EL ESPIRITU DE CHO VITO ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS. CANARIAS. AEPLC Presidente. Carmen del Amo.626823246 perjudicadosporcostas@yahoo.es. Vicepresidente. Margarita Garcia.628907856.
Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
sábado, 1 de diciembre de 2012
jueves, 22 de noviembre de 2012
VARAPALO A LA LEY DE COSTAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO
Tras la reu´nión del grupo de parlamentarios europeos que estudia la aplicación de la Ley de costas española,, España ha rfecibido un duro reves en la presentación de la reforma de la ley de costas en el Parlamento Europeo.
Estas son ls enmiendas realizadas por Magrrette Auken, crítica con la ley española, 14 nov 2012
Enmienda
. Considerando que el Gobierno
español ha presentado una nueva
propuesta de revisión de la Ley de Costas
para su examen en el Parlamento; que
dicho proyecto no parece que vaya a
disipar las preocupaciones en relación
con la falta de seguridad jurídica
expresadas en las peticiones a las que se
ha hecho referencia anteriormente, así
como que su objetivo tampoco consiste en
garantizar una protección reforzada a las
zonas costeras sino que, más bien, parece
que permitirá un mayor grado de
explotación económica;
Considerando que el Presidente del
Consejo Europeo y el Presidente del
Gobierno de España han señalado en un
comunicado de prensa conjunto dado a
conocer el 28 de agosto de 2012, tras la
reunión que mantuvieron en Madrid, que
los dos comparten la opinión de que las
razones de la crisis económica y
financiera en España radican, en gran
medida, en el excesivo grado de
endeudamiento del sector privado como
consecuencia de un auge inmobiliario
insostenible;
Propuesta de Resolución
Considerando que numerosas peticiones
alegan que los fondos de la UE son mal
utilizados o malversados y que otras
acusan de mal funcionamiento a la
administración de la UE, incluidos casos de
conflictos de intereses dentro de
organismos influyentes, o piden que se
introduzcan cambios en las políticas de la
UE;
Emnienda.
Considerando que numerosas peticiones
alegan que los fondos de la UE son mal
utilizados o malversados y que otras
acusan de mal funcionamiento a la
administración de la UE, incluidos casos de
conflictos de intereses dentro de
organismos influyentes, o piden que se
introduzcan cambios en las políticas de la
UE, como la autorización de los
organismos modificados genéticamente
(OMG) o el uso de la energía nuclear;
Propuesta de Resolución
18. Considera que en las circunstancias
económicas actuales es conveniente, en
aras del bien común, que se disipe la
incertidumbre jurídica en torno a las
propiedades que puedan verse afectadas
por la Ley de Costas; acoge con
satisfacción el anuncio del Gobierno
español de que piensa revisar la Ley de
Costas con el objetivo de compatibilizar la
futuro protección del litoral español con el
crecimiento económico, así como dotar de
una mayor seguridad jurídica a los
propietarios; insta al Gobierno español a
garantizar los intereses de los ciudadanos
que han adquirido la propiedad de buena fe
y de aquellas comunidades que siempre
han compartido una coexistencia sostenible
con el mar; les insta, en particular, a que
aborden la cuestión específica de la
aplicación de la ley, de manera tal que no
se alienten decisiones arbitrarias,
retrospectivas o asimétricas, sino que se
garantice el debido proceso, el derecho de
apelación, una compensación adecuada y el
acceso a la información;
Enmienda. Considera que en las circunstancias
económicas actuales es conveniente, en
aras del bien común, que se disipe la
incertidumbre jurídica en torno a las
propiedades que puedan verse afectadas
por la Ley de Costas; hace hincapié en
que el objetivo de la Ley de Costas debería
ser reconciliar la futura protección del
litoral español con una mayor seguridad
jurídica a los propietarios; insta al
Gobierno español a garantizar los intereses
de los ciudadanos que han adquirido la
propiedad de buena fe y de aquellas
comunidades que siempre han compartido
una coexistencia sostenible con el mar,
estableciendo una diferenciación clara
entre estas comunidades y los verdaderos
causantes de la destrucción de la costa;
les insta, en particular, a que aborden la
cuestión específica de la aplicación de la
ley, de manera tal que no se alienten
decisiones arbitrarias, retrospectivas o
asimétricas, sino que se garantice la debida
protección contra las prácticas
discriminatorias, el derecho de apelación,
una compensación adecuada y el acceso a
la información; Enmienda
. Recuerda que el Parlamento ha
señalado que la Ley de Costas ha tenido
un efecto desproporcionado sobre los
propietarios de inmuebles y, al mismo
tiempo, no ha tenido repercusiones
suficientes en los verdaderos causantes de
la destrucción de la costa que, en muchos
casos, han sido responsables de un
desarrollo urbano excesivo a lo largo de
la costa, incluidos los centros
vacacionales, y que tenían buenos motivos
para saber que estaban actuando,
siempre, en contra de las disposiciones de
esta ley; insta al Gobierno español a velar
por que aquellos cuyas acciones
fraudulentas han puesto a numerosos
ciudadanos de la UE en una situación
intolerable como consecuencia de la
pérdida de sus hogares o del riesgo que
corren de perderlos, además de haber
infligido un daño grave al entorno de las
costas y de haber contribuido en gran
medida a la crisis financiera y económica,
sean perseguidos debidamente y se les
obligue a pagar los daños que han
causado;
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&reference=A7-2012-0240&secondRef=002-006&language=ES&format=PDF
Estas son ls enmiendas realizadas por Magrrette Auken, crítica con la ley española, 14 nov 2012
Enmienda
. Considerando que el Gobierno
español ha presentado una nueva
propuesta de revisión de la Ley de Costas
para su examen en el Parlamento; que
dicho proyecto no parece que vaya a
disipar las preocupaciones en relación
con la falta de seguridad jurídica
expresadas en las peticiones a las que se
ha hecho referencia anteriormente, así
como que su objetivo tampoco consiste en
garantizar una protección reforzada a las
zonas costeras sino que, más bien, parece
que permitirá un mayor grado de
explotación económica;
Considerando que el Presidente del
Consejo Europeo y el Presidente del
Gobierno de España han señalado en un
comunicado de prensa conjunto dado a
conocer el 28 de agosto de 2012, tras la
reunión que mantuvieron en Madrid, que
los dos comparten la opinión de que las
razones de la crisis económica y
financiera en España radican, en gran
medida, en el excesivo grado de
endeudamiento del sector privado como
consecuencia de un auge inmobiliario
insostenible;
Propuesta de Resolución
Considerando que numerosas peticiones
alegan que los fondos de la UE son mal
utilizados o malversados y que otras
acusan de mal funcionamiento a la
administración de la UE, incluidos casos de
conflictos de intereses dentro de
organismos influyentes, o piden que se
introduzcan cambios en las políticas de la
UE;
Emnienda.
Considerando que numerosas peticiones
alegan que los fondos de la UE son mal
utilizados o malversados y que otras
acusan de mal funcionamiento a la
administración de la UE, incluidos casos de
conflictos de intereses dentro de
organismos influyentes, o piden que se
introduzcan cambios en las políticas de la
UE, como la autorización de los
organismos modificados genéticamente
(OMG) o el uso de la energía nuclear;
Propuesta de Resolución
18. Considera que en las circunstancias
económicas actuales es conveniente, en
aras del bien común, que se disipe la
incertidumbre jurídica en torno a las
propiedades que puedan verse afectadas
por la Ley de Costas; acoge con
satisfacción el anuncio del Gobierno
español de que piensa revisar la Ley de
Costas con el objetivo de compatibilizar la
futuro protección del litoral español con el
crecimiento económico, así como dotar de
una mayor seguridad jurídica a los
propietarios; insta al Gobierno español a
garantizar los intereses de los ciudadanos
que han adquirido la propiedad de buena fe
y de aquellas comunidades que siempre
han compartido una coexistencia sostenible
con el mar; les insta, en particular, a que
aborden la cuestión específica de la
aplicación de la ley, de manera tal que no
se alienten decisiones arbitrarias,
retrospectivas o asimétricas, sino que se
garantice el debido proceso, el derecho de
apelación, una compensación adecuada y el
acceso a la información;
Enmienda. Considera que en las circunstancias
económicas actuales es conveniente, en
aras del bien común, que se disipe la
incertidumbre jurídica en torno a las
propiedades que puedan verse afectadas
por la Ley de Costas; hace hincapié en
que el objetivo de la Ley de Costas debería
ser reconciliar la futura protección del
litoral español con una mayor seguridad
jurídica a los propietarios; insta al
Gobierno español a garantizar los intereses
de los ciudadanos que han adquirido la
propiedad de buena fe y de aquellas
comunidades que siempre han compartido
una coexistencia sostenible con el mar,
estableciendo una diferenciación clara
entre estas comunidades y los verdaderos
causantes de la destrucción de la costa;
les insta, en particular, a que aborden la
cuestión específica de la aplicación de la
ley, de manera tal que no se alienten
decisiones arbitrarias, retrospectivas o
asimétricas, sino que se garantice la debida
protección contra las prácticas
discriminatorias, el derecho de apelación,
una compensación adecuada y el acceso a
la información; Enmienda
. Recuerda que el Parlamento ha
señalado que la Ley de Costas ha tenido
un efecto desproporcionado sobre los
propietarios de inmuebles y, al mismo
tiempo, no ha tenido repercusiones
suficientes en los verdaderos causantes de
la destrucción de la costa que, en muchos
casos, han sido responsables de un
desarrollo urbano excesivo a lo largo de
la costa, incluidos los centros
vacacionales, y que tenían buenos motivos
para saber que estaban actuando,
siempre, en contra de las disposiciones de
esta ley; insta al Gobierno español a velar
por que aquellos cuyas acciones
fraudulentas han puesto a numerosos
ciudadanos de la UE en una situación
intolerable como consecuencia de la
pérdida de sus hogares o del riesgo que
corren de perderlos, además de haber
infligido un daño grave al entorno de las
costas y de haber contribuido en gran
medida a la crisis financiera y económica,
sean perseguidos debidamente y se les
obligue a pagar los daños que han
causado;
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&reference=A7-2012-0240&secondRef=002-006&language=ES&format=PDF
sábado, 17 de noviembre de 2012
A la gente de Cho Vito
la brutalidad como el estado a actuado en contra vosotros ciudanos,
junto con la absencia de los políticos, me hace un tremor por el
futuro , de un systema que no demuestra su intentión de democracia.
Encíma: derribar las casa antes de la reforma de la ley de Costas es
un ejemplo de arbietrad porque no habian dado - por lo menos - una
possibilidad de sobrevivir en este pueblo!
Estuve parilizado con vosotros, llorando porque yo sé como la Ley de
Costas ha cambiado la vida de nosotros afectados, , luchando hace
anos, con pesadillas montones dia por dia con un precio psychico y
económico iguál
y sin esperanza en la justítia del estado!
La esperanza era Europa pero desafortunamente la EU no tiene una
clausula de proteger sufficiente la propriedad privada a causa de unos
paises que no querian perder sus control sobre esto. Entonces no es la
culpa de Europa
que pájaros son más protigidos que propriedad privada pero de unos
estados en la EU.
Yo no sé si vosotros tiene sufficiente energía ya de luchar otra vez
para compensación con un systema judiciál que no fundarse en esperanza
de obtener justicia - y para dinero no es ni era que nosotros estamos
luchando ! La casita es y sigue parte de nuestra alma !
Yo lo siento tanto y no sé que hacer para vosotros más que mandar mi
solidaridad de tan lecho que Alemania pero con mi corazón yo estoy
cerca con vosotros, iguál a todos victimás de systemas brutos en el
mundo, si es de guerras, dictaturas ò democracias!
