Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

miércoles, 18 de agosto de 2010

Solicitan suprimir los fondos europeos a España hasta que indemnice a Cho Vito


Dos parlamentarios proponen a la Cámara europea que el Gobierno español pague una compensación íntegra sin demora a quienes la Dirección General de Costas demolió sus casas el 7 de octubre de 2008 y que la Comisión de la UE suspenda el pago de los Fondos Estructurales a España hasta que cobren los afectados.
18/ago/10 07:46 J.A. MEDINA, Candelaria
Los parlamentarios europeos Andrew Brons y Nick Griffin (del Partido Nacional Británico) proponen a la Cámara de la Unión Europea (UE), a través de una declaración por escrito, que haga un llamamiento al Gobierno de España para que "pague sin demora una compensación íntegra a todos los afectados" por las expropiaciones y demoliciones realizadas en virtud de la aplicación de la Ley de Costas. Es decir, que los vecinos de Cho Vito a los que la Dirección General de Costas destruyó sus 23 viviendas el 7 de octubre de 2008 deberán recibir una indemnización económica del Estado.
Asimismo, piden a la Comisión Europea (CE) que "suspenda el pago de créditos procedentes de los Fondos Estructurales a España hasta que se haya resuelto esta cuestión o, en todo caso, por el plazo máximo autorizado".
Este documento debe ser respondido en breve por el Parlamento de la UE y sus autores se amparan en la normativa vigente, entre la que citan la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en cuyo artículo 17 se establece el derecho de las personas a disfrutar de los bienes adquiridos legalmente, usarlos, disponer de ellos y legarlos sin que puedan ser privadas de los mismos salvo por utilidad pública "y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida".
La propuesta de ambos parlamentarios también menciona el Convenio Europeo de Derechos Humanos aludiendo a que la cesión obligada de propiedades privadas legalmente adquiridas "sin procedimiento regular y sin indemnización conveniente constituye una violación de los derechos fundamentales de la persona".
Todo ello se sustenta en la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009, en la que pide a España "que respete los derechos individuales de los ciudadanos europeos penalizados por la aplicación de la Ley de Costas española". Todo el planteamiento que hacen por escrito Brons y Griffin se refiere a los problemas relacionados con los bienes expropiados y demolidos en virtud de la mencionada Ley de Costas en todo el país, si bien el caso de Cho Vito, en Candelaria, es uno de los más significativos.
Tras la visita a Bruselas
Este pronunciamiento es fruto de la intervención que tuvo el portavoz de los vecinos de Cho Vito, Tomás González, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo a finales del pasado mes de marzo. En la misma fue proyectado un documental reflejando la intervención de las fuerzas de seguridad aquél 7 de octubre de 2008 en Cho Vito, lo que llevó a varios europarlamentarios a sugerir la congelación de los fondos que la UE aporta a España.
El propio González mostraba ayer su satisfacción por este planteamiento de los miembros de la Cámara europea, que se produce en un momento delicado para las nueve familias que aún quedan en el poblado marinero. La Dirección General de Costas les ha comunicado que, en virtud de una sentencia, tienen de plazo hasta el 20 de septiembre próximo para retirar todos sus enseres y desalojar las casas a fin de proceder a su demolición posterior.
Esta medida será recurrida a través de la Audiencia Nacional, foro judicial al que pedirán que revise y anule el deslinde marítimo-terrestre por el que pretenden desalojarlos. Esta solicitud se sustenta en una sentencia del mismo órgano judicial que beneficia a los habitantes de Punta Larga
http://www.eldia.es/2010-08-18/tenerife/1-Solicitan-suprimir-fondos-europeos-Espana-indemnice-Cho-Vito.htm

martes, 17 de agosto de 2010

DESDE CANTABRIA

A los afectados por la ley de costas del archipiélago canario:

Desde Cantabria, José Luis Thomas Ríos, con DNI 13716493 Y, presidente de ACALCO (Asociación Cántabra de Afectados por la ley de Costas), me dirijo a los afectados canarios y a sus representantes para manifestarles lo siguiente:
- Ante las noticias que nos llegan de la próxima demolición de lo que aún queda en pié del singular poblado de Cho Vito, queremos manifestar nuestra más firme repulsa al segundo crimen, que con premeditación y alevosía, piensa perpetrar el Ministerio de Medio Ambiente contra sus habitantes
- Una Administración que hace oídos sordos al clamor popular y a las peticiones de todo tipo de Instituciones y colectivos en orden a poner en marcha la reforma de una Ley que tenga como consecuencia evitar situaciones, como la que hoy nos ocupa, de flagrante injusticia y de atropello de derechos de los ciudadanos, solo merece el desprecio del pueblo al que dicen servir.
- Es imprescindible y en este caso de la máxima urgencia, la paralización de la orden de derribo y la apertura de una negociación con los afectados que corrija todas y cada una de las deficiencias de la ley 22/1988 de Costas, para evitar conculcar los derechos adquiridos de todos aquellos que estaban establecidos legalmente en la costa, antes de la promulgación de la Ley.
- El Ministerio de Medio Ambiente debe atender ya las indicaciones del informe Auken y de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para establecer unos criterios justos a la hora de aplicar la Ley y acabar con la arbitrariedad existente hasta el momento.
-Todos los afectados por la Ley de Costas de Cantabria estamos al lado de las personas que sufren en Cho Vito la persecución injusta e indigna de la Sra. Espinosa y de sus lacayos que solo saben enfrentarse a los débiles y que tan cobardes son con los poderosos(¡ y se llaman a ellos mismos, socialistas¡)
La Justicia llegará y esperemos que arroje a todos estos políticos sin escrúpulos al basurero de la historia
Desde Cantabria todo nuestro ánimo y apoyo para salvar Cho Vito

Un fuerte abrazo para todos




MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO APOYO.
DESDE CHO VITO, UN SALUDO A TODA CANTABRIA, Y EN ESPECIAL A TODOS LOS AFECTADOS POR ESTA LEY INJUSTA
SALUDOS.

Los vecinos solicitarán la revisión del deslinde a través de la Audiencia Nacional


Los vecinos de Cho Vito afectados por la orden de desalojo de sus viviendas que expirará el próximo 20 de septiembre solicitarán en la Audiencia Nacional la revisión del deslinde marítimo-terrestre que sustenta tal medida. Este planteamiento se sustenta en la decisión que adoptó el mismo órgano judicial, el pasado 16 de julio, por la que anuló la delimitación establecida por la Dirección General de Costas para construir el sendero litoral La Galera-Punta Larga.
Los nueve propietarios cuyas casas permanecen en pie en este poblado de Candelaria desde el 7 de octubre de 2008, fecha en la que comenzó la demolición de otras 23 viviendas que había en el lugar, están dispuestos a adoptar cualquier medida que "por la vía pacífica" contribuya a evitar la desaparición de este núcleo candelariero.
La adopción de medidas cautelares y solicitar amparo ante el Tribunal Constitucional son otras de las posibilidades que barajan los habitantes de Cho Vito.

Además de las medidas judiciales que personalmente aplicará cada afectado, el "colectivo de Cho Vito espera de las autoridades canarias, especialmente del Parlamento regional, una reacción contundente" que sirva para evitar que se repita la historia.
La decisión de la Audiencia Nacional, que atendió la petición de los vecinos afectados por la obra de la nueva playa de Punta Larga, es interpretada como un argumento sólido y un precedente importante para alcanzar el objetivo de mantener en pie sus viviendas.
http://www.eldia.es/2010-08-17/SUR/3-vecinos-solicitaran-revision-deslinde-traves-Audiencia-Nacional.htm

sábado, 14 de agosto de 2010

La alcaldesa de Granadilla considera que detrás de los derribos de Cho Vito se esconden intereses especulativos

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.Afirma que no es legítimo que se prive a unas personas que llevan viviendo toda la vida en Cho Vito porque una persona que vive en Madrid se le ocurra pensar que el poblado afea y afecta al proyecto que en el futuro quiera hacerse en esos terrenos
B-Noticias.- Carmen Nieves Gaspar, alcaldesa de Granadilla de Abona, analizó en el programa La Trapera de Radio San Borondón la problemática suscitada por la Ley de Costas, concretamente la actuación de la administración estatal en el poblado marinero de Cho Vito, que considera de barbaridad e injusticia, para afirmar que lo ocurrido es un abuso contra personas humildes que está segura que no se hubiera producido de hablar de algo que afectara a una gran cadena hotelera o a una persona poderosa.
Carmen Nieves Gaspar, tras reconocer que al no encontrarse en su municipio sus valoraciones sobre el problema de Cho Vito sobrepasan sus competencias, afirmó desde el punto de vista personal que las decisiones y actuaciones realizadas contra los ciudadanos de este poblado marinero han sido una barbaridad y una injusticia muy grande cometida contra personas humildes.
Entiende que la cuerda siempre se rompe del lado del más débil, ya que está convencida de que si estuviéramos hablando de un problema que afectara a una gran cadena hotelera o de chalets de determinadas personas con un patrimonio muy considerable no se hubieran soltado las palas como se hizo en octubre de 2008.

Desde su punto de vista, hay cuestiones que aunque sean legales, aunque en el caso de Cho Vito duda de la legalidad en la actuación de Costas, no son nada legítimas, porque no puede ser legítimo privar a unas personas que llevan viviendo toda la vida en una casa en dicho poblado marinero por el simple hecho de que una persona que vive en Madrid se le haya ocurrido en un momento determinado pensar que el poblado afeaba y afectaba al proyecto que en el futuro quiera hacerse en los terrenos que hoy ocupan Cho Vito.

