Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

jueves, 1 de agosto de 2013

El Gobierno recurre al Constitucional la Ley de Costas

El Ejecutivo entiende que existen al menos cuatro aspectos concretos que podrían ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna
El Consejo de Gobierno ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas.
El Gobierno entiende que existen al menos cuatro aspectos concretos que podrían ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna. En primer lugar, el apartado 38, del artículo primero de la norma supondría una clara vulneración de la autonomía local, ya que el texto dice que "la Administración General del Estado podrá suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección."
De este modo, el Ejecutivo regional cree que la capacidad para anular decisiones municipales corresponde sólo a los Tribunales de Justicia, por lo que se estaría otorgando a los delegados y delegadas del Gobierno un poder de decisión y control sobre la autonomía municipal, acto que vulneraría el actual reparto competencial.
Así, otro motivo la vulneración por parte de la Ley del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia, donde el texto legislativo establece hasta doce núcleos peninsulares que son catalogados como excepciones en la obligación que tiene el Estado para la protección del dominio público marítimo-terrestre.
En la misma línea, en su disposición adicional séptima, esta norma considera que "los terrenos en los que se asientan dichos núcleos, no son necesarios para la protección o utilización del dominio público", y que "se trata de áreas de viviendas históricamente consolidadas y altamente antropizados".
Por estos motivos, la Administración autonómica entiende hay numerosos núcleos en las Islas se encuentran en esas circunstancias, los cuales cuentan con un alto valor etnográfico que no han sido tenidas en cuenta en la Ley, por lo que se produce un trato discriminatorio e inconstitucional hacia las Islas.
Asimismo, esta norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 30 de mayo, establece en el apartado 12 que se desarrollará un reglamento con el régimen de ocupación y uso de las playas y que "podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística".
El Consejo ha considerado que supone un factor más para respaldar la presentación del recurso de inconstitucionalidad por invasión de las competencias autonómicas, al arrogarse facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre de protección, que corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas, mientras que el Estado sólo puede fijar unos máximos y mínimos para el uso de dichas zonas.
La disposición transitoria primera de la Ley impone a las autoridades con competencias en la clasificación del suelo, la obligación de remitir en tres meses un informe de todos los núcleos situados en zona de servidumbre de protección y que se pretenda clasificar como urbanos o se clasificasen como tales con posterioridad a la Ley de Costas de 1988.
Este hecho supone la retroactividad de la Ley, puesto que obliga volver a demostrar que son urbanos terrenos que ya están clasificados como tales y dejar esa categorización a expensas de lo que decida el Ministerio de Medio Ambiente ¿eso sí, en un plazo de 18 meses, 6 veces más largo que el otorgado para presentar los informes-.
Por último, el Ejecutivo ha considerado que este último punto no sólo es inconstitucional por su retroactividad, sino que además tendrá efectos nefastos, que podrían dar lugar a responsabilidad patrimonial por parte de las administraciones, si el Ministerio entiende que núcleos considerados urbanos y que, por tanto, tienen el deslinde establecido a veinte metros del dominio público, no lo son en realidad, por lo que habría que incrementar la zona de servidumbre hasta los cien metros que fija la Ley
http://www.laopinion.es/canarias/2013/08/01/gobierno-recurre-constitucional-ley-costas/490610.html

miércoles, 31 de julio de 2013

Canarias envía a Costas el listado de núcleos afectados por la reforma

50 ENCLAVES URBANOS POSTERIORES A 1988

El Ejecutivo mantiene el recurso contra una modificación normativa "manifiestamente inconstitucional" por su carácter retroactivo.
El vice consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Mario Pérez, ha firmado este jueves el envío al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del listado disponible en la Viceconsejería de aquellos núcleos costeros afectados por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y por la modificación de la Ley de Costas.
En una nota, la Viceconsejería de Política Territorial ha indicado que se remitirá un listado de en torno a 50 núcleos afectados por la Ley, pertenecientes a 21 municipios, y ha manifestado que la nueva normativa establecía un plazo de tres meses para que la Administración enviase los núcleos costeros catalogados como urbanos después de 1988. En esos espacios, la servidumbre de protección que les afecta ha pasado o debe pasar desde los 100 metros establecidos con carácter general a los 20 permitidos en las zonas urbanas.
Desde la Viceconsejería han agregado que, por esta razón, el Gobierno de Canarias organizó reuniones con los responsables municipales de ambas provincias para que le remitiesen los documentos sobre todos aquellos núcleos afectados por la norma antes de dos meses y, así, poder enviarlos al Ministerio.
Aunque, han dicho, existía la posibilidad de que el ayuntamiento que lo desease lo remitiera directamente al Estado, por lo que el listado que se envía al Ministerio se ha elaborado a partir de los expedientes recibidos desde los consistorios que escogieron presentar los documentos a través de la Comunidad Autónoma.
La Viceconsejería de Política Territorial ha tomado la decisión de remitir todos estos núcleos ante el "imperioso plazo", de solo tres meses, dado por la Ley para presentar el listado de los núcleos calificados como urbanos con posterioridad a 1988, para ser evaluados y sometidos a un nuevo informe por parte del Ministerio.
También han señalado que esta actuación es, a juicio del Gobierno de Canarias, "manifiestamente inconstitucional" por su carácter retroactivo, a lo que han agregado que, además, podría generar numerosos problemas en Canarias al poderse ampliar a 100 metros zonas de servidumbre en lugares que los planeamientos municipales consideran urbanos y en los que la servidumbre de costas no debería superar los 20 metros.
Por ello, Mario Pérez ha indicado que el Ejecutivo seguirá adelante con la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley, que ya fue autorizado por el Consejo de Gobierno el pasado 11 de julio.
Si bien el Gobierno de Canarias entiende que el apartado tercero de la disposición transitoria 1ª de la Ley sólo se refiere a los núcleos costeros clasificados como urbanos con posterioridad a 1988, y que los que se quieran clasificar a partir de ahora tienen dos años para completar el expediente, la indefinición del texto normativo ha llevado a que varios ayuntamientos hayan querido ser exhaustivos y solicitaran la remisión de todos sus núcleos costeros, independientemente de la situación en la que se encuentran.
En concreto, el Gobierno entiende que existen al menos cuatro aspectos concretos que podrían ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna.
"Clara vulneración" de la autonomía local
En primer lugar, el apartado 38, del artículo primero de la norma supondría una "clara vulneración" de la autonomía local, ya que el texto establece que "la Administración General del Estado podrá suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección".
El Gobierno entiende que la capacidad para anular decisiones municipales corresponde sólo a los tribunales de justicia, por lo que se otorga a los delegados y delegadas del Gobierno un poder de decisión y control sobre la autonomía municipal que vulneraría el actual reparto competencial.
De hecho, el consejero de Obras Públicas del Gobierno autonómico, Domingo Berriel, ha llegado a calificar esta parte del artículo como "la de la vuelta de los gobernadores civiles de la etapa predemocrática".
Otro motivo es que la Ley vulnera el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, por el trato diferenciado que hace de varios núcleos peninsulares sin la adecuada motivación. El texto legislativo establece hasta doce núcleos peninsulares que son catalogados como excepciones en la obligación que tiene el Estado para la protección del dominio público marítimo-terrestre.
En su disposición adicional séptima, la norma considera que "los terrenos en los que se asientan dichos núcleos no son necesarios para la protección o utilización del dominio público", y que "se trata de áreas de viviendas históricamente consolidadas y altamente antropizados".
El Gobierno de Canarias entiende que en esas circunstancias hay numerosos núcleos en las islas que, además, cuentan con un alto valor etnográfico y que no han sido tenidas en cuenta en la Ley, por lo que se produce un trato "discriminatorio e inconstitucional" hacia las islas.
La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 30 de mayo, establece en el apartado 12 de ese mismo artículo primero que se desarrollará un reglamento con el régimen de ocupación y uso de las playas y, más adelante, habla de que "podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística".
A este respecto, el Consejo considera que supone un factor más para respaldar la presentación del recurso de inconstitucionalidad por invasión de las competencias autonómicas, al arrogarse facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre de protección, que corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas, mientras que el Estado sólo puede fijar unos máximos y mínimos para el uso de dichas zonas.
Clasificación del suelo
Además, la disposición transitoria primera de la Ley impone a las autoridades con competencias en la clasificación del suelo la obligación de remitir en un plazo máximo de tres meses un informe en relación a todos los núcleos situados en zona de servidumbre de protección, y que se pretenda clasificar como urbanos o se clasificasen como tales con posterioridad a la Ley de Costas de 1988.
Este hecho supone, de facto, la retroactividad de la Ley, puesto que obliga volver a demostrar que son urbanos terrenos que ya están clasificados como tales y dejar esa categorización a expensas de lo que decida el Ministerio de Medio Ambiente -eso sí, en un plazo de 18 meses, 6 veces más largo que el otorgado para presentar los informes-.
El Gobierno considera que este último punto no sólo es inconstitucional por su retroactividad, sino que además tendrá efectos "nefastos" y podría incluso dar lugar a responsabilidad patrimonial por parte de las administraciones, si el Ministerio entiende que núcleos considerados urbanos y que, por tanto, tienen el deslinde establecido a veinte metros del dominio público, no lo son en realidad, por lo que habría que incrementar la zona de servidumbre hasta los cien metros que fija la Ley
http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/canarias-envia-costas-listado-nucleos-afectados-reforma/20130731165812410429.html

