Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

lunes, 12 de agosto de 2013

COSTAS REVUELTAS

Parece que la cosa esta revuelta. Tratándose de las Costas Canarias, sería mejor hablar de “revoltura” que es una palabra mejor aplicada en nuestro léxico.
    Es tal el descontrol informativo, la desidia política, el conformismo del falso nacionalismo, las falsas promesas, y las hipocresías desmesuradas, que no sabemos cómo va a quedar las costas canarias, después de todo este vaivén de declaraciones, amenazas, y denuncias contra esta nueva reforma de la desafortunada ley de Costas de 1988.
    Si  a esto le sumamos la participación de los ecologistas con su informe anual, y las criticas del Parlamento Europeo (ese sitio donde vamos a pedir dinero) pues como resultado tendremos una marejada de despropósitos y de medias verdades, que al final, en el caso de estas últimas, se convierten en grandes falsedades.
    Que las Costas Canarias, están muy construidas, es un hecho. Que nos sobran bloques, cierto. Pero que, quienes tenían que protegerla, mediante una norma estatal, en vigor desde 1988, han sido los verdaderos culpables del estado de las mismas, también es verdad, muchas veces, motivados por el interés económico, urbanístico, o turístico.

Como ejemplo de eso, citemos el caso los municipios del sur de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana o Mogán, con cientos de hectáreas de playas artificiales, destrozando el litoral natural, para hacer, playas de ensueño, explotadas mediante concesiones, por grupos hoteleros importantes, y autorizadas, en su mayoría, por un  canario, Don José Fernández, antiguo director general de Costas, actualmente, Director General de la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias. Raro, Raro, muy raro, es que aquel  que defendía el acceso a la costa, permitió grandes trozos del litoral, privatizados, por hosteleros, donde  colocar una toalla, en la arena, es casi imposible, entre la abundante marea de hamacas, tumbonas y sofás balineses, todo de pago y legal.
   Igualmente extraño, o anómalo, es que la histórica guerrera del medio ambiente, la aludid de las hordas del ministerio en las costas, Cristina Narbona, hable ahora, de que la nueva norma es un retroceso y que invita a la especulación urbanística y a un nuevo boom del ladrillo, cuando ella, la que vino a tranquilizar a los vecinos de Cho vito, diciendo que no se quedarían en la calle, la que defendió en las Cortes que el hotel Algarrobico no estaba en domino público, en un parque natural y a quince metros del mar, la que defendió  hoteles ilegales con sentencia firme de derribo en Lanzarote y Fuerteventura, la que regaló el dominio público (de todos) a Barcelona mientras confiscaba la propiedad privada a otros, la que defendía con uñas y garras el medio ambiente, es ahora consejera del consejo de seguridad nuclear….Cristi, quien te ha visto y quién te ve…Mejor, no hables, ni tú ni los históricos de tu partido, pues con una ley socialista, se han  cometido los mayores desmanes urbanísticos en la costa. Curioso es, que sigan en pie… se ve que la ley no va con ellos. Un consejo, mejor calladitos...
Si nos vamos a la nueva ley, pues vemos que no soluciona nada, y si viene a añadir más confusión, en una norma, ya de por sí, muy complicada.
   El PP, se ha metido en un mar con oleaje, y salir de él le va  a costar caro, Eso sí, algo bueno si han logrado; han puesto de acuerdo a ecologistas, afectados por la ley, grupos minoritarios, la oposición política, y hasta al parlamento europeo, en contra de la Ley de Protección y Uso Sostenible de las Costas; por romper, han roto hasta la igualdad entre ciudadanos reflejada en nuestra carta magna, incluyendo, además, varias definiciones, no contempladas en nuestra Constitución, del dominio público marítimo terrestre; tantas como les haga falta: una para Formentera, otra para las Salinas, etc.etc.. Parece, como si a la niña del Presidente, y a sus primos, primas, y demás allegados, les hubiera dado un golpe de calor, mientras se remojaban en cualquier playa del litoral español, redactando al mismo tiempo, esta reforma de la ley, que va camino de ser mucho peor que la anterior norma, cosa, ya de por sí, que me parecía imposible.
   Mientras, el Parlamento Europeo, ha escuchado a los cientos de miles de afectados por la Ley de Costas, y al Gobierno Español, en sus quejas, y explicaciones. El resultado de esta investigación, críticas a la anterior ley, y a la reforma de la misma. Para esta institución, son claramente insuficientes las mejoras, llegando a exponer en su  informe, que el medio ambiente costero español ha sido  motivo de especulación e irremediablemente destruido en extensos tramos, sobre todo a lo largo de la costa mediterránea y las islas, no por los individuos que poseían propiedades pequeñas, sino debido a la construcción especulativa que había tenido lugar durante los muchos años después de la original Ley de Costas de 1988, impulsado por la complacencia y, a veces las prácticas corruptas de las autoridades políticas.(Informe Wertmann sobre la Ley de Costas. Parlamento Europeo. Julio 2013) Lo curioso de este informe, es que aunque fue publicado en julio de este año, ningún medio nacional, ni local, lo han publicado, e incluso, las grandes organizaciones ecologistas, lo omitieron, claro, esta, no se puede estar a favor de la ley de costas de 1988, y denunciar que durante el tiempo en vigor de la misma, se ha destruido prácticamente el litoral. Eso, amigos ecologistas, no  cuela en Europa.
    A todo esto, el gobierno de Canarias, y los nacionalistas, están a media mar. Ni se mojan, ni se quieren mojar. Estancados, en el asunto de las competencias, sin dar, una respuesta clara al Gobierno central, en el asunto de los núcleos costeros traiciónales.
   Cientos de miles de canarios, con la amenaza del derribo, y nuestros políticos, se centran en la vulneración de competencias autonómicas. Ni siquiera tienen una constancia real, de los pueblos afectados, ni si tienen escrituras e hipotecas, si son su primera vivienda o no….simplemente, eso no les importa. Es cierto, que después del dramático derribo de Cho Vito, se han preocupado un poco más, pero siguen buscando más el discurso político tranquilizador, que la acción clara y determinante de defender nuestras costas.
   Y los afectados. Esos, muchos de los cuales, ni si quiera saben lo que se les viene encima. Ellos son los verdaderos perjudicados, los que sólo aparecen en las noticias de los derribos, las imágenes con sangraza, propias del periodismo fácil, más preocupados de vender la imagen de las lagrimas, que de investigar la realidad de lo ocurrido.
   Los afectados, son carnaza para abogados sin escrúpulos, para falsas asociaciones de afectados, totalmente politizadas, que cobran fortunas, y dan falsas esperanzas a aquellos, que están condenados, aún sin entrar en los juzgados.
   Está la costa canaria revuelta. Quizás ese sea el motivo, por el cual, muchos canarios, nos vamos de vacaciones a las costas de Croacia, de Italia, de Grecia, y vemos esos pueblos costeros con encanto, con las casas pegadas al mar, tan pintorescos, e incluso  nos preguntamos, si no podemos tener algo así en Canarias.   ¿Hipocresía?