La dirigente de CC se pregunta qué se esconde detrás del derribo de Cho Vito y qué intereses han promovido su destrucción, porque Costas siempre pone como excusa la construcción de un paseo para derribar viviendas porque no están pegados al mar, pero justo detrás de esos paseos se construyen urbanizaciones preciosas en donde determinados personajes obtienen importantes beneficios a pesar de la que está cayendo, algo inimaginable pero factible en cuanto vuelva a
despuntar la construcción.

http://www.sanborondon.info/content/view/26677/1/

La sinrazón del derribo del pueblo marinero de CHO VITO (Tenerife)


Publicado en Agosto 14th, 2010
por Javier Tejera en Reflexiones
Asistimos a un nuevo doble rasero sin sentido de ningún tipo. Mientras hoteles, urbanizaciones y todo tipo de símbolos de la más rastrera especulación urbanística campan a sus anchas por toda la costa española, la Administración se mete con el más débil, en un intento por dar un golpe encima de la mesa y demostrar que la ley, aunque sea de forma interesada y partidista, está para cumplirse. Para el que no lo sepa, CHO VITO es un poblado marinero situado en el municipio de Candelaria (Tenerife) que la Ley de Costas está a punto de borrar del mapa. Un lugar que, más que merecer ser derruido por incumplir la Ley de Costas, debería ser nombrado Patrimonio Etnográfico de la Humanidad… y mantenerse donde está como símbolo de sabiduría tradicional frente a tanto ladrillo corrupto. Pero no es el único caso, debido a la orografía volcánica de las Canarias, poblados marineros de Casas Cueva a pie de mar como el de CHO VITO se suceden por las costas de las islas, sin que a nadie se le haya ocurrido nunca decir que son atentados contra el medio ambiente. Son parte de nuestra cultura y nuestra idiosincracia y, como tal, hay que defenderlos hasta las últimas consecuencias. Os dejo con el comunicado de protesta de la Plataforma en defensa de CHO VITO.
YO ME NIEGO AL DERRIBO DE CHO VITO

Han pasado casi dos años, de la brutal y desproporcionada acción de desalojo y derribo parcial del barrio marinero de Cho Vito en las Caletillas, Candelaria, Tenerife. Casi nos hemos olvidado de las impactantes imágenes ofrecidas por los medios de comunicación locales, regionales, nacionales y extranjeros, que dieron la vuelta al mundo. Canarias, se convirtió en octubre del 2008, en el punto de mira de esa sinrazón destructiva que vemos a diario en otros lugares del planeta, y todo por la aplicación de una ley, la ley de Costas, que en este Archipiélago, está siendo dura, desmedida y despiadada.
Entonces, vimos a los vecinos y vecinas de ese barrio, luchar hasta su desfallecimiento contra lo que consideran una injusticia, forzados por los cuerpos de Seguridad del Estado, a abandonar sus casas y sus escasas pertenencias, salir de sus hogares, llevando en una bolsa de basura los recuerdos y vivencias de más de 50 años. Los escuchamos, en numerosas manifestaciones, defendiendo sus casas, defendiendo una forma de vida, que forma parte de la historia de Canarias, pues sólo hace falta mirar para cualquier rincón de cada una de estas Islas y ver un pueblito humilde, de casas blanqueadas, con cuatro barquillas varadas en la arena o en el callao.

Los hemos visto en apoyos de numerosos colectivos, desde vecinos a los que los expropiaban por obras injustas, a grupos de trabajadores, que perdían sus puestos de trabajo por cierres de empresas. Han mantenido su firmeza en esa lucha, frente a numerosas amenazas, algunas muy graves. Les vimos en el centro político de esta Europa Unida, defendiendo no sólo a su pueblo, sino a todos los núcleos costeros de Canarias. Les escuchamos, decir, que después de lo ocurrido en Cho Vito, pedían a las administraciones, que no volviera a ocurrir lo mismo en ningún lugar de Canarias.
Pues bien, en breves días, volverá a revivirse la historia. En virtud de una ley de Costas, que no ha servido para proteger el litoral de las grandes urbanizaciones y hoteles, de los muelles deportivos y locales de ocio, de los grandes especuladores, en la aplicación de esa ley, Cho Vito volverá a ser el foco atención de toda España. Por esta Ley, que vulnera la Constitución Española y la Legislación Europea, que no respeta la Declaración de los derechos fundamentales del Hombre, que se olvida de los diferentes Tratados Europeos de los derechos de los ciudadanos, por esta ley, que “para devolver a todos lo que es de todos”, derriba pueblos anteriores a la ley, y se olvida de esa misma aplicación con urbanizaciones en primera línea de playa, permite hoteles con playas y piscinas privadas, originado así, una inmoral e indecente arbitrariedad en su aplicación.

Es ahora, cuando debemos preguntarnos, si estamos preparados para revivir esos momentos, si somos capaces de permanecer sentados ante la televisión o la radio, escuchando como unos pocos, defienden sus casas, sus pertenencias, mientras son desalojados a la fuerza. Volveremos a ver las lágrimas en sus rostros, en los de sus hijos y en las de sus familiares y amigos, mientras una pala acaba con sus sueños y esfuerzos. Leeremos de nuevo, las diferentes justificaciones de las medidas tomadas. Si en el 2008, fueron unos “cócteles molotov”, ahora serán explosivos o cualquier otra cosa. Escucharemos la degastada frase
, “es la ley” y no se puede hacer nada… Sentiremos el bochornoso espectáculo de los políticos repartiéndose la culpa unos a otros, hablando de la modificación de la ley y de futuras promesas.
Es el momento de que toda Canarias defienda su historia. Defienda no sólo a Cho Vito. Que se una para defender El Caletón, Anaga, Igueste de San Andrés, Agache, Bocacangrejo, Bajo la Cuesta, Playa la Viuda, Playa de Lima, El Médano, Jover, en Tenerife; Ojos de Garza, Tufia, San Felipe, Agaete, Bañaderos, Sardina, Maspalomas en Gran Canaria; Los Molinos, Jandia, El Puertito de la Cruz en Fuerteventura; Tenezar, Playa Honda, en Lanzarote; Puerto Naos, El Porís de Candelaria, El Remo, La Bombilla, en la Palma… y muchos más repartidos por toda le geografía canaria. Esta vez no debemos permitirlo; es el momento de parar esta destrucción pues, detrás de Cho Vito, vendrá otro núcleo que podrá estar más cerca de su casa, o puede ser la casa de un familiar o de un amigo. No son sólo estas personas las afectadas por la ley, ES TODA CANARIAS

viernes, 13 de agosto de 2010

Tomás González afirma que los vecinos de Cho Vito no descartan cualquier acción por la vía pacífica para impedir el derribo de sus viviendas

Tomás González, portavoz de los vecinos afectados por los derribos de las casas del poblado marinero de Cho Vito (Candelaria), analizó en Radio San Borondón la actualidad de esta problemática que vuelve a amenazar a sus viviendas y asegura que se debe a que los vecinos se han hecho fuertes en Europa, evidenciando que la actuación de Costas en el poblado fue desmedida y abusiva, algo que las autoridades estatales no les perdonan, de ahí que traten de poner en marcha esta venganza, porque la intención es cargarse la voz de Cho Vito para tener vía libre para seguir adelante con nuevas actuaciones.

Tomás González explica que los vecinos siguen manteniendo reuniones para preparar la defensa de su patrimonio, dirigiendo su mirada hacia los grupos parlamentarios de cámara canaria para reclamarles que actúen para evitar una nueva injusticia contra ciudadanos humildes, puesto que recuerda que existe una Ley canaria aprobada en 2009 al respecto, lo que ocurre es que se han encontrado que los políticos están de vacaciones, sin que tampoco haya nadie que recoja la documentación en esos grupos parlamentarios, sin poder por tanto hacerles llegar a los tres partidos con representación autonómica el escrito que habían preparado.

Los vecinos entienden que habida cuenta de que se han aprobado algunas leyes en el Parlamento canario de protección de los poblados marineros que mantengan un carácter de interés etnográfico, paisajístico y su propia singularidad, viendo algunas sentencias del TSJC por las que se paralizan demoliciones en el barrio de Tufia (Gran Canaria) en virtud de la mencionada Ley canaria, entendiendo que sería mayor el daño que se producía si se acometían los derribos, que si se mantenía todo como estaba, puesto que se produciría un daño irreparable.

Señala que no van a descansar hasta que los grupos parlamentarios sepan cuáles son sus argumentos y preocupaciones, al margen de que el presidente del Parlamento, Antonio Castro, ya tiene la documentación, igualmente que el cabildo de Tenerife y los grupos insulares con representación en dicha administración y el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero.

González manifiesta igualmente que ya han terminado los expedientes para su defensa, para presentar los recursos judiciales correspondientes la próxima semana, puesto que una de las vías es el recurso de la revisión del deslinde en virtud de la sentencia que se produjo recientemente en Puntalarga (Candelaria), otra vía es solicitar medidas cautelares y pedir amparo ante el Tribunal Constitucional por lo visto en todo este proceso en cuanto a que unas personas, por el simple hecho de tener una sentencia, dan una patada en la puerta de unos ciudadanos y entran sin tener autorización del contencioso-administrativo.

El portavoz de los afectados, con la experiencia de lo ocurrido hace unos años, asegura qye esta vez irán con pies de plomo para que el próximo 1 de septiembre cuando se incorporen los jueces a la sala de lo contencioso-administrativo y donde presenten todos los recursos no ordenen acciones que les cojan por sorpresa, sino que esta vez se adelanten a los acontecimientos, puesto que la revisión del deslinde paralizaría la amenaza de derribo del próximo 20 de septiembre, haciendo uso del derecho que tiene cada ciudadano a la efectiva defensa de la tutela judicial.

Se pregunta si los políticos y los jueces canarios van a permitir que vuelva a repetirse la historia de los derribos de casas de ciudadanos humildes y si el Estado va a poner en marcha el mismo dispositivo militar para sacar de sus casas a sus dueños, porque explica que los vecinos se mantienen firmes en la idea de no marcharse de sus hogares si no son sacados por la fuerza, en lo que constituye un verdadero atropello y humillación al pueblo canario.

