Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

sábado, 1 de octubre de 2011

Acusan a los técnicos de Costas de querer derribar el barrio



Un documento presentado por Costas fuera del proceso judicial del deslinde ha suscitado la indignación de los vecinos, que creen que "hay una obsesión en Madrid por tirar Bajo La Cuesta".
Los vecinos del barrio costero de Bajo La Cuesta, en Candelaria, señalan, a pesar de que aún están inmersos en pleno proceso de negociación con la Dirección General de Costas, para aclarar el contencioso sobre el deslinde que afecta a sus viviendas, que frente a la buena voluntad de los máximos responsables de este ente y del ayuntamiento, "los técnicos son los que siguen empeñados en derribar este enclave".
En este sentido, el abogado de los afectados, José Ortega, ha señalado que al margen de los recursos que se han presentado para la recuperación posesoria y el replanteo, se ha iniciado una nueva vía que posibilita discutir el deslinde, lo que ha dado como fruto la elaboración de unos informes que describen todos los errores de Costas. Al respecto, el letrado señala que los procesos mencionados están a punto de finalizar, y que a pesar de que no hay opción para presentar escritos, "el abogado del Estado quiere que se admita una nueva documentación fuera del procedimiento", algo que Ortega rechaza de manera rotunda.
Aunque la posibilidad de presentar diligencias finales lo permite la ley, y es un trámite que ha utilizado el abogado de los vecinos, Ortega señala que Costas, "sin pedirlo, sin plazos y sin ningún tipo de finalidad, presenta su escrito", al cual le reprochan "un error al replanteo de 1969, en el cálculo de un ángulo", así como que el deslinde tiene la línea dentro del mar, porque no han tenido en cuenta el cambio internacional de coordenadas de 2005.
En este sentido, el abogado ha señalado que su postura es que la Sala devuelva esta intención de incorporar nueva documentación, y comentó que, a pesar de que ahora se trata de discernir sobre un complejo asunto con muchos matices técnicos, "nosotros hemos logrado localizar un plano elaborado por el ayuntamiento en donde se ven las casas y la explanada con la línea por delante de estas".
No obstante, Ortega explica que "en Costas lo que hacen es ningunear ese plano, a pesar de que se trata de un levantamiento que hacen los servicios técnicos municipales a la vista del plano de Costas y cuando ya estaban hechas las viviendas, además de una declaración notarial del redactor diciendo que había visto los mojones por delante de las viviendas".
Así, señala que "aunque el director general quiere ayudar, "los técnicos están poniendo todas las trabas posibles, sin querer hacer una valoración". Añade que "ahora hay una lucha entre los técnicos y los políticos, porque los primeros están empeñadísimos en echar el barrio abajo".
Es más, señala que "llegan a insistir en que ahí había una berma natural, cuando siempre han sostenido que se construyó en unos terrenos ganados al mar tras las obras de la autopista del Sur, lo que demuestra que hay una obsesión en Madrid por tirar Bajo la Cuesta".
http://www.eldia.es/2011-10-01/sur/4-Acusan-tecnicos-Costas-querer-derribar-barrio.htm

jueves, 29 de septiembre de 2011

El Parlamento reclama las costas con el pretexto de Cho Vito y Tufia



La Cámara regional exige al Estado que retire el recurso contra la ley autonómica
La gestión de las costas canarias concitó ayer la unanimidad del Parlamento. Los cuatro grupos representados en la Cámara apoyaron la transferencia de esta competencia por parte del Estado cuando lo permita el Estatuto de Autonomía aunque, mientras tanto,
solicitan la cogestión con el Estado para ordenar y regular los asentamientos poblacionales costeros y frenar los derribos promovidos por la Dirección General de Costas en lugares como Cho Vito o Tufia.

La Cámara autonómica también exige al Gobierno central que retire el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2009 contra la llamada ley canarias de costas, por la cual se pretendía preservar los núcleos situados en el litoral anteriores a la aprobación de la ley estatal, en 1988.
La parlamentaria del PP, Cristina Tavío, se mostró contraria a entrar en un proceso de traspaso de competencias "a la carta" y aseguró que si el Estado retira su recurso no hará falta esperar a que se constituya el próximo Gobierno central para buscar soluciones prácticas a los asentamientos que se encuentran amenazados por la piqueta.

El proponente, el nacionalista Ignacio González, buscó el consenso desde el principio con todos los grupos parlamentarios. "No podemos esperar a la reforma del Estatuto para iniciar el mecanismo previsto en el actual texto para que se inicie el proceso de traspaso de las funciones y servicios en materia de costas", aseguró González. El dirigente del CCN criticó los deslindes "disparatados" realizados.

Fue el portavoz del PSC en la Cámara, Manuel Fajardo, el impulsor de la enmienda aceptada por los nacionalistas para que se impulse la cogestión del litoral hasta que se pueda producir la transferencia en su totalidad. Para Fajardo, la asunción de las competencias debe realizarse en el Estatuto, de forma que la cogestión "allana el camino".

El portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, advirtió que "no son buenos tiempos para la reforma del Estatuto" y dudó que si el PP alcanza el Gobierno tras el 20-N se pueda aprobar un nuevo texto. Según la asociación de afectados por la Ley de Costas, cuyos representantes estuvieron ayer en el Parlamento, son 160.000 los canarios pendientes de esta problemática.
http://www.laopinion.es/canarias/2011/09/29/parlamento-reclama-costas-pretexto-cho-vito-tufia/371168.html

miércoles, 28 de septiembre de 2011

El Parlamento canario pide por unanimidad las competencias en costas o su cogestión

El Parlamento de Canarias ha solicitado hoy por unanimidad al Gobierno central el traspaso de las competencias en materia de costas, o al menos que la Comunidad Autónoma pueda participar conjuntamente con el Estado en su gestión.
La Cámara regional ha reclamado también unánimemente al Gobierno de España que retire su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Canaria de Costas, aprobada en 2009 para evitar la aplicación de la Ley de Costas estatal a los asentamientos costeros en el litoral de las islas.
La iniciativa fue promovida por Ignacio González, portavoz adjunto de CC-PNC-CCN, y apoyada por el resto de los grupos, con enmiendas incorporadas de PSOE y PP.
El Gobierno central recurrió la Ley de Costas de Canarias al considerar que invadía competencias del Estado en su intento de proteger del derribo de asentamientos urbanos consolidados junto al mar.
En la proposición no de ley aprobada, el Parlamento insta al Gobierno de Canarias a que pida una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias con el Estado para el traspaso de funciones y servicios en materia de costas.

