Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

domingo, 11 de noviembre de 2012

DESALOJO Y DERRIBO DEL 9 VIVIENDAS EN EL POBLADO MARINERO DE CHO VITO (TENERIFE

El próximo lunes día 12 es el plazo marcado para que las 9 familias que aún permanecen en el en el barrio marinero de Cho Vito sean desalojadas y sus viviendas derribadas por orden del Gobierno de España. Su delito: ser un impedimento para un proyecto especulativo acordado por el Gobierno de Canarias y el Gobierno español en 1998 contando con la complicidad necesaria del Ayuntamiento de Candelaria.




Estas familias han demostrado con documentos de la propia Administración que todo el procedimiento se ha llevado a cabo de manera irregular. No deben nada a nadie. Han cumplido con todas las obligaciones tributarias, son propiedades totalmente LEGALES, inscritas en el Registro de la Propiedad...y sin embargo, el lunes, si nadie lo remedia, serán expulsados de sus hogares y tendrán que seguir pagando sus hipotecas a pesar de quedarse sin el bien hipotecado. ¿Tiene que suicidarse alguien para que se paralice el derribo?



Es incomprensible que ningún Partido Politico alce su voz contra un derribo que viola los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de los Derechos Fundamentales y la Constitución Española y que la sociedad permanezca impasible cuando se han unido en contra de los dasahucios bancarios. ¿Por què todos callan cuando el abuso lo comete el Estado? ¿Por qué el PSOE clama airado contra la Ley Hipotecaria cuando fueron ellos los que aprobaron una ley muchísimo peor, la Ley de Costas, que ha permitido quitarle la propiedad a 400.000 familias llevándolas a la ruina económica, social y familiar?



La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) hace un llamamiento a todos los politicos, jueces, sindicatos, periodistas, ONG's y sociedad civil en general para que demuestren su repulsa e impidan que siga adelante la mayor injusticia que se va a cometer en España.



Carmen del Amo

Pte Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC)


http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com.es/





Costas da a Cho Vito fichas con sus casas “fuera del deslinde” público

Mañana, lunes, se cumple el plazo dado por la Dirección General de Costas para desalojar las últimas nueve viviendas de Cho Vito, sin que se haya llegado aún a un acuerdo entre las administraciones públicas y los vecinos para su realojo. Los afectados no están dispuestos a irse en estas condiciones, y, aunque confían en que la delegada del Gobierno, Carmen Vento, cumpla la promesa de que no habrá derribos sin tener nueva casa, lo cierto es que, de forma paralela, quieren seguirse defendiendo con todas las armas legales posibles. Entre ellas, han reclamado la revisión del deslinde público aprobado en 2001 tras conseguir del Servicio Provincial de Costas documentos que lo ponen en tela de juicio.


Papeles, dicen, que hasta ahora no habían conseguido porque no fue hasta julio pasado, es decir, concluido ya el proceso judicial, cuando Costas les dio acceso al expediente completo.

En la reclamación que días pasados presentaron ante el Servicio de Costas, estos vecinos hacen constar “errores” con varios mojones, de forma que en las fichas que les han entregado estas marcas figuran en un lugar (dejando las casas fuera del dominio público o sólo afectadas por la fachada) y en el plano oficial en otra ubicación. Tal falta de concordancia implica que “se van a derribar cuatro casas que están fuera de dominio público según las fichas oficiales”, indica el portavoz vecinal, Tomás González. Se trata de copias que les entregaron en el Servicio Provincial de Costas en julio pasado, debidamente cotejadas con el original, como consta en el cuño de cada una firmado por la funcionaria correspondiente.

Un documento clave consiste en un certificado del entonces ingeniero jefe de la Demarcación de Costas, Manuel Barrios, con fecha del año 2000, en el que se deja claro que el nuevo deslinde previsto debía coincidir con el de 1969, que, según González, no afectaba de lleno a este poblado. Pero la nueva línea sí cambió finalmente en 2001, dejando las viviendas en franja pública.

Este diario ha ofrecido en dos ocasiones al Servicio Provincial de Costas dar su versión sobre este asunto, sin que haya habido ningún desmentido sobre el valor o el significado de estos documentos aireados por Cho Vito. Unos papeles que, para estos vecinos , justificarían reabrir su caso en vía administrativa y, de no ser así, en la judicial, pese a la sentencia firme que pesa sobre sus hogares.

http://www.diariodeavisos.com/costas-da-cho-vito-fichas-con-sus-casas-fuera-del-deslinde-publico/

sábado, 10 de noviembre de 2012

Cho Vito corre el riesgo de derribo al terminar el plazo de desalojo el lunes

Los vecinos están preocupados y acudieron ayer al juzgado ante el temor de que Costas traslade al poblado la maquinaria para proceder al derribo de las casas. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar tiene constancia documental de que el deslinde marítimo-terrestre de 1969 fue alterado en 2001.



El 16 de octubre, un día después de que se comprometieran con ellos a lo contrario, fue cuando el Servicio Provincial de Costas comunicó a los vecinos de Cho Vito, mediante un escrito, que tenían de plazo hasta el próximo lunes para desalojar sus viviendas. Los habitantes de las nueve construcciones que existen en el poblado se muestran "muy preocupados" ante la "más que probable" actuación de derribo y por la "nula respuesta" obtenida en su intento de suspender cautelarmente la aplicación de la medida.

Ayer, los vecinos se personaron en el Juzgado de Güímar al objeto de plantear que "se pretende acceder a las casas para derribarlas sin estar autorizados a ello", toda vez que la población defiende que la sentencia existente "solo alude a que se permite la entrada, pero no se refiere en ningún momento a que se autorice el derribo".

La población se moviliza ante "la inminencia de una acción que seguimos considerando injusta y un atentado a nuestros derechos". Una convicción que ahora parece haber encontrado un argumento "de peso" que lo justifica.

Los vecinos de Cho Vito disponen de documentos oficiales emitidos por la Dirección de Sostenibilidad de la Costa y el Mar "en los que se constata que los mojones que delimitaban el dominio público marítimo-terrestre en el año 1969 fueron alterados notablemente en el deslinde que terminaron de definir en 2001".

En el primero de los casos, y en aplicación de la Ley de Costas del momento, "Cho Vito estaría fuera del ámbito del dominio público marítimo-terrestre". Sin embargo, cuando el Gobierno central cambió la legislación "movió los mojones dejando a todo el poblado dentro del área, por tanto, afectando a todas las casas".

Certificó que coincidían

Se da la circunstancia de que en el mes de septiembre del año 2000, el ingeniero jefe de la Demarcación de Costas en la provincia, Manuel Barrios Martínez, informó y certificó que "la línea de deslinde que obra en el proyecto de deslinde de Punta del Rey a Playa de Cho Vito (...), definida conforme a los criterios de delimitación del dominio público marítimo-terrestre contenidos en la Ley de Costas de 1988, coincide con la línea de deslinde que hubiera resultado de haberse aplicado los criterios derivados de la ley de Costas de 1969".

Los vecinos se muestran actualmente "más convencidos que nunca" de que ha habido "algo muy oscuro" en todo el proceso que ha vivido Cho Vito. Para ellos, esta nueva documentación "es una pieza fundamental" cuya puesta en escena "hubiera alterado notablemente el devenir de los acontecimientos que nos ha tocado y nos tocará, parece, seguir sufriendo".

El colectivo de Cho Vito no participó esta semana en la reunión a la que habían sido convocados por la Subdelegación de Gobierno al objeto de avanzar en una solución a su problemática. Se marcharon porque no permitieron la presencia de quienes ellos eligieron como sus representantes, entre los que se encuentra uno de los vecinos a los que derribaron su vivienda en 2008.

Los vecinos y las administraciones municipal, insular, regional y central habían acordado que la población de Cho Vito sería reubicada antes de proceder a la demolición de las viviendas para construir el paseo litoral. Es más, el Ayuntamiento de Candelaria hizo pública su propuesta de que esas casas sean construidas en un solar situado sobre el poblado.

Menos casas y más población

Las fuentes consultadas confirmaron que de las 13 viviendas que inicialmente se les había prometido (9 de los que aún viven en Cho Vito y 5 para otros tantos a los que les derribaron sus casas), ahora las han reducido a 5, por lo que ni siquiera se atendería la necesidad de aquellos a los que dejaron en pie las viviendas porque es la única que tienen. Además, una de las casas que había sido tapiada por Costas está ocupada por una pareja con un niño de corta edad. Asimismo, el PP realizó varias visitas a Cho Vito durante el proceso previo a los derribos realizados en 2008 en defensa del lugar y demandando mantener en pie las construcciones. Hoy es el PP, desde el Gobierno central, el que comunica que deben desalojar las viviendas.

http://eldia.es/2012-11-10/sur/1-Cho-Vito-corre-riesgo-derribo-terminar-plazo-desalojo-lunes.htm#4

sábado, 3 de noviembre de 2012

Los vecinos de Cho Vito, dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre para evitar que el 12 de noviembre caiga el poblado marinero

















-Con documentos en la mano, demostró que las viviendas de Cho Vito son legales y que los derribos se deben por tanto a un interés especulativo con los terrenos donde se sitúa el poblado costero. En este sentido, afirmó que es lamentable que a día de hoy, cuatro años después de la caída de gran parte del barrio, nuestros dirigentes políticos se permitan el lujo de hablar de ilegalidades y de sentencias para justificar sus intolerables actuaciones.

