La Ley de Costas afecta en Euskadi a 19.800 propiedades y 59.400 personas

el pnv pide que se detengan los derribos y denuncia que es una norma inconstitucional

Muchos afectados se sumergen en batallas legales eternas a sabiendas de que el Estado gana el 99% de los litigios 
 Desde que entró en vigor a finales de los años 80, la Ley de Costas ha estado envuelta en la polémica. Empuñando la bandera del ecologismo, se han producido derribos arbitrarios, confiscaciones sistemáticas, se han dejado abandonados prados costeros que antes cuidaban pastores y ganaderos, e, incluso, se han intentado hacer desaparecer pueblos enteros del litoral. La ley afecta a 1.400.000 personas en todo el Estado, 59.400 de ellas en Euskadi, lo que se refleja en 19.800 propiedades. Muchos de ellos han visto peligrar unas propiedades adquiridas legalmente y se han sumergido en batallas jurídicas que se eternizan en el tiempo sin grandes esperanzas de conseguir resultados positivos, ya que el Estado gana el 99% de los litigios.
 La situación ha llegado a tal extremo que se han presentado varias mociones en el Senado para paralizar las acciones contra los afectados. "Creemos que hay que frenar toda esta actividad administrativa que está generando tanta injusticia y queremos que no se produzca ningún derribo más hasta que no se genere una ley más justa y más legal", advierte Lorea Leanizbarrutia, portavoz jeltzale en la Cámara Alta de Madrid.
Y es que precisamente han sido los nacionalistas quienes, vistas "las injusticias que se están produciendo", han presentado una moción para cambiar la ley. "Es una ley incoherente que no tiene ningún sentido. Está hecha por gente que desconoce totalmente el litoral de la península, que es muy del centro, de la meseta, que ha hecho café con leche para todos, pero es que no es lo mismo el Atlántico que el Mediterráneo y tampoco es lo mismo la degradación de la costa en Levante que en el norte.
 Si el Manzanares fuese navegable, esta ley no habría salido adelante", denuncia Leanizbarrutia.

 confiscaciones

 Una de las críticas que se hacen a esta ley es que, bajo el pretexto del cuidado del litoral, el Estado ha intentado apropiarse de unos terrenos que no le corresponden. "Esta ley estipula que todo lo que hay entre la marea alta y la baja es propiedad del Estado y de nadie más. Por ello, se están confiscando propiedades que las familias han adquirido legalmente, muchas incluso antes de que la ley entrara en vigor, sin darles ningún tipo de indemnización a cambio. Esto ha provocado que el Estado haya quitado su casa a familias que la habían comprado de forma legal, al considerarlo que están construidas en terrenos de dominio público, y, además, provoca que estas familias tengan que seguir pagando una hipoteca, lo que es una auténtica barbarie", califica. Por su parte, los afectados vienen denunciando que se están produciendo situaciones de gran arbitrariedad. "Hay personas a las que se les están confiscando sus propiedades y a otras, que están en la misma situación, no. En Urdaibai, por ejemplo, hay tres molinos de mareas en la misma zona y solo han confiscado uno", cuenta la jeltzale. "Pero es que además han ido a confiscar el único ejemplar de molino de mareas con turbinas de piedra del mundo. Su dueño no lo puede cuidar, ni reparar y, ahora, ya no sabemos ni si funciona. Les da igual acabar con el patrimonio", añade. Pero es que además de atentar contra numerosos derechos de la propiedad recogidos en la Constitución, esta ley interfiere con las competencias registradas en los estatutos de autonomía.
 "La Constitución reconoce la figura de los términos municipales y hay municipios que llegan hasta el mar. En este caso, al pasar la zona de mareas a ser propiedad del Estado, si vives en esa franja de tierra no pertenecerías a tu municipio sino a terrenos del Estado español", explica Leanizbarrutia. "Esto, como nacionalistas, no lo podemos permitir", insiste. Además de todas las injusticias que se están produciendo, esta ley también está acarreando importantes problemas medioambientales. "El Estado ha prohibido utilizar los prados que se servían de zona de pasto para animales y que eran terrenos cuidados por los propios caseros. Esto ha provocado que con la polinización estén entrando un montón de malas hierbas y que se esté generando un auténtico desastre medioambiental. Y es que no nos podemos olvidar de que ha sido la mano del hombre la que ha ido generando el paisaje", manifiesta Leanizbarrutia.
"El litoral se está deteriorando completamente porque no se labra, no se trabaja la tierra. Se están generando insectos y ecosistemas que son totalmente degradantes para el medio marino", lamenta. inconstitucionalidad
 Así, la mayor losa que arrastra esta Ley de Costas es que es inconstitucional, ya que no respeta numerosos derechos recogidos en la Constitución. "No respeta el derecho a la propiedad privada, porque no tiene en cuenta el principio de legalidad y la irretroactividad de las disposiciones. No respeta el derecho a la herencia atenta contra los derechos de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y de los bienes adquiridos legalmente, no cumple con el derecho de la legalidad y la proporcionalidad de las penas, entre otros", enumera Leanizbarrutia.
"De acuerdo con que en el Mediterráneo se han hecho barbaridades, pero si todo eso está construido legalmente y, si tú has comprado de forma legal, que no te vengan luego con gaitas de que no puedes vender, ni habitar, ni legar a tus hijos, ni arreglar", exclama Leanizbarrutia.
 Pero, sin duda, lo que más lamentan los jeltzales es que la ley aprobada en 1986 por el PSOE, con el único voto en contra del PNV, recoge un artículo contemplado en un proyecto de ley franquista. "A esta ley se le ha dado el tinte de que el litoral tiene que ser patrimonio de la humanidad y de que la costa tiene que ser de todos, pero en realidad, lo que pretende es que la costa sea del Estado. En 1986 los socialistas nos vendieron esta ley como progresista y desde el PNV nos negamos a votar en su favor, pero lo que nadie dice es que contempla un artículo que en 1969 ya contemplaban los franquistas. Solo que ellos consideraron que era tal dislate de ley que decidieron no ponerla en marcha", revela. "Lo que están haciendo es crear una auténtica dictadura, provocando verdaderos atropellos entre los afectados.

 Hay 400.000 familias afectadas en todo el Estado y no todos son ricachones y especuladores. Lo que tienen que hacer es solucionar todos esos entuertos urbanísticos que ha habido de otra manera, pero no salpicando a todos", advierte Leanizbarrutia a la vez que recuerda que "en Euskadi no existe ninguna playa privada o zona en la que el ciudadano no pueda acceder al mar porque esté cerrado. Aquí, el mar es de todos"
. http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/04/30/sociedad/euskadi/la-ley-de-costas-afecta-en-euskadi-a-19800-propiedades-y-59400-personas

La ley de costas y los grandes desastres

En un país donde la llamada del seductor turismo ha provocado un urbanismo descontrolado y especulador a lo largo de la costa durante muchos años, se ha descuidado el medio ambiente y el respeto a la naturaleza y el mar, por lo que ha sido necesaria la implantación de una ley de costas que evitara los grandes desastres en el paisaje costero.
Ahora, ¿ha evitado los desastres o ha creado otros?