Si eso no fuera posible, añade el acuerdo parlamentario, se pide al menos la participación de la Comunidad Autónoma junto con el Estado en la gestión de costas para adecuarla “a las especificidades de las islas”.
Este matiz fue introducido por el PSOE, al considerar que la asunción de las competencias en costas podría ser sólo posible con una reforma del Estatuto de Autonomía.
Por iniciativa del PP se pide al Gobierno central que retire su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas Canarias, que establece como áreas urbanas en el litoral todas las que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
El diputado de CC-PNC-CCN Ignacio González valoró el consenso de la Cámara, al tratarse de un asunto competencial, y recordó que el acuerdo del Gobierno canario con el PSOE incluye la cogestión en materia de costas con el Estado.
Desde hace 30 años Canarias tiene competencias exclusivas en la ordenación de su litoral, por lo que para Ignacio González es una contradicción que se pueda ordenar, pero no gestionar las costas.
Subrayó que otras comunidades en las que las costas no son tan importantes tienen las competencias, como Cataluña y Andalucía.
La falta de acuerdo para la reforma del Estatuto de Autonomía en la pasada legislatura impidió que se traspasara la competencia a la Comunidad Autónoma, indicó.
Pero “no podemos esperar a la reforma del Estatuto para iniciar el mecanismo previsto en la disposición transitoria tercera para que se inicie el proceso de traspaso de lasa funciones y servicios en materia de costas”, afirmó
.
Para González, es importante que Canarias gestione sus costas para evitar que la Ley de Costas estatal se aplique en las islas sin tener en cuenta sus particularidades, lo que lleva a deslindes “disparatados” como en Famara (Lanzarote) y a que se derriben poblados como el de Cho Vito, en Tenerife.
La diputada del PP Cristina Tavío consideró que si el Gobierno central retira su recurso de inconstitucionalidad no hará falta esperar a que se constituya un nuevo Gobierno central para buscar soluciones a los asentamientos.
“No hay que esperar las competencias en costas para resolver el problema”, dijo Tavío.
Manuel Fajardo, del PSOE, consideró apropiada la iniciativa por “la preocupación general” en la aplicación en de la Ley de Costas estatal en Canarias, y defendió la cogestión de las competencias con el Estado.
Para Fajardo, la asunción de las competencias debe realizarse en el Estatuto de Autonomía, de manera que la cogestión “allana el camino” mientras tanto.
Román Rodríguez, de Nueva Canarias, advirtió de que “no son buenos tiempos para la reforma del Estatuto de Autonomía a juzgar por el mapa político que se puede generar en España” tras el 20 de noviembre.
http://www.diariodeavisos.com/2011/09/28/actualidad/el-parlamento-canario-pide-por-unanimidad-las-competencias-en-costas-o-su-cogestion

Costas

CUANDO se publique este artículo en EL DÍA espero que el Parlamento de Canarias haya aprobado ya la Proposición No de Ley, PNL, que presenté el 26 de agosto, para que Canarias asuma las competencias sobre sus costas. Porque, según la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, en su contestación en el Congreso al diputado nacionalista Fernando Ríos, el 14 de septiembre, el Estado no tenía ningún inconveniente en transferir a Canarias las competencias en costas si? se las hubiéramos pedido. Ríos interpeló a la ministra para solicitarle que el Gobierno adoptara medidas urgentes y definitivas para evitar nuevas inundaciones en el barrio pesquero de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, y le recriminó que si no era capaz de hacerlo transfiriera a Canarias las competencias en costas. Sorprendentemente, la ministra respondió a un abochornado Ríos que "es tan sencillo como que lo hubieran incluido en el Estatuto de Autonomía", y remató: "No hay ningún problema, estamos encantados de transferir esa competencia mañana mismo". Porque, aunque parezca mentira, el Gobierno de Canarias tenía que haber pedido al Estado que nos transfiriera nuestras propias costas, como si en algún momento hubieran dejado de estar aquí, a través de la reforma del Estatuto de Autonomía o mediante un acuerdo con el Estado, adoptado en el seno de la Comisión Mixta Paritaria Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, contemplada en la Disposición Transitoria Tercera del actual Estatuto. Y todo esto aunque la gestión y ordenación del litoral son supuestamente competencias de la Comunidad Autónoma que se recogen en el artículo 30.15 del Estatuto. Pero, en la práctica, Canarias, como reconoce inocentemente en su interpelación el propio Ríos, no ha tenido hasta hoy competencias en sus costas, que han sido gestionadas exclusivamente por el Gobierno del Estado, porque, como le respondió tajante la ministra, sencillamente, no las habíamos pedido. Y por eso las decisiones sobre los deslindes, a veces disparatadas, como en Famara, Lanzarote, donde llegó a los dos kilómetros tierra adentro, o los derribos salvajes de casas en Cho Vito (Tenerife), se adoptaron en un despacho de Madrid.
El CCN lleva muchos años luchando contra la Ley de Costas y reclamando que Canarias asuma las competencias sobre sus costas, porque somos una Comunidad Autónoma archipielágica, con 1.583 kilómetros de costas, por lo que debemos gestionar esa franja tan importante de nuestro territorio. Así que no fue una casualidad que fuese yo el diputado que presentó en el Parlamento de Canarias la PNL para que el Gobierno de Canarias pida, de una vez, al del Estado las competencias en costas. Ni tampoco que el representante de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas sea el director de los servicios jurídicos del partido y vocal del Comité Federal, José Luis Langa, el jurista que más recursos ha presentado, y por ahora ganado, contra las órdenes de derribo de casas, en defensa de los afectados por la Ley de Costas.
Creemos que en Canarias la aplicación de la Ley de Costas de 1988 se ha hecho mal y ha perjudicado a miles de familias que han visto cómo sus casas eran incluidas, unilateralmente y sin expropiación, y por tanto ninguna indemnización previa, en una zona de protección del dominio marítimo terrestre, ampliada a los cien metros desde los anteriores veinte. Pueblos de toda la vida, de gran valor histórico, cultural, sentimental y etnográfico, fueron ignorados por la Ley de Costas y ahora mantienen enconados pleitos en los tribunales para que el Estado no derribe sus casas.
Si la PNL que presenté fue ya aprobada en el último Pleno del Parlamento de Canarias, celebrado los días 27 y 28 de septiembre, se iniciará, a partir de ahora, por fin, el procedimiento previsto en el Estatuto de Autonomía de Canarias para la transferencia a Canarias de los servicios y funciones del Estado en materia de costas. Y si además hubiese sido aprobada por unanimidad, aunque cambie el Gobierno del Estado, tras las elecciones generales del 20 de noviembre, el proceso continuará imparable con el nuevo Gobierno y culminará con la transferencia de nuestras costas a Canarias, de donde nunca debieron haber salido
.
* Presidente federal del Centro Canario Nacionalista, CCN
http://www.eldia.es/2011-09-28/criterios/12-Costas.htm