Tomás González explica también que en las últimas horas han analizado más de 3.500 documentos escritos en los últimos años relativos al proceso anterior de derribo de Cho Vito, desde compromisos políticos adquiridos por Gumersindo García Trujillo (alcalde de Candelaria) en donde decía que no se tiraba una casa del poblado hasta que los vecinios estuvieran reubicados, que aquellas familias que aún mantienen sus viviendas no se verían afectadas hasta que tuvieran una nueva, o declaraciones de la delegada del Gobierno estatal en las islas, Carolina Darias, del subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Batista y de otras personalidades de las islas.

Desde su punto de vista, esta nueva acción de Costas sobre lo que queda de Cho Vito es una venganza por el posicionamiento que Europa ha tenido con los vecinos afectados en plena presidencia española de la UE, lo cual ha supuesto una humillación para José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha tenido que aguntar los reproches de los europarlamentarios sobre las actuaciones desmedidas contra ciudadanos humildes y añade que con esta venganza, tratan de silenciar la voz crítica para que cunda como ejemplo en el resto de poblados marineros españoles, consiguiendo la rendición y la sumisión absoluta de los vecinos.

Acabarán con Cho Vito, pero nunca acabarán con la palabra de unos ciudadanos que seguirán denunciando públicamente todo lo que ocurra, dijo González, quien pone de manifiesto que los vecinos están dispuestos a todo, dentro de los cauces legales y por medio de la vía pacífica, para defender sus viviendas y evitar que de nuevo se produzcan los derribos anunciados por Costas, reconociendo inclusive estar dispuestos a tomar medidas extremas como una huelga de hambre, porque no están dispuestos a rendirse sin más, no están dispuestos a perder la dignidad.

Los vecinos harán todo lo que esté en sus manos para que no se repitan las escenas de Cho Vito en ningún lugar de Canarias y que el próximo 20 de septiembre no repita lo ocurrido el 7 de octubre del 2008, para que la población canaria no tenga que vivir una nueva situación de drama como se vivió en aquel momento

Un maremoto sobre Igueste


Todos los vecinos del pueblo están afectados, de una u otra forma, por el nuevo deslinde que engulle a más de un centenar de propiedades entre fincas y casas
La decisión de la Dirección General de Costas de fijar el nuevo deslinde de Igueste con una anchura de cien metros ha supuesto un auténtico maremoto. Una gigantesca ola que ha engullido a su paso a más de un centenar de propiedades entre fincas y viviendas que quedan a partir de ahora en un limbo urbanístico. No existe prácticamente ningún vecino que no se vea afectado de una u otra forma por esta medida. El que no tiene una finca o casa que de pronto ha quedado dentro del dominio público, es familiar de alguien que se encuentra en esta situación. Y si no simplemente se solidariza con los demás vecinos del pueblo.

Los términos utilizados van desde "barbaridad" hasta "atraco". Así lo define José Miguel Cruz Vera, quien desde hace años se ha hecho cargo de un terreno situado junto a la playa que es propiedad de unos familiares suyos que residen en Cuba. Se trata de una de las 98 fincas y 22 casas que han pasado a estar dentro del dominio público y cuyo valor prácticamente se ha reducido a cero.

Cruz Vera considera increíble que hasta el antiguo faro o semáforo, como allí lo llaman, y el cementerio de Igueste hayan pasado a ser propiedad del organismo estatal. Por poco metros ocurre lo mismo con la iglesia, construida hace ya más de un siglo, como bien recuerda una placa. Desde que Costas empezó a hacer pública su intención de aumentar la zona de servidumbre, los vecinos comenzaron a movilizarse y a defenderse ante los juzgados. La mayoría de ellos sólo tienen como patrimonio su vivienda o una finca situada en el pueblo. Si Costas las engulle, se quedan prácticamente con lo puesto. "Nos han dicho que nuestras propiedades pierden valor y que así es imposible hacer nada, menos aún venderlas. Esto nos parece una barbaridad a todos", indica este vecino.

Etnográfico
Alberto Navarro sólo reside en el pueblo durante el verano. Su vivienda no está afectada, pero así y todo se solidariza con los demás. "Me parece increíble lo que han hecho. Este puebloaños de antig tiene muchos üedad. En la parte de abajo de la playa hay unas ruinas de lo que fue la empaquetadora de una productora de plátano. Tiene un gran valor etnográfico. Lo mismo ocurre con el cementerio, pero parece que a nadie le importa", dice. Su propia casa tiene entre 70 y 80 años. Por el contrario, Costas, en el informe sobre el que fijó este deslinde, consideraba que el origen de Igueste fue "casual".

La parte del pueblo que se ha visto más afectada por esta decisión es lógicamente la que se encuentra en la esquina izquierda de la playa. Aquí se sitúa una decena de edificaciones, alguna de las cuales alberga casas rurales destinadas al turismo. A la derecha también existen otras tantas viviendas situadas sobre un roque. Luego hay casi un centenar de pequeñas fincas frente a la playa que también son engullidas por Costas.

El propietario de dos de estas huertas s es Felipe Rodríguez Álvarez. "Esto ya es casi todo de ellos. Entre la declaración del Parque Rural de Anaga, con la que nos quitaron lo que teníamos en el monte, y lo de Costas ahora, nos han dejado sin nada".

Este vecino heredó la propiedad de sus padres. No sólo tiene un valor económico, sino también sentimental, ya que durante muchos años estos campos fueron la forma de supervivencia de su familia. "Aquí no hay ni ley ni justicia", concluye.

Desde 1969 hasta hace pocos años, la zona de servidumbre estaba fijada en 20 metros de anchura. Con la aplicación de la nueva legislación, se ha aumentado hasta 100. La decisión originó un auténtico revuelo en el pueblo y a partir de aquí se ha generado un ir y venir de litigios judiciales a veces difícilmente entendibles para estos vecinos y que han ocasionado gastos hasta ahora inesperados. Por ejemplo, Agustín Gil Cruz ha tenido que pagar ya 300 euros en abogados. El deslinde de Igueste ha llegado ya ante la Audiencia Nacional y probablemente hará lo propio ante el Tribunal Supremo (TS).

El Gobierno canario intentó echarles una mano a los vecinos declarando urbano el núcleo, pero la decisión fue recurrida por Costas y ahora permanece anulada de forma cautelar hasta que se resuelva este cruce de recursos y contrarecursos, lo que podría alargarse todavía durante varios años.

En todo este tiempo, los vecinos verán como sus propiedades permanecen congeladas, su valor es mínimo y la posibilidad de ejecutar obras se limita al máximo. Gil Cruz es propietario de una huerta. Considera "totalmente exagerado" que en una isla como Tenerife se aplique una zona de servidumbre tan amplia que llega a engullir casi todo el pueblo. "Eso está bien para la Península, pero aquí no tiene ningún sentido. Lo que al final pase aquí no lo veré yo. Esto quedará para mis hijos y no sé si para mis nietos". Todos estos vecinos han participado en multitud de reuniones, si bien es difícil comprender lo que se les antoja incomprensible.

lunes, 9 de agosto de 2010

Costas frena el derribo de un hotel ilegal que impide el acceso a la playa


Espinosa bloquea la expropiación del complejo de Lanzarote iniciada por Narbona

El hotel Papagayo Arena es ilegal por una sentencia del Tribunal Superior de Canarias. El cabildo de Lanzarote lo califica como "el ejemplo más grave de edificación ilegal desde el punto de vista jurídico". No sólo su licencia vulneraba las normas urbanísticas de la isla sino que la construcción "impide el acceso público al mar y el tránsito por la costa", según admite el Ministerio de Medio Ambiente. Aun así, la dirección general de Costas ha paralizado el expediente de expropiación forzosa que el equipo de Narbona aprobó en febrero de 2007 para derribar el hotel.