jueves, 8 de agosto de 2013

El ladrillo se ha comido el 23% del litoral español desde 1987

Y todo ello, con una ley en vigor, la de costas, que parece, sólo se aplico, en pueblos como en Cho Vito, El Puig, causantes entre otros, de este desastre urbanístico.
Greenpeace denuncia que se han estado construyendo dos hectáreas diarias en la costa
Los ecologistas desgranan los datos por municipios, señalando a los 25 más destructores
Entre 1987 y 2005 el ladrillo se ha comido hasta un 23% de la costa a un ritmo de dos hectáreas diarias (equivalente a dos campos de fútbol) en la franja de los primeros 500 metros de litoral. Greenpeace ha presentado este jueves su informe Destrucción a toda costa, que elabora cada verano desde hace unos años para advertir sobre la progresiva urbanización a la que se ve sometida la costa española. Si en 1987 había 58.000 hectáreas construidas, en 2005 ya eran 72.000. La realidad podría ser incluso peor que la descrita en el informe si se incluyeran los últimos ocho años, según advierten los ecologistas en el estudio.


Los datos, extraídos del proyecto europeo Corine Land Cover, se basan en imágenes de satélite procesadas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el que se analiza el aumento de superficie construida en la costa comparando imágenes de 1987, 2000 y 2005. El estudio toma como referencia los primeros 500 metros de costa, ya que era el límite que regulaba la anterior Ley de Costas. A lo largo de esta franja, existen en España cerca de 500 municipios pertenecientes a 23 provincias distintas.
La Comunidad Valenciana es la que más porcentaje de su costa tiene construida: un 51%
Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana es la que más porcentaje de su costa tiene construida. Un 51% de los primeros 500 metros del litoral valenciano está urbanizado. La comunidad con menos ladrillo es Asturias, con solo un 9% de la superficie. Si se atiende exclusivamente a elementos geográficos, la costa mediterránea es la que está más ocupada (un 43%) mientras que la cantábrica es la que menos (un 16%). Las costas que más han aumentado su ocupación entre 1987 y 2005 han sido Baleares, con un aumento del 37%, y las Islas Canarias, con un 36%. Si atendemos al número de hectáreas, la costa más destruida es la andaluza, con 14.065, seguida de Canarias, con 10.931 hectáreas.
Una de las principales novedades del informe es que desgrana la información por municipios, señalando a los 25 más urbanizados (incluyendo un top 10) así como los que tienen menos ladrillo en sus costas. Entre los pueblos que tienen más de 1.000 hectáreas de superficie municipal en la franja de 500 metros, los que menos han construido en su litoral son Fuencaliente de La Palma (La Palma), Vallehermosos (La Gomera) y Villaviciosa (Asturias).
El estudio también advierte de las localidades que pueden tener riesgo de inundaciones como consecuencia del cambio climático y por el hecho de haber sido amnistiadas en la nueva Ley de Costas. El informe destaca Isla Cristina, Pedregalejo y Punta Umbría en Andalucia; Mazarron y Cabo de Palos en Murcia; Empuriabrava, Santamargarida y Marina Port d'Aro en Cataluña.
Como dato positivo, Greenpeace menciona el parón que ha sufrido la construcción en España desde 2008 por culpa del estallido de la burbuja inmobiliaria. No obstante, advierte de que la principal amenaza no es tanto la superficie urbanizada si no la declarada como urbanizable. De seguir el ritmo de construcción que ha habido entre 1987 y 2005, la costa española quedaría de aquí 124 años sin un solo metro libre de ladrillo.
Los 10 municipios más urbanizados (por orden alfabético)
· Calp (Alicante). Sus edificios de gran altura tienen un fuerte impacto en el paisaje. El 70% de su primera franja está ocupada, el porcentaje aumenta un 0,5% cada año.
·Calvià (Mallorca). Con 1.150 hectáreas ocupadas en los primeros 500 metros, es el tercer municipio del Estado en cuanto a superficie urbanizada en esa franja, el 63%.
· Chiclana de la frontera (Cádiz). Se calcula que posee unas 40.000 segundas residencias que vulneran la Ley de Costas. Entre 2003 y 2006 se enfrentó a 15 supuestas ilegalidades urbanísticas y la justicia anuló su plan urbanístico. La superficie construida en su litoral aumenta un 2% cada año.
· Cubelles (Barcelona). Su litoral es uno de los que está sometido a más presión de toda Cataluña. Tiene un grado de ocupación superior al 75%, aumentando 1,6% cada año.
·Oliva (Valencia). Casi la mitad de su franja de los primeros 500 metros está ya ocupada. Es el municipio que más ha aumentado su litoral urbanizado desde 1987. Ha sido indultado en la nueva Ley de Costas.
· Oropesa (Castellón). Posee uno de los porcentajes más elevados de incremento anual de superficie construida, casi un 2%. De seguir este ritmo, se calcula que en siete años el 92% de sus primeros 500 metros de costa estará urbanizado.
· Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza). Los accesos cerrados y hoteles en primera línea han hecho que se privatice de facto el acceso público a la costa. La nueva Ley de Costas da vía libre para que se privaticen sus salinas.
·San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). El 41% de su costa está ya urbanizada. Está considerado uno de los municipios turísticos más importantes de España por la extensa zona turística urbanizada de su costa.
·Vera (Almería). A pesar de ser una de las zonas de mayor riesgo de inundación, más de tres cuartas partes de sus 500 metros de litoral están ya urbanizados. La superficie construida aumenta un 2,7% cada año.
· Zierbena (Bizkaia). El 61% de su franja está urbanizada. La superficie construida llegó a crecer un 1,17% anual. Las marismas y zonas de importante valor natural han sido sustituidas por una refinería y actividades logísticas.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/08/08/actualidad/1375975898_891191.html

Canarias y Andalucía lideran la destrucción de costas


Sólo el 14% del litoral de la provincia de Santa CRuz de Tenerife y el 21% del de Las Palmas está libre de construcciones en la franja de 500 metros desde el mar.
Canarias es la segunda comunidad autónoma con menos costa natural en la primera línea, solamente por detrás de Andalucía, según el informe "Destrucción a toda costa 2013" que ha elaborado Greenpeace.
San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) "es el municipio canario que más costa ha destruido durante la burbuja inmobiliaria" y se incluye entre los diez peores de todo el país, ha informado en un comunicado la organización ecologista.
Greenpeace ha denunciado en su informe que los municipios de Arafo, Arrecife, Puerto de la Cruz, Tías y San Bartolomé de Lanzarote "han destruido más del setenta por ciento de la franja de los primeros 500 metros".
La organización ecologista ha resaltado que la barrera de los primeros 500 metros actúa como protección, sobre lo que ha detallado que, como consecuencia del cambio climático, el nivel medio del mar aumentará en Canarias 35 centímetros, lo que provocará un retroceso de las playas que podría alcanzar hasta los 70 metros.
Además, la organización ha denunciado que "la escasa protección real" de la costa canaria se refleja en unas "cifras contradictorias": el 46 % de los primeros 500 metros están protegidos y, sin embargo, existe una elevada urbanización.