domingo, 25 de septiembre de 2011

La herencia verde que deja el PSOE: otro vendrá que bueno me hará



“Espero que acabemos con El Algarrobico en este mandato”, tituló a toda pastilla el diario El País una entrevista de una página y media, publicada el 13 de noviembre de 2010, citando palabras casi textuales de la actual ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, pocos días después de tomar posesión del cargo.
Desde entonces, la responsable ministerial ha introducido matices, dilaciones, precisiones, comas, puntos y coma y puntos seguidos en su discurso para acabar afirmando el pasado lunes que el Gobierno espera una resolución judicial firme para echar abajo el desgraciadamente famoso hotel de la costa del Parque Natural de Cabo de Gata, “si efectivamente la sentencia da lugar a ello”,
según recogió la Agencia Efe en Almería, provincia en cuyo municipio de Carboneras sigue enclavado ese atentado hotelero a tantas cosas.
¿Se excusa Rosa Aguilar, ahora que termina su mandato, en que la legislatura se ha acortado cuatro meses para justificar su inacción sobre El Algarrobico, a pesar de las palabras antes reseñadas? No. Le basta simplemente con remitirse a la falta de firmeza de una sentencia emitida el 5 de septiembre de 2008 que establece la ilegalidad del hotel y la necesidad de derribarlo.
¿Por qué razón, entonces, no ha actuado el triple ministerio como acaba de hacer Ecologistas en Acción que pidió una semana después de cumplirse el tercer aniversario de la emisión de la sentencia su ejecución forzosa al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería?
Esa ejecución podría haber sido solicitada por el ministerio de Rosa Aguilar el mismo día,
o antes, en que se publicaron sus contundentes palabras sobre el hotel erigido en una playa de Carboneras invadiendo el dominio público marítimo e infringiendo las normas de protección del Parque Natural de Cabo de Gata.
Podría pensarse que la ministra no ha hecho nada porque la adopción por su ministerio de una postura verdaderamente firme, como sugerían sus palabras, sobre el caso dejaría en muy mal lugar a la Junta de Andalucía, lugar de paso de Aguilar tras su abandono de IU y su salto a la cartera ministerial, puesto que la sentencia del Juzgado mencionado acusaba al gobierno regional andaluz de “la burda maniobra de sustituir la planimetría del PORN oficialmente publicada por otra en la que se ubicaba los terrenos en una zona, la D2, en la que no resultaba incompatible el uso urbanístico, permitiendo, de esta guisa, la construcción de un hotel en suelo de especial protección y con laminación de la servidumbre de protección estatuida en la Ley de Costas”.
Es decir, no sólo José Antonio Griñán, actual presidente, sino su antecesor Manuel Chaves, quedarían en muy mal lugar. Pero este caso no deja de ser más que un botón de muestra de la inexistente política realizada por la ministra Rosa Aguilar. Pues el viejo Ministerio de Medio Ambiente perdió buena parte de su sentido cuando al presidente Rodríguez Zapatero se le ocurrió crear el nuevo de Medio Ambiente, Rural y Marino. Así, la inoperancia de Aguilar no nos ha pillado por sorpresa, habida cuenta de los resultados obtenidos por su antecesora al frente del nuevo triple departamento, Elena Espinosa.
La ex alcaldesa de IU en Córdoba y ex consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta socialista de Andalucía, por orden cronológico, no ha hecho más que seguir directrices emanadas de otras parcelas de poder estatal o regional, como ya hizo su predecesora. Otra muestra de esto en la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Aguas, en pleno mes de agosto, que ha conseguido lo que hasta ahora ningún otro ministro del ramo había logrado: unir a los ecologistas y a los regantes en la protesta contra la nueva norma.
Y así sucesivamente, incluyendo la política nuclear, la de eliminación de residuos… Para qué seguir con Rosa Aguilar, si en realidad el personaje determinante en cuestiones ambientales desde el año 2004 se llama Miguel Sebastián, como acabamos de ver con la decisión de prorrogar diez años la vida de la central nuclear de Ascó (Tarragona).
No obstante, justo es señalar que, al final de la abreviada legislatura, el PP le ha hecho un gran favor a la ministra y al partido de Rodríguez Zapatero gracias al rechazo derechista en el Congreso, el martes pasado, a aprobar una reducción drástica de las emisiones de CO2. Merced al cerrilismo medioambiental del Partido Popular, la ministra Aguilar y el PSOE pueden entonar el “otro vendrá que bueno me hará”. País de locos.
http://www.cuartopoder.es/planetaherido/la-herencia-verde-que-deja-el-psoe-otro-vendra-que-bueno-me-hara/1443

sábado, 24 de septiembre de 2011

A NUESTRA COSTA




El pasado día 21 de Septiembre, tuvo lugar la presentación en Tenerife del documental “A NUESTRA COSTA”, un trabajo del joven realizador canario Yeray González Nuez, en las instalaciones del Centro de la Cultura Popular Canaria.
El acto, retransmitido en directo por Radio San Borondón, representó la puesta de largo de un trabajo serio y riguroso de este realizador, basado en los efectos negativos, y en la realidad de la aplicación arbitraria y caprichosa de la Ley de Costas en Canarias.
Este trabajo, en cuya realización, han invertido muchos meses, destaca por las diferentes versiones dadas, no sólo por las autoridades nacionales competentes, sino por políticos canarios, y por supuesto por las numerosos canarios afectados, reflejando en imágenes, lo que la mayoría de canarios vienen denunciando reiteradamente sobre la aplicación de esta ley confiscatoria.
Yeray González, supo reflejar en su trabajo, el sentimiento de los canarios que viven en núcleos costeros de todas las islas; su preocupación por esta norma; el modo de vivir, bajo esta espada de Damocles, que ha llevado a la desaparición de muchos asentamientos tradicionales del litoral canario y por supuesto las claras arbitrariedades de esta Ley.
Después de la proyección, el público asistente participó en un pequeño debate, donde no faltaron los mensajes de apoyo, no sólo para el realizador de esta magnífica obra, sino para todos los colectivos de las islas
.
Desde esta página, ante todo, felicitar a Yeray González Nuez, a sus colaboradores y a su familia, por este trabajo, y desearle el mayor éxito del mismo, y en su incipiente carrera profesional, de la que ya ha dado más que suficientes muestras de integridad, profesionalidad, rigurosidad, y de un marcado compromiso con estas Islas.

