Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

martes, 30 de agosto de 2011

CC interpelará a la ministra de Medio Ambiente sobre los daños en San Andrés

El diputado nacional de CC Fernando Ríos planteará a la ministra la urgente necesidad de las obras necesarias para la protección y conservación del dominio público marítimo terrestre, como es el caso de San Andrés, informa el partido en una nota de prensa.
"Esto permitirá la urgente intervención de la Dirección General de Costas para resolver definitivamente un problema que los vecinos vienen sufriendo y reclamando soluciones desde hace muchos años", agrega.
El diputado de CC trasladará al Gobierno la exigencia del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y del Gobierno de Canarias de una definitiva solución al problema.
En la interpelación Ríos exigirá el cumplimiento de la resolución de CC aprobada por el Congreso de los Diputados sobre la transferencia de las competencias en materia de costas del Estado a la Comunidad Autónoma.
Además, exigirá a la ministra la convocatoria urgente, pedida por el Gobierno de Canarias, de la subcomisión Estado-Canarias en materia de costas. EFE
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=910183

Costas expropiará a 175 propietarios para realizar el paseo litoral de Valle Gran Rey



El Servicio Provincial de Costas de Tenerife ha resuelto acordar la necesidad de ocupación de los terrenos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de un paseo por el litoral en el municipio gomero de Valle Gran Rey, según un anuncio publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
El BOP publica la relación individualizada de estos bienes que queda definitivamente aprobada.
Así, las expropiaciones afectan en torno a 175 propiedades incluidas en una superficie de 564,99 metros cuadrados de suelo urbano del complejo de apartamentos El Guirre, 1.218,17 de los apartamentos Los Tarajales, 299,23 de los apartamentos El Cieno II y 413,62 metros cuadrados de los apartamentos Tres Palmeras.
El Consejo Ministros acordó el 30 de marzo de 2010 la declaración de utilidad pública de los bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del “Proyecto básico paseo litoral y accesos al mar” en la zona conocida como Callao de la Moza y El Guirre.
También acordó la iniciación de los trámites para la expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras, cuya relación fue sometida a información pública.
Finalizado el período de información pública e incorporadas al procedimiento las alegaciones presentadas, el jefe del Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, ha resuelto acordar la necesidad de ocupación de los bienes y la notificación individual a cuantas personas aparezcan como interesadas en el procedimiento expropiatorio.
Contra este acuerdo podrá interponerse recurso de alzada ante la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en el plazo de un mes contado a partir de mañana.
La actuación se localiza al norte de la Playa de Valle Gran Rey, en el área comprendida entre dicha playa y la Playa del Inglés, en la zona conocida por Callao de la Moza y El Guirre.
Las obras consisten en la ejecución de un paseo marítimo que enlace la zona de playa con el camino de acceso a la Playa del Inglés, de forma que se recuperen los accesos al mar y la zona de tránsito ocupada.
El paseo constará de una longitud aproximada de 250 metros y una anchura de 6 metros, y tendrá la dotación de mobiliario urbano y áreas de sombra y vegetación, así como el acondicionamiento de los accesos al mar.
http://www.diariodeavisos.com/2011/08/26/actualidad/costas-expropiara-a-175-propietarios-para-realizar-el-paseo-litoral-de-valle-gran-rey

¿Cuánto tiempo más?















ANTONIO ALONSO ORIHUELA (*)
Y sucedió de nuevo. Otra vez, el mar anegó San Andrés. Ya el pueblo estas acostumbrado, porque este suceso, no es nuevo. Es raro el año que no acontezca este fenómeno. Tampoco son nuevas las quejas, con toda razón, de los vecinos y pequeños empresarios, que ven, impotentes como el mar inunda sus propiedades, provocando cuantiosos daños, valorados en miles de euros.

La solución está muy clara. Un espigón. Pero aquí tropezamos con la burocracia de las diversas administraciones. El ayuntamiento, que es Puertos; Puertos, que es Costas; y mientras, la, mar sigue realizando destrozos a los vecinos. Creo, que en este caso, es Costas, la tan “querida” dirección general de Costas, y más cercana, la demarcación de Costas de la provincia, la que tiene las competencias. Es el mismo departamento, que barrió las casetas de pescadores, pero que se olvida de la seguridad de las personas; la misma dirección general, que dice que los acantilados son dominio público, pero cuando suceden desgracias, se lava las manos; la que indica a los ayuntamientos el cierre de diversas playas en la isla, en pleno verano, y realiza obras de paseos en otras, por las mismas fechas, provocando la molestia y el cabreo entre los bañistas. En fin, así es la Dirección General de Costas, y su ya demostrado quehacer por estos litorales canarios.

Es la misma institución, que permite rellenos en Radazul y Tabaiba
, dotando a la zona de servicios y legalidad pero los deniega en otros lugares; construye paseos para mejorar la accesibilidad a la costas, pero se olvida de las personas con movilidad reducida; la que ejecuta paseos en el litoral, con cientos de escalones y con un desnivel propio de escaladores profesionales, como es el caso del paseo de la costa del Rosario; la misma, que realiza macro proyectos de regeneración de playas, o lo que es lo mismo, playas artificiales, que al primer temporal, tienen que ser reparados, algunas de ellas, varias veces. Es la dirección general de costas, la misma que ordena que pueblos como Cho Vito, Boca Cangrejo, Bajo la cuesta, la Viuda, Agache o el Caletón, deben dejar de existir, perdiendo una reseña pintoresca de lo que siempre ha sido nuestro litoral, y permite verdaderas aberraciones urbanísticas en la costa, de más reciente construcción; la misma, que indica que estos mismos núcleos contaminan el mar, y crea playas artificiales, donde existen emisarios, que presentan multitud de deficiencias, y que lo que vierten, parece no ser nocivo para la salud.

Es esta misma institución, la que hace cumplir la tan conocida ley de costas; esa misma ley que está siendo investigada por el Parlamento Europeo, por la clara vulneración de los derechos fundamentales; la que ha dejado a personas sin viviendas; la que pone en práctica una estudiada confiscación de propiedades en el litoral, con el único fin de “homogenizar” la costa. Una ley, que quien más tiene, es el que escapa, vulnerando el principio de igualdad recogido en la primera Ley del Estado Español, la constitución
Con todo lo anterior, sólo cabe preguntarnos, ¿hasta cuando tenemos que seguir con estos problemas en nuestras costas? ¿Cuánto tiempo más, tiene que esperar San Andrés por su demandado espigón? ¿Cuánto tiempo más deben de sufrir esa pesada “espada de Damocles” las decenas de núcleos costeros de Canarias y los miles de afectados?