Medio Ambiente sostiene que aún está estudiando una sentencia de 2007
El Gobierno paró también el trámite contra el hotel de El Algarrobico
Lo llaman el Algarrobico canario y pertenece a la veintena de hoteles declarados ilegales en Lanzarote. Su licencia es nula, según falló el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el 18 de julio de 2007. Según un informe del aparejador citado en la sentencia, "el hotel, de 12 plantas, proyectado en primera línea de playa", superaba el número de plantas autorizado e "invadía y eliminaba por completo el acceso público al mar". El Ministerio de Medio Ambiente admite que "la estructura e instalaciones del hotel dificultan e impiden el acceso público al mar y el tránsito por la costa", algo prohibido por la Ley de Costas, de 1988.
El hotel, cuya licencia es de 1998, muy posterior a la Ley de Costas, está en la cala de las Coloradas (Yaiza), "en una playa natural encajada (de las mayores de la costa sur de Lanzarote)", según una nota que Medio Ambiente ha remitido a este diario. Tiene 747 camas y, según el cabildo, linda con el espacio natural protegido de Los Ajaches. No es fácil encontrar un caso tan extremo.
El 23 de febrero de 2007, el Consejo de Ministros declaró "de utilidad pública" el terreno del Papagayo "para su incorporación al dominio público". El objetivo era expropiarlo, demolerlo y recuperar el paisaje. El Gobierno destacó entonces que su objetivo era "ensanchar en lo posible la franja del dominio público para asegurar una mayor disponibilidad de terrenos libres junto al mar".
Dos años después poco queda de esas intenciones. El expediente está paralizado. El abogado de la empresa, José Luis de Tomás, asegura que no ha recibido noticias del Gobierno en más de un año y que por eso ha pedido la caducidad del expediente: "El expediente de expropiación ha caducado, ya que no han movido un papel ni nos han notificado nada desde entonces".
Una portavoz de Medio Ambiente considera que el expediente formalmente no está cerrado y que el ministerio aún "está estudiando los efectos" de la sentencia de ilegalidad, dictada hace más de un año y siete meses. En realidad, fuentes próximas al ministerio aseguran que el expediente está paralizado y que el hotel está, en la práctica, indultado.
El caso es similar al del hotel de El Algarrobico (Carboneras, Almería). El mismo Consejo de Ministros que ordenó expropiar el Papagayo aprobó la del de Carboneras, que está paralizado por orden judicial, pero cuya sentencia está recurrida.
Tras las elecciones generales de hace un año, el equipo que dirige Elena Espinosa paralizó la expropiación. El ministerio afirmó el pasado 12 de febrero que lo hacía porque así se lo recomendó el abogado del Estado el 11 de noviembre. La abogacía consideraba que expropiar un hotel que podía ser declarado ilegal supondría malgastar dinero público, ya que se podría tirar sin dinero público. El argumento choca con la respuesta que el pasado 2 de febrero Medio Ambiente dio al diputado de ICV, Joan Herrera. En ella afirmaba que la expropiación "se seguía tramitando". En el caso del Papagayo, la sentencia sí es firme, pero Medio Ambiente no ha pedido la demolición.
En Lanzarote hay una veintena de hoteles en la misma situación, ilegales porque la licencia municipal incumple el plan insular para controlar el urbanismo. La Fundación César Manrique ha pedido la ejecución de siete de las sentencias que ha ganado. La fundación ha pedido que el juez aclare si hoteles de lujo como el Princesa Yaiza o el Meliá Volcán deben ser demolidos o pueden ser legalizados. El Papagayo no está en esa lista ya que en ese caso no está personada la fundación, según su portavoz, Carlos Meca.
Además, el Cabildo de Lanzarote anunció el jueves pasado que impulsará una ley para legalizar los hoteles, aunque su presidenta, la socialista Manuela Armas, aseguró que no todos los complejos podrían ser legalizados. El cabildo considera que el Papagayo es el que más incumple la ley y confiaba en que Costas lo derribara.
El bloqueo del expediente llega en plena presión sobre la Ley de Costas y después de que los grupos ecologistas criticasen que el Gobierno está suavizando esa norma y su aplicación. En Canarias, Costas tramita el derribo de Tufia, un poblado de pescadores, y en octubre pasado demolió Cho Vito. Coalición Canaria y el PP han respondido con una ley para salvar cientos de viviendas construidas en la playa por su "valor etnográfico".
Los socialistas sostienen que esta ley invade competencias, pero también esperaban del Ministerio de Medio Ambiente una actuación ejemplar sobre algún gran edificio para contrarestar la imagen de que Costas sólo actúa contra los pequeños propietarios. Ese edificio emblemático no parece que vaya a ser el Papagayo
http://www.elpais.com/articulo/espana/Costas/frena/derribo/hotel/ilegal/impide/acceso/playa/20090309elpepinac_11/Tes elpepunac/
OTRO EJEMPLO MÁS DE LA ARBITRARIEDAD, YA NO SÓLO DE LA LEY DE COSTAS, SINO DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA.

Cho Vito. Amenazas de muerte. Ultraje político. ¿Por que no tiran la casa del alcalde?


Tomás González (Cho Vito) denuncia que está siendo objeto de amenazas de muerte y de todo tipo
Facebook – Yo me niego al derribo de Cho Vito.
El día que los afectados por la ley de costas tuvieramos los co***** de denunciar el descaro con el que se construyen HOY EN DÍA edificaciones al lado del mar y los negocios que se generan en la costa, saldríamos de la angustia a la que nos somete esta clase oligárquica al servicio del dinero.
Estamos sumidos en la mediocridad y en la indolencia, y las compartimos con la cobardía y la indiferencia. Mientras nos queden migajas y un techo no nos importa que nos acorralen. ¿Realmente creéis que los políticos actuales merecen el grado de impunidad, inmunidad y de otros privilegios a los que creen tener derecho únicamente por haberles votado?. Esto es una pantomima que refrendamos cada cuatro años.
Quizás deberíamos exigir MÁS DEMOCRACIA. ¡Cuidado! ¡Quizás nos tachen de radicales!.
Como español, siento dolor y vergüenza de la “miseria que tragamos”. Todo son buenas palabras mientras padecemos abuso, saqueo y humillación.
La Opinion – Los tribunales autorizan derribar las últimas casas de Cho Vito“¿Por qué no derriban la casa del alcalde que está aún más cerca del mar que las nuestras?”
ABC – La Justicia da vía libre a la demolición del resto de Cho Vito .. En España no hay Justicia
Pese a todo, no tiran la toalla - http://www.abc.es/20100807/comunidad-canarias/pese-todo-tiran-toalla-20100807.html


sábado, 7 de agosto de 2010

El PP quiere salvar Cho Vito y el PSOE lo acusa de hacer demagogia

Los ‘populares’ se reúnen con los afectados para hacerles llegar su apoyo ante el auto judicial que autoriza a continuar los derribos a partir de septiembre

GABRIELA GULESSERIAN

CANDELARIA

El Partido Popular (PP) quiere salvar las nueve viviendas que quedan aún en pie en el poblado de Cho Vito, en el municipio de Candelaria, afectado por la Ley de Costas que, a diferencia de las primeras demolidas en 2008, pertenecen a propietarios que la usan como primera residencia.

La Subdelegación del Gobierno envió ayer el auto dictado el 24 de junio, que especifica que la expropiación forzosa de las viviendas esta prevista para el 20 de septiembre y se hará "en horas diurnas y dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación de la presente resolución a la Administración". Esta resolución, que responde a un recurso presentado por los vecinos de Cho Vito que cuestionaban la legalidad de la actuación de entrada y demolición de sus viviendas, indica que las administraciones públicas pueden proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos.

El director general de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias, Sebastián Ledesma; los concejales del grupo Popular en el Ayuntamiento de Candelaria, José Fernando Gómez y Carina Dainotto; y el secretario ejecutivo de Política Internacional del PP de Tenerife, Juan Antonio Morell, se reunieron ayer con los afectados para prestarle su colaboración en la búsqueda de salidas que eviten nuevas demoliciones, tanto en este enclave como en otros puntos del litoral canario.

Según Ledesma, "por un lado existe el precedente de Punta Larga, donde una sentencia de la Audiencia Nacional obliga a cambiar el trazado del deslinde marítimo y, por otro, hay una Ley Canaria que protege a los núcleos costeros con valores etnográficos y culturales", entre los cuales el PP cree que se puede incluir a Cho Vito. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ya puntualizó esta semana que la citada sentencia sólo supone la revisión del deslinde en un tramo de unos 60 metros, desde el refugio pesquero hasta la playa de Punta Larga.

Ledesma afirmó no entender que "en otras localidades, como Los Cristianos, se ha logrado integrar las viviendas dentro del paseo marítimo mientras que en este caso no se intente conseguir lo mismo".

El director general declaró que el PP "escuchó las quejas de los vecinos y por eso busca una solución al problema que conlleva el desalojo y derribo de las casas de los habitantes del poblado marinero". Y añadió que " se está obligando a estas personas a marcharse de sus residencias sin antes haber aportado una alternativa para su realojo".

Consultado sobre este asunto, el alcalde, José Gumersindo García (PSOE), aseguró que "hay estudiar bien estas dos opciones ya que existe una sentencia judicial firme sobre Cho Vito y ante ello son necesarios argumentos jurídicos muy sólidos que permitan modificar decisiones que ya están tomadas por los tribunales. Fuera de allí, añadió, "cualquier cosa que se haga o diga es engañar a los vecinos".

Argumentos "flojos"

El alcalde calificó de "tiene más remedio que cumplir la sentencia". De este modo, García desmintió las acusaciflojos" los sustentos del PP y aseguró que ante esta realidad el Ayuntamiento "no ones vertidas por los populares acerca de que el PSC-PSOE "se ha plegado a todo lo argumentado por Costas para justificar los derribos".

Por el contrario, reiteró que su grupo de gobierno "ha apoyado siempre a los vecinos y quien diga lo contrario, miente". Como ejemplo, citó la ayuda económica que se destinará a los damnificados para ofrecerles una vivienda, según el nivel de ingresos familiares, tal y como ocurre con el resto de vecinos del municipo que necesitan un lugar para vivir.

No obstante, García no se quedó atrás con las críticas y también arremetió contra el PP: "Si hay quienes justifican facturas vergonzozas en algunos ayuntamientos, no me extraña que no respeten una sentencia judicial", apostilló, en alusión a los polémicos gastos del grupo municipal del PP en Santa Cruz durante el pasado mandato.

Los tribunales autorizan derribar las últimas casas de Cho Vito


Los vecinos recurrirán el auto judicial que permite a Costas tirar sus viviendas l Los afectados estudian la sentencia de Punta Larga para pedir la revisión del deslinde marítimo del poblado




SANTA CRUZ DE TENERIFE El derribo de las nueve casas que quedan en Cho Vito, en el municipio de Candelaria, ya cuenta con la aprobación de la Sala de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife. Este juzgado ha autorizado a la Demarcación de Costas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a entrar al poblado pesquero para ejecutar la demolición de las viviendas construidas en dominio público marítimo.
Se trata del último auto judicial dictado con fecha 24 de junio de 2010, que viene a confirmar la decisión de Costas de seguir adelante con la demolición del enclave pesquero, cuyos vecinos recibieron esta misma semana las cartas de notificación de desalojo.

Las cartas recibidas por los moradores del poblado marinero fijan como fecha límite para el mismo el día 20 de septiembre, especificando que "los bienes y enseres y demás objetos de su pertenencia que se encuentren en la construcción en el momento de la entrada en domicilio, serán considerados como bienes abandonados a todos los efectos", según rezan textualmente.

El auto dado a conocer ayer por la Delegación del Gobierno hace referencia a los precedentes de las resoluciones de 16 de marzo y 29 de junio de 2006 que fallaron positivamente sobre "la ejecución forzosa y subsidiaria de las resoluciones de recuperación posesoria" del dominio público invadido por las viviendas privadas, ordenando por ello "la demolición de las construcciones y la retirada de sus restos para devolver el terreno a su estado original".