Gracias, Yeray.

BAJO LA CUESTA, EL CALETÓN DE LA MATANZA, AGACHE, ANAGA, FASNIA, IGUESTE DE SAN ANDRES., VALLE GRAN REY, EL REMO, LA BOMBILLA, EL PORIS DE CANDELARIA, LOS MOLINOS, EL GOLFO, OJOS DE GARZA, TUFIA, CALETA DE CABALLO, PLAYA LA NEGRA, GALDAR, LA VIUDA, EL MÉDANO,EL PRIS, ALMACIGA,PUERTITO DE LA CRUZ, FAMARA, ASOCIACIÓN EUROPEA DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS, Y MUCHOS MAS …….. Y POR SUPUESTO, TU SEGUNDA CASA, CHO VITO.

Los perjudicados por la Ley de Costas en Canarias piden una moratoria mientras se tramita la transferencia de competencias

El representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas(Aeplc), José Luis Langa, ha pedido este viernes al Gobierno regional que solicite al Ministerio de Medio Ambiente que, hasta que se consiga asumir las competencias sobre Costas, se conceda una moratoria a las personas afectadas por la ejecución de los deslindes practicados en el Archipiélago. Además, ha solicitado que se paralicen los que se encuentren pendientes de realización.
Langa González ha manifestado en un comunicado su satisfacción por la noticia de que Coalición Canaria en el Congreso haya instado al Gobierno central al traspaso de las competencias sobre los espacios marítimos de Canarias, ”igual que sucedió en Cataluña y Andalucía”.
Asimismo, el letrado ha destacado que el pasado mes de agosto se presentó en el Parlamento canario, por parte del diputado Ignacio González, presidente Federal del Centro Canario Nacionalista (CCN), una Proposición No de Ley en este sentido.
Según ha recordado el representante de la asociación, dicha solicitud de transferencias de competencias sobre Costas es “una aspiración que se viene reclamando desde hace tiempo”. De hecho, la última vez fue en una rueda de prensa, celebrada el pasado 14 de septiembre, en la que se conoció que la ministra de Medio Ambiente había manifestado que "si no se habían aún transferido las competencias sobre Costas era porque no se habían solicitado formalmente”.
Langa ha asegurado que dicha transferencia de competencias es una de las vías, puesto que, a su juicio, la otra seria la modificación de la citada ley, para poder solucionar la problemática creada por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas de 1988 que, según la asociación, “está creando una evidente inseguridad jurídica a los ciudadanos afectados en sus propiedades y un ataque frontal a la historia y cultura del pueblo canario”.
Esta situación se ha trasladado al Parlamento Europeo para que en octubre preste su apoyo en conseguir una solución
“a una la realidad injusta que viene padeciendo el pueblo canario, cuyo horizonte en todo su territorio es el mar”, ha afirmado el representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas.
ACN Press
http://www.lavozdelanzarote.com/article59773.html

jueves, 22 de septiembre de 2011

La Audiencia estima el recurso sobre el deslinde de Pozo Negro en Fuerteventura



La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Antigua (Fuerteventura) contra la resolución del Ministerio de Medio Ambiente sobre el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en Pozo Negro, que afecta a numerosas viviendas de la zona en peligro de derribo.
En un comunicado, el Consistorio explicó que en los fundamentos jurídicos de la sentencia se establece que la servidumbre de protección del tramo de costa comprendido entre los vértices 47 y 49 "ha de ser nuevamente graficada con una sola línea que discurra a una distancia de 20 metros, medida tierra adentro desde la línea de la ribera del mar".
Asimismo, el Ayuntamiento de Antigua había recurrido la resolución del Ministerio de Medio Ambiente del 22 de septiembre de 2009, que no aceptó el requerimiento del Consistorio frente a la Orden ministerial de 30 de octubre de 2008, en la que se aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de 2.389 metros de longitud, comprendidos entre Punta Leandro y Punta Medina
.
La Audiencia consideró en su fundamentación jurídica que en el plano aprobado por la orden ministerial "se dibujan en dichos vértices dos líneas distintas de servidumbre de protección, una con una anchura de 20 metros y otra, tierra adentro, de una anchura de 100 metros". Ante esta circunstancia, se establece una anchura de 20 metros "por motivos de seguridad jurídica y para evitar posibles complicaciones futuras derivadas de dicha doble delimitación en el referido tramo de deslinde comprendido entre los vértices 47 a 49".
Por su parte, el Consistorio fundamentó el recurso contencioso en la caducidad del expediente de deslinde, así como en el "incumplimiento" del reglamento de Costas, que exige un pacto expreso entre las tres administraciones que concurren en la tramitación, y en el hecho de que el informe geomorfológico "no se encontrara suficientemente justificado".
Del mismo modo, establecía que la zona de servidumbre de protección "no se ajustaba a derecho", pues el planeamiento vigente del municipio contempla toda la zona de la playa de Pozo Negro como suelo urbano.
La alcaldesa de Antigua, Genara Ruiz, destacó "la implicación del Ayuntamiento para defender las viviendas de la zona y alcanzar acuerdos con Costas", y subrayó "la predisposición del Consistorio para que se tenga en cuenta este núcleo costero ya consolidado".
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Antigua, Gustavo Berriel, mostró su satisfacción por el fallo judicial y por "la labor desempeñada desde el Consistorio para evitar el derrumbe de viviendas por el deslinde marítimo y posibilitar la estancia en este emplazamiento", defendiendo los intereses de los vecinos afectados. Berriel insistió en que los núcleos urbanos que estén alejados al menos de 20 metros de la raya de pleamar pueden conservarse
http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=292521

jueves, 15 de septiembre de 2011

Costas quiere derribar la ermita y cuatro casas en Los Roques



La Dirección General de Costas ha notificado en fechas recientes el derribo de cuatro casas en Los Roques de Fasnia, una circunstancia que también afecta a la ermita, por invadir el espacio de servidumbre marítimo-terrestre, según explicó el alcalde del municipio sureño.
Damián Pérez Viera remarcó que en este enclave se localizan edificaciones cuya construcción se remonta a comienzos del siglo pasado, mucho antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, que es la que se esgrime para tomar esta decisión. El mandatario socialista señala que la corporación está dispuesta a defender los valores históricos de este pueblo, al margen de que los vecinos afectados ya han emprendido las acciones legales pertinentes para recurrir esta decisión.
Aunque Costas esgrime que se trata de construcciones enclavadas en una zona de desprendimientos, Pérez Viera aboga por elaborar un estudio que garantice su permanencia, ya que estos elementos forman parte de un núcleo consolidado.
http://www.eldia.es/2011-09-15/sur/2-Costas-quiere-derribar-ermita-cuatro-casas-Roques.htm