Sobre Cho Vito no hay más engaños y abusos de poder por parte de unos dirigentes políticos que por un lado quieren eliminar a un pueblo que ha defendido sus derechos y su dignidad y, por otro, pretenden especular con los terrenos, dijo para añadir que Costas toma la decisión de demoler las viviendas sin tener en cuenta el drama social que ello conlleva, porque ahora han entrado las prisas por construir un paseo hasta el muro de Unelco.



Tomás González dejó claro que los vecinos están dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre para evitar que el 12 de noviembre caiga Cho Vito, tras lo que hizo un llamamiento a la sociedad canaria para que les ayuden a no caer en la indigencia que les está preparando el Gobierno estatal con estos desahucios





http://www.sanborondon.info/content/view/48515/1/

Núcleos costeros: en la piqueta, pero sin fecha


De largo, y bien de largo, pasa sobre Fuerteventura el anteproyecto de la nueva Ley de Costas. Los Molinos, Jacomar y Majanicho son los tres principales enclaves costeros que continúan pendientes de la piqueta, aunque sin fecha. La duda también se cierne sobre la concesión del hotel Oliva Beach.

Ni bien, ni mal. Todo va a quedar igual». Así resume Miguel Cerdeña, presidente del colectivo de afectados por Costas en Los Molinos, la incidencia del anteproyecto de la nueva Ley de Costas que tramita el Gobierno central sobre este enclave costero del municipio de Puerto del Rosario. Los Molinos, junto con Jacomar (Antigua) y Majanicho (La Oliva) son los tres principales núcleos costeros de Fuerteventura en litigio con Costas que no están amenazados por la piqueta de manera inminente, pero tampoco pueden respirar tranquilos.



En el caso de Los Molinos, en la costa de barlovento, todas las construcciones, todas, esto es 38 que siguen en pie, están pendientes de litigios con la Dirección General del Medio Ambiente y Natural, la antigua Demarcación de Costas, que depende del Ministerio de Medio Ambiente. Miguel Cerdeña confirma que el derribo no es inminente, como en el caso de núcleos costeros de Tenerife como Cho Vito. En Los Molinos, la piqueta frenó en seco en 2008, tras el derribo de tres construcciones por Costas y dos por los propietarios El total de 38 chozas y casas está dentro del dominio público marítimo-terrestre.

última demolición en jacomar. En el mismo dominio público marítimo-terrestre, se levantan las construcciones de Majanicho y Jacomar, también pendientes de los tribunales. En Jacomar, Costas demolió la última choza hace más de dos años.



Lo único claro es que los enclaves costeros de Fuerteventura no están dentro de las diez excepciones recogidas por la nueva Ley, ni tampoco se beneficiarían del recorte de 100 a 20 metros de la servidumbre de protección por estar en domino público.

En 2017 expira la concesión del hotel Oliva Beach, en las dunas de Corralejo, pero tampoco nadie sabe nada sobre qué pasará con este establecimiento que da trabajo a numerosas familias desde hace más de 20 años

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=280308

miércoles, 31 de octubre de 2012

LOS VECINOS DE CHO VITO, DEMUESTRAN LA LEGALIDAD DE SUS VIVIENDAS

RTVC.es - Radiotelevisión Canaria - Noticias

Los vecinos de Cho Vito "esperarán a las palas" y presentan nuevas pruebas

Los vecinos del poblado costero de Cho Vito, en el municipio de Candelaria, anunciaron hoy que "esperarán a las palas" el 12 de noviembre, cuando se ha anunciado la ejecución de la demolición de sus casas, al tiempo que han pedido a los tribunales la reapertura judicial del caso y medidas cautelares ante la aparición de nuevas pruebas sobre este "engaño".


Unas treinta casas de este núcleo costero fueron derribadas en octubre de 2008 pese a la oposición de los vecinos ante las fuerzas antidisturbios y las palas excavadoras, y el 12 de noviembre es el límite que tienen las familias de las nueve viviendas que siguen en pie para abandonar sus hogares, según ha anunciado la Delegación del Gobierno.

Representantes de la asamblea de vecinos insistieron hoy en que la determinación de los habitantes de Cho Vito es oponerse "sin violencia pero con dignidad" a "la confiscación" de sus viviendas, con el apoyo en el lugar de cuatro eurodiputados el día de los derribos.

"Por la dignidad morimos", advirtió en rueda de prensa Tomás González, uno de los representantes vecinales, quien hizo un llamamiento a todos los partidos, sindicatos y movimientos sociales a acudir el 12 de noviembre a Cho Vito para evitar "el desahucio" que piensa ejecutar el Gobierno central, con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Candelaria para favorecer la especulación urbanística a costa de los derechos humanos de las familias afectadas.

Reclamó en concreto el apoyo del "Partido Socialista Obrero Español" que mientras estaba en el Gobierno es el que promovió el derribo de Cho Vito.

Antonio Alonso, también representante vecinal, anunció que entre hoy y el viernes se van a presentar nuevas pruebas en los tribunales a partir de documentación que hasta ahora les había negado la Dirección General de Costas, la cual demuestra, según señaló,que numerosas viviendas, algunas ya derribadas, no estaban en dominio público hasta el deslinde de 2001.

En 1969 se realizó un deslinde y en 2001 otro, y los planos de ambos difieren, a pesar de que Costas ha certificado por escrito que sí coinciden.

Con estas pruebas documentales los vecinos quieren que se reabra judicialmente el caso y que se tomen medidas cautelares frente al derribo de sus casas a partir del 12 de noviembre.

"Cómo es posible que todas las administraciones, por intereses urbanísticos hayan propiciado este engaño que lleva "a confiscar viviendas en propiedad para construir un paseo marítimo con fondos europeos, ilegal porque carece de informe de impacto ambiental y que no lleva a ninguna parte", se preguntó Alonso.

Advirtió de que si cae Cho Vito, el destino de los otros 111 núcleos costeros canarios será el mismo, y por tanto se trata de una batalla "por la dignidad del pueblo canario", no sólo de los vecinos afectados.

"Todas y cada una de las administraciones nos han engañado para especular con nuestras viviendas", denunció Alonso, pero advirtió de que la Unión Europea está encima del asunto y varios eurodiputados acudirán el 12 de noviembre al poblado para apoyar a los vecinos.

Tomás González dijo que la supuesta "buena voluntad" de las administraciones no se traduce en soluciones para los vecinos y sus problemas sociales, y afirmó que el Gobierno pretende desahuciarlos y dejarlos en la indigencia.

"Hacemos lo imposible para defender nuestras casas, pero tienen prisa en construir el paseo marítimo" para poder cobrar los fondos europeos y dárselos a la empresa Tragsa, cuyos "esbirros" han ido a a amenazar a los vecinos para que dejen sus casas, aseguró.

Los afectados denunciaron que ahora se pretende reformar la Ley de Costas "a la carta", para excluir de la misma a urbanizaciones en Formentera y en otros puntos del litoral español porque están habitadas por 45.000 extranjeros y evitar así que el asunto lleve a la intervención de la Unión Europea.

Pero en la reforma legal no se tiene en cuenta los poblados costeros canarios, aunque sí a las construcciones hoteleras para poder seguir especulando, aseguró, y se preguntó para qué sirven el Gobierno y el Parlamento de Canarias si no pueden defender su territorio.

"En 2008 luchamos, entonces no podíamos demostrar el engaño; pero ahora sí podemos, hemos aprendido a defendernos con sus documentos", afirmaron los representantes vecinales en referencia a las nuevas pruebas presentadas en los tribunales.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1283820

domingo, 28 de octubre de 2012

Berriel: "La nueva Ley de Costas deja de lado a los canarios"

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, sostuvo en el Parlamento de Canarias que las competencias de los usos en las playas y las zonas de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre pertenecen a la Comunidad Autónoma.


Aun así, el Gobierno autonómico no ha sido consultado en modo alguno para desarrollar la reforma de la llamada Ley de Costas, a pesar "de las especiales características del Archipiélago canario y la especial vinculación de la mayoría de su actividad económica al litoral.

En su análisis del Proyecto de Ley estatal, el consejero la calificó como una "reforma incompleta y fraccionaria, con algunos detalles buenos, pero otros muchos muy criticables". En especial, Berriel se refirió a la arbitrariedad del último anexo contemplado en el Proyecto de Ley, en el que se recogen varias excepciones a la obligación de derribo de las construcciones ubicadas en zona de dominio público marítimo-terrestre en zonas de Galicia o Cataluña, e incluso un deslinde especial para Formentera.