En la última semana se han reactivado todas las alarmas que parecían acalladas después de los traumáticos derribos de hace dos años. Los vecinos han sido los primeros en activarse, y es que no han parado de moverse en estos dos años para evitar quedarse sin hogar. Por lo pronto, el portavoz de los habitantes de Cho Vito, Tomás González, ha mantenido algunas reuniones con los cuatro abogados que trabajan actualmente en el caso. "Vamos a recurrir ese auto", aseguró ayer González. Explicó que los abogados estudian toda la documentación. "Sobre todo están analizando la sentencia de Punta Larga para pedirle a la Audiencia Nacional que revise los deslindes de Cho Vito", indicó el representante vecinal. Con ello, esperan que esa anulación pueda salvar sus hogares e incluso "enmiende el error de los derribos ya ejecutados".

González define esta nueva situación de "incongruente". Resalta que "cuando hace dos años les preguntamos por qué derribaban unas casas y otras no, nos contestaron que sólo derribaban las de las personas que las tenían como segunda vivienda". Él alega que la situación de los nueve vecinos que quedan no ha cambiado en nada y por eso no se explica cómo es que ahora vuelven las notificaciones y las amenazas de demolición.

De esta forma, se reaviva la polémica de por qué hay que derribar Cho Vito cuando otras zonas o casas se encuentran en la misma situación "o peor" en el mismo municipio. La mayoría de los vecinos se refieren a la casa del alcalde. "Por qué no derriban la casa del alcalde que está aún más cerca del mar que las nuestras", denunciaba ayer María de los Ángeles Muñiz, quien asegura que no se esperaba estas nuevas notificaciones.

Entre autos, sentencias y notificaciones, los vecinos que ahí quedan perciben que vuelven a vivir "una auténtica pesadilla". Así lo define Elba González y se queja además de que no les dan opción ni a reclamar. "Hemos ido a Costas a buscar el informe y se negaron a entregárnoslos. Alegan que tenemos que pedirlo por escrito", comenta. Ella y sus vecinos creen que se trata de una maniobra para ganar tiempo.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/08/07/tribunales-autorizan-derribar-ultimas-casas-cho-vito/298293.html

miércoles, 4 de agosto de 2010

Los vecinos de Cho Vito van a a reabrir su caso tras la anulación del deslinde de Punta Larga


Los vecinos de Cho Vito piensan reabrir su causa judicial una vez han conocido la sentencia que anula el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la zona de Punta Larga del que informó ABC en su edición del pasado domingo
JAVIER REYES
Día 03/08/2010

Los vecinos de Cho Vito piensan reabrir su causa judicial una vez han conocido la sentencia que anula el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la zona de Punta Larga del que informó ABC en su edición del pasado domingo. El portavoz vecinal Tomás González, en declaraciones a este periódico, afirma que la Audiencia Nacional ha sentado un «precedente» no solo para Cho Vito, sino para todo el litoral canario, dado que hay muchos núcleos en el Archipiélago afectados por las demoliciones. «Se ve que las cosas no son como dice Costas», comenta González, que reconoce que la sentencia les ha dado «más fuerzas» para seguir con su lucha.
Asimismo, mantiene que hay «cosas de mucha magnitud» detrás del derribo de Cho Vito, ya que en Punta Larga (zona de chalets residenciales) no se ha podido llevar a cabo. «Se ve que la ley no es igual para todos. Tengo un respeto tremendo a esos afectados, pero yo tengo el mismo derecho que ellos según la Constitución. Ha sido un agravio comparativo», explica. En su opinión, la sentencia es una «derrota» del alcalde de Candelaria, Gumersindo García (PSOE), que siempre defendió la legalidad de las demoliciones de Cho Vito. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló en marzo la demolición del poblado marinero y desestimó el recurso interpuesto por los vecinos, que ya han acudido al Parlamento Europeo y al Tribunal Supremo en busca de amparo. No obstante, la sentencia de Punta Larga, pionera en las Islas, les da pie para reabrir la causa.
Corporación local
Conocida la sentencia, en lo que muchos coinciden en Candelaria es en que la demolición de Cho Vito se podía haber evitado. Este periódico intentó recabar ayer una versión del equipo de gobierno, aplazada hasta que estudien el documento de primera mano. Los otros dos grupos de la corporación local sí se han posicionado públicamente.
En Coalición Canaria, su portavoz, Pedro Méndez, asegura
que la Audiencia Nacional le ha dado «un palo» al alcalde, y ha demostrado que Cho Vito se podía haber salvado «con una gestión política». Méndez resalta las grandes similitudes existentes entre Punta Larga y Cho Vito, ya que los mojones fueron rodados con el tiempo de su posición original, lo que hizo a los técnicos de Costas fijar deslindes erróneos, y aún lamenta los derribos porque el Cabildo de Tenerife ya tenía ideas sobre la mesa para reconvertir el núcleo costero en un poblado marinero de gran atractivo turístico. En el PP, los argumentos son parecidos. Su portavoz, José Fernando Gómez, veía «ridículo» que el sendero peatonal afectara las viviendas de Punta Larga cuando había margen suficiente, y califica de «lamentable» que el Ayuntamiento no haya defendido a los vecinos antes de llegar a los tribunales. Sobre Cho Vito, tiene claro que esta sentencia «si sale antes, hubiera salvado las casas» y lamenta que se hayan tirado viviendas en suelo urbano, con la contribución al día y más de cien años de antigüedad. El PP defiende un «modelo de integración vecinal» en la reforma de la costa y no olvida como los turistas que se alojaban en los hoteles de Las Caletillas iban cada día a contemplar el poblado. «Ahora la playa ha perdido mucho. La limpian los pocos vecinos que quedan, que además no tienen ni luz ni recogida de basuras. Tenía un encanto tradicional y ahora parece un cementerio», concluye.
http://www.abc.es/20100803/comunidad-canarias/vecinos-vito-reabrir-caso-20100803.html

Costas ordena desalojar casas de Cho Vito para seguir los derribos







VICENTE PÉREZ SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, ha dado de plazo hasta el 20 de septiembre para que los vecinos de Cho Vito cuyas viviendas siguen en pie las desalojen con el fin de continuar con el derribo de este caserío de Candelaria, iniciado en octubre de 2008, para recuperar la posesión del dominio público marítimo terrestre a raíz de sentencias judiciales firmes.

Así consta en un escrito que una familia de Cho Vito recibió del Ministerio, con registro de salida el 23 de julio, divulgado ayer por el concejal del PP José Fernando Gómez, durante una rueda de prensa. En el documento, se ordena que, antes del plazo señalado, estos vecinos retiren los muebles y enseres y otros objetos de su pertenencia, pues de lo contrario se entenderán abandonados. Costas esgrime un informe elaborado por la Abogacía del Estado el el 23 de febrero pasado, según el cual el Ministerio “goza de postestar para ejecutar la sentencia firme [dictada en noviembre de 2007] procediendo a entrar en el domicilio afectado sin necesidad de un nuevo pronuncimiento judicial”.

El portavoz del PP declaró que “sus años después de que los vecinos de Cho Vito vieran cómo sus vidas eran destrozadas por personas sin escrúpulos, depredadores de lo ajeno, se pretende llevar a cabo otra vez, una maldad manifiesta, con el apoyo de todas las administraciones, incluida la local”. Fernández abogó por que los abogados de los vecinos utilicen una reciente sentencia que obliga a revisar el deslinde de Punta Larga y “puedan parar este enorme atentado contra el patrimonio de las personas, que tienen escrituras y pagan sus impuestos, como el IBI, o sea, que para pagar impuestos la casa si era legal, para vivirla no”.

De no ser así, el edil del PP invitó a acudir a “ las manifestaciones que próximamente se harán en Candelaria en apoyo a estas familias e impidiendo que se cometan más atropellos por las personas que escudadas detrás de las administraciones, realizan actos de mala fe, malvados y cargados de venganza sin razón”.

La demolición del poblado de Cho Vito es la culminación de un largo procedimiento judicial que acabó en una sentencia firme, dictada hace casi tres años, en aplicación de la Ley de Costas vigente desde 1988, dado que las viviendas invadían la franja pública del litoral.


http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/22087/




domingo, 1 de agosto de 2010

La Audiencia Nacional anula un deslinde en Punta Larga


La sentencia pone en entredicho las demarcaciones del dominio público marítimo terrestre realizado en Canarias por el Ministerio de Medio Ambiente



SOL RINCÓN BOROBIA La Audiencia Nacional ha anulado el deslinde marcado en 2006 por la Dirección General de Costas en Punta Larga, término municipal de Candelaria, al considerar que el trazado "adolece de rigor técnico suficiente". El dominio público marítimo-terrestre determinado por orden del Ministerio de Medio Ambiente afectaba a los jardines de tres casas unifamiliares, cuyos propietarios recurrieron en 2007.

Costas afirmó en su defensa que la demarcación era exactamente la misma que ya estaba determinada en el año 1969 y que su límite interior es la máxima distancia tierra adentro que alcanzan las olas durante los peores temporales.

Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el pasado 16 de julio, tira por tierra estos argumentos. Ante todo, la Sala asegura "echar de menos" la existencia de "algún antecedente o referencia histórica respecto del alcance del oleaje en la zona" y también le da un tirón de orejas a la Administración por no aportar las pruebas que justifiquen el deslinde.

Por el contrario, la Audiencia sí consideró suficientemente demostrado por los recurrentes que el dominio público marítimo terrestre fijado en 2007 no coincide con el de 1969. Más aún, probaron que la línea marcada hace tres años se trazó todavía más hacia el interior que la del 69, con lo que cogió de lleno parte de la propiedad de las tres viviendas. Para demostrarlo, las familias afectadas por el deslinde aportaron los informes realizados por dos peritos.

Según el representante legal de los propietarios de las viviendas, José Ortega, esta sentencia tiene mucha relevancia. En primer lugar, "obligará" a revisar el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio y a anular "actuaciones sancionadoras" y órdenes de derribo.

En segundo lugar, esta resolución de la Audiencia Nacional podría impulsar la revisión de todos los deslindes hechos en Canarias con el argumento de los temporales. Según los datos aportados por Ortega, el 95% de las demarcaciones aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente en el Archipiélago están precisamente justificadas con el máximo alcance tierra adentro de las olas.