Simplemente es vergonzosa la actuación de Costas. Es curioso con todos los hoteles ilegales de Canarias y de España, vienen a fijarse en cuatro casas, un nucleo urbano consolidado, y en una ermita. En la misma situación esta la basilica de Candelaria, y no se atreven a tocarla. ¿Será porque se les puede venir encima toda la sociedad canaria?

miércoles, 14 de septiembre de 2011

Rosa Aguilar culpa a CC de la marea de San Andrés por obras efectuadas por la Autoridad Portuaria



La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, reprochó en el Congreso al Gobierno de Canarias tener "responsabilidad" en la marea y el desastre del pasado 29 de agosto en San Andrés, ya que algunas de las últimas obras que se efectuaron en el litoral afectando a la escollera fueron acordadas por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Según la ministra "dichas obras eran de dominio" de dicho ente, en el que los cargos fueron designados por Coalición Canaria.



"No somos nosotros los que tenemos competencia en la escollera del paseo. Tienen ustedes la responsabilidad de las obras que se hicieron y de cómo se ejecutaron", dijo Aguilar, refiriéndose a las últimas actuaciones en el Paseo Marítimo y junto a la carretera en el barrio próximo a la playa de Las Teresitas, en respuesta a una interpelación del nacionalista Fernando Ríos Rull.

Además, Aguilar señaló que cuando, por parte de la Autoridad Portuaria se acometió la ampliación del Parque Marítimo de Anaga "ya se dijo que iba aumentar el oleaje en el frente de San Miguel" y "la asociación de vecinos lo denunció".

"Desde el primer momento se dijo que lo que ustedes estaban haciendo era insuficiente", reiteró Aguilar en sus andanadas a Ríos al final de una interpelación de CC a la ministra que en un principio parecía que iba a transcurrir plácidamente.

Asimismo, la ministra dijo que en las obras de urgencia de reparación de la escollera que actualmente se están llevando a cabo la aportación del Gobierno central será de unos 490.000 euros, si bien la solución definitiva, para la que se apuesta por un dique semisumergido, requerirá del acuerdo entre ambas administraciones y determinar antes la financiación que corresponda a cada cual.

"COLOR POLITICO"

La ministra llevó a cabo sus ataques contra CC en su segunda intervención de réplica y después de que Ríos señalase que en l vigente Convenio de Costas "se priorizan las obras en cada ayuntamiento en función de su color político" y de que dijera que la solución definitiva para la seguridad de San Andrés "se tiene desde hace muchos años pero ustedes no han sabido o no han querido" acometerla".

"No me vale que usted diga tiene intención de colaborar", porque ustedes tienen la competencia", señaló Ríos antes de reclamar que se traspase a la Comunidad Autónoma todo lo relativo a costas y que lo justificase en base a otros conflictos como los de Cho Vito u Ojos de Garza.

Aguilar dice que se transferirá Costas a Canarias "sin ningún problema
"


La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha respondido este miércoles a Coalición Canaria que el Gobierno estará "encantado" de transferir al archipiélago las competencias sobre Costas, pero le ha advertido que podía haberlo pedido en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía.
Aguilar ha contestado en el Pleno del Congreso a una interpelación del diputado nacionalista Fernando Ríos quien, a propósito de los problemas en el barrio portuario de San Andrés, ha reivindicado al Gobierno el traspaso de esta competencia al Ejecutivo autonómico. El portavoz ha exigido una solución urgente a los problemas de inundación de esa zona y ha exigido a Medio Ambiente que, si no es capaz de ofrecer medidas urgentes y definitivas, dé a Canarias las competencias para ello.
"Es tan sencillo como que lo hubieran incluido en el Estatuto de Autonomía", le ha respondido la ministra. "No hay ningún problema, estamos encantados de transferir esa competencia mañana mismo", ha agregado.

http://canarias24horas.com/index.php/2011091487320/canarias/politica/rosa-aguilar-culpa-a-cc-de-la-marea-de-san-andres-por-obras-efectuadas-por-la-autoridad-portuaria.html

Los afectados piden que Canarias adquiera las competencias de Costas

El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), José Luis Langa, ha pedido que Canarias asuma las competencias en Costas para así "evitar las violaciones de derechos humanos indiscriminadas que se están llevando a cabo con la población canaria".
El letrado ha recordado en rueda de prensa, a tenor de la reciente petición en el Parlamento de Canarias del diputado Ignacio González (CCN) quien presentó en agosto una proposición no de ley para que Canarias adquiera las competencias sobre Costas, que ésta es una iniciativa que lleva años demandando la AEPLC. "La aplicación de la Ley de Costas en Canarias podría afectar a más de 160.000 personas", según las estimaciones de la asociación.
Sin embargo, los afectados por la Ley de Costas explican que esta cifra "no deja de ser una estimación sobre la realidad del Archipiélago". Según indica Langa, se ha dirigido al Diputado del Común para que éste a su vez lleve su petición al Defensor del Pueblo.
Langa aclara que quiere "pedir que desde la Dirección de Costas nos den los datos reales de los desalojos realizados y sobre todo de los que tienen previsto realizar, pues en estos momentos los ciudadanos de Canarias no saben si están afectados o no, ni que derechos tienen".
El abogado de los afectados asegura que la aplicación de la Ley de Costas de forma retroactiva es "abusiva" e "indiscriminada". Además, considera "que muy lejos de proteger el medio ambiente lo que está es generando inseguridad jurídica en tanto que despoja a los ciudadanos de los derechos protegidos en las normas internacionales" denunciadas ya ante el Parlamento Europeo.
Para el letrado, esta ley española viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Constitución Española por la vulneración del derecho de propiedad.
Langa hizo alusión también a los últimos casos afectados por la Ley de Costas, tales como Santa Lucía en Güimar; Los Roques en Fasnia y Ojos de Garza en Telde, para indicar que la situación sigue agravándose, pues todos los afectados de estas zonas se sienten desprotegidos y agregó que "cualquier ciudadano que lo desee puede ponerse en contacto con la Asociación pues nosotros le informaremos de su situación y de sus derechos".
El representante de la AEPLC también recordó que el 6 de octubre próximo se reunirán en Bruselas la Comisión de Derechos Humanos; la Comisión de Peticiones y la Comisión Europea para debatir sobre la Ley de Costas española que "inculca y viola derechos fundamentales recogidos en la Constitución nacional y europea y espero que de esta reunión salga una directiva que obligue a España a no aplicar este ley con carácter retroactivo".
Finalmente, el abogado volvió a recordar que este es "un problema de todos los canarios, pues la retroactividad de la Ley de Costas ataca a la cultura y al patrimonio de las Islas".
http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=291373

