El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, acusó al PSOE de haber hecho una aplicación "arbitraria y deficiente" de la Ley de Costas mientras estaba en el Gobierno y justificó la necesidad de reformarla para "poner sentido común".
En respuesta a una pregunta de la portavoz del PSOE en la Comisión de Medio Ambiente, Leire Pajín, Arias Cañete dijo que el Gobierno socialista ha hecho una aplicación "errática, arbitraria y deficiente" de la Ley de Costas, con casos como el de "El Algarrobico". Según el ministro, es "preocupante" que el PSOE piense que las leyes no hay que modificarlas nunca porque las ha hecho este partido.
Explicó que la reforma de la ley es necesaria para mejorar la seguridad jurídica y compabitilizar la protección del espacio natural con las actividades económicas, estudiando la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones para aproximar la legislación de costas a las normas que regulan las de otros bienes de derecho público.
Arias Cañete indicó que también hay que resolver la acumulación de expedientes sin resolver y, en este sentido, reprochó a los socialistas que hayan dejado 24.500 documentos en estas condiciones. "No han hecho nada en siete años, y vamos a poner sentido común en las costas españolas", apostilló el titular de Medio Ambiente.
Por su parte, Pajín aseguró que la Ley de Costas actual es garantista, equilibrada y busca preservar los recursos naturales sin perjuicio de disfrutar de la costa. "Lo que queremos es un modelo turístico que perdure en el tiempo y conservar nuestro principal atractivo, que es la costa", añadió.
En opinión de la portavoz socialista, lo que pretende el PP es volver al espíritu de la Ley del Suelo, aprobada por el Gobierno de José María Aznar, que trajo después especulación inmobiliaria y "una burbuja que hoy nos está costando muchos empleos y un modelo económico de pies de barro".
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/3734323/02/12/Arias-canete-reprocha-al-psoe-su-uso-arbitrario-y-deficiente-de-la-ley-de-costas.html
EL ESPIRITU DE CHO VITO ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS. CANARIAS. AEPLC Presidente. Carmen del Amo.626823246 perjudicadosporcostas@yahoo.es. Vicepresidente. Margarita Garcia.628907856.
Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
viernes, 10 de febrero de 2012
La capital se une a los vecinos afectados por la Ley de Costas
El gobierno local apoya en los juzgados a los residentes de Igueste
Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento defenderán en los tribunales a los vecinos de Igueste de San Andrés para evitar que las casas afectadas por la Ley de Costas sean demolidas.
El alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, junto al primer teniente de alcalde, Julio Pérez, y el concejal del Distrito de Anaga, Fernando Ballesteros, se reunieron ayer con los vecinos de este pueblo costero para tratar la sentencia de la Audiencia Nacional que ha ratificado que 97 parcelas y 22 viviendas del barrio incumplen la actual Ley de Costas porque invaden los 100 metros fijados dentro de los límites del dominio público marítimo.
Los representantes de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga y la Asociación Cultural y Medioambiental El Asío, ambas de Igueste de San Andrés, fueron Yolanda Déniz, Camilo León y José María Alberto. Déniz se mostró "muy satisfecha" tras el encuentro ya que, sea cual sea el resultado final, al menos "el Ayuntamiento ha escuchado todo lo que teníamos que decir". Bermúdez se comprometió a ofrecerles "toda la ayuda posible" y les aseguró que tendrán "la información del proceso que necesiten a través del abogado que lleva el caso en el Ayuntamiento", añadió Yolanda Déniz.
Durante la reunión se informó a los portavoces vecinales que en estos momentos los servicios jurídicos municipales defienden en los tribunales la misma posición que ellos. Además, aseguraron que sienten la misma preocupación que los residentes afectados por el futuro de todas las parcelas que se encuentran en dominio público. Pérez, Bermúdez y Ballesteros insistieron en que están en total sintonía con los vecinos del pueblo y esperan que se resuelva una sentencia favorable para la tranquilidad de todos sus habitantes.
Ambas partes se mostraron esperanzadas con la posibilidad de la aprobación de la nueva normativa en materia de Costas que ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy, que suavice la actual legislación y les permita "respirar un poco más tranquilos", explicó la portavoz de los vecinos. Lo que sí tienen muy claro todos los habitantes de Igueste de San Andrés es que llegarán "hasta el final, cuesta lo que cueste". "Nadie va a dejar que entre una pala en el pueblo o que sus casas queden fuera de ordenación", concluyó Déniz.
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/02/09/capital-une-vecinos-afectados-ley-costas/395894.html
Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento defenderán en los tribunales a los vecinos de Igueste de San Andrés para evitar que las casas afectadas por la Ley de Costas sean demolidas.
El alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, junto al primer teniente de alcalde, Julio Pérez, y el concejal del Distrito de Anaga, Fernando Ballesteros, se reunieron ayer con los vecinos de este pueblo costero para tratar la sentencia de la Audiencia Nacional que ha ratificado que 97 parcelas y 22 viviendas del barrio incumplen la actual Ley de Costas porque invaden los 100 metros fijados dentro de los límites del dominio público marítimo.
Los representantes de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga y la Asociación Cultural y Medioambiental El Asío, ambas de Igueste de San Andrés, fueron Yolanda Déniz, Camilo León y José María Alberto. Déniz se mostró "muy satisfecha" tras el encuentro ya que, sea cual sea el resultado final, al menos "el Ayuntamiento ha escuchado todo lo que teníamos que decir". Bermúdez se comprometió a ofrecerles "toda la ayuda posible" y les aseguró que tendrán "la información del proceso que necesiten a través del abogado que lleva el caso en el Ayuntamiento", añadió Yolanda Déniz.
Durante la reunión se informó a los portavoces vecinales que en estos momentos los servicios jurídicos municipales defienden en los tribunales la misma posición que ellos. Además, aseguraron que sienten la misma preocupación que los residentes afectados por el futuro de todas las parcelas que se encuentran en dominio público. Pérez, Bermúdez y Ballesteros insistieron en que están en total sintonía con los vecinos del pueblo y esperan que se resuelva una sentencia favorable para la tranquilidad de todos sus habitantes.
Ambas partes se mostraron esperanzadas con la posibilidad de la aprobación de la nueva normativa en materia de Costas que ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy, que suavice la actual legislación y les permita "respirar un poco más tranquilos", explicó la portavoz de los vecinos. Lo que sí tienen muy claro todos los habitantes de Igueste de San Andrés es que llegarán "hasta el final, cuesta lo que cueste". "Nadie va a dejar que entre una pala en el pueblo o que sus casas queden fuera de ordenación", concluyó Déniz.
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/02/09/capital-une-vecinos-afectados-ley-costas/395894.html
lunes, 6 de febrero de 2012
LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS.
El reciente anuncio del nuevo Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre la intención del Gobierno popular de revisar y reformar la vigente Ley de Costas ha hecho abrigar esperanzas positivas a los miles de afectados por la misma. La aplicación de la vigente Ley de Costas que data de 1988 afecta a unos 1.600.000 ciudadanos tanto españoles como extranjeros y ha sido a lo largo de los años objeto de numerosas críticas, controversias y resoluciones judiciales incluso fuera de nuestras fronteras.
La necesidad de proteger y de recuperar el deteriorado litoral español no es puesta en duda por nadie con un mínimo sentido común. Pero, simultáneamente, nadie debería cuestionar la necesidad de compatibilizar con esa necesidad la de preservar la actividad económica y los miles de puestos de trabajo que pueden verse afectados o incluso desaparecer como consecuencia de una aplicación errática y errónea de la legislación actual. Del mismo modo, deberían ser objetivos irrenunciables para cualquier responsable político preservar de una manera clara y nítida la seguridad en el tráfico jurídico de la propiedad, la primacía de la fe pública registral, la irretroactividad de las normas desfavorables y el principio de equidad y justicia en las compensaciones económicas que hubiesen de producirse como consecuencia de la aplicación de la norma en su actual configuración.
Una reforma de la vigente Ley de Costas debe hacerse contemplando todos estos parámetros y en modo alguno puede desviarse de los principios constitucionales en los que ha de inspirarse.
Las diferentes situaciones de afección del litoral marítimo que la realidad presenta deben contemplarse de manera bien diferenciada considerando aspectos muy diversos: el carácter urbano o no de las mismas, la fecha de su aparición anterior o posterior a la Ley de 1988, el grado de protección medioambiental de los distintos emplazamientos, el carácter de los titulares sean personas físicas o jurídicas, la naturaleza de las anotaciones registrales, los deslindes efectuados y los parámetros físicos usados que, hasta el día de hoy, provocan diferencias notables de tratamiento, etc.
Transformar sin más, como hasta ahora, el derecho de propiedad adquirido de forma absolutamente legítima y legal con anterioridad a 1988 en un simple derecho de concesión, sin más compensación que el propio valor que a la misma concesión arbitrariamente se confiere, constituye un auténtico ataque al derecho de propiedad y a la seguridad del tráfico jurídico, al margen de la evidente inconstitucionalidad que la retroactividad supone. Diferente alcance, aunque igual de negativas consecuencias para los propietarios, supone la aplicación de la misma técnica a propiedades adquiridas con posterioridad a la aprobación de la Ley pues se produjeron mediando fedatarios públicos obligados por Ley a prevenir a los adquirientes de los condicionantes legales nuevos. Distinta es, igualmente, la situación de todos los inmuebles construidos en el dominio público después de 1988 en la que la intervención de las administraciones públicas con responsabilidades urbanísticas es la única responsable de las transgresiones de la norma y, por tanto, quienes deberían asumir las consecuencias que pudieran derivarse.
En todo caso, la problemática es tremendamente variada y la reforma de la Ley anunciada va a ser compleja, pero por mucha dificultad que entrañe debe abordarse con urgencia, con rigor, con diálogo con los afectados y tratando de conjugar los diferentes intereses contrapuestos.
La necesidad de proteger y de recuperar el deteriorado litoral español no es puesta en duda por nadie con un mínimo sentido común. Pero, simultáneamente, nadie debería cuestionar la necesidad de compatibilizar con esa necesidad la de preservar la actividad económica y los miles de puestos de trabajo que pueden verse afectados o incluso desaparecer como consecuencia de una aplicación errática y errónea de la legislación actual. Del mismo modo, deberían ser objetivos irrenunciables para cualquier responsable político preservar de una manera clara y nítida la seguridad en el tráfico jurídico de la propiedad, la primacía de la fe pública registral, la irretroactividad de las normas desfavorables y el principio de equidad y justicia en las compensaciones económicas que hubiesen de producirse como consecuencia de la aplicación de la norma en su actual configuración.
Una reforma de la vigente Ley de Costas debe hacerse contemplando todos estos parámetros y en modo alguno puede desviarse de los principios constitucionales en los que ha de inspirarse.
Las diferentes situaciones de afección del litoral marítimo que la realidad presenta deben contemplarse de manera bien diferenciada considerando aspectos muy diversos: el carácter urbano o no de las mismas, la fecha de su aparición anterior o posterior a la Ley de 1988, el grado de protección medioambiental de los distintos emplazamientos, el carácter de los titulares sean personas físicas o jurídicas, la naturaleza de las anotaciones registrales, los deslindes efectuados y los parámetros físicos usados que, hasta el día de hoy, provocan diferencias notables de tratamiento, etc.
Transformar sin más, como hasta ahora, el derecho de propiedad adquirido de forma absolutamente legítima y legal con anterioridad a 1988 en un simple derecho de concesión, sin más compensación que el propio valor que a la misma concesión arbitrariamente se confiere, constituye un auténtico ataque al derecho de propiedad y a la seguridad del tráfico jurídico, al margen de la evidente inconstitucionalidad que la retroactividad supone. Diferente alcance, aunque igual de negativas consecuencias para los propietarios, supone la aplicación de la misma técnica a propiedades adquiridas con posterioridad a la aprobación de la Ley pues se produjeron mediando fedatarios públicos obligados por Ley a prevenir a los adquirientes de los condicionantes legales nuevos. Distinta es, igualmente, la situación de todos los inmuebles construidos en el dominio público después de 1988 en la que la intervención de las administraciones públicas con responsabilidades urbanísticas es la única responsable de las transgresiones de la norma y, por tanto, quienes deberían asumir las consecuencias que pudieran derivarse.
En todo caso, la problemática es tremendamente variada y la reforma de la Ley anunciada va a ser compleja, pero por mucha dificultad que entrañe debe abordarse con urgencia, con rigor, con diálogo con los afectados y tratando de conjugar los diferentes intereses contrapuestos.
Por fin la nueva ley de costas
Después de muchos años de reivindicaciones, de exigencias y de malas noticias, por fin los vecinos del litoral de la provincia pueden dormir tranquilos, sin la incertidumbre de sentir que sus propiedades, las que heredaron de sus familias, estaban en manos de políticos que nunca han tenido intención de escucharles. No era tan difícil. El nuevo ministro de Medio Ambiente lo ha demostrado en apenas dos meses.
Solo hacía falta escuchar y ver. Porque no se puede decidir el futuro de cientos de personas sobre un plano. No se pueden obviar las circunstancias ambientales, ni obcecarse en que lo que era bueno en 1988 es necesariamente bueno en 2012. Por fin, los municipios afectados hemos recibido un compromiso firme de un responsable político de cambiar una ley de costas que tiene muchas cosas buenas, pero otras malas. Porque las leyes no pueden dar la espalda a los ciudadanos, sino que deben defender sus derechos.