Karin
junto con la absencia de los políticos, me hace un tremor por el
futuro , de un systema que no demuestra su intentión de democracia.
Encíma: derribar las casa antes de la reforma de la ley de Costas es
un ejemplo de arbietrad porque no habian dado - por lo menos - una
possibilidad de sobrevivir en este pueblo!
Estuve parilizado con vosotros, llorando porque yo sé como la Ley de
Costas ha cambiado la vida de nosotros afectados, , luchando hace
anos, con pesadillas montones dia por dia con un precio psychico y
económico iguál
y sin esperanza en la justítia del estado!
La esperanza era Europa pero desafortunamente la EU no tiene una
clausula de proteger sufficiente la propriedad privada a causa de unos
paises que no querian perder sus control sobre esto. Entonces no es la
culpa de Europa
que pájaros son más protigidos que propriedad privada pero de unos
estados en la EU.
Yo no sé si vosotros tiene sufficiente energía ya de luchar otra vez
para compensación con un systema judiciál que no fundarse en esperanza
de obtener justicia - y para dinero no es ni era que nosotros estamos
luchando ! La casita es y sigue parte de nuestra alma !
Yo lo siento tanto y no sé que hacer para vosotros más que mandar mi
solidaridad de tan lecho que Alemania pero con mi corazón yo estoy
cerca con vosotros, iguál a todos victimás de systemas brutos en el
mundo, si es de guerras, dictaturas ò democracias!
Karin
solidaridad
Hola mi nombre es Pilar,
no sé si usted me podrá ayudar a ponerme en contacto con alguién de la plataforma de afectados de Cho Vito.
Es terrible lo que ha pasado hoy yo vivo en Punta Brava y quería ofrecer una habitación en mi piso a alguién que no tenga donde ir hasta que todo se solucione un poco. .
Un saludo, mucho ánimo y gracias!
no sé si usted me podrá ayudar a ponerme en contacto con alguién de la plataforma de afectados de Cho Vito.
Es terrible lo que ha pasado hoy yo vivo en Punta Brava y quería ofrecer una habitación en mi piso a alguién que no tenga donde ir hasta que todo se solucione un poco. .
Un saludo, mucho ánimo y gracias!
domingo, 11 de noviembre de 2012
DESALOJO Y DERRIBO DEL 9 VIVIENDAS EN EL POBLADO MARINERO DE CHO VITO (TENERIFE
El próximo lunes día 12 es el plazo marcado para que las 9 familias que aún permanecen en el en el barrio marinero de Cho Vito sean desalojadas y sus viviendas derribadas por orden del Gobierno de España. Su delito: ser un impedimento para un proyecto especulativo acordado por el Gobierno de Canarias y el Gobierno español en 1998 contando con la complicidad necesaria del Ayuntamiento de Candelaria.
Estas familias han demostrado con documentos de la propia Administración que todo el procedimiento se ha llevado a cabo de manera irregular. No deben nada a nadie. Han cumplido con todas las obligaciones tributarias, son propiedades totalmente LEGALES, inscritas en el Registro de la Propiedad...y sin embargo, el lunes, si nadie lo remedia, serán expulsados de sus hogares y tendrán que seguir pagando sus hipotecas a pesar de quedarse sin el bien hipotecado. ¿Tiene que suicidarse alguien para que se paralice el derribo?
Es incomprensible que ningún Partido Politico alce su voz contra un derribo que viola los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de los Derechos Fundamentales y la Constitución Española y que la sociedad permanezca impasible cuando se han unido en contra de los dasahucios bancarios. ¿Por què todos callan cuando el abuso lo comete el Estado? ¿Por qué el PSOE clama airado contra la Ley Hipotecaria cuando fueron ellos los que aprobaron una ley muchísimo peor, la Ley de Costas, que ha permitido quitarle la propiedad a 400.000 familias llevándolas a la ruina económica, social y familiar?
La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) hace un llamamiento a todos los politicos, jueces, sindicatos, periodistas, ONG's y sociedad civil en general para que demuestren su repulsa e impidan que siga adelante la mayor injusticia que se va a cometer en España.
Carmen del Amo
Pte Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC)
http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com.es/
Estas familias han demostrado con documentos de la propia Administración que todo el procedimiento se ha llevado a cabo de manera irregular. No deben nada a nadie. Han cumplido con todas las obligaciones tributarias, son propiedades totalmente LEGALES, inscritas en el Registro de la Propiedad...y sin embargo, el lunes, si nadie lo remedia, serán expulsados de sus hogares y tendrán que seguir pagando sus hipotecas a pesar de quedarse sin el bien hipotecado. ¿Tiene que suicidarse alguien para que se paralice el derribo?
Es incomprensible que ningún Partido Politico alce su voz contra un derribo que viola los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de los Derechos Fundamentales y la Constitución Española y que la sociedad permanezca impasible cuando se han unido en contra de los dasahucios bancarios. ¿Por què todos callan cuando el abuso lo comete el Estado? ¿Por qué el PSOE clama airado contra la Ley Hipotecaria cuando fueron ellos los que aprobaron una ley muchísimo peor, la Ley de Costas, que ha permitido quitarle la propiedad a 400.000 familias llevándolas a la ruina económica, social y familiar?
La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) hace un llamamiento a todos los politicos, jueces, sindicatos, periodistas, ONG's y sociedad civil en general para que demuestren su repulsa e impidan que siga adelante la mayor injusticia que se va a cometer en España.
Carmen del Amo
Pte Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC)
http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com.es/
Costas da a Cho Vito fichas con sus casas “fuera del deslinde” público
Mañana, lunes, se cumple el plazo dado por la Dirección General de Costas para desalojar las últimas nueve viviendas de Cho Vito, sin que se haya llegado aún a un acuerdo entre las administraciones públicas y los vecinos para su realojo. Los afectados no están dispuestos a irse en estas condiciones, y, aunque confían en que la delegada del Gobierno, Carmen Vento, cumpla la promesa de que no habrá derribos sin tener nueva casa, lo cierto es que, de forma paralela, quieren seguirse defendiendo con todas las armas legales posibles. Entre ellas, han reclamado la revisión del deslinde público aprobado en 2001 tras conseguir del Servicio Provincial de Costas documentos que lo ponen en tela de juicio.
Papeles, dicen, que hasta ahora no habían conseguido porque no fue hasta julio pasado, es decir, concluido ya el proceso judicial, cuando Costas les dio acceso al expediente completo.
En la reclamación que días pasados presentaron ante el Servicio de Costas, estos vecinos hacen constar “errores” con varios mojones, de forma que en las fichas que les han entregado estas marcas figuran en un lugar (dejando las casas fuera del dominio público o sólo afectadas por la fachada) y en el plano oficial en otra ubicación. Tal falta de concordancia implica que “se van a derribar cuatro casas que están fuera de dominio público según las fichas oficiales”, indica el portavoz vecinal, Tomás González. Se trata de copias que les entregaron en el Servicio Provincial de Costas en julio pasado, debidamente cotejadas con el original, como consta en el cuño de cada una firmado por la funcionaria correspondiente.
Un documento clave consiste en un certificado del entonces ingeniero jefe de la Demarcación de Costas, Manuel Barrios, con fecha del año 2000, en el que se deja claro que el nuevo deslinde previsto debía coincidir con el de 1969, que, según González, no afectaba de lleno a este poblado. Pero la nueva línea sí cambió finalmente en 2001, dejando las viviendas en franja pública.
Este diario ha ofrecido en dos ocasiones al Servicio Provincial de Costas dar su versión sobre este asunto, sin que haya habido ningún desmentido sobre el valor o el significado de estos documentos aireados por Cho Vito. Unos papeles que, para estos vecinos , justificarían reabrir su caso en vía administrativa y, de no ser así, en la judicial, pese a la sentencia firme que pesa sobre sus hogares.
http://www.diariodeavisos.com/costas-da-cho-vito-fichas-con-sus-casas-fuera-del-deslinde-publico/
Papeles, dicen, que hasta ahora no habían conseguido porque no fue hasta julio pasado, es decir, concluido ya el proceso judicial, cuando Costas les dio acceso al expediente completo.
En la reclamación que días pasados presentaron ante el Servicio de Costas, estos vecinos hacen constar “errores” con varios mojones, de forma que en las fichas que les han entregado estas marcas figuran en un lugar (dejando las casas fuera del dominio público o sólo afectadas por la fachada) y en el plano oficial en otra ubicación. Tal falta de concordancia implica que “se van a derribar cuatro casas que están fuera de dominio público según las fichas oficiales”, indica el portavoz vecinal, Tomás González. Se trata de copias que les entregaron en el Servicio Provincial de Costas en julio pasado, debidamente cotejadas con el original, como consta en el cuño de cada una firmado por la funcionaria correspondiente.
Un documento clave consiste en un certificado del entonces ingeniero jefe de la Demarcación de Costas, Manuel Barrios, con fecha del año 2000, en el que se deja claro que el nuevo deslinde previsto debía coincidir con el de 1969, que, según González, no afectaba de lleno a este poblado. Pero la nueva línea sí cambió finalmente en 2001, dejando las viviendas en franja pública.
Este diario ha ofrecido en dos ocasiones al Servicio Provincial de Costas dar su versión sobre este asunto, sin que haya habido ningún desmentido sobre el valor o el significado de estos documentos aireados por Cho Vito. Unos papeles que, para estos vecinos , justificarían reabrir su caso en vía administrativa y, de no ser así, en la judicial, pese a la sentencia firme que pesa sobre sus hogares.
http://www.diariodeavisos.com/costas-da-cho-vito-fichas-con-sus-casas-fuera-del-deslinde-publico/
sábado, 10 de noviembre de 2012
Cho Vito corre el riesgo de derribo al terminar el plazo de desalojo el lunes
Los vecinos están preocupados y acudieron ayer al juzgado ante el temor de que Costas traslade al poblado la maquinaria para proceder al derribo de las casas. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar tiene constancia documental de que el deslinde marítimo-terrestre de 1969 fue alterado en 2001.
El 16 de octubre, un día después de que se comprometieran con ellos a lo contrario, fue cuando el Servicio Provincial de Costas comunicó a los vecinos de Cho Vito, mediante un escrito, que tenían de plazo hasta el próximo lunes para desalojar sus viviendas. Los habitantes de las nueve construcciones que existen en el poblado se muestran "muy preocupados" ante la "más que probable" actuación de derribo y por la "nula respuesta" obtenida en su intento de suspender cautelarmente la aplicación de la medida.
Ayer, los vecinos se personaron en el Juzgado de Güímar al objeto de plantear que "se pretende acceder a las casas para derribarlas sin estar autorizados a ello", toda vez que la población defiende que la sentencia existente "solo alude a que se permite la entrada, pero no se refiere en ningún momento a que se autorice el derribo".
La población se moviliza ante "la inminencia de una acción que seguimos considerando injusta y un atentado a nuestros derechos". Una convicción que ahora parece haber encontrado un argumento "de peso" que lo justifica.
Los vecinos de Cho Vito disponen de documentos oficiales emitidos por la Dirección de Sostenibilidad de la Costa y el Mar "en los que se constata que los mojones que delimitaban el dominio público marítimo-terrestre en el año 1969 fueron alterados notablemente en el deslinde que terminaron de definir en 2001".
En el primero de los casos, y en aplicación de la Ley de Costas del momento, "Cho Vito estaría fuera del ámbito del dominio público marítimo-terrestre". Sin embargo, cuando el Gobierno central cambió la legislación "movió los mojones dejando a todo el poblado dentro del área, por tanto, afectando a todas las casas".