martes, 13 de septiembre de 2011

HERMANAMIENTO OJOS DE GARZA CON CHO VITO. SEP.2011

Costas da largas a Santa Lucía y evita autorizar las obras de seguridad

La Dirección General se comprometió ayer, tras una reunión en Madrid, a contestar a finales de este mes al Ayuntamiento de Güímar y a los vecinos desalojados de este barrio costero de Agache a la petición de que autorice la ejecución de obras que garanticen la seguridad tras el desprendimiento de comienzos de junio.
13/sep/11 01:21
El director general de Costas, Pedro Ríos, se comprometió ayer a analizar el estudio geotécnico elaborado en la zona de Santa Lucía tras el desprendimiento de comienzos del pasado mes de junio, y ofrecer una respuesta al Ayuntamiento de Güímar antes de finales de este mes de septiembre. El director general ha entendido la urgencia de la puesta en marcha de estos trabajos, de manera que garanticen tanto la seguridad de los propios vecinos como de sus viviendas, aunque no avanzó que su departamento conceda la autorización de los mismos, tal y como pretendía el ayuntamiento.
El alcalde de Güímar, Rafael Yanes, que se reunió ayer en Madrid con el director general, con el fin de solicitar autorización para realizar diversos trabajos de seguridad en la zona de Santa Lucía, hizo entrega a Ríos del estudio geotécnico elaborado por la empresa ICINCO, y que fue encargado tras los desprendimientos producidos en esta zona el pasado 3 de junio, aunque por parte de los vecinos ya se ha anunciado que han encargado un nuevo estudio con el fin de contar con una segunda opinión técnica y determinar que los propietarios de las viviendas pueden regresar sin correr ningún tipo de riesgo.
El primer estudio revela que se deben desalojar alrededor de cuarenta viviendas de la zona afectada por prevención. El estudio también indica las medidas de seguridad que se deben llevar a cabo para evitar nuevos desprendimientos, que van desde el mallado hasta el reforzamiento de la pared. El problema radica en que estas obras de vital importancia no se pueden llevar a cabo hasta obtener la autorización de la Dirección General.
En la reunión también estuvieron la primera teniente de alcalde, Carmen Luisa Castro; el presidente de la asociación de vecinos de Santa Lucía, José Herrera, y el diputado socialista José Segura.
El alcalde de Güímar ha mostrado su satisfacción al término de la misma, al considerar que el director general ha tenido gran predisposición a la hora de escuchar el problema. "Ha sido consciente en todo momento de la urgencia de su decisión, hasta el punto de que no ha tenido en cuenta la situación legal de las viviendas, sino la seguridad de sus ocupantes".
Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos de Santa Lucía
, José Herrera, manifestó que había salido "muy contento" y se mostró convencido de que la respuesta de Costas es que se autorizará los trabajos de rehabilitación antes de final de mes. Añadió que "llevamos tres meses luchando por una solución y ahora estamos cada vez más cerca. Una vez que acepten la puesta en marcha de las obras, toca la búsqueda del dinero para poderlas financiar".
Herrera dijo, no obstante, que los argumentos y la formar de actuar de Costas varía en función del lugar en que se celebren los encuentros, pues explicó que nada tiene que ver la actitud del máximo responsable de la Dirección General en Madrid, con el que se reunieron este lunes, con las reuniones que han mantenido con el responsable de la demarcación de Tenerife, pues explicó que "la sensación que sacamos de la reunión del lunes es que la actitud es más positiva y con más ganas de colaborar para solventar nuestro problema".
http://www.eldia.es/2011-09-13/SUR/4-Costas-da-largas-Santa-Lucia-evita-autorizar-obras-seguridad.htm

lunes, 12 de septiembre de 2011

Anulan orden demolición casa playa por defectos en la notificación de Costas

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que esta Demarcación de Costas, mediante resolución de 26 de septiembre de 1991, acordó recuperar de oficio la posesión del dominio público marítimo-terrestre "indebidamente ocupado mediante una edificación".
Este organismo acordó también requerir al propietario para que procediera a la demolición del edificio, con apercibimiento de que en caso contrario lo haría la propia administración y le pasaría el importe de los trabajos de derribo.
La notificación fue intentada en dos ocasiones, siendo devueltas en ambos casos, por lo que Costas procedió a su inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cartagena.
El TSS, al dar la razón al demandante, reconoce que la administración trató en dos ocasiones de notificarle el acuerdo y que no lo consiguió por ser incorrecto el domicilio, pero añade que tenía a su alcance otras vías para averiguar cuál era el correcto, por lo que anula el acuerdo de ejecución forzosa del derribo. EFE 1010611
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=920069

En busca de luz para Santa Lucía



El caserío de Santa Lucía-Los Barrancos, en el litoral güimarero de Agache, conocerá hoy en Madrid el futuro que le depara a corto plazo, después de los derrumbes sucedidos en junio que obligaron al precinto de una treintena de viviendas y el desalojo de sus ocupantes, solo ocho de ellos residentes habituales de un núcleo costero que tiene sobre sí la espada de Damocles de una posible demolición al incumplir la Ley de Costas, todo lo contrario de lo que ha sucedido con otros barrios de la zona como La Puente, La Caleta y Punta Prieta, que sí han superado ‘el corte’ de Costas tras ganar los pleitos, algunos de ellos interpuestos por el Ayuntamiento de Güímar.
La misma corporación que hoy estará en Madrid defendiendo los intereses del centenar de habitales de Santa Lucía-Los Barrancos. Hasta la capital de España se han trasladado el alcalde, Rafael Yanes, y la primera teniente de alcalde, Carmen Luisa Castro, que junto con el diputado socialista José Segura y el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, José Herrera, se reunirán con el director general de Costas, Pedro Ríos, para estudiar la petición de autorizaciones que permitan rehabilitar la zona afectada tras los derribos. En la entrevista, el alcalde hará entrega a Ríos del estudio geotécnico elaborado por la empresa Icinco, y que fue encargado tras los desprendimientos producidos el pasado 3 de junio.
Hay que recordar que dicho estudio revela que se deben desalojar alrededor de cuarenta viviendas de la zona afectada por prevención. El estudio también indica las medidas de seguridad que se deben llevar a cabo para evitar nuevos desprendimientos, que van desde el mallado hasta el reforzamiento de la pared. El problema radica en que estas obras no se pueden llevar a cabo hasta obtener la autorización de la Dirección General de Costas, algo que se espera sea efectivo en el día de hoy.
El alcalde, Rafael Yanes, y el presidente del colectivo de vecinos, José Antonio Herrera, se han mostrado optimistas con la posibilidad de obtener el visto bueno de Costas y de poder acometer la obra de reforzamiento de seguridad en la zona, sobre todo en la cueva natural que da cabida a más de veinte viviendas. Sin embargo, el pesimismo llega cuando se pregunta por el futuro de Santa Lucía como núcleo urbano consolidado, ante la evidencia que incumple la orden del Ministerio de Medio Ambiente, que obligaba al deslinde de 100 metros en el litoral de Agache, después de que entrara en vigor la Ley de Costas en 1988. No obstante, los vecinos se acogen a otras sentencias habidas en caseríos como La Puente o El Tablado, en las que se establecía en 20 metros la zona de servidumbre.
El Socorro