Greenpeace ha identificado los 25 peores municipios del Estado a partir de distintas variables analizadas, entre los que se encuentran cuatro localidades canarias: Mogán, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana y Telde.
Según el documento, San Bartolomé de Tirajana es el "municipio turístico más importante de España debido a la extensísima zona turística urbanizada situada en su costa".
Canarias es, tras Andalucía, la segunda comunidad con menos costa natural en la franja de los 500 metros, con un 14 % de ocupación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y un 21,1 % en Las Palmas.
Alajeró (La Gomera), Agaete (Gran Canaria), La Guancha (Tenerife), Santa Úrsula (Tenerife) y Los Silos (Tenerife) son los cinco municipios canarios que más rápido han destruido su patrimonio natural durante los años de burbuja inmobiliaria, según señala el informe "Destrucción a toda costa 2013".
Los municipios más urbanizados, según el valor del porcentaje de superficie construida en los primeros 500 metros de costa, son Arafo (Tenerife) con el 100 % de la franja de los 500 metros urbanizados; Arrecife (Lanzarote) con el 73 %; Puerto de la Cruz (Tenerife) con el 71 %; Tías (Lanzarote) con el 71 % y San Bartolomé (Lanzarote) con el 70 %.
Greenpeace ha señalado que las islas Canarias poseen casi el 21 % de los 155 municipios que han construido menos en su primera línea de costa, sobre lo que ha resaltado que 32 municipios "apenas tienen un 3,2 % de ocupación en la franja de los primeros 500 metros de costa".
"Sin embargo, muchos municipios ven en la protección ambiental un escollo económico y promueven activamente la desclasificación de los espacios protegidos", ha agregado.
"A pesar del parón absoluto de la construcción a partir de 2008, la principal amenaza actual es la cantidad de suelo declarada como urbanizable aunque no urbanizada o los nuevos impulsos del sector turístico residencial", ha considerado Pilar Marcos, responsable de la campaña de costas.
La nueva Ley de Costas, ha agregado, "lejos de fortalecer la protección del litoral, permite nuevas formas de explotación", ya que la costa en la anterior ley se "contemplaba como un recurso natural finito" y en la nueva normativa es "una superficie de desarrollo económico".
http://www.canariasahora.es/articulo/medio-ambiente/canarias-y-andalucia-lideran-destruccion-costas/20130808164953411038.html

martes, 6 de agosto de 2013

Canarias, contra la Ley de Costas

La nueva Ley de Costas es inconstitucional para el Gobierno regional, que anunció la semana pasada que la recurrirá por aplicarse con carácter retroactivo, invadir sus competencias y por discriminatoria.
L a Ley de Costas es inconstitucional, sostiene el Gobierno de Canarias, que ya ha anunciado que tiene previsto presentar un recurso contra esta norma de alcance estatal al entender que invade el ámbito de sus competencias.
La norma, que establece el régimen legal del dominio público marítimo-terrestre, sustituye la aprobada en 1988.
Cabe recordar que el núcleo costero tinerfeño de Cho Vito hoy cumpliría con parámetros como el deslinde o la existencia de servicios que lo habrían salvado de la demolición a la que fue sometido que, en cambio, con la norma anterior no satisfacía.
Pero tanto la ley anterior como la vigente han sido polémicas y siempre han generado enfrentamientos entre el Estado y Canarias.
El Ejecutivo regional cree que la nueva norma es también discriminatoria al vulnerar el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley porque da un trato diferenciado a ciertos núcleos peninsulares del que priva a las Islas.
Además, la Administración autonómica afirma que la norma tiene carácter retroactivo, pues obliga a demostrar -de nuevo- que son urbanos terrenos que ya están clasificados como tales.
http://eldia.es/vidaycultura/2013-08-06/2-Canarias-Ley-Costas.htm

sábado, 3 de agosto de 2013

Santa Cruz ya ha certificado que los núcleos costeros son urbanos

Los núcleos costeros de Taganana, Almáciga, Roque de las Bodegas, Tachero e Igueste de San Andrés pueden respirar un poco más tranquilos, al menos de momento, una vez que el Ayuntamiento de Santa Cruz, y atendiendo a las indicaciones de la nueva Ley de Costas, ya ha certificado su carácter urbano, enviando dichas certificaciones tanto a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias como al propio Ministerio de Medio Ambiente en Madrid, tal y como habían pedido los vecinos.

Estos avales municipales, en los que se señala que estos núcleos cuentan con agua, luz y acceso rodado, debían ser presentados en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la remozada Ley de Costas. Norma que el Gobierno de Canarias ha confirmado que recurrirá ante el Constitucional por no tratar a todo el litoral español de la misma forma.
Esta es la misma queja que expresaba el primer teniente de alcalde de Santa Cruz, José Ángel Martín, que, a la par que confirmaba que “el Ayuntamiento ha hecho su tarea”, aseguraba que “es una injusticia reiterada de los distintos responsables de la Dirección General de Costas que no ven, ni quieren ver en Canarias, las singularidades que sí ven en otros litorales de España”. Ahora será el Ministerio de Medio Ambiente el que dé el paso para legalizar estos pueblos de la costa de Anaga. Una legalización para la que tiene dos años y que en caso de que en ese tiempo no dé respuesta alguna, se dará por buena la documentación enviada por silencio administrativo.
La consecuencia práctica de esta aprobación es que la zona de servidumbre del dominio marítimo terrestre, que actualmente es de 100 metros, se reduciría a 20, con lo que la mayoría de las edificaciones quedarían detrás de esta línea de los 20 metros.
Los vecinos, a la espera
Los habitantes de estos cinco núcleos costeros confirmaron ayer a DIARIO DE AVISOS que no tenían constancia de que el Ayuntamiento hubiera remitido ya la documentación y se mantenían a la espera de que sus respectivos abogados informaran de en qué punto está el expediente iniciado para legalizar sus viviendas.
En los casos de Roque de las Bodegas y Almáciga, se cuenta con una sentencia del Tribunal Supremo que avala su legalidad por lo que, junto a la certificación, se ha adjuntado la sentencia pidiendo su ejecución.
Tachero no consiguió este fallo positivo de la justicia y depende de las certificaciones municipales, mientras que Igueste de San Andrés tampoco ha conseguido el apoyo de los tribunales en su causa.
http://www.diariodeavisos.com/2013/08/santa-cruz-ya-ha-certificado-nucleos-costeros-son-urbanos/