Debemos ser conscientes que es necesario cuidar nuestro litoral; que es primordial defender y legislar nuestra costa, pero también hay que ser realistas, y saber que la actual Ley de costas, no ha servido a su propósito; no ha protegido el litoral, que se ha aplicado de una forma muy caprichosa, permitiendo nuevas construcciones, pero se ha eliminado a quién no tiene medios para defenderse, demostrando que el medio ambiente, tiene una clara influencia económica; que provoca indefensión, arbitrariedad, y sobre todo una reiterada vulneración de los derechos de las personas.
Repito la pregunta; ¿Hasta cuándo?
(*) Articulista

lunes, 29 de agosto de 2011

Sólo la ermita quedará en pie en la playa de Ojos de Garza



La playa de Ojos de Garza coge toda su historia, sus casas, las vidas de sus gentes, sus ilusiones y sus penas y se mudan 80 metros más atrás. Tienen 12 años para hacerlo. Del actual caserío sólo quedará en pie la ermita. Los vecinos ya se han diseñado su nuevo barrio.
Costas les dijo un día que estorbaban, que estaban dentro de suelo de dominio público donde la ley prohíbe viviendas y que, por tanto, al menos 50 de las 144 casas del barrio iban a ser derribadas completa o parcialmente
. Ante tremendo desafío, los vecinos optaron por dos caminos a la vez, defender sus derechos a cara de perro, que es lo que han hecho, pero también proponer alternativas que pudieran satisfacer a las dos partes. Y las dos les han dado resultados. Aparte de lograr que la justicia haya parado 13 de las demoliciones de forma cautelar, ahora tienen a punto de caramelo la firma de un protocolo por escrito entre las administraciones implicadas en el que Costas se compromete a aplazar los derribos (ya había ordenado 21) a cambio de que en un plazo de 12 años se realoje al barrio. 144 casas harán pronto las maletas.

Primera línea. La prórroga está conseguida, y los vecinos están contentos, pero también saben que 12 años no son nada. Así las cosas, no pierden el tiempo y han diseñado la propuesta de ordenación para su nuevo barrio, que estará situado en el mismo sitio, en primera línea de la misma playa de siempre, sólo que 80 metros más atrás. La asociación de vecinos Playgarza, que coordina Juan Pedro Pérez, tiene ya en su poder un anteproyecto encargado al arquitecto Flavio Rodríguez y al aparejador Héctor Benítez. Ahora falta que el Ayuntamiento lo acepte y lo incorpore al expediente del Plan Especial que data de 1993 y que dará cobertura legal y urbanística a la reubicación del poblado a una parcela de 17.000 metros cuadrados.
Con los planos en la mano, de lo que es hoy es el caserío de la playa de Ojos de Garza sólo quedará en pie la ermita del Santo Cristo. Costas le dio permiso para quedarse en 2001. El resto, restaurante incluido, se muda. En lugar de la disposición actual, una hilera de casas a lo largo de la playa, el nuevo barrio se ordenará en tres tandas de dúplex hacia el interior, unas veces conformando manzanas de dos hileras de 10 viviendas separadas por una calle, otras una sola banda de casas. El anteproyecto, pendiente de autorización de las administraciones respectivas, incluye una zona de aparcamiento al aire libre para 90 plazas en un solar de 1.935 metros cuadrados, dos canchas deportivas en otra parcela aledaña a la anterior de 3.073 metros, un varadero con rampa para pescadores, un equipamiento social de 613 metros delante de todo el barrio y un mirador. El realojo del restaurante también está contemplado y se ubicará más o menos en el mismo punto que actualmente, pero unos metros más atrás.
El plan urbanístico al que se acogerán los vecinos para su reubicación no hay que inventarlo. Ya existe. Data de 1993 y tiene dos fases de tramitación aprobadas, la inicial y la provisional, con alegaciones presentadas y desestimadas por los dos propietarios del suelo a donde se trasladará el futuro caserío costero. Ahora habrá que incluir en el expediente este nuevo anteproyecto, que es muy similar al anterior salvo en una cosa, plantea un aumento de la edificabilidad, pues pasa de parcelas de 43 metros para cada dúplex a otras de 50.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=227467

La ley de costas y Arenales del Sol: antecedentes

Se que es pesado insistir en este tipo de temas que tan solo interesa o bien a los propietarios afectados o bien a las personas preocupadas por el medio ambiente. Sin embargo, este tema trasciende en mi opinión esos intereses particulares y plantea un tema de fondo más complejo. Este tema es el del respeto a los derechos de propiedad legalmente obtenidos, la capacidad de los Gobiernos por modificarlos y la confianza de los ciudadanos nacionales y extranjeros en que sus derechos se respetarán, y, por tanto, en que sus inversiones en el país son fiables.
Con la Ley de Costas actual el resultado ha sido exactamente el opuesto a lo deseable. El Gobierno ha actuado sin respeto a los derechos de propiedad de los ciudadanos en base a un supuesto "buen fin" que justificaba el expoliar sus propiedades, esto es convertirlas en dominio público sin una compensación económica adecuada. Para entendernos, sin comprarlas.
El caso de Arenales del Sol está considerado como un caso clave en estos temas no solo por la magnitud de propiedades y personas afectadas (unas 800 propiedades), sino por las características del propio caso. Brevemente. Con arreglo a la Ley de Costas de 1969 esos terrenos no fueron considerados como dominio público y el Estado en 1974 realizó un deslinde que los dejaba fuera de dicho dominio público. En base a que eran terrenos privados, fueron incluidos como terrenos urbanos en el plan de ordenación de Elche, se construyó y fueron vendidos con todos los parabienes y salvaguardas del Estado. Los que adquirieron esas propiedades no es que compraran de buena fe y fueran engañados, sino que compraron con las garantías de todas las administraciones del Estado. La cuestión clave es que si esas propiedades eran legales,¿como es que pasaron en 1997 a ser consideradas como ilegales tras el deslinde que se hizo ese año? La razón de la sinrazón que diría Cervantes, está en que en 1988 se publica una nueva Ley de Costas que modifica el concepto de dominio público marítimo terrestre (ampliándolo) y aplica ese nuevo concepto con carácter retroactivo sobre terrenos y propiedades que ya habían sido deslindados. Este es el punto clave en mi opinión. ¿Puede un Estado hacer esto sin que se compense adecuadamente a los ciudadanos que confiaron en él? Si en esa Ley se hubiera impuesto la obligación de añadir una memoria económica a cada caso que se iniciara con arreglo a la misma no se habría llegado a esta situación. La razón es que si se computan los costes que estas operaciones tienen, el coste de oportunidad de esos recursos obligaría a desechar esa opción. Por ejemplo en Arenales del Sol si se "compraran" las propiedades (lo que se debería hacer) significaría un desembolso de 160 a 240 millones de euros (según el precio medio de mercado que se dé en el momento de la expropiación). Imposible si tenemos en cuenta todo lo que hay que comprar en nuestras costas y las alternativas que se podrían llevar a cabo con esos recursos. Lo que se hizo fue cerrar este círculo perverso para quedarse las propiedades sin pagarlas mediante una increíble sentencia del Tribunal Constitucional que en 1991 declaró que el Estado podía compensar a los ciudadanos a los que quitaba sus propiedades dejándoles vivir unos cuantos años en ellas. Se pretende pagar a los ciudadanos por sus bienes dejando que los usen por un tiempo limitado de años. Intenten ustedes comprar un bien a otra persona diciéndoles que por todo pago les va a dejar que use ese bien y verán que respuesta recibirán. Pues este es el trato que el Gobierno ofrecía. La estupefacción no solo se encuentra en los que de esta forma van a ser despojados de sus propiedades, sino que el propio Parlamento Europeo ha advertido varias veces a este Gobierno que modifique su comportamiento y respete los derechos de propiedad afectados.
Este es un tema complejo porque es susceptible de un tratamiento profundamente demagógico por parte de diversos colectivos e individuos que han tenido y tienen una cierta influencia en determinados medios y en Costas. La base de sus ideas es la de que el fin justifica los medios y con ese sacrosanto principio se pueden cometer todo tipo de arbitrariedades. Por supuesto que ellos deciden cuál es el fin adecuado
.
Un Estado de derecho debe respetar sus compromisos con los ciudadanos si desea mantener la confianza internacional en el mismo. Con esta Ley y la forma de aplicarla no es posible esa conclusión. El mensaje que enviamos es que mañana otro Gobierno puede, de nuevo, modificar el criterio de qué es dominio público marítimo terrestre (por ejemplo extendiendo el mismo a los 200 metros de Costa para salvaguardarla del ladrillo) y "quedarse" con todas las propiedades que estén en ese espacio. Mañana les puede tocar a ustedes que hoy se sienten seguros porque si se permite esa actuación, entonces vale todo. Por ejemplo, en Alicante sin ir más lejos toda la playa de San Juan está asentada sobre arenales y dunas. Si se "solicitara" un deslinde en esa playa y se observara que existe arena (la original) debajo de edificios y carreteras de la misma, pasarían a ser dominio público y perderían las propiedades. El tener esta espada pendiente y no poder estar seguros de que lo que se ha comprado hoy como legal va a seguir siéndolo, es lo que ha producido la Ley de Costas actual y genera desconfianza en nuestros gobiernos. Si piensan que esto es exagerado, lean el informe Auken del Parlamento Europeo y otros similares.
¿Pero no ha cambiado nada desde que los afectados se han organizado y se defienden frente a Costas, su arbitrariedad y prepotencia? Permítanme explicárselo en un próximo artículo.
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2011/08/29/ley-costas-arenales-sol-antecedentes/1162487.html