Los representantes del Ayuntamiento de Güímar aprovecharán la visita a la Dirección General de Costas para buscar una solución definitiva para la ubicación de la estación de bombeo de El Socorro, motivo por el que les acompañará en la reunión la consejera de Panificación Territorial del Cabildo Insular de Tenerife, Pino de León. El proyecto inicial aprobado por el Consejo Insular de Aguas establecía ubicar dicha estación en el casco urbano del barrio, situación a la que los vecinos se han negado en rotundo, argumentado que es posible colocarlo en el extrarradio.
El problema es que para poder colocar la estación de bombeo en la zona que demandan los vecinos, necesitan la autorización de la Dirección General de Costas debido a su cercanía al mar, autorización que ya ha sido denegada, aunque según Lázaro Mendoza, presidente de la Asociación de Vecinos de El Socorro, Costas podría conceder el permiso si se presenta un proyecto de avenida hacia esa estación, unos 300 metros hacia el sur.
Bajo La Cuesta




También en Candelaria, después de lo sucedido con Chivo, el contencioso con Costas no ha acabada y uno de los núcleos que está en entredicho, muy cerca de allí, es Bajo La Cuesta, donde unas 50 familias tratan de ganarle el pulso a la Demarcación de Costas, haciéndose fuerte con una sentencia del 2006 en donde se recoge un deslinde que está a 170 metros del mar. Pese a ello, el partido Alternativa Nacionalista Canaria (ANC), sin representación política en el Ayuntamiento de Candelaria, ha denunciado a través de una nota enviada a los medios, que el alcalde Gumersindo García ha comenzado una nueva ofensiva contra los habitantes del barrio costero de Bajo La Cuesta, dado que pretende derribarlo. Esta organización de izquierda nacionalista ya se ha reunido con varios vecinos con el fin de buscar posibles soluciones a este problema.
Este colectivo está dispuesto a movilizarse ante este nuevo ataque, similar al sufrido en Cho Vito. ANC recuerda que el alcalde de la localidad lleva tiempo empeñado en derribar este barrio. Para ello, se ha escudado en el riesgo de desprendimientos que podría sufrir este núcleo vecinal. Esta organización entiende que en caso de que el riesgo sea real hay formas de establecer una adecuada contención por parte de la entidad local, acometiendo las obras precisas, que podrían, incluso, resultar más baratas que el propio derribo. Los representantes de este partido se han puesto a disposición de los afectados, a los que respaldarán en las acciones reivindicativas que estudien llevar a cabo y animan al colectivo a no desfallecer.
http://www.diariodeavisos.com/2011/09/11/tenerife/en-busca-de-luz-para-santa-lucia

jueves, 8 de septiembre de 2011

ANC-Candelaria denuncia la nueva ofensiva del alcalde para desalojar a los vecinos de Bajo La Cuesta




Los ciudadanos han empezado a organizarse ante la amenaza del Edil de derribar este pequeño barrio del municipio, al igual que ocurrió con Cho Vito



Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) denuncia que el alcalde de Candelaria ha comenzado una nueva ofensiva contra los habitantes del barrio costero de Bajo La Cuesta, dado que pretende derribarlo. Esta organización de izquierda nacionalista ya se ha reunido con varios vecinos con el fin de buscar posibles soluciones a este problema. Este colectivo está dispuesto a movilizarse ante este nuevo ataque, similar al sufrido en Cho Vito.
ANC recuerda que el alcalde de la localidad lleva tiempo empeñado en derribar este barrio, por lo que no sorprende que esta nueva ofensiva llegue con la incorporación del primer Edil a su trabajo en el Consistorio. Para ello, se ha escudado en el riesgo de desprendimientos que podría sufrir este núcleo vecinal. Esta organización entiende que en caso de que el riesgo sea real hay formas de establecer una adecuada contención por parte de la entidad local, acometiendo las obras precisas, que podrían, incluso, resultar más baratas que el propio derribo.
Los representantes de este partido, no sólo a nivel local, sino nacional, se han puesto a disposición de los afectados, a los que respaldarán en las acciones reivindicativas que estudien llevar a caso. Asimismo, animan al colectivo a no desfallecer y a mantenerse firmes ante la actitud arbitraria del Grupo de Gobierno respecto a este tema.
http://www.sanborondon.info/content/view/37027/51/

viernes, 2 de septiembre de 2011

Un 'barrio-playa' colgado en la roca



El poblado marinero de Tufia, en Telde, ofrece arenas negras y retazos de postales entre las calles blancas que van a dar al mar.
Hay rincones por los que parece no pasar el tiempo. Enclaves que conservan memoria y evocan recuerdos de sitios incluso no visitados. Uno de esos lugares bien podría ser Tufia, el barrio-playa teldense, en Gran Canaria, donde las casas blancas se apiñan en las faldas de los acantilados, rodeadas de arena negra.
Al entrar en el poblado de adosados, tras dejar el coche, las cuestas que serpentean entre las casas se antojan mil veces vistas. Con un poco de suerte, se escucha desde allá arriba la algarabía de una posible fiesta con chiringuito, paella y música de verano. Si no, no es mala alternativa detenerse, antes de arrojarse a la arena o al mar, en alguna puerta del vecindario tras la que, sorprendentemente, aguarde un bar donde hacer acopio de un tentempié.
Ya en la orilla se puede disfrutar de una jornada sin aglomeraciones y hasta sin sombrillas, porque cuando el sol comienza a abandonar la vertical, las construcciones que se meten casi al mar ofrecen sombra.
Precisamente, la Ley de Costas amenaza el que fue, en su día, poblado marinero, donde se han declarado ilegales al menos 17 viviendas que buscan ahora una amnistía frente al derribo.
http://www.canariasahora.com/noticia/196096/

miércoles, 31 de agosto de 2011

Obras de mejora en la costa de El Sauzal
























POCOS AÑOS DESPUES DE LA DEMOLICIÓN DE MÁS DE 400 EDIFICACIONES EN LA COSTA DEL SAUZAL, Y DE LAS OBRAS DE REGENERACIÓN Y PASEO DE LA COSTA DEL SAUZAL, CON UN COSTE DE VARIOS MILLONES DE EUROS, CON FINANCIACIÓN EUROPEA, EL PROYECTO ORIGINAL, CON MUCHAS DEFICIENCIAS, ENTRE ELLAS LA ACCESIBILIDAD A LA COSTA,( premisa principal del proyecto)EL AYUNTAMIENTO ENMIENDA LOS ERRORES DE COSTAS, Y LA ZONA SIGUE CERRADA AL USO.