jueves, 1 de agosto de 2013

El Gobierno recurre al Constitucional la Ley de Costas

El Ejecutivo entiende que existen al menos cuatro aspectos concretos que podrían ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna
El Consejo de Gobierno ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas.
El Gobierno entiende que existen al menos cuatro aspectos concretos que podrían ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna. En primer lugar, el apartado 38, del artículo primero de la norma supondría una clara vulneración de la autonomía local, ya que el texto dice que "la Administración General del Estado podrá suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección."
De este modo, el Ejecutivo regional cree que la capacidad para anular decisiones municipales corresponde sólo a los Tribunales de Justicia, por lo que se estaría otorgando a los delegados y delegadas del Gobierno un poder de decisión y control sobre la autonomía municipal, acto que vulneraría el actual reparto competencial.
Así, otro motivo la vulneración por parte de la Ley del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia, donde el texto legislativo establece hasta doce núcleos peninsulares que son catalogados como excepciones en la obligación que tiene el Estado para la protección del dominio público marítimo-terrestre.
En la misma línea, en su disposición adicional séptima, esta norma considera que "los terrenos en los que se asientan dichos núcleos, no son necesarios para la protección o utilización del dominio público", y que "se trata de áreas de viviendas históricamente consolidadas y altamente antropizados".
Por estos motivos, la Administración autonómica entiende hay numerosos núcleos en las Islas se encuentran en esas circunstancias, los cuales cuentan con un alto valor etnográfico que no han sido tenidas en cuenta en la Ley, por lo que se produce un trato discriminatorio e inconstitucional hacia las Islas.
Asimismo, esta norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 30 de mayo, establece en el apartado 12 que se desarrollará un reglamento con el régimen de ocupación y uso de las playas y que "podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística".
El Consejo ha considerado que supone un factor más para respaldar la presentación del recurso de inconstitucionalidad por invasión de las competencias autonómicas, al arrogarse facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre de protección, que corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas, mientras que el Estado sólo puede fijar unos máximos y mínimos para el uso de dichas zonas.
La disposición transitoria primera de la Ley impone a las autoridades con competencias en la clasificación del suelo, la obligación de remitir en tres meses un informe de todos los núcleos situados en zona de servidumbre de protección y que se pretenda clasificar como urbanos o se clasificasen como tales con posterioridad a la Ley de Costas de 1988.
Este hecho supone la retroactividad de la Ley, puesto que obliga volver a demostrar que son urbanos terrenos que ya están clasificados como tales y dejar esa categorización a expensas de lo que decida el Ministerio de Medio Ambiente ¿eso sí, en un plazo de 18 meses, 6 veces más largo que el otorgado para presentar los informes-.
Por último, el Ejecutivo ha considerado que este último punto no sólo es inconstitucional por su retroactividad, sino que además tendrá efectos nefastos, que podrían dar lugar a responsabilidad patrimonial por parte de las administraciones, si el Ministerio entiende que núcleos considerados urbanos y que, por tanto, tienen el deslinde establecido a veinte metros del dominio público, no lo son en realidad, por lo que habría que incrementar la zona de servidumbre hasta los cien metros que fija la Ley
http://www.laopinion.es/canarias/2013/08/01/gobierno-recurre-constitucional-ley-costas/490610.html

miércoles, 31 de julio de 2013

Canarias envía a Costas el listado de núcleos afectados por la reforma

50 ENCLAVES URBANOS POSTERIORES A 1988

El Ejecutivo mantiene el recurso contra una modificación normativa "manifiestamente inconstitucional" por su carácter retroactivo.
El vice consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Mario Pérez, ha firmado este jueves el envío al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del listado disponible en la Viceconsejería de aquellos núcleos costeros afectados por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y por la modificación de la Ley de Costas.
En una nota, la Viceconsejería de Política Territorial ha indicado que se remitirá un listado de en torno a 50 núcleos afectados por la Ley, pertenecientes a 21 municipios, y ha manifestado que la nueva normativa establecía un plazo de tres meses para que la Administración enviase los núcleos costeros catalogados como urbanos después de 1988. En esos espacios, la servidumbre de protección que les afecta ha pasado o debe pasar desde los 100 metros establecidos con carácter general a los 20 permitidos en las zonas urbanas.
Desde la Viceconsejería han agregado que, por esta razón, el Gobierno de Canarias organizó reuniones con los responsables municipales de ambas provincias para que le remitiesen los documentos sobre todos aquellos núcleos afectados por la norma antes de dos meses y, así, poder enviarlos al Ministerio.
Aunque, han dicho, existía la posibilidad de que el ayuntamiento que lo desease lo remitiera directamente al Estado, por lo que el listado que se envía al Ministerio se ha elaborado a partir de los expedientes recibidos desde los consistorios que escogieron presentar los documentos a través de la Comunidad Autónoma.
La Viceconsejería de Política Territorial ha tomado la decisión de remitir todos estos núcleos ante el "imperioso plazo", de solo tres meses, dado por la Ley para presentar el listado de los núcleos calificados como urbanos con posterioridad a 1988, para ser evaluados y sometidos a un nuevo informe por parte del Ministerio.
También han señalado que esta actuación es, a juicio del Gobierno de Canarias, "manifiestamente inconstitucional" por su carácter retroactivo, a lo que han agregado que, además, podría generar numerosos problemas en Canarias al poderse ampliar a 100 metros zonas de servidumbre en lugares que los planeamientos municipales consideran urbanos y en los que la servidumbre de costas no debería superar los 20 metros.
Por ello, Mario Pérez ha indicado que el Ejecutivo seguirá adelante con la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley, que ya fue autorizado por el Consejo de Gobierno el pasado 11 de julio.
Si bien el Gobierno de Canarias entiende que el apartado tercero de la disposición transitoria 1ª de la Ley sólo se refiere a los núcleos costeros clasificados como urbanos con posterioridad a 1988, y que los que se quieran clasificar a partir de ahora tienen dos años para completar el expediente, la indefinición del texto normativo ha llevado a que varios ayuntamientos hayan querido ser exhaustivos y solicitaran la remisión de todos sus núcleos costeros, independientemente de la situación en la que se encuentran.
En concreto, el Gobierno entiende que existen al menos cuatro aspectos concretos que podrían ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna.
"Clara vulneración" de la autonomía local
En primer lugar, el apartado 38, del artículo primero de la norma supondría una "clara vulneración" de la autonomía local, ya que el texto establece que "la Administración General del Estado podrá suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección".
El Gobierno entiende que la capacidad para anular decisiones municipales corresponde sólo a los tribunales de justicia, por lo que se otorga a los delegados y delegadas del Gobierno un poder de decisión y control sobre la autonomía municipal que vulneraría el actual reparto competencial.
De hecho, el consejero de Obras Públicas del Gobierno autonómico, Domingo Berriel, ha llegado a calificar esta parte del artículo como "la de la vuelta de los gobernadores civiles de la etapa predemocrática".
Otro motivo es que la Ley vulnera el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, por el trato diferenciado que hace de varios núcleos peninsulares sin la adecuada motivación. El texto legislativo establece hasta doce núcleos peninsulares que son catalogados como excepciones en la obligación que tiene el Estado para la protección del dominio público marítimo-terrestre.
En su disposición adicional séptima, la norma considera que "los terrenos en los que se asientan dichos núcleos no son necesarios para la protección o utilización del dominio público", y que "se trata de áreas de viviendas históricamente consolidadas y altamente antropizados".
El Gobierno de Canarias entiende que en esas circunstancias hay numerosos núcleos en las islas que, además, cuentan con un alto valor etnográfico y que no han sido tenidas en cuenta en la Ley, por lo que se produce un trato "discriminatorio e inconstitucional" hacia las islas.
La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 30 de mayo, establece en el apartado 12 de ese mismo artículo primero que se desarrollará un reglamento con el régimen de ocupación y uso de las playas y, más adelante, habla de que "podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística".
A este respecto, el Consejo considera que supone un factor más para respaldar la presentación del recurso de inconstitucionalidad por invasión de las competencias autonómicas, al arrogarse facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre de protección, que corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas, mientras que el Estado sólo puede fijar unos máximos y mínimos para el uso de dichas zonas.
Clasificación del suelo
Además, la disposición transitoria primera de la Ley impone a las autoridades con competencias en la clasificación del suelo la obligación de remitir en un plazo máximo de tres meses un informe en relación a todos los núcleos situados en zona de servidumbre de protección, y que se pretenda clasificar como urbanos o se clasificasen como tales con posterioridad a la Ley de Costas de 1988.
Este hecho supone, de facto, la retroactividad de la Ley, puesto que obliga volver a demostrar que son urbanos terrenos que ya están clasificados como tales y dejar esa categorización a expensas de lo que decida el Ministerio de Medio Ambiente -eso sí, en un plazo de 18 meses, 6 veces más largo que el otorgado para presentar los informes-.
El Gobierno considera que este último punto no sólo es inconstitucional por su retroactividad, sino que además tendrá efectos "nefastos" y podría incluso dar lugar a responsabilidad patrimonial por parte de las administraciones, si el Ministerio entiende que núcleos considerados urbanos y que, por tanto, tienen el deslinde establecido a veinte metros del dominio público, no lo son en realidad, por lo que habría que incrementar la zona de servidumbre hasta los cien metros que fija la Ley
http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/canarias-envia-costas-listado-nucleos-afectados-reforma/20130731165812410429.html