lunes, 29 de julio de 2013

Moya solicitará que la totalidad de sus viviendas en el litoral sean amparadas por la nueva Ley de Costas

El pleno del Ayuntamiento debatirá este miércoles la remisión al Ministerio de Medio Ambiente de un informe técnico municipal que certifica la compatibilidad de los asentamientos situados en la costa de Moya con la conservación del litoral

El pleno del Ayuntamiento de la Villa de Moya debatirá este miércoles la remisión al Ministerio de Medio Ambiente de un informe técnico sobre los núcleos de población situados en el litoral del municipio, con el que, en caso de resultar aprobado, el consistorio solicitará al Gobierno de la Nación que todas las viviendas de la costa de Moya sean amparadas por la nueva Ley de Costas.

En virtud del citado informe técnico, el Ayuntamiento considera que la práctica totalidad de los asentamientos en cuestión se ubican dentro de suelo urbano consolidado, teniendo tal calificación con antelación a 1988, año de la entrada en vigor de la anterior normativa de protección del litoral español, la ley 22/1988 de 28 de julio. Esta condición protegería a todos los sectores de población que conforman el barrio de El Pagador, entre los que se encuentran El Roque, La Barranquera, La Villera y El Altillo.
En este último lugar, la institución municipal estima que la nueva ley también debe amparar las únicas siete edificaciones que están localizadas totalmente dentro del dominio público marítimo-terrestre, pues fueron construidas entre 30 y 50 años atrás, de conformidad con el planeamiento vigente en aquel momento, contando en la actualidad con todos los servicios públicos municipales.Otro caso singular es el grupo de viviendas localizadas en la zona conocida como Casas Quemadas, junto a la desembocadura del barranco de Azuaje, que están levantadas en suelo rústico, en donde la servidumbre de protección se situaría en los 100 metros desde la línea de costa. No obstante, debido a que se trata de un área de crecimiento urbanístico natural, el Ayuntamiento cree que el Ministerio también debe considerar las Casas Quemadas compatibles con la integridad y la defensa del dominio público marítimo terrestre.
El informe municipal esgrime otros dos argumentos para solicitar el amparo del Ministerio de Medio Ambiente a las Casas Quemadas. Por un lado, asegura que la zona cumple con los requisitos señalados por la Ley del Suelo para ser considerado como suelo urbano, por lo que la servidumbre de protección podría situarse en los 20 metros, salvando a las edificaciones afectadas. Por el otro, se señala que el asentamiento se encuentra incluido en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico del Municipio de Moya, con la categoría de conjunto histórico con valor etnográfico. Se trata de un asentamiento que, a pesar de haber quedado aislado, está muy vinculado al asentamiento urbano preexistente a principios del siglo XX.

Para el grupo de gobierno municipal, la ley 2/2013 de 29 de mayo, más conocida como la nueva Ley de Costas, es muy favorable para los núcleos de población costera del municipio. Ninguna de las edificaciones que estaban amparadas por la anterior normativa pierde su condición. Más bien al contrario, la nueva ley extiende el amparo a la gran mayoría de las edificaciones en el litoral moyense, con la posibilidad de considerarlas a todas, incluso a las que hasta ahora quedaban fuera de cualquier contemplación, como compatibles con la protección del medio ambiente costero
http://revistatara.com/index.php?tags=Canarias%20Noticias%20Urbanismo&pag=view_new&nid=7809

domingo, 28 de julio de 2013

Acuerdo institucional para salvar La Caleta y El Puertito

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Adeje, Andrés Montiel, se muestra satisfecho de haber logrado un consenso con los partidos políticos presentes en el consistorio para que su moción, que permitirá contribuir a salvar los núcleos costeros de La Caleta y El Puertito de la actual Ley de Costas, fuera apoyada por todos los grupos políticos. En este sentido Montiel señala que “ha quedado demostrado que con la colaboración y el trabajo de todos es posible hacer que el municipio avance hacia el futuro”.