viernes, 26 de agosto de 2011

CC-PNC-CCN reclama al Estado las competencias sobre costas

Esta fue una de las propuestas del presidente canario, Paulino Rivero, en su discurso de investidura, subraya González en un comunicado, de ahí que se haya presentado esta iniciativa parlamentaria.
González alude a los problemas de la aplicación de la Ley de Costas por los derribos de viviendas, que llevaron a la creación de una subcomisión bilateral Canarias-Estado para su supervisión
.
Hay que dar un paso más y que Canarias asuma las competencias que actualmente detenta el Estado en materia de costas, como han asumido otras comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía, según CC-CCN-PNC.
Los nacionalistas quieren que la Comisión de Transferencias prevista en el Estatuto de Autonomía se reúna lo antes posible y acuerde el traspaso de servicios y competencias a Canarias. EFE
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=907706

martes, 23 de agosto de 2011

Los afectados por los derribos tachan de "poco serios" los "vaivenes" en la aplicación de medidas



La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los propietarios de viviendas afectadas por sentencias firme de derribo en la costa cántabra, han tachado de "extraños" y "poco serios" los "vaivenes" de las administraciones al formular soluciones a este problema.
Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press el presidente de AMA, Antonio Vilela, tras conocerse que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos buscan alternativas a la legalización de las viviendas con sentencia en Cerrias, cuya propuesta inicial fue rechazada por la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM).
La fórmula diseñada por el Ayuntamiento, aprobada por el Pleno el pasado mes de mayo, planeaba en un cambio de calificación de los suelos y se basaba en la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes del Parlamento para legalizar viviendas con sentencia de demolición.
Tras las alegaciones de Costas, que negaba que hubiera motivos que justificaran el cambio de usos, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento asumieron que deberían buscar nuevas soluciones, asunto en el que ambas administraciones trabajan en estos momentos de forma conjunta.
Es una situación que a Vilela le parece "inaceptable", por lo que pide a las Administraciones que no se "precipiten" en la búsqueda de soluciones "consensuadas" para un problema "tan grave".
"No puede ser que de repente lo que valía no vale", censura Vilela, quien ha señalado que "hay tiempo para hacer las cosas" y, ha enfatizado, "hacerlos bien" ya que en este caso parece que las cosas se han hecho "demasiado rápido".
El presidente de la asociación ha descartado que la objeción de Costas a la propuesta de Piélagos basada en la Ley de Medidas Urgentes reste valor a la aplicación de este texto legal, ya que, ha afirmado, los tribunales están comenzando a aceptar los incidentes de ejecución planteados por los municipios siguiendo la citada ley.
Además, Vilela ha apuntado que tras las elecciones generales, podría modificarse la Ley de Costas en función de quien gobierne, lo que contribuiría a evitar esta situación.
http://www.20minutos.es/noticia/1140078/0/