lunes, 29 de julio de 2013

Moya solicitará que la totalidad de sus viviendas en el litoral sean amparadas por la nueva Ley de Costas

El pleno del Ayuntamiento debatirá este miércoles la remisión al Ministerio de Medio Ambiente de un informe técnico municipal que certifica la compatibilidad de los asentamientos situados en la costa de Moya con la conservación del litoral

El pleno del Ayuntamiento de la Villa de Moya debatirá este miércoles la remisión al Ministerio de Medio Ambiente de un informe técnico sobre los núcleos de población situados en el litoral del municipio, con el que, en caso de resultar aprobado, el consistorio solicitará al Gobierno de la Nación que todas las viviendas de la costa de Moya sean amparadas por la nueva Ley de Costas.

En virtud del citado informe técnico, el Ayuntamiento considera que la práctica totalidad de los asentamientos en cuestión se ubican dentro de suelo urbano consolidado, teniendo tal calificación con antelación a 1988, año de la entrada en vigor de la anterior normativa de protección del litoral español, la ley 22/1988 de 28 de julio. Esta condición protegería a todos los sectores de población que conforman el barrio de El Pagador, entre los que se encuentran El Roque, La Barranquera, La Villera y El Altillo.
En este último lugar, la institución municipal estima que la nueva ley también debe amparar las únicas siete edificaciones que están localizadas totalmente dentro del dominio público marítimo-terrestre, pues fueron construidas entre 30 y 50 años atrás, de conformidad con el planeamiento vigente en aquel momento, contando en la actualidad con todos los servicios públicos municipales.Otro caso singular es el grupo de viviendas localizadas en la zona conocida como Casas Quemadas, junto a la desembocadura del barranco de Azuaje, que están levantadas en suelo rústico, en donde la servidumbre de protección se situaría en los 100 metros desde la línea de costa. No obstante, debido a que se trata de un área de crecimiento urbanístico natural, el Ayuntamiento cree que el Ministerio también debe considerar las Casas Quemadas compatibles con la integridad y la defensa del dominio público marítimo terrestre.
El informe municipal esgrime otros dos argumentos para solicitar el amparo del Ministerio de Medio Ambiente a las Casas Quemadas. Por un lado, asegura que la zona cumple con los requisitos señalados por la Ley del Suelo para ser considerado como suelo urbano, por lo que la servidumbre de protección podría situarse en los 20 metros, salvando a las edificaciones afectadas. Por el otro, se señala que el asentamiento se encuentra incluido en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico del Municipio de Moya, con la categoría de conjunto histórico con valor etnográfico. Se trata de un asentamiento que, a pesar de haber quedado aislado, está muy vinculado al asentamiento urbano preexistente a principios del siglo XX.

Para el grupo de gobierno municipal, la ley 2/2013 de 29 de mayo, más conocida como la nueva Ley de Costas, es muy favorable para los núcleos de población costera del municipio. Ninguna de las edificaciones que estaban amparadas por la anterior normativa pierde su condición. Más bien al contrario, la nueva ley extiende el amparo a la gran mayoría de las edificaciones en el litoral moyense, con la posibilidad de considerarlas a todas, incluso a las que hasta ahora quedaban fuera de cualquier contemplación, como compatibles con la protección del medio ambiente costero
http://revistatara.com/index.php?tags=Canarias%20Noticias%20Urbanismo&pag=view_new&nid=7809

domingo, 28 de julio de 2013

Acuerdo institucional para salvar La Caleta y El Puertito

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Adeje, Andrés Montiel, se muestra satisfecho de haber logrado un consenso con los partidos políticos presentes en el consistorio para que su moción, que permitirá contribuir a salvar los núcleos costeros de La Caleta y El Puertito de la actual Ley de Costas, fuera apoyada por todos los grupos políticos. En este sentido Montiel señala que “ha quedado demostrado que con la colaboración y el trabajo de todos es posible hacer que el municipio avance hacia el futuro”.