 
El portavoz popular afirma que la nueva Ley de Costas, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, ofrece fórmulas para regularizar núcleos de viviendas que estén en servidumbre de protección del dominio público, situación en la que se hayan 15.000 edificaciones en Canarias, habitadas por 60.000 personas, según datos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Los populares recuerdan que en el caso de Adeje, algunas edificaciones se sitúan en la zona de protección de dominio público, hasta ahora establecida en los cien metros de servidumbre, según la anterior ley de 1.988.
Por ello, para regularizar afecciones existentes, una disposición transitoria cubre el vacío administrativo dejado por la Ley de Costas y viene a resolver la zona de servidumbre de protección que podrá quedar en los 20 metros y no en 100 como se establece ahora para los núcleos costeros de la localidad.
Esta opción solo era posible para núcleos ya calificados como urbanos o urbanizables con Plan Parcial aprobado, pero a partir de ahora podrán acogerse a esta legalización los que aún no estén clasificados como urbanos.
Por esta razón, el PP se congratula que su iniciativa se haya convertido en moción institucional lo que permitirá salvar estos núcleos costeros de la localidad una vez que se remitan tanto al Gobierno de Canarias como a Costas la nueva delimitación .

viernes, 26 de julio de 2013

El alcalde de Guía se reunió con los vecinos de Caleta de Arriba


El alcalde  de  Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, se reunió en la tarde del pasado miércoles, con los vecinos de Caleta de Arriba, para explicarles como estaba la situación del barrio ante la nueva Ley de Costas
El alcalde de Guía quiso transmitir tranquilidad a los vecinos, informándoles que el Ayuntamiento, había hecho los deberes, ya que en el año 2005, dentro del Planeamiento General, se había declarado núcleo urbano el barrio, y que tenía informe positivo de Costas.

De todas maneras, aclaró, que la nueva Ley no varía mucho con respecto a la anterior, ya que el barrio sigue manteniendo igual situación, estando la línea de costa en los mismos 20 metros.
Y ante la nueva Ley, que da un plazo hasta el 31 de agosto para alegaciones, explicó que  el Ayuntamiento  el pasado día 12 de julio, había enviado ya dichas alegaciones al Ministerio, para su estudio.
También expresó su plena disposición a seguir informando de cualquier novedad sobre este asunto a los vecinos.

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/9-sociedad/24041-el-alcalde-de-guia-se-reunion-con-los-vecinos-de-caleta-de-arriba

jueves, 25 de julio de 2013

El ayuntamiento de Gáldar remite toda la documentación para consolidar los barrios costeros

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El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, ha informado que desde el ayuntamiento ha sido remitida toda la documentación de los barrios costeros de La Furnia, Los Dos Roques, Punta de Gáldar y Barranquillo El Vino, tanto al Ministerio de Medio Ambiente, como a la Demarcació de Costas de Canarias y a la Viceconsejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, para justificar que estos núcleos costeros del municipio son urbanos y consolidar las viviendas de estos núcleos costeros con la nueva Ley de Costas.

A esta documentación se une también la solicitud de desafectación de los terrenos situados al interior de los paseos marítimos de El Agujero y Los Dos Roques, para que el establecimiento de las servidumbres de Costas se adelante al borde del paseo o  las avenidas, que constituye la nueva ribera del mar.
Estas iniciativas, cabe recordar, le fueron expuestas a los vecinos que viven en los núcleo costeros en la reunión mantenida con ellos recientemente en el Teatro Consistorial.

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/6-interes/24021-el-ayuntamiento-de-galdar-remite-toda-la-documentacion-para-consolidar-los-barrios-costeros-

miércoles, 24 de julio de 2013

El Gobierno autónomo solicita al Consultivo un dictamen para recurrir la Ley de Costas

Los gobiernos vasco y andaluz inician los trámites para pedir la suspensión cautelar de la norma al Tribunal Constitucional
  El Gobierno de Canarias ya ha iniciado los trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. El Ejecutivo ha solicitado recientemente al Consejo Consultivo de Canarias un dictamen, un primer paso para después presentar la reclamación ante el Tribunal Constitucional, ya que considera que varios puntos recogidos en ella van en contra de la Carta Magna.
. La Junta de Andalucía también acordó ayer interponer un recurso ante el Constitucional contra la llamada Ley de Costas y pedir al alto tribunal su suspensión cautelar para evitar "daños irreparables". Por su parte, el Gobierno vasco va a presentar un recurso por considerar que la norma "legisla demasiado extensamente y no deja" margen para las autonomías El pasado 1 de julio, representantes de los Gobiernos de las comunidades autónomas cuyas costas suponen más de la mitad del litoral español, – Canarias, Andalucía, Asturias, Cataluña y el País Vasco–, se reunieron en Madrid y anunciaron su intención de recurrir la normativa aprobada en mayo por el Gobierno de Mariano Rajoy
Apenas tres semanas después, las autonomías empiezan a poner en marcha los procedimientos por separado, –ya que la norma jurídica imposibilita que los gobiernos autónomos recurran al Constitucional de manera conjunta–, porque el plazo para presentar los recursos al Constitucional es de tres meses después de la publicación de la norma.
El Gobierno de Canarias entiende que al menos cuatro aspectos recogidos nueva Ley de Costas podrían ir en contra de la Carta Magna. Por un lado, consideran que la norma vulnera la autonomía local, ya que el texto otorga a los delegados de gobierno la posibilidad de suspender la iniciación de las obras en las zonas de servidumbre, que son competencia de Autonomías, una competencia que el Ejecutivo regional entiende que solo deben tener los Tribunales de Justicia.
Por otro lado, un punto que también considera inconstitucional es la excepción que la norma estatal hace con doce núcleos costeros peninsulares. Sin embargo, no establece ninguna salvedad para núcleos tradicionales canario con valor etnográfico, una demanda que el Ejecutivo autonómico hacía ya con la anterior normativa y además ha incluido otros que antes no estaban afectados. Por todo esto, el Gobierno entiende que se vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos.
Otro punto de conflictividad es que el Ejecutivo de Paulino Rivero considera que la norma otorga facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre, que corresponden exclusivamente a las comunidades autónomas, mientras que el Estado solo puede fijar unos máximos y mínimos para su uso.
Por último, la norma también impone a los ayuntamientos la obligación de presentar en un plazo de tres meses al Ministerio de Agricultura la relación de sus núcleos urbanos, aunque ya estén ordenados por el planteamiento en vigor. La administración deberá pronunciarse sobre la extensión que debe tener la zona de servidumbre de protección en cada uno de estos núcleos del litoral. Si el informe es desfavorable, dejaría de ser suelo urbano y la zona de servidumbre de protección pasaría de 20 a 100 metros. Por esto, el ejecutivo considera que debido a su retroactividad la norma es inconstitucional y que además provoca inseguridad jurídica para aquellos vecinos que dispongan de una vivienda o terreno en estas zonas
http://www.laopinion.es/canarias/2013/07/24/gobierno-autonomo-solicita-consultivo-dictamen/488984.html