Lo más frustrante es que no era tan difícil. Escuchar y decidir. Hasta ahora las únicas decisiones que se habían tomado eran dibujar deslindes sobre un mapa y derribar viviendas e infraestructuras. Estas últimas decisiones irreparables. Por eso es imprescindible que se paralice cualquier expediente administrativo abierto contra las propiedades del litoral hasta que la nueva ley se haya modificado.
La semana pasada recibimos una excelente noticia fruto del sentido común, el que ha demostrado el nuevo ministro y que no fueron capaces de aplicar sus antecesores en el cargo. Ahora pedimos diálogo, que nos tengan en cuenta a los municipios a la hora de dar forma a esa nueva ley, dado que nosotros conocemos los problemas que sufre el litoral y sabemos cuáles son las sensibilidades de la ciudadanía. Esta decisión es la culminación de un intenso trabajo, junto a la plataforma, que nos llevó incluso a reivindicar ante Bruselas y ante quien hoy es vicepresidenta, Soraya Sánchez de Santamaría. Por eso van a permitirnos que respiremos tranquilos, por fin.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/opinion/por-fin-nueva-ley-de-costas_716025.html
Solo hacía falta escuchar y ver. Porque no se puede decidir el futuro de cientos de personas sobre un plano. No se pueden obviar las circunstancias ambientales, ni obcecarse en que lo que era bueno en 1988 es necesariamente bueno en 2012. Por fin, los municipios afectados hemos recibido un compromiso firme de un responsable político de cambiar una ley de costas que tiene muchas cosas buenas, pero otras malas. Porque las leyes no pueden dar la espalda a los ciudadanos, sino que deben defender sus derechos.
Lo más frustrante es que no era tan difícil. Escuchar y decidir. Hasta ahora las únicas decisiones que se habían tomado eran dibujar deslindes sobre un mapa y derribar viviendas e infraestructuras. Estas últimas decisiones irreparables. Por eso es imprescindible que se paralice cualquier expediente administrativo abierto contra las propiedades del litoral hasta que la nueva ley se haya modificado.
La semana pasada recibimos una excelente noticia fruto del sentido común, el que ha demostrado el nuevo ministro y que no fueron capaces de aplicar sus antecesores en el cargo. Ahora pedimos diálogo, que nos tengan en cuenta a los municipios a la hora de dar forma a esa nueva ley, dado que nosotros conocemos los problemas que sufre el litoral y sabemos cuáles son las sensibilidades de la ciudadanía. Esta decisión es la culminación de un intenso trabajo, junto a la plataforma, que nos llevó incluso a reivindicar ante Bruselas y ante quien hoy es vicepresidenta, Soraya Sánchez de Santamaría. Por eso van a permitirnos que respiremos tranquilos, por fin.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/opinion/por-fin-nueva-ley-de-costas_716025.html
viernes, 3 de febrero de 2012
Costas atiende a los vecinos y corrige la obra que impedía el acceso a las viviendas
La Dirección General de Costas ordenó a la empresa que realiza el paseo peatonal de Cho Vito a que cubriera de inmediato el socavón provocado por dicha actuación que impedía el acceso de los vecinos a sus viviendas durante el lunes pasado. Una vez que el hoyo quedó debidamente cubierto, los habitantes de este poblado marinero pueden entrar en sus casas por la zona frontal del lugar con seguridad.
Cabe recordar que la apertura de ese hoyo y el uso de un andamio como paso peatonal provisional por la franja trasera del poblado generó la queja y protesta de los vecinos, que demandaron la intervención de las autoridades para resolver este problema. De hecho, anteayer presentaron una queja formal en el Cuartel de la Guardia Civil contra uno de sus efectivos por una presunta falta de respeto hacia una de las vecinas.
De lo sucedido el lunes en Cho Vito hay constancia documental (en forma de escrito y fotografías) en el Parlamento Europeo, donde algunos representantes españoles "tomaron cartas en el asunto" y "otros dirigentes de otros países nos han trasladado su preocupación por lo que aquí nos siguen haciendo", dijo ayer el portavoz del colectivo vecinal, Tomás González, quien destacó que ha sido nombrado un interlocutor de la empresa con los residentes
http://www.eldia.es/2012-02-03/sur/0-Costas-atiende-vecinos-corrige-obra-impedia-acceso-viviendas.htm
Cabe recordar que la apertura de ese hoyo y el uso de un andamio como paso peatonal provisional por la franja trasera del poblado generó la queja y protesta de los vecinos, que demandaron la intervención de las autoridades para resolver este problema. De hecho, anteayer presentaron una queja formal en el Cuartel de la Guardia Civil contra uno de sus efectivos por una presunta falta de respeto hacia una de las vecinas.
De lo sucedido el lunes en Cho Vito hay constancia documental (en forma de escrito y fotografías) en el Parlamento Europeo, donde algunos representantes españoles "tomaron cartas en el asunto" y "otros dirigentes de otros países nos han trasladado su preocupación por lo que aquí nos siguen haciendo", dijo ayer el portavoz del colectivo vecinal, Tomás González, quien destacó que ha sido nombrado un interlocutor de la empresa con los residentes
http://www.eldia.es/2012-02-03/sur/0-Costas-atiende-vecinos-corrige-obra-impedia-acceso-viviendas.htm
miércoles, 1 de febrero de 2012
Cho Vito resiste, como El Álamo
El Ayuntamiento de Candelaria tuvo que interceder martes ante la Dirección General de Costas y la empresa Tragsa, encargada de las obras, para mantener abierto el acceso por la playa a las nueve viviendas que aún permanecen en pie en Cho Vito.
Una medida que se tomó en respuesta a las peticiones de los vecinos afectados por las obras que se ejecutan en la zona y que explotaron el lunes por la tarde cuando una pala mecánica cortó la entrada por la playa, dejando un gran hueco que imposibilita el tránsito a las viviendas.
La plataforma vecinal que lidera Tomás González, uno de los afectados que todavía man tiene su casa en pie -hay una prórroga hasta mayo-, invitó entonces al alcalde a acudir ayer a primera hora a inspeccionar las obras, y éste, acompañado por el concejal de Urbanismo, Domingo Ramos, se trasladó a las ocho y media de la mañana a la zona.
Ambos, junto a representantes de la empresa adjudicataria de la actuación que Costas lleva a cabo en Cho Vito, se reunieron con los vecinos con el objetivo de conocer sus quejas sobre los accesos a las viviendas.
Quejas como las que relataba Montserrat Mejías, una de las vecinas, quien aseguraba “no he podido bajar la compra del coche”, aludiendo a la inseguridad que representa entrar por la parte alta en donde han situado una escalera, al estilo de un andamio, que ayer pudimos comprobar apenas reúne medidas de seguridad.
Tras las tensas conversaciones iniciales entre políticos y vecinos, se decidió solicitar a Costas la petición de los vecinos de que se mantuviera abierto el acceso por la playa hasta que se terminen los trabajos en la parte superior, pendiente aún de si finalmente habrá más derribos o no en Cho Vito, como califica el abogado José Luis Langa, defensor de los afectados por la Ley de Costas, el nuevo Álamo, por la tenaz resistencia de los vecinos a todo tipo de obstáculo que le están poniendo en el camino.
http://www.diariodeavisos.com/2012/01/31/actualidad/cho-vito-logra-un-compromiso-de-costas-tras-la-mediacion-de-garcia-para-solucionar-el-acceso-al-poblado/
Una medida que se tomó en respuesta a las peticiones de los vecinos afectados por las obras que se ejecutan en la zona y que explotaron el lunes por la tarde cuando una pala mecánica cortó la entrada por la playa, dejando un gran hueco que imposibilita el tránsito a las viviendas.
La plataforma vecinal que lidera Tomás González, uno de los afectados que todavía man tiene su casa en pie -hay una prórroga hasta mayo-, invitó entonces al alcalde a acudir ayer a primera hora a inspeccionar las obras, y éste, acompañado por el concejal de Urbanismo, Domingo Ramos, se trasladó a las ocho y media de la mañana a la zona.
Ambos, junto a representantes de la empresa adjudicataria de la actuación que Costas lleva a cabo en Cho Vito, se reunieron con los vecinos con el objetivo de conocer sus quejas sobre los accesos a las viviendas.
Quejas como las que relataba Montserrat Mejías, una de las vecinas, quien aseguraba “no he podido bajar la compra del coche”, aludiendo a la inseguridad que representa entrar por la parte alta en donde han situado una escalera, al estilo de un andamio, que ayer pudimos comprobar apenas reúne medidas de seguridad.
Tras las tensas conversaciones iniciales entre políticos y vecinos, se decidió solicitar a Costas la petición de los vecinos de que se mantuviera abierto el acceso por la playa hasta que se terminen los trabajos en la parte superior, pendiente aún de si finalmente habrá más derribos o no en Cho Vito, como califica el abogado José Luis Langa, defensor de los afectados por la Ley de Costas, el nuevo Álamo, por la tenaz resistencia de los vecinos a todo tipo de obstáculo que le están poniendo en el camino.
http://www.diariodeavisos.com/2012/01/31/actualidad/cho-vito-logra-un-compromiso-de-costas-tras-la-mediacion-de-garcia-para-solucionar-el-acceso-al-poblado/
Gabriel Mato (PP) expone a Arias Cañete la necesidad de defender los intereses de los productores canarios en la UE
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y el eurodiputado canario del PP, Gabriel Mato, han destacado este martes la necesidad de intensificar esfuerzos con el fin de garantizar los intereses de los productores españoles, en general, y canarios, en particular, de cara a los acuerdos agrícolas y pesqueros que se están debatiendo en estos momentos en el seno de la Unión Europea.
En la entrevista que mantuvieron esta mañana, Mato trasladó al ministro algunos de los aspectos claves para el futuro agrícola y pesquero ante las negociaciones que se están desarrollando en estos momentos.
A la salida del encuentro, Matos expresó su "satisfacción" por el resultado y destacó el avance que supone contar en el ministerio con un interlocutor que conoce tanto los asuntos sobre los que se habla, como puede ser la reforma del Posei, como las particularidades de Canarias.
En este sentido, destacó la colaboración expresada por parte del ministro para hacer llegar a las instancias comunitarias el mensaje de que tengan en cuenta los intereses de los productores comunitarios, a quienes entiende y comprende, al mismo tiempo que manifestó su apoyo ante las acciones planteadas al respecto por parte del eurodiputado canario.
Asimismo, valoró la sensibilidad mostrada por Arias Cañete respecto a los productores canarios, que por su propia condición de región ultraperiférica necesita contar con herramientas que permitan la viabilidad del sector agrícola y pesquero, así como el desarrollo de su actividad comercial.
Entre los aspectos abordados, Mato hizo hincapié en asuntos como la reforma del Reglamento del Programa de Opciones Específicas para la Lejanía y la Insularidad (Posei), informe del que ha sido ponente y que se encuentran en la fase final para su tramitación, a la espera del trílogo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo el próximo mes de febrero.
En dicho documento, Mato ha recogido aspectos fundamentales para el desarrollo de la actividad económica de las nueve regiones afectadas, entre las que se encuentran Canarias, Azores, Madeira, Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, San Bartolomé y San Juan.
Entre los principales aspectos planteados se incluye el incremento de 70 millones de euros de la actual ficha financiera, elevándola a los 723 millones de euros, y que repercute en cultivos claves en el desarrollo de las islas como el plátano.
Precisamente, sobre el futuro del sector platanero tanto en lo que a la reforma del Posei se refiere como a las ayudas al transporte, el ministro Arias Cañete reiteró su compromiso con el sector y garantizó que en ningún caso le falta la ayuda del Gobierno central cuando lo necesita.
ACUERDOS INCUMPLIDOS
La negociación de los acuerdos agrícolas y pesqueros con países terceros como Marruecos y Mauritania han sido otros asuntos abordados en el encuentro. Al respecto, Mato ha hecho hincapié en que no se puede tolerar que se suscriban acuerdos perjudiciales para los intereses de los productores europeos y, en especial, de los españoles.
Mato ha criticado que el actual acuerdo agrícola suscrito con Marruecos ha sido objeto de reiterados incumplimientos por parte de este último en lo que a contingentes y precios se refiere, en especial en el caso de los tomates.
En este sentido, señaló que no se está en contra de un acuerdo con Marruecos que, insistió, "es y debe seguir siendo un socio privilegiado", aunque reiteró que es el momento de que la Comisión Europea afronte sin dilación la reforma del reglamento regulador de los precios de entrada, sobre todo teniendo en cuenta que el actual sistema es el que está propiciando los fraudes.
En cuanto al acuerdo pesquero, Mato ha defendido un nuevo documento pero distinto al actual con nuevos requisitos que permitan contar con un protocolo que sea económica, ecológica y socialmente sostenible y mutuamente beneficioso.
Otro de los puntos abordados se centró en el acuerdo con Mauritania, ya que el eurodiputado canario ha dejado patente que es necesario trabajar por conseguir un acuerdo que no perjudique los intereses de Canarias, sobre todo teniendo en cuenta que las capturas mauritanas representan el 70% del pescado manipulado en el Puerto de la Luz y de Las Palmas.