 Urbanismo desbocado
 España vive del turismo. Sin duda, nadie puede discutir esta afirmación, ya que es ésta la principal actividad económica de este país, gracias, principalmente, o así ha sido al menos durante muchos años, antes de la llegada del turismo más intelectual llamado por la apertura de grandes museos, al sol que baña sus costas durante unos cuantos meses del año. No obstante, los constructores españoles, movidos por la ambición de la llamada del turismo, no dudaron en levantar grandes urbanizaciones y hoteles a pocos metros de la costa, provocando un desastre medioambiental que la ley de costas trata de evitar. Así, no sólo se ha prohibido construir a menos de 200 metros, sino que todo lo que hasta ahora había levantado dentro de este límite, debe desaparecer. ¿Es justo?
De esta forma, no resulta raro ver en muchas playas españolas, hoteles o apartamentos a medio construir, pendientes de una orden de demolición avalada por la ley de costas. Los ecologistas aplauden esta decisión, pero, ¿es justo en todos los casos?. Por ejemplo, ha ocurrido a lo largo de toda la costa que molinos de agua que habían sido declarados como patrimonio histórico y sirven actualmente de vivienda para muchas familias también se hayan visto afectados y tengan ahora que desaparecer…
Adiós a los chiringuitos
Otros que también se han visto afectados por la ley de costas han sido los chiringuitos de las playas españolas, que ven peligrar el negocio que sustenta también a familias enteras, e incluso a municipios enteros. No obstante, su lucha por evitar la desaparición puede que les dé algún resultado y finalmente puedan aguantar. http://www.itweek.es/2012/04/la-ley-de-costas-y-los-grandes-desastres/

Los derribos de la costa del Norte, en manos de los ayuntamientos

Más de 250 viviendas situadas en dominio marítimo terrestre están afectadas por la Ley de Costas El futuro de las viviendas ilegales en la costa de Arucas, Moya, Guía y Gáldar queda en manos de los ayuntamientos.

Ésa es la principal modificación en el Plan de Ordenación del Litoral del Norte (PTP-15), según adelantó ayer la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Ana Kursón, tras entrevistarse con representantes de esos cuatro municipios. El documento inicial, elaborado en la etapa del gobierno del PSOE y NC, contemplaba un paseo marítimo único desde El Puertillo a San Felipe y el consiguiente derribo de las edificaciones que incumplen la Ley de Costas, pero los actuales responsables del PP en la corporación insular ceden ese planeamiento a cada uno de los ayuntamientos, que decidirán junto a la Demarcación de Costas qué viviendas se pueden salvar de la piqueta. Kursón explicó que el Plan del Litoral del Norte se podrá aprobar de forma provisional en un plazo de 15 días, después de que el Tribunal Supremo anulara la variante de Bañaderos y obligara a cambiar toda la planificación de las carreteras en esa zona de la isla. Respecto al futuro de las más de 250 viviendas que invaden el dominio marítimo-terrestre e impiden la construcción de una avenida, la consejera dijo que el PTP-15 "ya no va a recoger la ordenación de los paseos marítimos, sino que simplemente incluirá las determinaciones obligatorias de la Ley de Costas y serán los ayuntamientos los que hagan la ordenación pormenorizada de los dichos paseos". Consenso vecinal El presidente de la Mancomunidad del Norte y alcalde de Arucas, Ángel Víctor Torres, precisó que la demolición de las edificaciones ilegales es una competencia de la Demarcación de Costas, por lo que las casas que están en dominio público seguirán afectadas mientras no cambie la ley.

"Mientras tanto" -añadió el regidor de Arucas- "somos nosotros los que tenemos que definir en nuestro planeamiento lo que queremos hacer en las costas, así como buscar la financiación, porque es complicado lograr el dinero". Torres abogó por ordenar el litoral con el consenso de los vecinos, "lo que no siempre es fácil". Al respecto, recordó que en la creación del paseo marítimo de El Puertillo se vieron afectadas algunas viviendas, como ocurrió en su momento para construir el paseo de Las Canteras de la capital". "Hay un interés público básico, pero pensamos que se podrá hacer por consenso", apuntó. Ni Kursón ni Torres se aventuraron a calcular cuántas casas tendrán que ser derribadas para hacer los paseos marítimos. Antes que nada, comentaron, habrá que esperar a las modificaciones anunciadas en la Ley de Costas. "Hay que decir a los vecinos que estén tranquilos", agregó Torres http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2012/04/21/derribos-costa-norte-manos-ayuntamientos/452651.html

Cabildo Gran Canaria y ayuntamientos del Norte esperan que el documento para solventar el PTP-15 esté aprobado en verano