22 barrios costeros reclaman a Madrid que mantenga su condición de urbanos

Ocho municipios de Gran Canaria y Lanzarote remiten la documentación para evitar que queden fuera de ordenamiento
Ocho ayuntamientos de Gran Canaria y Lanzarote ya han presentado la documentación requerida por el Ministerio de Medio Ambiente para consolidar a 22 barrios costeros como núcleos urbanos y evitar que pierdan esta catalogación. El Gobierno de Canarias se está encargando de recabar los informes de los municipios con litoral, que ha de enviar a Madrid antes del 31 de agosto. En ambas islas, los ayuntamientos han remitido una extensa documentación para justificar que esos núcleos son urbanos, y el Ejecutivo canario la reenviará tal cual al Ministerio de Medio Ambiente ante el escaso tiempo que les ha dado Madrid pra unificarla: sólo tres meses.

El Ejecutivo está recogiendo la información también de los municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero el volumen de trabajo está impidendo que puedan determinar a qué preceptos se acogen los ayuntamientos para mantener su 'estatus' como suelo urbano después de 1988.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, recordó que el planeamiento de estos emplazamientos fue aprobado por las administraciones canarias en el 99% de los casos con informes positivos de Costas y del Ministerio, por lo que criticó que Madrid reclame otra vez esta documentación invadiendo competencias locales y autonómicas. "La nueva Ley de Costas es técnicamente un desastre", subrayó, lo que ha provocado que tres comunidades de las cinco que lo anunciaron ya hayan aprobado presentar recursos de inconstitucionalidad. En concreto, Canarias, País Vasco y Andalucía han acordado ir al Tribunal Constitucional.

Siete son los ayuntamientos de Gran Canaria que han presentado su documentación al Ejecutivo para mantener el ordenamiento como urbano de once núcleos costeros. Ingenio ha remitido los informes sobre El Burrero; Agüimes (Playa de Arinaga y Muelle Viejo); San Bartolomé de Tirajana (Salinas del Matorral ); La Aldea de San Nicolás (Playa de La Aldea); Agaete (Puerto de las Nieves), Guía ( San Felipe y Caleta) y Arucas (San Andrés, El Puertillo, Quintanilla y Chacón-Las Coloradas).

En Lanzarote sólo Teguise ha remitido informes, si bien de 11 emplazamientos del litoral, entre ellos dos del Archipiélaho Chinijo (Pedro Barba y Caleta de Sebo). Los nueve restantes son El Perejil son Caleta de Famara, Island Home, El Francés, Costa Teguise, Charco del Palo, Los Cocoteros, Las Caletas y Caleta Caballo.

La ley afecta en total a 80 emplazamientos, con unas 1.800 viviendas de las cuales en torno a 500 están en dominio público.

Domingo Berriel criticó que el Ministerio de Medio Ambiente haya excluido en esta legislación a 12 núcleos costeros situados en dominio público en toda España "y todos son de alto estanding. Han salvado a sus amigos". Con respecto a la zona de servidumbre, la nueva legislación ha empeorado la situación de núcleos urbanos cuya planificación está aprobada, ya que abre la puerta a que se queden fuera de ordenamiento, que no puedan regularizar sus fachadas o construir en solares que han adquirido dentro de las normas para este tipo de suelos costeros
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/07/24/22-barrios-costeros-reclaman-madrid/546907.html

lunes, 22 de julio de 2013

Reactivar Canarias a toda costa

La nueva ley de Costas concibe el litoral como un espacio productivo y establece usos y ocupaciones más permisivas
"La seguridad jurídica es el pilar que sustenta esta reforma". Con esta declaración de principios, la exposición de motivos de la nueva Ley de Costas trata de acabar con la "litigiosidad crónica" que provocó la aplicación de la legislación de 1988, una norma que supuso un significativo cambio de concepción de las zonas marítimo-terrestres españolas y que fue objeto de un buen número de recursos. Sin embargo, el 97% se resolvieron a favor de esta ley que trataba de controlar tardíamente la ocupación masiva de las costas por el impacto del ´boom´ urbanístico y turístico de los 60.
Veinticinco años después, España vuelve a dar un giro a la ordenación de sus áreas costeras, con la Ley 2/2013 de Protección y Uso Sostenible del Litoral, aprobada solo con los votos del PP y que nace igualmente con una significativa contestación jurídica: cinco comunidades autónomas -entre ellas Canarias-, así como el PSOE, han anunciado la presentación de recursos de inconstitucionalidad. Y se han presentado, además, numerosas quejas ante la Unión Europea, cuya Comisión de Peticiones ha anunciado que emitirá un informe el próximo mes de septiembre. YA PRESENTADO EL BORRADOR, MUY CRITICO CON LA LEY DE COSTAS DE 1988 Y CON SU REFORMA .
Pero en el espíritu de la nueva ley no sólo está la búsqueda de la mencionada seguridad jurídica. También reconoce, en su preámbulo, que "el litoral español, que se caracteriza por ser una de las zonas más densamente pobladas, es un recurso estratégico de crucial importancia para el país".

Añade que "el reto" está en mantener "el equilibrio de la relación recíproca entre la actividad económica y la calidad ambiental", equilibrio que los actuales legisladores entienden que se desniveló por un exceso de protección medioambientalista con la Ley de 1988, por lo que sostiene que "aquella concepción debe ser corregida".
Los numerosos afectados por la legislación de los ochenta, que amplió la zona de dominio público marítimo-terrestre, transformando propiedades privadas en concesiones de ocupación o cuestionando la continuidad de determinados núcleos costeros, llevan décadas organizados en diversas asociaciones o han litigiado individualmente por recuperar sus derechos. A la presión que vienen ejerciendo desde hace años para lograr una modificación de aquella normativa, que los despojó o amenaza sus propiedades, se ha sumado ahora el peso de la propia crisis y la necesidad de reactivar la economía a toda costa.