Añadió que este será uno de los ejes del informe del que será ponente y que se debatirá en el seno de la Comisión de Pesca en torno a la renovación de dicho acuerdo a partir del próximo 31 de julio. Mato expresó también al ministro su preocupación por el frente marítimo de Santa Cruz de La Palma, e insistió en la necesidad de que no sufra retrasos ni recortes.
CHO VITO Y LA LEY DE COSTAS
La situación de los vecinos de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, fue abordada también en el encuentro y Arias Cañete apostó por que se lleve a cabo la reforma de la Ley de Costas para que se garantice el dominio público y el derecho de todas las partes.
En el encuentro mantenido por Arias Cañete y Gabriel Mato se habló, además, de la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC). En este punto, Mato mantuvo que además de contemplar un presupuesto insuficiente para poder alcanzar los objetivos planteados, será fuente de conflicto al eliminar el criterio histórico de reparto de las ayudas y deja en mano de los estados miembros la distribución de las partidas.
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3711290/01/12/gabriel-mato-pp-expone-a-arias-canete-la-necesidad-de-defender-los-intereses-de-los-productores-canarios-en-la-ue.html
En la entrevista que mantuvieron esta mañana, Mato trasladó al ministro algunos de los aspectos claves para el futuro agrícola y pesquero ante las negociaciones que se están desarrollando en estos momentos.
A la salida del encuentro, Matos expresó su "satisfacción" por el resultado y destacó el avance que supone contar en el ministerio con un interlocutor que conoce tanto los asuntos sobre los que se habla, como puede ser la reforma del Posei, como las particularidades de Canarias.
En este sentido, destacó la colaboración expresada por parte del ministro para hacer llegar a las instancias comunitarias el mensaje de que tengan en cuenta los intereses de los productores comunitarios, a quienes entiende y comprende, al mismo tiempo que manifestó su apoyo ante las acciones planteadas al respecto por parte del eurodiputado canario.
Asimismo, valoró la sensibilidad mostrada por Arias Cañete respecto a los productores canarios, que por su propia condición de región ultraperiférica necesita contar con herramientas que permitan la viabilidad del sector agrícola y pesquero, así como el desarrollo de su actividad comercial.
Entre los aspectos abordados, Mato hizo hincapié en asuntos como la reforma del Reglamento del Programa de Opciones Específicas para la Lejanía y la Insularidad (Posei), informe del que ha sido ponente y que se encuentran en la fase final para su tramitación, a la espera del trílogo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo el próximo mes de febrero.
En dicho documento, Mato ha recogido aspectos fundamentales para el desarrollo de la actividad económica de las nueve regiones afectadas, entre las que se encuentran Canarias, Azores, Madeira, Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, San Bartolomé y San Juan.
Entre los principales aspectos planteados se incluye el incremento de 70 millones de euros de la actual ficha financiera, elevándola a los 723 millones de euros, y que repercute en cultivos claves en el desarrollo de las islas como el plátano.
Precisamente, sobre el futuro del sector platanero tanto en lo que a la reforma del Posei se refiere como a las ayudas al transporte, el ministro Arias Cañete reiteró su compromiso con el sector y garantizó que en ningún caso le falta la ayuda del Gobierno central cuando lo necesita.
ACUERDOS INCUMPLIDOS
La negociación de los acuerdos agrícolas y pesqueros con países terceros como Marruecos y Mauritania han sido otros asuntos abordados en el encuentro. Al respecto, Mato ha hecho hincapié en que no se puede tolerar que se suscriban acuerdos perjudiciales para los intereses de los productores europeos y, en especial, de los españoles.
Mato ha criticado que el actual acuerdo agrícola suscrito con Marruecos ha sido objeto de reiterados incumplimientos por parte de este último en lo que a contingentes y precios se refiere, en especial en el caso de los tomates.
En este sentido, señaló que no se está en contra de un acuerdo con Marruecos que, insistió, "es y debe seguir siendo un socio privilegiado", aunque reiteró que es el momento de que la Comisión Europea afronte sin dilación la reforma del reglamento regulador de los precios de entrada, sobre todo teniendo en cuenta que el actual sistema es el que está propiciando los fraudes.
En cuanto al acuerdo pesquero, Mato ha defendido un nuevo documento pero distinto al actual con nuevos requisitos que permitan contar con un protocolo que sea económica, ecológica y socialmente sostenible y mutuamente beneficioso.
Otro de los puntos abordados se centró en el acuerdo con Mauritania, ya que el eurodiputado canario ha dejado patente que es necesario trabajar por conseguir un acuerdo que no perjudique los intereses de Canarias, sobre todo teniendo en cuenta que las capturas mauritanas representan el 70% del pescado manipulado en el Puerto de la Luz y de Las Palmas.
Añadió que este será uno de los ejes del informe del que será ponente y que se debatirá en el seno de la Comisión de Pesca en torno a la renovación de dicho acuerdo a partir del próximo 31 de julio. Mato expresó también al ministro su preocupación por el frente marítimo de Santa Cruz de La Palma, e insistió en la necesidad de que no sufra retrasos ni recortes.
CHO VITO Y LA LEY DE COSTAS
La situación de los vecinos de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, fue abordada también en el encuentro y Arias Cañete apostó por que se lleve a cabo la reforma de la Ley de Costas para que se garantice el dominio público y el derecho de todas las partes.
En el encuentro mantenido por Arias Cañete y Gabriel Mato se habló, además, de la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC). En este punto, Mato mantuvo que además de contemplar un presupuesto insuficiente para poder alcanzar los objetivos planteados, será fuente de conflicto al eliminar el criterio histórico de reparto de las ayudas y deja en mano de los estados miembros la distribución de las partidas.
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3711290/01/12/gabriel-mato-pp-expone-a-arias-canete-la-necesidad-de-defender-los-intereses-de-los-productores-canarios-en-la-ue.html
ANC lamenta y denuncia un nuevo agravio hacia el pueblo pesquero de Cho Vito
ANC lamenta y denuncia un nuevo agravio hacia el pueblo pesquero de Cho Vito
La maquinaria que se está usando para la realización de una obra cercana impedía el acceso de los vecinos a sus casas
Candelaria/Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) se posiciona una vez más a favor de los habitantes de Cho Vito, esta vez se trata de un corte en el acceso del poblado. Tomás González, portavoz vecinal, informó que tres vecinos se colocaron delante de la maquinaria para impedir que sigan destruyendo la entrada del barrio, por lo que se requirió la actuación de la policía que efectuó varias detenciones.
Esta obra impide la normal convivencia, ya que los residentes de esta zona costera de Caletillas, tienen que saltar vallas y pasar entre la maquinaria, con el peligro que eso conlleva.
El partido condena la actuación del alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, que no acudió a la zona para defender los derechos de sus convecinos. Aunque según González, se ha comprometido para dar hoy una rueda de prensa y explicar la situación.
ANC quiere recordar todas las injusticias que han sufrido los habitantes de Cho Vito, al igual que otros pueblos hermanos, por la ley de costas. Y pide al Ayuntamiento que solucione el acceso al barrio lo más pronto posible.
http://canarias24horas.com/index.php/2012013190031/tenerife/anc-lamenta-y-denuncia-un-nuevo-agravio-hacia-el-pueblo-pesquero-de-cho-vito.html
La maquinaria que se está usando para la realización de una obra cercana impedía el acceso de los vecinos a sus casas
Candelaria/Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) se posiciona una vez más a favor de los habitantes de Cho Vito, esta vez se trata de un corte en el acceso del poblado. Tomás González, portavoz vecinal, informó que tres vecinos se colocaron delante de la maquinaria para impedir que sigan destruyendo la entrada del barrio, por lo que se requirió la actuación de la policía que efectuó varias detenciones.
Esta obra impide la normal convivencia, ya que los residentes de esta zona costera de Caletillas, tienen que saltar vallas y pasar entre la maquinaria, con el peligro que eso conlleva.
El partido condena la actuación del alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, que no acudió a la zona para defender los derechos de sus convecinos. Aunque según González, se ha comprometido para dar hoy una rueda de prensa y explicar la situación.
ANC quiere recordar todas las injusticias que han sufrido los habitantes de Cho Vito, al igual que otros pueblos hermanos, por la ley de costas. Y pide al Ayuntamiento que solucione el acceso al barrio lo más pronto posible.
http://canarias24horas.com/index.php/2012013190031/tenerife/anc-lamenta-y-denuncia-un-nuevo-agravio-hacia-el-pueblo-pesquero-de-cho-vito.html
lunes, 30 de enero de 2012
Gracias, Defensor del Pueblo
El pasado 6 de noviembre el Defensor del Pueblo Español intervino ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a las 11 horas y 31 minutos y manifestó refiriéndose a la Ley de Costas: "Es una situación legal (la Ley de Costas) aunque injusta para los ciudadanos …" . Luego manifestó que él no tiene capacidad para cambiar dicha ley pero que se dirigirá a los grupos parlamentarios de España instándoles a que lo hagan. Son tantos los problemas que sacuden a esta afligida España que es muy comprensible que el ciudadano español, abrumado por un exceso de cuestiones angustiosas que diariamente nos presentan los medios de comunicación no conozca de tal injusta ley más allá de lo que la propaganda del Estado quiere que conozca. Hay excepciones, entre las que se encuentran los afectados por tal Ley, y que tienen el apoyo de muchos parlamentarios que saben que es intolerable mantener una ley que actúa siguiendo los antiguos principios del viejo comunismo con un desprecio total a la propiedad privada. Quizá lo más vergonzoso sea la manera ruin de querer encubrir su perfidia, por supuesto, sin conseguirlo. España ya ha salido de los primeros años del siglo XXI. Es muchísimo lo que se ha escrito hasta el momento sobre la Ley de Costas y son muchas las denuncias presentadas ante los tribunales, tanto españoles como europeos y si este gobierno no actúa con ecuanimidad y justicia, se seguirá escribiendo y denunciando por los siglos de los siglos. Pienso que el principio de la Constitución Española es "todo para el pueblo y con el pueblo", a diferencia del Despotismo Ilustrado cuyo principio era "todo para el pueblo pero sin el pueblo".
Convertir una ley en legal, aunque se sepa que es injusta, es una de las mayores aberraciones existentes; si es injusta va contra el pueblo por mucho que la hayan aprobado "altas instancias de la magistratura". Las leyes injustas se pueden cambiar en cualquier momento dejando en entredicho a quienes las hicieron mal, tanto si fue con buena como con mala intención. La Constitución solo la debe cambiar el pueblo, aunque todos sabemos que hay excepciones con la que no todo el mundo está de acuerdo. Me viene a la memoria la ley de la II República Española por la que el gobierno podía soslayar la Constitución si ello era necesario para salvar la República. Cuando se leen estas cosas uno piensa que si para salvar la República hay situaciones en las que se puede y debe dejar a un lado la constitución, algo falla: o el articulado de su constitución no es correcto, bien por artículos deficientes, por falta de algunos imprescindibles o bien por exceso de los mismos, o el gobierno es incompetente. Debo recordar al hablar de la II República que no se aprobó la confiscación de las tierras cuando trataron de arreglar la distribución de las mismas. Hubo quienes sí propusieron la confiscación, personajes como Largo Caballero; afortunadamente no prosperaron sus sinrazones.
Quizá para terminar deba hacer un rápido recordatorio de lo que es la Ley de Costas. Propiedades legítimamente adquiridas y registradas en el Registro de la Propiedad, muchas veces adquiridas a Ayuntamientos, son expoliadas por el Gobierno mediante la siguiente maniobra legal: el gobierno se queda con la propiedad y a cambio da una concesión sobre la misma por 30 años gratis y otros 30 con un canon simbólico. Nada más otorgar la concesión expropia la tierra pagando un precio irrisorio, ya que lo que expropia es una simple concesión y no una propiedad. Cualquier construcción que haya en la propiedad es asfixiada para pasarla a un valor mínimo prohibiendo cualquier acción sobre la misma: no se puede pintar ni hacer cualquier otro trabajo de mantenimiento. Muchas de las casas tienen como legítimos propietarios a gente modesta que se ve avasallada y amedrentada por los "valientes" técnicos de costas que no vacilan en utilizar medios poco éticos para "convencer" a estos modestos propietarios de que ya no son dueños de lo que por derecho propio les pertenece porque la Constitución Española admite y protege la propiedad privada.