El consejero recordó que existen más de cien núcleos en Canarias que se verán afectados por la Ley de Costas y ni una sola excepción en el Archipiélago. Además, el responsable de la Política Territorial del Gobierno canario aclaró que no todas las casas ubicadas en las zonas afectadas podrán beneficiarse del nuevo criterio, que permite ampliar las concesiones en 75 años.

"No es cierto ¿afirmó Berriel- lo que algunos andan pregonando de que todas las edificaciones que se encuentran en el dominio público se les va a otorgar una concesión."

El consejero explicó que este hecho se producirá sólo en dos casos. El primero se producirá cuando exista una alteración de la actual configuración del dominio público marítimo-terrestre y se desafecten o queden fuera, dejen de ser dominio público, los terrenos ocupados por las edificaciones. El segundo, se refiere a los inmuebles y terrenos que ya estaban afectados y de los que sólo los que ya tenían este derecho en la anterior ley de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera, es decir, sentencia de reconocimiento de propiedad privada o inscripción registral previa al deslinde anterior, amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

Esto nos debe llevar a la conclusión, en palabras del consejero, de que, dada la configuración urbanística y de propiedad de los actuales núcleos tradicionales afectados por el dominio público marítimo terrestre, en Canarias más del 90 por ciento no podrán acogerse a la solución.

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/6-interes/17569-berriel-qla-nueva-ley-de-costas-deja-de-lado-a-los-canariosq

lunes, 22 de octubre de 2012

Costas derriba una casa por "error" pero rechaza indemnizar al inquilino





Víctima de un error y sin derecho a ser compensado. Este podía ser el resumen de una familia que residía en una vivienda situada en Playa San Juan de Guía de Isora en el sur de Tenerife. La Dirección General de Costas determinó en el año 1996 que su vivienda estaba dentro de los terrenos de Costas y por lo tanto debía ser demolida.

Así ocurrió finalmente a principios del año 2005. Sin embargo, el vecino aportó documentos del catastro y del Ayuntamiento en el que se demostraba que su casa se encontraba a 14 metros de la zona de servidumbre. A partir de este momento se inició una batalla para que pudiera recibir unos 279.400 euros en concepto de indemnización que se ha dado de frente con un evidente fracaso. La Audiencia Nacional considera a través de una reciente sentencia ya firme que los inquilinos no han podido acreditar que efectivamente fueran dueños de esta casa que tenía además una cueva anexa pese a que aportaron recibos del cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de recogida de basuras, de luz y agua. Nunca inscribieron la vivienda a su nombre en el Registro de la Propiedad y este lapsus resultó ser fatal.



Esta familia denunció que habían sido víctimas “de un gravísimo error” por parte de la Dirección General de Costas y así lo plantearon en el año 2010 ante el Ministerio de Medio Ambiente. Pero el Estado hizo oídos sordos a sus reivindicaciones y rechazó su petición de indemnización. A continuación acudieron a los tribunales pero sin obtener ningún otro resultado positivo para sus intereses. Todo ello pese a que presentaron ante los juzgados y el Estado un certificado emitido por un arquitecto en el que constaba que su casa se encontraba a una distancia de 13 y 14 metros de los mojones 255 y 256 de la línea de deslinde aprobada en el año 1972. Por su parte los tribunales han indicado que no sólo no se ha acreditado la titularidad de la vivienda sino también la cuantificación de los daños tanto materiales como morales que se exigían.



Antes de emitirse recientemente esta sentencia de la Audiencia Nacional, los vecinos habían iniciado otro pleito que llegó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que pedían la anulación del deslinde de Costas y que tampoco resultó favorable a sus intereses. El antiguo propietario alegó que venía ocupando esta vivienda que está al lado de una cueva desde el año 1972 y que tal y como se pudo demostrar en los planos del catastro y del Ayuntamiento no estaba enclavada en suelo de dominio público. Además, defendió que la antigüedad de la construcción es anterior a la entrada en vigor de la Ley de Costas y que desde un principio ha venido ocupando esta casa “de forma pública, pacífica e ininterrumpidamente durante tiempo suficiente”. Cuando este asunto llegó al TSJC aún no se había aprobado el nuevo deslinde pero el Tribunal prefirió ponerse del lado de “la presunción de legalidad a favor de la Administración”. De ser así entonces las propiedades podían ser recuperadas por el Estado sin ni siquiera iniciar un procedimiento expropiatorio ya que formalmente la casa no constaba como propiedad del recurrente. A continuación, el Tribunal Supremo (TS) mediante un auto rechazó admitir a trámite la reclamación de este vecino. Luego se inició la batalla ante la Audiencia Nacional que ahora acaba de terminar sin dar más posibilidades de reiniciarla en otro ámbito.

http://www.sanborondon.info/content/view/48146/1/

domingo, 14 de octubre de 2012

Cien núcleos del litoral canario siguen condenados al derribo

La modificación de la Ley de Costas que el Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada ha dado al traste con las esperanzas de muchos canarios que tienen casas en el litoral y que confiaban en que el cambio normativo librase a sus viviendas de la piqueta. Sin embargo, la mayoría de los núcleos afectados en las Islas no reúnen los requisitos para acogerse a la ampliación de la concesión administrativa a 75 años que prevé la Ley. "La razón es que no cuentan con ningún tipo de concesión que se pueda ampliar", expone el senador de Coalición Canaria Narvay Quintero. "En las Islas peligran más de 100 asentamientos costeros que no tiene en cuenta el proyecto de ley", detalla. "Esto significa que 135.000 canarios están amenazados con el derribo de sus viviendas", añade.


Entre ellos, el senador nacionalista cita Igueste de San Andrés, en Tenerife, o el Pozo de las Calcosas, en El Hierro. Además, no se ha dejado abierta ninguna vía para que se salven de la demolición los núcleos grancanarios de Ojos de Garza y Tufia, en Telde.

Junto al socialista Domingo Fuentes Curbelo, Quintero defendió el jueves en la Cámara Alta una moción para que las competencias en la materia pasasen a la Comunidad Autónoma. Entre los argumentos expuestos por los senadores canarios para reclamar para el Gobierno canario la gestión del litoral destaca, justamente, "que el anteproyecto aprobado no recoge ninguna de las especificidades de Canarias que requieren una regulación particular", señala Quintero.

"Habla de las rías de Galicia o de Huelva, de las dunas de Andalucía o de la particular configuración geológica de Formentera, pero no se menciona ninguna de las características especiales de Canarias", apostilla. "La nueva Ley de Costas omite completamente la singularidad y la especificidad de las costas canarias y la forma de vivir de los canarios", agrega.

"Se puede decir sin temor a equivocarse que el cambio normativo ha generado unas expectativas que para nada se van a materializar en los asentamientos canarios", coincide Fuentes Curbelo. "No soluciona en absoluto el caso de las Islas", indica, "la mayoría de los núcleos que están afectados en el Archipiélago no están construidos antes de 1988". "Las viviendas que aquí se van a poder acoger al menos a la prórroga de la concesión administrativa se cuentan con los dedos de una mano", señala. "Son muy pocos los que antes de la anterior Ley de Costas estaban reconocidos por sus ayuntamientos como urbanos, con saneamiento, tendido eléctrico o agua", añade. En cambio, apunta que son muchos los que están construidos "enteramente en dominio público; para esos no hay salvación posible".

En efecto, la propia Ley señala que su propósito es beneficiar "a quienes estaban legítimamente en el litoral, pero no supone una amnistía para las situaciones ilegales".

Además, ambos senadores critican que no se haya previsto para el Archipiélago la excepcionalidad de los 100 metros de servidumbre para aplicar tan solo 20, como sí se hace para el caso de las rías. "En Canarias, sobre un territorio de 7.447 kilómetros cuadrados y 1.583 kilómetros lineales de costa, 100 metros de servidumbre suponen el 2% del total". "En Andalucía, sobre casi 90.000 kilómetros cuadrados, 87.597, representa solo el 0,1%". Quintero destaca que pese a que Canarias "tiene 20 veces más afección, Andalucía sí tiene las competencias en Costas que se le niegan al Archipiélago". "No hubo manera de que el PP aceptara la posibilidad de que se nos reconociesen 20 metros en lugar de 100", reprocha.

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Ángel Lobo hace hincapié en "la necesidad de distinguir entre las edificaciones construidas en terreno de servidumbre y las que se asientan en dominio público". "Estas últimas no hay manera de salvarlas y así debe ser", asevera.

Sin embargo, como ejemplos del primer caso cita Las Eras o El Tablado, en el Sur de Tenerife. "Estos han acudido ante la Audiencia Nacional a pedir que se les apliquen los 20 metros porque antes de 1988 eran suelo urbano consolidado de manera fáctica y se les ha concedido", explica. Para ello, debían cumplir los requisitos establecidos en la Ley del Suelo de 1976: "contar con acceso rodado, sistema de abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica y estar integrados en la malla urbana".

En cuanto a los casos de construcciones levantadas en terreno demanial, apunta: "El dominio público del litoral no es un concepto que se inventase en la Ley de Costas de 1988; antes de ella estaba la de 1969 y antes, la Ley de Puertos, y en todas ellas se contemplaba la titularidad pública". "La costa es un sitio al que todo el mundo debe poder acceder en libertad y cualquier núcleo que cierre ese libre acceso debe ser derribado", destaca.