Certificó que coincidían
Se da la circunstancia de que en el mes de septiembre del año 2000, el ingeniero jefe de la Demarcación de Costas en la provincia, Manuel Barrios Martínez, informó y certificó que "la línea de deslinde que obra en el proyecto de deslinde de Punta del Rey a Playa de Cho Vito (...), definida conforme a los criterios de delimitación del dominio público marítimo-terrestre contenidos en la Ley de Costas de 1988, coincide con la línea de deslinde que hubiera resultado de haberse aplicado los criterios derivados de la ley de Costas de 1969".
Los vecinos se muestran actualmente "más convencidos que nunca" de que ha habido "algo muy oscuro" en todo el proceso que ha vivido Cho Vito. Para ellos, esta nueva documentación "es una pieza fundamental" cuya puesta en escena "hubiera alterado notablemente el devenir de los acontecimientos que nos ha tocado y nos tocará, parece, seguir sufriendo".
El colectivo de Cho Vito no participó esta semana en la reunión a la que habían sido convocados por la Subdelegación de Gobierno al objeto de avanzar en una solución a su problemática. Se marcharon porque no permitieron la presencia de quienes ellos eligieron como sus representantes, entre los que se encuentra uno de los vecinos a los que derribaron su vivienda en 2008.
Los vecinos y las administraciones municipal, insular, regional y central habían acordado que la población de Cho Vito sería reubicada antes de proceder a la demolición de las viviendas para construir el paseo litoral. Es más, el Ayuntamiento de Candelaria hizo pública su propuesta de que esas casas sean construidas en un solar situado sobre el poblado.
Menos casas y más población
Las fuentes consultadas confirmaron que de las 13 viviendas que inicialmente se les había prometido (9 de los que aún viven en Cho Vito y 5 para otros tantos a los que les derribaron sus casas), ahora las han reducido a 5, por lo que ni siquiera se atendería la necesidad de aquellos a los que dejaron en pie las viviendas porque es la única que tienen. Además, una de las casas que había sido tapiada por Costas está ocupada por una pareja con un niño de corta edad. Asimismo, el PP realizó varias visitas a Cho Vito durante el proceso previo a los derribos realizados en 2008 en defensa del lugar y demandando mantener en pie las construcciones. Hoy es el PP, desde el Gobierno central, el que comunica que deben desalojar las viviendas.
http://eldia.es/2012-11-10/sur/1-Cho-Vito-corre-riesgo-derribo-terminar-plazo-desalojo-lunes.htm#4
El 16 de octubre, un día después de que se comprometieran con ellos a lo contrario, fue cuando el Servicio Provincial de Costas comunicó a los vecinos de Cho Vito, mediante un escrito, que tenían de plazo hasta el próximo lunes para desalojar sus viviendas. Los habitantes de las nueve construcciones que existen en el poblado se muestran "muy preocupados" ante la "más que probable" actuación de derribo y por la "nula respuesta" obtenida en su intento de suspender cautelarmente la aplicación de la medida.
Ayer, los vecinos se personaron en el Juzgado de Güímar al objeto de plantear que "se pretende acceder a las casas para derribarlas sin estar autorizados a ello", toda vez que la población defiende que la sentencia existente "solo alude a que se permite la entrada, pero no se refiere en ningún momento a que se autorice el derribo".
La población se moviliza ante "la inminencia de una acción que seguimos considerando injusta y un atentado a nuestros derechos". Una convicción que ahora parece haber encontrado un argumento "de peso" que lo justifica.
Los vecinos de Cho Vito disponen de documentos oficiales emitidos por la Dirección de Sostenibilidad de la Costa y el Mar "en los que se constata que los mojones que delimitaban el dominio público marítimo-terrestre en el año 1969 fueron alterados notablemente en el deslinde que terminaron de definir en 2001".
En el primero de los casos, y en aplicación de la Ley de Costas del momento, "Cho Vito estaría fuera del ámbito del dominio público marítimo-terrestre". Sin embargo, cuando el Gobierno central cambió la legislación "movió los mojones dejando a todo el poblado dentro del área, por tanto, afectando a todas las casas".
Certificó que coincidían
Se da la circunstancia de que en el mes de septiembre del año 2000, el ingeniero jefe de la Demarcación de Costas en la provincia, Manuel Barrios Martínez, informó y certificó que "la línea de deslinde que obra en el proyecto de deslinde de Punta del Rey a Playa de Cho Vito (...), definida conforme a los criterios de delimitación del dominio público marítimo-terrestre contenidos en la Ley de Costas de 1988, coincide con la línea de deslinde que hubiera resultado de haberse aplicado los criterios derivados de la ley de Costas de 1969".
Los vecinos se muestran actualmente "más convencidos que nunca" de que ha habido "algo muy oscuro" en todo el proceso que ha vivido Cho Vito. Para ellos, esta nueva documentación "es una pieza fundamental" cuya puesta en escena "hubiera alterado notablemente el devenir de los acontecimientos que nos ha tocado y nos tocará, parece, seguir sufriendo".
El colectivo de Cho Vito no participó esta semana en la reunión a la que habían sido convocados por la Subdelegación de Gobierno al objeto de avanzar en una solución a su problemática. Se marcharon porque no permitieron la presencia de quienes ellos eligieron como sus representantes, entre los que se encuentra uno de los vecinos a los que derribaron su vivienda en 2008.
Los vecinos y las administraciones municipal, insular, regional y central habían acordado que la población de Cho Vito sería reubicada antes de proceder a la demolición de las viviendas para construir el paseo litoral. Es más, el Ayuntamiento de Candelaria hizo pública su propuesta de que esas casas sean construidas en un solar situado sobre el poblado.
Menos casas y más población
Las fuentes consultadas confirmaron que de las 13 viviendas que inicialmente se les había prometido (9 de los que aún viven en Cho Vito y 5 para otros tantos a los que les derribaron sus casas), ahora las han reducido a 5, por lo que ni siquiera se atendería la necesidad de aquellos a los que dejaron en pie las viviendas porque es la única que tienen. Además, una de las casas que había sido tapiada por Costas está ocupada por una pareja con un niño de corta edad. Asimismo, el PP realizó varias visitas a Cho Vito durante el proceso previo a los derribos realizados en 2008 en defensa del lugar y demandando mantener en pie las construcciones. Hoy es el PP, desde el Gobierno central, el que comunica que deben desalojar las viviendas.
http://eldia.es/2012-11-10/sur/1-Cho-Vito-corre-riesgo-derribo-terminar-plazo-desalojo-lunes.htm#4
sábado, 3 de noviembre de 2012
Los vecinos de Cho Vito, dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre para evitar que el 12 de noviembre caiga el poblado marinero
-Con documentos en la mano, demostró que las viviendas de Cho Vito son legales y que los derribos se deben por tanto a un interés especulativo con los terrenos donde se sitúa el poblado costero. En este sentido, afirmó que es lamentable que a día de hoy, cuatro años después de la caída de gran parte del barrio, nuestros dirigentes políticos se permitan el lujo de hablar de ilegalidades y de sentencias para justificar sus intolerables actuaciones.
Sobre Cho Vito no hay más engaños y abusos de poder por parte de unos dirigentes políticos que por un lado quieren eliminar a un pueblo que ha defendido sus derechos y su dignidad y, por otro, pretenden especular con los terrenos, dijo para añadir que Costas toma la decisión de demoler las viviendas sin tener en cuenta el drama social que ello conlleva, porque ahora han entrado las prisas por construir un paseo hasta el muro de Unelco.
Tomás González dejó claro que los vecinos están dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre para evitar que el 12 de noviembre caiga Cho Vito, tras lo que hizo un llamamiento a la sociedad canaria para que les ayuden a no caer en la indigencia que les está preparando el Gobierno estatal con estos desahucios
http://www.sanborondon.info/content/view/48515/1/
Núcleos costeros: en la piqueta, pero sin fecha
De largo, y bien de largo, pasa sobre Fuerteventura el anteproyecto de la nueva Ley de Costas. Los Molinos, Jacomar y Majanicho son los tres principales enclaves costeros que continúan pendientes de la piqueta, aunque sin fecha. La duda también se cierne sobre la concesión del hotel Oliva Beach.
Ni bien, ni mal. Todo va a quedar igual». Así resume Miguel Cerdeña, presidente del colectivo de afectados por Costas en Los Molinos, la incidencia del anteproyecto de la nueva Ley de Costas que tramita el Gobierno central sobre este enclave costero del municipio de Puerto del Rosario. Los Molinos, junto con Jacomar (Antigua) y Majanicho (La Oliva) son los tres principales núcleos costeros de Fuerteventura en litigio con Costas que no están amenazados por la piqueta de manera inminente, pero tampoco pueden respirar tranquilos.
En el caso de Los Molinos, en la costa de barlovento, todas las construcciones, todas, esto es 38 que siguen en pie, están pendientes de litigios con la Dirección General del Medio Ambiente y Natural, la antigua Demarcación de Costas, que depende del Ministerio de Medio Ambiente. Miguel Cerdeña confirma que el derribo no es inminente, como en el caso de núcleos costeros de Tenerife como Cho Vito. En Los Molinos, la piqueta frenó en seco en 2008, tras el derribo de tres construcciones por Costas y dos por los propietarios El total de 38 chozas y casas está dentro del dominio público marítimo-terrestre.
última demolición en jacomar. En el mismo dominio público marítimo-terrestre, se levantan las construcciones de Majanicho y Jacomar, también pendientes de los tribunales. En Jacomar, Costas demolió la última choza hace más de dos años.
Lo único claro es que los enclaves costeros de Fuerteventura no están dentro de las diez excepciones recogidas por la nueva Ley, ni tampoco se beneficiarían del recorte de 100 a 20 metros de la servidumbre de protección por estar en domino público.
En 2017 expira la concesión del hotel Oliva Beach, en las dunas de Corralejo, pero tampoco nadie sabe nada sobre qué pasará con este establecimiento que da trabajo a numerosas familias desde hace más de 20 años
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=280308
miércoles, 31 de octubre de 2012
Los vecinos de Cho Vito "esperarán a las palas" y presentan nuevas pruebas
Unas treinta casas de este núcleo costero fueron derribadas en octubre de 2008 pese a la oposición de los vecinos ante las fuerzas antidisturbios y las palas excavadoras, y el 12 de noviembre es el límite que tienen las familias de las nueve viviendas que siguen en pie para abandonar sus hogares, según ha anunciado la Delegación del Gobierno.
Representantes de la asamblea de vecinos insistieron hoy en que la determinación de los habitantes de Cho Vito es oponerse "sin violencia pero con dignidad" a "la confiscación" de sus viviendas, con el apoyo en el lugar de cuatro eurodiputados el día de los derribos.
"Por la dignidad morimos", advirtió en rueda de prensa Tomás González, uno de los representantes vecinales, quien hizo un llamamiento a todos los partidos, sindicatos y movimientos sociales a acudir el 12 de noviembre a Cho Vito para evitar "el desahucio" que piensa ejecutar el Gobierno central, con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Candelaria para favorecer la especulación urbanística a costa de los derechos humanos de las familias afectadas.
Reclamó en concreto el apoyo del "Partido Socialista Obrero Español" que mientras estaba en el Gobierno es el que promovió el derribo de Cho Vito.
Antonio Alonso, también representante vecinal, anunció que entre hoy y el viernes se van a presentar nuevas pruebas en los tribunales a partir de documentación que hasta ahora les había negado la Dirección General de Costas, la cual demuestra, según señaló,que numerosas viviendas, algunas ya derribadas, no estaban en dominio público hasta el deslinde de 2001.
En 1969 se realizó un deslinde y en 2001 otro, y los planos de ambos difieren, a pesar de que Costas ha certificado por escrito que sí coinciden.