Jarr. Parlamento Europeo Ley de Costas



Margrette Auken.Parlamento Europeo



domingo, 21 de agosto de 2011

Indulto para El Gaitero



El Ejecutivo busca fórmulas para salvar la centenaria fábrica de sidra

Decir Villaviciosa es decir Sidra el Gaitero. En 1860, José Rivero adquirió una finca de 2,26 hectáreas junto a la ría de Villaviciosa, en Asturias, a unos tres kilómetros del mar. Se la compró al Estado por unos 27.000 reales (el precio de salida en la desamortización fue de unos 4.000). Javier Bermejo, adjunto a la dirección de la empresa, ha recorrido desde hace meses los archivos en busca de la historia de la firma. "Este era el muelle que se construyó porque antes sacaban la mercancía por barco, pero ahora la ría no tiene calado suficiente", explica junto a los manzanos que rodean la planta. La obra está declarada patrimonio industrial y conserva el encanto añejo.
La finca de Villaviciosa costó 27.000 reales tras la desamortización
Los directivos amenazan con trasladar la empresa
Desde 1890 la empresa Valle, Ballina y Fernández fabrica allí la sidra. Hoy trabajan unas 70 personas y factura unos 20 millones al año (el 70% de las ventas, en navidad). La empresa era dueña de los terrenos hasta que el 5 de marzo de 2010, Costas incluyó las parcelas de la fábrica en el dominio público de la ría. Eso no implica la demolición -la fabrica seguiría allí al menos durante 60 años-, pero sí que el terreno pasa a ser propiedad del Estado, que debe autorizar cualquier obra.
Medio Ambiente esgrimió un informe técnico del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo, según el cual las naves de la fábrica "están rodeadas por terrenos cuya altura no solo se encuentra bajo el alcance de las mareas sino que además presenta claras evidencias de inundación". Una fotografía coloreada de 1898 en la que se ve el agua junto a la fábrica fue una prueba más.
La Ley de Costas, de 1988, que nació para defender la costa y recuperar lo construido, establece criterios geográficos para definir el dominio público. Lo son no solo las playas, sino también "las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas". Ahí entra, según ese informe, la fábrica de El Gaitero.
Bermejo sostiene que ese informe contiene errores de bulto y agravios sobre otras instalaciones construidas en el margen de la ría, que han quedado excluidas en el deslinde -el trámite que delimita el dominio público-. "Jamás imaginamos que fuésemos a quedar en dominio público, nos parecía imposible", relata el directivo, que pasea entre los turistas que han ido a ver la fábrica este día lluvioso.
Costas insiste en que "el hecho de que una instalación industrial quede incluida en el dominio público marítimo-terrestre no implica la desaparición de la misma, ni la obstaculización de sus actividades". Pero El Gaitero no lo ve así. "Si el terreno no es nuestro estaríamos invirtiendo para otro y perderíamos garantías para pedir préstamos, por ejemplo", cuenta Bermejo. La firma llega a amenazar con trasladar la fábrica a otro sitio: "No necesitamos estar aquí. Podemos llevar la fábrica a otro terreno de nuestra propiedad". La empresa ha recurrido ante el ministerio y a la Audiencia Nacional y se niega a aceptar la concesión para el uso durante las próximas décadas, porque sería reconocer la propiedad del Estado.
Ante esa amenaza, el pueblo se movilizó para mantener El Gaitero junto a la ría y Costas estudia ahora cómo rectificar su decisión. Ha pasado apenas un año desde que el Boletín Oficial del Estado publicó el deslinde, ha cambiado el equipo ministerial y Pedro Antonio Ríos, director general, admite que "hay varias formas para llegar a un acuerdo".
Una sería aceptar el recurso de El Gaitero en contra del informe técnico y sacar la fábrica del dominio público. Otra más farragosa sería desafectar el terreno y pasarlo a manos privadas, fijando que es una zona inundable. La desafectación del dominio público es un complejo trámite para pasar propiedades del Estado a manos privadas. El Gobierno tramita 10 expedientes en Cantabria, para empresas y propiedades municipales enclavadas en marismas degradadas pero consideradas dominio público.
Costas afirma que es una exageración vincular el futuro de la planta con la declaración de dominio público y recuerda que "en Cádiz y Huelva numerosas instalaciones industriales destinadas a la extracción de sal han quedado incluidas en el dominio costero" y siguen funcionando.
El caso revela la creciente conflictividad de la Ley de Costas, aprobada hace más de dos décadas pero cuya aplicación a los puntos más polémicos ha llegado los últimos años. De afectar a particulares comienza afectar a empresas, y ahí el ministerio parece más flexible con el argumento del empleo. La refinería de Petronor en las marismas de Muskiz (Vizcaya) tenía una concesión a punto de caducar, pero el PSOE aceptó la enmienda del PNV para indultarla a través de una enmienda de última hora a la Ley de Economía Sostenible. La fábrica de Ence (Pontevedra) tiene una concesión que caduca en 2018. El anterior equipo ministerial, con Alicia Paz como directora general, no dudó en cambio en aplicar la Ley de Costas a los vertidos de Fertiberia, en Huelva, lo que ha reducido la actividad de la planta.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Indulto/Gaitero/elpepisoc/20110821elpepisoc_4/Tes

Canales públicos, acceso privado



Medio Ambiente rectifica y suaviza la aplicación de la Ley de Costas a 6.000 chalés de la mayor marina residencial del Mediterráneo

"Me quiero ir de Empuriabrava y de España. Estoy segura de que en unos años me van a quitar mi casa". Karin Aubin, alemana de 64 años, vive angustiada desde que el Ministerio de Medio Ambiente aplicó la Ley de Costas y llevó a cabo el deslinde del dominio público de los canales de Empuriabrava (Girona). Tiene miedo a perder su vivienda y el amarre del barco, visible desde su salón. La embarcación descansa en uno de los canales que forman los 24 kilómetros navegables de Empuriabrava, la marina residencial más grande del mundo, en el municipio de Castelló d'Empúries.




24 kilómetros de canales artificiales quedan fuera del acceso público
Los dueños pierden la propiedad del amarre situado en su mismo jardín
El caso -probablemente el mayor de España por el número de afectados- ha llevado al Ministerio de Medio Ambiente a buscar una nueva interpretación de la ley que pasa por designar una vía de tránsito alternativa para que los vecinos no tengan que dejar en el futuro paso al canal a través de sus terrenos, y también para permitir que los dueños de las casas puedan realizar obras y minimizar así el impacto de la norma. Una medida que supone para Greenpeace un trato de favor a una gran urbanización de lujo. Medio Ambiente replica que es una situación singular. En cualquier caso, los conflictos con Costas han disminuido desde que en octubre pasado cambió el equipo ministerial, que ha optado por negociar con los propietarios.
Los promotores concibieron Empuriabrava en los años 60 como una urbanización turística deportiva en la que sus propietarios pudiesen amarrar el barco enfrente de casa y salir a navegar. El proyecto vivió un auge en los años 70 y 80, cuando miles de extranjeros compraron sus propiedades. Son mansiones, casas adosadas e incluso apartamentos que se construyeron hace décadas al borde del agua. El municipio tiene 12.000 habitantes, pero en verano ronda los 80.000. En algunos casos, los balcones de los pisos sobresalen por encima mismo del canal.
"La gente compró sus casas y amarres de forma legal y ahora pierden sus propiedades sin ningún tipo de contraprestación", afirma Tim Pelters, de la Asociación de Propietarios de Empuriabrava (APE), que define la marina como un "engendro imposible e irrepetible". Ni la indignación de los vecinos ni las múltiples reuniones entre las partes implicadas consiguieron frenar el deslinde. "Hay unas 7.000 propiedades afectadas", explica Pelters. Muchas de ellas están a pie de canal.
La Ley de Costas, de 1988, considera que todo el litoral es público. Para ello, el Gobierno debía realizar un complejo trámite -el deslinde- que delimita el espacio público y el privado. Más de 20 años después de la aprobación de la norma, comienzan a llegar los técnicos a las zonas más complejas: y no hay ninguna más enmarañada que Empuriabrava.
El deslinde, que se aprobó en diciembre pasado (después de tres años de tramitación), implicaba que los propietarios perdían la propiedad de sus amarres y embarcaderos, que compraron y escrituraron en su día junto a las casas, al declarar los canales de dominio público. Además, fijaba una servidumbre de tránsito de seis metros junto a los canales para que en el futuro cualquiera pudiera circular junto astas vías de agua, que a efectos legales son litoral como el mar. En muchos casos esa raya cruzaba jardines, piscinas e incluso las casas.
Ante los más de 500 recursos recibidos y la comprometedora situación de los vecinos, Costas ha rectificado seis meses después para suavizar el impacto en la urbanización. La fórmula que ha empleado es aceptar que existe una localización alternativa a la servidumbre de tránsito que discurre por detrás de las casas, por las calles ya existentes, de forma que los vecinos no tienen que dejar paso al canal desde sus terrenos -excepción prevista en la ley- y ahora pueden realizar obras sin tener que pedir permiso a Costas.
El director de Costas, Pedro Antonio Ríos, admite que ha llevado a cabo "una interpretación
concertada para un hecho singular" y que se aplicará donde haya otro caso igual. Ríos firmó el 30 de junio la resolución que sitúa la servidumbre de tránsito por detrás de las casas, de forma que solo en algunos puntos quien pasee por la marina podrá acceder a los canales: "La ley tiene margen para dar una respuesta singular a un caso singular. El PSOE se opone a reformar la Ley de Costas, como piden PP y CiU, y apuesta por flexibilizar su aplicación.
Los implicados creen que la resolución sobre la servidumbre de paso es ambigua. "Pediremos una aclaración", afirma el alcalde de Castelló d'Empúries, Xavier Sanllehí (CiU). Esta coalición ha intentado, de momento sin éxito, que Empuriabrava sea declarada ciudad navegable y no se le apliquen las provisiones de la Ley de Costas. Tampoco Leticia Llobet, de la asociación de propietarios Aproem, está contenta. "Lo que han hecho es como pretender utilizar el sistema operativo de Windows en un Mac", dice: "Se busca una solución legal para un caso que no prevé la ley".
Los ecologistas critican que se suavice la ley y se creen precedentes. Pilar Marcos, de Greenpeace, opina: "En la práctica eximen a este enjambre de chalés de lujo de dar acceso público al mar". Además, critica que Costas acepte que la servidumbre de tránsito vaya por las calles ya existentes en una resolución que el ministerio ni ha enviado al Boletín Oficial del Estado. Según Marcos, el cambio supone que los canales solo serán accesibles para el público en determinados puntos, pero no junto a toda la lámina de agua.
Ríos no ha cedido en la pretensión de que los amarres se mantuvieran como propiedad privada. En el derecho español el límite del agua no puede ser privado sino solo una concesión, y Medio Ambiente ofrece una concesión para sus amarres de 30 años prorrogable a otros 30.
"Nosotros compramos la casa con el amarre. Sin él, no tiene ningún valor. Además, en la escritura pone que casa y amarre son una propiedad indivisible", explican con indignación Karin y Jean-Louis Aubin, que no están contentos con esta solución, que les permite disfrutar de su barco pero no vender el amarre.
Muchos han colgado el cartel de "Se vende". "La gente está cansada de todo esto", dice Pelters. "Vienen a pasar sus vacaciones, pero no pueden descansar", abunda. Según Pelters, dueño de una inmobiliaria, la incertidumbre que pesa sobre las propiedades desde que la sombra de la Ley de Costas cayó sobre Empuriabrava ha hecho que los precios bajen en picado. "Han descendido un 30% más que en otras localidades de costa tocadas por la crisis", afirma. Karin Aubin estaría dispuesta a vender su casa, pero su marido quiere quedarse. Es su única vivienda, a diferencia de otros extranjeros que usan Empuriabrava como segunda residencia.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Canales/publicos/acceso/privado/elpepisoc/20110821elpepisoc_3/Tes