Algunos aplauden esta ley al amparo de ideas ecologistas olvidando que hay leyes de Espacios Protegidos que protegen el territorio español con total garantía. Pero también hay muchos ecologistas que piensan que la administración no siempre protege los espacios naturales sino que no duda en actuar sobre ellos cuando conviene a otros intereses. Muchos de los espacios que se han confiscado o se pretende confiscar estaban y están más cuidados y generando puestos de trabajo en manos de sus propietarios, propiedad que les fue otorgada legalmente y que deben conservar por encima de cualquier ley que pisotee la ética, la moral y la Constitución. Esperemos que el gobierno actual nos proteja de tantas injusticias y le propongo que llegue a conversaciones con los afectados a través de sus asociaciones y gremios, que no dudo le ayudarán a crear una ley justa que protegerá sobradamente los espacios naturales.
http://www.diariodecadiz.es/article/opinion/1171883/gracias/defensor/pueblo.html
Convertir una ley en legal, aunque se sepa que es injusta, es una de las mayores aberraciones existentes; si es injusta va contra el pueblo por mucho que la hayan aprobado "altas instancias de la magistratura". Las leyes injustas se pueden cambiar en cualquier momento dejando en entredicho a quienes las hicieron mal, tanto si fue con buena como con mala intención. La Constitución solo la debe cambiar el pueblo, aunque todos sabemos que hay excepciones con la que no todo el mundo está de acuerdo. Me viene a la memoria la ley de la II República Española por la que el gobierno podía soslayar la Constitución si ello era necesario para salvar la República. Cuando se leen estas cosas uno piensa que si para salvar la República hay situaciones en las que se puede y debe dejar a un lado la constitución, algo falla: o el articulado de su constitución no es correcto, bien por artículos deficientes, por falta de algunos imprescindibles o bien por exceso de los mismos, o el gobierno es incompetente. Debo recordar al hablar de la II República que no se aprobó la confiscación de las tierras cuando trataron de arreglar la distribución de las mismas. Hubo quienes sí propusieron la confiscación, personajes como Largo Caballero; afortunadamente no prosperaron sus sinrazones.
Quizá para terminar deba hacer un rápido recordatorio de lo que es la Ley de Costas. Propiedades legítimamente adquiridas y registradas en el Registro de la Propiedad, muchas veces adquiridas a Ayuntamientos, son expoliadas por el Gobierno mediante la siguiente maniobra legal: el gobierno se queda con la propiedad y a cambio da una concesión sobre la misma por 30 años gratis y otros 30 con un canon simbólico. Nada más otorgar la concesión expropia la tierra pagando un precio irrisorio, ya que lo que expropia es una simple concesión y no una propiedad. Cualquier construcción que haya en la propiedad es asfixiada para pasarla a un valor mínimo prohibiendo cualquier acción sobre la misma: no se puede pintar ni hacer cualquier otro trabajo de mantenimiento. Muchas de las casas tienen como legítimos propietarios a gente modesta que se ve avasallada y amedrentada por los "valientes" técnicos de costas que no vacilan en utilizar medios poco éticos para "convencer" a estos modestos propietarios de que ya no son dueños de lo que por derecho propio les pertenece porque la Constitución Española admite y protege la propiedad privada.
Algunos aplauden esta ley al amparo de ideas ecologistas olvidando que hay leyes de Espacios Protegidos que protegen el territorio español con total garantía. Pero también hay muchos ecologistas que piensan que la administración no siempre protege los espacios naturales sino que no duda en actuar sobre ellos cuando conviene a otros intereses. Muchos de los espacios que se han confiscado o se pretende confiscar estaban y están más cuidados y generando puestos de trabajo en manos de sus propietarios, propiedad que les fue otorgada legalmente y que deben conservar por encima de cualquier ley que pisotee la ética, la moral y la Constitución. Esperemos que el gobierno actual nos proteja de tantas injusticias y le propongo que llegue a conversaciones con los afectados a través de sus asociaciones y gremios, que no dudo le ayudarán a crear una ley justa que protegerá sobradamente los espacios naturales.
http://www.diariodecadiz.es/article/opinion/1171883/gracias/defensor/pueblo.html
miércoles, 25 de enero de 2012
Pánico a los derribos
Los vecinos de Igueste de San Andrés viven con el temor a que Costas elimine las 22 casas y 97 fincas del pueblo costero declaradas ilegales por la Audiencia Nacional
Los vecinos de Igueste de San Andrés no duermen tranquilos. Temen que, en cualquier momento, una pala aparezca por la carretera principal del pueblo y derribe sus casas. Nadie les ha informado de lo que puede pasar. No saben si sus viviendas acabarán como solares derruidos, si les prohibirán hacer arreglos en el futuro o si todo pasará sin que ocurra nada.
La Audiencia Nacional ha ratificado que 97 parcelas y 22 viviendas de este pueblo costero invaden los 100 metros fijados dentro de los límites del dominio público marítimo. Por tanto son propiedades ilegales y podrían ser eliminadas si se aplica la actual Ley de Costas.
Los representantes de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga y la Asociación Cultural y Medioambiental El Asío, ambas de Igueste de San Andrés, aseguran que llegarán hasta el final, "cuesta lo que cueste". Este viernes su abogado, José Luis Langa, se reunirá con ellos en su local social para informarles de los siguientes pasos que seguirá para defender los intereses de estos santacruceros. Langa, por lo pronto, ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo.
José María Alberto, presidente de Haineto, denunció ayer "la escasa atención que prestan a Igueste los políticos de Santa Cruz". Aseguró que tras las elecciones por el pueblo "no ha aparecido ningún concejal para, al menos, darnos algo de seguridad a los vecinos".
Esperanzados, estos portavoces vecinales plantean la posibilidad de organizar manifestaciones "donde más ruido se haga" para denunciar su situación.
La pregunta que se plantean siempre es la misma: "¿Por qué nosotros?", expone Paco Sáez, presidente de Asío. Playas como Las Gaviotas o El Balayo, con casas en zonas cercanas y a escasos kilómetros de Igueste, no están afectadas. "No pretendemos que les hagan nada pero no llegamos a comprender cómo esto solo nos ocurre a nosotros cuando por cercanía somos iguales", manifestó Sáez. "No hemos hecho mucho ruido porque siempre hemos confiado en el sentido común", apuntó José María. Además, "la desinformación que sufrimos es enorme y solo nos enteramos de lo que ocurre por lo que aparece publicado en los medios de comunicación", añadió.
Ambos colectivos entregaron en nombre de todos los vecinos afectados toda la documentación necesaria, al menos la que se les requirió, para demostrar su condición de zona urbana anterior a la aprobación de la Ley de Costas en 1988. Sin embargo, a la magistrada que llevó el caso en la Audiencia Nacional, Elisa Veiga, no le parecieron suficientes argumentos.
"Está claro que las casas que están a menos de 20 metros no se podrán salvar. Nuestra única aspiración es que no las derriben, algo por lo que lucharemos sin parar", señaló Yolanda Déniz, vocal de Asío. "Hay que tener en cuenta que muchas personas, la mayoría, viven en estas casas y no tienen otra a donde ir", remarcó. Algunas viviendas en el pueblo han pasado de una generación a otra. Abuelos, padres y ahora hijos o nietos disfrutan de ellas. En esta misma línea pusieron de manifiesto que de nuevo, por falta de explicaciones de las administraciones públicas implicadas, no saben si les darán "algún tipo de compensación económica" por tener que abandonar o no poder reformar sus casas en el futuro. "Las viviendas pierden valor y eso nadie lo pagará", dijo.
Estos vecinos afirmaron que ya son muchos años los que llevan luchando. Hay cartas dirigidas a los propietarios con remite de la Dirección General de Costas del año 2002. Tras una década parece que "nada ha cambiado", remarcó José María Alberto. Ahora tendrán que empezar de nuevo en el Tribunal Supremo, presentar una vez más toda la documentación necesaria y continuar con la tensa espera
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/01/25/panico-derribos/392862.html
Los vecinos de Igueste de San Andrés no duermen tranquilos. Temen que, en cualquier momento, una pala aparezca por la carretera principal del pueblo y derribe sus casas. Nadie les ha informado de lo que puede pasar. No saben si sus viviendas acabarán como solares derruidos, si les prohibirán hacer arreglos en el futuro o si todo pasará sin que ocurra nada.
La Audiencia Nacional ha ratificado que 97 parcelas y 22 viviendas de este pueblo costero invaden los 100 metros fijados dentro de los límites del dominio público marítimo. Por tanto son propiedades ilegales y podrían ser eliminadas si se aplica la actual Ley de Costas.
Los representantes de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga y la Asociación Cultural y Medioambiental El Asío, ambas de Igueste de San Andrés, aseguran que llegarán hasta el final, "cuesta lo que cueste". Este viernes su abogado, José Luis Langa, se reunirá con ellos en su local social para informarles de los siguientes pasos que seguirá para defender los intereses de estos santacruceros. Langa, por lo pronto, ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo.
José María Alberto, presidente de Haineto, denunció ayer "la escasa atención que prestan a Igueste los políticos de Santa Cruz". Aseguró que tras las elecciones por el pueblo "no ha aparecido ningún concejal para, al menos, darnos algo de seguridad a los vecinos".
Esperanzados, estos portavoces vecinales plantean la posibilidad de organizar manifestaciones "donde más ruido se haga" para denunciar su situación.
La pregunta que se plantean siempre es la misma: "¿Por qué nosotros?", expone Paco Sáez, presidente de Asío. Playas como Las Gaviotas o El Balayo, con casas en zonas cercanas y a escasos kilómetros de Igueste, no están afectadas. "No pretendemos que les hagan nada pero no llegamos a comprender cómo esto solo nos ocurre a nosotros cuando por cercanía somos iguales", manifestó Sáez. "No hemos hecho mucho ruido porque siempre hemos confiado en el sentido común", apuntó José María. Además, "la desinformación que sufrimos es enorme y solo nos enteramos de lo que ocurre por lo que aparece publicado en los medios de comunicación", añadió.
Ambos colectivos entregaron en nombre de todos los vecinos afectados toda la documentación necesaria, al menos la que se les requirió, para demostrar su condición de zona urbana anterior a la aprobación de la Ley de Costas en 1988. Sin embargo, a la magistrada que llevó el caso en la Audiencia Nacional, Elisa Veiga, no le parecieron suficientes argumentos.
"Está claro que las casas que están a menos de 20 metros no se podrán salvar. Nuestra única aspiración es que no las derriben, algo por lo que lucharemos sin parar", señaló Yolanda Déniz, vocal de Asío. "Hay que tener en cuenta que muchas personas, la mayoría, viven en estas casas y no tienen otra a donde ir", remarcó. Algunas viviendas en el pueblo han pasado de una generación a otra. Abuelos, padres y ahora hijos o nietos disfrutan de ellas. En esta misma línea pusieron de manifiesto que de nuevo, por falta de explicaciones de las administraciones públicas implicadas, no saben si les darán "algún tipo de compensación económica" por tener que abandonar o no poder reformar sus casas en el futuro. "Las viviendas pierden valor y eso nadie lo pagará", dijo.
Estos vecinos afirmaron que ya son muchos años los que llevan luchando. Hay cartas dirigidas a los propietarios con remite de la Dirección General de Costas del año 2002. Tras una década parece que "nada ha cambiado", remarcó José María Alberto. Ahora tendrán que empezar de nuevo en el Tribunal Supremo, presentar una vez más toda la documentación necesaria y continuar con la tensa espera
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/01/25/panico-derribos/392862.html
martes, 24 de enero de 2012
Costas explica que con la reforma ´lo que era ilegal aún lo es´
Los afectados por la actual Ley de Costas consideran que una reforma de la norma no les garantizará que sus viviendas se mantendrán en pie. Para que eso ocurriese la "revisión profunda" anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, tendría que incluir un cambio en el trazado de los deslindes que definen el dominio público marítimo terrestre. Y no les falta razón. De hecho, la responsable de la Delegación de Costas en Canarias, Esther Ruiz, advierte que aunque se lleve a cabo la reforma legislativa "lo que está en dominio público sigue estando en dominio público, y lo que era ilegal lo sigue siendo porque es algo que viene recogido en la Constitución".
"No hay que presuponer que la presunta próxima Ley de Costas vaya a ser más laxa", subrayó Ruiz.
De hecho, el anuncio de la reforma legal no ha despertado el optimismo entre los afectados."Una modificación de la ley no nos dice nada a los dueños de viviendas afectadas porque ya hay sentencias que avalan la demolición y lo que nosotros intentamos es que se paralicen esas actuaciones hasta que se produzca una reubicación de los vecinos", explica Juan Pedro Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de la playa de Ojos de Garza, una localidad en la que 54 de sus 144 viviendas están afectadas.
Convencidos de que "la nueva ley no va a anular lo que la Justicia ha dictaminado con respecto a las órdenes de demolición aceptadas" y de que el Estado no va a invertir para cambiar los deslindes, los vecinos de Ojos de Garza luchan por buscar alternativas que aseguren su futuro. "Hemos solicitado una reunión con la nueva Dirección General de Costas para ver si logramos activar un acuerdo por el que nuestra situación se prolongue durante 12 años, hasta que finalice la reubicación de toda la playa en un edificio de nueva construcción cuyos costes soportaremos los vecinos", señala Juan Pedro.
Modificaciones
Desde la Demarcación de Costas de Canarias, y a la espera de que se defina el contenido de la reforma anunciada por Arias Cañete, se cree que las modificaciones en la ley pueden ir en dirección a las reubicaciones. "Creo que se puede contemplar la opción de establecer convenios para retrasar demoliciones y proceder a reubicaciones de los vecinos afectados", señala Ruiz.
La actual Ley de Costas fue aprobada en julio de 1988, sustituyendo así a la existente desde 1969. Desde entonces los afectados luchan para cambiar su carácter retroactivo "al aplicar una ley de 1988 a unas casas que en muchos de los casos ya existían desde hacía décadas atrás. Consideramos que se vulnera el derecho constitucional de los vecinos a la propiedad privada", afirma José Luis Langa, representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (Aeple).