Con estas pruebas documentales los vecinos quieren que se reabra judicialmente el caso y que se tomen medidas cautelares frente al derribo de sus casas a partir del 12 de noviembre.
"Cómo es posible que todas las administraciones, por intereses urbanísticos hayan propiciado este engaño que lleva "a confiscar viviendas en propiedad para construir un paseo marítimo con fondos europeos, ilegal porque carece de informe de impacto ambiental y que no lleva a ninguna parte", se preguntó Alonso.
Advirtió de que si cae Cho Vito, el destino de los otros 111 núcleos costeros canarios será el mismo, y por tanto se trata de una batalla "por la dignidad del pueblo canario", no sólo de los vecinos afectados.
"Todas y cada una de las administraciones nos han engañado para especular con nuestras viviendas", denunció Alonso, pero advirtió de que la Unión Europea está encima del asunto y varios eurodiputados acudirán el 12 de noviembre al poblado para apoyar a los vecinos.
Tomás González dijo que la supuesta "buena voluntad" de las administraciones no se traduce en soluciones para los vecinos y sus problemas sociales, y afirmó que el Gobierno pretende desahuciarlos y dejarlos en la indigencia.
"Hacemos lo imposible para defender nuestras casas, pero tienen prisa en construir el paseo marítimo" para poder cobrar los fondos europeos y dárselos a la empresa Tragsa, cuyos "esbirros" han ido a a amenazar a los vecinos para que dejen sus casas, aseguró.
Los afectados denunciaron que ahora se pretende reformar la Ley de Costas "a la carta", para excluir de la misma a urbanizaciones en Formentera y en otros puntos del litoral español porque están habitadas por 45.000 extranjeros y evitar así que el asunto lleve a la intervención de la Unión Europea.
Pero en la reforma legal no se tiene en cuenta los poblados costeros canarios, aunque sí a las construcciones hoteleras para poder seguir especulando, aseguró, y se preguntó para qué sirven el Gobierno y el Parlamento de Canarias si no pueden defender su territorio.
"En 2008 luchamos, entonces no podíamos demostrar el engaño; pero ahora sí podemos, hemos aprendido a defendernos con sus documentos", afirmaron los representantes vecinales en referencia a las nuevas pruebas presentadas en los tribunales.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1283820
domingo, 28 de octubre de 2012
Berriel: "La nueva Ley de Costas deja de lado a los canarios"
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, sostuvo en el Parlamento de Canarias que las competencias de los usos en las playas y las zonas de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre pertenecen a la Comunidad Autónoma.
Aun así, el Gobierno autonómico no ha sido consultado en modo alguno para desarrollar la reforma de la llamada Ley de Costas, a pesar "de las especiales características del Archipiélago canario y la especial vinculación de la mayoría de su actividad económica al litoral.
En su análisis del Proyecto de Ley estatal, el consejero la calificó como una "reforma incompleta y fraccionaria, con algunos detalles buenos, pero otros muchos muy criticables". En especial, Berriel se refirió a la arbitrariedad del último anexo contemplado en el Proyecto de Ley, en el que se recogen varias excepciones a la obligación de derribo de las construcciones ubicadas en zona de dominio público marítimo-terrestre en zonas de Galicia o Cataluña, e incluso un deslinde especial para Formentera.
El consejero recordó que existen más de cien núcleos en Canarias que se verán afectados por la Ley de Costas y ni una sola excepción en el Archipiélago. Además, el responsable de la Política Territorial del Gobierno canario aclaró que no todas las casas ubicadas en las zonas afectadas podrán beneficiarse del nuevo criterio, que permite ampliar las concesiones en 75 años.
"No es cierto ¿afirmó Berriel- lo que algunos andan pregonando de que todas las edificaciones que se encuentran en el dominio público se les va a otorgar una concesión."
El consejero explicó que este hecho se producirá sólo en dos casos. El primero se producirá cuando exista una alteración de la actual configuración del dominio público marítimo-terrestre y se desafecten o queden fuera, dejen de ser dominio público, los terrenos ocupados por las edificaciones. El segundo, se refiere a los inmuebles y terrenos que ya estaban afectados y de los que sólo los que ya tenían este derecho en la anterior ley de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera, es decir, sentencia de reconocimiento de propiedad privada o inscripción registral previa al deslinde anterior, amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
Esto nos debe llevar a la conclusión, en palabras del consejero, de que, dada la configuración urbanística y de propiedad de los actuales núcleos tradicionales afectados por el dominio público marítimo terrestre, en Canarias más del 90 por ciento no podrán acogerse a la solución.
http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/6-interes/17569-berriel-qla-nueva-ley-de-costas-deja-de-lado-a-los-canariosq
Aun así, el Gobierno autonómico no ha sido consultado en modo alguno para desarrollar la reforma de la llamada Ley de Costas, a pesar "de las especiales características del Archipiélago canario y la especial vinculación de la mayoría de su actividad económica al litoral.
En su análisis del Proyecto de Ley estatal, el consejero la calificó como una "reforma incompleta y fraccionaria, con algunos detalles buenos, pero otros muchos muy criticables". En especial, Berriel se refirió a la arbitrariedad del último anexo contemplado en el Proyecto de Ley, en el que se recogen varias excepciones a la obligación de derribo de las construcciones ubicadas en zona de dominio público marítimo-terrestre en zonas de Galicia o Cataluña, e incluso un deslinde especial para Formentera.
El consejero recordó que existen más de cien núcleos en Canarias que se verán afectados por la Ley de Costas y ni una sola excepción en el Archipiélago. Además, el responsable de la Política Territorial del Gobierno canario aclaró que no todas las casas ubicadas en las zonas afectadas podrán beneficiarse del nuevo criterio, que permite ampliar las concesiones en 75 años.
"No es cierto ¿afirmó Berriel- lo que algunos andan pregonando de que todas las edificaciones que se encuentran en el dominio público se les va a otorgar una concesión."
El consejero explicó que este hecho se producirá sólo en dos casos. El primero se producirá cuando exista una alteración de la actual configuración del dominio público marítimo-terrestre y se desafecten o queden fuera, dejen de ser dominio público, los terrenos ocupados por las edificaciones. El segundo, se refiere a los inmuebles y terrenos que ya estaban afectados y de los que sólo los que ya tenían este derecho en la anterior ley de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera, es decir, sentencia de reconocimiento de propiedad privada o inscripción registral previa al deslinde anterior, amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
Esto nos debe llevar a la conclusión, en palabras del consejero, de que, dada la configuración urbanística y de propiedad de los actuales núcleos tradicionales afectados por el dominio público marítimo terrestre, en Canarias más del 90 por ciento no podrán acogerse a la solución.
http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/6-interes/17569-berriel-qla-nueva-ley-de-costas-deja-de-lado-a-los-canariosq
lunes, 22 de octubre de 2012
Costas derriba una casa por "error" pero rechaza indemnizar al inquilino
Víctima de un error y sin derecho a ser compensado. Este podía ser el resumen de una familia que residía en una vivienda situada en Playa San Juan de Guía de Isora en el sur de Tenerife. La Dirección General de Costas determinó en el año 1996 que su vivienda estaba dentro de los terrenos de Costas y por lo tanto debía ser demolida.
Así ocurrió finalmente a principios del año 2005. Sin embargo, el vecino aportó documentos del catastro y del Ayuntamiento en el que se demostraba que su casa se encontraba a 14 metros de la zona de servidumbre. A partir de este momento se inició una batalla para que pudiera recibir unos 279.400 euros en concepto de indemnización que se ha dado de frente con un evidente fracaso. La Audiencia Nacional considera a través de una reciente sentencia ya firme que los inquilinos no han podido acreditar que efectivamente fueran dueños de esta casa que tenía además una cueva anexa pese a que aportaron recibos del cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de recogida de basuras, de luz y agua. Nunca inscribieron la vivienda a su nombre en el Registro de la Propiedad y este lapsus resultó ser fatal.
Esta familia denunció que habían sido víctimas “de un gravísimo error” por parte de la Dirección General de Costas y así lo plantearon en el año 2010 ante el Ministerio de Medio Ambiente. Pero el Estado hizo oídos sordos a sus reivindicaciones y rechazó su petición de indemnización. A continuación acudieron a los tribunales pero sin obtener ningún otro resultado positivo para sus intereses. Todo ello pese a que presentaron ante los juzgados y el Estado un certificado emitido por un arquitecto en el que constaba que su casa se encontraba a una distancia de 13 y 14 metros de los mojones 255 y 256 de la línea de deslinde aprobada en el año 1972. Por su parte los tribunales han indicado que no sólo no se ha acreditado la titularidad de la vivienda sino también la cuantificación de los daños tanto materiales como morales que se exigían.
Antes de emitirse recientemente esta sentencia de la Audiencia Nacional, los vecinos habían iniciado otro pleito que llegó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que pedían la anulación del deslinde de Costas y que tampoco resultó favorable a sus intereses. El antiguo propietario alegó que venía ocupando esta vivienda que está al lado de una cueva desde el año 1972 y que tal y como se pudo demostrar en los planos del catastro y del Ayuntamiento no estaba enclavada en suelo de dominio público. Además, defendió que la antigüedad de la construcción es anterior a la entrada en vigor de la Ley de Costas y que desde un principio ha venido ocupando esta casa “de forma pública, pacífica e ininterrumpidamente durante tiempo suficiente”. Cuando este asunto llegó al TSJC aún no se había aprobado el nuevo deslinde pero el Tribunal prefirió ponerse del lado de “la presunción de legalidad a favor de la Administración”. De ser así entonces las propiedades podían ser recuperadas por el Estado sin ni siquiera iniciar un procedimiento expropiatorio ya que formalmente la casa no constaba como propiedad del recurrente. A continuación, el Tribunal Supremo (TS) mediante un auto rechazó admitir a trámite la reclamación de este vecino. Luego se inició la batalla ante la Audiencia Nacional que ahora acaba de terminar sin dar más posibilidades de reiniciarla en otro ámbito.
http://www.sanborondon.info/content/view/48146/1/
domingo, 14 de octubre de 2012
Cien núcleos del litoral canario siguen condenados al derribo
La modificación de la Ley de Costas que el Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada ha dado al traste con las esperanzas de muchos canarios que tienen casas en el litoral y que confiaban en que el cambio normativo librase a sus viviendas de la piqueta. Sin embargo, la mayoría de los núcleos afectados en las Islas no reúnen los requisitos para acogerse a la ampliación de la concesión administrativa a 75 años que prevé la Ley. "La razón es que no cuentan con ningún tipo de concesión que se pueda ampliar", expone el senador de Coalición Canaria Narvay Quintero. "En las Islas peligran más de 100 asentamientos costeros que no tiene en cuenta el proyecto de ley", detalla. "Esto significa que 135.000 canarios están amenazados con el derribo de sus viviendas", añade.
Entre ellos, el senador nacionalista cita Igueste de San Andrés, en Tenerife, o el Pozo de las Calcosas, en El Hierro. Además, no se ha dejado abierta ninguna vía para que se salven de la demolición los núcleos grancanarios de Ojos de Garza y Tufia, en Telde.
Junto al socialista Domingo Fuentes Curbelo, Quintero defendió el jueves en la Cámara Alta una moción para que las competencias en la materia pasasen a la Comunidad Autónoma. Entre los argumentos expuestos por los senadores canarios para reclamar para el Gobierno canario la gestión del litoral destaca, justamente, "que el anteproyecto aprobado no recoge ninguna de las especificidades de Canarias que requieren una regulación particular", señala Quintero.
