La reducción de la servidumbre a 20 metros no será suficiente para que muchas residencias costeras puedan salvarse al no contemplar la ley excepciones para ellas
A la espera de que la nueva Ley de Costas salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por tanto, entre en vigor, los ayuntamientos canarios, conscientes del limitado plazo que tienen para presentar sus alegaciones, han comenzado a hacer la tarea y preparan ya toda la documentación.
Una vez se publique la norma en el BOE, las administraciones locales tendrán un plazo de tres meses para recabar y presentar todos los informes necesarios para que no se derriben los núcleos que afectados.
Entre los requisitos para que los damnificados sean reconocidos como núcleo legal destacan que las ocupaciones no estén en dominio público, cuenten con acceso rodado, electricidad, agua corriente y evacuación de aguas residuales. Además, no deben estar en dominio público.
Pero, y hasta que se publique la norma, la dilatada experiencia con esta controvertida ley, ha llevado a algunos consistorios a asegurar que no podrán salvar muchas de las ocupaciones que están afectadas, pues están en dominio público y por debajo de los nuevos límites de la servidumbre, que pasó de cien metros a veinte.
Este es el caso del municipio tinerfeño de Güímar, que tiene un total de ocho núcleos costeros con un expediente abierto en Costas. Del total, cuatro de ellos ya ganaron la batalla en el Tribunal Supremo (TS) con sentencia firme. Pero el resto de las poblaciones aún están pendientes de conocer su futuro, el cual, según explicó esta semana el ex alcalde Rafael Llanes, "seguramente sea la demolición".
Llanes explicó que estos núcleos están en dominio público, y que, pese a que aún no "hemos analizado bien la nueva norma, la mayor parte de las ocupaciones de estas poblaciones no podrán salvarse". Pese a ello, aseguró que el consistorio "ya está estudiando los casos para evitar los derribos".
En concreto, las zonas de Güímar que no cuentan con seguridad jurídica y cuyo futuro está aún por determinar son Chimaje, Santa Lucía, El Callao y Cho Regino, detalló el ya ex alcalde, Rafael Llanes.
Candelaria es otro municipio que asegura que ya está estudiando los casos de Playa de la Viuda y Bajo Cuesta Las Tablas, pero desde el consistorio reconocen que a muchas ocupaciones de estos núcleos será muy difícil salvarlas.
La misma situación se vive en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, donde los servicios jurídicos preparan ya todos los documentos para salvar zonas capitalinas tan destacadas de Anaga como Almáciga y Taganana, entre otras.
En el caso de La Laguna , y el núcleo de Jover (que se busca regular en el nuevo PGO) y Finca El Apio, donde algunas casas acabarán por ser demolidas por estar en la zona de servidumbre.
La nueva norma contempla la amnistía para algunos núcleos peninsulares ubicadas en Girona (Empuriabrava, Platja de Aro), Huelva (Ría Punta Umbría), Alicante (Rocafel, Puerto de Santa Pola) y Pontevedra (Moaña), entre otros, pero ninguno en Canarias. De igual forma, se contempla una especificidad con Formentera, mientras que la Isla de Lobos ni si quiera es mentada.
De ahí, que los alcaldes y concejales coincidan todos en calificarla de "poco arbitraria".
LAS CLAVES
Al reducir la servidumbre a 20 metros (antes estaba a 100) algunos núcleos se podrán ver beneficiados por la reforma. Aquellas poblaciones que no estén en dominio público y acrediten que tienen acceso rodado, electricidad, agua corriente y evacuación de aguas residuales tendrán la posibilidad de no ser derruidos. Mientras la norma amnistía a algunas zonas peninsulares del Mediterráneo y de Galicia, así como a Formentera, no contempla ninguna especificidad del Archipiélago, ni si quiera la Isla de Lobos. El Gobierno del Estado dejó claro que aquellos núcleos que ya eran ilegales antes de la primera ley seguirán siéndolo pese a la nueva norma. Las zonas costeras que ya tienen una sentencia firme no se podrán beneficiar de las modificaciones de la nueva Ley de Costas. De igual forma no se verán perjudicadas por la misma. Una vez salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley, y por tanto entre en vigor, los ayuntamientos tendrán un plazo de tres meses para presentar sus alegaciones, acompañadas de la documentación correspondiente, para intentar salvar a los núcleos afectados.