La consejera de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, Ana Kurson, tras mantener este viernes un encuentro con los alcaldes de la Mancomunidad del Norte para analizar el Plan Territorial Parcial, PTP-15 (Litoral del Norte), indicó que espera que dicho plan esté aprobado en verano. El encuentro que respondía a una petición de la Mancomunidad se ha centrado en la valoración de los trabajos del PTP-15, que en el tramo dos fue suspendido por una sentencia del Tribunal Supremo (TS), y será ahora el PTP-15 el documento que recoja la modificación de esa carretera con un nuevo trazado de la autovía que unirá la circunvalación de la isla de Gran Canaria con la zona Norte. Para ello, explicó Kurson en declaraciones a los medios, se resolverán problemas "muy importantes" en el tramo que "está pendiente de ejecución" en la carretera, ya que existen zonas donde hay casas cercanas a la vía, de tal forma que las personas salen de sus inmuebles y se encuentran con los coches. Por ello, el documento que recoge las soluciones a estos hechos será analizado ahora por los equipos del Cabildo de Gran Canaria y, posteriormente, se prevé que en el plazo de 15 días el consejo de gobierno del Cabildo realice la aprobación inicial para sacar el documento a información pública. Kurson concretó algunas de las soluciones que recoge el documento, entre ellas, la de que la vía continúe el trazado actual para preservar el paisaje de plataneras y "simplemente ampliando dicho trazado para que cumpla con los estándares que requiere una autovía". Asimismo, otra "importante modificación es que dicho documento ya no va a recoger" la ordenación de los paseos marítimos sino que "simplemente" recogerá las determinaciones obligatorias de Costas para que posteriormente sean los ayuntamientos los que decidan cómo hacen los paseos marítimos. En este sentido, las viviendas que se podrían ver afectadas por la construcción de paseos marítimos será algo, puntualizó Kurson, que decidan los ayuntamientos cuando vayan a realizar los paseos y tras convenios que hagan con Costas pero recordó que actualmente están "pendiente de la modificación de la Ley de Costas, es un tema en el que el PTP-15 no va a entrar". EL CRUCE DE BAÑADEROS Respecto al cruce en la carretera de Bañaderos, en Arucas, señaló que el documento expone la necesidad de que se le de "una solución que permita la conexión, lo más transparente posible, entre lo que es El Portillo y Bañaderos", pero afirmó que será el proyecto de ejecución que redactará el Gobierno de Canarias "el que decida" cómo hacerlo, si viaducto u otra tipo de construcción. Asimismo, cuestionada sobre la construcción de un campo de golf y un hotel en Santa María de Guía, Kurson matizó que se trata de una cuestión recogida pero en el documento de campos de golf y que la construcción de los mismos dependerá de si se quiere o no hacer, lo que se indica es que es "una zona habilitada" para ello. Respecto a la financiación de los trabajos, la consejera indicó que "hay un compromiso por parte del Gobierno de Canarias de que esta carretera se iba a terminar, se iba a unir el Norte con la circunvalación" aunque matizó que "lo único que podía ocurrir es que en vez de contemplarse en la tercera fase de los presupuestos pasaría a la cuarta fase". De todos modos, dijo, será el documento del proyecto de ejecución del Gobierno de Canarias "el que determinará el final de esa carretera pero que desde luego será mucho menor --la financiación-- que el previsto dado que ya no hay que hacer el túnel por medio de las plataneras". Para Kurson se trata de un plan que permitirá un desarrollo "importante de toda la costa Norte no sólo por la carretera sino por el equipamiento". PLAN "CLAVE" Por su parte, el presidente de la Mancomunidad del Norte, Ángel Víctor Torres, recordó que a finales de 2011 ya se planteó la necesidad de que este plan "caminará" e incluso se expuso la posibilidad de que antes de verano se podría tener la aprobación provisional, lo que se ha ratificado aunque señaló que queda todavía algún encuentro más. Torres consideró que se trata de un plan "clave" para solventar la conexión entre el Noroeste y Las Palmas de Gran Canaria junto con la cuarta fase, que es una carretera que se está realizando, y que a pesar de los recortes se prevé que continúe. En cuanto a la posibilidad de derribos de viviendas cercanas a las costas y que podrían verse afectadas, Torres apuntó que están a la espera de la modificación de la Ley de Costas pero los ayuntamientos también tienen que hacer su planeamiento para ver qué quieren hacer y posteriormente buscar financiación, lo que "no es fácil" actualmente. Agregó que también será necesario el consenso con los vecinos. http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-gran-canaria-ayuntamientos-norte-esperan-documento-solventar-ptp-15-aprobado-verano-20120420142809.html

Afectados por la Ley de Costas piden una moratoria mientras esta se cambia

José Luis Langa, representante en Canarias de la AEPLC, pidió ayer que se suspendan las ejecuciones judiciales que están en marcha hasta que no se conozca el alcance de la nueva normativa que prepara el Estado. En Fuencaliente hay afectadas 111 viviendas y en Igueste de San Andrés, 22 casas y más de 90 fincas. El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), José Luis Langa González, aseguró ayer que tras el anuncio de modificación de la Ley de Costas, plantearon la suspensión de todas las ejecuciones judiciales en marcha hasta conocer el alcance de la nueva normativa por lo que espera que esta moratoria se aplique a las ciento once viviendas de Fuencaliente, en el sur de La Palma, y a las veintidós viviendas y más de noventa fincas de Igueste de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife. Así lo anunció el letrado en una rueda de prensa en la que indicó que en Fuencaliente están afectadas cerca de cuatrocientas personas a las que hay que sumar las ochocientas que se verán perjudicadas en Igueste de San Andrés de aplicarse la orden judicial. En este último caso manifestó que tras la sentencia, se va a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Contradicciones Por otra parte, Langa González explicó que la última sentencia de la Audiencia Nacional hace referencia a la contradicción que existe en Igueste de San Andrés cuya calificación como terreno no urbanizable no ha sido modificada en los planes generales de ordenación urbana (el último de 1992) cuando esta población es un núcleo urbano consolidado con todos los servicios exigibles. "Las manifestaciones contenidas en los informes del ayuntamiento y el acuerdo de la Cotmac (sin posibilidad de ser ejecutado) resultan sorprendentes", recordó Langa, quien además dijo que "a continuación incide sobre la contradicción de que Igueste cuente con los servicios exigibles para que se considere una población urbana consolidada mientras que los planeamientos siguen considerándolo espacio no urbanizable". Para el abogado de la AEPLC, "esta es una más de las contradicciones y discriminaciones que se hacen con la Ley de Costas tal como está en la actualidad y que se evitaría con la nueva normativa que derogaría la retroactividad de la Ley", entre otras cuestiones. Al mismo tiempo, el letrado también recordó que para evitar estas injusticias, "Costas debería estar gestionado por las comunidades autónomas y por personas que conozcan la realidad exacta y no sobre un papel". Respecto al colectivo de viviendas afectadas de Fuencaliente, Langa pidió que todas las instituciones implicadas se reúnan y eviten que se ejecute una sentencia que dejaría en la calle a decenas de familias y que además "acaba con la tradición, la cultura y la idiosincrasia de un pueblo". Sobre este aspecto, señaló que a esta sentencia, "pueden seguir otras muchas" y según las estimaciones realizadas, "más de 150.000 personas en Canarias podrían verse afectadas", añadió. "Yo pido una vez más, que se unan todas las instituciones de Canarias y los afectados y se busquen soluciones adecuadas, y en cualquier caso, desde la asociación que represento vamos a seguir pidiendo justicia, pues esta es una causa por la que merece la pena luchar", aclaró el representante de los afectados por la Ley de Costas en Canarias. http://eldia.es/2012-04-20/CANARIAS/1-Afectados-Ley-Costas-piden-moratoria-mientras-cambia.htm

Las demoliciones no se paralizan

El martes se conocían las sentencias de derribo de varias casas en Ojos de Garza, en Gran Canaria, pero no son las únicas. En los últimos días, los núcleos costeros de Igueste de San Andrés, en Tenerife, La Santa y el Golfo, en Lanzarote, y El Faro, en Fuencaliente, han sido sentenciados. El gobierno sigue sin modificar la Ley de Costas y sin frenar los derribos.
En Ojos de Garza no se rinden. Lo decía el martes Juan Pedro Pérez, presidente del colectivo vecinal Playgarza. Tampoco se rinden en El Faro de Fuencaliente, ni en Igueste de San Andrés, ni en La Santa y el Golfo, los poblados marineros a los que el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional ha sentenciado al derribo. Su única esperanza, admitía ayer Javier Lorenzo, uno de los vecinos afectados de El Faro de Fuencaliente, es «la política». Sin embargo, las buenas intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy, manifestadas por el ministro Árias Cañete y su intención de modificar la Ley de Costas de inmediato apenas tomó posesión de su cargo, siguen sin materializarse.
En Canarias hay casi 40 poblados y cerca de 1.700 casas amenazados por las demoliciones. Los 38 poblados amenazados por la Ley de Costas se reparten en 25 municipios de todo el archipiélago.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=257582