"Habla de las rías de Galicia o de Huelva, de las dunas de Andalucía o de la particular configuración geológica de Formentera, pero no se menciona ninguna de las características especiales de Canarias", apostilla. "La nueva Ley de Costas omite completamente la singularidad y la especificidad de las costas canarias y la forma de vivir de los canarios", agrega.
"Se puede decir sin temor a equivocarse que el cambio normativo ha generado unas expectativas que para nada se van a materializar en los asentamientos canarios", coincide Fuentes Curbelo. "No soluciona en absoluto el caso de las Islas", indica, "la mayoría de los núcleos que están afectados en el Archipiélago no están construidos antes de 1988". "Las viviendas que aquí se van a poder acoger al menos a la prórroga de la concesión administrativa se cuentan con los dedos de una mano", señala. "Son muy pocos los que antes de la anterior Ley de Costas estaban reconocidos por sus ayuntamientos como urbanos, con saneamiento, tendido eléctrico o agua", añade. En cambio, apunta que son muchos los que están construidos "enteramente en dominio público; para esos no hay salvación posible".
En efecto, la propia Ley señala que su propósito es beneficiar "a quienes estaban legítimamente en el litoral, pero no supone una amnistía para las situaciones ilegales".
Además, ambos senadores critican que no se haya previsto para el Archipiélago la excepcionalidad de los 100 metros de servidumbre para aplicar tan solo 20, como sí se hace para el caso de las rías. "En Canarias, sobre un territorio de 7.447 kilómetros cuadrados y 1.583 kilómetros lineales de costa, 100 metros de servidumbre suponen el 2% del total". "En Andalucía, sobre casi 90.000 kilómetros cuadrados, 87.597, representa solo el 0,1%". Quintero destaca que pese a que Canarias "tiene 20 veces más afección, Andalucía sí tiene las competencias en Costas que se le niegan al Archipiélago". "No hubo manera de que el PP aceptara la posibilidad de que se nos reconociesen 20 metros en lugar de 100", reprocha.
El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Ángel Lobo hace hincapié en "la necesidad de distinguir entre las edificaciones construidas en terreno de servidumbre y las que se asientan en dominio público". "Estas últimas no hay manera de salvarlas y así debe ser", asevera.
Sin embargo, como ejemplos del primer caso cita Las Eras o El Tablado, en el Sur de Tenerife. "Estos han acudido ante la Audiencia Nacional a pedir que se les apliquen los 20 metros porque antes de 1988 eran suelo urbano consolidado de manera fáctica y se les ha concedido", explica. Para ello, debían cumplir los requisitos establecidos en la Ley del Suelo de 1976: "contar con acceso rodado, sistema de abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica y estar integrados en la malla urbana".
En cuanto a los casos de construcciones levantadas en terreno demanial, apunta: "El dominio público del litoral no es un concepto que se inventase en la Ley de Costas de 1988; antes de ella estaba la de 1969 y antes, la Ley de Puertos, y en todas ellas se contemplaba la titularidad pública". "La costa es un sitio al que todo el mundo debe poder acceder en libertad y cualquier núcleo que cierre ese libre acceso debe ser derribado", destaca.
Lobo ofrece una explicación muy didáctica: "Cuando trato en clase el tema de las construcciones ilegales en la costa, suelo decirles a mis alumnos que la única razón por la que la gente construye pegada al mar en vez de tierra adentro es precisamente que si lo hace en el interior, se va a meter en la finca de alguien que lo va a echar de allí; sin embargo, como el litoral es de todos, al final no es de nadie". Así, critica situaciones como la que se da en Tufia, donde muchas fotografías recogen a los habitantes de las casas "pescando desde sus ventanas".
Con todas estas consideraciones a la vista, el profesor de la ULL señala que el Anteproyecto de modificación de la Ley de Costas "aporta bien poco con respecto a la normativa anterior". "Les servirá, en todo caso, a los hoteles de Corralejo, por las disposiciones que hace respecto a las dunas o al hotel Médano si tiene la concesión en vigor".
Finalmente, Lobo tilda de "brindis al sol populachero para quedar bien con las asociaciones de afectados" la modificación del decreto legislativo 1/2000 llevada a cabo por el Parlamento de Canarias. "Solo tiene tres artículos y en uno de ellos habla de crear un catálogo de núcleos con valor etnográfico o pintoresco que, entre otras cosas, nunca se ha elaborado", sentencia el experto.
http://www.laopinion.es/canarias/2012/10/14/cien-nucleos-litoral-canario-siguen-condenados-derribo/440077.html
Entre ellos, el senador nacionalista cita Igueste de San Andrés, en Tenerife, o el Pozo de las Calcosas, en El Hierro. Además, no se ha dejado abierta ninguna vía para que se salven de la demolición los núcleos grancanarios de Ojos de Garza y Tufia, en Telde.
Junto al socialista Domingo Fuentes Curbelo, Quintero defendió el jueves en la Cámara Alta una moción para que las competencias en la materia pasasen a la Comunidad Autónoma. Entre los argumentos expuestos por los senadores canarios para reclamar para el Gobierno canario la gestión del litoral destaca, justamente, "que el anteproyecto aprobado no recoge ninguna de las especificidades de Canarias que requieren una regulación particular", señala Quintero.
"Habla de las rías de Galicia o de Huelva, de las dunas de Andalucía o de la particular configuración geológica de Formentera, pero no se menciona ninguna de las características especiales de Canarias", apostilla. "La nueva Ley de Costas omite completamente la singularidad y la especificidad de las costas canarias y la forma de vivir de los canarios", agrega.
"Se puede decir sin temor a equivocarse que el cambio normativo ha generado unas expectativas que para nada se van a materializar en los asentamientos canarios", coincide Fuentes Curbelo. "No soluciona en absoluto el caso de las Islas", indica, "la mayoría de los núcleos que están afectados en el Archipiélago no están construidos antes de 1988". "Las viviendas que aquí se van a poder acoger al menos a la prórroga de la concesión administrativa se cuentan con los dedos de una mano", señala. "Son muy pocos los que antes de la anterior Ley de Costas estaban reconocidos por sus ayuntamientos como urbanos, con saneamiento, tendido eléctrico o agua", añade. En cambio, apunta que son muchos los que están construidos "enteramente en dominio público; para esos no hay salvación posible".
En efecto, la propia Ley señala que su propósito es beneficiar "a quienes estaban legítimamente en el litoral, pero no supone una amnistía para las situaciones ilegales".
Además, ambos senadores critican que no se haya previsto para el Archipiélago la excepcionalidad de los 100 metros de servidumbre para aplicar tan solo 20, como sí se hace para el caso de las rías. "En Canarias, sobre un territorio de 7.447 kilómetros cuadrados y 1.583 kilómetros lineales de costa, 100 metros de servidumbre suponen el 2% del total". "En Andalucía, sobre casi 90.000 kilómetros cuadrados, 87.597, representa solo el 0,1%". Quintero destaca que pese a que Canarias "tiene 20 veces más afección, Andalucía sí tiene las competencias en Costas que se le niegan al Archipiélago". "No hubo manera de que el PP aceptara la posibilidad de que se nos reconociesen 20 metros en lugar de 100", reprocha.
El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Ángel Lobo hace hincapié en "la necesidad de distinguir entre las edificaciones construidas en terreno de servidumbre y las que se asientan en dominio público". "Estas últimas no hay manera de salvarlas y así debe ser", asevera.
Sin embargo, como ejemplos del primer caso cita Las Eras o El Tablado, en el Sur de Tenerife. "Estos han acudido ante la Audiencia Nacional a pedir que se les apliquen los 20 metros porque antes de 1988 eran suelo urbano consolidado de manera fáctica y se les ha concedido", explica. Para ello, debían cumplir los requisitos establecidos en la Ley del Suelo de 1976: "contar con acceso rodado, sistema de abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica y estar integrados en la malla urbana".
En cuanto a los casos de construcciones levantadas en terreno demanial, apunta: "El dominio público del litoral no es un concepto que se inventase en la Ley de Costas de 1988; antes de ella estaba la de 1969 y antes, la Ley de Puertos, y en todas ellas se contemplaba la titularidad pública". "La costa es un sitio al que todo el mundo debe poder acceder en libertad y cualquier núcleo que cierre ese libre acceso debe ser derribado", destaca.
Lobo ofrece una explicación muy didáctica: "Cuando trato en clase el tema de las construcciones ilegales en la costa, suelo decirles a mis alumnos que la única razón por la que la gente construye pegada al mar en vez de tierra adentro es precisamente que si lo hace en el interior, se va a meter en la finca de alguien que lo va a echar de allí; sin embargo, como el litoral es de todos, al final no es de nadie". Así, critica situaciones como la que se da en Tufia, donde muchas fotografías recogen a los habitantes de las casas "pescando desde sus ventanas".
Con todas estas consideraciones a la vista, el profesor de la ULL señala que el Anteproyecto de modificación de la Ley de Costas "aporta bien poco con respecto a la normativa anterior". "Les servirá, en todo caso, a los hoteles de Corralejo, por las disposiciones que hace respecto a las dunas o al hotel Médano si tiene la concesión en vigor".
Finalmente, Lobo tilda de "brindis al sol populachero para quedar bien con las asociaciones de afectados" la modificación del decreto legislativo 1/2000 llevada a cabo por el Parlamento de Canarias. "Solo tiene tres artículos y en uno de ellos habla de crear un catálogo de núcleos con valor etnográfico o pintoresco que, entre otras cosas, nunca se ha elaborado", sentencia el experto.
http://www.laopinion.es/canarias/2012/10/14/cien-nucleos-litoral-canario-siguen-condenados-derribo/440077.html
El Estado se apropia de competencias autonómicas en la nueva ley de costas
Canarias acusa al Ministerio de recuperar la figura de los gobernadores civiles. El delegado del Gobierno podrá suspender los planeamientos municipal e insular si afectan a la integridad del dominio público y la zona de servidumbre. Esta última es competencia de la Comunidad. Unos 130.000 isleños están afectados.
¿En qué cambia el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas la situación de los canarios que tienen viviendas en el litoral y viven bajo la amenaza del derribo? Pues la conclusión es que aún no está muy claro, dada la falta de desarrollo del texto, aprobado recientemente en Consejo de Ministros, y, sobre todo, el amplio margen de maniobra que concede a la Administración central. En ello, y en el malestar por la ausencia de un reconocimiento a las singularidades del Archipiélago -que sí se ha dado a otras regiones españolas-, coinciden los representantes de los afectados y el Gobierno autónomo.
Este último, además, no ve con buenos ojos la importancia que, según lo dispuesto en el texto, adquieren los delegados del Gobierno. Tal relevancia alcanza, a ojos del Ejecutivo regional, que da la sensación de que, con la reforma, el Ministerio de Medio Ambiente quisiera "recuperar la figura de los gobernadores civiles", sostiene Mario Pérez, viceconsejero de Política Territorial.
La última palabra
Lo cierto es que el anteproyecto concede a la representación en las Islas de la Administración General del Estado la potestad de suspender los acuerdos adoptados por las entidades locales -ayuntamientos y cabildos- que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección. Es decir, les da la posibilidad de dejar sin efecto el planeamiento y, con ello, pueden tener la última palabra sobre las demoliciones.
La que ha sido definida como "cláusula antialgarrobicos" -en alusión al hotel de la costa almeriense autorizado por las administraciones pero declarado ilegal por la Justicia- no convence al Gobierno de Canarias, que la considera una injerencia en las competencias autonómicas, a las que se les atribuye control sobre la zona de servidumbre.
"No vamos a renunciar bajo ningún concepto a competencias propias. Las diferencias entre administraciones deben resolverse mediante la cooperación y el diálogo, no con la imposición y volviendo a los gobernadores civiles", advierte Pérez, alarmado ante lo que considera una "marcha atrás".