 
El portavoz popular afirma que la nueva Ley de Costas, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, ofrece fórmulas para regularizar núcleos de viviendas que estén en servidumbre de protección del dominio público, situación en la que se hayan 15.000 edificaciones en Canarias, habitadas por 60.000 personas, según datos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Los populares recuerdan que en el caso de Adeje, algunas edificaciones se sitúan en la zona de protección de dominio público, hasta ahora establecida en los cien metros de servidumbre, según la anterior ley de 1.988.
Por ello, para regularizar afecciones existentes, una disposición transitoria cubre el vacío administrativo dejado por la Ley de Costas y viene a resolver la zona de servidumbre de protección que podrá quedar en los 20 metros y no en 100 como se establece ahora para los núcleos costeros de la localidad.
Esta opción solo era posible para núcleos ya calificados como urbanos o urbanizables con Plan Parcial aprobado, pero a partir de ahora podrán acogerse a esta legalización los que aún no estén clasificados como urbanos.
Por esta razón, el PP se congratula que su iniciativa se haya convertido en moción institucional lo que permitirá salvar estos núcleos costeros de la localidad una vez que se remitan tanto al Gobierno de Canarias como a Costas la nueva delimitación .

viernes, 26 de julio de 2013

El alcalde de Guía se reunió con los vecinos de Caleta de Arriba


El alcalde  de  Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, se reunió en la tarde del pasado miércoles, con los vecinos de Caleta de Arriba, para explicarles como estaba la situación del barrio ante la nueva Ley de Costas
El alcalde de Guía quiso transmitir tranquilidad a los vecinos, informándoles que el Ayuntamiento, había hecho los deberes, ya que en el año 2005, dentro del Planeamiento General, se había declarado núcleo urbano el barrio, y que tenía informe positivo de Costas.

De todas maneras, aclaró, que la nueva Ley no varía mucho con respecto a la anterior, ya que el barrio sigue manteniendo igual situación, estando la línea de costa en los mismos 20 metros.
Y ante la nueva Ley, que da un plazo hasta el 31 de agosto para alegaciones, explicó que  el Ayuntamiento  el pasado día 12 de julio, había enviado ya dichas alegaciones al Ministerio, para su estudio.
También expresó su plena disposición a seguir informando de cualquier novedad sobre este asunto a los vecinos.

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/9-sociedad/24041-el-alcalde-de-guia-se-reunion-con-los-vecinos-de-caleta-de-arriba

jueves, 25 de julio de 2013

El ayuntamiento de Gáldar remite toda la documentación para consolidar los barrios costeros

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El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, ha informado que desde el ayuntamiento ha sido remitida toda la documentación de los barrios costeros de La Furnia, Los Dos Roques, Punta de Gáldar y Barranquillo El Vino, tanto al Ministerio de Medio Ambiente, como a la Demarcació de Costas de Canarias y a la Viceconsejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, para justificar que estos núcleos costeros del municipio son urbanos y consolidar las viviendas de estos núcleos costeros con la nueva Ley de Costas.

A esta documentación se une también la solicitud de desafectación de los terrenos situados al interior de los paseos marítimos de El Agujero y Los Dos Roques, para que el establecimiento de las servidumbres de Costas se adelante al borde del paseo o  las avenidas, que constituye la nueva ribera del mar.
Estas iniciativas, cabe recordar, le fueron expuestas a los vecinos que viven en los núcleo costeros en la reunión mantenida con ellos recientemente en el Teatro Consistorial.

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/6-interes/24021-el-ayuntamiento-de-galdar-remite-toda-la-documentacion-para-consolidar-los-barrios-costeros-

miércoles, 24 de julio de 2013

El Gobierno autónomo solicita al Consultivo un dictamen para recurrir la Ley de Costas

Los gobiernos vasco y andaluz inician los trámites para pedir la suspensión cautelar de la norma al Tribunal Constitucional
  El Gobierno de Canarias ya ha iniciado los trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. El Ejecutivo ha solicitado recientemente al Consejo Consultivo de Canarias un dictamen, un primer paso para después presentar la reclamación ante el Tribunal Constitucional, ya que considera que varios puntos recogidos en ella van en contra de la Carta Magna.
. La Junta de Andalucía también acordó ayer interponer un recurso ante el Constitucional contra la llamada Ley de Costas y pedir al alto tribunal su suspensión cautelar para evitar "daños irreparables". Por su parte, el Gobierno vasco va a presentar un recurso por considerar que la norma "legisla demasiado extensamente y no deja" margen para las autonomías El pasado 1 de julio, representantes de los Gobiernos de las comunidades autónomas cuyas costas suponen más de la mitad del litoral español, – Canarias, Andalucía, Asturias, Cataluña y el País Vasco–, se reunieron en Madrid y anunciaron su intención de recurrir la normativa aprobada en mayo por el Gobierno de Mariano Rajoy
Apenas tres semanas después, las autonomías empiezan a poner en marcha los procedimientos por separado, –ya que la norma jurídica imposibilita que los gobiernos autónomos recurran al Constitucional de manera conjunta–, porque el plazo para presentar los recursos al Constitucional es de tres meses después de la publicación de la norma.
El Gobierno de Canarias entiende que al menos cuatro aspectos recogidos nueva Ley de Costas podrían ir en contra de la Carta Magna. Por un lado, consideran que la norma vulnera la autonomía local, ya que el texto otorga a los delegados de gobierno la posibilidad de suspender la iniciación de las obras en las zonas de servidumbre, que son competencia de Autonomías, una competencia que el Ejecutivo regional entiende que solo deben tener los Tribunales de Justicia.
Por otro lado, un punto que también considera inconstitucional es la excepción que la norma estatal hace con doce núcleos costeros peninsulares. Sin embargo, no establece ninguna salvedad para núcleos tradicionales canario con valor etnográfico, una demanda que el Ejecutivo autonómico hacía ya con la anterior normativa y además ha incluido otros que antes no estaban afectados. Por todo esto, el Gobierno entiende que se vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos.
Otro punto de conflictividad es que el Ejecutivo de Paulino Rivero considera que la norma otorga facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre, que corresponden exclusivamente a las comunidades autónomas, mientras que el Estado solo puede fijar unos máximos y mínimos para su uso.
Por último, la norma también impone a los ayuntamientos la obligación de presentar en un plazo de tres meses al Ministerio de Agricultura la relación de sus núcleos urbanos, aunque ya estén ordenados por el planteamiento en vigor. La administración deberá pronunciarse sobre la extensión que debe tener la zona de servidumbre de protección en cada uno de estos núcleos del litoral. Si el informe es desfavorable, dejaría de ser suelo urbano y la zona de servidumbre de protección pasaría de 20 a 100 metros. Por esto, el ejecutivo considera que debido a su retroactividad la norma es inconstitucional y que además provoca inseguridad jurídica para aquellos vecinos que dispongan de una vivienda o terreno en estas zonas
http://www.laopinion.es/canarias/2013/07/24/gobierno-autonomo-solicita-consultivo-dictamen/488984.html

22 barrios costeros reclaman a Madrid que mantenga su condición de urbanos

Ocho municipios de Gran Canaria y Lanzarote remiten la documentación para evitar que queden fuera de ordenamiento
Ocho ayuntamientos de Gran Canaria y Lanzarote ya han presentado la documentación requerida por el Ministerio de Medio Ambiente para consolidar a 22 barrios costeros como núcleos urbanos y evitar que pierdan esta catalogación. El Gobierno de Canarias se está encargando de recabar los informes de los municipios con litoral, que ha de enviar a Madrid antes del 31 de agosto. En ambas islas, los ayuntamientos han remitido una extensa documentación para justificar que esos núcleos son urbanos, y el Ejecutivo canario la reenviará tal cual al Ministerio de Medio Ambiente ante el escaso tiempo que les ha dado Madrid pra unificarla: sólo tres meses.