Impacto sobre las dunas

En Canarias, la entrada en vigor de la nueva ley de costas ha sido sobre todo cuestionada por dejar a unos sesenta núcleos costeros fuera de la excepcionalidad, que sí permite salvar de la piqueta a una docena de estos núcleos de la Península. La Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas (Pcalc) eleva a 150.000 el número de personas afectadas en el Archipiélago y promueve la creación de una comisión mixta para tratar de regularizar su situación al amparo de la nueva ley: sus respectivos ayuntamientos tienen hasta el 31 de agosto, para presentar un informe que recoja el cumplimiento de determinados requisitos exigidos para iniciar su legalización.
Pero la ley puede tener en Canarias otros significativos impactos durante su aplicación. Entre ellos, sobre las 1.877 hectáreas de dunas que existen en las Islas, y que sufren ya un nivel de deterioro significativo: sólo el 33% se conserva en buen estado. Así, la Ley de Costas introduce un significativo cambio en el articulo 1.1.b), al señalar que "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa". El precepto significa que "la protección de las dunas se vincula a una concepción utilitarista de las mismas, es decir en la medida en que garantizan la estabilidad de las playas, y no por su valor como un ecosistema que es preciso conservar en su totalidad", según explica el director general de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias.
José Fernández advierte que este es "uno de los tres mecanismos de reducción del dominio público marítimo-terrestre, protegido en la propia Constitución, que contempla la ley". El efecto de esta reducción del ámbito de protección puede significar que áreas que ahora se encuentran bajo titularidad estatal, como bienes públicos, pueden revertir a manos privados. De tal forma que parte de las Dunas de Maspalomas o de Corralejo podrían quedar afectada por este proceso una vez se realice el nuevo deslinde que anuncia la norma. Y LO DICE  UNO QUE FUE DIRECTOR GENERAL DE COSTAS, Y QUE PERMITIO DESAGUISADOS COMO EL ALGARROBICO, Y ALGUNO QUE OTRO MAS.Ambos espacios dunares han vivido azarosos procesos de recuperación y conservación que aún no han culminado. En el caso de Maspalomas, se ha reabierto con las peticiones de incorporación del palmeral al régimen de protección que se aplica a las dunas, que fueron propiedad de la familia del Conde de la Vega Grande.
Las dunas del norte de Fuerteventura han sido, por su parte, protagonistas de un largo proceso de negociación con los propietarios de los hoteles instalados en ella desde la aprobación de la Ley de 1988 y, sobre todo, desde que se realizara un nuevo deslinde en los años 90. Se llegó a iniciar un expediente de rescate del Hotel Oliva Beach, por su impacto en la evolución natural de las dunas, que finalmente se cerró en 2007 con acuerdo con la cadena RIU por el cual la concesión para este hotel se extinguía el próximo año 2017, mientras que para el Hotel Tres Islas la concesión concluiría en 2037. Sin embargo, la nueva Ley de Costas no sólo amplía el plazo de concesión de 30 a 75 años, sino que además convierte el dominio público marítimo en un objeto de tráfico comercial al permitir su transmisión. Además de reducir los espacios de dominio público, la actual legislación reduce las limitaciones a la propiedad en las zonas colindantes, reduciendo la anchura de la servidumbre de 100 a 20 metros, y permitiendo además más usos a los que admitían hasta ahora.
El 60% de los humedales del país desaparecieron a consecuencia de la concepción economicista y privatizadora que tuvo la Ley Cambó, aprobada en 1918 y que premiaba a quienes desecaban las marismas y riberas concediéndoles derechos privados sobre las mismas. Y la Ley de Costas de 1969 promovió también la ocupación del litoral en pleno periodo de expansión económica. El resultado ha sido que el 40% de la costa está urbanizada, el 16% a consecuencias de intervenciones artificiales.
Tampoco la legislación más conservacionista que ha tenido España, la de 1988, impidió que en estos veinticinco años se hayan producido intervenciones dañinas en el litoral. En primer lugar porque se aprobó cuando el desarrollo turístico y urbanístico está ya muy avanzado y con un amplio horizonte de aplicación transitoria, precisamente por los notables cambios que introducía. Pero también porque, al igual que ocurrió cuando comenzó a elaborarse la denominada moratoria, muchos ayuntamientos aceleraron la aprobación de sus planes parciales antes del 1 de enero de 1988 para quedar fuera de su régimen.

Autismo administrativo
El exdirector general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente entre 2004 y 2008, José Fernández, explica que "se aprovechó hasta el último resquicio para soslayar la ley,
pero a partir de 1988 no se produjo ya ninguna nueva ocupación en dominio público". Aquel récord de aprobación masiva de planes parciales tuvo un capítulo singular en Canarias, ya que pese a ser aprobado un buen número de planes parciales el 4 de enero, es decir fuera del plazo legal, logró quedar fuera de la normativa alegando que habían sido aprobados en comisión antes de esa fecha. Para Fernández Pérez, a la ordenación del litoral español le ha faltado una gestión integral, a través de un pacto nacional que permita conciliar los diferentes intereses contrapuestos y que ponga fin a lo que denomina "la cultura autista de las administraciones", en referencia a la tolerancia mostrada por las instituciones frente a las infracciones de la Ley de Costas.
http://www.laopinion.es/economia/2013/07/22/reactivar-canarias-costa/488538.html

domingo, 21 de julio de 2013

Costas pone trabas al parque infantil de la playa de Las Teresitas

El nuevo parque infantil que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiere instalar en la playa de Las Teresitas sigue en el aire debido a las trabas que está poniendo la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. El concejal de Obras y Servicios Públicos de la Corporación local, Dámaso Arteaga, informó de que Costas considera que dicha instalación es “un servicio de temporada, cuando nosotros entendemos que es un equipamiento público como pueden ser las papeleras o los baños, y no temporal como, por ejemplo, un servicio de sombrillas o motos acuáticas”.

El edil señaló que, además, Costas valora que uno de los tres juegos que componen el parque debe de ir fuera de playa “y eso no lo vamos a hacer porque no tiene sentido”, enfatizó. “Y los otros dos -continuó explicando- sí pueden ir en playa pero Costas interpreta que tienen que ser vía solicitud de temporada”.
Esto significa que el parque infantil solo podría estar instalado unos meses del año, con la complejidad y los costes que esto conllevaría ya que se trata de una estructura con anclajes a la tierra. “Seguiremos discutiendo con ellos y, mientras, el parque sigue sin ponerse”, lamentó Arteaga. Este conflicto con el organismo público estatal es un ejemplo de la tensa relación que hay entre ambas administraciones, ya que después de muchos meses, la Dirección General dio permiso para la sustitución del parque y ahora exige más requisitos.
SAN ANDRÉS Y VALLESECO
Otros puntos del litoral de Santa Cruz también están a la espera de una decisión de Costas. En la misma playa de Las Teresitas el principal problema, y que se remonta ya a hace años, gira torno al deslinde. Costas aún no ha contestado si acepta la decisión de los tribunales sobre el deslinde de la playa, que pone el límite del dominio público marítimo terrestre en el muro de la playa y que permitiría al Ayuntamiento actuar sobre los aparcamientos sin tener que pedir permiso. Un asunto sin aclarar que paraliza y complica cualquier actuación que se quiera acometer en la zona, como la realización de un paseo marítimo.
El Ayuntamiento está, asimismo, a la espera de que, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente y la propia Dirección General de Costas, se pronuncie sobre la petición que ha hecho Santa Cruz para que se declare de emergencia las obras del dique semisumergido del núcleo de San Andrés, lo que permitiría iniciar las obras en breve plazo. Esta infraestructura tiene como fin evitar las inundaciones que de forma periódica afectan a este pueblo costero y dispone ya, además, del presupuesto necesario para iniciar el proyecto. Igualmente, Valleseco también sigue esperando por que Costas envíe una orden concreta a la Autoridad Portuaria para desafectar los terrenos de la playa y empezar así con la obras del proyecto de desarrollo de dicha costa, tal y como se ha pedido desde el Consistorio capitalino.
LA NUEVA LEY
Y, por supuesto, no hay que olvidar la nueva Ley de Costas. Los núcleos costeros de Anaga llevan luchando muchos años para demostrar su legalidad. Ante la nueva ley, Almáciga, Roque de las Bodegas, Tachero e Igueste de San Andrés confían en que el Ayuntamiento cumpla la palabra dada y emita las certificaciones de que tienen luz, agua y acceso rodado, como exige la norma, aunque, mientras tanto, los que tienen sentencias favorables ya han iniciado los trámites
http://www.diariodeavisos.com/2013/07/costas-pone-trabas-al-parque-infantil-playa-teresitas/