La Audiencia ratifica que las casas de Igueste están afectadas por la Ley de Costas

La Audiencia Nacional ha emitido una nueva sentencia que viene a ratificar que la mitad de las propiedades de Igueste de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, están afectadas por la aplicación de la Ley de Costas. De esta manera, 22 viviendas y 98 fincas se encuentran en situación de fuera de ordenación con las limitaciones que impone esta carga urbanística y sujetas a ocupación en caso de que se ejecute alguna obra de interés general. Esta decisión no implica, sin embargo, que las propiedades sean ilegales ya que gran parte de los propietarios pagan Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) e incluso desde hace dos años se ha fijado el tipo urbano y no el rústico como ocurría hasta entonces. Una decena de vecinos había presentado un recurso contra el actual deslinde que abarca más de cinco kilómetros y tiene una anchura de cien metros. Los recurrentes solicitaban que se reconociera el carácter urbano de este núcleo antes de la entrada en vigor de la Ley en el año 1988 tal y como han apuntado informes de la Gerencia de Urbanismo y la propia Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). De esta manera se conseguiría que la zona de servidumbre se limite a veinte metros de anchura lo que dejaría libre a gran parte de las casas y fincas que actualmente se encuentran situadas en dominio público de Costas y del Gobierno de Canarias.


Sin embargo, por tercera vez consecutiva los tribunales dan la razón al Abogado del Estado y sentencian que estos terrenos tenían la clasificación de rústicos en aquellos momentos ya que no contaban con los servicios públicos como alumbrado, saneamiento, evacuación de aguas, aceras, consolidación urbanística o acceso asfaltado. Además, el acuerdo de la Cotmac ha sido suspendido de forma cautelar por lo que en principio carece de validez para fijar de nuevo un deslinde. A finales del pasado año la Audiencia resolvió en sentido idéntico a otro recurso presentado por un grupo diferente de vecinos de este núcleo al argumentar que los informes elaborados por la empresa pública de aguas, Emmasa, de electricidad Unelco o los del Ayuntamiento no demostraban de forma fehaciente que estos terrenos pudieran ser considerados urbanos, sino más bien lo contrario. De hecho, la sala llega a calificar de "sorprendentes" los documentos aportados por la Gerencia de Urbanismo o el acuerdo anulado provisionalmente de la Cotmac que en contra de lo recogido en el Plan General de Ordenación (PGO) del año 1992, aún vigente, querían demostrar que este núcleo estaba consolidado desde el punto de vista urbano.

A estos vecinos sólo les cabe ahora la posibilidad de recurrir el acuerdo ante el Supremo o esperar a acogerse a las modificaciones que se piensan introducir en la Ley de Costas. De forma paralela se está dirimiendo en los tribunales la legalidad del acuerdo de la Cotmac que en el caso de otros núcleos de Anaga ha sido considerado conforme a derecho más que nada porque Costas cometió el error de dirigirse a la Consejería de Política Territorial en vez de al propio organismo que vela por la legalidad urbanística y que tiene carácter autónomo. Sin embargo, en el caso del litoral de Güímar ya el Supremo ha anulado esta resolución favorable a los vecinos y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que reinicie todo el proceso al considerar que se debía haber advertido al Estado del error en el que estaba incurriendo.
http://www.canariasahora.com/noticia/216991/

Otras 4 sentencias elevan a 14 los derribos firmes en Ojos de Garza

Los vecinos de la playa de Ojos de Garza empiezan a verle las orejas al lobo. En menos de una semana les han caído 9 sentencias de derribo de sus casas por ocupar suelo donde Costas prohíbe que haya viviendas. Madrid les prometió una moratoria, pero aún no se ha firmado. Los afectados han pedido una reunión con la alcaldesa.
A los vecinos se les acaban las opciones. Han recogido firmas, han viajado a Madrid, han propuesto alternativas y hasta se han ofrecido voluntarios para sacar al barrio entero de la playa. Hay 144 casas censadas, pero las que infringen la normativa, las que, según la Demarcación de Costas de Canarias, ocupan suelo donde la ley no permite viviendas, son 55, y aún así, el caserío entero está dispuesto a dejar libre la arena de la cala. Sin embargo, ninguna de esas soluciones ha fructificado del todo y al final lo único que tienen en firme son 14 sentencias de derribo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Había 5 de antes, la semana pasada llegaron otras 5, y ayer fueron 4 más. En total, suman 14, que suponen más de la mitad de las 21 edificaciones sobre las que Costas había dictado orden de demolición. La estadística y la jurisprudencia hacen pensar que tarde o temprano llegarán las otras 7.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=257434

La Unión Europea admite a trámite el informe de la Diputación y avala su apuesta por la defensa del litoral castellonense

La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha admitido a trámite el informe en el que se recogen las demandas y exigencias que afectan a la provincia para justificar una modificación de la actual Ley de Costas. Un documento que los diputados provinciales Vicent Sales y Mario García entregaron el pasado 1 de diciembre en el Parlamento Europeo junto a las más de 15.000 firmas recogidas por la Plataforma en Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense. Ahora, la demanda será transmitida al Grupo de Trabajo sobre el derecho de propiedad en España y la Ley de Costas.
El escrito remitido por la presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni, señala que “la Comisión ha admitido a tramite su petición, de conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, por tratarse de un asunto que incide en el ámbito de actividades de la Unión Europea, y será estudiada en el seno del Grupo de Trabajo sobre el derecho de propiedad en España y la Ley de Costas en respuesta al gran número de peticiones y firmas recibidas en nuestro organismo”.
Desde la Diputación se urgió al Parlamento Europeo a que inste al Gobierno de España a modificar la Ley de Costas, de manera que se defiendan los legítimos intereses de los dueños de las casi 600 propiedades amenazadas en la provincia.
El diputado de Promoción Económica y Relaciones Internacionales, Vicent Sales, ha mostrado su satisfacción por la admisión del escrito “ya que demuestra lo legítimo de nuestras reivindicaciones, admitidas desde Europa y ninguneadas durante años por el gobierno socialista de España. Quiero agradecer la comprensión y el respaldo de la Unión Europea a nuestro informe, que ahora se sitúa en una nueva dimensión para su análisis y debate. Es un enorme respaldo a nuestra gestión”.
Sales ha añadido que “nuestro verdadero objetivo no es otro que el de salvar las viviendas pendientes de los derribos contemplados por la Dirección General de Costas. Decisiones como la de hoy devuelven su verdadera dimensión al papel que tiene la diputación provincial, justo cuando desde algunas instancias se plantea su disolución. Ningún ayuntamiento hubiese podido llegar tan lejos en sus reivindicaciones sin el respaldo institucional y la unión de todas las fuerzas”.
Por su parte el diputado de Desarrollo Sostenible, Mario García, ha destacado que “estamos ilusionados y esperanzados que ahora se escuchen las demandas de los vecinos y ayuntamientos. Queremos una modificación de la ley inmediata, pero lo más importante es que se nos ha dado la razón a lo que veníamos demandando durante años aquí y en Europa. No estábamos locos, defender nuestro territorio no solo era justo sino que además se ajustaba a derecho”.
La solicitud defiende la legitimidad de las viviendas que se construyeron con anterioridad a la ley de Costas y que en la actualidad se encuentran en dominio público marítimo-terrestre o en zona de servidumbre de tránsito o de protección. Para argumentar esta legitimidad, el informe que acompaña a las firmas apela a principios fundamentales recogidos en el Tratado de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE o la Constitución Española, por lo que respecta principalmente al derecho a la propiedad privada.
La Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense se creó el pasado en diciembre de 2010 a petición de los alcaldes, que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada ante la Administración central y reclamar el respaldo de las Instituciones Europeas.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/168795_union-europea-admite-tramite-informe-diputacion-avala-apuesta-defensa-litoral-castellonense.html