AÚN NO SE HAN DADO CUENTA, QUE LA REDUCCIÓN DE 100 A 20 METROS, DEJA 80 METROS DE PROPIEDAD PRIVADA, NO ES DE TITULARIDAD ESTATAL, Y EN PROPIEDAD PRIVADA, DEBIDAMENTE REGISTRADA EL ESTADO NO PUEDE IMPONER NADA
http://eldia.es/vidaycultura/2013-05-26/4-ayuntamientos-asumen-muchas-viviendas-salvaran.htm
EL ESPIRITU DE CHO VITO ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS. CANARIAS. AEPLC Presidente. Carmen del Amo.626823246 perjudicadosporcostas@yahoo.es. Vicepresidente. Margarita Garcia.628907856.
Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
domingo, 26 de mayo de 2013
sábado, 25 de mayo de 2013
LA NUEVA LEY DE COSTAS. RIZANDO EL RIZO.
Sinceramente, resulta increíble. Y tan increíble, que incluso, los desafortunados técnicos, abogados, ingenieros y demás especies, a las que se les pregunta por la Reforma de la Ley de Costas de 1988, (ya de por sí, un conjunto de despropósitos) denominada Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, coinciden en asegurar, que no tiene sentido, que no protege, que no es sostenible, y que no añade seguridad jurídica, ni nada por el estilo.
Todo lo contrario. Esta nueva norma, añade dos definiciones más al dominio público; una, la existente en la Constitución Española, y dos nuevas, una para las empresas salineras, y otra para la isla de Formentera. La arbitrariedad esta servida.
Pero no queda ahí el asunto, pues puestos a rizar el rizo, creamos nuevas definiciones de playa, dunas (muertas y artificiales) y núcleos costeros tradicionales. Y al hablar de estos últimos, creía yo, equivocadamente, que estos núcleos tradicionales, eran pueblitos, como Bajo la Cuesta, Playa Quemada, Tufia, o el Caletón de la Matanza; pero el Ministerio de Medio ambiente, me aclara, que núcleos costeros tradicionales, no son esos. Ni mucho menos. Y por supuesto, en Canarias, (dícese archipiélago de islas; y para más definición, isla: porción de tierra rodeada de agua por todas partes) no tenemos de esos pueblitos de la costa, según fuentes del ministerio, reitero.
Para el ministerio, el ejemplo de núcleo costero tradicional, es el de una urbanización marítima, en terrenos ganados al mar, donde sus habitantes, pasean en sus lujosas embarcaciones por los numerosos canales artificiales, y que con la nueva norma, sería totalmente legal. Claro está, que en Canarias, no tenemos de eso, y por eso, la tan demandada singularidad canaria, definida por la fragmentación de nuestro territorio, la lejanía, la tradición y la cultura de nuestra tierra, no fue recogida en esta nueva ley de Costas.
Esta nueva ley del litoral, viene a reformar a la anterior Ley de Costas de 1988. Esa norma que prohibía básicamente el construir en el litoral español, y que visto lo visto, no lo hizo. Y aquellos impulsores de la ley, socialistas, fueron los que crearon este desaguisado, pero, son los populares, los que están incrementando la arbitrariedad y la vulneración de derechos con esta reforma, ante la pasividad de los nacionalistas canarios, más preocupados por la pérdida de competencias, que por mantener, promocionar y proteger los pueblos de nuestras costas, pero sobre todo de proteger a los miles de afectados en esta tierra.
Ni unos ni otros, comprenden la realidad del problema que han creado, principalmente, porque cuando se habla de medio ambiente, no se pueden excluir a las personas, ya que son parte fundamental del mismo. Para salvar a un lagarto, no se pueden vulnerar derechos a las personas, y ustedes, nefastos, y cada vez menos respetados políticos, son culpables y cómplices del estado actual del litoral español. No son los pequeños propietarios, afectados por una ley anticuada e inútil, (vean las costas en 1988, hasta la actualidad) que permite la expropiación de viviendas en ciertos lugares, cuando a escasos metros, grandes urbanizaciones son respetadas y amparadas por la ley, que condena a cientos de miles de familias, a vivir en lagunas legales, incrementado con la reforma de la ley, la inseguridad de sus propiedades.