En cualquier caso, el Gobierno canario confía en que el trámite parlamentario permita incorporar mejoras para que la ley recoja las especificidades del Archipiélago, tal y como ha hecho con otras zonas. "Debe ser una norma que no favorezca a determinadas comunidades y a otras no", apunta el viceconsejero, que recuerda que cien asentamientos y más de 135.000 ciudadanos esperan una ley que les proporcione seguridad jurídica.
La isla balear de Formentera, en atención a su "especial configuración geológica", ha sido exceptuada de la aplicación de la ley. También se han librado otros diez enclaves -en Alicante, Gerona, Huelva, Málaga y Valencia-, pero no hay mención alguna a los asentamientos canarios. Y eso pese a que el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, aseguró que habría una regulación particular para el Archipiélago.
"Canarias es la región más afectada y no se la cita, aunque tenga núcleos tan llamativos como Igueste de San Andrés o Valle Gran Rey que, al menos, deberían tener el mismo trato que otras zonas desafectadas", señala el abogado José Luis Langa, representante en las Islas de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas. A su juicio, la mayoría de asentamientos son "pueblos pesqueros, donde está la historia y la tradición de Canarias".
El viceconsejero de Política Territorial comparte esta postura. "Por supuesto que está justificada una excepción para Canarias". El valor etnográfico de muchos núcleos debe ser el argumento que se esgrima para obtener una consideración particular para la región.
Propiedad y concesión
El anteproyecto de reforma de la Ley de Costas contiene algunos aspectos que pueden arrojar algo de esperanza a los afectados en Canarias. Es el caso de la posibilidad de transformar propiedades en concesiones administrativas -como ya ha ocurrido en otros puntos del país-, lo que permitiría salvar las viviendas durante 75 años más. De hecho, unas 260 casas del norte de Gran Canaria, que ya disfrutan de esta condición, se beneficiarán de esta medida, salvarán el derribo previsto para 2018 y sobrevivirán hasta 2093. Aunque deja claro que la principal reivindicación de los afectados sigue siendo el reconocimiento de las singularidades canarias, José Luis Langa admite que esta opción podría ser "un mal menor". Advierte, no obstante, de que aún no está claro en qué condiciones podría accederse a ella y que habrá que esperar a que se desarrolle la norma reglamentariamente. "Los reglamentos son los que desarrollan la ley y a través de ellos veríamos qué posibilidades tenemos de reconducir los problemas de los afectados", dice. Otro elemento de incertidumbre -y en esto coincide con la Consejería de Política Territorial- es el "amplio margen de discrecionalidad" que la reforma concede a la Administración del Estado. Esta asume "unas competencias tremendas", lo que deja en el aire otras posibilidades, como la de que, en determinadas condiciones, se reduzca de cien a veinte metros la anchura de la servidumbre de protección
http://eldia.es/2012-10-14/CANARIAS/4-Estado-apropia-competencias-autonomicas-nueva-ley-costas.htm
¿En qué cambia el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas la situación de los canarios que tienen viviendas en el litoral y viven bajo la amenaza del derribo? Pues la conclusión es que aún no está muy claro, dada la falta de desarrollo del texto, aprobado recientemente en Consejo de Ministros, y, sobre todo, el amplio margen de maniobra que concede a la Administración central. En ello, y en el malestar por la ausencia de un reconocimiento a las singularidades del Archipiélago -que sí se ha dado a otras regiones españolas-, coinciden los representantes de los afectados y el Gobierno autónomo.
Este último, además, no ve con buenos ojos la importancia que, según lo dispuesto en el texto, adquieren los delegados del Gobierno. Tal relevancia alcanza, a ojos del Ejecutivo regional, que da la sensación de que, con la reforma, el Ministerio de Medio Ambiente quisiera "recuperar la figura de los gobernadores civiles", sostiene Mario Pérez, viceconsejero de Política Territorial.
La última palabra
Lo cierto es que el anteproyecto concede a la representación en las Islas de la Administración General del Estado la potestad de suspender los acuerdos adoptados por las entidades locales -ayuntamientos y cabildos- que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección. Es decir, les da la posibilidad de dejar sin efecto el planeamiento y, con ello, pueden tener la última palabra sobre las demoliciones.
La que ha sido definida como "cláusula antialgarrobicos" -en alusión al hotel de la costa almeriense autorizado por las administraciones pero declarado ilegal por la Justicia- no convence al Gobierno de Canarias, que la considera una injerencia en las competencias autonómicas, a las que se les atribuye control sobre la zona de servidumbre.
"No vamos a renunciar bajo ningún concepto a competencias propias. Las diferencias entre administraciones deben resolverse mediante la cooperación y el diálogo, no con la imposición y volviendo a los gobernadores civiles", advierte Pérez, alarmado ante lo que considera una "marcha atrás".
En cualquier caso, el Gobierno canario confía en que el trámite parlamentario permita incorporar mejoras para que la ley recoja las especificidades del Archipiélago, tal y como ha hecho con otras zonas. "Debe ser una norma que no favorezca a determinadas comunidades y a otras no", apunta el viceconsejero, que recuerda que cien asentamientos y más de 135.000 ciudadanos esperan una ley que les proporcione seguridad jurídica.
La isla balear de Formentera, en atención a su "especial configuración geológica", ha sido exceptuada de la aplicación de la ley. También se han librado otros diez enclaves -en Alicante, Gerona, Huelva, Málaga y Valencia-, pero no hay mención alguna a los asentamientos canarios. Y eso pese a que el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, aseguró que habría una regulación particular para el Archipiélago.
"Canarias es la región más afectada y no se la cita, aunque tenga núcleos tan llamativos como Igueste de San Andrés o Valle Gran Rey que, al menos, deberían tener el mismo trato que otras zonas desafectadas", señala el abogado José Luis Langa, representante en las Islas de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas. A su juicio, la mayoría de asentamientos son "pueblos pesqueros, donde está la historia y la tradición de Canarias".
El viceconsejero de Política Territorial comparte esta postura. "Por supuesto que está justificada una excepción para Canarias". El valor etnográfico de muchos núcleos debe ser el argumento que se esgrima para obtener una consideración particular para la región.
Propiedad y concesión
El anteproyecto de reforma de la Ley de Costas contiene algunos aspectos que pueden arrojar algo de esperanza a los afectados en Canarias. Es el caso de la posibilidad de transformar propiedades en concesiones administrativas -como ya ha ocurrido en otros puntos del país-, lo que permitiría salvar las viviendas durante 75 años más. De hecho, unas 260 casas del norte de Gran Canaria, que ya disfrutan de esta condición, se beneficiarán de esta medida, salvarán el derribo previsto para 2018 y sobrevivirán hasta 2093. Aunque deja claro que la principal reivindicación de los afectados sigue siendo el reconocimiento de las singularidades canarias, José Luis Langa admite que esta opción podría ser "un mal menor". Advierte, no obstante, de que aún no está claro en qué condiciones podría accederse a ella y que habrá que esperar a que se desarrolle la norma reglamentariamente. "Los reglamentos son los que desarrollan la ley y a través de ellos veríamos qué posibilidades tenemos de reconducir los problemas de los afectados", dice. Otro elemento de incertidumbre -y en esto coincide con la Consejería de Política Territorial- es el "amplio margen de discrecionalidad" que la reforma concede a la Administración del Estado. Esta asume "unas competencias tremendas", lo que deja en el aire otras posibilidades, como la de que, en determinadas condiciones, se reduzca de cien a veinte metros la anchura de la servidumbre de protección
http://eldia.es/2012-10-14/CANARIAS/4-Estado-apropia-competencias-autonomicas-nueva-ley-costas.htm
viernes, 12 de octubre de 2012
Costas salva del derribo a cerca de 260 casas del Norte de Gran Canaria durante otros 75 años
Costas salva del derribo a unas 260 viviendas de la costa de Arucas, Moya y Guía durante otros 75 años. Cerca del 80% de las 324 viviendas que ocupan ahora la zona de dominio público en primera línea de playa entre Quintanilla (Arucas) y San Felipe (Guía) se salvan del derribo con la nueva propuesta de Ley.
En cambio, según advirtió ayer el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, en una reunión con el alcalde de Moya, Hipólito Suárez, y el concejal del PP en Arucas, José María Ponce, y la senadora del mismo partido, Josefa Luzardo, las 64 casas restantes de los citados municipios terminarán bajo la piqueta porque se encuentran en una situación de absoluta ilegalidad.
"El documento se podrá mejorar con enmiendas, pero por lo menos la Ley da seguridad jurídica que antes no la había para las viviendas de la costa afectadas". José María Ponce manifestó ayer, tras una reunión con el responsable de Costas del Ministerio, que la nueva normativa aclara muchas de las dudas que pesaban sobre las casas del Norte.
El nuevo Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que modifica la Ley de Costas de 1988, había dejado en los últimos días a los dueños de 324 inmuebles de la costa Norte en una situación de incertidumbre, puesto que la concesión actual de salvaguardia caducaba en 2018.
Sin embargo, cerca de ocho de cada diez inmuebles afectados se podrán beneficiar de un periodo de prórroga. En principio, unas 260 viviendas accederán a esta situación de amnistía hasta el año 2093, tras la prórroga de 75 años.
En cambio, las 64 casas restantes tienen los días contados. El alcalde de Moya, Hipólito Suárez, asegura que no existen zonas concretas afectadas, sino que se trata de casos individualizados y diseminados. En este sentido, José María Ponce admite que tienen muy difícil su regularización, como ya se contemplaba con anterioridad, porque los ocupantes no han podido demostrar la titularidad, por lo que están en una absoluta ilegalidad, al apropiarse de suelo público y carecer del título de propiedad. En el caso de Moya, Hipólito Suárez habla de que podría haber unos siete casos.
José María Ponce defiende que la ventaja de esta nueva normativa en trámite es que el registro de las casas garantizará la seguridad de cualquier proceso de compraventa, y posibles obras de reforma. Y añade que el objetivo ahora es incluir a l mayor número de zonas amnistiadas entre la decena de excepcionalidades contempladas en diversas comunidades autónomas.
Ponce cree que se puede mejorar el documento en el caso del Norte, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por el Ministerio para que diez núcleos costeros españoles hayan gozado de la excepcionalidad para su salvaguardia dentro de las zonas de dominio público.
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2012/10/11/costas-salva-derribo-cerca-260-casas-norte-durante-75-anos/489589.html
"El documento se podrá mejorar con enmiendas, pero por lo menos la Ley da seguridad jurídica que antes no la había para las viviendas de la costa afectadas". José María Ponce manifestó ayer, tras una reunión con el responsable de Costas del Ministerio, que la nueva normativa aclara muchas de las dudas que pesaban sobre las casas del Norte.
El nuevo Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que modifica la Ley de Costas de 1988, había dejado en los últimos días a los dueños de 324 inmuebles de la costa Norte en una situación de incertidumbre, puesto que la concesión actual de salvaguardia caducaba en 2018.
Sin embargo, cerca de ocho de cada diez inmuebles afectados se podrán beneficiar de un periodo de prórroga. En principio, unas 260 viviendas accederán a esta situación de amnistía hasta el año 2093, tras la prórroga de 75 años.
En cambio, las 64 casas restantes tienen los días contados. El alcalde de Moya, Hipólito Suárez, asegura que no existen zonas concretas afectadas, sino que se trata de casos individualizados y diseminados. En este sentido, José María Ponce admite que tienen muy difícil su regularización, como ya se contemplaba con anterioridad, porque los ocupantes no han podido demostrar la titularidad, por lo que están en una absoluta ilegalidad, al apropiarse de suelo público y carecer del título de propiedad. En el caso de Moya, Hipólito Suárez habla de que podría haber unos siete casos.