A lo largo de los aproximadamente 1.600 kilómetros de costa que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias hay un millar de afectados directos y con orden de derribo de sus viviendas por estar por debajo de la línea de deslinde que separa las zonas de propiedad pública de la privada (398 en la provincia de Las Palmas y 551 en la de Santa Cruz de Tenerife). Pueblos como Tufia o San Felipe, en Gran Canaria; Majanicho, en Fuerteventura; La Santa, en Lanzarote, La Caleta, en Tenerife o Valle Gran Rey, en La Gomera, viven bajo la amenaza de la demolición.
Con la ley de 1969 la zona de servidumbre era la comprendida dentro de los 20 metros de ancho desde el deslinde, ahora son 100 metros. El mantenimiento de este cambio podría hacer que El Golfo, en Lanzarote, o Los Molinos, en Fuerteventura, desaparecieran por completo.
Los afectados piden que se aprecie el valor etnográfico . "Los pueblos costeros son vestigios de nuestros antepasados que vivían de la pesca", explica Miguel Cerdeña, de Los Molinos
http://www.laprovincia.es/canarias/2012/01/24/costas-explica-reforma-ilegal/432921.html
"No hay que presuponer que la presunta próxima Ley de Costas vaya a ser más laxa", subrayó Ruiz.
De hecho, el anuncio de la reforma legal no ha despertado el optimismo entre los afectados."Una modificación de la ley no nos dice nada a los dueños de viviendas afectadas porque ya hay sentencias que avalan la demolición y lo que nosotros intentamos es que se paralicen esas actuaciones hasta que se produzca una reubicación de los vecinos", explica Juan Pedro Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de la playa de Ojos de Garza, una localidad en la que 54 de sus 144 viviendas están afectadas.
Convencidos de que "la nueva ley no va a anular lo que la Justicia ha dictaminado con respecto a las órdenes de demolición aceptadas" y de que el Estado no va a invertir para cambiar los deslindes, los vecinos de Ojos de Garza luchan por buscar alternativas que aseguren su futuro. "Hemos solicitado una reunión con la nueva Dirección General de Costas para ver si logramos activar un acuerdo por el que nuestra situación se prolongue durante 12 años, hasta que finalice la reubicación de toda la playa en un edificio de nueva construcción cuyos costes soportaremos los vecinos", señala Juan Pedro.
Modificaciones
Desde la Demarcación de Costas de Canarias, y a la espera de que se defina el contenido de la reforma anunciada por Arias Cañete, se cree que las modificaciones en la ley pueden ir en dirección a las reubicaciones. "Creo que se puede contemplar la opción de establecer convenios para retrasar demoliciones y proceder a reubicaciones de los vecinos afectados", señala Ruiz.
La actual Ley de Costas fue aprobada en julio de 1988, sustituyendo así a la existente desde 1969. Desde entonces los afectados luchan para cambiar su carácter retroactivo "al aplicar una ley de 1988 a unas casas que en muchos de los casos ya existían desde hacía décadas atrás. Consideramos que se vulnera el derecho constitucional de los vecinos a la propiedad privada", afirma José Luis Langa, representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (Aeple).
A lo largo de los aproximadamente 1.600 kilómetros de costa que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias hay un millar de afectados directos y con orden de derribo de sus viviendas por estar por debajo de la línea de deslinde que separa las zonas de propiedad pública de la privada (398 en la provincia de Las Palmas y 551 en la de Santa Cruz de Tenerife). Pueblos como Tufia o San Felipe, en Gran Canaria; Majanicho, en Fuerteventura; La Santa, en Lanzarote, La Caleta, en Tenerife o Valle Gran Rey, en La Gomera, viven bajo la amenaza de la demolición.
Con la ley de 1969 la zona de servidumbre era la comprendida dentro de los 20 metros de ancho desde el deslinde, ahora son 100 metros. El mantenimiento de este cambio podría hacer que El Golfo, en Lanzarote, o Los Molinos, en Fuerteventura, desaparecieran por completo.
Los afectados piden que se aprecie el valor etnográfico . "Los pueblos costeros son vestigios de nuestros antepasados que vivían de la pesca", explica Miguel Cerdeña, de Los Molinos
http://www.laprovincia.es/canarias/2012/01/24/costas-explica-reforma-ilegal/432921.html
domingo, 22 de enero de 2012
Un corralito inmobiliario de casi 150.000 casas
La reforma de la Ley de Costas que prepara el Gobierno central ha originado una discusión sobre el futuro de Canarias entre quienes entienden que traería desarrollo económico y quienes apuestan por preservar el litoral.
El número de interesados en conocer los detalles de la futura reforma que el Partido Popular (PP) quiere hacer con la Ley de Costas crece según pasan los días como consecuencia de la parquedad mostrada por el Gobierno español y en concreto de su ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en un encuentro con los medios de comunicación hace algunos días.
Las declaraciones de Arias Cañete fueron tan escuetas que han originado toda una ola de reacciones. En esa intervención hizo referencia a que la futura reforma pretendía "poner en valor" el litoral y "dar seguridad jurídica". El ministerio está trabajando en alargar las concesiones otorgadas y autorizar nuevos usos en primera línea de mar.
Así, lo que unos entienden es una apertura de la veda para actuar en la costa canaria, repitiendo los mismos errores de antaño, para otros es la llave de la puerta que podría albergar la solución a muchos de sus problemas. Es ahí donde entran los que se posicionan a favor de la ley y, por ende, del desarrollo económico del Archipiélago.
Entre los más críticos se encuentra un viejo conocido del Gobierno de Canarias, no en vano formó parte de él durante un largo período como primer director de la Agencia Canaria del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible, Faustino García Márquez. Como experto conocedor de la geografía canaria y sus singularidades, este arquitecto urbanista manifestó a EL DÍA: "Llevamos 24 años con la Ley de Costas en vigor y se trata de una de las leyes más protectoras del medio ambiente y del patrimonio común de los ciudadanos que se han aprobado en este país". Por lo tanto, modificarla y "hacerlo en la dirección en que quiere hacerlo el Ejecutivo, va a ser un error y una tragedia", lamentó.
Para García, "poner en valor" el litoral, como dijo el ministro, apunta a que se quiere hacer dos cosas: "Por un lado, impulsar la construcción y por otro, resolver la situación de propietarios extranjeros, pero sobre todo de la Unión Europea, que compraron en Valencia y en menor medida en Andalucía, que están afectados por las servidumbres o por el dominio público litoral y que han estado peleando sin éxito, por supuesto, en los tribunales españoles y en la Eurocámara durante bastantes años".
El caso específico de Canarias, cuyo Parlamento aprobó una ley "que nació con el ánimo de regularizar algunas situaciones de poblados ilegales afectados y que fue paralizada por el Gobierno estatal al presentar una denuncia de inconstitucionalidad ante en Tribunal Constitucional", pasa por recuperar aquella ley y sus competencias en materia de litoral, "que tiene algunas, pero gracias a Dios no todas". Según García, "más de un nacionalista, nacionalista sincero, ha dicho en alguna ocasión que lamentándolo mucho, deseaba que esas competencias siguieran indefinidamente en manos del Estado, porque la Comunidad Autónoma era un auténtico peligro. Pero lo que pasa es que si el Estado empieza a actuar como Canarias, estamos cogidos por un lado y por otro. Así que, los que pensamos que esto no es adecuado, intentaremos por todos los medios legales dificultar este penoso tránsito, porque además, el Partido Popular tiene mayoría, es obediente y está cohesionado", admitió.
En los diferentes colectivos de afectados la noticia la han tomado con cautela, pero albergando algo de esperanza. José Luis Langa, abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, se queja de la opacidad y "falta de transparencia" de la Administración, exactamente la Demarcaciones de Costas del Archipiélago, que ante la reiterada demanda de información para conocer "los deslindes que se han practicado y los que están pendientes de ejecutar", solo ha obtenido el no por respuesta. Lo siguiente, puesto que ya ha cursado la petición, es entrevistarse con el ministro Arias Cañete. La asociación ha hecho una estimación y cree que debe haber "unas 150.000 personas afectadas en todas las islas".
Desde la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), Eustaquio Villalba manifestó que "lo de Arias Cañete es básicamente una declaración de intenciones, aunque a nosotros se nos han encendido todas las alarmas puesto que la modificación de la ley se hace desde una perspectiva contraria a un crecimiento lógico y sostenible". No está Villalba por la labor de que se establezca una moratoria porque "mientas la ley exista, la ley hay que aplicarla. En un estado de derecho no cabe otra opción y si lo que se quiere es que no se cumpla, lo que hay que hacer es modificarla, cambiarla o derogarla". "Tanto el PP como el PSOE son responsables de que la Ley de Costas no se haya aplicado correctamente, una ley que no ha sido un impedimento para que se haga especulación", añadió.
Por otro lado, Pilar Marcos, responsable del Área de Costas de Greenpeace España, lamentó que "por una mala aplicación de las Demarcaciones de Costas del Archipiélago y los propios ayuntamientos que la conocían perfectamente, se vaya a reformar la norma entera". Marcos entiende "que es un paso atrás" y quizá uno de los errores de Arias Cañete, puesto que "él no puede iniciar una reforma sin deslindar la costa española porque todas esas personas que vieron cómo sus casas fueron derribadas, ahora lo que van a hacer es pedir una indemnización". La responsable de la organización ecologista expresó su temor, pues "si se abre la caja de Pandora y se reforma la Ley de Costas no sería para solventar ese 10% de arbitrariedades que existen, sino para buscar la depredación sobre los territorios que aún quedan en la costa y con la que muchos ayuntamientos, están buscando solventar la crisis económica"
http://eldia.es/2012-01-22/canarias/10-corralito-inmobiliario-casi-casas.htm
El número de interesados en conocer los detalles de la futura reforma que el Partido Popular (PP) quiere hacer con la Ley de Costas crece según pasan los días como consecuencia de la parquedad mostrada por el Gobierno español y en concreto de su ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en un encuentro con los medios de comunicación hace algunos días.
Las declaraciones de Arias Cañete fueron tan escuetas que han originado toda una ola de reacciones. En esa intervención hizo referencia a que la futura reforma pretendía "poner en valor" el litoral y "dar seguridad jurídica". El ministerio está trabajando en alargar las concesiones otorgadas y autorizar nuevos usos en primera línea de mar.
Así, lo que unos entienden es una apertura de la veda para actuar en la costa canaria, repitiendo los mismos errores de antaño, para otros es la llave de la puerta que podría albergar la solución a muchos de sus problemas. Es ahí donde entran los que se posicionan a favor de la ley y, por ende, del desarrollo económico del Archipiélago.
Entre los más críticos se encuentra un viejo conocido del Gobierno de Canarias, no en vano formó parte de él durante un largo período como primer director de la Agencia Canaria del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible, Faustino García Márquez. Como experto conocedor de la geografía canaria y sus singularidades, este arquitecto urbanista manifestó a EL DÍA: "Llevamos 24 años con la Ley de Costas en vigor y se trata de una de las leyes más protectoras del medio ambiente y del patrimonio común de los ciudadanos que se han aprobado en este país". Por lo tanto, modificarla y "hacerlo en la dirección en que quiere hacerlo el Ejecutivo, va a ser un error y una tragedia", lamentó.
Para García, "poner en valor" el litoral, como dijo el ministro, apunta a que se quiere hacer dos cosas: "Por un lado, impulsar la construcción y por otro, resolver la situación de propietarios extranjeros, pero sobre todo de la Unión Europea, que compraron en Valencia y en menor medida en Andalucía, que están afectados por las servidumbres o por el dominio público litoral y que han estado peleando sin éxito, por supuesto, en los tribunales españoles y en la Eurocámara durante bastantes años".
El caso específico de Canarias, cuyo Parlamento aprobó una ley "que nació con el ánimo de regularizar algunas situaciones de poblados ilegales afectados y que fue paralizada por el Gobierno estatal al presentar una denuncia de inconstitucionalidad ante en Tribunal Constitucional", pasa por recuperar aquella ley y sus competencias en materia de litoral, "que tiene algunas, pero gracias a Dios no todas". Según García, "más de un nacionalista, nacionalista sincero, ha dicho en alguna ocasión que lamentándolo mucho, deseaba que esas competencias siguieran indefinidamente en manos del Estado, porque la Comunidad Autónoma era un auténtico peligro. Pero lo que pasa es que si el Estado empieza a actuar como Canarias, estamos cogidos por un lado y por otro. Así que, los que pensamos que esto no es adecuado, intentaremos por todos los medios legales dificultar este penoso tránsito, porque además, el Partido Popular tiene mayoría, es obediente y está cohesionado", admitió.
En los diferentes colectivos de afectados la noticia la han tomado con cautela, pero albergando algo de esperanza. José Luis Langa, abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, se queja de la opacidad y "falta de transparencia" de la Administración, exactamente la Demarcaciones de Costas del Archipiélago, que ante la reiterada demanda de información para conocer "los deslindes que se han practicado y los que están pendientes de ejecutar", solo ha obtenido el no por respuesta. Lo siguiente, puesto que ya ha cursado la petición, es entrevistarse con el ministro Arias Cañete. La asociación ha hecho una estimación y cree que debe haber "unas 150.000 personas afectadas en todas las islas".