viernes, 19 de agosto de 2011

Los vecinos temen perder sus casas por los desprendimientos



La asociación de vecinos de Santa Lucía encargará su propio estudio geotécnico para averiguar las causas del alud y sus soluciones porque se desconfía del informe que en su momento solicitó la administración pública.
19/ago/11 01:24
Los desprendimientos habidos en el litoral de Agache hace un mes mantienen la preocupación e incertidumbre de los vecinos, quienes desconfían de las intenciones del Ayuntamiento de Güímar a raíz de los desalojos y temen que dicha medida sirva para "quitarnos las casas".
El presidente de la asociación de vecinos de Santa Lucía, José Antonio Herrera, señala que "el estudio geotécnico que se elaboró en su momento por los derrumbes podría contener errores y nosotros procederemos a encargar otro, costeándolo los residentes. Por ello, ya estamos buscando la manera de financiar el informe".
"Lo que tenemos claro es que no vamos a parar hasta que no contemos con una solución eficaz y eficiente que resuelva los problemas" derivados de los desprendimientos y que han obligado al desalojo de los residentes, comenta el responsable del citado colectivo.
Expresa que el desinterés por solucionar la situación por el alud se constata "en el transcurso de la reunión habida con Costas, ya que nos trataron muy mal".




En manos de abogados




"Del encuentro, al que también asistieron responsables municipales, no salió ninguna solución y la misma fue, por tanto, una auténtica tomadura de pelo", comenta preocupado.
"Tememos que las soluciones salgan si nos quitan nuestras viviendas, pues podría ser entonces cuando se den los permisos oportunos para hacer las actuaciones necesarias en este entorno" de refuerzo del talud, destaca el dirigente vecinal.
La teoría que barajan los vecinos de Santa Lucía se refuerza porque hace semanas se desplazó a Santa Lucía "la Policía Local de Güímar con 32 notificaciones no personalizadas para proceder al desalojo y precinto de más viviendas" del entorno.
La preocupación vecinal "ya tiene constancia el abogado José Luis Langa, que es quien lleva los asuntos de los afectados con la Ley de Costas, así como que se la hemos trasladado al Diputado del Común para que nos ayude", indica Herrera.
http://www.eldia.es/2011-08-19/sur/4-vecinos-temen-perder-casas-desprendimientos.htm

martes, 16 de agosto de 2011

Costas restringe el uso de varias zonas del litoral de la Isla



El desprendimiento de rocas y la evidente falta de seguridad para propietarios de casetas y bañistas, son los argumentos que mantienen varias playas de la costa palmera cerradas a los usuarios, decisión adoptada por la Demarcación provincial de Costas que en tiempos de crisis hace temer a los alcaldes que la administración no apueste por su recuperación.
El hándicap también figura en la nula ficha financiera que las arcas locales tienen para acometer la redacción de los proyectos que luego aprobaría y ejecutaría el Ministerio de Medio Ambiente.
Los vecinos de la playa de El Pósito han mantenido un encuentro con la alcaldesa de Villa de Mazo para conocer de primera mano las restricciones impuestas por Costas en el marco de una serie de medidas que ya hizo efectivas el año pasado y que afectan a un total de cuatro playas de la isla, dos de ellas en Fuencaliente y otra en Los Llanos de Aridane. Se trata de playas que tradicionalmente han sido escogidas por su encanto por turistas y vecinos, atraídos por el entorno natural, la limpieza de sus aguas y la belleza de sus fondos marinos.
La alcaldesa de Villa de Mazo, Nieves Lady Barreto, explicó que “la reunión ha servido para que los vecinos comprendan que Costas mantiene las restricciones y que en El Pozo hay casetas que no se pueden ocupar por falta de seguridad dada la proximidad del risco”. La alcaldesa no oculta su máximo interés por mantener una reunión informativa con Costas para solicitar la ejecución de obras de saneamiento en el risco próximo a esta zona costera, “pero mientras tanto -dijo- los vecinos deben respetar el precinto”. El Ayuntamiento de Mazo ha remitido a Costas un informe elaborado por la Policía Local en el que se detalla el cumplimiento de las restricciones, documento que acompaña en el que se solicita la realización de obras de saneamiento que permitan la recuperación de la zona costera para vecinos y visitantes.

http://www.diariodeavisos.com/2011/08/15/actualidad/costas-restringe-el-uso-de-varias-zonas-del-litoral-de-la-isla

miércoles, 3 de agosto de 2011

Langa teme que los desalojos por desprendimientos encubran futuros derribos de viviendas