Lobo ofrece una explicación muy didáctica: "Cuando trato en clase el tema de las construcciones ilegales en la costa, suelo decirles a mis alumnos que la única razón por la que la gente construye pegada al mar en vez de tierra adentro es precisamente que si lo hace en el interior, se va a meter en la finca de alguien que lo va a echar de allí; sin embargo, como el litoral es de todos, al final no es de nadie". Así, critica situaciones como la que se da en Tufia, donde muchas fotografías recogen a los habitantes de las casas "pescando desde sus ventanas".

Con todas estas consideraciones a la vista, el profesor de la ULL señala que el Anteproyecto de modificación de la Ley de Costas "aporta bien poco con respecto a la normativa anterior". "Les servirá, en todo caso, a los hoteles de Corralejo, por las disposiciones que hace respecto a las dunas o al hotel Médano si tiene la concesión en vigor".

Finalmente, Lobo tilda de "brindis al sol populachero para quedar bien con las asociaciones de afectados" la modificación del decreto legislativo 1/2000 llevada a cabo por el Parlamento de Canarias. "Solo tiene tres artículos y en uno de ellos habla de crear un catálogo de núcleos con valor etnográfico o pintoresco que, entre otras cosas, nunca se ha elaborado", sentencia el experto.

http://www.laopinion.es/canarias/2012/10/14/cien-nucleos-litoral-canario-siguen-condenados-derribo/440077.html

El Estado se apropia de competencias autonómicas en la nueva ley de costas

Canarias acusa al Ministerio de recuperar la figura de los gobernadores civiles. El delegado del Gobierno podrá suspender los planeamientos municipal e insular si afectan a la integridad del dominio público y la zona de servidumbre. Esta última es competencia de la Comunidad. Unos 130.000 isleños están afectados.


¿En qué cambia el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas la situación de los canarios que tienen viviendas en el litoral y viven bajo la amenaza del derribo? Pues la conclusión es que aún no está muy claro, dada la falta de desarrollo del texto, aprobado recientemente en Consejo de Ministros, y, sobre todo, el amplio margen de maniobra que concede a la Administración central. En ello, y en el malestar por la ausencia de un reconocimiento a las singularidades del Archipiélago -que sí se ha dado a otras regiones españolas-, coinciden los representantes de los afectados y el Gobierno autónomo.

Este último, además, no ve con buenos ojos la importancia que, según lo dispuesto en el texto, adquieren los delegados del Gobierno. Tal relevancia alcanza, a ojos del Ejecutivo regional, que da la sensación de que, con la reforma, el Ministerio de Medio Ambiente quisiera "recuperar la figura de los gobernadores civiles", sostiene Mario Pérez, viceconsejero de Política Territorial.

La última palabra

Lo cierto es que el anteproyecto concede a la representación en las Islas de la Administración General del Estado la potestad de suspender los acuerdos adoptados por las entidades locales -ayuntamientos y cabildos- que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección. Es decir, les da la posibilidad de dejar sin efecto el planeamiento y, con ello, pueden tener la última palabra sobre las demoliciones.

La que ha sido definida como "cláusula antialgarrobicos" -en alusión al hotel de la costa almeriense autorizado por las administraciones pero declarado ilegal por la Justicia- no convence al Gobierno de Canarias, que la considera una injerencia en las competencias autonómicas, a las que se les atribuye control sobre la zona de servidumbre.

"No vamos a renunciar bajo ningún concepto a competencias propias. Las diferencias entre administraciones deben resolverse mediante la cooperación y el diálogo, no con la imposición y volviendo a los gobernadores civiles", advierte Pérez, alarmado ante lo que considera una "marcha atrás".

En cualquier caso, el Gobierno canario confía en que el trámite parlamentario permita incorporar mejoras para que la ley recoja las especificidades del Archipiélago, tal y como ha hecho con otras zonas. "Debe ser una norma que no favorezca a determinadas comunidades y a otras no", apunta el viceconsejero, que recuerda que cien asentamientos y más de 135.000 ciudadanos esperan una ley que les proporcione seguridad jurídica.

La isla balear de Formentera, en atención a su "especial configuración geológica", ha sido exceptuada de la aplicación de la ley. También se han librado otros diez enclaves -en Alicante, Gerona, Huelva, Málaga y Valencia-, pero no hay mención alguna a los asentamientos canarios. Y eso pese a que el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, aseguró que habría una regulación particular para el Archipiélago.

"Canarias es la región más afectada y no se la cita, aunque tenga núcleos tan llamativos como Igueste de San Andrés o Valle Gran Rey que, al menos, deberían tener el mismo trato que otras zonas desafectadas", señala el abogado José Luis Langa, representante en las Islas de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas. A su juicio, la mayoría de asentamientos son "pueblos pesqueros, donde está la historia y la tradición de Canarias".

El viceconsejero de Política Territorial comparte esta postura. "Por supuesto que está justificada una excepción para Canarias". El valor etnográfico de muchos núcleos debe ser el argumento que se esgrima para obtener una consideración particular para la región.

Propiedad y concesión

El anteproyecto de reforma de la Ley de Costas contiene algunos aspectos que pueden arrojar algo de esperanza a los afectados en Canarias. Es el caso de la posibilidad de transformar propiedades en concesiones administrativas -como ya ha ocurrido en otros puntos del país-, lo que permitiría salvar las viviendas durante 75 años más. De hecho, unas 260 casas del norte de Gran Canaria, que ya disfrutan de esta condición, se beneficiarán de esta medida, salvarán el derribo previsto para 2018 y sobrevivirán hasta 2093. Aunque deja claro que la principal reivindicación de los afectados sigue siendo el reconocimiento de las singularidades canarias, José Luis Langa admite que esta opción podría ser "un mal menor". Advierte, no obstante, de que aún no está claro en qué condiciones podría accederse a ella y que habrá que esperar a que se desarrolle la norma reglamentariamente. "Los reglamentos son los que desarrollan la ley y a través de ellos veríamos qué posibilidades tenemos de reconducir los problemas de los afectados", dice. Otro elemento de incertidumbre -y en esto coincide con la Consejería de Política Territorial- es el "amplio margen de discrecionalidad" que la reforma concede a la Administración del Estado. Esta asume "unas competencias tremendas", lo que deja en el aire otras posibilidades, como la de que, en determinadas condiciones, se reduzca de cien a veinte metros la anchura de la servidumbre de protección

http://eldia.es/2012-10-14/CANARIAS/4-Estado-apropia-competencias-autonomicas-nueva-ley-costas.htm

viernes, 12 de octubre de 2012

Costas salva del derribo a cerca de 260 casas del Norte de Gran Canaria durante otros 75 años

Costas salva del derribo a unas 260 viviendas de la costa de Arucas, Moya y Guía durante otros 75 años. Cerca del 80% de las 324 viviendas que ocupan ahora la zona de dominio público en primera línea de playa entre Quintanilla (Arucas) y San Felipe (Guía) se salvan del derribo con la nueva propuesta de Ley.
 En cambio, según advirtió ayer el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, en una reunión con el alcalde de Moya, Hipólito Suárez, y el concejal del PP en Arucas, José María Ponce, y la senadora del mismo partido, Josefa Luzardo, las 64 casas restantes de los citados municipios terminarán bajo la piqueta porque se encuentran en una situación de absoluta ilegalidad.


"El documento se podrá mejorar con enmiendas, pero por lo menos la Ley da seguridad jurídica que antes no la había para las viviendas de la costa afectadas". José María Ponce manifestó ayer, tras una reunión con el responsable de Costas del Ministerio, que la nueva normativa aclara muchas de las dudas que pesaban sobre las casas del Norte.

El nuevo Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que modifica la Ley de Costas de 1988, había dejado en los últimos días a los dueños de 324 inmuebles de la costa Norte en una situación de incertidumbre, puesto que la concesión actual de salvaguardia caducaba en 2018.

Sin embargo, cerca de ocho de cada diez inmuebles afectados se podrán beneficiar de un periodo de prórroga. En principio, unas 260 viviendas accederán a esta situación de amnistía hasta el año 2093, tras la prórroga de 75 años.

En cambio, las 64 casas restantes tienen los días contados. El alcalde de Moya, Hipólito Suárez, asegura que no existen zonas concretas afectadas, sino que se trata de casos individualizados y diseminados. En este sentido, José María Ponce admite que tienen muy difícil su regularización, como ya se contemplaba con anterioridad, porque los ocupantes no han podido demostrar la titularidad, por lo que están en una absoluta ilegalidad, al apropiarse de suelo público y carecer del título de propiedad. En el caso de Moya, Hipólito Suárez habla de que podría haber unos siete casos.

José María Ponce defiende que la ventaja de esta nueva normativa en trámite es que el registro de las casas garantizará la seguridad de cualquier proceso de compraventa, y posibles obras de reforma. Y añade que el objetivo ahora es incluir a l mayor número de zonas amnistiadas entre la decena de excepcionalidades contempladas en diversas comunidades autónomas.