UN EJEMPLO A SEGUIR, REUNIR A TODOS LOS ALCALDES DE LOS AYUNTAMIENTOS CON VIVIENDAS AFECTADAS Y PRESENTAR UNA PETICION AL PARLAMENTO EUROPEO.
COMO SE ACTUARÍA SI TODOS, TODOS LOS AYUNTAMIENTOS REALIZARIAN ACCIONES SIMILARES

El Supremo rechaza el recurso y pone la puntilla a las casetas que serán demolidas en breve

• El subdelegado del Gobierno se reunió con los vecinos afectados

El Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por los vecinos de las casetas del litoral de Fuencaliente que todavía continuaban en la lucha por defender la conservación de estas edificaciones afectadas por la Ley de Costas, por lo que terminan los instrumentos legales de defensa y obligan así a su demolición, que se estima que tenga lugar en un periodo de dos meses.
El subdelegado del Gobierno, Guillerno Díaz Guerra, se reunió esta mañana con un grupo de vecinos de Fuencaliente afectados que mostraron interés tanto por el proceso, que arranca desde el año 2005, como por la evolución futura de la zona. Miguel Ángel Morcuende, director insular de la Administración del Estado, y María de Haro, senadora por La Palma, le acompañaron.
Una situación que, como dejó claro Díaz Guerra, "nos hemos encontrado", dado que venía del Gobierno anterior. En este sentido repasó el proceso que se inició en el año 2005 con el deslinde del dominio público marítimo terrestre que localiza en este espacio una serie de casetas en las playas del Faro, Punta Larga y La Zamora, sobre las que la Administración de Costas abrió expediente.
Contra ese expediente, un importante grupo de vecinos interpuso un recurso de alzada, mientras que otros acataron la orden de demolición. Rechazado, acudieron a la vía del contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que desestimó el recurso en 2008. Y, como úlima esperanza , apelaron al Supremo que comunicó el pasado mes de marzo el recurso de casación.
http://www.elapuron.com/noticias/municipios/6887/el-supremo-rechaza-el-recurso-y-pone-la-puntilla-a-las-casetas-que-sern-demolidas-en-breve/

El Subdelegado del Gobierno se reúne este viernes en La Palma con los vecinos de los asentamientos marineros afectados por la Ley de Costas

El Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, se reunirá mañana viernes, 13 de abril, con los representantes vecinales de los asentamientos marineros del municipio de Fuencaliente, en La Palma, que se encuentran afectados por la Ley de Costas.
El objetivo de la reunión, en la que también participarán el Director Insular de la Administración General del Estado en La Palma, Miguel Ángel Morcuende, y la senadora María de Haro, es conocer de primera mano la situación de los vecinos y establecer nuevas vías de diálogo ante los expedientes de derribo que pesan sobre estas viviendas.
http://www.canariasactual.com/2012/04/12/el-subdelegado-del-gobierno-se-reune-este-viernes-en-la-palma-con-los-vecinos-de-los-asentamientos-marineros-afectados-por-la-ley-de-costas/

Costas multa a vecinos por adecentar las casetas del litoral con expedientes de derribo en marcha

La Dirección General de Costas ha multado a vecinos de Fuencaliente por adecentar las casetas del litoral con expedientes de derribo en marcha, y cuyos inquilinos siguen además pagando agua y luz. El importe de las sanciones ha oscilado entre los 400 y los 600 euros, unas cantidades que los afectados han preferido pagar antes que dejar que la casetas se caigan porque siguen luchando para evitar la demolición de estas edificaciones que dicen que forman parte de las tradiciones y de la cultura de este municipio.
Nieves Mari, una de las afectadas, miembro de la plataforma que se constituyó cuando se iniciaron los primeros derribos hace ya algunos años y ahora concejal en el consistorio fuencalentero, explicó que el pago de estas multas, (ella ha pagado dos por pintar y hacer arreglos básicos,) se suma al gasto en un abogado que han tenido que desembolsar para recurrir la decisión de Costas alegando que los asentamientos costeros eran anteriores a la Ley de Costas y pidiendo que no tuviera carácter retroactivo porque estas viviendas eran el medio de vida de muchas personas, un punto de ocio saludable, aparte de una tradición y un legado. "Nosotros hemos llegado legalmente hasta donde podíamos y ahora toca esperar a ver qué dice el juez. De momento no nos ha llegado ninguna notificación por escrito de que los derribos vayan a continuar", afirmó.
Costas demolió alrededor de trece casetas entre la playa de El Faro, Puntalarga y La Zamora, pero la mayoría de las edificaciones siguen aún en pie en estas zonas por la lucha de los vecinos que impidieron en su momento el resto de los derribos, una lucha que ha llegado hasta los tribunales para evitar que sigan adelante.
Además de las multas, llama también la atención que, pese a las expedientes de derribo, los vecinos sigan pagando la luz y el agua para seguir disfrutando mientras puedan de estas casetas que forman parte, reiteró Nieves Mari, de su vida aunque "Costas pretenda con las multas que no se arreglen para que se caigan solas".
Por último, criticó el abuso de poder y la arbitrariedad de la Dirección General no sólo con Fuencaliente, sino también con otras zonas costeras de Canarias como el Chovito y dijo sentir pena por las casetas que ya no están en pie por culpa de una ley "arbitraria e injusta".
http://www.elapuron.com/noticias/municipios/6868/costas-multa-a-vecinos-por-adecentar-las-casetas-del-litoral-con-expedientes-de-derribo-en-marcha/

Costas desbloqueará en Fuerteventura proyectos como la Playa del Castillo, los poblados marineros o el hotel Oliva Beach

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar se ha comprometido este martes ante el senador por Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, la diputada nacional, Celia Alberto, la diputada regional Águeda Montenlongo, y la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, a desbloquear diferentes proyectos en la isla.
Según informa el PP insular en un comunicado, el objetivo de la reunión fue el de tratar tres temas de vital importancia para Fuerteventura: La Regeneración de la Playa del Castillo, la situación de los poblados marineros afectados por la Ley de Costas y el Hotel Oliva Beach.
De esta manera, el primero de estos proyectos supone la actuación en uno de los principales núcleos turísticos de la isla, ubicado en el municipio de Antigua.
Desde el año 2007, los empresarios y la corporación han intentado llevar a cabo unas obras de regeneración de la principal playa de Caleta de Fuste por la que cada año pasan miles de turistas.
A pesar de que ya existe suelo disponible y se han resuelto los problemas urbanísticos que afectaban a los trabajos, el pasado año, Costas anunció que no existía ficha financiera para la ejecución de la obra.
En este sentido, la Dirección General se ha comprometido a estudiar la posibilidad de abrir ficha presupuestaria para este proyecto e intentar buscar fórmulas mixtas de financiación, con la colaboración de empresarios y administraciones, para la ejecución de la Regeneración de la Playa del Castillo. Un proyecto que se desarrollaría en dos fases: por un lado, la construcción del paseo marítimo y por otro, la regeneración de la playa, dando prioridad a esta última "porque de la playa depende el sector turístico de Antigua".