El abogado de los afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, advirtió que pondrá "todos los medios" para evitar que las viviendas desalojadas como consecuencia de los aludes en la zona de Santa Lucía terminen demolidas.
3/ago/11 01:19
EL DÍA, Güímar
La situación que acontece en el litoral de Agache derivado de los desprendimientos en la zona de Santa Lucía hace unas semanas preocupan al abogado de los afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, quien también es responsable de los servicios jurídicos del CCN. De hecho, el letrado y el diputado centrista, Ignacio González, mantuvieron recientemente una reunión con los vecinos de este enclave del municipio de Güímar para conocer de primera mano las inquietudes de los residentes ante la alarma que está provocando el precinto de las propiedades por parte de las autoridades municipales, debido al temor de no poder recuperar sus viviendas.
Durante el encuentro, Langa advirtió que los desalojos derivados de los aludes en este ámbito de Agache pueden encubrir en un futuro el derribo de las viviendas de este entorno.
Dicha consideración se reforzó porque durante la reunión, a la que también acudió el presidente de la asociación de vecinos de Santa Lucía, José Antonio Herrera, una dotación de la Policía Local de Güímar se acercó hasta el citado núcleo marinero para entregar 32 avisos de desalojos.
Incertidumbre
Esa circunstancia provocó una mayor inquietud entre los residentes, según se destaca en el comunicado de la formación centrista.
El letrado del CCN indicó, por todo ello, que pondrá "todos los medios" a su alcance para que no se produzca ningún derribo de viviendas, que en un principio se "estima pueda ser la finalidad de este desalojo" en esta franja costera.
De este modo, Langa anunció que emprenderá las acciones jurídicas que correspondan conforme a derecho con el único objetivo de garantizar que las viviendas afectadas por los aludes se mantengan en pie.
La incertidumbre y desconfianza de los vecinos de Santa Lucía radican en que esta parte del litoral de Agache forma parte del expediente de recuperación posesoria del espacio de dominio público marítimo-terrestre promovido por la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
Ese hecho dificulta la solución a la problemática suscitada en el lugar por el derrumbe de parte del techo de la cueva en la que existen construcciones que datan, en algunos casos, de la década de los setenta del siglo pasado.
Por otro lado, el presidente del CCN, Ignacio González, también comentó durante la reunión que su grupo está trabajando para presentar en septiembre una Proposición No de Ley (PNL) para que el Parlamento de Canarias inicie formalmente los trámites para que el Gobierno nacional transfiera las competencias en materia de Costas al Ejecutivo regional al considerar que sería importante para el Archipiélago.
A pesar de que este periódico logró contactar con el Ayuntamiento de Güímar, ayer no fue posible conocer la opinión que sobre este asunto tiene el actual grupo de gobierno en la citada corporación municipal
http://www.eldia.es/2011-08-03/sur/1-Langa-teme-desalojos-desprendimientos-encubran-futuros-derribos-viviendas.htm

domingo, 31 de julio de 2011

El puerto y el campo de golf cercan con dos puertas la playa de Pasito Blanco



La plataforma SOS Maspalomas denuncia en el Juzgado la privatización encubierta del litoral del sur de Gran Canaria - El Ayuntamiento se excusa y explica que en esta zona se levantarán nuevos hoteles
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
La apertura de un restaurante junto a una piscina natural en Pasito Blanco ha reavivado la polémica sobre el restringido acceso a la playa de esta zona turística de San Bartolomé de Tirajana. La barrera de entrada al muelle se levanta para los clientes que acuden al club de baño de La Punta, pero no para los usuarios de la playa, que además se han quedado sin el otro paso de vehículos, que ha sido ocupado por el campo de golf de Meloneras.

La playa de Pasito Blanco está acotada por dos puertas que se cierran cada noche, una si se entra por el puerto deportivo y la otra si se va por el campo de golf.
Por la bajada del barranco donde los usuarios colocaban sus coches se extiende ahora el green. En la carretera se ha instalado una barrera, por lo que la opción es hacer la travesía a pie con todos los bártulos.

Pero no todos tienen los mismos problemas. Los automovilistas que argumentan que se dirigen a la terraza y al club de baño La Punta pasan con facilidad al puerto deportivo y a la playa, lo que ha llevado a los miembros de la plataforma SOS Maspalomas a denunciar ante el Juzgado de Instrucción número seis de San Bartolomé de Tirajana que en Pasito Blanco se vulneran los derechos de los ciudadanos que están reconocidos en la Ley de Costas. También denuncian que los responsables del muelle deportivo ha extendido sus barreras más allá de lo fijado en la Ley de Puertos.

"Estamos muy cansados e indignados con la manera en que se gestiona el litoral en el Sur", declaró a pie de playa el pasado jueves Tony Guillén, representante de esta plataforma ciudadana. A su juicio, el acota- miento que se ha hecho a la playa de Pasito Blanco no es más que "una forma de cansar a los usuarios para que dejen de acudir y finalmente este paraje termine por convertirse en un recinto privado".

Privatización

Al mismo tiempo cuestionaba cómo una piscina natural donde todo el mundo podía bañarse es ahora un negocio privado. Tampoco entendía cómo la playa puede contar con bandera azul de calidad cuando no tiene acceso para minusválidos, puesto de socorro ni papeleras, ni se realiza la limpieza de la arena.

Ante estas denuncias, Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, descarga las responsabilidades de estas restricciones de entrada sobre la Dirección General de Puertos del Gobierno de Canarias, organismo que tiene las competencias de este muelle deportivo. A preguntas de este periódico, en ese departamento autonómico nadie supo responder si han cambiado las condiciones de la concesión de 1972.

Desde el Ayuntamiento tan sólo confirmaron que en la loma de esta playa está previsto que se construya una urbanización turística, Meloneras Golf, que contempla varios hoteles. También apuntaron que el paseo de Meloneras se prolongará hasta Pasito Blanco, pero está a expensas de que la Demarcación de Costas disponga del dinero
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2011/07/31/puerto-campo-golf-cercan-puertas-playa-pasito-blanco/390825.html

viernes, 29 de julio de 2011

Costas insta a derribar los chiringuitos de Las Teresitas



Medio Ambiente indica que los quioscos carecen de permiso de apertura e invaden el dominio público. Los nuevos locales se trasladarán a la zona de aparcamientos

El responsable de la demarcación provincial de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos González, señaló ayer que todos los chiringuitos de Las Teresitas son ilegales, y que, por lo tanto, deben ser derribados para dar paso a unos nuevos quioscos que cumplan con la normativa y que se adecuen al entorno de la playa. González aclaró que Las Teresitas no se quedará sin locales, porque ofrecen un servicio a los usuarios, pero insiste en que los actuales tendrán que ser sustituidos por otros que se tendrán que instalar fuera de la arena.

Comentó que es necesaria su legalización, reubicación y cambio de aspecto para "dignificar" esta playa.
Por lo tanto, y según lo ha dejado ya del todo claro el jefe de la demarcación de Costas, los actuales chiringuitos deben desaparecer para que Las Teresitas cuente con unos quioscos ajustados a la Ley y que no desentonen con la playa. González recordó que el Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de convocar un concurso para la explotación de los futuros locales que tendrá este espacio.

Aunque primero se hablará con los actuales encargados de estos chiringuitos porque podrían continuar con la actividad siempre y cuanto asuman la inversión necesaria para su regularización, reubicación y lavado de imagen. Los futuros quioscos serán totalmente diferentes a los actuales y probablemente estarán situados fuera de la arena, según han planteado el Ayuntamiento y Costas.