martes, 16 de julio de 2013

El ayuntamiento de Gáldar busca fórmulas para legalizar las 200 viviendas afectadas por la Ley de Costas

El ayuntamiento de Gáldar celebró este lunes una reunión con los vecinos de los núcleos costeros del municipio, en la que el alcalde, Teodoro Sosa explicó las distintas fórmulas que el Consistorio está barajando para conseguir la legalización de las viviendas afectadas por la Ley de Costas, unas 200 edificaciones en total.
Según explicó Teodoro Sosa, con la nueva Ley de Costas en la mano, el ayuntamiento dispone hasta el próximo 31 de agosto, para presentar su propuesta y solicitar al Ministerio un informe que avale la legalización.

En concreto, el ayuntamiento planteará que los núcleos costeros de Sardina, El Agujero y Caleta de Arriba, aparecen como suelos urbanos desde el año  85, a través de las normas subsidiarias, mientras que los núcleos de La Punta, Los Dos Roque y La Furnia, se contemplaron como suelos urbanos en el año 97, y el Barranquillo del Vino obtuvo esa calificación a través del Plan General de 2006.
Según Teodoro Sosa, aunque la Ley de Costas no es muy clara, se abre un resquicio a la legalización de las viviendas si se consigue demostrar que esos núcleos tienen la consideración de suelos urbanos, informando que el ayuntamiento ha estado años trabajando en este tema por lo que ya tienen los deberes hechos.
Además, el regidor galdense indicó, que para los barrios de El Agujero y Los Dos Roque, se va a proponer al Ministerio que modifique los actuales mojones, pasándolos por delante de las respectivas avenidas.
Teodoro Sosa manifestó que esperan lograr que las viviendas afectadas por la Ley de Costas en el municipio, queden en la línea de 20 metros y no de cien metros, ya que si es esta última tendrían un grave problema de suelo y además no se conseguiría legalizar las viviendas.
El alcalde de Gáldar recordó que la actual Ley de Costas ha permitido cambiar los mojones en distintos núcleos costeros de la península, por lo que espera que se tenga en cuenta las particularidades y singularidades de la costa canaria, y se acepte la propuesta del Consistorio galdense.
Para el alcalde de Gáldar lo idóneo sería que el Gobierno Canario y el Cabildo liderarán esta iniciativa, ya que son varios los municipios que se encuentran en la misma situación que Gáldar

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/1-actualidad/23847-el-ayuntamiento-de-galdar-busca-formulas-para-legalizar-las-200-viviendas-afectadas-por-la-ley-de-costas

lunes, 15 de julio de 2013

La Audiencia Nacional anula el deslinde de 34 kilómetros de costa en Doñana

Da la razón a un propietario del parque y considera que la tramitación administrativa no ha cumplido los plazos establecidos El Gobierno tardó tres años en aprobar el expediente
Audiencia Nacional ha anulado la orden ministerial 23 de agosto de 2010 por la que se aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 34.730 metros de longitud en el Espacio Natural de Doñana, por advertir caducidad en el procedimiento.

Ese deslinde, que afecta a unas 9.200 hectáreas, comprende el brazo arenoso existente entre la zona urbana de Matalascañas y la desembocadura del Guadalquivir, en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). La delimitación de ese espacio como dominio público marítimo-terrestre provocó un enfrentamiento entre el Gobierno central que efectuaba la separación, y la Junta de Andalucía, que entendía que se estaban invadiendo sus competencias como titular de la gestión del Espacio Natural. Con las dos administraciones gobernadas por el PSOE, el acuerdo era obligado y llegaba de la mano de la transferencia de determinadas competencias sobre la gestión del litoral.

Así se evitaba un contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Andalucía, pero un propietario interponía su propio recurso, que ahora se ha resuelto. En una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional estima el recurso del propietario de una finca enclavada dentro del coto del Palacio de Doñana, afectada por esta orden, en el que, entre otros motivos, alegaba caducidad del procedimiento por haber pasado más de dos años desde su inicio el 27 de septiembre de 2007 hasta su conclusión en 2010, a pesar de haberse aprobado un plazo de ampliación de 12 meses por resolución de 2 de septiembre de 2009.
La Audiencia Nacional, analizados los hechos, estima esta excepción de caducidad opuesta por el recurrente en su demanda, al no haberse cumplido, en la ampliación del plazo acordado "los requisitos y exigencias previstos por ley".
En este sentido, explica que no consta en la resolución ampliatoria "que se hayan tratado de habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo del expediente de deslinde, ni tampoco que, con carácter, se hayan agotado los medios a disposición posibles". Además, tampoco ha habido ni "propuesta razonada del órgano instructor" ni, en su caso, propuesta del superior del órgano competente para resolver, requisito de procedibilidad exigido por la norma y también incumplido en el caso".

Según la sentencia, el incumplimiento del plazo máximo para resolver solo puede derivarse del número de solicitudes formuladas o del número de personas afectadas por el procedimiento, y en la resolución de ampliación evidencia que "la misma no se justifica por tal número de personas afectas" sino que se sustenta, "en la escasez de medios y el gran número de expedientes que se tramitan simultáneamente por el servicio competente".