¿CHAPUZA? ¿ INCOMPETENCIA?



El Ayuntamiento de El Sauzal se encuentra acometiendo una serie de obras que pretenden mejorar los accesos a las principales zonas de baño de la costa sauzalera, localizadas en el Cangrejillo, las Monjas, el Puertito y la Corriente.
El principal mandatario sazalero, Mariano Pérez y los técnicos municipales se encuentran estos días, supervisando las obras in situ, que se están llevando a cabo por el personal contratado de la administración local, para rematar algunas prioridades, que no contemplaron inicialmente, en el proyecto del Ministerio de Costas.
http://www.elsauzal.com/2011/08/10/obras-de-mejora-en-la-costa-de-el-sauzal/



Realizan un proyecto de accesibilidad para todos a la costa, y se olvidan de loas personas con movilidad reducida. Pendientes difíciles de superar, y barreras arquitectónicas son las chapuzas de la Direccion General de Costas

Una carpintería para la historia

Un astillero de Bueu es el único en Galicia reconocido como bien cultural

Cuando a los 14 años Manuel Purro terminó el colegio, sabía que su destino era ser aprendiz en la carpintería de ribeira de su padre, en el municipio pontevedrés de Bueu, en la península del Morrazo. "Fui un privilegiado por poder ir a la escuela pública. Cuando terminé, ayudaba por las mañanas en la carpintería y por la tarde iba a una academia de bachillerato donde aprendí álgebra", cuenta Purro, quien, a sus 73 años, recuerda que en sus comienzos acompañaba a los operarios a transportar la madera en carros de bueyes desde las fincas en las que compraban los árboles. Tal era el tamaño de los troncos que se necesitaban tres hombres para talarlos con una sierra portuguesa y era en ese mismo emplazamiento donde se cortaban los tablones para la construcción de los barcos.
Del centenar de talleres que hubo en Pontevedra solo queda en pie el de Purro
Los contratos de construcción de las naos se cerraban con un apretón de manos
Su astillero, del que tomó las riendas con 32 años, es conocida en Bueu como la carpintería de Purro y la única de la costa que sobrevive en la actualidad. Cesó su actividad en 2003 y, después de 10 años de lucha con el Gobierno de Galicia, la Asociación de Amigos de las Embarcaciones Tradicionales Os Galos ha conseguido que sea declarada como Bien de Interés Cultural por la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura.
Durante el siglo pasado, en la ría de Pontevedra llegaron a funcionar un centenar de carpinterías dedicadas a la fabricación y mantenimiento de embarcaciones. La desaparición de estos astilleros se produjo por el abandono de las prácticas artesanales al surgir nuevas técnicas industriales de construcción con poliéster -fibra de vidrio- que abarataban la mano de obra. A esto hay que sumarle la Ley de Demarcación de Costas, que prohibía edificar a menos de 100 metros del nivel máximo de pleamar. Algo impensable para un negocio que necesita levantarse en las playas para facilitar la botadura de los navíos.
Pero Purro se negó a abandonar un oficio que formaba parte de su vida y que le obligaría a despedir a sus empleados. "Me gustaba mi trabajo porque lo considero una obra de arte. Mi mayor satisfacción era ver los barcos terminados y botarlos al mar", explica.
Purro comprendió que su negocio familiar estaba abocado a desaparecer al conocer que ninguno de sus hijos seguiría con una tradición que comenzó cuando la abuela del carpintero, al finalizar la Guerra Civil, compró el taller para que el padre de Purro tuviera una empresa propia. Un modesto astillero ligado íntimamente a la historia marítima de los habitantes de Bueudonde trabajaron y se formaron muchos profesionales y donde se construyeron infinidad de embarcaciones.
En un año fabricaban hasta cuatro naos, y el 30% del trabajo lo ocupaba la reparación y mantenimiento de pequeños barcos. "La nave más grande que hicimos medía 25 metros de eslora y tardamos 10 meses en construirla", afirma. Ocho hombres trabajaron en su realización, por la que cobraron dos millones de pesetas en 1974. Un valor que triplicó el presupuesto inicial debido a la crisis del petróleo de esa década, que encareció el transporte y los materiales. La retribución de los barcos se ejecutaba en cinco plazos y el contrato se cerraba con un apretón de manos, sin necesidad de intermediarios legales.
La carpintería de Purro responde a una gran sencillez constructiva, característica básica de la arquitectura popular de la Galicia marinera, levantada sobre soportes de madera y piedra con cubiertas de teja. El mismo armador la ampliaba, a medida que aumentaban los encargos, de manera improvisada y desestructurada con la madera sobrante de las embarcaciones. Este oficio realizado al aire libre se enfrentaba con frecuencia a los caprichos meteorológicos. A menudo las marejadas y temporales enterraban el astillero y con él los barcos cuyos motores quedaban inservibles. Y en ocasiones el viento soplaba con tanta fuerza que arrojaba los barcos en construcción a la ría.
La Asociación Os Galos considera que no debe quedar en el olvido un negocio que contribuyó al desarrollo de su comunidad marinera. Por ello no descansó hasta lograr que este mes de agosto la Xunta autorizase su recuperación y rehabilitación y lo convirtiese en el único astillero de ribera en Galicia protegido por Patrimonio e incluido en su Inventario General.
La asociación no se encuentra sola en esta travesía. El museo marítimo y naval Massó, en la misma localidad, colabora para convertir la carpintería de Purro en un espacio donde se puedan exponer en su contexto original las colecciones de barcos tradicionales y herramientas. Así la vieja atarazana vivirá eternamente en un entorno donde el progreso no implica la destrucción de las arraigadas tradiciones del litoral gallego.
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/carpinteria/historia/elpepuespgal/20110831elpgal_15/Tes