Pero este abogado, que además es fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, aún va más allá y asegura que el Ministerio de Medio Ambiente decide el alcance de los temporales en las Islas por "observación directa", es decir, sin una sola prueba. Además, indica que la Dirección General de Costas actúa de forma diferente en la Península que en Canarias. "En la Península se gastan bastante dinero y se toman bastantes molestias" en justificar un deslinde. Ortega cree que el Gobierno español menosprecia al Archipiélago. "Es una vergüenza lo que hace en Canarias", afirma.

Asimismo, y en cuanto a la ley aprobada por el Parlamento de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, la calificó de inservible si no se aplica. "Es decepcionante ver cómo el Gobierno canario no hace nada, sólo política de gestos, pero no aplica la ley".

Ortega, que logró hace poco una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulando una recuperación posesoria en Fuerteventura, también consiguió la nulidad de otros deslindes en Otur (Asturias) Oliva y Bellreguard (Valencia), Alcalá de Chivert (Castellón), y parcialmente en Bajo la Cuesta (Tenerife), entre otros.

Lo que este abogado no ha conseguido en el caso de Punta Larga es que la Audiencia Nacional reconozca que sus clientes adolecieron de indefensión.

José Ortega incluyó en su demanda que Costas no informó a los propietarios de las viviendas qué alcance tenía la zona afectada por el deslinde que realizó en el año 2006 y que, por lo tanto, sus clientes no pudieron alegar nada ni defender sus propiedades. Sólo pudieron actuar cuando recibieron la notificación de derribo.

La resolución plantea dudas sobre Cho Vito

Se da la circunstancia de que Punta Larga se encuentra muy cerca de Bajo la Cuesta y Cho Vito, cuyas órdenes de derribo tenían un fundamento parecido al del primer caso, en especial el de haberse construido las viviendas dentro del dominio público definido en el año 1969.
Por este motivo, dada la falta de rigor demostrada por la Dirección General de Costas en el caso de Punta Larga, podría haberse pecado de lo mismo en Cho Vito con algunas de las viviendas ya derribadas
. En cuanto a Bajo la Cuesta, hay cincuenta familias afectadas por la demarcación. Es este caso, el abogado José Ortega también intenta demostrar que hubo un error de replanteo del deslinde de 2007 con respecto al del año 1969.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/08/01/audiencia-nacional-anula-deslinde-punta-larga/297385.html

miércoles, 28 de julio de 2010

CUANDO NO SE TIENE RAZÓN, SE DICEN ESTUPIDECES


El PSC acusa a Melchior de gastar 3.500 euros en un acto contra Costas
"Pagó a afectados" por la ley la estancia en un hotel, denuncia


SANTA CRUZ DE TENERIFE El consejero del PSC-PSOE en el Cabildo de Tenerife, Ricardo Guerrero, acusa a la corporación insular, que preside el nacionalista Ricardo Melchior, de gastar en el mes de marzo 3.500 euros en el I Encuentro Europeo de Afectados por la Ley de Costas. Se trata, dice, de un acto "a favor de los intereses de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP)" que, según el socialista, están en contra de la aplicación de la Ley de Costas.

Ricardo Guerrero reprobó en rueda de prensa que el Cabildo subvencionara la estancia en un hotel de Tenerife de los afectados por la Ley de Costas que asistieron a ese encuentro. Esta situación, reprochó el socialista, "pasa de castaño oscuro" porque "se pagó la estancia de quienes venían a protestar".

El consejero insistió en que "desde la corporación insular se apoyan actos de acuerdo con CC y PP como el citado encuentro al que no se invitó a ningún socialista, aunque hubiéramos estado encantados de ir para que alguien defendiera los intereses de los tinerfeños".

Las jornadas celebradas en marzo fueron organizadas por la Asociación Europea de afectados por la Ley de Costas, la Plataforma en Defensa de los Ciudadanos de Candelaria, la Asociación en Defensa del Caletón, y la Asociación de Vecinos Las Calas, y se celebraron para debatir y proponer soluciones a la aplicación de dicha Ley, según detalló la organización en un comunicado. Durante estos dos días, afectados, políticos, empresarios, ecologistas y abogados debatieron sobre la aplicación retroactiva de la Ley de Costas, la problemática de los núcleos costeros tradicionales, entre otros temas, con el fin de elevar sus conclusiones a los órganos competentes.

Guerrero criticó también la aprobación de la constitución de un comité de expertos para abordar el Plan de Ordenación de Tenerife (PIOT). "Las cosas se están haciendo mal desde Planificación
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/07/28/psc-acusa-melchior-gastar-3500-euros-acto-costas/296665.html








Cuando se dicen estas cosas, una de dos, o tiene un desconocimiento total de lo que se habla, o simplemente, tiene menos luces que un mejillón.

Es totalmente FALSO que no se invitará a un acto, de nivel EUROPEO, que se celebra por primera vez, a ningún socialista. Desde Don Juan Fernando Lopez Aguilar, miembro del parlamento Europeo, hasta el alcalde del municipio, Don Gumersindo Garcia Trujillo, fueron invitados, y no asistieron.

Los asistentes, no vinieron a protestar, DEBATIERON propuestas y posibles soluciones, a una ley que vulnera la Constitución Española, y que afecta a muchos cientos de miles de personas.

martes, 27 de julio de 2010

El Consistorio censa las viviendas de Anaga para protegerlas ante Costas


Luz Reverón apoya la preservación de unos núcleos que el Gobierno declaró urbanos pero el Estado pretende eliminar




LA OPINIÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado un censo de edificaciones de los núcleos de Anaga afectados por un expediente de demolición de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. La concejal de Urbanismo, Luz Reverón González, informó ayer a los vecinos de Almáciga, Roque de las Bodegas, Tachero e Igueste de San Andrés de la elaboración, por parte de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de una relación de viviendas ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y protección, que posean un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco.

Se deberá valorar su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social, al objeto de su consideración en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones que solicitaran los titulares de las mismas, señaló el Consistorio en un comunicado de prensa.

Luz Reverón González explicó a los vecinos de estos enclaves en plena cordillera que el Ayuntamiento capitalino se sumó el pasado mes de mayo, a través de una moción aprobada en el Pleno de la Corporación por todos los grupos políticos, a la iniciativa parlamentaria a través de la cual se aprobó el pasado 30 de abril la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.

Así, la concejal santacrucera declaró que "el Ayuntamiento apoya la consolidación edificatoria de la zona y la preexistencia de los servicios urbanísticos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. Por eso se aprobó la realización de este catálogo que va a servir a los vecinos para acreditar la antigüedad de las viviendas y por tanto su carácter urbano".

Los vecinos y los representantes políticos quedaron en mantener una reunión en las próximas semanas para hacer un seguimiento de la elaboración del citado censo. A la reunión, que tuvo lugar ayer por la mañana en la Gerencia Municipal de Urbanismo, acudieron el diputado autonómico de Coalición Canaria, José Miguel González; la concejal del Distrito de Anaga, Sheila Trujillo y los representantes de los vecinos de Almáciga, Tachero, Roque de las Bodegas e Igueste de San Andrés.

El camino judicial

Tras varios años en los que los tribunales fallaban en contra de las posiciones vecinales, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha puesto a su lado al ratificar que los núcleos de Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero son urbanos, tal y como en su momento dictaminó la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), dependiente del Gobierno autónomo.

De esta manera, se conseguiría que la zona de protección se reduzca de los actuales 100 metros a 20. De esta decisión depende que 250 viviendas se queden fuera o dentro de ordenación. Sin embargo, el área de Costas , dependiente del Estado, presentó un recurso contra la decisión de la Cotmac.

El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, han prometido su apoyo a los vecinos de Anaga en su lucha contra la Dirección General de Costas para evitar posible el derribo de sus viviendas. La pelota está ahora en el tejado del Tribunal Supremo (TS), que tendrá que decidir si los caseríos de Tachero, Almáciga y Roque de Las Bodegas son o no urbanos. La Audiencia Nacional ratificó el deslinde hecho por Costas.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/07/27/consistorio-censa-viviendas-anaga-protegerlas-costas/296501.html

domingo, 18 de julio de 2010

Afectados por la Ley de Costas piden que se ponga freno a los abusos


“La línea que separa el suelo público del privado es tan arbitraria que el negocio está asegurado”, denuncian las víctimas. PP, CIU y CC exigen la modificación de la norma.
• EA. Herrero/P. L. Cuntín/I.
Recuperar el litoral. Eso persiguen las autoridades que obligan a cumplir la Ley de Costas, en vigor desde hace 22 años y que impide edificar a menos de 100 metros de la orilla del mar y 20 metros si es suelo urbano. Las viviendas que no cumplan estos requisitos pueden ser demolidas. Esto es ya una realidad: cientos de propietarios han perdido sus casas en la costa, y aún quedan 1.000 kilómetros por deslindar. Pero ¿con qué criterio se establecen las líneas divisorias de la propiedad pública y la privada?, ¿existen intereses, más allá de los medioambientales, a la hora de establecer los deslindes? El debate se reabre tras las propuestas presentadas por el Partido Popular de Galicia y Cantabria, CIU y Coalición Canaria para modificar la Ley de Costas que se aprobó en 1988. Ésta nació con un objetivo claro: paliar la situación en la que se encontraba el litoral español. Sin embargo, lo ocurrido en los últimos 22 años en España demuestra que esta Ley y su reglamento no han cumplido plenamente con sus objetivos. Desde 1987 a 2005, un total de 7,7 hectáreas de costa al día han sido sustituidas por urbanizaciones, hoteles y puertos. Las zonas de Levante y Canarias han sido las más afectadas.
La senadora popular por Cantabria, Leticia Díaz, fue una de las que dio la voz de alarma. Presentó el pasado martes una propuesta “de mínimos” para que se mantenga la situación jurídica de todas las concesiones anteriores a su aprobación en 1988, hasta que se arbitre un instrumento de planeamiento urbanístico que determine qué usos son compatibles con la preservación ambiental y se establezca una valoración. Leticia ha declarado a LA GACETA que “Costas no ha frenado los desmanes urbanísticos, ni los de antes ni los posteriores a la ley”. En lo que respecta a la propia Ley, Díaz denunció que no le parece adecuada “la confiscación de propiedades privadas, ni su efecto retroactivo”. Y es que la Ley tiene, según José Antonio García-Trevijano, jurista especializado en Derecho Público, dos grandes problemas: “El primero es que define el dominio público en términos imprecisos, con lo cual el Gobierno de turno sitúa los deslindes (líneas que separan la propiedad privada de la pública) donde quiere”. Esto ocasiona, según Trevijano, que existan casos como la playa de Cadabedo en Asturias, donde la línea de dominio público está a dos kilómetros del mar y en otros sitios a 100 metros. Existen deslindes que son “auténticos zigzags”.
Concesiones

