrado como cualquier otro barrio, por lo que ahora no entienden que se les quiera "echar" de sus casas y se les notifique "con un número". "Para cobrar los impuestos municipales sí que existimos para el Ayuntamiento", ha dicho.
En estos momentos, los vecinos de Santa Lucía siguen en sus casas y están a la espera de saber qué ocurrirá tras la comparecencia ante el juzgado en el mes de abril, mientras paralelamente están en contacto con el Parlamento Europeo para conocer sus derechos y, sobre todo, las posibles ayudas económicas que existen para estos casos, ya que están dispuestos a pedirlas ellos mismos si no lo hace el Ayuntamiento.

Por su parte, Langa González explicó que respecto a la modificación de la Ley de Costas anunciada por el ministro Arias Cañete, el Parlamento Europeo ha creado una comisión para estudiar estas modificaciones y está a la espera de que España se las envíe
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/03/27/vecinos-santa-lucia-reclaman-ue-mediadora/404557.html