Ponce cree que se puede mejorar el documento en el caso del Norte, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por el Ministerio para que diez núcleos costeros españoles hayan gozado de la excepcionalidad para su salvaguardia dentro de las zonas de dominio público.

http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2012/10/11/costas-salva-derribo-cerca-260-casas-norte-durante-75-anos/489589.html



sábado, 6 de octubre de 2012

Cañete argumenta que las ''demoliciones masivas'' darían mala imagen

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha justificado la reforma de la Ley de Costas aprobada este viernes en Consejo de Ministros "por la imagen de España que se generaría" al efectuar "demoliciones masivas de viviendas" a partir del año 2018, fecha en la que expiran las concesiones de casi 2.000 viviendas, lo que obligaría a su demolición.


En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arias Cañete ha indicado que, "dentro de cinco años, se tendrían que haber empezado a demoler, solo en 2018, cerca de 2.000 viviendas en el litoral, con la imagen de España que se generaría de muchísimas personas que habían invertido en el país y que luego veían que una modificación del sistema jurídico les desposeía de sus viviendas y obligaba a demolerlas con enorme coste".

En cualquier caso, el titular de Medio Ambiente ha señalado que "todo lo que sea ilegal en la costa será demolido y se actuará sobre ello", en alusión al hotel constuido en El Algarrobico (Almería). Cañete también ha hecho alusión a los deslindes que, gracias a la nueva normativa, se podrá consultar a través de Internet para que los ciudadanos puedan comprobar "si su vivienda o parcela está afectada por limitaciones de dominio público".

A juicio del ministro, estos cambios "tienen que mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permitar dar salida a los 'stocks' de vivienda que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad juridica, lleva a frenar las inversiones en el litoral". Por ello, ha subrayado que no se trata de "una ley de amnistía" ya que establece "un marco regulatorio mucho más claro" que permitirá evitar "la sensación de arbitrariedad". "No es más laxa ni tolerante", ha reiterado.

En este punto, ha detallado que "lo ilegal será demolido, lo que era legal y estaba sometido a concesion se prorrogará a peticion de sus titulares; y las instalaciones industriales se analizarán desde el punto de vista medioambiental para ver si son sostenibles y afectan a los ecosistemas marinos o habitats naturales para tener una política de conservación real de las playas y el litoral".

Así, ha recordado que actualmente, en los cerca de 10.000 kilómetros de costa que hay en el litotal, existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo. Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y 3.000 'chiringuitos'. Como ejemplo de la dimensión del empleo relacionado con este sector, Cañete ha cifrado en 40.000 el número de empleos que se generan solo en Andalucía.

http://www.canariasahora.com/noticia/236354/

  ESTA CLARO, QUE NO LE IMPORTAN LAS VIVENDAS ACTUALES. LE IMPORTA LA OPINIÓN DE EUROPA, COSA  QUE LA COMISIÓN EUROPEA OPINA A FAVOR DE LA LEY Y DE SU PROYECTO DE MODIFICACIÓN, EL PARLAMENTO EUROPEO, NO LO TIENE TAN CLARO, PUES SE SEGUIRÁ VULNERANDO LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

jueves, 4 de octubre de 2012

Yaiza reafirma la justificación del carácter urbano de El Golfo y Playa Quemada

El Ayuntamiento de Yaiza aprovecha la Modificación de la Ley de Costas para reafirmar ante el Ministerio de Medio Ambiente el carácter urbano de los núcleos costeros de El Golfo y Playa Quemada y evitar la amenaza de derribo que pesa sobre las edificaciones más próximas al mar. El primer teniente de alcalde, José Antonio Rodríguez, y los concejales Juan Lorenzo Tavío y Roque Herrera solicitaron este jueves al senador por Lanzarote, Óscar Luzardo, su implicación directa en este asunto para facilitar en el Ministerio de Medio Ambiente la consecución del objetivo, según ha adelantado el propio Consistorio sureño en nota de prensa.


La vía de comunicación entre la Oficina Técnica de Yaiza y la Dirección General de Costas, dependiente de Medio Ambiente, permanece abierta con flujo de documentación acreditativa. Ahora de lo que se trata es reforzar la gestión política para demostrar el carácter urbano de los pueblos y enfatizar la importancia que supone para los vecinos y el municipio la normalización de la situación de incertidumbre que viven los habitantes de El Golfo y Playa Quemada.

El senador por Lanzarote, que asume “con gusto” la petición del gobierno municipal, prevé que la modificación de la Ley de Costas comience su tramitación en las Cortes Generales del Estado antes de finalizar el año. En cualquier caso, existe consenso para buscar una solución al problema que permita garantizar la actividad económica de bares y restaurantes.

Según expresó Luzardo, la reforma legislativa pretende compatibilizar la protección de las costas con el crecimiento económico y la seguridad en el empleo, y preservar los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en zonas del litoral.

El gobierno de Yaiza se mantiene firme en su lucha de proteger los intereses de los vecinos afectados y de encontrar una respuesta satisfactoria a los mismos. En un anterior encuentro con el senador, el Ayuntamiento había insistido en la necesidad de flexibilizar los requisitos para favorecer una aplicación homogénea de la ocupación del dominio público marítimo - terrestre por establecimientos de comidas y bebidas en el litoral, teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos.

http://www.cronicasdelanzarote.es/Yaiza-reafirma-la-justificacion,42626.html

lunes, 24 de septiembre de 2012

Oramas pedirá que singularidades canarias se incluyan en nueva ley de costas

La diputada nacional de Coalición Canaria, Ana Oramas, pedirá la inclusión de las singularidades canarias en el anteproyecto de ley de Costas aprobado por el Consejo de Ministros en julio.


Así se ha comprometido Oramas con los afectados del poblado marinero de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, y con los que hoy se ha reunido.

La parlamentaria, según señala un comunicado, indicó que otros territorios del Estado si ven reflejadas en el texto sus particularidades y señaló que en la última reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria se acordó crear un grupo de trabajo constituido por Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos con el objeto de fijar una posición común y elaborar enmiendas al anteproyecto.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1256772



El antes y el después de la ignominia del PSOE en Cho Vito...

viernes, 21 de septiembre de 2012

Cristina Narbona (PSOE) pide al Ministerio explicaciones sobre la Ley de Costas y su cláusula 'anti Algarrobico'

La diputada del PSOE Cristina Narbona ha registrado en el Congreso una batería de preguntas sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas en las que pide al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que explique aspectos como las indemnizaciones que se abonarían a los titulares afectados por la prolongación de las concesiones o la denominada cláusula 'anti Algarrobico'.


Concretamente quiere que el departamento que dirige Miguel Arias Cañete explique si esa cláusula contenida en el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas se circunscribe únicamente a los ámbitos definidos en dicho anteproyecto.

En otras de las preguntas, que han sido formuladas para su respuesta por escrito, la exministra de Medio Ambiente reclama información sobre el número de titulares de concesiones sobre dominio público marítimo-terrestre afectados por la prolongación a 75 años de las concesiones y por las indemnizaciones que deberían de recibir los mismos en el supuesto de efectos asociados al cambio climático que comprometan su seguridad física o el valor económico de tales concesiones, susceptibles de transmisión a terceros.

Además, Narbona pide información sobre los informes científicos que avalan los cambios introducidos en el anteproyecto en relación con los criterios para el establecimiento del deslinde de dominio público marítimo terrestre y también sobre los que justifican que no se aplique la ley en los casos concretos incluidos en el anexo del mismo.

Por último, quiere que el Ministerio dé su opinión sobre si el anteproyecto mejora la seguridad jurídica de los afectados por los deslindes ya aprobados definitivamente y sobre si cree que no son previsibles efectos adversos del cambio climático en el litoral español, en el nuevo horizonte que se plantea en relación con la prolongación de concesiones.

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-cristina-narbona-psoe-pide-ministerio-explicaciones-ley-costas-clausula-anti-algarrobico-20120921142209.html


 LA SEÑORA NARBONA, SE OLVIDA, QUE DURANTE SU ESTANCIA AL FRENTE DEL MINISTERIO, SE PERMITIÓ CONSTUIR EL ALGARROBICO; SE LEGALIZARON HOTELES EN LANZAROTE Y FUERTEVENTURA, SIN NINGUNA RAZÓN POR Y CON SU ÚNICA AURIZACIÓN.
LA SEÑORA NARBONA, ES LA QUE SOLICITABA CALMA A LOS AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS EN TENERIFE, DICIENDO QUE SU MINISTERIO, NO SE DEDICABA A DEMOLER POR DEMOLER,  SOLO CUATRO MESES ANTES DE DEMOLER CHO VITO

ES NARBONA UNA SEÑORA?

lunes, 10 de septiembre de 2012

La Justicia anula parte del deslinde de Tenézar pero deja dentro del dominio público una hilera de viviendas

La Audiencia Nacional ha anulado de forma parcial el deslinde del dominio público marítimo terrestre en el núcleo de Tenézar, en la costa del municipio de Tinajo, “por falta de justificación”. La sentencia saca del deslinde a un buen número de viviendas aunque mantiene dentro a una hilera de casas que “se han levantado sobre terrenos naturalmente inundables”.