El Ejecutivo está recogiendo la información también de los municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero el volumen de trabajo está impidendo que puedan determinar a qué preceptos se acogen los ayuntamientos para mantener su 'estatus' como suelo urbano después de 1988.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, recordó que el planeamiento de estos emplazamientos fue aprobado por las administraciones canarias en el 99% de los casos con informes positivos de Costas y del Ministerio, por lo que criticó que Madrid reclame otra vez esta documentación invadiendo competencias locales y autonómicas. "La nueva Ley de Costas es técnicamente un desastre", subrayó, lo que ha provocado que tres comunidades de las cinco que lo anunciaron ya hayan aprobado presentar recursos de inconstitucionalidad. En concreto, Canarias, País Vasco y Andalucía han acordado ir al Tribunal Constitucional.

Siete son los ayuntamientos de Gran Canaria que han presentado su documentación al Ejecutivo para mantener el ordenamiento como urbano de once núcleos costeros. Ingenio ha remitido los informes sobre El Burrero; Agüimes (Playa de Arinaga y Muelle Viejo); San Bartolomé de Tirajana (Salinas del Matorral ); La Aldea de San Nicolás (Playa de La Aldea); Agaete (Puerto de las Nieves), Guía ( San Felipe y Caleta) y Arucas (San Andrés, El Puertillo, Quintanilla y Chacón-Las Coloradas).

En Lanzarote sólo Teguise ha remitido informes, si bien de 11 emplazamientos del litoral, entre ellos dos del Archipiélaho Chinijo (Pedro Barba y Caleta de Sebo). Los nueve restantes son El Perejil son Caleta de Famara, Island Home, El Francés, Costa Teguise, Charco del Palo, Los Cocoteros, Las Caletas y Caleta Caballo.

La ley afecta en total a 80 emplazamientos, con unas 1.800 viviendas de las cuales en torno a 500 están en dominio público.

Domingo Berriel criticó que el Ministerio de Medio Ambiente haya excluido en esta legislación a 12 núcleos costeros situados en dominio público en toda España "y todos son de alto estanding. Han salvado a sus amigos". Con respecto a la zona de servidumbre, la nueva legislación ha empeorado la situación de núcleos urbanos cuya planificación está aprobada, ya que abre la puerta a que se queden fuera de ordenamiento, que no puedan regularizar sus fachadas o construir en solares que han adquirido dentro de las normas para este tipo de suelos costeros
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/07/24/22-barrios-costeros-reclaman-madrid/546907.html

lunes, 22 de julio de 2013

Reactivar Canarias a toda costa

La nueva ley de Costas concibe el litoral como un espacio productivo y establece usos y ocupaciones más permisivas
"La seguridad jurídica es el pilar que sustenta esta reforma". Con esta declaración de principios, la exposición de motivos de la nueva Ley de Costas trata de acabar con la "litigiosidad crónica" que provocó la aplicación de la legislación de 1988, una norma que supuso un significativo cambio de concepción de las zonas marítimo-terrestres españolas y que fue objeto de un buen número de recursos. Sin embargo, el 97% se resolvieron a favor de esta ley que trataba de controlar tardíamente la ocupación masiva de las costas por el impacto del ´boom´ urbanístico y turístico de los 60.
Veinticinco años después, España vuelve a dar un giro a la ordenación de sus áreas costeras, con la Ley 2/2013 de Protección y Uso Sostenible del Litoral, aprobada solo con los votos del PP y que nace igualmente con una significativa contestación jurídica: cinco comunidades autónomas -entre ellas Canarias-, así como el PSOE, han anunciado la presentación de recursos de inconstitucionalidad. Y se han presentado, además, numerosas quejas ante la Unión Europea, cuya Comisión de Peticiones ha anunciado que emitirá un informe el próximo mes de septiembre. YA PRESENTADO EL BORRADOR, MUY CRITICO CON LA LEY DE COSTAS DE 1988 Y CON SU REFORMA .
Pero en el espíritu de la nueva ley no sólo está la búsqueda de la mencionada seguridad jurídica. También reconoce, en su preámbulo, que "el litoral español, que se caracteriza por ser una de las zonas más densamente pobladas, es un recurso estratégico de crucial importancia para el país".

Añade que "el reto" está en mantener "el equilibrio de la relación recíproca entre la actividad económica y la calidad ambiental", equilibrio que los actuales legisladores entienden que se desniveló por un exceso de protección medioambientalista con la Ley de 1988, por lo que sostiene que "aquella concepción debe ser corregida".
Los numerosos afectados por la legislación de los ochenta, que amplió la zona de dominio público marítimo-terrestre, transformando propiedades privadas en concesiones de ocupación o cuestionando la continuidad de determinados núcleos costeros, llevan décadas organizados en diversas asociaciones o han litigiado individualmente por recuperar sus derechos. A la presión que vienen ejerciendo desde hace años para lograr una modificación de aquella normativa, que los despojó o amenaza sus propiedades, se ha sumado ahora el peso de la propia crisis y la necesidad de reactivar la economía a toda costa.