El segundo problema grave que plantea la Ley es que el TC aprobó en 1991 que a los propietarios de terrenos que estuvieron afectados por Costas no había que aplicarles la expropiación sino la concesión. “Como no hay dinero para realojar a la cantidad de personas afectadas, se les permite permanecer en sus casas 30 años prorrogables a otros 30, es decir, pueden permanecer en sus casas, eso sí, sin reformarlas, ni siquiera pintarlas, hasta 2018 o incluso hasta 2048. Y, después, a la calle. Sin indemnización, ni casa. Eso si a Costas no se le antoja echarlos antes. Esto, en Europa, es inaudito”, explica el abogado.
Actualmente, Costas ha deslindado ya un 92% del litoral español; quedan 1.000 kilómetros de costa por dividir. Las casas de pescadores de El Puig en Valencia serán las próximas en ser derribadas. Será en septiembre. Los habitantes de Puntas de Calnegre, en Murcia, están en espera de la sentencia del Supremo. Los propietarios de las viviendas situadas en Playa de la Viuda, Ojos de Garza y otras poblaciones costeras tradicionales de las Islas Canarias han recibido cartas con órdenes de derribo. Así también comenzó la historia de los habitantes de la población tinerfeña de El Cho Vito, demolida por Costas en octubre de 2008.
Caso Cho Vito
La casa de Antonio Alonso estaba escriturada en el año 1953. Había pertenecido a su familia desde siempre. Comenzaron a recibir cartas de Costas anunciando el derribo de su propiedad, ya que su casa, como las del resto de habitantes de El Cho Vito, pertenecía a suelo público. En la sexta y última carta, le advertían de que el derribo de su casa costaría al Estado 18.000 euros, que tendría que pagar de su bolsillo. En octubre de 2008 derribaron su casa. Antonio todavía no tiene sus enseres, ni muebles, ni ropas, ni documentos, ya que fueron destruidos por el operativo.
Sin embargo, sigue pagando el IBI y los impuestos correspondientes a la casa. Él ahora vive de alquiler, pero muchos de los propietarios de las 23 casas que tiraron no tenían dinero ni otro sitio adonde ir y malviven como pueden, en casas de familiares.
Todos ellos mantienen la esperanza de que les devuelvan sus casas desde el día 22 de marzo, que llevaron su caso al Parlamento Europeo. “La práctica totalidad del arco parlamentario nos dio la razón”. Sin embargo, Antonio sabe que “lo que está en juego es muy gordo. Hay un proyecto de construir 15 adosados de lujo y 1 puerto deportivo en el Cho Vito; los pobres no cabemos ahí”.
La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, afirma que, “con los deslindes, el negocio está asegurado para siempre” y denuncia a LA GACETA las malas prácticas de la Dirección General que ostenta Alicia Paz. “Costas se vale de su poder y del dinero público e incluso del europeo para chantajear a los ayuntamientos cuando piden que saquen de ordenación edificios completamente legales para poder derribarlos y poder hacer las infraestructuras que ellos deciden. Cuando un ayuntamiento se opone, como es el caso más reciente de Puerto Naos en La Palma (Canarias), Costas le retira las infraestructuras prometidas. Estos casos se dan en toda la costa española”. La GACETA se ha dirigido a la Dirección General de Costas y su respuesta fue breve: sus “actuaciones están amparadas por el Constitucional”.
Estos argumentos no son válidos para Europa. El Parlamento Europeo no deja de amenazar a España, con la retirada de fondos, si no es capaz de solucionar los problemas derivados de la aplicación de esta ley, que inunda de casos flagrantes todo el litoral español.
Molino del s. XVII
El molino de mareas Portu Errota, en la vizcaína ría de Urdaibai, data de 1683. La familia de Jon Iturribarria, su actual “ocupante”, como lo han definido las autoridades, adquirió la propiedad hace 50 años y desde entonces ha invertido millones de euros en restaurarlo y ponerlo en funcionamiento. El molino, que además es vivienda, fue declarado monumento por la Diputación de Vizcaya.
“En 1996, antes de realizar el deslinde en la zona, me dijeron que la casa no es nuestra”, recuerda Jon. Después de años de litigio, el TC dictó sentencia hace mes y medio ratificando que el terreno en el que vive es público, como había afirmado Costas.
“Roban propiedades y luego dicen que estamos usurpando el dominio público”, afirma Jon, quien se pregunta qué argumento tiene Costas para adueñarse de su terreno cuando en la zona hay otros dos molinos iguales (más cercanos al mar) que no han sido afectados por el deslinde.
La batalla legal sobre el molino de Portu Errota dura ya tres lustros. “15 años de juicios no hay persona ni economía que lo aguanta”, reconoce Jon. El caso ya ha llegado al Parlamento Europeo, que ha recibido ya varias denuncias sobre la aplicación de la Ley de Costas. Según afirma el habitante del molino, la Administración juega con el desgaste de los ciudadanos. “Cuentan con que la gente se quema”, advierte.

http://www.intereconomia.com/

viernes, 16 de julio de 2010

CUANDO SE OCULTA LA VERDAD.


Este artículo, esta compuesto de retales de la entrevista por chat, de Don Gumersindo García Trujillo, alcalde de Candelaria, en el periódico La Opinión de Tenerife,el día 15 de Julio de 2010, contestando a las preguntas del Chat del periódico.

6. ¿Qué pasó con Cho Vito? ¿Qué sucede con el Litoral de Playa de la Viuda?
» En Chovito una sentencia judicial ordenó la demolición de las viviendas que han desaparecido por ocupar el dominio público, manteniéndose en pie aquellas que pertenecían a personas que no tenían otra casa y a las que el Ayuntamiento ayudará en las mismas condiciones que a cualquier otro vecino de Candelaria
atendiendo a sus condiciones familiares y económicas, y que vivirán en ellas mientras una nueva sentencia no les obligue a abandonarlas. Algunas de estas familias que lo han solicitado se les ha adjudicado una vivienda de protección oficial de las que comenzaremos a construir próximamente.


Laopiniondetenerife.es.chat

El PSOE dice ahora que no corresponde a Costas ejecutar la “demolición” del Papagayo Arena


En una semana, el criterio del Ministerio de Medio con respecto al hotel Papagayo Arena, en Playa Blanca, ha sido analizado, criticado y precisado hasta la saciedad. Si el jueves pasado, el PSOE aseguraba que Costas se mantenía “firme en su intención de demoler” el hotel, este lunes rectificaba y afirmaba que no corresponde a la Dirección General ejecutar la “expropiación o demolición”.
DiariodeLanzarote.com

EXISTE UNA SENTENCIA FIRME DE DERRIBO DE ESE HOTEL Y DE VARIOS MAS. PERO NO SE CUMPLE.


La directora de Costas afirma que el futuro del Hotel Médano pasa por el consenso
Adeje (Tenerife), EFE La directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz, dijo hoy que el futuro del hotel Médano, en el sur de Tenerife, pasa por "el consenso, desde luego, entre todas las administraciones", para esta franja del litoral "que necesita una mejora".
http://www.eldia.es/2010-07-08/SUR/1-directora-Costas-afirma-futuro-Hotel-Medano-pasa-consenso.htm


Diario del Senado de España.
Comparecencia de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Dña. Elena Espinosa Mangana, ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por su Departamento en el término municipal de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife) y, de forma muy concreta, en la demolición de viviendas en el poblado marinero conocido como Cho Vito.


Procedimiento: Ordinario
Registrado el 18 de Diciembre de 2008, calificado el 03 de Febrero de 2009
Órgano competente:
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Iniciativa presentada por:
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
Situación actual en Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca: Pendiente de comparecencia desde 09 de Marzo de 2009
Descriptores EUROVOC: Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), gestión del espacio, vivienda insalubre

el consenso al que se refiere Doña Alicia, en el caso de Cho Vito, se saltaron los acuerdos de la comisión Mixta Canarias-Estado, y se procedió al derribo, unilateralmente. A preguntas sobre este tema, en el senado, estamos esperando casi 2 años la comparecencia de la ministra o de alguien de su ministerio.


26. Sr Trujillo, cuando empezaran las obras en la playa de cho vito?. Es verdad que todos los vecinos con primera vivienda en esa ZONA, tiienen nueva ubicación.? cuando tienen que pagar los derribos?
» Dependerá del Juzgado el que se demuelan las viviendas que quedan allí si se determina por éste que ocupan el dominio público.
De las nueve viviendas que se mantuvieron por ser única casa, se han realojado a dos familias y ofrecido colaboración al resto, cómo a cualquier otro vecino del municipio de acuerdo a sus ingresos económicos.
El pago de los derribos es algo que depende de Costas y no sé si se los ha reclamado o no.

Sr Alcalde, aclárese la mente. No puede ser que el derribo se produce por una sentencia judicial, según usted, por ocupar el dominio público, y las casas que quedan, no se sabe si ocupan el mismo dominio o no. El día del derribo, usted, presionado por los vecinos, salvo de la sentencia judicial dos viviendas. Y eso que usted no puede hacer nada contra una sentencia.