Lo que han hecho bien los chicos y chicas de Rajoy, es aumentar el número de afectados por la reforma de la ley de costas. Han elaborado una articulado, que de una manera u otra, afecta a más propietarios (cosa que creía imposible). Antes, de la reforma, se hablaba de cuatrocientas mil familias afectadas, unos cien mil en Canarias; ahora no hay estimaciones, pero les aseguro que pasan del millón. Y les explico:
Dentro del nuevo articulado, el art 87 Bis de la nueva norma, explica que “podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que se realicen en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora, o para la de los terrenos colindantes, resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque este no pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la ejecución de las obras tendrá, a estos efectos, la consideración de beneficio especial.
. Serán sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de modo directo con las obras de protección, defensa y mejora del dominio público marítimo-terrestre; y especialmente los titulares de derechos de ocupación, así como los propietarios de las fincas y establecimientos colindantes.
. La base imponible se fijará en el real decreto por el que se acuerde la contribución especial no pudiendo exceder del cincuenta por ciento del coste total de las obras”.
Hablando claro, el que quiera que le hagan un paseo en su municipio, los vecinos lo pagan. Si se pretende realizar una obra de aportación de arena, los vecinos lo pagan. Si se arregla los desperfectos ocasionados por la acción del mar, ¿adivinen quien lo paga?
¿Proteger el litoral, o simplemente hacer Caja?
Antonio Alonso Orihuela.
Todo lo contrario. Esta nueva norma, añade dos definiciones más al dominio público; una, la existente en la Constitución Española, y dos nuevas, una para las empresas salineras, y otra para la isla de Formentera. La arbitrariedad esta servida.
Pero no queda ahí el asunto, pues puestos a rizar el rizo, creamos nuevas definiciones de playa, dunas (muertas y artificiales) y núcleos costeros tradicionales. Y al hablar de estos últimos, creía yo, equivocadamente, que estos núcleos tradicionales, eran pueblitos, como Bajo la Cuesta, Playa Quemada, Tufia, o el Caletón de la Matanza; pero el Ministerio de Medio ambiente, me aclara, que núcleos costeros tradicionales, no son esos. Ni mucho menos. Y por supuesto, en Canarias, (dícese archipiélago de islas; y para más definición, isla: porción de tierra rodeada de agua por todas partes) no tenemos de esos pueblitos de la costa, según fuentes del ministerio, reitero.
Para el ministerio, el ejemplo de núcleo costero tradicional, es el de una urbanización marítima, en terrenos ganados al mar, donde sus habitantes, pasean en sus lujosas embarcaciones por los numerosos canales artificiales, y que con la nueva norma, sería totalmente legal. Claro está, que en Canarias, no tenemos de eso, y por eso, la tan demandada singularidad canaria, definida por la fragmentación de nuestro territorio, la lejanía, la tradición y la cultura de nuestra tierra, no fue recogida en esta nueva ley de Costas.
Esta nueva ley del litoral, viene a reformar a la anterior Ley de Costas de 1988. Esa norma que prohibía básicamente el construir en el litoral español, y que visto lo visto, no lo hizo. Y aquellos impulsores de la ley, socialistas, fueron los que crearon este desaguisado, pero, son los populares, los que están incrementando la arbitrariedad y la vulneración de derechos con esta reforma, ante la pasividad de los nacionalistas canarios, más preocupados por la pérdida de competencias, que por mantener, promocionar y proteger los pueblos de nuestras costas, pero sobre todo de proteger a los miles de afectados en esta tierra.
Ni unos ni otros, comprenden la realidad del problema que han creado, principalmente, porque cuando se habla de medio ambiente, no se pueden excluir a las personas, ya que son parte fundamental del mismo. Para salvar a un lagarto, no se pueden vulnerar derechos a las personas, y ustedes, nefastos, y cada vez menos respetados políticos, son culpables y cómplices del estado actual del litoral español. No son los pequeños propietarios, afectados por una ley anticuada e inútil, (vean las costas en 1988, hasta la actualidad) que permite la expropiación de viviendas en ciertos lugares, cuando a escasos metros, grandes urbanizaciones son respetadas y amparadas por la ley, que condena a cientos de miles de familias, a vivir en lagunas legales, incrementado con la reforma de la ley, la inseguridad de sus propiedades.