PUEBLOS MARINEROS Y HOTEL OLIVA BEACH
Por su parte, los cargos populares también han trasladado al director General de Costas, la preocupación de los pueblos marineros de la isla afectados por la Ley de Costas.
Aquí, el Ministerio se ha comprometido desde el comienzo de esta legislatura a modificar esta norma con el objetivo de "hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas que no perjudiquen al medio ambiente, así como proporcionar la seguridad jurídica imprescindible a todos los ciudadanos y agentes afectados y garantizar para el futuro un marco jurídico claro en el que desenvolverse".
El nuevo texto permitirá a los propietarios de Jacomar, Puerto Lajas, el Puertito, Los Molinos o Majanicho, presentar la acreditación de propiedad anterior a la ley del 88 que les puedan permitir una prórroga para mantener estas poblaciones que "tienen un gran interés cultural, histórico y patrimonial para la isla de Fuerteventura y que son testigos mudos de la historia de los majoreros", aseguró Águeda Montelongo.
Finalmente, después de la última reunión con los integrantes de la Plataforma que pretende salvar este conocido hotel del municipio de La Oliva, los populares adquirieron un compromiso firme de trasladar al Gobierno la preocupación de las más de 400 familias que hoy viven de este establecimiento turístico, que mantiene su concesión hasta el próximo año 2017.
Con casi 2.000 camas, una media de ocupación del 80% y unas 600.000 estancias cada año este hotel es un pilar fundamental para el turismo del municipio y por ello, Costas se ha comprometido a estudiar jurídicamente la tramitación de este expediente con el objetivo de evitar su cierre dentro de 5 años
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-costas-desbloqueara-fuerteventura-proyectos-playa-castillo-poblados-marineros-hotel-oliva-beach-20120410163528.html

El Supremo tumba la declaración de núcleo urbano de La Santa aprobada para 'esquivar' el deslinde de Costas

El Tribunal Supremo ha fallado en contra de los intereses de los vecinos del pueblo de La Santa al considerar ilegal la declaración de núcleo urbano que certificó el Gobierno de Canarias en febrero de 2007 para que el deslinde de la Dirección General de Costas tuviese una zona de servidumbre de protección de 20 metros y no de 100.
El Ejecutivo autonómico, a través de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) emitió un certificado en el que consideraba que La Santa era un núcleo urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 al haberse consolidado la edificación en más de las dos terceras partes del pueblo.
Sin embargo, el Gobierno central recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que suspendió los efectos de la declaración como zona urbana de La Santa y, finalmente, en septiembre de 2009, declaró a través de una sentencia la nulidad de la resolución de la Cotmac.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que ha hecho firme ahora el Supremo, echa por tierra la tesis de que La Santa se había consolidado como espacio urbano antes de 1988. De hecho, carecía de de red de alcantarillado, uno de los servicios públicos esenciales, junto al acceso rodado, el abastecimiento de agua o el alumbrado.
Con respecto a la consolidación del núcleo, el TSJC sólo dio por “seguro” que “existían 72 edificaciones anteriores al año 88” , pero deja claro que no se ha acreditado que ocupasen las dos terceras partes del suelo apto para urbanizar en La Santa.
“La mera declaración” efectuada por el Gobierno de Canarias, “si no viene respaldada y justificada, es insuficiente para asignar la anchura reducida” de 20 metros “a la servidumbre de protección”, señala el Supremo, al tiempo que añade que la declaración del Ejecutivo autonómico “no vincula” a Costas a la ahora de “aprobar el deslinde” ni “desde luego” al tribunal que “con posterioridad lo enjuicie”.
Por ello, tanto el TSJC como el Supremo consideran que, a efectos de la Ley de Costas, no era suelo urbano en 1988 y, por tanto, la servidumbre de protección debe fijarse en 100 metros desde el deslinde del dominio público y no en 20 metros como le hubiese correspondido si se tratase de un núcleo consolidado.
En la misma sentencia, el Supremo resta valor al pronunciamiento de la Audiencia Nacional, de marzo de 2008, que anuló el deslinde de La Santa. El Tribunal Supremo que tiene mayor validez el criterio del Tribunal Superior de Justicia en el sentido de que “el núcleo de La Santa carecía en forma evidente de los requisitos necesarios para ser considerado como núcleo urbano”.
http://www.diariodelanzarote.com/2012/04/03/lanzarote07.htm

El PP tacha de 'desfachatez' que Narbona y la Junta insistan en que el Gobierno es el que debe demoler El Algarrobico

Precisamente, la exministra socialista, que firmó en 2005 la orden ministerial que aplicó el deslinde de 100 metros en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería)
La portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, María Teresa de Lara, ha culpado a las administraciones del PSOE del conflicto con con el hotel El Algarrobico (Almería), tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que la construcción contraviene la Ley de Costas, y con ello tacha de "desfachatez" que tanto la exministra de Medio Ambiente del PSOE, Cristina Narbona y el consejero del ramo de la Junta de Andalucía, insistan en que es el Gobierno central el que debe demoler el edificio.
Precisamente, la exministra socialista, que firmó en 2005 la orden ministerial que aplicó el deslinde de 100 metros en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), y el consejero andaluz del ramo, coincidieron este miércoles en pedir al actual titular de la cartera de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que "no eluda sus responsabilidades" y derribe así el hotel de Azata del Sol, tras la sentencia del TS.
En declaraciones a Europa Press, María Teresa de Lara se sorprende de que "personas tan preparadas como Narbona o el consejero andaluz" insisten en que es el ministerio el que debe pagar el derribo, según un documento que firmaron cinco días antes de las elecciones.
"Es un texto hueco, sin cuantificación económica, y en el reparto competencial corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía las competencias en la zona de servidumbre de protección, de acuerdo con su estatuto de autonomía y la jurisprudencia del TS", ha agregado.
Así, detalla que el documento que el pasado 15 de noviembre, cinco días antes de las elecciones generales, firmaron la Junta y el Gobierno socialista se estableció que el Ministerio de Medio Ambiente se comprometía a abordar la financiación de la demolición del edificio y la Junta, al desescombro y gestión de residuos, pero sin dotación presupuestaria. "Creemos que es hueco, una declaración de intenciones y un brindis al sol sin validez alguna", ha matizado.
Además, ha culpado a las administraciones socialistas de la situación en la que se encuentra la demolición de El Algarrobico, ya que, en su opinión, en el transcurso de estos años la Junta de Andalucía, junto con el PSOE, el ayuntamiento socialista de Carboneras, y la ministra Narbona "permitieron que se levantaran el hotel".
Finalmente, insiste en que el Grupo Parlemantario 'popular' acata y está de acuerdo con la sentencia del TS, que confirma que la orden ministerial que establece el deslinde en la zona de la playa de El Algorrobico se dictó de acuerdo con la legalidad y, por ello, considera que el plan parcial del ayuntamiento de Carboneras no se ajusta a derecho porque no respeta la zona de servidumbre de protección.
En concreto, la sentencia del TS declara que el hotel viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre, después de desestimar el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional (AN) que consideró conforme a derecho la orden ministerial que, en 2005, amplió a 100 metros la zona de servidumbre en el tramo del litoral donde se asienta el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
http://www.ecoticias.com/naturaleza/63872/PP-tacha-desfachateze-Narbona-Junta-insistan-Gobierno-demoler-El-Algarrobico