En referencia a las viviendas, dos vecinos viven de alquiler, pagados por el ayuntamiento, y en la relación definitiva de los admitidos en la lista de viviendas del ayuntamiento, figuran dos vecinos, pero en reserva. No diga mentiras. Candelaria.es. Relación definitiva de viviendas.




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28. NO LE DA VERGÜENZA AJENA LO OCURRIDO CON CHO VITO CUANDO SU PROPIO CHALET ESTÁ AFECTADO POR COSTAS, AL IGUAL QUE EL DEL SR. PLASENCIA, O ES QUE ¿LA LEY SÓLO FUNCIONA EN CONTRA DE LOS POBRES Y A FAVOR DE LOS RICOS COMO USTED?
» Cho Vito fue demolido por una sentencia judicial por ocupar el dominio público, y mi chalet, que es un apartamento en un edificio de tres plantas, en el que hay otros propietarios, no ocupa dominio público.
Le invito a pasar por el ayuntamiento para darle la información que necesita y conozca la verdad y realidad de Cho Vito y de la Costa de Candelaria. Hasta ahora, no he conocido ningún caso, de los muchos que dicen, en el que tenga algo que ver la condición económica del afectado con la aplicación de la Ley de Costas, pero sí es verdad que ese es un recurso fácil para criticar o hacerse la víctima.
Laopiniondetenerfie.es.chat

En este art. la imágen es de la vivienda del alcalde. Eso de que una imagen vale mil palabras.....

Simplemente indecente, inmoral, y por supuesto ILEGAL. LA LEY ES PARA TODOS. LO DICE USTED CADA VEZ QUE HABLA DE CHO VITO.


32. ¿Como se siente al ser el responsable de la destrucción de un pueblo marinero en su municipiio? Ya se que va a decir que hay sentencias, que si costas, que si no se cuantas barbaridades mas, pero lo que la gente no sabe es que sin el consentimiento del Ayuntamiento la demarcacion de costas no actua, (caso de un Ayuntamineto de La Palma que rechaza 12 millones de euros por no derribar casas a sus vecinos a cambio de un paseo maritimo). Pero claro a usted le pagaron con hacerle esa cosa horrible que ya tiene nombre "El Charco de Los Mosquitos" ese es el precio por haber derribado chovito. Ya podia haber defendido algo mas a sus vecinos. ¿Ha pasado uds por chovito ultimamente? Ha visto como lo han dejado?.
» Las sentencias son de obligado cumplimiento para todos, incluídos los Ayuntamientos y los alcaldes que somos los primeros que tenemos que acatarlas. ¿ De verdad cree que para ejecutar la sentencia de un juez hay que pedirle permis a alguien?. Para ejecutar las obras de demolición de Cho Vito o de cualquier otro lugar de acuerdo a una sentencia, Costas no pide permiso, lo comunica y basta.
El problema de una demolición no está en que se quiera hacer un paseo, sino en que esa edificación esté en dominio público, ya que con paseo o sin él no puede ocupar un espacio que es de todos.
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jueves, 15 de julio de 2010

UNA NOTICIA VIEJA. LA ARBITRARIEDAD DE SIEMPRE.


Costas expedienta a Cayetana de Alba por su chalé de Marbella

Después de que los chiringuitos de la Costa del Sol hayan estado en el punto de mira de la Ley de Costas, ahora parece tocarle el turno a la nobleza. La Demarcación de Costas ha abierto un expediente informativo a Doña Cayetana Fitz James Stuart por su chalé ubicado en la playa marbellí de Casablanca, que supuestamente invade 32 metros cuadrados del dominio marítimo terrestre.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga publicaba esta información en su número del martes, en el que se dejaba claro que la Duquesa de Alba tiene un plazo de ocho días para acreditar que tenía licencia para realizar la obra. El documento oficial especifica que Doña Cayetana o sus representantes legales tendrán que «formular, por escrito, las alegaciones y presentar las pruebas que estimen convenientes en defensa de sus derechos»
En el caso de que no pudiese acreditar la legalidad, el expediente podría transformarse en sancionador y Costas podría ordenar el derribo de parte de la vivienda. El BOP, concretamente, especifica que si las alegaciones son desestimadas «se adoptarán las medidas necesarias para la recuperación posesoria del dominio público ocupado, entre las que se incluye el desahucio administrativo previsto en el artículo 10 de la Ley de Costas (data de 1988)».
El Gobierno le acusa de invadir 32 metros cuadrados de la playa de Casablanca
El texto especifica que la parte del chalé que presuntamente invade la playa es «un muro de piedra natural y obra, sobre el que hay una valla metálica y zonas verdes, de aproximadamente 24 metros de longitud».
Junto con la casa de la duquesa de Alba, Costas ha anunciado la apertura de otros 27 expedientes informativos similares.
No es la primera vez que las viviendas de rostros conocidos en Marbella son noticia por su presunta ilegalidad. El actor Antonio Banderas mantuvo un contencioso similar por su casa en el municipio marbellí. El caso de «La Gaviota», que fue residencia de la periodista Encarna Sánchez, llegó hasta los tribunales después de la denuncia presentada por los residentes de la urbanización Los Monteros. Aunque un tribunal falló en su contra, finalmente, según el Ayuntamiento, la vivienda será regularizada en el próximo Plan General.
La diferencia entre Doña Cayetana, y el que escribe, y muchos más, es su poder.
Mientras que costas, cuando quiere recuperar el dominio público, no te informa del proceso, te incoa un expediente de recuperación posesoria, de entrada, para que ya empieces a no dormir, con esta sra, le está informándole y casi, pidiendole perdón por las molestias ocasionadas.
La propiedad afectada por un expediente de reucperación posesoria, es indivisible. No se puede tirar una parte y dejar la otra. Eso dice la Ley. A doña Cayetana, eso no se le aplica. Mi casa Cho vito, estaba en dominio público, por 75 cm. .
Ya sabíamos que la justicia es ciega, coja, pero ahora, usa peineta, abanico, y va a los toros. País de justicia, de igualdad, de democracia...

El PP presenta una modificación a la Ley de Costas para mantener algunas concesiones e indemnizar a otras

La iniciativa pretende evitar los "efectos perversos" de la norma conservando su "espíritu" de protección
EUROPA PRESS. 13.07.2010
El Partido Popular ha presentado en el Senado una proposición de ley para modificar la Ley de Costas de 1988 de manera que se puedan mantener las concesiones otorgadas antes de ese año que sean compatibles con la protección del litoral y se estipulen indemnizaciones para el resto.
La iniciativa, redactada por la senadora 'popular' por Cantabria Leticia Díaz, pretende evitar los "efectos perversos" de la norma, pero conservando el "espíritu" de protección de la costa, según han explicado esta martes en rueda de prensa la propia senadora y el presidente del PP cántabro, Ignacio Diego.
La proposición de ley del PP, a la que se podrán presentar enmiendas hasta el próximo 17 de septiembre, plantea modificar la disposición transitoria segunda y la disposición transitoria sexta de la Ley del 88.
Por un lado, los 'populares' proponen que se elabore un instrumento de planificación específica que valore "costa por costa" qué usos son compatibles con la conservación ambiental. Mientras tanto, quieren que se mantengan las concesiones previas a la aprobación de la ley.
Una vez esté hecho el análisis, el PP sugiere que se puedan mantener aquellas concesiones que sean compatibles con la protección. Y para las que sean "manifiestamente incompatibles", demanda una valoración e indemnización.
Junto a esto, el Partido Popular propone que se anule parte del reglamento de desarrollo de la ley, y que se recoja expresamente que las extinciones de concesiones se deben llevar a cabo de acuerdo con las condiciones acordadas en su día en los pliegos.
No se puede "perder la memoria"
Según Leticia Díaz, "la Administración no puede perder la memoria, tiene que saber lo que hizo y no puede decir que no quiere saber nada" de lo que hicieron los anteriores gestores, máxime cuando "hubo un momento" en el que incluso las administraciones "animaban a invertir en determinadas zonas".
La proposición de ley presentada por el PP, que está abierta a las aportaciones de los demás grupos en el Senado, supone según dicen una iniciativa sin "precedentes", porque hasta ahora "ningún partido" había tenido la "valentía" de plantear cambios a una ley que "nadie quiere tocar" amparados en la base de la protección.
Sin embargo, después de 30 años de vigencia se ha visto, según la senadora cántabra, que la ley "no ha llegado a su finalidad" y los "problemas continúan" sin que "nadie" aporte una solución "al menos, de debate".
De hecho, creen que las modificaciones que plantean algunos grupos en el Congreso a través de la Ley de Medio Marino lo que harán es generar "mayor inseguridad", porque habría dos leyes "que chocarían entre sí", tal como ha señalado Diego.
En palabras del líder del PP cántabro, lo que propone el Partido Popular es una iniciativa "de mínimos" en la que se refrenda la voluntad de protección que preside la Ley de Costas, pero se lamenta su "carácter confiscatorio", en la medida en que el Estado, con la redacción actual de la Ley, puede "echar" a una empresa de un terreno en concesión, "sin ningún tipo de contraprestación".
Tras garantizar que "ningún especulador" va a "encontrar salida a sus intereses" a través de esta iniciativa, Diego invitó a sumarse a la iniciativa 'popular' y a realizar aportaciones a los demás grupos, y también al Gobierno de Cantabria —que hasta ahora se ha "lavado las manos"—, al PSOE, al PRC y al delegado del Gobierno en la región, Agustín Ibáñez.
Empresas y empleos "amenazados"
El presidente de los 'populares' cántabros ha subrayado la importancia de esta iniciativa, ya que la aplicación "rigurosa" de la Ley de Costas en la región "se llevaría por delante el tejido empresarial y miles de trabajos" que están "amenazados" por esa norma, así como explotaciones ganaderas y otras concesiones administrativas.
Diego ha puesto el ejemplo del Polígono de Raos, cuyos empresarios, según dice, han recibido este martes la notificación de que están todos afectados por el deslinde de Camargo. Y también ha aludido a la zona de Torrelavega, Miengo y Requejada