Lo que han hecho bien los chicos y chicas de Rajoy, es aumentar el número de afectados por la reforma de la ley de costas. Han elaborado una articulado, que de una manera u otra, afecta a más propietarios (cosa que creía imposible). Antes, de la reforma, se hablaba de cuatrocientas mil familias afectadas, unos cien mil en Canarias; ahora no hay estimaciones, pero les aseguro que pasan del millón. Y les explico:
Dentro del nuevo articulado, el art 87 Bis de la nueva norma, explica que “podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que se realicen en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora, o para la de los terrenos colindantes, resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque este no pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la ejecución de las obras tendrá, a estos efectos, la consideración de beneficio especial.
. Serán sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de modo directo con las obras de protección, defensa y mejora del dominio público marítimo-terrestre; y especialmente los titulares de derechos de ocupación, así como los propietarios de las fincas y establecimientos colindantes.
. La base imponible se fijará en el real decreto por el que se acuerde la contribución especial no pudiendo exceder del cincuenta por ciento del coste total de las obras”.
Hablando claro, el que quiera que le hagan un paseo en su municipio, los vecinos lo pagan. Si se pretende realizar una obra de aportación de arena, los vecinos lo pagan. Si se arregla los desperfectos ocasionados por la acción del mar, ¿adivinen quien lo paga?
¿Proteger el litoral, o simplemente hacer Caja?
Antonio Alonso Orihuela.
jueves, 16 de mayo de 2013
LA "HORA MENOS EN CANARIAS" Y LA LEY DE COSTAS, CAUSAS DAÑOS AL HIPOTÁLAMO DE LOS POLITICOS CANARIOS
En Canarias, tierra de los políticos costeros, aquellos, que dicen defender lo nuestro, nuestra identidad,, nuestra cultura; aquellos, que se pasean con los afectados de la ley de costas, por nuestras playas; los de las promesas y mas promesas ; pues bien , en esta tierra, no paramos defender los nucleos costeros tradicionales. Eso si, siempre vamos dos pasos por atrás, más preocupados en perder competencias autónomicas, que en salvar de la piqueta, la casa de Juan el Pescador, vecino, de Santa Lucia, o de Playa Quemada, o de uno de los ciento nueve nucleos poblacionales afectados por esta confiscatoria Ley. Y digo confiscatoria, pues ha sido el propio ministerio, el que en nota de prensa, justificando la aprobación de la reforma, ha reconocido el "despojo" de la propiedad a sus legitimos propietarios, durante veinticinco años; un tema, que los afectados llevamos denunciando mucho tiempo.
Y les digo, lo de dos pasos atras, pues mientras en Galicia, ya están manos a la obra, aquí, aún estamos leyendo el texto de la nueva reforma. Eso no es malo, ya que nos cuesta entender un texto, que es incluso, peor que el anterior.
Lo malo, lo increible, y eso que es dificiel superar, la ineptitud de la delegada del Gobierno actual en Canarias,(aquella del engaño a Cho Vito)pero, es que sale el iluminado político de turno, diciendo una sarta de burradas sin sentido, que añade, si cabe, más confusión en este desaguisado de la ley de costas, y su reforma,.
En fin, será cosa de la hora menos en Canarias, que a gran parte de la clase política canaria, le afecta duramente al hipotálamo, o al cerebelo, y que se olvidan de las promesas, de las palmaditas en la espalda, de las fotografias, y de Todos Somos Cho Vito
Y para documentar lo anterior, les remito a dos noticias del mismo, dia, una en Galicia y otra en Lanzarote..Lean, y comprenderan la clara afección al hipotálamo o a la inteligencia del politico canario.
La noticia Gallega
Xunta y Concello avanzan en la rebaja de la protección de los núcleos del litoral
La alcaldesa de Marín, María Ramallo, confirmó que el equipo redactor del PGOM tiene "muy avanzada" la redacción de un nuevo documento de delimitación de los núcleos pendientes en la ordenación del litoral, según lo establecido por la disposición transitoria primera de la nueva Ley de Costas, aprobada en el Congreso el pasado día 7.