El deslinde del dominio público marítimo terrestre, que entró en vigor a través de una orden del Ministerio de Medio Ambiente el último día del año 2008, afectaba a unos 320 metros de la costa de Tenézar. El Ayuntamiento de Tinajo presentó un recurso contencioso que ha sido en buena medida admitido por parte de la Audiencia Nacional.

Así, la Audiencia diferencia en la sentencia tres tramos del deslinde: una zona de acantilado en la parte oeste del pueblo (que anula), la parte central del núcleo costero (que en parte anula y en parte mantiene) y un acantilado hacia el este (que mantiene). El deslinde de 2008 incluía dentro de dominio público un total de 21 viviendas.

Sin embargo, en la resolución judicial se considera que hay que anular el tramo hacia el oeste (entre los vértices 20 y 26, definidos en la imagen superior). La Ley de Costas establece que en una zona de acantilados los mojones hay que colocarlos en su parte superior, aunque determina una inclinación mínima de los terrenos de 60 grados sexagesimales para tener tal consideración de acantilado.

En el caso de este tramo costero de Tenézar, aunque por su geomorfología pueda ser considerado como un acantilado, desde el punto de vista del “concepto legal” fijado en la Ley de Costas no lo es por no tener la inclinación suficiente, tal y como admitió el propio Ministerio de Medio Ambiente y resaltó el informe pericial encargado.

¿Nuevo deslinde?

La Audiencia Nacional aclara que la anulación de este tramo del deslinde se produce “sin perjuicio de que la Administración pueda realizar un nuevo deslinde” en el que se justifique “la concurrencia de las características” del dominio público exigidas por la Ley de Costas, como que haya llegado el agua del mar.

En ese sentido, en la documentación del deslinde de Tenézar la Dirección General de Costas apunta que en el citado tramo, ahora anulado, se observan viviendas que “se han consolidado sobre rellenos artificiales que a su vez se sostienen mediante muros de contención y que se han construido escaleras para acceder” a ellas, “pretendiéndose con ello evitar ser alcanzadas por el oleaje”.

Al margen

Entre este tramo de acantilado –desde el punto de vista formal aunque no legal- y el centro del pueblo, Costas trazó la línea del deslinde del dominio público de forma diagonal dejando dentro a varias viviendas (entre los puntos 26 y 27 de la imagen superior).

En cambio, la Audiencia Nacional sostiene en la sentencia que “no resulta acreditado” por parte de la Dirección General de Costas que se encuentren en una zona que deba ser considerada como dominio público al presentar “características” que “difieren de las del resto” de la parte central de Tenézar.

Las afectadas

La Audiencia Nacional sí que mantiene el deslinde en el resto del núcleo costero (entre el vértice 27 y el 31), afectando a buena parte del pueblo y a la zona de acantilados al este, ésta sin discusión con la inclinación exigida por ley y alcanzada “por el mar, observándose materiales depositados por las mareas”.

La sentencia, al mantener parte del deslinde, complica la existencia de una hilera de viviendas situadas al lado de una cancha de petanca. Considera probado que “los rellenos artificiales sobre los que se asientan y elevan las casas, los muros de contención y la barrera de protección de la escollera [...] no tienen otra finalidad que impedir la inundación natural” de la zona, y que “se constata como el oleaje actúa sobre las fachadas de las viviendas más próximas al mar”.

Más detalles

SERVIDUMBRE. El deslinde de Costas fijó la zona de servidumbre de protección en 100 metros, por ser suelo rústico, y no en 20 metros, como le correspondería si fuera un núcleo urbano. La sentencia mantiene la distancia.

PLANEAMIENTO. En el Plan General de Tinajo de 2004 se clasifica Tenézar como suelo rústico de protección ambiental cultural y costera. Que las viviendas y terrenos paguen IBI “resulta irrelevante”, según la Audiencia.





redaccion@diariodelanzarote.com



viernes, 7 de septiembre de 2012

Igueste de San Andrés recurre ante el Tribunal Supremo el deslinde de Costas

El pueblo de Igueste de San Andrés sigue con su lucha ante los tribunales para impedir que la aplicación de la Ley de Costas acabe afectando a más de la mitad de las viviendas de este pueblo costero del Distrito de Anaga.


El abogado de los vecinos afectados por el deslinde, José Luis Langa, ha manifestado que este enclave ha interpuesto un recurso "ante la sala tercera del Tribunal Supremo, contra la sentencia de la Audiencia Nacional donde sostiene que Igueste de San Andrés no tenía la condición de núcleo urbano consolidado y que no se habían acreditado suficientemente los requisitos por los que, con anterioridad a la ley del año 1988, se podían reducir los 100 metros de servidumbre de paso a los 20 metros".

En este sentido, Langa recordó que "invocaban la resolución de la Cotmac de 2007, que consideraba área urbana y que contaba con las características de consolidación para edificación y urbanización", una resolución suspendida en su ejecución judicial por un recurso de inconstitucionalidad.

El letrado expresó su deseo de que el Supremo resuelva en su sentencia en el mismo sentido que la sentencia relativa a los núcleos de Almáciga y Taganana, "con un pronunciamiento favorable a su consolidación como urbanos", pues remarcó que "sorprende que en el caso de Igueste se ponga en duda esta condición, cuando se ha repetido insistentemente que se trata de un pueblo, como demuestra su infraestructura o hechos históricos, como que ha contado con un alcalde pedáneo".

Remarcó que "esperamos que el Supremo se pronuncie en función de los mismos criterios que aplicó en otros enclaves de Anaga", pues añadió que "nuestros argumentos jurídicos y los documentos aportados son idénticos a los de la situación de Almáciga o Los Roques, pues incluso Igueste tiene más razones para que se apliquen los 20 metros".

Anteproyecto de ley

José Luis Langa indicó, por otra parte, que el borrador de anteproyecto de modificación de la Ley de Costas, en el que muchas personas depositan sus esperanzas, "no va a ser tan beneficioso para Igueste o Canarias", pues lo cuestiona hasta tal punto de que anunció que se pondrá en contacto con los representantes políticos para que formulen enmiendas al borrador, "para que haya un tratamiento especial para el Archipiélago".

Al respecto, indicó que "el máximo responsable de Costas anunció, hace meses, que habría una regulación especial para las islas, pero hasta el día de hoy, en el borrador de dicho anteproyecto, no se incluye a Canarias, comunidad que debería estar ahí por sus singularidades

http://eldia.es/2012-09-07/SANTACRUZ/10-Igueste-San-Andres-recurre-Tribunal-Supremo-deslinde-Costas.htm

jueves, 6 de septiembre de 2012

El litoral se la juega en Madrid

Los núcleos costeros canarios a los que la aplicación de la Ley de Costas amenaza con la demolición están quemando sus últimos cartuchos para que la nueva norma que el Gobierno de la Nación pretende aprobar este año los libre de acabar en el suelo. La lucha ahora es política y se va a librar en los pasillos del Congreso de los Diputados y del Senado.


El borrador del anteproyecto de Ley de Costas que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de julio no ha resultado ser tan benevolente con Canarias como muchos esperaban, principalmente los afectados. Los poblados marineros canarios continúan prácticamente en la misma situación en la que se hallaban antes de que el Partido Popular (PP) cumpliera su promesa electoral y el ministro Miguel Arias Cañete se pusiera manos a la obra en la reforma de una norma que data de 1988 y que en las islas, amén de las demoliciones ya ejecutadas, tiene amenazadas con la piqueta a unas 10.000 viviendas que están a menos de 100 metros de la orilla del mar y, por tanto, en suelo público.



Los afectados, que suman más de 150.000 en toda Canarias, tienen sus últimas esperanzas puestas en los diputados y senadores canarios, sean del partido que sean. Su idea es que cuando el documento salga, primero, del Congreso de los Diputados y, luego, del Senado los núcleos costeros del litoral de las islas estén en la futura Ley de Costas, como mínimo, en la misma posición con la que han partido otros pueblos a los que el borrador aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy incluye en un anexo de excepciones

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=274177



domingo, 19 de agosto de 2012

«El dominio público nos ha engullido»

CALNEGRE. MURCIA.

La guerra empezó en 2005 y hasta el momento han perdido todas las batallas contra la Demarcación de Costas del Estado, que considera que el poblado invade el dominio público marítimo-terrestre. El último fracaso ha sido ante el Tribunal Constitucional, que ni siquiera admitió a trámite el recurso de amparo interpuesto por la plataforma ciudadana para la conservación del poblado, que preside Juan de Dios Martínez. El origen del problema se remonta a un deslinde aprobado por orden ministerial en 1977 y ratificado en 2005, que ha sido recurrido sin éxito por los vecinos y el Ayuntamiento en varias instancias judiciales. Las 48 viviendas afectadas se encuentran a pocos metros de la costa y ocupan áreas públicas de protección que, según la Ley de Costas, obliga a su expropiación y derribo.