Impacto sobre las dunas

En Canarias, la entrada en vigor de la nueva ley de costas ha sido sobre todo cuestionada por dejar a unos sesenta núcleos costeros fuera de la excepcionalidad, que sí permite salvar de la piqueta a una docena de estos núcleos de la Península. La Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas (Pcalc) eleva a 150.000 el número de personas afectadas en el Archipiélago y promueve la creación de una comisión mixta para tratar de regularizar su situación al amparo de la nueva ley: sus respectivos ayuntamientos tienen hasta el 31 de agosto, para presentar un informe que recoja el cumplimiento de determinados requisitos exigidos para iniciar su legalización.
Pero la ley puede tener en Canarias otros significativos impactos durante su aplicación. Entre ellos, sobre las 1.877 hectáreas de dunas que existen en las Islas, y que sufren ya un nivel de deterioro significativo: sólo el 33% se conserva en buen estado. Así, la Ley de Costas introduce un significativo cambio en el articulo 1.1.b), al señalar que "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa". El precepto significa que "la protección de las dunas se vincula a una concepción utilitarista de las mismas, es decir en la medida en que garantizan la estabilidad de las playas, y no por su valor como un ecosistema que es preciso conservar en su totalidad", según explica el director general de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias.
José Fernández advierte que este es "uno de los tres mecanismos de reducción del dominio público marítimo-terrestre, protegido en la propia Constitución, que contempla la ley". El efecto de esta reducción del ámbito de protección puede significar que áreas que ahora se encuentran bajo titularidad estatal, como bienes públicos, pueden revertir a manos privados. De tal forma que parte de las Dunas de Maspalomas o de Corralejo podrían quedar afectada por este proceso una vez se realice el nuevo deslinde que anuncia la norma. Y LO DICE  UNO QUE FUE DIRECTOR GENERAL DE COSTAS, Y QUE PERMITIO DESAGUISADOS COMO EL ALGARROBICO, Y ALGUNO QUE OTRO MAS.Ambos espacios dunares han vivido azarosos procesos de recuperación y conservación que aún no han culminado. En el caso de Maspalomas, se ha reabierto con las peticiones de incorporación del palmeral al régimen de protección que se aplica a las dunas, que fueron propiedad de la familia del Conde de la Vega Grande.
Las dunas del norte de Fuerteventura han sido, por su parte, protagonistas de un largo proceso de negociación con los propietarios de los hoteles instalados en ella desde la aprobación de la Ley de 1988 y, sobre todo, desde que se realizara un nuevo deslinde en los años 90. Se llegó a iniciar un expediente de rescate del Hotel Oliva Beach, por su impacto en la evolución natural de las dunas, que finalmente se cerró en 2007 con acuerdo con la cadena RIU por el cual la concesión para este hotel se extinguía el próximo año 2017, mientras que para el Hotel Tres Islas la concesión concluiría en 2037. Sin embargo, la nueva Ley de Costas no sólo amplía el plazo de concesión de 30 a 75 años, sino que además convierte el dominio público marítimo en un objeto de tráfico comercial al permitir su transmisión. Además de reducir los espacios de dominio público, la actual legislación reduce las limitaciones a la propiedad en las zonas colindantes, reduciendo la anchura de la servidumbre de 100 a 20 metros, y permitiendo además más usos a los que admitían hasta ahora.
El 60% de los humedales del país desaparecieron a consecuencia de la concepción economicista y privatizadora que tuvo la Ley Cambó, aprobada en 1918 y que premiaba a quienes desecaban las marismas y riberas concediéndoles derechos privados sobre las mismas. Y la Ley de Costas de 1969 promovió también la ocupación del litoral en pleno periodo de expansión económica. El resultado ha sido que el 40% de la costa está urbanizada, el 16% a consecuencias de intervenciones artificiales.
Tampoco la legislación más conservacionista que ha tenido España, la de 1988, impidió que en estos veinticinco años se hayan producido intervenciones dañinas en el litoral. En primer lugar porque se aprobó cuando el desarrollo turístico y urbanístico está ya muy avanzado y con un amplio horizonte de aplicación transitoria, precisamente por los notables cambios que introducía. Pero también porque, al igual que ocurrió cuando comenzó a elaborarse la denominada moratoria, muchos ayuntamientos aceleraron la aprobación de sus planes parciales antes del 1 de enero de 1988 para quedar fuera de su régimen.

Autismo administrativo
El exdirector general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente entre 2004 y 2008, José Fernández, explica que "se aprovechó hasta el último resquicio para soslayar la ley,
pero a partir de 1988 no se produjo ya ninguna nueva ocupación en dominio público". Aquel récord de aprobación masiva de planes parciales tuvo un capítulo singular en Canarias, ya que pese a ser aprobado un buen número de planes parciales el 4 de enero, es decir fuera del plazo legal, logró quedar fuera de la normativa alegando que habían sido aprobados en comisión antes de esa fecha. Para Fernández Pérez, a la ordenación del litoral español le ha faltado una gestión integral, a través de un pacto nacional que permita conciliar los diferentes intereses contrapuestos y que ponga fin a lo que denomina "la cultura autista de las administraciones", en referencia a la tolerancia mostrada por las instituciones frente a las infracciones de la Ley de Costas.
http://www.laopinion.es/economia/2013/07/22/reactivar-canarias-costa/488538.html

domingo, 21 de julio de 2013

Costas pone trabas al parque infantil de la playa de Las Teresitas

El nuevo parque infantil que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiere instalar en la playa de Las Teresitas sigue en el aire debido a las trabas que está poniendo la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. El concejal de Obras y Servicios Públicos de la Corporación local, Dámaso Arteaga, informó de que Costas considera que dicha instalación es “un servicio de temporada, cuando nosotros entendemos que es un equipamiento público como pueden ser las papeleras o los baños, y no temporal como, por ejemplo, un servicio de sombrillas o motos acuáticas”.

El edil señaló que, además, Costas valora que uno de los tres juegos que componen el parque debe de ir fuera de playa “y eso no lo vamos a hacer porque no tiene sentido”, enfatizó. “Y los otros dos -continuó explicando- sí pueden ir en playa pero Costas interpreta que tienen que ser vía solicitud de temporada”.
Esto significa que el parque infantil solo podría estar instalado unos meses del año, con la complejidad y los costes que esto conllevaría ya que se trata de una estructura con anclajes a la tierra. “Seguiremos discutiendo con ellos y, mientras, el parque sigue sin ponerse”, lamentó Arteaga. Este conflicto con el organismo público estatal es un ejemplo de la tensa relación que hay entre ambas administraciones, ya que después de muchos meses, la Dirección General dio permiso para la sustitución del parque y ahora exige más requisitos.
SAN ANDRÉS Y VALLESECO
Otros puntos del litoral de Santa Cruz también están a la espera de una decisión de Costas. En la misma playa de Las Teresitas el principal problema, y que se remonta ya a hace años, gira torno al deslinde. Costas aún no ha contestado si acepta la decisión de los tribunales sobre el deslinde de la playa, que pone el límite del dominio público marítimo terrestre en el muro de la playa y que permitiría al Ayuntamiento actuar sobre los aparcamientos sin tener que pedir permiso. Un asunto sin aclarar que paraliza y complica cualquier actuación que se quiera acometer en la zona, como la realización de un paseo marítimo.
El Ayuntamiento está, asimismo, a la espera de que, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente y la propia Dirección General de Costas, se pronuncie sobre la petición que ha hecho Santa Cruz para que se declare de emergencia las obras del dique semisumergido del núcleo de San Andrés, lo que permitiría iniciar las obras en breve plazo. Esta infraestructura tiene como fin evitar las inundaciones que de forma periódica afectan a este pueblo costero y dispone ya, además, del presupuesto necesario para iniciar el proyecto. Igualmente, Valleseco también sigue esperando por que Costas envíe una orden concreta a la Autoridad Portuaria para desafectar los terrenos de la playa y empezar así con la obras del proyecto de desarrollo de dicha costa, tal y como se ha pedido desde el Consistorio capitalino.
LA NUEVA LEY
Y, por supuesto, no hay que olvidar la nueva Ley de Costas. Los núcleos costeros de Anaga llevan luchando muchos años para demostrar su legalidad. Ante la nueva ley, Almáciga, Roque de las Bodegas, Tachero e Igueste de San Andrés confían en que el Ayuntamiento cumpla la palabra dada y emita las certificaciones de que tienen luz, agua y acceso rodado, como exige la norma, aunque, mientras tanto, los que tienen sentencias favorables ya han iniciado los trámites
http://www.diariodeavisos.com/2013/07/costas-pone-trabas-al-parque-infantil-playa-teresitas/