En definitiva, al ser improcedente la ampliación del plazo de doce meses acordado en el expediente de deslinde, procede declarar la caducidad del mismo, pues incoado el procedimiento de deslinde mediante providencia de fecha 27 de septiembre de 2007 había incurrido en caducidad cuando se dictó la orden de deslinde en fecha 23 de diciembre de 2010, lo que conduce a su anulación.

http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1564816/la/audiencia/nacional/anula/deslinde/kilometros/costa/donana.html

domingo, 14 de julio de 2013

La Ley de Costas “nos discrimina”

La comunidad de propietarios de la parcela PUC1 de El Portil (Punta Umbría), ha denunciado sentirse “agraviada” tras la aprobación de la actual Ley de Costas, con la que el Gobierno ha sustituido definitivamente la famosa y polémica Ley de Costas de 1988, por “indultar” no sólo en Huelva, sino en todo el litoral español, miles de edificaciones construidas en primera línea de playa, “en muchos casos mucho más cerca que las nuestras”, dejando fuera las nuestras.
Así lo ha puesto de manifiesto a VIVA LA COSTA José Luis Velasco, secretario de dicha comunidad de propietarios de El Portil, que ha añadido que en total están afectados por la Nueva ley de Costas en esta zona unos 300 propietarios, sumando los 108 de esta comunidad, los 120 de la Urbanización Puerta Mar, también en Punta Umbría, y los 70 de La Barra, en Cartaya.

También exigen que el Ministerio de Medio Ambiente les dé “inmediatamente” una respuesta, ya que “antes de entrar en vigor la nueva Ley mantuvimos un encuentro con el Director General de Costas, quien nos dijo que esperásemos a su aprobación”. Según lamenta, la Ley se ha aprobado y “no hemos tenido ninguna respuesta sobre cómo queda nuestra situación”.
Según ha apuntado, “creemos que sufrimos un agravio comparativo” frente a otras situaciones similares en nuestro litoral, como La Antilla, Punta Umbría o El Rompido, y con otras muchas en el litoral español, “donde hay construcciones indultadas a menor distancia de la línea de costa (en algunos casos hasta a menos de 20 metros) que en El Portil, donde la zona afectada oscila entre esa distancia y los 600 metros”. Según asegura, en esta zona del litoral onubense “el deslinde de 1994 al amparo de la Ley del 88 se separa de la costa y se mete tierra adentro”.
Todo ello con el “agravante” de que “estamos en una ría, la del Piedras, mientras que en otras rías como la del Carreras (Isla cristina) o la de Punta Umbría, se ha indultado a las edificaciones ubicadas en sus márgenes”.

Larga historia

La historia de estos 300 propietarios viene de lejos y como explica Velasco, según reflejó el Boletín Oficial del Estado del 1/6/66, con esa fecha fue aprobada la planificación turística de la zona de El Portil, lo cual se refrendó dos años más tarde con su declaración como Centro de Interés Turístico Nacional (BOE del 22/01/68).
Una vez los ayuntamientos de Cartaya y Punta Umbría contaron con estas aprobaciones, iniciaron su Plan de Ordenación Urbana de El Portil de forma conjunta, aprobado el 18 de febrero de 1969.
“A partir de ahí -relata- se construye la urbanización con todos los requisitos legales aprobados, cumpliendo los estrictos controles establecidos en el plan, y abonando los propietarios todos los impuestos exigidos”.
No obstante, señala, en 1994 se aprobó un deslinde al amparo de la polémica Ley del 88, “que dejó en el dominio público marítimo terrestre las viviendas de los afectados”, que perdieron unos años más tarde sus derechos como propietarios de  las parcelas, para pasar a ser concesionarios. Fueron los propietarios los que pudieron comprobar cómo en 2007, los que habían adquirido “de forma legal” una parcela y habían edificado en ella, “hasta ese año constaban en el Registro de la Propiedad como propietarios, y a partir de ese año pasó a ser según el mismo Registro titularidad del Estado”.
“Las parcelas dejaron de ser nuestras para estar concesionadas por el Estado, por lo que en ellas no se nos permiten ahora tocar un ladrillo por haber quedado tras el deslinde dentro del dominio público marítimo terrestre”.
“Es incongruente -se queja- que el mismo Estado que nos vendió unos terrenos dentro del marco de una declaración de Interés Turístico Nacional, venga ahora a decirnos que esto no es nuestro”.
Además, en las actuales circunstancias, los terrenos tampoco pueden venderse y “con la Ley en la mano sólo se podría vender las concesiones, que es lo que nos ha quedado. Pero nadie está interesado en adquirir concesiones, que además tienen una fecha de caducidad de 30 años que finaliza en 2024”. Y pese a que ésta puede ampliarse por otros 30 años, “eso hay que solicitarlo y puede que te la renueven, o no, y hasta incluso puede que te la expropien por alguna causa que ellos consideren oportuna”.
Piden que se aplique la Ley estudiando “caso por caso”
Esta situación ha sido denunciada en numerosas ocasiones por la comunidad de propietarios de la parcela PUC1 de Punta Umbría  en distintas instancias a lo largo de los últimos años,  llegando incluso en 2010 hasta el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que incluso emitió in informe en el que decía que apreciaba “disfunciones” en la Ley de Costas de 1988.
“Los deslindes -dice literalmente dicho informe- son una constante en las reclamaciones de los ciudadanos, y los criterios necesarios para hacer dichos deslindes, deberían aplicarse con igualdad en toda la costa española”.
Igualmente argumenta que “La Ley de Costas de 1988 no respeta las situaciones de propiedad privada  anteriores a ella, y creemos que no debieran pasarse por alto las situaciones de propiedad u ocupación preexistentes durante a los y años”.
Por otra parte asegura que “la ausencia de claridad de las instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988, ha tenido como consecuencia que las líneas de deslindes sean trazadas, por ejemplo, en zigzag”, motivo por el que se queja esta comunidad de propietarios, cuya línea de deslinde se introduce tierra adentro al menos en unos 600 metros en algunos tramos.
El informe también pone en duda la anulación, gracias a la Ley del 88, del registro de propiedad de los inmuebles incluidos tras la misma en zona de dominio público marítimo terrestre.
Judicialmente, estos propietarios también iniciaron un pleito en 1994, cuando se produjo el deslinde, que perdieron. También han pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz.
Finalmente, Velasco asegura que su único objetivo es que la nueva Ley del Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete, “se aplique estudiando razonadamente caso por caso porque nos sentimos discriminados frente a otras zonas del litoral español”.