Pero Martínez insiste en que «no nos hemos metido en el dominio público, algunas casas tienen más de 200 años, estaban antes de la ley. Es el dominio público el que nos ha engullido a nosotros». Las esperanzas se agotan y la paciencia también, después de siete años de lucha porque el anteproyecto de la nueva Ley de Costas que vio la luz a finales del mes de julio tampoco les favorece a priori. «Es menos lesiva para nuestros intereses pero no soluciona nada porque seguimos formando parte del dominio público y eso no nos lo quita nadie», se lamenta Martínez. Su último cartucho es la declaración del poblado como Bien de Interés Cultural BIC. La Consejería de Cultura incoó el expediente para blindar el núcleo de viviendas por su valor etnográfico, destacando su arquitectura tradicional, realizada con materiales del lugar como argamasa, algas, cantos rodados y cañas, y su antigüedad acreditada de más de 200 años, aunque ese expediente está recurrido por Costas, que considera que las casas seguirían estando en dominio público a pesar de ser BIC



http://www.laverdad.es/murcia/v/20120819/lorca/dominio-publico-engullido-20120819.html

miércoles, 8 de agosto de 2012

¿A quién quieren engañar?

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, estima en más de 20.000 las afecciones directas por la reforma de la Ley de Costas, que espera que esté definitivamente aprobada a finales de este año, tras enviarla al Congreso para su tramitación en el mes de septiembre.




"Son muchísimos los afectados, no sólo propietarios, también concesionarios, además de muy distinta índole. Estamos hablando de concesiones, por ejemplo de actividades como pueden ser los chiringuitos en la playa, otro tipo de actividades hoteleras y turísticas. También hablamos de viviendas", ha explicado en una entrevista a Europa Press, al tiempo que ha asegurado que las indirectas serán "muchas más".



En este sentido, ha criticado que la vigente Ley de Costas, de 1988, generó una "importante inseguridad jurídica" tanto para ciudadanos españoles como para europeos. "Se ha comunicado al Parlamento Europeo la redacción de este anteproyecto y nos han felicitado por la iniciativa de aportar seguridad jurídica a todos los ciudadanos que se habían visto muy perjudicados por la aplicación de esta ley", ha recalcado.



A su juicio, la protección del litoral "no es incompatible con proteger a las personas, a su patrimonio, a sus viviendas, a sus negocios y puestos de trabajo, que también los hay y son muy importantes".



Por otro lado, el secretario de Estado ha defendido la transmisión de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre. "Estamos hablando de concesiones relativas a chiringuitos u otro tipo de instalaciones de servicio para el turismo y entendemos que es perfectamente compatible la conservación del litoral", ha sentenciado para recordar que la transmisibilidad exige que el nuevo concesionario cumpla los mismos requisitos que el anterior y que se someta a los mismos plazos y condiciones vigentes.



Respecto a la demolición del hotel del Algarrobico (Almería), ha señalado que todo indica que va a tener una solución a lo largo de esta legislatura. Precisamente, Ramos de Armas también se ha referido a la llamada 'cláusula anti-albarrobico', que recoge la reforma de la Ley de Costas y que, según ha explicado, trata de prevenir que se construya, "antes de encontrar situaciones como la del Algarrobico u otras similares que obligan a la demolición, con perjuicio para todos, para el promotor del proyecto, para las administraciones y para el medio ambiente".



"Vamos a poner un cortafuegos antes. Vamos a poner una solución antes y nos vamos a dotar de un instrumento que antes no teníamos que es la posibilidad de suspender estas licencias en el momento que afecten o vulneren la Ley de costas", ha concluido.


http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-medio-ambiente-estima-mas-20000-afecciones-directas-reforma-ley-costas-20120805112308.html

DESMONTANDO SUS ARGUMENTOS.

El Secretario de Estado está tratando de manipular a la opinión publica porque la reforma que pretenden hacer, además de infumable, es inconstitucional e imposible de llevar a la práctica, y ellos lo saben.

¿Por qué no separan claramente a los propietarios de los concesionarios (inquilinos del Estado)? Porque interesa hacer creer que acaban de solucionar la inseguridad jurídica, la arbitrariedad, el abuso de poder...todo cuanto ellos mismos han denunciado en el Congreso y en el Parlamento Europeo (no confundir con la Comisión Europea como hace él).

Lo que ha hecho el PP es todo lo contrario a lo que dijo que haría, pero no debemos extrañarnos porque es su hoja de ruta.

Es sencillo desmontarle sus declaraciones.

Aumentará la inseguridad jurídica a limites insospechados.

Seis. Se introduce un artículo 13 bis que queda redactado del siguiente modo:

1. Los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo-terrestre. La incoación del expediente de deslinde tendrá los efectos previstos en el artículo 12.

2. Los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, a cuyo efecto la Administración otorgará de oficio la concesión, salvo renuncia expresa del interesado.

La concesión se otorgará por setenta y cinco años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon.

La Administración no otorgará la concesión a la que se refiere el apartado anterior, cuando la ocupación afecte a la integridad del dominio público marítimo-terrestre.

¿Significa esto más seguridad jurídica? Todo lo contrario, si se lee con cuidado.

Dice primeramente que si se altera el dominio público se hará un nuevo deslinde.

¿Se alterará por qué o por quién? Con sólo poner un simple espigón, en un par de años, se habrá alterado el dominio público.

Quiénes compren una propiedad creyendo en las palabras de este Gobierno y estando perfectamente legal, se encontrarán con un nuevo deslinde y con su propiedad confiscada.

¿Esta es la seguridad jurídica que han logrado colar a la Comisión Europea y que están vendiendo en todos los medios de comunicación?

Ahora viene lo mejor. En cuanto hagan un nuevo deslinde, el Gobierno, sin ni siquiera darle tiempo a pensar, y mucho menos buscar un abogado, habrá convertido su propiedad en una concesión. Así, sin esperar a ver que dice un juez.

¿Qué ocurrirá si gana el recurso, después de 20 años de litigios? Pues que a lo mejor ya han hecho la recuperación posesoria y hasta le han derribado la propiedad. Es lo que se llama un hecho consumado y vaya usted a quejarse a nadie.

+ inseguridad jurídica.

Para rematarlo, dicen que darán una concesión de 75 años. O sea, que de ser legítimo propietario, le convierten de la noche a la mañana, por haber puesto un mal espigón, en inquilino en precario de su propia casa.

Y como broche de oro de esta serie de despropósitos, dicen, que a pesar de todo lo anterior, "La Administración no otorgará la concesión...cuando la ocupación (pasamos a ser okupas) afecte a la integridad del dominio público maritimo terrestre". ¿Quién lo decide? ¿Bajo que parámetros? ¿A dedo o hay que jugárselo al bingo? Esto es lo que se llama ARBITRARIEDAD, prohibida por el Art 9.3 de la CE.



Viendo el final, sobra lo anterior.

Todo, absolutamente todo es una trampa mortal para incautos, con la inestimable ayuda de la Sra Reding, cuyo fin es vender las 600.000 viviendas que pesan como una losa en todos los balances económicos.



Con esta modifición de ley, el Gobierno sólo tiene que esperar a que la gente se confíe, compren y cuando crean que están a salvo, ¡¡huy, se ha alterado el dominio público!! Nuevo deslinde y vuelta a empezar.

El resto del Borrador de la modificación de la Ley de Costas, es igual o peor.

¿A quién pretenden engañar? Para ser trilero se necesita ser más hábil.



lunes, 30 de julio de 2012

Los negocios del Anexo II de Playa del Inglés tendrán que desaparecer en 2056

Los comerciantes han recurrido varias veces a la interposición de recursos de carácter extraordinario para intentar anular esta delimitación.


El deslinde que ha sido recurrido ya en múltiples ocasiones abarca desde la playa de El Veril hasta el Faro de Maspalomas y ya es considerado firme a través de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) emitida en 2004. Los comerciantes una y otra vez han recurrido a la interposición de recursos de carácter extraordinario para intentar anular esta delimitación. Para ello han presentado ante los tribunales pruebas como fotografías antiguas de este lugar o los planes de la administración para invertir 3 millones de euros en rehabilitar este espacio comercial construido en los años setenta. Los empresarios siguen defendiendo que el deslinde se fijó sin contar con ningún tipo de estudio científico que lo sustentara y de hecho éste no se elaboró hasta 12 años después de que se emitiera la orden que fijó los límites de los terrenos de propiedad pública. Puntos de vista que rebate el Abogado del Estado quien defiende el contenido y alcance de la orden emitida. "En el expediente de deslinde se han incorporado pruebas técnicas que justifican de forma adecuada y suficiente la demanialidad de los terrenos afectados y además tal extremo ya fue examinado y apreciado en numerosos recursos resueltos por esta Sala y por el Tribunal Supremo", defiende el representante de la Administración central. Los empresarios han vuelto a poner sobre la mesa un estudio elaborado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre las dunas que bajo su punto de vista demuestra que no son los responsables de la progresiva pérdida de arena que sufre esta playa pero que según la Audiencia debía haber sido presentado en el momento en el que se tramitaba el deslinde.