José María Ponce defiende que la ventaja de esta nueva normativa en trámite es que el registro de las casas garantizará la seguridad de cualquier proceso de compraventa, y posibles obras de reforma. Y añade que el objetivo ahora es incluir a l mayor número de zonas amnistiadas entre la decena de excepcionalidades contempladas en diversas comunidades autónomas.
Ponce cree que se puede mejorar el documento en el caso del Norte, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por el Ministerio para que diez núcleos costeros españoles hayan gozado de la excepcionalidad para su salvaguardia dentro de las zonas de dominio público.
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2012/10/11/costas-salva-derribo-cerca-260-casas-norte-durante-75-anos/489589.html
sábado, 6 de octubre de 2012
Cañete argumenta que las ''demoliciones masivas'' darían mala imagen
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha justificado la reforma de la Ley de Costas aprobada este viernes en Consejo de Ministros "por la imagen de España que se generaría" al efectuar "demoliciones masivas de viviendas" a partir del año 2018, fecha en la que expiran las concesiones de casi 2.000 viviendas, lo que obligaría a su demolición.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arias Cañete ha indicado que, "dentro de cinco años, se tendrían que haber empezado a demoler, solo en 2018, cerca de 2.000 viviendas en el litoral, con la imagen de España que se generaría de muchísimas personas que habían invertido en el país y que luego veían que una modificación del sistema jurídico les desposeía de sus viviendas y obligaba a demolerlas con enorme coste".
En cualquier caso, el titular de Medio Ambiente ha señalado que "todo lo que sea ilegal en la costa será demolido y se actuará sobre ello", en alusión al hotel constuido en El Algarrobico (Almería). Cañete también ha hecho alusión a los deslindes que, gracias a la nueva normativa, se podrá consultar a través de Internet para que los ciudadanos puedan comprobar "si su vivienda o parcela está afectada por limitaciones de dominio público".
A juicio del ministro, estos cambios "tienen que mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permitar dar salida a los 'stocks' de vivienda que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad juridica, lleva a frenar las inversiones en el litoral". Por ello, ha subrayado que no se trata de "una ley de amnistía" ya que establece "un marco regulatorio mucho más claro" que permitirá evitar "la sensación de arbitrariedad". "No es más laxa ni tolerante", ha reiterado.
En este punto, ha detallado que "lo ilegal será demolido, lo que era legal y estaba sometido a concesion se prorrogará a peticion de sus titulares; y las instalaciones industriales se analizarán desde el punto de vista medioambiental para ver si son sostenibles y afectan a los ecosistemas marinos o habitats naturales para tener una política de conservación real de las playas y el litoral".
Así, ha recordado que actualmente, en los cerca de 10.000 kilómetros de costa que hay en el litotal, existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo. Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y 3.000 'chiringuitos'. Como ejemplo de la dimensión del empleo relacionado con este sector, Cañete ha cifrado en 40.000 el número de empleos que se generan solo en Andalucía.
http://www.canariasahora.com/noticia/236354/
ESTA CLARO, QUE NO LE IMPORTAN LAS VIVENDAS ACTUALES. LE IMPORTA LA OPINIÓN DE EUROPA, COSA QUE LA COMISIÓN EUROPEA OPINA A FAVOR DE LA LEY Y DE SU PROYECTO DE MODIFICACIÓN, EL PARLAMENTO EUROPEO, NO LO TIENE TAN CLARO, PUES SE SEGUIRÁ VULNERANDO LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arias Cañete ha indicado que, "dentro de cinco años, se tendrían que haber empezado a demoler, solo en 2018, cerca de 2.000 viviendas en el litoral, con la imagen de España que se generaría de muchísimas personas que habían invertido en el país y que luego veían que una modificación del sistema jurídico les desposeía de sus viviendas y obligaba a demolerlas con enorme coste".
En cualquier caso, el titular de Medio Ambiente ha señalado que "todo lo que sea ilegal en la costa será demolido y se actuará sobre ello", en alusión al hotel constuido en El Algarrobico (Almería). Cañete también ha hecho alusión a los deslindes que, gracias a la nueva normativa, se podrá consultar a través de Internet para que los ciudadanos puedan comprobar "si su vivienda o parcela está afectada por limitaciones de dominio público".
A juicio del ministro, estos cambios "tienen que mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permitar dar salida a los 'stocks' de vivienda que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad juridica, lleva a frenar las inversiones en el litoral". Por ello, ha subrayado que no se trata de "una ley de amnistía" ya que establece "un marco regulatorio mucho más claro" que permitirá evitar "la sensación de arbitrariedad". "No es más laxa ni tolerante", ha reiterado.
En este punto, ha detallado que "lo ilegal será demolido, lo que era legal y estaba sometido a concesion se prorrogará a peticion de sus titulares; y las instalaciones industriales se analizarán desde el punto de vista medioambiental para ver si son sostenibles y afectan a los ecosistemas marinos o habitats naturales para tener una política de conservación real de las playas y el litoral".
Así, ha recordado que actualmente, en los cerca de 10.000 kilómetros de costa que hay en el litotal, existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo. Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y 3.000 'chiringuitos'. Como ejemplo de la dimensión del empleo relacionado con este sector, Cañete ha cifrado en 40.000 el número de empleos que se generan solo en Andalucía.
http://www.canariasahora.com/noticia/236354/
ESTA CLARO, QUE NO LE IMPORTAN LAS VIVENDAS ACTUALES. LE IMPORTA LA OPINIÓN DE EUROPA, COSA QUE LA COMISIÓN EUROPEA OPINA A FAVOR DE LA LEY Y DE SU PROYECTO DE MODIFICACIÓN, EL PARLAMENTO EUROPEO, NO LO TIENE TAN CLARO, PUES SE SEGUIRÁ VULNERANDO LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
jueves, 4 de octubre de 2012
Yaiza reafirma la justificación del carácter urbano de El Golfo y Playa Quemada
El Ayuntamiento de Yaiza aprovecha la Modificación de la Ley de Costas para reafirmar ante el Ministerio de Medio Ambiente el carácter urbano de los núcleos costeros de El Golfo y Playa Quemada y evitar la amenaza de derribo que pesa sobre las edificaciones más próximas al mar. El primer teniente de alcalde, José Antonio Rodríguez, y los concejales Juan Lorenzo Tavío y Roque Herrera solicitaron este jueves al senador por Lanzarote, Óscar Luzardo, su implicación directa en este asunto para facilitar en el Ministerio de Medio Ambiente la consecución del objetivo, según ha adelantado el propio Consistorio sureño en nota de prensa.
La vía de comunicación entre la Oficina Técnica de Yaiza y la Dirección General de Costas, dependiente de Medio Ambiente, permanece abierta con flujo de documentación acreditativa. Ahora de lo que se trata es reforzar la gestión política para demostrar el carácter urbano de los pueblos y enfatizar la importancia que supone para los vecinos y el municipio la normalización de la situación de incertidumbre que viven los habitantes de El Golfo y Playa Quemada.
El senador por Lanzarote, que asume “con gusto” la petición del gobierno municipal, prevé que la modificación de la Ley de Costas comience su tramitación en las Cortes Generales del Estado antes de finalizar el año. En cualquier caso, existe consenso para buscar una solución al problema que permita garantizar la actividad económica de bares y restaurantes.
Según expresó Luzardo, la reforma legislativa pretende compatibilizar la protección de las costas con el crecimiento económico y la seguridad en el empleo, y preservar los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en zonas del litoral.
El gobierno de Yaiza se mantiene firme en su lucha de proteger los intereses de los vecinos afectados y de encontrar una respuesta satisfactoria a los mismos. En un anterior encuentro con el senador, el Ayuntamiento había insistido en la necesidad de flexibilizar los requisitos para favorecer una aplicación homogénea de la ocupación del dominio público marítimo - terrestre por establecimientos de comidas y bebidas en el litoral, teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos.
http://www.cronicasdelanzarote.es/Yaiza-reafirma-la-justificacion,42626.html
La vía de comunicación entre la Oficina Técnica de Yaiza y la Dirección General de Costas, dependiente de Medio Ambiente, permanece abierta con flujo de documentación acreditativa. Ahora de lo que se trata es reforzar la gestión política para demostrar el carácter urbano de los pueblos y enfatizar la importancia que supone para los vecinos y el municipio la normalización de la situación de incertidumbre que viven los habitantes de El Golfo y Playa Quemada.
El senador por Lanzarote, que asume “con gusto” la petición del gobierno municipal, prevé que la modificación de la Ley de Costas comience su tramitación en las Cortes Generales del Estado antes de finalizar el año. En cualquier caso, existe consenso para buscar una solución al problema que permita garantizar la actividad económica de bares y restaurantes.
Según expresó Luzardo, la reforma legislativa pretende compatibilizar la protección de las costas con el crecimiento económico y la seguridad en el empleo, y preservar los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en zonas del litoral.
El gobierno de Yaiza se mantiene firme en su lucha de proteger los intereses de los vecinos afectados y de encontrar una respuesta satisfactoria a los mismos. En un anterior encuentro con el senador, el Ayuntamiento había insistido en la necesidad de flexibilizar los requisitos para favorecer una aplicación homogénea de la ocupación del dominio público marítimo - terrestre por establecimientos de comidas y bebidas en el litoral, teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos.
http://www.cronicasdelanzarote.es/Yaiza-reafirma-la-justificacion,42626.html
martes, 25 de septiembre de 2012
lunes, 24 de septiembre de 2012
Oramas pedirá que singularidades canarias se incluyan en nueva ley de costas
La diputada nacional de Coalición Canaria, Ana Oramas, pedirá la inclusión de las singularidades canarias en el anteproyecto de ley de Costas aprobado por el Consejo de Ministros en julio.
Así se ha comprometido Oramas con los afectados del poblado marinero de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, y con los que hoy se ha reunido.
La parlamentaria, según señala un comunicado, indicó que otros territorios del Estado si ven reflejadas en el texto sus particularidades y señaló que en la última reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria se acordó crear un grupo de trabajo constituido por Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos con el objeto de fijar una posición común y elaborar enmiendas al anteproyecto.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1256772
Así se ha comprometido Oramas con los afectados del poblado marinero de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, y con los que hoy se ha reunido.
La parlamentaria, según señala un comunicado, indicó que otros territorios del Estado si ven reflejadas en el texto sus particularidades y señaló que en la última reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria se acordó crear un grupo de trabajo constituido por Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos con el objeto de fijar una posición común y elaborar enmiendas al anteproyecto.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1256772
viernes, 21 de septiembre de 2012
Cristina Narbona (PSOE) pide al Ministerio explicaciones sobre la Ley de Costas y su cláusula 'anti Algarrobico'
La diputada del PSOE Cristina Narbona ha registrado en el Congreso una batería de preguntas sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas en las que pide al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que explique aspectos como las indemnizaciones que se abonarían a los titulares afectados por la prolongación de las concesiones o la denominada cláusula 'anti Algarrobico'.
Concretamente quiere que el departamento que dirige Miguel Arias Cañete explique si esa cláusula contenida en el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas se circunscribe únicamente a los ámbitos definidos en dicho anteproyecto.
En otras de las preguntas, que han sido formuladas para su respuesta por escrito, la exministra de Medio Ambiente reclama información sobre el número de titulares de concesiones sobre dominio público marítimo-terrestre afectados por la prolongación a 75 años de las concesiones y por las indemnizaciones que deberían de recibir los mismos en el supuesto de efectos asociados al cambio climático que comprometan su seguridad física o el valor económico de tales concesiones, susceptibles de transmisión a terceros.