http://andaluciainformacion.es/andalucia/324882/la-ley-de-costas-nos-discrimina/


sábado, 13 de julio de 2013

Una sentencia obliga al Estado a arreglar la carretera de Las Gaviotas

Los ciudadanos se quejan del mal estado de la vía pero el Ayuntamiento indica que la competencia es del Gobierno central tras ser condenado por el accidente de 1994
Tras poner fin al peligro por desprendimientos en Las Gaviotas, aunque de momento solo se puede utilizar el 70% de la playa, ahora los ciudadanos exigen al Ayuntamiento de Santa Cruz que acondicione y mejore la carretera de acceso a la misma. Sin embargo, y según una sentencia de la Audiencia Nacional, el mantenimiento de esta vía no es competencia del Consistorio chicharrero, sino del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno central, y en concreto, de la Dirección General de Costas. Dicha sentencia se produjo a raíz de la denuncia presentada por dos de los cinco ocupantes del vehículo que el 5 de julio de 1994 se precipitó por el barranco cuando se dirigía a esta playa. La Audiencia Nacional establece que la conservación de la vía de acceso a Las Gaviotas es responsabilidad del Estado y por eso lo condenó a indemnizar a estos dos ciudadanos, ya que el accidente se produjo por el deficiente estado en el que se encuentra la carretera.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, atendiendo a las quejas de los ciudadanos, ha solicitado a Costas que acondicione la vía, en la que también existe peligro por caídas de piedras, o que por lo menos la limpie. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente ha manifestado a la Corporación local que las competencias no están claras. Para el Consistorio chicharrero, la sentencia de la Audiencia Nacional ha despejado cualquier duda sobre este asunto, pues en ella se establece que el responsable de la conservación de la carretera de Las Gaviotas es el Estado. Aquellos que suelen disfrutar de esta playa de la capital esperan que no tenga que producirse otra tragedia para que se actúe, "sea la administración que sea".
El accidente del que se deriva esta sentencia se produjo a las 14:05 horas del 5 de julio de 1994. En el coche se encontraban cinco personas. Una de ellas, Cristina, perdió la vida, y los demás resultaron heridos. José Pablo, dueño del vehículo, y Agustín, otro pasajero, decidieron reclamar una indemnización ante la administración por lo ocurrido, ya que estos alegaron que el coche se precipitó por el barranco, con una caída de unos 150 metros, debido a la ausencia de señalización indicativa de peligro y al deficiente estado de conservación de la vía de acceso a Las Gaviotas, lo que determinó que la rueda delantera derecha del vehículo quedara atrapada en un bache existente en el firme.
Tras aceptarse la demanda de estos dos ciudadanos, se acordó emplazar al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Cruz para que aportasen información relativa a la titularidad de la carretera de acceso a la playa de Las Gaviotas y sobre la intervención que hubiesen podido tener en la construcción, reparación y mantenimiento de la vía. Previamente, el Ministerio de Medio Ambiente había declarado "inadmisible" la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado presentada por José Pablo y Agustín, alegando "incompetencia" del citado Ministerio al no ser el titular de la carretera.
Una vez que se comprobó que el accidente efectivamente se había producido por el mal estado de la vía, pues la propia Policía Local indicó en un informe que "no tiene arcén, el pavimento asfáltico está muy deteriorado, la valla al borde de la calzada se encuentra en malas condiciones y su anclaje está muy oxidado y sujeto a tierra", se tenía que averiguar a cuál de las administraciones correspondía el mantenimiento de la vía.
El Ayuntamiento de Santa Cruz dejó claro en un decreto firmado por el alcalde en 1996 que la carretera no era de propiedad municipal. El Consistorio, el Cabildo y el Gobierno canario demostraron que la vía no figuraba en sus respectivos inventarios de bienes y redes de carreteras. Por lo tanto, "y a falta de su entrega o adscripción formal a otra administración territorial", la Audiencia Nacional establece que incumbe al Estado su mantenimiento y conservación en virtud de lo dispuesto en la Ley de Costas con respecto al acceso público al mar. Además, hay constancia de que Costas sí realizó actuaciones por ejemplo en el acceso a la playa de Igueste de San Andrés.
"Una vez establecido que el accidente se produjo por el mal estado de la vía y que correspondía al Ministerio su mantenimiento", la Justicia obliga al Estado a indemnizar con 88.846 euros a Agustín y con 12.052 euros a Jose Pablo
http://www.laopinion.es/tenerife/2013/07/12/sentencia-obliga-arreglar-carretera-gaviotas/486973.html

viernes, 12 de julio de 2013

Los ayuntamientos inician la defensa de sus barrios costeros ante Madrid

El Gobierno canario remitirá al Ministerio los informes municipales. El Ejecutivo pone marcha el recurso contra la nueva Ley de Costas
. Los ayuntamientos canarios afectados por la nueva Ley de Costas han iniciado los trámites demandados por el Ministerio de Medio Ambiente para consolidar sus barrios costeros como núcleos urbanos. El Gobierno de Canarias reunió ayer a los técnicos en materia de ordenación del territorio de los municipios para unificar los criterios en la documentación que han de presentar a Madrid antes del 31 de agosto y solucionar eventuales dudas sobre este proceso.

Dicha reunión técnica de los municipios de la provincia de Las Palmas, presidida por el viceconsejero de Política Territorial, Mario Pérez, se repite hoy con los ayuntamientos de la provincia de Tenerife. Como conclusión del encuentro, será el Gobierno canario quien se encargue de remitir al Ministerio la documentación que le aporten los ayuntamientos la próxima semana, a más tardar, para el reconocimiento de los núcleos costeros, construidos después de 1988, como urbanos. El Ejecutivo regional recuerda que el planeamiento de estos emplazamientos fue aprobado por las administraciones canarias en el 99% de los casos con informes positivos de Costas y del propio Ministerio, por lo que no entiende que Madrid pida de nuevo esta documentación en un plazo de tres meses y, encima, el Gobierno central tenga 18 meses para responder. La nueva Ley de Costas afecta a 80 emplazamientos, con unas 1.800 viviendas de las cuales en torno a 500 están en dominio público, indicó Mario Pérez. Al respecto, criticó que el Ministerio de Medio Ambiente haya excluido en esta legislación a 12 núcleos costeros situados en dominio público en toda España, "sin criterio alguno para hacerlo y rompiendo el principio de igualdad con respecto a otras comunidades", como Canarias, a la que no se le ha salvado ningún emplazamiento costero sito en dominio público aunque sea pintoresco o tenga valores históricos. Por tanto, los barrios costeros en dominio público que no han sido excluidos de la nueva Ley con 'nombres y apellidos' mantienen la misma consideración que en la legislación de Costas de 1988 y son susceptibles de ser derribados. En cuanto a los emplazamientos urbanos en zonas de servidumbre, de cumplirse la nueva Ley "se causan mayores perjuicios a los ciudadanos porque empeora sus condiciones ", explicó el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, quien no dudó en calificar la actual reforma de la Ley de Costas de 1988 como "un disparate" e inconstitucional. De hecho, el Consejo de Gobierno aprobó ayer iniciar el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Costas solicitando, como paso previo, el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/07/12/ayuntamientos-inician-defensa-barrios-costeros/544189.html