Desde la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), Eustaquio Villalba manifestó que "lo de Arias Cañete es básicamente una declaración de intenciones, aunque a nosotros se nos han encendido todas las alarmas puesto que la modificación de la ley se hace desde una perspectiva contraria a un crecimiento lógico y sostenible". No está Villalba por la labor de que se establezca una moratoria porque "mientas la ley exista, la ley hay que aplicarla. En un estado de derecho no cabe otra opción y si lo que se quiere es que no se cumpla, lo que hay que hacer es modificarla, cambiarla o derogarla". "Tanto el PP como el PSOE son responsables de que la Ley de Costas no se haya aplicado correctamente, una ley que no ha sido un impedimento para que se haga especulación", añadió.
Por otro lado, Pilar Marcos, responsable del Área de Costas de Greenpeace España, lamentó que "por una mala aplicación de las Demarcaciones de Costas del Archipiélago y los propios ayuntamientos que la conocían perfectamente, se vaya a reformar la norma entera". Marcos entiende "que es un paso atrás" y quizá uno de los errores de Arias Cañete, puesto que "él no puede iniciar una reforma sin deslindar la costa española porque todas esas personas que vieron cómo sus casas fueron derribadas, ahora lo que van a hacer es pedir una indemnización". La responsable de la organización ecologista expresó su temor, pues "si se abre la caja de Pandora y se reforma la Ley de Costas no sería para solventar ese 10% de arbitrariedades que existen, sino para buscar la depredación sobre los territorios que aún quedan en la costa y con la que muchos ayuntamientos, están buscando solventar la crisis económica"
http://eldia.es/2012-01-22/canarias/10-corralito-inmobiliario-casi-casas.htm
El Gobierno de Telde reitera su apoyo a los afectados de Tufia y Ojos de Garza por la Ley de Costas
La nueva delegada del Gobierno en Canarias, Mari Carmen Hernández Bento, hará gestiones en Madrid para hacer llegar las propuestas de los vecinos
El concejal de Urbanismo, Patrimonio y Contratación, Francisco López, se ha reunido con la delegada del Gobierno en Canarias, Mari Carmen Hernández Bento, con el presidente de la Asociación de Vecinos Playgarza, Juan Pedro Pérez Medina, y con el presidente de la Asociación de Vecinos para la defensa de las viviendas de la playa de Tufia, Juan Sánchez Herrera, durante esta mañana en las dependencias de la delegación del Gobierno en Canarias.
Durante la reunión han tratado el problema de los vecinos de Ojos de Garza y Tufia afectados por la aplicación de la Ley de Costas. Se trata de un asunto de gran importancia para el Gobierno municipal y así lo ha manifestado Francisco López, “estamos con los vecinos afectados, vamos a seguir acompañando a los vecinos hasta el final, seguiremos trabajando para intentar que la respuesta que obtengan sea positiva y además, contamos con el apoyo de la delegada del Gobierno en Canarias”.
Asimismo, la delegada del Gobierno en Canarias ha señalado que va a realizar las gestiones oportunas además, de interceder con el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra Inaraja, con el objetivo de plantear las propuestas de los vecinos.
Del mismo modo, la delegada del Gobierno en Canarias se ha comprometido a reunirse con la alcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano, con la Abogacía del Estado en Canarias, y con la Demarcación de Costas de Canarias, donde también estará presente un representante del Ayuntamiento de Telde y el Director General de Costas.
Los vecinos se han mostrado muy satisfechos con la reunión y han asegurado que les da ánimo para continuar en la búsqueda de soluciones.
http://www.teldeactualidad.com/noticias.php?area=politica&id=8255
jueves, 19 de enero de 2012
La Audiencia ratifica que la mitad de las casas y fincas de Igueste son ilegales
97 solares y 22 viviendas están en dominio público, según la sentencia
La Audiencia Nacional ha ratificado que 97 fincas y 22 viviendas de Igueste de San Andrés, casi la mitad de las parcelas privadas del pueblo santacrucero, invaden el dominio público, son ilegales y podrían ser eliminadas en aplicación de la actual Ley de Costas.
La magistrada Elisa Veiga avala, en una sentencia del 22 de diciembre a la que ha tenido acceso este diario, la orden del Ministerio de Medio Ambiente de 2010 que establece el deslinde del dominio público marítimo terrestre de Igueste –la frontera que divide la zona en la que puede haber edificaciones y fincas privadas de la que no– en 100 metros, cuando los propietarios afectados pedían que la línea se redujera a 20 metros. Todos los inmuebles y cultivos que se encuentran en los 100 metros a partir de la orilla, esas 97 fincas y 22 viviendas, quedan pues fuera de ordenación.
Según la sentencia, los terrenos del pleito "no estaban calificados como suelo urbano en el Plan General de Ordenación aprobado en 1957" y en la revisión de 1992 dichos terrenos "estaban calificados como rústicos". "Al no estar calificados como urbanos, no puede considerarse ajustada a derecho la servidumbre de protección pretendida por los afectados de 20 metros".
Uno de los documentos en los que se amparaban los denunciantes , concretamente 11 de los afectados, para pedir el deslinde de 20 metros y poder legalizar así sus propiedades es el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de 2007 en el que se reconoce el carácter urbano de los terrenos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas. La Audiencia Nacional, sin embargo, alega que esta decisión fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo que "no se puede tener en cuenta".
La magistrada, además, tumba otros de los argumentos de los vecinos afectados de que las viviendas y fincas tenían vías de acceso municipales, energía eléctrica, alumbrado público, abastecimiento de aguas y evacuación de aguas residuales antes de la aprobación de la Ley de Costas. Sobre el servicio de aguas, la sentencia señala que Emmasa solo aportó un único contrato relativo al suministro y alcantarillado, de 1980, por lo que "no demuestra que la totalidad del núcleo de Igueste de San Andrés contara con esos servicios".
Acerca del suministro eléctrico, la Audiencia Nacional refiere que "las fotocopias de un escrito de la empresa Unelco son difícilmente legibles y no tienen fuerza probatoria". Y, por último, sobre las vías de acceso, indica que "no se deducen del documento aportado por los afectados".
La magistrada añade en la sentencia una dura crítica contra el Ayuntamiento chicharrero y la Cotmac, dependiente del Gobierno de Canarias, por manifestar en algunos informes remitidos por los demandantes que las fincas y viviendas afectadas se encuentran en suelo urbano: "Las manifestaciones del Ayuntamiento y la Cotmac resultan sorprendentes, pues estas administraciones, la municipal y la autonómica, son las mismas que habían aprobado el Plan General en el que los terrenos del pleito no aparecían calificados como suelo urbano". "Pero es más, en el Plan General de 1992 nuevamente las administraciones citadas mantienen la calificación como no urbano".
José Luis Langa, representante legal de los vecinos afectados, señaló ayer que va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y que no prevé el derribo de las 22 viviendas, ni la eliminación de las 97 fincas, por la promesa del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy de modificar la Ley de Costas. "Confío en que los cambios legales que ha anunciado el Gobierno de Rajoy permita que este y otros núcleos costeros de la Isla queden al amparo de la Ley y no se repita lo que ocurrió en Cho Vito", dijo.
Langa se mostró sorprendido por la sentencia de la Audiencia Nacional. "Si este núcleo no está urbanísticamente consolidado, no hay ninguna construcción en toda la costa de Tenerife que lo esté. Creo que el grupo de vecinos afectados aportó documentación con la suficiente solidez como para haber recibido un fallo favorable". El letrado añadió que ahora habrá que esperar al recurso sobre esta sentencia y a las otras tres pendientes sobre la situación de la mitad de las fincas y casas de Igueste de San Andrés.
La diputada nacional socialista Patricia Hernández, desde ayer integrante de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, no prevé, sin embargo, que el PP permita con los cambios anunciados en la normativa de Costas que se legalicen las viviendas que invaden el dominio público.
Sobre el caso de Igueste, Hernández entiende que "hay que buscar la mejor solución para los afectados dentro de la legalidad vigente". "Habría que buscar soluciones dando prioridad a los afectados con primeras residencias, como se ha hecho en otros sitios de la costa". "En cualquier cosa, habrá que esperar a las sentencias pendientes para tomar una decisión", concluyó
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/01/19/audiencia-ratifica-mitad-casas-fincas-igueste-son-ilegales/391673.html
La Audiencia Nacional ha ratificado que 97 fincas y 22 viviendas de Igueste de San Andrés, casi la mitad de las parcelas privadas del pueblo santacrucero, invaden el dominio público, son ilegales y podrían ser eliminadas en aplicación de la actual Ley de Costas.
La magistrada Elisa Veiga avala, en una sentencia del 22 de diciembre a la que ha tenido acceso este diario, la orden del Ministerio de Medio Ambiente de 2010 que establece el deslinde del dominio público marítimo terrestre de Igueste –la frontera que divide la zona en la que puede haber edificaciones y fincas privadas de la que no– en 100 metros, cuando los propietarios afectados pedían que la línea se redujera a 20 metros. Todos los inmuebles y cultivos que se encuentran en los 100 metros a partir de la orilla, esas 97 fincas y 22 viviendas, quedan pues fuera de ordenación.
Según la sentencia, los terrenos del pleito "no estaban calificados como suelo urbano en el Plan General de Ordenación aprobado en 1957" y en la revisión de 1992 dichos terrenos "estaban calificados como rústicos". "Al no estar calificados como urbanos, no puede considerarse ajustada a derecho la servidumbre de protección pretendida por los afectados de 20 metros".
Uno de los documentos en los que se amparaban los denunciantes , concretamente 11 de los afectados, para pedir el deslinde de 20 metros y poder legalizar así sus propiedades es el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de 2007 en el que se reconoce el carácter urbano de los terrenos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas. La Audiencia Nacional, sin embargo, alega que esta decisión fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo que "no se puede tener en cuenta".
La magistrada, además, tumba otros de los argumentos de los vecinos afectados de que las viviendas y fincas tenían vías de acceso municipales, energía eléctrica, alumbrado público, abastecimiento de aguas y evacuación de aguas residuales antes de la aprobación de la Ley de Costas. Sobre el servicio de aguas, la sentencia señala que Emmasa solo aportó un único contrato relativo al suministro y alcantarillado, de 1980, por lo que "no demuestra que la totalidad del núcleo de Igueste de San Andrés contara con esos servicios".
Acerca del suministro eléctrico, la Audiencia Nacional refiere que "las fotocopias de un escrito de la empresa Unelco son difícilmente legibles y no tienen fuerza probatoria". Y, por último, sobre las vías de acceso, indica que "no se deducen del documento aportado por los afectados".
La magistrada añade en la sentencia una dura crítica contra el Ayuntamiento chicharrero y la Cotmac, dependiente del Gobierno de Canarias, por manifestar en algunos informes remitidos por los demandantes que las fincas y viviendas afectadas se encuentran en suelo urbano: "Las manifestaciones del Ayuntamiento y la Cotmac resultan sorprendentes, pues estas administraciones, la municipal y la autonómica, son las mismas que habían aprobado el Plan General en el que los terrenos del pleito no aparecían calificados como suelo urbano". "Pero es más, en el Plan General de 1992 nuevamente las administraciones citadas mantienen la calificación como no urbano".
José Luis Langa, representante legal de los vecinos afectados, señaló ayer que va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y que no prevé el derribo de las 22 viviendas, ni la eliminación de las 97 fincas, por la promesa del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy de modificar la Ley de Costas. "Confío en que los cambios legales que ha anunciado el Gobierno de Rajoy permita que este y otros núcleos costeros de la Isla queden al amparo de la Ley y no se repita lo que ocurrió en Cho Vito", dijo.
Langa se mostró sorprendido por la sentencia de la Audiencia Nacional. "Si este núcleo no está urbanísticamente consolidado, no hay ninguna construcción en toda la costa de Tenerife que lo esté. Creo que el grupo de vecinos afectados aportó documentación con la suficiente solidez como para haber recibido un fallo favorable". El letrado añadió que ahora habrá que esperar al recurso sobre esta sentencia y a las otras tres pendientes sobre la situación de la mitad de las fincas y casas de Igueste de San Andrés.
La diputada nacional socialista Patricia Hernández, desde ayer integrante de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, no prevé, sin embargo, que el PP permita con los cambios anunciados en la normativa de Costas que se legalicen las viviendas que invaden el dominio público.
Sobre el caso de Igueste, Hernández entiende que "hay que buscar la mejor solución para los afectados dentro de la legalidad vigente". "Habría que buscar soluciones dando prioridad a los afectados con primeras residencias, como se ha hecho en otros sitios de la costa". "En cualquier cosa, habrá que esperar a las sentencias pendientes para tomar una decisión", concluyó
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/01/19/audiencia-ratifica-mitad-casas-fincas-igueste-son-ilegales/391673.html
España llevará a cabo una profunda reforma de su polémica Ley de Costas
La ‘profunda reforma’ de la Ley de Costas que anunciaba hace unos días el nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha provocado ya numerosas reacciones a favor y en contra, lógicas en una norma polémica desde su entrada en vigor en 1998.