Los vecinos de Santa Lucía reclaman a UE como mediadora

Los vecinos del núcleo costero de Santa Lucía, en Güímar, que han sido denunciados por su propio Ayuntamiento por la ocupación que han hecho de sus viviendas, trasladarán al Parlamento Europeo la situación de indefensión en la que se encuentran, con el fin de poder volver a sus casas sin que se les demande por ello.

El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, informó ayer, junto a los representantes vecinales, de la situación que están padeciendo los habitantes del poblado costero y de las medidas que piensan tomar. "Esta situación que acaba de producirse es kafkiana, pues el Ayuntamiento, que debería proteger a sus vecinos, los denuncia".

Las denuncias contra cinco vecinos se han producido a raíz de la vuelta de estos a sus viviendas. Llevan fuera de ellas desde que el 5 de junio de 2011 se produjeran derrumbes en la zona, que ocasionaron daños en dos casas deshabitadas y en un vehículo. En aquel momento, el Ayuntamiento de Güímar desalojó y precintó el lugar, procedió a retirar los escombros y algunas piedras que amenazaban con caer sobre las casas, al tiempo que solicitó un estudio para evaluar el riesgo de nuevos desprendimientos. Ante los resultados de este estudio, decidió prolongar el precinto que ahora algunos vecinos se han saltado.

Sin embargo, ayer, el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, José Antonio Herrera, acusó al Ayuntamiento de no haber hecho nada en todo este tiempo. Indicó que los vecinos han vuelto a sus viviendas porque consideran que ya no hay peligro "pues les habían dicho que se había subsanado parte del derrumbe" porque no existían ya vallas que las protegían y, sobre todo, "porque ya no podían estar más tiempo pagándose otra casa para vivir". También criticó que "el Ayuntamiento prometió cubrir los gastos y, sin embargo, a los 30 días mandó una carta explicando que ya no podrían pagar nada y que había que buscarse la vida".

Ante la vuelta a sus viviendas, el Ayuntamiento denunció a los vecinos que regresaron y el 26 de abril deben declarar como imputados por supuestos casos de "usurpación", matizó el letrado Langa.

Herrera ha aclarado también que las viviendas de Santa Lucía existen desde 1973, y que desde mediados de 1990 ya cuentan con todas las condiciones de saneamiento y alumbrado como cualquier otro barrio, por lo que ahora no entienden que se les quiera "echar" de sus casas y se les notifique "con un número". "Para cobrar los impuestos municipales sí que existimos para el Ayuntamiento", ha dicho.
En estos momentos, los vecinos de Santa Lucía siguen en sus casas y están a la espera de saber qué ocurrirá tras la comparecencia ante el juzgado en el mes de abril, mientras paralelamente están en contacto con el Parlamento Europeo para conocer sus derechos y, sobre todo, las posibles ayudas económicas que existen para estos casos, ya que están dispuestos a pedirlas ellos mismos si no lo hace el Ayuntamiento.

Por su parte, Langa González explicó que respecto a la modificación de la Ley de Costas anunciada por el ministro Arias Cañete, el Parlamento Europeo ha creado una comisión para estudiar estas modificaciones y está a la espera de que España se las envíe
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/03/27/vecinos-santa-lucia-reclaman-ue-mediadora/404557.html

El Supremo confirma que El Algarrobico contraviene la Ley de Costas

La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional

El hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia que desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional (AN) que consideró conforme a derecho la orden ministerial que, en 2005 amplió a 100 metros la zona de servidumbre en el tramo del litoral donde se asienta el establecimiento de veintiún plantas y 411 habitaciones.
La resolución del Alto Tribunal, contra la que no cabe recurso, ratifica que el Consistorio carbonero no procedió a "revisar" el Plan Parcial del sector urbanístico --denominado ST-1-- sobre el que se construyó el inmueble para "ajustarlo a las previsines, en cuanto a la anchura de la servidumbre de protección, de la Ley de Costas" después de que esta entrase en vigor y subraya que "debió" aplicarse en la zona la disposición que fijaba esta zona de servidumbre en 100 metros.
En este sentido, indica que cuando entró en vigor la Ley de Costas "no existían" en el paraje "los aprovechamientos urbanísticos" que hubiesen permitido, según establece la propia legislación, reducir la zona de servidumbre a 50 metros, ya que, según subraya, el proyecto de urbanización de dicho sector no se aprobó hasta octubre de 1997, es decir, casi una década después a la entrada en vigor de la Ley de Costas. El Plan Parcial, que no fue desarrollado hasta esta fecha, se aprobó en mayo de 1988.
De este modo, el Supremo desbarata el argumento del Ayuntamiento, que sostenía que concedió la licencia de obras del hotel en enero de 2003 según la normativa urbanística --Normas Subsidiarias (NNSS)-- que contaba con informe favorable de la Dirección General de Costas y en la que se fijaba la anchura de la zona de servidumbre en 50 metros. Además, el alto tribunal asegura que la administración urbanística "se abstuvo deliberadamente" de adaptar el planeamiento a lo dispuesto en la Ley de Costas.
"Proceder irrespetuoso"