El propio primer teniente de Alcalde del Consistorio de la capital, Julio Pérez, reconoció ayer, durante una visita a Las Gaviotas, que algunos chiringuitos "están instalados en pleno dominio público" y que por lo tanto ha llegado el momento de actuar "para ofrecer una mejor playa a los ciudadanos", que también cuenten con unos locales más estéticos, higiénicos y legales.

Por su parte, los actuales encargados de los chiringuitos de Las Teresitas, entre los que se encuentran los responsables de Lucas, Cantina Internacional o Sara, aseguran que llevan toda la vida en la playa, algunos más de 40 años, y que estos negocios son lo único que tienen.

Además, comentan que en su día contaron con el permiso del Ayuntamiento para instalar en la zona de baño los locales y que incluso durante algunos ejercicios pagaron un canon a la corporación local por tener allí esos quioscos. Asimismo, y aunque entienden que el aspecto de los chiringuitos "debe mejorarse", indican que en la actualidad no tienen dinero, debido a la crisis, para asumir una gran inversión.

El jefe de la demarcación de Costas en la provincia tinerfeña declaró ayer que los quioscos no cuentan con ningún papel que les acredite para poder estar en la playa y no tienen licencia de apertura.
Aún así, se mostró comprensivo con la problemática de estas personas e insistió en que no se trata de quitarles su actividad sino de mejorar, reubicar y legalizar los quioscos.

De todas formas, el primer teniente de alcalde de la capital matizó que los argumentos que plantean los encargados de los locales, es decir, la falta de dinero, "no puede ser excusa para la pasividad en este asunto". "Trataremos este problema con comprensión, pero también de manera decidida y con efectividad", indicó.

Por otra parte, Carlos González, recordó que hace algunos años la dirección General de Costas tuvo que poner multas a varios quioscos, como los de Sara y Cantina Internacional, por haber colocado mesas y sillas en la arena.

Por ejemplo, Antonia López, responsable de Cantina Internacional, debe abonar una multa de 7.000 euros. "Me la pusieron sin avisar y ahora cada mes tengo que pagar 300 euros. Hemos presentado un recurso, pero aunque todavía no haya habido juicio debemos hacer frente a esta sanción", explicó López. "Hemos intentando hacer mejoras en nuestros quioscos pero el Ayuntamiento nunca nos ha permitido hacer nada y además cuando quisimos poner unas terrazas para nuestros clientes, nos multaron", comentó esta ciudadana, quien además dejó claro que todos y cada uno de los responsables de los chiringuitos se negarán a que les quiten lo único que tienen.

Por su parte, el encargado del Kiosco Lucas, Lucas Moreno, confía en que el Ayuntamiento y Costas se sienten a hablar con todos los chiringuitos para poder llegar "a un buen entendimiento que nos beneficie a todos". Mientras tanto, ambas entidades estudian el futuro de estos quioscos, y ya no hay duda alguna. Desaparecerán para dar paso a unos nuevos chiringuitos más modernos, estéticos y sin malos olores.
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/07/29/costas-insta-derribar-chiringuitos-teresitas/360216.html

lunes, 25 de julio de 2011

Una sentencia del Tribunal Supremo impide especular en los primeros cien metros tras la costa

Una nueva sentencia del Tribunal Supremo deja definitivamente fuera de la especulación urbanística los primeros 100 metros de costa sujetos a la servidumbre de protección situados tras el dominio público marítimo-terrestre. Además de "no edificables" según la legislación actual, la sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal concluye en una sentencia de mayo sobre un recurso de Casación interpuesto en Sansenxo (Galicia), que los primeros 100 metros de costa deben ser clasificados necesariamente como suelo rústico y no figurar por tanto ni dentro del suelo urbanizable ni en las áreas de reparto donde justificaban más alturas y mayor densidad.
El valenciano José Luis Ramos, abogado en causas promovidas por Ecologistas en Acción y experto en derecho urbanístico, asegura que la sentencia, que ha comentado para la revista "Actualidad Jurídica Ambiental", deja fuera de cualquier interés especulativo los primeros cien metros de costa tras el dominio público y permite recurrir contra algunos PAIs costeros recientemente aprobados. Según el abogado, los planes urbanísticos a los que todavía les queda algún trámite por superar podrían sufrir cambios importantes si alguien interpone un recurso basado en esta jurisprudencia. Algunos paseos marítimos también serían inviables

Un negocio redondo
José Luis Ramos recuerda que por algunos terrenos incluidos dentro de esta franja de terreno se han llegado a pagar 6.000 euros por metro cuadrado en la Comunitat Valenciana. "Esta claro que esos terrenos no lo valían porque no se podría edificar en ellos, pero bastaba dejarlos como aparcamiento y construir una gran torre de apartamentos, con dos o tres pisos más, justificados en ese terreno. La sentencia lo impide ahora.
El abogado estima que en muchos lugares de la Comunidad Valenciana se ha especulado con terrenos en primera línea "sin aprovechamiento" pagando unos pocos euros por metro cuadrado - "aparentemente todo el mundo aceptaba el precio y convencido de que no se puede construir"- y vendiendo después a 6.000 cada metro cuadrado que se construía tras la zona de protección, según explicó.
Según asegura José Luis Ramos, la sentencia del Tribunal de Instancia, ratificada por el Tribunal Supremo, resulta "novedosa" en cuando delimita el alcance de la protección que otorga la Ley de Costas y su posterior reglamento sobre el dominio marítimo terrestre.
La ley de Costas ya estableció que la servidumbre de protección "comporta la prohibición general de determinadas actividades y, sobre todo, construcciones consideradas perjudiciales para la adecuada protección de un medio natural tan sensible...".
Además subraya que legislen como legislen las autonomías, los terrenos de servidumbre deben ser sometidos a un régimen específico de protección incompatible con su urbanización, ya que la Ley de Costas se mantiene como legislación básica del Estado (Ley de Costas) por encima de cualquier norma autonómica.
http://www.levante-emv.com/castello/2011/07/25/sentencia-tribunal-supremo-impide-especular-primeros-cienmetros-costa/827197.html

jueves, 21 de julio de 2011

La plataforma vecinal SOS Maspalomas extiende sus movilizaciones a la playa de Pasito Blanco



El sábado protestará contra el cierre de los accesos públicos al mar por parte de empresas privadas


J. M. N. SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA La plataforma Hagámonos Oír-SOS Maspalomas, un movimiento vecinal para frenar el deterioro del litoral turístico del Sur, se movilizará el próximo sábado en Pasito Blanco para reclamar el uso público de la playa, que ahora tiene el acceso restringido por el día y totalmente prohibido por la noche, pues las vías de acceso a la costa se cierran con vallas a partir de las 23.00 horas.

En una asamblea, los miembros de la plataforma han decidido concentrarse el próximo sábado, a las 11.00 horas de la mañana, para reclamar la desaparición de una valla privada que impide el uso de la cala de arena de Pasito Blanco, cercana a la playa de Meloneras, que a juicio de estos vecinos ha sido "privatizada" por la empresa que explota el puerto y la urbanización del mismo nombre.