El anuncio del ministro de llevar a cabo ‘una reforma muy profunda’ de la ley de costas tenía lugar el pasado sábado 14 de enero, durante la toma de posesión de altos cargos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
‘No les descubro nada si les digo que una parte muy importante de nuestra riqueza es el litoral español y por ello este ministerio va a poner en valor el conjunto de playas y costas españolas en base a la sostenibilidad ambiental’, explicó el ministro. ‘Una de nuestras prioridades será la simplificación de la normativa medioambiental para agilizar los tramites administrativos y evitar que se conviertan en freno para las inversiones’.
Según Arias Cañete, para llevar a cabo la reforma se realizará ‘un análisis muy riguroso’ de los diferentes usos del litoral ‘sin renunciar a la protección de los recursos marinos’.
Entre los primeros que han reaccionado favorablemente a este anuncio se encuentra la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC). Su representante en Canarias, José Luis Langa, ha solicitado al ministro ‘que invalide el carácter retroactivo de la actual ley, que durante estos años ha puesto en peligro la estabilidad y el derecho a la propiedad privada de cientos de canarios que ahora están amenazados por la ley’.
Langa ha solicitado al Gobierno una moratoria en la aplicación de la ley para los vecinos de poblaciones como Santa Lucía o Los Roques, en Tenerife; o Valle Gran Rey, en La Gomera; ‘que viven con la espada de Damocles pues en cualquier momento les pueden echar de sus casas’, asegura.
También se han mostrado optimistas ante la reforma los representantes de los chiringuitos de la costa de Valencia y Andalucía, a los que en meses pasados la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, había rechazado varias solicitudes de de apertura de sus terrazas.
Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha solicitado que la reforma de la Ley de Costas incluya la participación de los archipiélagos canario y balear en la gestión de su litoral, una petición que viene de lejos.
En cambio, las organizaciones ecologistas han mostrado preocupación por esta reforma de la Ley de Costas. La directora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, ha explicado que es ‘la única garantía que existe para frenar la especulación urbanística en el litoral’, y así se lo explicará al ministro esta semana su organización que, junto con Ecologistas en Acción, Seo Bird-Life, WWF y Amigos de la Tierra se reúnen esta semana con el ministro.
La secretaria de Estado española de Turismo, Isabel María Borrego, se ha referido también a la modificación de la Ley en Murcia, donde se ha reunido este fin de semana con el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel: ‘no va a afectar negativamente al sector turístico y va a tener unas consecuencias positivas’.
En los últimos años, la aplicación con carácter retroactivo de la actual Ley de Costas por el anterior Gobierno ha resultado muy polémica al afectar a edificaciones anteriores a la misma y construidas en su momento con los permisos exigidos.
En octubre de 2008 llevó al derribo de pequeñas poblaciones pesqueras situadas al borde del mar, como la de Cho Vito en el municipio de la Candelaria, Tenerife, un proceso traumático contra el que incluso se alzaron voces de organizaciones ecologistas.
Mientras, en las mismas Islas Canarias, el palacio tinerfeño de La Mareta, Lanzarote, perteneciente al Patrimonio del Estado y que incumple la Ley de Costas de manera ostentosa, era utilizado como lugar de veraneo en 2004 y 2009 por el propio presidente del Gobierno.
La reforma de esta ley decidirá el futuro de miles de edificaciones al borde del mar, que incumplen claramente la distancia establecida como de espacio público por la Ley actual, pero siguen en pie.
http://www.expreso.info/es/noticias/espana/24387_espana_llevara_cabo_una_profunda_reforma_de_su_polemica_ley_de_costas
El anuncio del ministro de llevar a cabo ‘una reforma muy profunda’ de la ley de costas tenía lugar el pasado sábado 14 de enero, durante la toma de posesión de altos cargos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
‘No les descubro nada si les digo que una parte muy importante de nuestra riqueza es el litoral español y por ello este ministerio va a poner en valor el conjunto de playas y costas españolas en base a la sostenibilidad ambiental’, explicó el ministro. ‘Una de nuestras prioridades será la simplificación de la normativa medioambiental para agilizar los tramites administrativos y evitar que se conviertan en freno para las inversiones’.
Según Arias Cañete, para llevar a cabo la reforma se realizará ‘un análisis muy riguroso’ de los diferentes usos del litoral ‘sin renunciar a la protección de los recursos marinos’.
Entre los primeros que han reaccionado favorablemente a este anuncio se encuentra la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC). Su representante en Canarias, José Luis Langa, ha solicitado al ministro ‘que invalide el carácter retroactivo de la actual ley, que durante estos años ha puesto en peligro la estabilidad y el derecho a la propiedad privada de cientos de canarios que ahora están amenazados por la ley’.
Langa ha solicitado al Gobierno una moratoria en la aplicación de la ley para los vecinos de poblaciones como Santa Lucía o Los Roques, en Tenerife; o Valle Gran Rey, en La Gomera; ‘que viven con la espada de Damocles pues en cualquier momento les pueden echar de sus casas’, asegura.
También se han mostrado optimistas ante la reforma los representantes de los chiringuitos de la costa de Valencia y Andalucía, a los que en meses pasados la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, había rechazado varias solicitudes de de apertura de sus terrazas.
Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha solicitado que la reforma de la Ley de Costas incluya la participación de los archipiélagos canario y balear en la gestión de su litoral, una petición que viene de lejos.
En cambio, las organizaciones ecologistas han mostrado preocupación por esta reforma de la Ley de Costas. La directora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, ha explicado que es ‘la única garantía que existe para frenar la especulación urbanística en el litoral’, y así se lo explicará al ministro esta semana su organización que, junto con Ecologistas en Acción, Seo Bird-Life, WWF y Amigos de la Tierra se reúnen esta semana con el ministro.
La secretaria de Estado española de Turismo, Isabel María Borrego, se ha referido también a la modificación de la Ley en Murcia, donde se ha reunido este fin de semana con el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel: ‘no va a afectar negativamente al sector turístico y va a tener unas consecuencias positivas’.
En los últimos años, la aplicación con carácter retroactivo de la actual Ley de Costas por el anterior Gobierno ha resultado muy polémica al afectar a edificaciones anteriores a la misma y construidas en su momento con los permisos exigidos.
En octubre de 2008 llevó al derribo de pequeñas poblaciones pesqueras situadas al borde del mar, como la de Cho Vito en el municipio de la Candelaria, Tenerife, un proceso traumático contra el que incluso se alzaron voces de organizaciones ecologistas.
Mientras, en las mismas Islas Canarias, el palacio tinerfeño de La Mareta, Lanzarote, perteneciente al Patrimonio del Estado y que incumple la Ley de Costas de manera ostentosa, era utilizado como lugar de veraneo en 2004 y 2009 por el propio presidente del Gobierno.
La reforma de esta ley decidirá el futuro de miles de edificaciones al borde del mar, que incumplen claramente la distancia establecida como de espacio público por la Ley actual, pero siguen en pie.
http://www.expreso.info/es/noticias/espana/24387_espana_llevara_cabo_una_profunda_reforma_de_su_polemica_ley_de_costas
Agonane denuncia a Costas por privatizar la playa en Corralejo
El Ministerio dio una concesión de casi 2.000 metros cuadrados al hotel Bahía Real para zona de baños
La concesión de casi 2.000 metros cuadrados de franja costera al hotel Bahía Real se ha topado con la oposición del colectivo ecologista Agonane. Costa dio en noviembre la concesión que supone la «privatización de la playa» de Corralejo y «un daño irreversible» para los sebadales.
Contra la autorización que Costas otorga al hotel Bahía Real para la instalación de plataformas y dragado del fondo marino frente a la playa donde se ubica este establecimiento turístico en Corralejo, el colectivo ecologista Agonane ha presentado un recurso de reposición. El grupo se opone radicalmente al proyecto por suponer «una auténtica privatización de la playa» y rechaza el dragado por conllevar «un daño irreversible» al fondo marino, junto a un área marina especial, la ZEC Sebadales de Corralejo.
Agonane presentó alegaciones contra el proyecto en su momento cuando salió a información pública y ahora recurre contra la autorización concedida por Costas que además no obliga a los promotores a realizar un estudio de impacto ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, otorgó en noviembre de 2011 la concesión al hotel para ocupar unos 1.976 metros cuadrados de bienes de dominio público marítimo-terrestre con destino a áreas de baño.
Para los ecologistas, resulta «inconcebible» que con una autorización de carácter temporal se posibilite un cambio permanente en la morfología de la costa tan importante como es la de Corralejo.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=246186
La concesión de casi 2.000 metros cuadrados de franja costera al hotel Bahía Real se ha topado con la oposición del colectivo ecologista Agonane. Costa dio en noviembre la concesión que supone la «privatización de la playa» de Corralejo y «un daño irreversible» para los sebadales.
Contra la autorización que Costas otorga al hotel Bahía Real para la instalación de plataformas y dragado del fondo marino frente a la playa donde se ubica este establecimiento turístico en Corralejo, el colectivo ecologista Agonane ha presentado un recurso de reposición. El grupo se opone radicalmente al proyecto por suponer «una auténtica privatización de la playa» y rechaza el dragado por conllevar «un daño irreversible» al fondo marino, junto a un área marina especial, la ZEC Sebadales de Corralejo.
Agonane presentó alegaciones contra el proyecto en su momento cuando salió a información pública y ahora recurre contra la autorización concedida por Costas que además no obliga a los promotores a realizar un estudio de impacto ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, otorgó en noviembre de 2011 la concesión al hotel para ocupar unos 1.976 metros cuadrados de bienes de dominio público marítimo-terrestre con destino a áreas de baño.
Para los ecologistas, resulta «inconcebible» que con una autorización de carácter temporal se posibilite un cambio permanente en la morfología de la costa tan importante como es la de Corralejo.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=246186
martes, 17 de enero de 2012
El CCN pide una moratoria en Canarias a la aplicación de la actual Ley de Costas
El portavoz federal del CCN, Benito Codina, pide una moratoria en la aplicación de la vigente Ley de Costas para los núcleos costeros canarios con órdenes de derribo hasta que la reforma anunciada por el ministro Arias Cañete vea la luz.
De esta manera, el CCN se suma a la reclamación realizada por la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas. Según Codina, la actual norma es “absolutamente injusta por su retroactividad, arbitrariedad y lesión de la propiedad privada, cuestiones que han generado y están generando graves consecuencias sociales y económicas en nuestro archipiélago, y por ello hay que cambiarla”.
Codina apunta que el “primer paso” es cambiar esta ley que tan “torticeramente” han utilizado los socialistas durante su etapa de gobierno para luego pedir la asunción de esa competencia por parte del Gobierno de Canarias, ya que gestionar una norma “expoliadora e injusta no es del gusto de nadie”, pero dice que no será así ante una que ofrezca “seguridad jurídica” a los canarios y “vele” por el desarrollo armónico del litoral.
http://www.canariasactual.com/2012/01/17/el-ccn-pide-una-moratoria-en-canarias-a-la-aplicacion-de-la-actual-ley-de-costas/
De esta manera, el CCN se suma a la reclamación realizada por la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas. Según Codina, la actual norma es “absolutamente injusta por su retroactividad, arbitrariedad y lesión de la propiedad privada, cuestiones que han generado y están generando graves consecuencias sociales y económicas en nuestro archipiélago, y por ello hay que cambiarla”.
Codina apunta que el “primer paso” es cambiar esta ley que tan “torticeramente” han utilizado los socialistas durante su etapa de gobierno para luego pedir la asunción de esa competencia por parte del Gobierno de Canarias, ya que gestionar una norma “expoliadora e injusta no es del gusto de nadie”, pero dice que no será así ante una que ofrezca “seguridad jurídica” a los canarios y “vele” por el desarrollo armónico del litoral.
http://www.canariasactual.com/2012/01/17/el-ccn-pide-una-moratoria-en-canarias-a-la-aplicacion-de-la-actual-ley-de-costas/
Ecologistas y afectados por la Ley de Costas discrepan sobre su modificación
Ecologistas y afectados canarios por la Ley de Costas mostraron hoy su discrepancia sobre la necesidad de modificar "en profundidad" la actual normativa, anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
El primer director la Agencia Canaria de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, Faustino García, ha asegurado a EFE que la Ley de Costas es de las "mejores normativas que hay para la defensa del territorio y que la intención de modificarla responde a la intención de entregar el patrimonio natural a la "voracidad del ladrillo".
Faustino García ha destacado la validez de la Ley de Costas para defender el litoral y ha criticado que a pesar de la experiencia de la crisis económica, "en buena parte por culpa de la burbuja inmobiliaria", la reforma de la normativa "sigue alimentando las fantasías eróticas del Gobierno".
Por su parte, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) considera que no es necesario cambiar la Ley de Costas, sino lo que hace falta es que se cumpla lo que está previsto en la actual normativa, ha señalado el portavoz de la organización, Eustaquio Villalba.
Villalba, en declaraciones a EFE, ha criticado que en Canarias sería muy negativo modificar la Ley y que se permitan construcciones en el litoral, ya que ha añadido que en el archipiélago se ha utilizado de forma demagógica el caso de los enclaves situados en el litoral para crear un estado en la opinión pública contraria a lo que dictaba la Ley de Costas.