"El hecho de que la Administración Estatal de Costas informase favorablmente de la revisión de las Normas Subsidiarias no resta un ápice al deber legalmente impuesto de adoptar las disposiciones del planeamiento urbanístico a lo previsto en la Ley de Costas", señala la sentencia, que considera que tal actitud "sólo revela un proceder irrespetuoso con lo dispuesto en la ley por la administración al informar la revisión del mentado instrumento de ordenación urbanística".
El TS remarca en el fallo, del que es ponente el magistrado Ernesto Peces Morate, que lo "relevante" en este caso es la situación urbanística que tenían los terrenos en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas y que, por tanto, "no pueden tomarse en consideración" instrumentos de ordenación o gestión ulteriormente aprobados, "ni, desde luego, obras de urbanización o edificación realizadas en fechas muy posteriores".
La orden ministerial que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa donde se encuentra el paraje de El Algarrobico fue recurrida ante la Audiencia Nacional tanto por el Ayuntamiento, como por la empresa promotora Azata del Sol y su matriz Azata. En los tres casos, la AN se pronunció en el mismo sentido y el Supremo deberá pronunciarse aún sobre las otras dos impugnaciones.
Licencia nula

La citada orden, firmada por la exministra de Medio Ambiente del PSOE Cristina Narbona, dio lugar a la incoación de un expediente de expropiación del inmueble del que, finalmente, se acordó desistir por parte del Gobierno después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería declarase nula la licencia municipal de obras concedida para construir el establecimiento hotelero en septiembre de 2008.
Este fallo, recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), señaló como "incontestable", a la vista del examen de la documental practicada, que el sector S-T1 del Plan Parcial aprobado para la construcción del hotel se ubicaba de "forma clamorosa" en "espacio protegido y no urbanizable".
En el fundamento jurídico quinto atribuía a la corporación local carbonras, gobernada entonces por el PSOE, "perfecto conocimiento desde hace 20 años" de que la zona de servidumbre para la protección de dominio público marítimo-terrestre era de 100 metros y hacía extensible esta valoración a la Junta de Andalucía que, según subrayaba, fue "pasiva y condescendiente" con las infracciones contra la citada normativa y "permitió en definitiva" que se iniciase y desarrollase el proyecto de Azata del Sol.
http://www.publico.es/427377/el-supremo-confirma-que-el-algarrobico-contraviene-la-ley-de-costas

El TS 'pone en la picota' 800 viviendas de Güimar

El Alto Tribunal anula el fallo del TSJC que determinaba que cuatro núcleos costeros tenían consideración de suelo urbano.
El Tribunal Supremo (TS) ha dado marcha atrás en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había liberado a alrededor de 800 casas situadas en el municipio de Güímar de los efectos de la ley de Costas. El Supremo acaba de emitir una sentencia por medio de la cual anula el fallo del Tribunal canario que había determinado que los núcleos de Punta Prieta, La Puente, La Caleta y El Tablado tenían consideración de suelo urbano y por lo tanto el ancho de la zona de protección costera se reducía de 100 a 20 metros.
El TSJC había avalado así la decisión tomada en el año 2007 por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que al igual que ocurrió en otros puntos de la isla del Archipiélago pretendía salvar a estos enclaves de los efectos de la ley estatal al declarar que tenían las características de urbanos antes de su entrada en vigor. Esto es que contaban con los servicios de alcantarillado, suministro de agua, acceso rodado, electricidad y urbanización consolidada antes del año 1988.
La sentencia a favor de los vecinos se basó en el error cometido por la Dirección General de Costas de haberse dirigido a la Consejería de Políica Territorial del Gobierno de Canarias y no a la Cotmac para solicitar la anulación del acuerdo tomado por este último organismo. Una equivocación que se intentó resolver presentando este recurso ante el Supremo que ahora ha ordenado que todo el proceso vuelva al principio y el TSJC se pronuncie de nuevo sobre la legalidad o no del acuerdo de la Cotmac declarando urbano estos enclaves. El Supremo considera que Costas ha sido víctima de "indefensión" al no haber podido reparar el error cometido ante el TSJC.
Esta nueva sentencia significa un varapalo para los vecinos de esta parte del litoral tinerfeño que hasta ahora habían visto como los tribunales se ponían de su lado a la hora de reconocer que tenían características de núcleos urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. De hecho a finales del pasado año, el alcalde de Güímar, Rafael Yanes, anunció que el Supremo había reconocido que El Tablado tenía esta condición, volviendo así a obtener una servidumbre de protección de 20 metros, y no de 100 como pretendía la Dirección General de Costas.
El alcalde recordó entonces que las tres sentencias emitidas por la Audiencia Nacional y el TSJC en relación a este contencioso mantenido han sido favorables al Ayuntamiento, ratificando que El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente son núcleos urbanos consolidados antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, respetando así lo establecido en el Plan General de Ordenación del municipio, "aprobado en 2005 con el informe favorable de la propia Dirección General de Costas".
Sin embargo, ahora el Supremo ha dado marcha atrás al proceso y obliga al TSJC a que de nuevo se pronuncie sobre la misma cuestión lo que devolverá la incertidumbre a los propietarios de estas viviendas que por el momento se mantienen fuera de ordenación, con las limitaciones que este régimen urbanístico conlleva. La lucha de los vecinos de varios enclaves contra la Ley de Costas se desarrolla en dos frentes. Por un lado los residentes han recurrido los deslindes que se han ido fjando y por otro el organismo estatal intenta anular los acuerdos de la Cotmac que declaraba urbanos estos núcleos repartidos a lo largo de toda la isla como ocurre también con Igueste, Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero.
http://www.canariasahora.com/noticia/216113/

Soria promete una "reforma en profundidad" de la Ley de Costas

El ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, avanzó que se va a realizar una "reforma en profundidad" de la Ley de Costas para "compatibilizar" el respeto al Medio Ambiente y el provecho económico del litoral.
Soria realizó estas declaraciones en una rueda de prensa sobre España en el marco de la Feria de Turismo de Berlín (ITB), la mayor del sector a nivel mundial.
El ministro de Turismo aseguró que la nueva Ley de Costas busca "una mayor compatibilidad" y el "equilibrio" entre la "sostenibilidad" medioambiental y "la incorporación" de las áreas litorales "a la actividad económica", buscando "aquello que pueda incorporarse como valor" desde "el punto de vista turístico".
Soria explicó que los cambios normativos en los que trabaja el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el competente para esta reforma, tendrán una "incidencia muy importante" en la actividad turística.
"Conozco muchos sitios (en Europa) en los que puede haber lo que llamamos chiringuitos, bares y restaurantes", apuntó el ministro, aunque subrayó de seguido que el objetivo de la medida "no es invadir la costa".
Además, indicó que la reforma beneficiará a los que tienen viviendas en la costa, que con la ley anterior quedaron en una situación de ilegalidad, con lo que, a su juicio, se vulneraban sus derechos.
Soria también sugirió que este cambio normativo podría favorecer la construcción de puertos deportivos, de forma similar, añadió, a lo que sucede en otros países costeros.
Soria encabezó hoy la delegación española en la ITB, una feria de la que destacó su importancia a nivel internacional, el peso económico de Alemania en la Unión Europea y la afluencia de turistas alemanes a España.
http://www.universocanario.com/politica/jose-manuel-soria/ley-de-costas/reforma-de-la-ley-de-costas/ministerio-de-industria-energia-turismo/294770