Ante la imposibilidad de que sus puntos de vista salgan adelante en los juzgados españoles la Asociación para la defensa del Centro Comercial Anexo II compareció hace un año ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, con el fin de que se examine la queja presentada en la que denuncian la aplicación retroactiva de la Ley de Costas de 1988, y la "injusta indemnización" que reciben sus propietarios por la pérdida de derechos sobre sus negocios. En este sentido, los miembros de la Asociación para la defensa del Centro Comercial Anexo II han presentado una queja que señala "la arbitraria aplicación de la ley de Costas que hace el Gobierno español y la confiscación de la propiedad con la vulneración del artículo 17 de la Carta Universal de Derechos Humanos, del artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Protocolo 1 de la Convención Europea de Derechos Humano".




Así, después de que todas las Administraciones públicas españolas, incluido el Gobierno de España, autorizaran la construcción del Centro Comercial Anexo II, en 1979 se finalizaron las obras, "modificando la realidad fáctica del territorio". El Centro Comercial Anexo II "no perjudica el ecosistema dunar" No obstante, en 1995 se realizó un deslinde en virtud del cual el Gobierno español amplió el dominio público marítimo terrestre sin ningún estudio científico – técnico preliminar, en base a una simple fotografía aérea del año 1961, "la cual evidencia que la Administración excluyó consciente y deliberadamente una gran cantidad de suelo que se encuentra en igualdad de condiciones, y donde se han construido varios hoteles". Al respecto, añaden que "más evidente resulta la conclusión de las universidades de Cantabria y de Las Palmas de Gran Canaria, que a propuesta del Gobierno de España elaboraron en el año 2007 un estudio sobre la playa y dunas de Maspalomas, que evidencia que el Centro Comercial Anexo II no perjudica el ecosistema dunar de la playa de El Inglés, sino que son otros complejos de hoteles y apartamentos los que han creado una pantalla que ha alterado el viento y, con ello, el trasporte y sedimento de la arena".




En estos momentos los propietarios de los locales comerciales del Centro Comercial Anexo II tenían el derecho de propiedad y de uso de forma ilimitada e ininterrumpida en el tiempo, pero tras la aprobación del tercer deslinde de 1995, los locales comerciales, todos ellos de titularidad privada, han pasado a ser de titularidad pública. La pérdida del derecho de propiedad "no tiene una justa y compensada indemnización", puesto que la única compensación que la Ley de Costas prevé para los propietarios del Centro Comercial Anexo II, es una autorización administrativa temporal de uso, sometida a plazo de caducidad de 30 años, prorrogable por otros 30, "y que limita los usos, perdiendo los legítimos propietarios su derecho de propiedad", han indicado. Los propietarios consideran que la Ley de Costas "es una estafa" pues prevé indemnizarles con un derecho que ya tenían de forma ilimitada e ininterrumpida, y que ahora queda restringido a determinados los usos y por un plazo de tiempo limitado.






En este sentido, señalan que el Estado español tiene “especial interés” en confiscar la titularidad de los terrenos donde se encuentra el Centro Comercial Anexo II, "con la connivencia y el beneplácito de los tribunales españoles, en clara vulneración del derecho a la propiedad reconocido en la Carta Universal de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención Europea de Derechos Humanos". Por otra parte, los miembros de la Asociación han asegurado que son concientes de la necesidad de mejorar el Centro Comercial, uno de los prinpales destinos turísticos de Europa y "donde más de setecientas familias viven directamente de los puestos de trabajo que mantienen los propietarios de los locales". Es por ello, que en la actualidad trabajan junto con el Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de las zonas turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con el fin de relanzar de nuevo la playa de El Inglés como el mejor destino turístico de Europa.

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“Hemos vivido en precario, sin saber si teníamos casa o no”

Hemos vivido en precario, sin saber si teníamos casa o no”. Manuel Gimeno, propietario en el edificio Helios, en primera línea de la playa de L’Albufereta (litoral norte de la ciudad de Alicante) respira más tranquilo tras saber que la reforma de la Ley de Costas amnistía a este bloque, otros dos más a su izquierda (Edificio Alacant II y Torre Alacant) y otros tres a su derecha (Rocafel, 17, 18 y 19). En total, 800 viviendas.


Los dueños de las casas, presidentes de comunidades de propietarios y dirigentes de asociaciones de afectados por la Ley de Costas de 1988, que los devolvió a la zona de dominio público-marítimo terrestre, valoran de manera positiva la propuesta del Ejecutivo y su inclusión en el selecto grupo de 10 núcleos urbanos que quedan fuera del litigio de la norma y, por ende, liberados de una eventual visita de la piqueta.


Santiago de Munck, presidente de la comunidad de propietarios del edificio Helios, cree acertada la iniciativa, “porque se nos estaba aplicando una norma con carácter retroactivo, que transformó nuestro legal derecho de propiedad en una concesión administrativa”. “Y pone fin al largo proceso de deslinde, por cierto, a día de hoy aún en el aire”, añade De Munck. En esta tesis abunda Teresa Alonso, presidenta de la Asociación de Propietarios de Primera Línea Sol Naciente, que resalta primero la legalidad con la que se levantaron las construcciones ahora amnistiadas. “Estas viviendas han sido siempre legales. Es un núcleo urbano integrado en el planeamiento de la ciudad”, asegura. Para Alonso, la decisión del Gobierno es un punto de partida positivo. “Luego habrá que ver cómo se desarrolla todo el proceso, es decir, el paso de Patrimonio del Estado a la propiedad privada”, comenta. “Pero es mejor solución que ir un complejo proceso de desafectación”, añade.

La unanimidad no es absoluta, Carmen del Amo, también propietaria en Torre Alacant y presidenta de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, critica y rechaza el proceso legalización. “No quiero al Estado en mi cama”, asegura en alusión al proceso intermedio que prevé que las edificaciones pasen a titularidad de Patrimonio del Estado. “¿Quién nos garantiza que se nos va a devolver la propiedad y, sobre todo, qué condiciones pondrán?”, plantea.

La Ley de Costas de 1988 supuso el origen de las amenazas. “Esa ley sí que fue una verdadera confiscación, porque nos quitó la propiedad a cambio de una concesión”, señala Alonso, que agrega el agravio de estas urbanizaciones con el hotel Meliá (de esa época y construido en terreno ganado al mar junto al Postiguet). “El Meliá nunca se vio amenazado por la ley de costas”, critica.

Una historia desde 1960

La historia de estas edificaciones se remonta a 1960, cuando la firma Torregrosa solicitó a la Jefatura de Puertos y Costas de Levante ganar terrenos al mar, unos 10.000 metros cuadrados para un complejo deportivo. La licencia para la obra del primer edificio y las instalaciones deportivas se solicitó el 3 de marzo de 1969. Pocos días más tarde, el entonces delegado nacional de Educación Física y Deportes, Juan Antonio Samaranch, reconoció el gran interés deportivo del proyecto (piscina, pistas de tenis, pistas polideportivas, bolera y gimnasio).

Los reclamos publicitarios de la época incluían fotografías de los edificios de la urbanización denominada Vistamar, que abarcaba todo el tramo de la costa de L’Albufereta. Unos 1.500 apartamentos en régimen de multipropiedad. Esto animó a los extranjeros a comprar. En la actualidad, el 40% de los apartamentos turísticos de L’Albufereta está en manos de extranjeros, mayoritariamente franceses.

El 16 de febrero de 1971 se dictó una orden ministerial por la que se autorizó la construcción de una escollera y la realización de rellenos en zona marítimo-terrestre de l’Albufereta. La orden estipulaba que, una vez aprobada el acta de reconocimiento de las obras y levantada el acta de entrega, pasarían a la propiedad del concesionario los terrenos ganados al mar. El acta de entrega de terrenos ganados al mar se suscribe el 6 de noviembre de 1972 por el ingeniero jefe de la Jefatura de Costas y Puertos de Levante en representación del Ministerio de Obras Públicas.

Edificio Alacant II se construyó en 1964; Torre Alacant y edificio Helios, en 1965; y Rocafell (tres bloques y los garajes) entre 1972 y 1976. Las obras se hicieron sobre la base de los deslindes de 1964 y 1966 y 1969. En 1977 se realizó un tercer deslinde que sustituyó y unificó a los de 1969 y 1977. En 1994 la Audiencia Nacional anuló el deslinde de 1977 y ordenó la Administración la revisión del expediente de esa zona de L’Albufereta, tras constatar que ese tramo de costa ha sufrido sustanciales variaciones. “El nuevo deslinde nunca se hizo”, señala Alonso.

Este enclave de la primera línea del mar del norte de la capital alicantina está catalogado en el Plan General de Ordenación (PGOU) vigente como suelo urbano, y con las únicas restricciones comunes (veto a obras de ampliación) a las áreas de conservación de la edificación. “Es por tanto un núcleo urbano consolidado legal. Sus propietarios pagan los impuestos correspondientes”, señalan fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo