Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

sábado, 23 de marzo de 2013

Duras críticas a la Ley de Costas que se tramita en España

La Ley de Costas podría vulnerar la Carta Europea de Derechos Fundamentales según un grupo de diputados europeos que han venido a España para conocer los pormenores de la nueva norma. La Comisión de Peticiones ha recibido 76 procedentes de todas las comunidades autónomas del litoral, sobre una gran cantidad de cuestiones diferentes. La mayor parte procede de propietarios de viviendas en la costa disgustados con las modificaciones que, según ellos, no cumplen los derechos de propiedad o de protección medioambiental. También hay peticiones de organizaciones ecologistas y medioambientales.


La europarlamentaria danesa Margrete Auken no entiende que la Ley de Costas pueda expropiar y demoler casas para volver a construir otras. En su opinión la Ley de Costas que está en tramitación en el Senado es «peor» que la anterior de 1998 y no servirá de mucho puesto que «no aporta nada desde el punto de vista de la protección».

El grupo de parlamentarios europeos ha celebrado una rueda de prensa tras estudiar la Ley y escuchar a las diferentes partes, la presidenta del grupo, la austriaca Angelika Werthmann, ha dicho la nueva ley contiene algunas mejoras respecto a la que debe derogar pero «no es totalmente justa con algunos propietarios».

Respecto a la protección medioambiental, Werthmann señala que si la ley de 1988 debía proteger la costa española y se observa lo que ha ocurrido desde entonces, está claro «que no ha servido para nada» y ha derivado en una inseguridad jurídica. «No estamos convencidos de que la Reforma logre compensar a los propietarios ya afectados de forma satisfactoria. Además, nos preocupa mucho una cláusula que establece que las concesiones podrían revocarse en cualquier momento sin causa justificada».

Auken considera que las compensaciones a los propietarios a los que afectaría la Ley «se han pensado de forma 'sui generis', de una forma muy rara». Por su parte el alemán Peter Jahr ha añadido que el Gobierno español «no compensa y se queda con la propiedad». «Una concesión, o la ampliación de una concesión no es una compensación».

En cuanto a la reunión con el responsable de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Pablo Saavedra, han referido que ha defendido «de forma tajante» la constitucionalidad de la Ley, pero los parlamentarios explican que la preocupación europea se debe a que no satisface la seguridad jurídica de los propietarios. «Es necesario actualizar los registros. Muchos inversores se ven afectados sin saber si la propiedad es ilegal».

Entre los casos positivos, los eurodiputados han destacado el de Empuriabrava como una de las zonas que se verá beneficiada por la reforma.

La delegación ha explicado que la legislación europea no debe interferir en la nacional, pero hay mecanismos para actuar si un país contraviene las Directivas europeas. Especialmente cuando se legisla sobre algo que concierne a todos los europeos como en este caso, ya que los ciudadanos de la UE tienen derecho a residir en cualquier punto del territorio. En este caso se puede recurrir a las instituciones comunitarias.

La conclusión de Werthmann es que «Hubiéramos querido ver una reforma de la Ley que concilie de verdad la necesidad de proteger el medio ambiente y la obligación de respetar los derechos y garantías jurídicas de los propietarios de pequeñas casas en la costa». «Sin embargo, la reforma en curso plantea varios interrogantes y creemos que aún queda mucho por hacer».

Si se aprueba la Ley de Costas en trámite, evitará que durante otros 75 años se derriben más de 3.000 chiringuitos y viviendas de la costa que tendrían que comenzar a derribarse a partir de 2018, según dice la ley de 1988. Diez barriadas históricas de Alicante, Girona, Huelva, Málaga y Valencia serán igualmente preservadas, la isla de Formentera recibirá un trato especial por su configuración geológica y podrán continuar en activo industrias contaminantes, si la autoridad competente medioambiental informa de manera favorable

http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/3/22/duras-criticas-a-la-ley-de-costas-que-se-tramita-en-espana/

viernes, 22 de marzo de 2013

Europarlamentarios advierten de que la reforma de Ley de Costas española también es "injusta" con los propietarios


La modificación de la Ley de Costas, que está en trámite parlamentario, podría vulnerar la Carta Europea de Derechos Fundamentales ya que, aunque "se ha producido alguna mejora respecto a la de 1988, "no es totalmente justa con algunos propietarios", según ha manifestado la europarlamentaria austriaca Angelika Werthmann, la presidenta de una delegación de europarlamentarios que está de visita en España para conocer los pormenores de la norma.

En una rueda de prensa ofrecida por la delegación europea, los parlamentarios europeos dan así un varapalo a España que plasmarán en un informe que elaborarán para su posterior debate en Bruselas. La delegación se ha centrado en "recabar datos y cotejar hechos", para lo que se han reunido con ciudadanos, propietarios afectados pro la ley de costas, con ONG y con el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra.

El objetivo de la visita es estudiar si la reforma de la Ley de Costas vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de propiedad privada.

Para la europarlamentaria danesa Margrete Auken "no se entiende" como con la Ley de Costas se pueden expropiar y demoler casas y luego volver a construir. Además, señala que aunque la ley no puede demoler las expectativas de todo el mundo, a su juicio, la ley de Costas "no resuelve las preocupaciones de los ciudadanos".

En su opinión, la ley de costas actual (en trámite en el Senado) es "peor" que la anterior y "no sirve para nada, porque no aporta nada desde el punto de vista de la protección".

Respecto a la protección medioambiental, Werthmann ha valorado que si la ley de 1998 se elaboró para proteger el medio ambiente y se observa lo que ha ocurrido en la costa española desde entonces, "se ve que no ha servido para nada" y ha derivado en una inseguridad jurídica.

Además, Auken considera que las compensaciones a los propietarios afectados por la Ley "se han pensado de forma 'sui generis', muy raro", mientras que el europarlamentario alemán Peter Jahr ha añadido que el Gobierno español "no paga nada, no compensa y se queda con la propiedad". "Una concesión, o la ampliación de una concesión no es una compensación", ha apostillado.

INDEFINICIÓN E INSEGURIDAD

Asimismo, Jahrn ha añadido que la delegación ha concluido que se necesita una clara definición del concepto dominio público marítimo terrestre y que el registro de la propiedad no es satisfactorio, porque se tendría que saber si una propiedad está afectada o no por la Ley de Costas antes de comprar.

Por otro lado, sobre la reunión mantenida con Saavedra, la británica Marta Andreasen, ha contado que el responsable de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha defendido "de forma tajante" la constitucionalidad de la Ley pero ha agregado que la preocupación europea es que la norma no satisface la seguridad jurídica de los propietarios y que la reforma impulsada por el Gobierno español "no incrementa" dicha seguridad jurídica. "Es necesario actualizar los registros. Muchos inversores se ven afectados sin saber que la propiedad es ilegal".

Mientras, el alemán Rainer Wieland ha precisado que desde el punto de vista jurídico, la legislación europea no debe interferir la nacional, pero ha recordado que hay mecanismos para intervenir si la legislación de un país contraviene las Directivas y normas europeas.

Por ejemplo, ha subrayado que cuando el legislador nacional legisla sobre algo que concierne a todos los ciudadanos de la Unión Europea (como en este caso, por el derecho de los ciudadanos europeos a residir en cualquier punto del territorio) se puede recurrir a las instituciones comunitarias.

"Este es un asunto que concierne y preocupa a todos y se debe tener en cuenta la carta europea de los derechos humanos", ha manifestado.

Finalmente, ha apuntado que el Tribunal Europeo de Justicia aplica la legislación más rápido que algunos tribunales de los países y ha agregado que la carta europea se aplica cuando se vulnera la legislación comunitaria".

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-europarlamentarios-advierten-reforma-ley-costas-espanola-tambien-injusta-propietarios-20130322150026.html

Europarlamentarios advierten de que la reforma de Ley de Costas española también es "injusta" con los propietarios

Eurodiputados revelan inquietud por la seguridad jurídica de la Ley de Costas

.- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha manifestado hoy su "inquietud y preocupación" por la seguridad jurídica de la reforma de la Ley de Costas española, actualmente en trámite parlamentario.



 La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha manifestado hoy su "inquietud y preocupación" por la seguridad jurídica de la reforma de la Ley de Costas española, actualmente en trámite parlamentario.

Así lo ha declarado en rueda de prensa la eurodiputada austríaca del Grupo ALDE Angelika Werthmann, que encabeza la delegación de esta comisión y que se ha reunido en Madrid con autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, ONG y pequeños propietarios para "recabar datos y cotejar hechos".

Esta comisión ha analizado las denuncias presentadas sobre la citada reforma por ecologistas y ciudadanos para estudiar si se vulneran las leyes europeas de protección medioambiental y propiedad privada.

Según Werthmann, la comisión cree que la reforma mejora en algunos puntos la ley de 1988, pero sin embargo piensan que "no es justa" para algunos propietarios.

La inseguridad jurídica de esta reforma promovida por el Gobierno ha sido apuntada en sus quejas por los pequeños propietarios y también por Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, ya que la ampliación de las concesiones a 75 años no garantiza la propiedad y además no se les compensa económicamente por la futura pérdida de la misma.

Junto a Werthmann, la delegación ha estado compuesta por los alemanes Rainer Wieland y Peter Jahr (PPE), los británicos Michael Cashman (S&D) y Marta Andreasen (ECR) y la danesa Margrete Auken (Los Verdes).

Esta última eurodiputada, conocida en España por un informe que denunció el frenesí urbanizador en el litoral español, ha considerado que esta reforma no está invocando la protección medioambiental, que la Ley de Costas de 1988 "no sirvió para nada" y que la reforma actual "tampoco aporta nada" desde el punto de vista de la conservación.

Sobre la posibilidad de que esta reforma se pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional, Marta Adreasen (ECR) ha explicado que en el Ministerio les han asegurado de "forma tajante" que es constitucional, por lo que ha considerado que esta vía va a ser bastante difícil.

Adreasen ha reiterado la preocupación desde el punto de vista europeo de que la ley no satisface la necesidades de seguridad jurídica.

Los eurodiputados han manifestado asimismo su inquietud por los registros de la propiedad y han defendido que deben actualizarse, ya que, han señalado, hay muchos inversores afectados que no saben si la propiedad es legal.

Reineer Wieland del PPE ha apuntado por último que en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay jurisprudencia que dice que cuando el legislador nacional legisla respecto a algo que concierne a todos los ciudadanos de la UE hay que tener en cuenta los límites de la legislación europea y la nacional y la Carta de Derechos Humanos.

La delegación que ha visitado España redactará ahora un borrador de informe que, no obstante, no es vinculante.

En su reunión de hoy con las ONG, estas últimas les han expresado que la reforma supondrá un incremento de la inseguridad jurídica, la legalización de construcciones ilegales, y una mayor vulnerabilidad del litoral español.

Los ecologistas han incidido en que la actual Ley de Costas se está modificando en respuesta a intereses económicos de determinados sectores e incluso empresarios concretos, en detrimento del medio ambiente y de los intereses de la mayoría de la sociedad.

http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/politica-ambiental/eurodiputados-revelan-inquietud-por-la-seguridad-juridica-de-la-ley-de-costas_4Hns7j26JtduiDywjFCed4

Los pequeños propietarios denuncian su indefensión por la Ley de Costas

Asociaciones de pequeños propietarios con viviendas en las playas españolas han denunciado hoy su "indefensión" ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la reforma de la Ley de Costas, que consideran "confiscatoria" de sus bienes privados.


Los denunciantes se reunieron el 21 de marzo con una delegación de esta Comisión que se encuentra en Madrid para analizar las denuncias presentadas sobre la citada reforma y estudiar si vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y propiedad privada.

En el encuentro, abierto a los medios, han participado portavoces de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas; Afectados de Cho Vito (Tenerife); Playazo de Vera (Almería); Asociación de Propietarios de Empuriabrava; El Saler (Valencia) o Urbanización Mil Palmeras (Alicante).

La mayoría consideran que tanto la vieja ley de 1988 como la actual reforma vulneran el derecho a la propiedad privada y que la ampliación de las concesiones a 75 años limita "el uso ilimitado" que tienen como propietarios de sus casas.

En el caso de los Afectados de Cho Vito se ha denunciado que han sido desposeídos por completo de sus propiedades, y en general todos se han preguntado cómo es posible que la protección ambiental se ponga por encima del derecho a la propiedad.

La delegación parlamentaria está compuesta por la eurodiputada austríaca del Grupo ALDE Angelika Werthmann, los alemanes Rainer Wieland y Peter Jahr (PPE), los británicos Michael Cashman (S&D) y Marta Andreasen (ECR) y la danesa Margrete Auken (Los Verdes).

Mañana tienen previsto reunirse con autoridades del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y ONG.

La reforma de la Ley de Costas impulsada por el Gobierno fue aprobada el pasado 20 de febrero en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, y ha sido remitida al Senado para su debate y posterior votación.

76 quejas

La Comisión de Peticiones visita España tras recibir 76 quejas, la mayoría de ellas por parte de propietarios de viviendas en la costa.

También hay organizaciones medioambientales que les han expresado su disconformidad con la reforma por poner obstáculos a la protección de la costa.

La Comisión de Peticiones estudia las reclamaciones de ciudadanos de la UE, que señalen posibles infracciones sobre los derechos reconocidos en el Tratado de la UE.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/22/suvivienda/1363940636.html

jueves, 21 de marzo de 2013

RESULTADOS DE LA LOTERIA DE LA LEY DE COSTAS.El PP suaviza la ley y salva del derribo los barrios costeros que pagan luz y agua

Los núcleos costeros del norte de Gran Canaria -entre Arucas y Guía- otros tres de Tenerife y uno en La Gomera a los que la ley de Costas condenaba al derribo podrían salvarse de la piqueta otros 75 años más tras la decisión de las Cortes de flexibilizar en la reforma normativa las condiciones exigibles para su pervivencia. Los senadores del PP lograron a última hora del martes que la dirección de grupo parlamentario aceptara una enmienda que modifica, de forma mínima, el texto que se aprobó en el Congreso de los Diputados el 19 de febrero pasado a instancias del ministerio de Medio Ambiente.




Los barrios que verían alejarse la piqueta serían, en Gran Canaria: El Puertillo, Quintanilla, San Andrés, El Altillo, Charca de San Lorenzo, San Felipe, Caleta de Arriba, Caleta de Abajo o La Furnia; en Tenerife: Igueste de San Andrés, Taganana y Almáciga; en La Gomera, el litoral de Valle Gran Rey. Todos ellos son núcleos que ya existían antes de la entrada en vigor de la ley actual, en 1988, y que en 2018 debían proceder al derribo.



No correrán la misma suerte los núcleos construidos con posterioridad a entrar en vigor la ley ni aquellos que tengan ya orden de derribo. En la provincia de Las Palmas, entre estos últimos estarían: Tufia y Ojos de Garza, en Gran Canaria; El Golfo, La Santa, Famara, Los Ancones y Las Caletas, en Lanzarote; y Majanicho, El Jablito, Los Molinos, Jablito, Jacomar y El Puertillo, en Fuerteventura.



La enmienda del PP reduce de dos a una las exigencias mínimas para esas áreas a menos de 100 metros de la costa en zona de servidumbre y que, sin estar clasificados como suelo urbano, podían acogerse a las excepciones de aplicación de la ley y por tanto evitar el derribo. También facilita la tramitación ante el ministerio de Medio Ambiente del informe preceptivo -que debe solicitar cada ayuntamiento con el apoyo de los cabildos y el Gobierno-, para la delimitación de estas áreas.



La norma vigente establece los siguientes requisitos: que contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro eléctrico; y que estuvieran comprendidos en áreas transformadas y aptas para la edificación o consolidadas para ella, al menos en un tercio de su superficie. La enmienda abre la posibilidad de la pervivencia a las zonas que cumplan cualquiera de estos dos requisitos y no hace falta por tanto que cumplan los dos, como hasta ahora.



La senadora grancanaria Pepa Luzardo reconocía que la modificación admitida por Medio Ambiente, ante el que habían estado negociando los senadores canarios del PP la tarde anterior, es menos ambiciosa de lo que pretendían ella y sus compañeros, pero sí lo suficientemente amplia y flexible como para que se pueda aplicar a "algunos" barrios costeros de las Islas. Según Luzardo, si los ayuntamientos tienen reconocidas las zonas afectadas como suelo urbano y en ellas se paga el IBI y los servicios de agua y suministro eléctrico, "son perfectamente legalizables".



Luzardo, no obstante, recuerda que pese al "acuerdo mínimo" existe aún la posibilidad de mejorar el proyecto de ley bien a través de la transacción de enmiendas con CC y el PSOE durante la tramitación de la ley en el Senado, o bien mediante el Reglamento que debe aprobarse posteriormente para la aplicación de la norma.



Los senadores nacionalistas y socialistas echan, sin embargo, un jarro de agua fría al optimismo de los populares canarios. Unos y otros coinciden en asegurar que esta enmienda "deja las cosas prácticamente como estaban" en el texto que se aprobó en el Congreso y que "no con ella no se libra del derribo ninguna de los núcleos urbanos y áreas afectadas por la ley". El senador de CC por El Hierro, Narvay Quintero, señalaba que "las enmiendas del PP no tienen la relevancia suficiente como para considerar que afecte a los núcleos importantes que se ven afectados en las diferentes Islas". Quintero ha presentado una enmienda en la que reclama que se mantengan en pie también barrios y núcleos de población que tengan valor histórico, cultural, arquitectónico, paisajístico o etnográfico y que se de un plazo de seis meses para su consolidación como suelo urbano por la administración competente.



Desde el PSOE, el senador tinerfeño Aurelio Abreau aseguraba ayer que "los senadores del PP han engañado a los canarios y han incumplido las promesas que hicieron a los ciudadanos de las zonas afectadas mientras se hacían fotos con ellos".



CC y PSOE reprochan además a los populares que no hayan forzado la inclusión de algunos enclaves concretos de Canarias entre los que quedan exceptuados de la aplicación de la ley, como sí se hace con las construcciones en el litoral de Formentera y con otros doce núcleos de distintos puntos de la Península.



Quintero y Abreu sí se mostraron de acuerdo con la enmienda del PP que permite la utilización de los tramos urbanos de playa para eventos de interés turístico y la que abre las zonas portuarias a la actividad comercial y de restauración.



El debate y votación definitiva de proyecto en el pleno del Senado se producirá en la segunda quincena de abril y se deberá ratificar, ya en mayo, en el Congreso.

http://www.laprovincia.es/canarias/2013/03/21/pp-suaviza-ley-salva-derribo-barrios-costeros-pagan-luz-agua/520995.html

miércoles, 20 de marzo de 2013

Los senadores del PP presionan para salvar de la piqueta barrios costeros (OTRA VEZ,,,Y VAN)

El PP canario se ha hecho eco de las críticas a la Ley de Costas que se tramitan en las Cortes por condenar al derribo a cerca de 10.000 edificaciones en el conjunto de las Islas y busca flexibilizar los criterios de aplicación para salvar parte de esas construcciones. Los senadores canarios del PP negociaban a marchas forzadas en la tarde de ayer con la dirección del grupo parlamentario en la Cámara Alta, donde se encuentra ahora el proyecto de ley, y con el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que les aceptaran varias enmiendas en este sentido. "Estamos intentando que se abra algo el abanico de excepciones que impida el derribo de algunos núcleos y edificaciones en varias islas", aseguraban ayer varios senadores canarios que buscaban la inclusión de sus propuestas entre las que el PP del Senado registraría antes de que el plazo para ello acabara a media noche.



Proyecto  Ojos de Garza(Eliminación de todas las viviendas)

Los senadores conservadores, que eludieron hacer público el texto de las enmiendas que habían remitido a la dirección del grupo en la Cámara, reconocen que su propuesta no cubría buena parte de los casos que se ven afectados por el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados el pasado 19 de febrero, pero resaltan que sí afectaría a varios núcleos y barrios marineros que ahora estarían condenados a la piqueta.


Los criterios que los senadores canarios del PP tratan de incorporar a la ley afectarían sobre todo a edificaciones y viviendas de municipios del norte de Gran Canaria, como Moya, Arucas y Guía, y de La Palma, así como a otros casos de distintas islas. No afectaría sin embargo a las barriadas y construcciones sobre los que se está a la espera de ejecución de sentencia de derribo, como sería el caso de Ojos de Garza y Tufia. También escapan al interés del PP las infraviviendas, chabolas y otras edificaciones que han ido levantándose de forma clandestina en el frente del litoral y a menos de cien metros de la costa.


                                                         Proyecto de Tufia. (Eliminación de todas las viviendas)


La propuesta del PP canario pretende sobre todo que la nueva ley incorpore algunas singularidades del Archipiélago en el mismo sentido que lo ha hecho con otras regiones, como Baleares, para tratar de salvar algunos barrios costeros construidos hace décadas y que fueron respetados por la Ley de 1988 que ahora se trata de modificar. SI FUERON RESPETADOS POR LA LEY DE COSTAS DE 1998, COMO ES QUE ESTAN AFECTADOS AHORA?


Los parlamentarios conservadores reconocen que la reforma de la ley ha ido más allá de lo previsto inicialmente en cuanto a las condiciones del deslinde terrestre-marítimo y su aplicación.


Desde el PP también se recuerda que el reglamento de la ley se aprobará en seis meses y que en él también se pueden incorporar elementos que flexibilicen la norma y salven algunos núcleos afectados. Los senadores canarios confiaban en la tarde de ayer en que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, atendieran a sus argumentos, aunque a última hora de la tarde aún no habían tenido confirmación a sus propuestas, lo que no les incitaba precisamente al optimismo.


Por su parte, CC y el PSOE han presentado enmiendas encaminadas a una revisión importante de los criterios de deslinde reconocidos en la Ley tal como salió del Congreso y el reconocimiento de las singularidad de Canarias dado que muchas de las barriadas afectadas son núcleos pesqueros o turísticos cuya actividad económica da trabajo a miles de personas. Una de las enmiendas pretende que se recoja una moratoria de un año para la ejecución de las sentencias firmes en aquellos núcleos de población que están tramitando urgentemente su reubicación, como son los casos de Ojos de Garza o Tufia en Gran Canaria. También pide que se tengan en cuenta los valores etnográficos, históricos y arquitectónicos de los barrios marineros y que se permita incluirlos entre las excepciones a los derribos

http://www.laprovincia.es/canarias/2013/03/20/senadores-pp-presionan-salvar-piqueta-barrios-costeros/520754.html

martes, 19 de marzo de 2013

El PP cambia la Ley de Costas para ´indultar´ A Illa y parte del núcleo urbano de Moaña

Los populares proponen que se rebaje la zona de protección - Demandan para Galicia el mismo trato "singular" que reciben Formentera y otras diez poblaciones de la península


El PP modificará la Ley de Costas en su tramitación en el Senado para rebajar la protección en parte del núcleo urbano de Moaña y en A Illa de Arousa. Se trata de dos "soluciones concretas" que los populares pretenden introducir en la reforma para dar respuesta a "singularidades" de Galicia. En el caso de Moaña lo que se busca es que se "indulte" una parte de su núcleo urbano que en el deslinde ha quedado dentro de la zona de dominio público marítimo terrestre, sometiendo al estricto régimen de concesión a varios edificios residenciales y hasta a dos colegios públicos. Se pide que esta zona sea considerada como cualquier otro suelo urbano. Y en A Illa se quiere que la zona de protección se restrinja solo a la franja que queda entre las carreteras y el mar, ya que tal como está la ley y debido a la morfología de la isla, muy estrecha, todo el enclave quedaría prácticamente afectado y sin posibilidad de hacer ningún desarrollo urbanístico en su interior por menor que fuera.

Estas enmiendas han sido impulsadas por el PPdeG y, salvo sorpresa mayúscula, se incorporarán al texto definitivo de la nueva Ley de Costas. De su contenido y alcance informaron ayer al PPdeG, en la reunión del grupo parlamentario, los senadores Enrique López Veiga y María Elvira Larriba. Se quiere, como advirtió el viceportavoz popular Román Rodríguez, "adaptar" la ley a las "especifidades" de la comunidad autónoma.

Para defender un estatus especial para A Illa, el PP toma como referente el caso de Formentera. Quiere el mismo trato. Con las áreas de protección que establece la norma entre el dominio marítimo terrestre y la zona de servidumbre -cien metros a contar desde la línea de mar- y los espacios interiores protegidos por la legislación ambiental, A Illa quedaría, debido a pequeño tamaño, "fosilizada y sin posibilidad de hacer prácticamente nada", en palabras de Román Rodríguez.

Para corregir esta disfunción, el PP reclama que no se tengan en cuenta las distancias marcadas por la ley, sino que como en Formentera, se consideren las vías de circulación pegadas a la costa como la línea de separación entre el dominio público y el resto de territorio. Eso, evidentemente, supondría una rebaja sustancial del área de protección.

En el caso de Moaña la situación es otra. Los deslindes realizados incluyeron en la zona de dominio marítimo terrestre edificios completos e incluso dos colegios, por lo que el titular de las viviendas es el Estado, si bien los ocupantes de la viviendas tienen la posibilidad de ocuparlas por una concesión de treinta años prorrogables otros treinta.

Deslindes

Es además uno de los pocos ayuntamientos españoles -y el único gallego- en el que se clasificó, debido a los deslindes, una parte del núcleo urbano dentro del dominio marítimo. Lo que pide el PP es que esa parte sea excluida de la zona de máxima protección de costa y pase a funcionar como cualquier otro suelo urbano, solo sujeto al planeamiento urbanístico municipal.

Para ello, los populares reclaman que se incorpore a la lista de los diez núcleos singulares indultados en Girona, Huelva, Valencia, Alicante o Málaga. El PP considera que al igual que esa decena de pueblos, Moaña merece una "solución singular" ya que los terrenos sobre los que se ha edificado en absoluto merecen la protección o la utilización del dominio público por su degradación o característica física actual. "En realidad, forma parte del caso urbano de Moaña que es un núcleo urbano de dimensiones notables", defiende el PP, que entiende que además este cambio es de "justicia moral".



http://www.farodevigo.es/galicia/2013/03/19/pp-cambia-ley-costas-indultar-illa-parte-nucleo-urbano-moana/776330.html


Y EN CANARIAS, ¿QUE NUCLEOS SE SALVARÁN? ¿CUANTOS POLITICOS DEL PP DE CANARIAS HAN SALIDO A DEFENDER PUEBLOS COSTEROS? ¿CUANTOS POLITICOS CANARIOS DEFIENDEN ESTOS PUEBLOS COSTEROS?

   La respuesta, es NINGUNO. Canarias tiene más motivos  para tener un trato difierente dentro de la nueva norma en materia de Costas,por nuestra geografía, nuestra cultura, nuestra lejania, nuestro espacio protegido,,,,,,




domingo, 17 de marzo de 2013

Vaya, vaya, aquí (aún) no hay playa!. (Como anteponer los intereses económicos ante la seguridad de las personas)

La joya de la corona en el programa electoral del alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, en las dos últimas elecciones municipales, la gran playa de Punta Larga, puede estar durmiendo el sueño de los justos. Después de que hace poco más de dos años se terminara la primera fase, la más sencilla, con un presupuesto de casi dos millones y medio de euros,(Y QUE SE REPARARA TRES VECES ,CON UN COSTE CASI IGUAL AL DEL PROYECTO INICIAL) ahora hacen faltan veinte más para completar el proyecto inicial aprobado en su día con el beneplácito de la Dirección General de Costas, encargada de la financiación.


S








Situación actual de los vertidos y emisarios. SIN REPARAR



La primera actuación, de un total de tres previstas en el litoral de Las Caletillas, abarcó el tramo que va desde la escultura del Pez hasta el hotel Tenerife Tour. El proyecto de acceso al mar y equipamientos constaba de una parte central con una escollera de protección de 240 metros y otra más próxima al hotel ahora cerrado de 140 metros de longitud, con plataformas de madera y solárium. Se terminó en un año y medio y fue inaugurada el 16 de enero de 2011.



Emisario de Punta Larga.













Para completar el gran proyecto de rehabilitación del litoral candelariero faltaría la regeneración de la playa y el sendero litoral. El primero cuenta con un presupuesto de 19.112.580 euros, mientras que el del sendero costaría 802.161,27 euros.


El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Candelaria, Domingo Ramos, no tiene reparos en reconocer que “para este año no hay prevista financiación alguna para la playa”, un hecho que se repite con muchos de los proyectos inicialmente aprobados por Costas para Canarias, excepto en el caso de Santa Cruz de La Palma, cuya playa ya está en marcha con un presupuesto que alcanza los treinta millones de euros.

El primer teniente de alcalde de Candelaria, sin embargo, no arroja la toalla y espera que este parón financiero será provisional y manifiesta que “desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para conseguir que se realice el proyecto que es de gran importancia, no solo para Candelaria sino para el resto de la Isla”, a la vez que reconoce que están “barajando, junto con la Dirección General de Costas, la posibilidad de estudiar otras fuentes de financiación que hagan viable seguir adelante con un proyecto ya iniciado con la obra de accesos al mar y equipamientos en Punta Larga, aunque es obvio que queda lo más cuantioso, la playa propiamente dicha”.

Emisarios y vertidos de Candelaria. Como para darse un baño.

Domingo Ramos entiende que el parón de la gran playa está perjudicando el crecimiento económico de la zona y del municipio en general, aunque reconoce que “la finalización de la primera fase ya ha supuesto un incremento de visitantes y por tanto el volumen de negocios en la avenida marítima”.

Un paseo que terminará en breve por llegar hasta Cho Vito, una vez que las palas concluyan el derribo de las nueve viviendas que aún resistían la Ley de Costas. “La primera fase de ese paseo se terminará en unas semanas, y la segunda fase está pendiente de que se redacte el proyecto por parte de la Dirección General de Costas y que se dote de la financiación correspondiente”.

Un proyecto en donde entrarán las piscinas hoy clausuradas del hotel Punta del Rey y la que fue del hotel Tenerife Tour. Aunque llegó a plantearse la idea de que estas fueran recepcionadas por el Ayuntamiento, Domingo Ramos comenta que “debido a la nueva normativa de piscinas, relativas a cuestiones sanitarias y de seguridad, y desde el punto de vista económico, no es aconsejable el rescate por parte del Ayuntamiento. Será Costas la que tendrá que gestionar la recuperación del dominio público terrestre”, finaliza el concejal.

http://www.diariodeavisos.com/vaya-vaya-aqui-aun-hay-playa/

  ESTE PROYECTO CUENTA CON LA CORRESPONDIENTE EVALUCACION AMBIENTAL,

, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, a la vista de la Propuesta de Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto de Rehabilitación de la playa de Punta Larga, T.M. de Candelaria (santa Cruz de Tenerife), concluyendo que siempre y cuando se autorice en la alternativa y en las condiciones anteriormente señaladas, que se han deducido del proceso de evaluación, quedará adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos naturales.


Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 12.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, y se comunica a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar para su incorporación al procedimiento de aprobación del proyecto.

 LO QUE NO SE CUENTA, ES QUE LA ZONA ESTA RODEADO DE EMISARIOS DEFICIENTES, QUE NO SON REPARADOS, Y QUE CONSTITUYEN UN GRAVE PROBLEMA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS PERSONAS.




sábado, 16 de marzo de 2013

Eurodiputados viajarán a Madrid para estudiar denuncias sobre Ley de Costas

La comisión de peticiones del Parlamento Europeo viajará a Madrid los días 21 y 22 de marzo para analizar las 76 denuncias recibidas en Bruselas sobre la reforma de la Ley de Costas.


Según ha anunciado en un comunicado la oficina del Parlamento Europeo en España, la delegación se reunirá con representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la sociedad civil y de las organizaciones denunciantes.

Su objetivo será estudiar si la reforma de la Ley de Costas, aprobada el 20 de febrero por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de la propiedad privada.

Los seis eurodiputados de la comisión de peticiones pertenecen a cinco grupos políticos, y estarán acompañados por los eurodiputados españoles Carlos Iturgaiz (PP) y Willy Meyer (IU).

Según señala el comunicado, la mayoría de las 76 peticiones recibidas sobre la reforma son de propietarios de viviendas en la costa "insatisfechos con las modificaciones".

También se han recibido denuncias de las organizaciones medioambientales que consideran que la reforma pone obstáculos a la protección de la costa, e informes de ciudadanos "que están mayoritariamente de acuerdo con la propuesta del Gobierno Español".

La norma, que sustituye a la ley del año 1988, salvará del derribo durante 75 años a más de 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la costa.

EFE



jueves, 7 de marzo de 2013

La ley de Costas en Canarias es selectiva

La Ley de Costas en Canarias es selectiva y el ayuntamiento de Tijarafe. Así lo cree, y presenta Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra Costas por querer derribar la zona costera del Proís en Candelaria. Y le da la razón con fecha 4 de marzo de 2013. Lo que demuestra a priori que los derribos de viviendas en las Costas de Canarias, se efectúa por la dejadez o complicidad de ayuntamientos, Cabildos Insulares y Gobierno de Canarias.


En Canarias está previsto derribar 41 núcleos costeros, mientras en el continente indultan a 10 núcleos y en territorio anexo a todas las de la isla de Formentera (Baleares).

Cuarenta y un núcleos costeros quieren derribar en Canarias porque la ley de Costas se aplica selectivamente en Canarias, afectando a más de 1.500 canarios. Atentando a nuestros valores históricos, culturales, etnográficos; tiran nuestras antiguas viviendas hechas con penuria y sudor… por los presentes y fallecidos familiares, alegando que invaden la zona marítimo-terrestre, y, nos dejan en la puta calle. Sin embargo, en el territorio continental y anexo, les garantizan su supervivencia 75 años, porque las instituciones implicadas (Alcaldes, Diputaciones…) han solicitado su indulto.

En Canarias Costas con el silencio cómplice de las instituciones implicadas: alcaldes, presidentes de Cabildos y presidente del Gobierno de Canarias sentencian a la destrucción los siguientes núcleos costeros:

a) En la isla de La Palma 10, El Remo (Los Llanos de Aridane), la Bombilla (entre Los Llanos de Aridane y Tazacorte), Punta Larga, El Faro y La Zamora (Fuencaliente), Puerto Trigo, Puerto Paja y Martín Luís (Puntallana) Las Mretas (Mazo) y Caleta del Palo (Breña Baja).

b) En Tenerife 15 núcleos, como Boca Cangrejo (El Rosario)…

c) La Gomera 1, Puntallana (San Sebastián de la Gomera).

d) Hierro 3, Pozo de la Salud (Frontera)…

e) Gran Canaria 5, Tufia (Telde)…

f) Lanzarote 1, El Golfo (Yaiza).

g) Fuerteventura 6, Puerto Lajas (Puerto de Rosario)…

En la isla de la Graciosa y otras muchas miles de viviendas de Canarias que tiene la zapata sobre la arena de playas, en terrenos de protección…, no las derriban. ¡Qué casualidad! ¿Quiénes serán sus dueños?

Otras comunidades, hacen gestiones administrativas ante Costas y consiguen indultar 10 asentamientos costeros, como en la provincia de Alicante unas 800 viviendas en los edificios de Alacant, Helios y Rocafel y Santa Pola, en Gerona dos núcleos como Empueriabravo y Paja de Aro, Huelva 3, casco urbano de isla Cristina…, Málaga 2, Pedregalejo y El Palo, Valencia 1, Olivares.

Uno dice más, en la isla de Formentera (Baleares), no se derriban los núcleos costeros porque su Comunidad Autónoma ha solicitado el indulto alegando tener identidad propia.

El Gobierno vernáculo ¿Es culpable de los derribos? Uno cree que sí por su silencio cómplice, y pasividad ante la obligación moral de solicitar una merecida prórroga para nuestros emblemáticos núcleos costeros. Y el pueblo, ¿es culpable? A uno no le vale el victimismo ¿No puedo hacer nada? Sí se puede, sí se puede.

¿Usted que ha hecho? Ante la injusticia de destruir nuestras casas en si misma, acrecentada comparativamente (continente y anexo) que, es la mayor de las injusticias que se puede cometer.

El pueblo tiene que usar la palabra, manifestaciones, huelgas y si no es suficiente ante los simios que nos gobiernan; ponernos en huelga de hambre como hicieron los vecinos de Cho Vito en Candelaria (Tenerife), antes de permitir derribar viviendas costeras selectivamente, hechas con sudor de los presentes o de nuestros ancestros comiendo gofio procedente de cereales mezclado con raíz de helecho.

La historia no eximirá de culpabilidad a los ciudadanos que actualmente se escudan en los políticos. La historia dirá: los políticos son unos zánganos representando a un pueblo paquete; donde unos critican a los valientes de Cho Vito, y otros se quedan acojonados en su casa porque les da vergüenza o por precaución ante el trabajito prometido.

Y Las generaciones futuras cuando junto con otros males les asolen; nos maldecirán.

Debemos elegir ante la disyuntiva de ver un partido de fútbol u organizarnos para que no destruyan nuestra cultura… formarnos… y exigir al Gobierno de Canarias, o lo que sea, porque a lo mejor no es gobierno ni nada, sino un enjambre de zánganos, donde pululan como buenos simios en una institución social y donde priva el amiguismo, el nepotismo, el chanchullo, y el comadreo como parte intrínseca de su conducta ética, porque ellos son los principales culpables de dejarnos sin viviendas, porque en vez de defender nuestros entornos costeros ante depredadores medioambientales para su enriquecimiento personal, lo que hacen es culpar al Gobierno de España en vez de solicitar el indulto de nuestros inmuebles como han hecho y conseguido otras comunidades. Con esta guisa; mientras los canarios adormilados crean sus patrañas, difundidas a través de sus medios de comunicación y de otros afines, seguirán derribando viviendas costeras en Canarias.

http://www.gomeranoticias.com/blog/la-ley-de-costas-en-canarias-es-selec

Aunque le faltan por nombrar muchos más pueblos costeros, en realidad son 112, y más de ciento treinta mil afectados en Canarias, este es el SENTIR DE TODOS LOS AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS EN CANARIAS.

miércoles, 6 de marzo de 2013

El Estado retrasa una decisión sobre los hoteles en las dunas de Corralejo

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, no garantiza el futuro del hotel Oliva Beach y de sus 400 trabajadores dado que los propietarios del complejo hotelero, ubicado en el interior del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, tienen hasta 2017 la concesión administrativa del uso y aprovechamiento en terrenos de dominio publico marítimo-terrestre.


Ramos respondió al senador socialista Domingo Fuentes Curbelo, sobre el futuro de los establecimientos hotel Riu Oliva Beach y apartamentos Riu Oliva Beach, señalando, según Fuentes, que no podía aventurar lo que va a ocurrir ya que en estos momentos acaba de entrar la modificación de la Ley de Costas en el Senado. Federico Ramos aseguró que una vez aprobada la Ley, que situó antes del verano, y después de conocer la voluntad de la propiedad, sería el momento de tomar decisiones al respecto. El secretario de Estado aseguró entender la inquietud de las familias afectadas, a las que reiteradamente aludió el senador socialista, sin desvelar en ningún momento si habrá ampliación de la concesión administrativa o no. "Una vez aprobado el nuevo marco normativo, estudiaremos lo que se puede hacer", concluyó Ramos.

Fuentes afirmó "no se trata tanto de indultar un inmueble viejo, de más de 30 años, construido sobre el dominio público marítimo terrestre, que afecta negativamente al Parque Natural de Las Dunas de Corralejo, sino más bien de salvar los más de 400 puestos de trabajo directos y muchísimos indirectos".

http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2013/03/06/retrasa-decision-hoteles-dunas-corralejo/518109.html

Vamos aver si nos aclaramos. Ya me parece raro, que un senador SOCIALISTA,  del mismo signo político de los que crearon esta ley tan confiscatoria, defienda un hotel. Y por supuesto me parece aún más extraño .que hable que se trate de salvar los puestos de trabajo.
   Cosa rara. En pueblos como Cho Vito, ningún senador socialista se preocupo por el estado de las personas con su vivienda alli. no se preocuparon por donde iban a dormir, si perdieron sus puestos de trabajo, o incluso su salud.
    Volvemos a lo mismo, LA LEY NO ES IGUAL PARA TODOS. TIEMPO AL TIEMPO, Y VERÁN COMO ESE HOTEL SE LEGALIZA

domingo, 3 de marzo de 2013

LO ILEGAL Y LO PERMITIDO

  Desde hace muchos años, más de millón y medio de afectados por la ley de Costas, llevan una lucha desigual. La lucha por mantener sus viviendas, legitimamente adquiridas, construidas o heredadas.
   En esa lucha, se ha demostrado la desigual vara de medir de la Dirección General de Costas, y de los tribunales de Justicia, al aplicar la ley, y definir lo legal y lo ilegal. Según quien cometa el supuesto delito, es permitido, aunque sea la mayor aberración urbanistica, sirva para eliminar zonas de costas de gran belleza, o simplemente sea en nombre del turismo, y de un supuesto interés general; mientras pueblos costeros tradicionales, de muchos años, incluso alguno de un siglo de antiguedad son ilegales por la misma norma.
Sirva de ejemplo las siguientes dos noticias .


Anfi inicia en verano su nuevo hotel






El Grupo Anfi prevé comenzar este verano la construcción de Ruby, un hotel de lujo con 600 camas en el Valle de Tauro (Mogán), en cuanto tenga el visto bueno para la construcción del puerto deportivo. El complejo, que cuenta «con todas las bendiciones administrativas», supondrá una inversión de 60 millones.

El Grupo Anfi prevé comenzar a construir el hotel Ruby en paralelo al inicio del puerto deportivo que proyecta a los pies del Valle de Tauro. La cadena no ha querido comenzar la obra de la su nueva joya turística de cinco estrellas en Mogán hasta tener luz verde para la creación de los atraques, pese a contar desde hace años con la licencia para levantar el hotel, incluido en el proyecto turístico de Anfi Tauro que contempla la construcción de un total de 7.500 camas, dos playas artificiales y el mencionado puerto.

Y el momento se acerca, porque el proyecto del muelle está ya «en la fase de información pública», por lo que podría obtener el permiso «a finales de febrero», según explicó a este periódico el director general del Grupo Anfi, José Luis Trujillo. De cumplirse estas expectativas, las obras de este complejo de «lujo» se iniciarían «en verano», con lo que estaría terminado a mediados de 2015

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=291268



Turismo de ruinas en Guardamar
Chalés que nacieron hace un siglo junto a la orilla del mar languidecen por culpa de una Ley de Costas que impide cualquier obra a la espera de que expire en 2018 la concesión de sus propietarios


El estado ruinoso de las viviendas en la orilla de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, sigue copando la mirada ingenua de los turistas en una imagen que se repite de año a año, pero cada vez más degradada a medida que los temporales han ido actuando contra las edificaciones construidas. La actual Ley de Costas no permite a sus propietarios reforma alguna en lo que se refiere a la estructura, sólo pequeños retoques en el interior. Por ese motivo hay quien ya lo ha perdido todo.

Las viviendas se construyeron a principios del siglo pasado. Levantaron sus pilares bajo una concesión administrativa que en el mejor de los casos finaliza en 2018. En un principio, todos los inmuebles del litoral guardamarenco afectados por la estricta ley deben ser derruidos, pero los más optimistas están a la espera de una reforma del Gobierno central que podría concederles otros 75 años más, aunque nadie cree que sea posible.

En estos momentos, y a falta de pocos años para que se finiquiten todas las concesiones, hacer una inversión millonaria en estas casas sería una osadía, y además no se podría al estar sancionado. Costas no les permite ni arreglar ni restaurar las zonas dañadas de sus hogares, tan solo ver cómo todo se echa a perder. Los viandantes se pueden encontrar fácilmente escombros esparcidos a pie de playa. Dicen que la Ley de Costas ha creado una situación disparatada, pues ni ellos ni la administración local pueden actuar sobre estos inmuebles casi derruidos y que son un auténtico peligro para cualquiera que se acerque por allí.

Desde el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, proponen medidas para voltear esta situación que daña la imagen de una localidad costera turística y que, al mismo tiempo, desquicia a los propietarios que ven cómo sus viviendas de playa se caen en pedazos sin poder remediarlo.

Esta legislación no sólo afecta a los propietarios de concesiones en primera línea, también hay 200 familias del municipio que están pendientes del deslinde recientemente aprobado y que ha dejado sus casas dentro del límite marítimo terrestre; es decir, afectadas por la Ley de Costas que limita sus derechos a medio y largo plazo.

Aunar fuerzas

En cualquier caso, la postura del Ayuntamiento es clara en este sentido. Desde hace años se está trabajando para darle un giro a la situación. PSOE y PP han mantenido diversas reuniones para aunar fuerzas y apoyos suficientes en otras administraciones públicas con el fin de respetar estas propiedades.

Mientras, la resignación provoca una imagen sorprendente donde los andamios, bloques de piedra y casas medio derruidas llaman la atención de quienes pasean por esa playa. Se podría hablar de una ciudad perdida del pasado, pero nos encontramos en Guardamar del Segura, un municipio que cada año recorre medio planeta para promocionar su marca turística de sol y playa.

Y toda esta situación se mantendrá un año más. Ahora con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina, que traerá miles de turistas a esta localidad costera en busca, principalmente, de sol y playa. Mientras, el Ayuntamiento se limita a vigilar la seguridad de la zona, pero la imagen que se ofrece en esta zona está lejos de cualquier sello de calidad turística.

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2013/03/03/turismo-ruinas-guardamar/1349505.html





¿QUEDA ALGUIEN QUE CREA QUE LA LEY DE COSTAS ES IGUAL PARA TODOS?

¿LA JUSTICIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS, ACTUA DE LA MISMA MANERA CON GRANDES HOLDINDS HOTELEROS QUE CON PEQUEÑOS PUEBLOS COSTEROS?


domingo, 24 de febrero de 2013

Costas marca la línea

El deslinde costero de Santa Cruz ha traído de cabeza a muchos vecinos, sobre todo de la zona de Anaga. Con la aprobación de la nueva Ley de Costas en el Congreso, esta foto puede volver a cambiar.


Cada vez que la Dirección General de Costas realiza un deslinde, un maremoto remueve la vida de las miles de personas que tienen una casa cerca del mar.

Costas es quien marca la línea que delimita el dominio público marítimo-terrestre, el lugar donde no puede existir ninguna edificación, y también quien aprueba la servidumbre de protección.

Estos términos técnicos, en la práctica, tienen decisivas consecuencias sobre los ciudadanos. La servidumbre de protección se establece desde el lugar donde acaba el dominio público y va desde un máximo de 100 metros, en terrenos no urbanizables, a un mínimo de 20 metros en zonas urbanas.

Si existe una obra o instalación construida antes de 1988 y estas fueron autorizadas por la anterior Ley de Costas de 1969 o las que se aplicara antes, el Gobierno de la nación otorga una concesión. El máximo de dicha concesión es de 30 años prorrogable otros 3o. Cuando finaliza esta concesión, la construcción es demolida.(TAMBIEN PUEDEN RESCATAR LA CONCESIÓN CUANDO COSTAS QUIERA)

También puede darse el caso de que la vivienda esté en servidumbre de protección. La pugna entre propietarios y Costas pasa por delimitar dicha servidumbre. La ley de 1969 la establecía en 20 metros, pero la de 1988 ascendía el máximo a 100.

Si estás en servidumbre de protección también vas a tener problemas. Tu casa está fuera de ordenación y no puedes hacer nada con ella, salvo dejarla caer con el paso del tiempo.

Con una nueva Ley de Costas en ciernes, el deslinde del litoral de Santa Cruz de Tenerife puede volver a cambiar. Pero por ahora esta es la foto fija de cuál es la situación de los 58 kilómetros de costa de la capital.

Donde más vecinos hay afectados por el dominio público es en los núcleos urbanos de Anaga. De hecho, Sí se Puede presentó en noviembre una moción sobre este asunto que fue aprobada por unanimidad. En ella se solicitaba que el proyecto de ley de la nueva Ley de Costas introdujera "una enmienda en la que se reconociera la reducción de la servidumbre de protección a 20 metros para las entidades de población existentes antes de 1988 y cuyas características, por encontrarse en un ámbito rural clasificado como suelo rústico, no justifiquen su clasificación como suelo urbano".

Arcila se mostraba especialmente preocupado por los núcleos de Tachero, Roque de las Bodegas, Almáciga e Igueste de San Andrés, que son los que cuentan con una línea de dominio público más amplia (de 100 metros), a pesar de haber solicitado su reducción a 20 metros.

En el caso del deslinde entre la playa de El Burro y la de Antequera, Costas argumenta que, a la entrada en vigor de Ley de Costas, los terrenos de Igueste de San Andrés no estaban clasificados como suelo urbano en el PGO de 1957. La revisión del PGO de 1992, mantenía la clasificación de dichos terrenos como rústicos.

De hecho, critican que en el informe emitido expresamente en noviembre de 2002 por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no se desprende situación urbana consolidada en el núcleo de Igueste de San Andrés previa vigencia de la Ley de Costas. "Se trata de un informe ad hoc para este procedimiento, que no se apoya en ningún otro informe, certificado y cualquier otro tipo de documento que avale las manifestaciones contenidas en el mismo", asegura el informe.

Costas estima parcialmente las alegaciones de Haineto Príncipe de Anaga y dos vecinos más. Pero desestiman las de más de 35 vecinos.

Se desestiman las alegaciones de cinco elegantes y de otro más sobre los acantilados y de 30 más aparte.

La segunda parte de la moción de Sí se Puede ya se cumplió. Consistía en que el alcalde se reuniera con los parlamentarios canarios para que hicieran frente común para tratar de modificar la nueva Ley de Costas y salvar a los vecinos de Anaga. De poco ha servido.

El Partido Popular, que es quien aprobó en solitario la ley esta semana en el Congreso, asegura que la nueva norma ofrece muchas posibilidades. Ana Zurita, edil popular, reconoce que aún quedan cosas que pulir en el trámite en el Senado, pero incide en la flexibilidad de la nueva ley. Esta recoge en su disposición transitoria segunda la posibilidad de reducir el deslinde hasta 20 metros si se demuestra que los núcleos poblacionales contaban con acceso rodado, agua, evacuación de aguas residuales y energía eléctrica antes de 1988.

Ojalá sea así, porque para un vecino de Santa Cruz de Tenerife estar en dominio público significa que, más tarde o más temprano, Costas se quedara con su casa y la destruirá.

http://www.eldia.es/2013-02-24/SANTACRUZ/7-Costas-marca-linea.htm



miércoles, 20 de febrero de 2013

Este desmán quedó amnistiado

A toda prisa, el Gobierno del PP consiguió sacar adelante ayer la nueva Ley de Costas en comisión del Congreso de los Diputados gracias a su mayoría absoluta. La normativa, polémica, porque salva de la destrucción unas 10.000 viviendas de diez zonas y porque da otros 75 años de moratoria a construcciones condenadas a la piqueta en 2018, entre otros asuntos, tendrá que aprobarse ahora en el Senado.


El PP escuchó críticas de todos los partidos que acusaban al Gobierno de intentar privatizar el litoral, de buscar la última palabra para tumbar proyectos en la costa y de echar en el olvido el cambio climático. Solo incluyó cambios técnicos en un par de artículos y pequeñas modificaciones. La oposición en bloque votó en contra, con la excepción de CiU, que se abstuvo.

Como novedad, el portavoz del PP, Rafael Hernando, anunció que incluirán un “nuevo paquete de enmiendas” sobre cambio climático cuando la ley llegue al Senado.

“Hacen una ley con amnistías de construcciones a 75 años sin prever los efectos del cambio climático en un país tan vulnerable como el nuestro”, reclamó la diputada Laia Ortiz, de ICV. “Es una clara irresponsabilidad”, añadió.

Greenpeace también critica que la norma ignore las proyecciones de subida del mar por el cambio climático. La organización conservacionista cree que las concesiones de las viviendas situadas a la orilla del mar a tan largo plazo pueden hacer que el Estado tenga que indemnizar a los propietarios si el mar se come sus casas. La ley también reduce la servidumbre de protección en las rías de 100 metros a 20. Así salva muchos problemas con los núcleos rurales de Galicia que estaban afectados y ahora quedan eximidos.

Carmen del Amo, presidenta de una asociación de perjudicados por la Ley de Costas, confirmó sus sospechas de que no se iban a introducir grandes cambios en la normativa. “Lo peor es la discriminación y la arbitrariedad con la que se ha redactado”, se quejaba la representante de un grupo de afectados cuyas propiedades fueron construidas legalmente antes de la aprobación de la Ley de Costas de 1988. “A unos les benefician y a otros no (...) todo esto no se entiende”, añadía.

Hernando, que también oyó estas quejas durante el debate, explicó los criterios por los que se han seleccionado los 10 núcleos que se beneficiaran de la tan nombrada amnistía. Primero habló de la necesidad de que se tratara de núcleos residenciales, después de que hubieran sido construidos antes de la Ley de 1988 y que los deslindes fueran anteriores también a esta fecha. Para salvarlos, Medio Ambiente también ha tenido en cuenta que la inversión necesaria para recuperar las características naturales del dominio público marítimo terrestre fuera desproporcionada.

El PP se ha amparado en la “mala imagen” de España que se crearía en el exterior si esas viviendas se derriban, ya que muchos de los propietarios de las viviendas son extranjeros. Ayer volvieron a agarrarse a ese argumento, y al de la “inseguridad jurídica”. Ahora, los propietarios de esas construcciones podrán venderlas, hacer obras o transmitirlas a sus herederos, algo que antes no estaba permitido. Entre esas zonas salvadas está el barrio de pescadores de El Palo (Málaga), residencias de Oliva (Valencia), que fueron deslindadas en octubre de 1947, o la marina de Empuriabrava (Girona), construida con canales privados artificiales para extranjeros en los años setenta.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/19/actualidad/1361311273_106777.html

Yaiza reafirma la justificación del carácter urbano de El Golfo y Playa Quemada

El Ayuntamiento de Yaiza aprovecha la Modificación de la Ley de Costas para reafirmar ante el Ministerio de Medio Ambiente el carácter urbano de los núcleos costeros de El Golfo y Playa Quemada y evitar la amenaza de derribo que pesa sobre las edificaciones más próximas al mar. El primer teniente de alcalde, José Antonio Rodríguez, y los concejales Juan Lorenzo Tavío y Roque Herrera solicitaron este jueves al senador por Lanzarote, Óscar Luzardo, su implicación directa en este asunto para facilitar en el Ministerio de Medio Ambiente la consecución del objetivo, según ha adelantado el propio Consistorio sureño en nota de prensa.




La vía de comunicación entre la Oficina Técnica de Yaiza y la Dirección General de Costas, dependiente de Medio Ambiente, permanece abierta con flujo de documentación acreditativa. Ahora de lo que se trata es reforzar la gestión política para demostrar el carácter urbano de los pueblos y enfatizar la importancia que supone para los vecinos y el municipio la normalización de la situación de incertidumbre que viven los habitantes de El Golfo y Playa Quemada.

El senador por Lanzarote, que asume “con gusto” la petición del gobierno municipal, prevé que la modificación de la Ley de Costas comience su tramitación en las Cortes Generales del Estado antes de finalizar el año. En cualquier caso, existe consenso para buscar una solución al problema que permita garantizar la actividad económica de bares y restaurantes.

Según expresó Luzardo, la reforma legislativa pretende compatibilizar la protección de las costas con el crecimiento económico y la seguridad en el empleo, y preservar los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en zonas del litoral.

El gobierno de Yaiza se mantiene firme en su lucha de proteger los intereses de los vecinos afectados y de encontrar una respuesta satisfactoria a los mismos. En un anterior encuentro con el senador, el Ayuntamiento había insistido en la necesidad de flexibilizar los requisitos para favorecer una aplicación homogénea de la ocupación del dominio público marítimo - terrestre por establecimientos de comidas y bebidas en el litoral, teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos.

http://www.cronicasdelanzarote.es/Yaiza-reafirma-la-justificacion,42626.html

Gobierno canario dice que miles de personas se arriesgan a perder la casa

   El Gobierno canario ha criticado hoy que se hayan rechazado en el Congreso de los Diputados las enmiendas relativas al Archipiélago en el proyecto de Ley de Costas, con lo que, ha añadido, se ha dado la "espalda a miles de canarios, que ahora se arriesgan a perder su casa si no se corrige esta injusticia".


En un comunicado, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Rivero, también dice que la norma es "arbitraria e injusta" porque no recoge las condiciones especiales del Archipiélago ni su particular relación con el mar, mientras que, agrega, se permiten excepciones en otras autonomías.

En su opinión, alguien deberá responder por la "arbitrariedad" de no incluir las condiciones de Canarias, y explicar por qué hay excepciones a la obligación de derribo de las construcciones ubicadas en zona de dominio público marítimo-terrestre en lugares como Galicia, Valencia o Baleares.

Martín Marrero lamenta que el Gobierno canario no haya sido consultado en ningún momento para la reforma de la Ley, a pesar de que las competencias de los usos en las playas y las zonas de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre pertenecen a la Comunidad Autónoma.

Recuerda que en Canarias hay más de cien núcleos que se verán afectados por la Ley de Costas y que la ampliación de las concesiones en 75 años, uno de los criterios incorporados en la ley, no garantiza la integridad de todos esas viviendas, destaca.