A juicio de la Plataforma, la playa de Pasito Blanco se incumple desde hace tiempo el artículo 28.2 de la Ley de Costas, que señala que "para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en espacios calificados como de especial protección, la previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre". A estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación".
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2011/07/21/plataforma-vecinal-sos-maspalomas-extiende-movilizaciones-playa-pasito-blanco/388758.html

jueves, 14 de julio de 2011

Incompetencia manifiesta y abandono institucional













No se le puede denominar de otro modo. O mejor dicho, sí, pero no es apropiado ponerlo por escrito en este medio, por aquello de la educación. Pero lo que pasa con el popular barrio costero de Cho Vito, en Candelaria, no tiene otro nombre.
Despues de casi tres años del desalojo y derribo de 22 casas, hoy en día sigue sin solución. Un problema originado por la Dirección General de Costas, contando con la complicidad del Ayuntamiento de Candelaria. Y todo no solamente por un paseo que va directamente a la central termoeléctrica de Las Caletillas, sino por la utilización de una ley totalmente arbitraria y confiscatoria, como un instrumento urbanístico.
Y es la misma Dirección General de Costas la que esta vez incumple lo escrito. El proyecto denominado Paseo y Demoliciones de Cho Vito, cuyo promotor es Costas, en su estudio ambiental dice que las obras "no se podrán realizar en época estival".
Que se lo digan a los visitantes de la playa de Las Caletillas, que estos días de calor van a refrescarse y se confunden con los cascos verdes de los obreros; los bronceadores y las toallas se mezclan con el aceite de las máquinas pesadas y lo chalecos llamativos de los encargados de obra; se comparte la ensaladilla casera envasada al vacío del bañista con el bocata de sardinas del currante, y todo esto rodeado de vallas de obra que y a modo de cerco han dejado la playa como si fuera un Guantánamo veraniego. Con lo fácil que sería realizar las obras en otoño, con menos visitantes y sin causar molestias a los vecinos ni pérdidas a los comerciantes.
En Cho Vito ya estamos acostumbrados a las vallas y al cerco. Esta vez faltaron los guardias de seguridad y las fuerzas de seguridad del Estado para controlar el perímetro del "peligroso y delincuente" barrio. Todo esto lo hemos padecido con anterioridad. Se ha cortado el acceso; no importa, ponemos una escalera de obra, amarrada con cuatro alambres (o vergas si lo prefieren), y si algún vecino se cae al acceder con la compra, con el carrito del niño, o por la simple utilización de este acceso, pues no pasa nada, que para eso son delincuentes, juzgados y condenados, y si les queda algún derecho ya los omitimos o se lo quitamos en los juzgados. Y si quieren o tienen que salir de noche, pues se quedan en casa, o utilizan esa visión tan espectacular que tienen los vecinos, y de la que ya hicieron uso cuando escondieron las armas y los cócteles incendiarios que aún no han sido descubiertos.
Y mientras Costas omite una verdadera declaración de impacto ambiental (obligada por normativa europea), escudándose, entre otros motivos, en que "el terreno donde se ejecutan las obras es suelo urbano", cosa que dicen las escrituras de las casas demolidas (recuerden que el argumento de la ley para demoler las viviendas era que estaban en dominio público; pues bien, ahora el suelo es urbano). Mientras esto ocurre, la incompetencia de Costas, la incapacidad, la desidia y el desinterés del ayuntamiento, y el abandono por parte de todas las instituciones de la isla es claramente visible. Los vecinos denuncian, los políticos callan
.
No importa. Seguiremos aguantando todo este cúmulo de incapacidades, ineptitudes, desidias y olvidos que maliciosamente están siendo propiciados por los autores materiales y defensores de esta ley injusta. Solo nos queda rogar para que no ocurra ninguna desgracia en estas obras, pues seguramente el accidentado será a su vez culpable manifiesto de su accidente.
Antonio Alonso Orihuela
http://www.eldia.es/2011-07-14/CRITERIOS/20-Cartas-director.htm

lunes, 11 de julio de 2011

Costas expropia a agricultores para un paseo litoral en el Valle

No se han atendido las alegaciones presentadas por los propietarios de unas 40 parcelas, casi todas fincas plataneras, que rechazan las expropiaciones forzosas para la construcción de un paseo litoral desde Los Guirres hasta Puerto de Naos.
11/jul/11 01:21
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EL DÍA, Los Llanos
El Servicio Provincial de Costas de Tenerife, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha dado respuesta ya a las alegaciones presentadas por los propietarios de unas 40 parcelas, mayoritariamente fincas plataneras, que se oponen a los expedientes de expropiaciones forzosas que se están llevando a cabo para la construcción de un paseo litoral desde Los Guirres (Tazacorte) hasta Puerto de Naos (Los Llanos). La comunicación se publicó recientemente en el Boletín Oficial de la Provincia.
En el anuncio se ha señalado que una vez ha terminado el plazo de periodo de información pública y tras haberse incorporado las alegaciones, se acuerda la necesidad de la ocupación de acordar la necesidad de ocupación de unas 40 parcelas conformadas en su mayor parte por plataneras e invernaderos, según la relación publicada, en la que se incluye el nombre de los propietarios.
Esta medida se inició en un Consejo de Ministros de marzo de 2010, en donde se declaró de utilidad pública de los bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del paseo litoral, como acondicionamiento medioambiental e integral del borde litoral desde Playa Nueva (Los Guirres) a Puerto de Naos.
Asimismo, se iniciaron, entonces, los trámites para la expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras, cuya relación fue sometida a información pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el artículo 17 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la misma Ley.
La expropiación de estas parcelas para ejecutar un paseo junto al litoral, en un tramo de 2.237 metros de longitud, con un ancho de dos metros, establece, según alegaron los afectados,
precios muy bajos para hacer frente a la afección en las fincas de plataneras situadas en una de las mejores zonas de Canarias para este cultivo.
Los afectados se quejaban de que las expropiaciones se iban a efectuar con valoraciones inferiores a lo que atribuye el mercado. En este caso, el Estado paga unos 13 euros el metro cuadrado al aire libre y 30 euros con invernaderos, siempre en producción de plataneras, mientras que los propietarios del suelo solicitan unos 45 euros el metro sin cubrir y más de 60 bajo plástico
.
Hay que tener en cuenta que Las Hoyas, una de las áreas que se verá alterada de forma importante con el trazado del paseo, es altamente productiva desde el punto de vista agrícola. No en vano, el Consejo de Ministros ya dijo tras la aprobación de las expropiaciones, que la zona afectada por las obras en el litoral del Valle de Aridane, con un presupuesto superior a los 7,6 millones de euros, está caracterizada "por la masificación del cultivo del plátano".
http://www.eldia.es/2011-07-11/palma/4-Costas-expropia-agricultores-paseo-litoral-Valle.htm

Esto no hay quien lo entienda. Primero, se consigue en Europa, 70 millones de euros para el plátano canario. Luego va Costas, y expropia el terreno a precios de saldo, basándose en una ley del 54, una ley franquista, (aqui no hay memoria histórica). Y TODO POR UN PASEO. Costas no entiende, que los agricultores viven del campo. Seguro, que los grandes chalets de poderosos no son expropiados.