Además, Narbona pide información sobre los informes científicos que avalan los cambios introducidos en el anteproyecto en relación con los criterios para el establecimiento del deslinde de dominio público marítimo terrestre y también sobre los que justifican que no se aplique la ley en los casos concretos incluidos en el anexo del mismo.
Por último, quiere que el Ministerio dé su opinión sobre si el anteproyecto mejora la seguridad jurídica de los afectados por los deslindes ya aprobados definitivamente y sobre si cree que no son previsibles efectos adversos del cambio climático en el litoral español, en el nuevo horizonte que se plantea en relación con la prolongación de concesiones.
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-cristina-narbona-psoe-pide-ministerio-explicaciones-ley-costas-clausula-anti-algarrobico-20120921142209.html
LA SEÑORA NARBONA, SE OLVIDA, QUE DURANTE SU ESTANCIA AL FRENTE DEL MINISTERIO, SE PERMITIÓ CONSTUIR EL ALGARROBICO; SE LEGALIZARON HOTELES EN LANZAROTE Y FUERTEVENTURA, SIN NINGUNA RAZÓN POR Y CON SU ÚNICA AURIZACIÓN.
LA SEÑORA NARBONA, ES LA QUE SOLICITABA CALMA A LOS AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS EN TENERIFE, DICIENDO QUE SU MINISTERIO, NO SE DEDICABA A DEMOLER POR DEMOLER, SOLO CUATRO MESES ANTES DE DEMOLER CHO VITO
ES NARBONA UNA SEÑORA?
Concretamente quiere que el departamento que dirige Miguel Arias Cañete explique si esa cláusula contenida en el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas se circunscribe únicamente a los ámbitos definidos en dicho anteproyecto.
En otras de las preguntas, que han sido formuladas para su respuesta por escrito, la exministra de Medio Ambiente reclama información sobre el número de titulares de concesiones sobre dominio público marítimo-terrestre afectados por la prolongación a 75 años de las concesiones y por las indemnizaciones que deberían de recibir los mismos en el supuesto de efectos asociados al cambio climático que comprometan su seguridad física o el valor económico de tales concesiones, susceptibles de transmisión a terceros.
Además, Narbona pide información sobre los informes científicos que avalan los cambios introducidos en el anteproyecto en relación con los criterios para el establecimiento del deslinde de dominio público marítimo terrestre y también sobre los que justifican que no se aplique la ley en los casos concretos incluidos en el anexo del mismo.
Por último, quiere que el Ministerio dé su opinión sobre si el anteproyecto mejora la seguridad jurídica de los afectados por los deslindes ya aprobados definitivamente y sobre si cree que no son previsibles efectos adversos del cambio climático en el litoral español, en el nuevo horizonte que se plantea en relación con la prolongación de concesiones.
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-cristina-narbona-psoe-pide-ministerio-explicaciones-ley-costas-clausula-anti-algarrobico-20120921142209.html
LA SEÑORA NARBONA, SE OLVIDA, QUE DURANTE SU ESTANCIA AL FRENTE DEL MINISTERIO, SE PERMITIÓ CONSTUIR EL ALGARROBICO; SE LEGALIZARON HOTELES EN LANZAROTE Y FUERTEVENTURA, SIN NINGUNA RAZÓN POR Y CON SU ÚNICA AURIZACIÓN.
LA SEÑORA NARBONA, ES LA QUE SOLICITABA CALMA A LOS AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS EN TENERIFE, DICIENDO QUE SU MINISTERIO, NO SE DEDICABA A DEMOLER POR DEMOLER, SOLO CUATRO MESES ANTES DE DEMOLER CHO VITO
ES NARBONA UNA SEÑORA?
domingo, 16 de septiembre de 2012
lunes, 10 de septiembre de 2012
La Justicia anula parte del deslinde de Tenézar pero deja dentro del dominio público una hilera de viviendas
La Audiencia Nacional ha anulado de forma parcial el deslinde del dominio público marítimo terrestre en el núcleo de Tenézar, en la costa del municipio de Tinajo, “por falta de justificación”. La sentencia saca del deslinde a un buen número de viviendas aunque mantiene dentro a una hilera de casas que “se han levantado sobre terrenos naturalmente inundables”.
El deslinde del dominio público marítimo terrestre, que entró en vigor a través de una orden del Ministerio de Medio Ambiente el último día del año 2008, afectaba a unos 320 metros de la costa de Tenézar. El Ayuntamiento de Tinajo presentó un recurso contencioso que ha sido en buena medida admitido por parte de la Audiencia Nacional.
Así, la Audiencia diferencia en la sentencia tres tramos del deslinde: una zona de acantilado en la parte oeste del pueblo (que anula), la parte central del núcleo costero (que en parte anula y en parte mantiene) y un acantilado hacia el este (que mantiene). El deslinde de 2008 incluía dentro de dominio público un total de 21 viviendas.
Sin embargo, en la resolución judicial se considera que hay que anular el tramo hacia el oeste (entre los vértices 20 y 26, definidos en la imagen superior). La Ley de Costas establece que en una zona de acantilados los mojones hay que colocarlos en su parte superior, aunque determina una inclinación mínima de los terrenos de 60 grados sexagesimales para tener tal consideración de acantilado.
En el caso de este tramo costero de Tenézar, aunque por su geomorfología pueda ser considerado como un acantilado, desde el punto de vista del “concepto legal” fijado en la Ley de Costas no lo es por no tener la inclinación suficiente, tal y como admitió el propio Ministerio de Medio Ambiente y resaltó el informe pericial encargado.
¿Nuevo deslinde?
La Audiencia Nacional aclara que la anulación de este tramo del deslinde se produce “sin perjuicio de que la Administración pueda realizar un nuevo deslinde” en el que se justifique “la concurrencia de las características” del dominio público exigidas por la Ley de Costas, como que haya llegado el agua del mar.
En ese sentido, en la documentación del deslinde de Tenézar la Dirección General de Costas apunta que en el citado tramo, ahora anulado, se observan viviendas que “se han consolidado sobre rellenos artificiales que a su vez se sostienen mediante muros de contención y que se han construido escaleras para acceder” a ellas, “pretendiéndose con ello evitar ser alcanzadas por el oleaje”.
Al margen
Entre este tramo de acantilado –desde el punto de vista formal aunque no legal- y el centro del pueblo, Costas trazó la línea del deslinde del dominio público de forma diagonal dejando dentro a varias viviendas (entre los puntos 26 y 27 de la imagen superior).
En cambio, la Audiencia Nacional sostiene en la sentencia que “no resulta acreditado” por parte de la Dirección General de Costas que se encuentren en una zona que deba ser considerada como dominio público al presentar “características” que “difieren de las del resto” de la parte central de Tenézar.
Las afectadas
La Audiencia Nacional sí que mantiene el deslinde en el resto del núcleo costero (entre el vértice 27 y el 31), afectando a buena parte del pueblo y a la zona de acantilados al este, ésta sin discusión con la inclinación exigida por ley y alcanzada “por el mar, observándose materiales depositados por las mareas”.
La sentencia, al mantener parte del deslinde, complica la existencia de una hilera de viviendas situadas al lado de una cancha de petanca. Considera probado que “los rellenos artificiales sobre los que se asientan y elevan las casas, los muros de contención y la barrera de protección de la escollera [...] no tienen otra finalidad que impedir la inundación natural” de la zona, y que “se constata como el oleaje actúa sobre las fachadas de las viviendas más próximas al mar”.
Más detalles
SERVIDUMBRE. El deslinde de Costas fijó la zona de servidumbre de protección en 100 metros, por ser suelo rústico, y no en 20 metros, como le correspondería si fuera un núcleo urbano. La sentencia mantiene la distancia.
PLANEAMIENTO. En el Plan General de Tinajo de 2004 se clasifica Tenézar como suelo rústico de protección ambiental cultural y costera. Que las viviendas y terrenos paguen IBI “resulta irrelevante”, según la Audiencia.
redaccion@diariodelanzarote.com
El deslinde del dominio público marítimo terrestre, que entró en vigor a través de una orden del Ministerio de Medio Ambiente el último día del año 2008, afectaba a unos 320 metros de la costa de Tenézar. El Ayuntamiento de Tinajo presentó un recurso contencioso que ha sido en buena medida admitido por parte de la Audiencia Nacional.
Así, la Audiencia diferencia en la sentencia tres tramos del deslinde: una zona de acantilado en la parte oeste del pueblo (que anula), la parte central del núcleo costero (que en parte anula y en parte mantiene) y un acantilado hacia el este (que mantiene). El deslinde de 2008 incluía dentro de dominio público un total de 21 viviendas.
Sin embargo, en la resolución judicial se considera que hay que anular el tramo hacia el oeste (entre los vértices 20 y 26, definidos en la imagen superior). La Ley de Costas establece que en una zona de acantilados los mojones hay que colocarlos en su parte superior, aunque determina una inclinación mínima de los terrenos de 60 grados sexagesimales para tener tal consideración de acantilado.
En el caso de este tramo costero de Tenézar, aunque por su geomorfología pueda ser considerado como un acantilado, desde el punto de vista del “concepto legal” fijado en la Ley de Costas no lo es por no tener la inclinación suficiente, tal y como admitió el propio Ministerio de Medio Ambiente y resaltó el informe pericial encargado.
¿Nuevo deslinde?
La Audiencia Nacional aclara que la anulación de este tramo del deslinde se produce “sin perjuicio de que la Administración pueda realizar un nuevo deslinde” en el que se justifique “la concurrencia de las características” del dominio público exigidas por la Ley de Costas, como que haya llegado el agua del mar.
En ese sentido, en la documentación del deslinde de Tenézar la Dirección General de Costas apunta que en el citado tramo, ahora anulado, se observan viviendas que “se han consolidado sobre rellenos artificiales que a su vez se sostienen mediante muros de contención y que se han construido escaleras para acceder” a ellas, “pretendiéndose con ello evitar ser alcanzadas por el oleaje”.
Al margen
Entre este tramo de acantilado –desde el punto de vista formal aunque no legal- y el centro del pueblo, Costas trazó la línea del deslinde del dominio público de forma diagonal dejando dentro a varias viviendas (entre los puntos 26 y 27 de la imagen superior).
En cambio, la Audiencia Nacional sostiene en la sentencia que “no resulta acreditado” por parte de la Dirección General de Costas que se encuentren en una zona que deba ser considerada como dominio público al presentar “características” que “difieren de las del resto” de la parte central de Tenézar.
Las afectadas
La Audiencia Nacional sí que mantiene el deslinde en el resto del núcleo costero (entre el vértice 27 y el 31), afectando a buena parte del pueblo y a la zona de acantilados al este, ésta sin discusión con la inclinación exigida por ley y alcanzada “por el mar, observándose materiales depositados por las mareas”.
La sentencia, al mantener parte del deslinde, complica la existencia de una hilera de viviendas situadas al lado de una cancha de petanca. Considera probado que “los rellenos artificiales sobre los que se asientan y elevan las casas, los muros de contención y la barrera de protección de la escollera [...] no tienen otra finalidad que impedir la inundación natural” de la zona, y que “se constata como el oleaje actúa sobre las fachadas de las viviendas más próximas al mar”.
Más detalles
SERVIDUMBRE. El deslinde de Costas fijó la zona de servidumbre de protección en 100 metros, por ser suelo rústico, y no en 20 metros, como le correspondería si fuera un núcleo urbano. La sentencia mantiene la distancia.
PLANEAMIENTO. En el Plan General de Tinajo de 2004 se clasifica Tenézar como suelo rústico de protección ambiental cultural y costera. Que las viviendas y terrenos paguen IBI “resulta irrelevante”, según la Audiencia.
redaccion@diariodelanzarote.com
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