Por otra parte, José Luis Langa, abogado y representante en Canarias de la Asociación de afectados europeos por la Ley de Costas, mostró su "satisfacción" por el anuncio de Arias Cañete y aseguró que, sin conocer esa modificación, "hace años que venimos pidiendo que la Ley, que es de 1988, no se aplique con carácter retroactivo como la actual normativa permite".
"La actual Ley de Costas perjudica a más de 150.000 ciudadanos canarios, afecta a la cultura, a la historia y a la tradición del pueblo canario porque existen construcciones desde hace siglos que se ven afectadas por la Ley", aseveró Langa a EFE.
No obstante, el abogado, que defiende a afectados de Igueste de San Andrés (Tenerife) y Valle Gran Rey (La Gomera), entre otros, precisó que "no estamos a favor de la construcción indiscriminada y creemos que se puede compatibilizar la defensa del medio ambiente con los intereses de los afectados que levantaron sus casas antes de 1988".
"La actual Ley de Costas, que se aplica con carácter retroactivo, crea inseguridad jurídica y conculca principios constitucionales, como el derecho a la propiedad y afecta a los tratados internacionales", subrayó el letrado.
"En Canarias existe residentes alemanes y británicos que dudan en poner sus negocios o comprar residencias porque creen que les va a afectar la Ley de Costas y les van a destruir sus casas y negocios, por lo que también afecta al turismo, la principal fuente de ingresos de Canarias", agregó.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1070232
El primer director la Agencia Canaria de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, Faustino García, ha asegurado a EFE que la Ley de Costas es de las "mejores normativas que hay para la defensa del territorio y que la intención de modificarla responde a la intención de entregar el patrimonio natural a la "voracidad del ladrillo".
Faustino García ha destacado la validez de la Ley de Costas para defender el litoral y ha criticado que a pesar de la experiencia de la crisis económica, "en buena parte por culpa de la burbuja inmobiliaria", la reforma de la normativa "sigue alimentando las fantasías eróticas del Gobierno".
Por su parte, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) considera que no es necesario cambiar la Ley de Costas, sino lo que hace falta es que se cumpla lo que está previsto en la actual normativa, ha señalado el portavoz de la organización, Eustaquio Villalba.
Villalba, en declaraciones a EFE, ha criticado que en Canarias sería muy negativo modificar la Ley y que se permitan construcciones en el litoral, ya que ha añadido que en el archipiélago se ha utilizado de forma demagógica el caso de los enclaves situados en el litoral para crear un estado en la opinión pública contraria a lo que dictaba la Ley de Costas.
Por otra parte, José Luis Langa, abogado y representante en Canarias de la Asociación de afectados europeos por la Ley de Costas, mostró su "satisfacción" por el anuncio de Arias Cañete y aseguró que, sin conocer esa modificación, "hace años que venimos pidiendo que la Ley, que es de 1988, no se aplique con carácter retroactivo como la actual normativa permite".
"La actual Ley de Costas perjudica a más de 150.000 ciudadanos canarios, afecta a la cultura, a la historia y a la tradición del pueblo canario porque existen construcciones desde hace siglos que se ven afectadas por la Ley", aseveró Langa a EFE.
No obstante, el abogado, que defiende a afectados de Igueste de San Andrés (Tenerife) y Valle Gran Rey (La Gomera), entre otros, precisó que "no estamos a favor de la construcción indiscriminada y creemos que se puede compatibilizar la defensa del medio ambiente con los intereses de los afectados que levantaron sus casas antes de 1988".
"La actual Ley de Costas, que se aplica con carácter retroactivo, crea inseguridad jurídica y conculca principios constitucionales, como el derecho a la propiedad y afecta a los tratados internacionales", subrayó el letrado.
"En Canarias existe residentes alemanes y británicos que dudan en poner sus negocios o comprar residencias porque creen que les va a afectar la Ley de Costas y les van a destruir sus casas y negocios, por lo que también afecta al turismo, la principal fuente de ingresos de Canarias", agregó.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1070232
domingo, 15 de enero de 2012
Rivero dice que la Ley de Costas debe incluir la participación de los archipiélagos en la gestión de su litoral
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (CC), ha solicitado que la reforma de la Ley de Costas anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, debe incluir la participación de los archipiélagos canario y balear en la gestión de su litoral.
Así se expresó el máximo mandatario regional en el último post de su blog [paulinorivero.com], mientras recordó que esta petición --de la gestión de sus costas-- ya se puso de manifiesto durante la celebración esta semana del primer encuentro Canarias Baleares.
"El presidente José Ramón Bauzá y yo coincidíamos en muchos análisis, así como en el enfoque y las medidas que requieren tantas realidades compartidas por ambos archipiélagos. Como acertadamente apuntó el presidente balear, es fácil que dos territorios con nuestras características acumulen puntos de encuentro y, a partir de ahí, que asome la voluntad de colaborar y trabajar conjuntamente en la reivindicación de soluciones adaptadas a nuestras islas", dijo.
Aquí, agregó que estas coincidencias entre ambos archipiélagos no acaban en la necesidad de que el Estado mejore la conectividad y accesibilidad de las dos regiones, en un 'plan renove' para el turismo, en la gestión de los aeropuertos o en las bonificaciones a las tasas aéreas.
BALEARES Y CANARIAS COINCIDEN EN LA IMPORTANCIA DE SUS COSTAS
"No acaban ahí las coincidencias --insistió Rivero--, porque Baleares y Canarias comparten también la importancia de nuestras costas, relevancia que apunta a la defensa de valores medioambientales y de un uso responsable del territorio, sin duda, pero también a la conveniencia de que los gobiernos autonómicos de ambos archipiélagos participemos en la gestión y en las decisiones que afectan a nuestro litoral".
Rivero apuntó asimismo, que la experiencia demuestra que el desconocimiento de las realidades insulares "desemboca a veces en decisiones que se mueven entre la injusticia, la inoportunidad y la torpeza".
En este sentido, el presidente canario entendió que para evitar esos errores, especialmente en lo que se refiere a la gestión de una parte "tan sensible" del territorio, las decisiones deben 'acercarse' al espacio afectado por dichas decisiones, de forma que los gobiernos autonómicos --y en algunos casos las corporaciones locales-- sean actores y no meros observadores en actuaciones muchas veces trascendentales.
RAZONES DE PESO PARA TENER VOZ PROPIA
El nacionalista añadió que si la actual Ley de Costas tiene los días "verdaderamente contados" hay razones de peso para defender que Canarias y Baleares tengan voz y participación en la reforma en profundidad que ha anunciado el ministro. "O, dicho de otra manera --continuó--, no sería razonable que esa reforma de la Ley de Costas se lleve a cabo sin escuchar a Baleares y Canarias".
"No debe olvidarse que hablamos de un elemento muy potente, de una pieza clave para mejorar la competitividad del sector turístico. En esa dirección, es necesario un uso verdaderamente racional de las posibilidades que nos ofrece la costa, el mar. Por eso queremos tener presencia en la gestión de las costas", dijo.
Por último Rivero hizo especial hincapié en que tanto para Baleares como para Canarias, este asunto estará en la hoja de ruta de los temas que van a plantear al Gobierno de España, con el objetivo de buscar un instrumento que permita participar para mejorar la gestión de sus costas.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rivero-dice-ley-costas-debe-incluir-participacion-archipielagos-gestion-litoral-20120115153111.html
Así se expresó el máximo mandatario regional en el último post de su blog [paulinorivero.com], mientras recordó que esta petición --de la gestión de sus costas-- ya se puso de manifiesto durante la celebración esta semana del primer encuentro Canarias Baleares.
"El presidente José Ramón Bauzá y yo coincidíamos en muchos análisis, así como en el enfoque y las medidas que requieren tantas realidades compartidas por ambos archipiélagos. Como acertadamente apuntó el presidente balear, es fácil que dos territorios con nuestras características acumulen puntos de encuentro y, a partir de ahí, que asome la voluntad de colaborar y trabajar conjuntamente en la reivindicación de soluciones adaptadas a nuestras islas", dijo.
Aquí, agregó que estas coincidencias entre ambos archipiélagos no acaban en la necesidad de que el Estado mejore la conectividad y accesibilidad de las dos regiones, en un 'plan renove' para el turismo, en la gestión de los aeropuertos o en las bonificaciones a las tasas aéreas.
BALEARES Y CANARIAS COINCIDEN EN LA IMPORTANCIA DE SUS COSTAS
"No acaban ahí las coincidencias --insistió Rivero--, porque Baleares y Canarias comparten también la importancia de nuestras costas, relevancia que apunta a la defensa de valores medioambientales y de un uso responsable del territorio, sin duda, pero también a la conveniencia de que los gobiernos autonómicos de ambos archipiélagos participemos en la gestión y en las decisiones que afectan a nuestro litoral".
Rivero apuntó asimismo, que la experiencia demuestra que el desconocimiento de las realidades insulares "desemboca a veces en decisiones que se mueven entre la injusticia, la inoportunidad y la torpeza".
En este sentido, el presidente canario entendió que para evitar esos errores, especialmente en lo que se refiere a la gestión de una parte "tan sensible" del territorio, las decisiones deben 'acercarse' al espacio afectado por dichas decisiones, de forma que los gobiernos autonómicos --y en algunos casos las corporaciones locales-- sean actores y no meros observadores en actuaciones muchas veces trascendentales.
RAZONES DE PESO PARA TENER VOZ PROPIA
El nacionalista añadió que si la actual Ley de Costas tiene los días "verdaderamente contados" hay razones de peso para defender que Canarias y Baleares tengan voz y participación en la reforma en profundidad que ha anunciado el ministro. "O, dicho de otra manera --continuó--, no sería razonable que esa reforma de la Ley de Costas se lleve a cabo sin escuchar a Baleares y Canarias".
"No debe olvidarse que hablamos de un elemento muy potente, de una pieza clave para mejorar la competitividad del sector turístico. En esa dirección, es necesario un uso verdaderamente racional de las posibilidades que nos ofrece la costa, el mar. Por eso queremos tener presencia en la gestión de las costas", dijo.
Por último Rivero hizo especial hincapié en que tanto para Baleares como para Canarias, este asunto estará en la hoja de ruta de los temas que van a plantear al Gobierno de España, con el objetivo de buscar un instrumento que permita participar para mejorar la gestión de sus costas.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rivero-dice-ley-costas-debe-incluir-participacion-archipielagos-gestion-litoral-20120115153111.html
Los afectados por la Ley de Costas reclaman una moratoria
Los populares confían en que la nueva norma proteja los asentamientos marineros
La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas reclama a Madrid una moratoria para los núcleos costeros con orden de derribo hasta que desde el Ministerio de Medio Ambiente se aclare cuál será el sentido de la reforma anunciada por Arias Cañete.
El representante de la Aeplc en las Islas, José Luis Langa, reclamó ayer la protección de los asentamientos -un millar de propietarios han recibido órdenes de derribo- que ya tenían carácter consolidado antes de la aprobación de la norma, en 1988, y se atienda, igualmente, su carácter cultural y etnográfico.
Langa González, para quien la nueva ley en ningún momento debe ir en contra de la protección del medio ambiente y de los espacios protegidos, confía en que se "invalide la actual retroactividad de una ley", dice, "que durante estos años ha puesto en peligro la estabilidad y el derecho a la propiedad privada de cientos de canarios".
En el mismo sentido se manifestó la portavoz del PP, María Australia Navarro, apuntó ayer que, "aunque aún es pronto para conocer cuál será el contenido de la nueva ley", desde el partido en las Islas se espera que se tomen en consideración las iniciativas legislativas impulsadas por el PP en los últimos dos años para salvaguardar estos asentamientos y considerarlos elementos fundamentales en la imagen del Archipiélago. "Sin los pueblos marineros las costas insulares serían irreconocibles", defiende la también presidenta del PP en Gran Canaria.
http://www.laprovincia.es/canarias/2012/01/15/afectados-ley-costas-reclaman-moratoria/430555.html
La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas reclama a Madrid una moratoria para los núcleos costeros con orden de derribo hasta que desde el Ministerio de Medio Ambiente se aclare cuál será el sentido de la reforma anunciada por Arias Cañete.
El representante de la Aeplc en las Islas, José Luis Langa, reclamó ayer la protección de los asentamientos -un millar de propietarios han recibido órdenes de derribo- que ya tenían carácter consolidado antes de la aprobación de la norma, en 1988, y se atienda, igualmente, su carácter cultural y etnográfico.
Langa González, para quien la nueva ley en ningún momento debe ir en contra de la protección del medio ambiente y de los espacios protegidos, confía en que se "invalide la actual retroactividad de una ley", dice, "que durante estos años ha puesto en peligro la estabilidad y el derecho a la propiedad privada de cientos de canarios".
En el mismo sentido se manifestó la portavoz del PP, María Australia Navarro, apuntó ayer que, "aunque aún es pronto para conocer cuál será el contenido de la nueva ley", desde el partido en las Islas se espera que se tomen en consideración las iniciativas legislativas impulsadas por el PP en los últimos dos años para salvaguardar estos asentamientos y considerarlos elementos fundamentales en la imagen del Archipiélago. "Sin los pueblos marineros las costas insulares serían irreconocibles", defiende la también presidenta del PP en Gran Canaria.
http://www.laprovincia.es/canarias/2012/01/15/afectados-ley-costas-reclaman-moratoria/430555.html
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