Martín Marrero indica que, de acuerdo con las estimaciones de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias y dada la configuración urbanística y de propiedad de los actuales núcleos tradicionales afectados por el dominio público marítimo terrestre, en Canarias más del 90 por ciento no podrán acogerse a la solución.

La reforma de la ley de Costas fue aprobada ayer en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja con los votos del grupo Popular, la abstención de CIU y la negativa del PNV, UPyD, grupo Mixto, Izquierda Plural y PSOE, porque la norma, según ha señalado la mayor parte de la oposición, abre el litoral al negocio privado.

EFE

http://www.diariovasco.com/agencias/20130220/mas-actualidad/sociedad/gobierno-canario-dice-miles-personas_201302201417.html

El PP saca adelante la Ley de Costas en solitario en el Congreso

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de la Ley de Costas, con el apoyo del PP, la abstención de CiU y la negativa del PNV, UPyD, grupo mixto, Izquierda Plural y PSOE, porque la norma, según ha señalado la mayor parte de la oposición, abre el litoral al negocio privado.


La norma, que salvará por 75 años más 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la playa, será remitida ahora al Senado, donde el PP ha anunciado que incluirá un grupo de enmiendas para tener en cuenta el cambio climático.

De las 145 enmiendas presentadas a este texto, y en una sesión que se ha alargado tres horas y media, el Grupo Popular ha admitido dos de Coalición Canaria, ha transaccionado una con el PNV, ha aceptado varias de Izquierda Plural y BNG, y ha transaccionado siete, de carácter técnico, con CiU.

El portavoz de este último grupo, Martí Barberá, ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad, "si es necesario", porque considera que la llamada cláusula "antialgarrobico" invade las competencias locales al permitir al Gobierno parar obras en el litoral, previamente aprobadas por los ayuntamientos.

El texto 'amnistía' diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga

No obstante, el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, ha opinado que esta cláusula no vulnera la autonomía local porque permite la posibilidad de recurrir a los ayuntamientos.

Urbanismo salvaje

Hernando ha negado asimismo que la reforma abra la puerta al "urbanismo salvaje", como ha asegurado la oposición, y ha anunciado que presentarán en el Senado un grupo de enmiendas sobre el cambio climático.

Incluye una clausula 'antialgarrobicos' y una prórroga para industrias contaminantes

La ausencia de alusiones al cambio climático en esta reforma y sus consecuencias sobre el litoral había sido objeto de numerosas enmiendas y críticas.

Durante el debate, que se ha celebrado en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Ana Oramas (CC) ha afirmado que la reforma no corrige los problemas del litoral y no cumple con la máxima sostenibilidad.

Legaliza lo ilegal

A juicio de Olaia Fernández Dávila (BNG), la futura ley "soluciona la ilegalidad" y su objetivo es garantizar industrias contaminantes, mientras que el diputado Joan Baldoví (Compromís) ha calificado de "nula" la disposición del PP de aceptar enmiendas, y ha considerado que hay artículos que vulneran la Constitución.

También para Joseba Agirretxea (PNV) han supuesto una "gran decepción" las "pocas ganas" de negociar del PP; y Toni Cantó (UPyD) ha afirmado que se trata de una ley de "resultados inaceptables", y que el litoral está peligro por su "estrechez de miras".

La diputada Laia Ortiz (Izquierda Plural) ha coincidido en que se desprotege el litoral y ha criticado que el texto haya seguido un proceso "tan opaco y acelerado".

Degradación de la costa

Finalmente, María José Rodríguez (PSOE) ha apuntado que se "alienta la degradación de las costas a través de una amnistía ambiental" y se abre la veda a la especulación.

Según el Gobierno, la reforma de la Ley de Costas no permitirá construir donde antes estaba prohibido.(COSA QUE YA ESTABA PROHIBIDO)

Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral (casas, restaurantes u hoteles).(TAMBIEN ESTABA PROHIBIDO)

En cuanto a las papeleras u otras industrias ultracontamiantes que están también afectadas debido a su ubicación, se prevé una prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.

Barrios urbanos

El texto prevé además que diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga sean amnistiadas, y que la isla de Formentera tenga un trato especial por su especial configuración geológica.

En sintonía con lo defendido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), CiU ha presentado una enmienda, que no ha prosperado, para que las islas o islotes cuya superficie no excediera de 100 kilómetros cuadrados pudieran beneficiarse también de un deslinde singular como el de Formentera.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/20/suvivienda/1361352719.html

domingo, 17 de febrero de 2013

Eurodiputada advierte de posible infracción por la reforma de Ley de Costas



La reforma de la Ley de Costas, tal como está planteada, podría acarrear la apertura de un procedimiento de infracción contra España en la Unión Europea por incumplimiento de hasta cuatro directivas, alerta la eurodiputada de Los Verdes, la danesa Margrete Auken.

Auken es miembro de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) y del grupo que se ha creado dentro del mismo para analizar la nueva de la Ley de Costas española que promueve el Gobierno ante el más de centenar de quejas recibidas, y ha acudido a Madrid esta semana junto a la europarlamentaria austríaca Angelika Werthmann para interesarse por el asunto.

En una entrevista con EFEverde, la veterana política, madre de la actual ministra danesa de Medio Ambiente, asegura que el texto al que previsiblemente dará luz verde el Congreso el próximo martes "viola" hasta cuatro directivas europeas, entre las que cita la de aguas, protección frente a inundaciones, participación pública y tratamiento de aguas.

La eurodiputada se muestra especialmente "indignada" por la "falta de participación y de transparencia" con la que, en su opinión, se ha tramitado la reforma, y critica "las trabas" que ha puesto el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz para que la Comisión de Peticiones del PE acuda en misión oficial a saber más de la ley, como llevan intentando "desde antes del verano".

Auken incide en que si la Ley de Costas se aprueba tal como está planteada el PE pedirá a la Comisión que "analice el incumplimiento de las citadas directivas y abra un procedimiento contra España".

La eurodiputada, autora de un informe contra el "urbanismo salvaje" en España que lleva su nombre y que fue aprobado por el PE en 2009, está "furiosa" porque el Gobierno cite ese documento en el preámbulo de su norma para justificar la reforma de la Ley de Costas del año 88.

"Quiero decirle al Gobierno español que no en mi nombre ni en el del Parlamento Europeo, ya que en el informe subrayábamos que la ley del 88 era buena, pero que su aplicación era un desastre o porque no se llevaba a cabo o porque se hacía arbitrariamente", subraya.

El llamado 'Informe Auken' decía que "había que dar más seguridad jurídica a los propietarios individuales para que siguieran en sus casas si no tenían otro lugar donde ir. Es lógico que ellos y sus hijos tengan derecho a estar ahí treinta años más por ejemplo", indica.

El problema, según la coordinadora de Los Verdes en el PE, es que el texto del Gobierno "renueva las concesiones durante nada menos que 75 años y usa el mismo lenguaje para los pequeños propietarios cuyos padres y abuelos han tenido una casa en el litoral toda la vida, y por supuesto tienen derecho a estar ahí, que para las empresas".

"Si la distinción entre esas personas y el sector privado no la dejan clara, están abriendo la puerta a la destrucción urbanística de la costa en los últimos paraísos costeros de España", afirma.

A Auken no le cabe duda de que cuando el Gobierno habla de "poner al mismo nivel las oportunidades económicas y la protección ambiental" con la nueva Ley de Costas, "están queriendo decir que van a dar prioridad a que las empresas saquen dinero fácil en el bien público más preciado de los españoles: su línea costera".

"Esta ley abre las puertas a un nuevo boom inmobiliario en la costa", clama la eurodiputada, quien en su informe de 2009 ponía de manifiesto datos como que en España se gastaba más cemento que en Italia, Alemania, Francia y Reino Unido juntos.

A juicio de Auken, la "destrucción" del litoral es mayor en España que en ningún otro país de la Unión Europea, y, de continuar, "puede decir adiós al turismo y prepararse para el dramático coste que tendría restaurar lo dañado".

En ese sentido, la eurodiputada lanza un mensaje claro a los españoles: "Miren lo que ha pasado con su estupenda costa, que fue vendida sin que se dieran cuenta y sin que ustedes recibieran beneficio alguno. Esta nueva ley es un engaño, la crisis no se resuelve destruyendo el litoral que queda en buen estado".

(Agencia EFE)