El ayuntamiento de Marín pretende avanzar en el documento al máximo, con el fin de que una vez entre en vigor a nueva Ley de Costas, y que estará vigente un día después de su publicación en el BOE, sea solicitado el informe de Costas dentro del plazo de tres meses, que deberá emitirse en los siguientes 18 meses.
Costas ha emitido informe favorable a la ordenación de los núcleos del litoral de Marín, donde ya se ha reconocido los cinco asentamientos afectados en este municipio. Aceptó además la rebaja de la servidumbre de protección de cien a veinte metros de la costa en Mogor y parte de Aguete y Loira. Queda pendiente ahora reducir la servidumbre en otros dos, Teoira y Casás, así como la mitad de Aguete y Loira.
Así lo confirmó la secretaria xeral de Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas, a la alcaldesa de Marín, a quien recibió ayer acompañada de los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, Manuel Santos y Marián Sanmartín. El encuentro tenía como objetivo avanzar en la aplicación de la ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas.
El encuentro sirvió para consensuar los criterios de la nueva Ley y acordar la tramitación de la propuesta que debe aportar el ayuntamiento a la Xunta para solicitar, ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la reducción de la servidumbre de protección, en parte de los núcleos costeros que ya fueron delimitados en el PGOM. Rivas Díaz recordó que el reconocimiento de los núcleos costeros de Marín, unido a la aprobación del PGOM conseguida el 27 de junio de 2012, son dos cuestiones fundamentales para el municipio. Y señaló que dado que el PGOM ya está en vigor, es necesario resolver ahora la rebaja de la servidumbre de protección en los núcleos del litoral, a través de la nueva Ley de Costas.
La provincia de Pontevedra es la segunda de Galicia con núcleos delimitados por la servidumbre de protección. Tiene un total de 22 ayuntamientos que aportan un total de 122 núcleos delimitados
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/16/xunta-concello-avanzan-rebaja-proteccion-nucleos-litoral/811211.html
La noticia Canaria
Ley de Costas: Protección ambiental, desarrollo sostenible y disfrute del litoral
El pasado 9 de mayo el Congreso de los Diputados aprobaba la nueva Ley de Costas. Una Ley llamada a garantizar la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de España, atendiendo a la realidad de nuestras costas; esto es, diferenciando entre tramos urbanos y naturales de las playas y aumentando la protección de las playas vírgenes.
La normativa protege nuestras costas y da seguridad jurídica a las miles de personas que tienen sus propiedades junto al mar, al mismo tiempo que concilia la sostenibilidad ambiental con la actividad turística. VIENDO LAS COSTAS, CANARIAS, PODEMOS VER EJEMPLOS CLAROS DE CONCILIACIÓN ENTRE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ACTIVIDAD TURISTICA. ANFI DEL MAR, MELONERAS, ADEJE, RADAZUL, ETCC
El nuevo marco legal da respuesta a las más de 20.000 peticiones de amparo cursadas ante el Parlamento Europeo por titulares que habían adquirido propiedades y que, pasado el tiempo, podían ser declaradas ilegales. No se trata, de una amnistía, ni de legalizar lo ilegal, pues ya eran legales. Además, los negocios costeros tendrán que cumplir las nuevas exigencias medioambientales para seguir funcionando.
La reforma prohíbe nuevas edificaciones o incremento de lo ya edificado en el litoral, tanto en dominio público marítimo terrestre, como en la zona o franja contigua de servidumbre de protección, incorporando cláusulas para frenar cualquier construcción ilegal antes de que se consolide .
Los núcleos urbanos habitados y consolidados desde antes de 1988 y que afectan mayoritariamente a viviendas sencillas y populares, no a hoteles o empresas, se excluyen del domino público.EJEMPLO DE ELLOS, AMPURIA BRAVA, HOGAR DE PEPE EL SALEMA PESCADOR, DE TODA LA VIDA.
IMGEN DE LA CASA DE PEPE EL SALEMA, AL FONDO A LA DEERECHA, CON SU FALUA TRADICONAL, "LA PALOMA" ATRACADA DELANTE..Fijense, en el aspecto de las humildes casas, que no hoteles ni apartamentos.AMPURIA BRAVA.
Por otro lado, se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros. Únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988, pero con una importante novedad: se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas. Según establece el nuevo texto, la reducción de la servidumbre sólo se podrá aplicar a núcleos costeros que, antes de 1988, tuvieran un carácter urbano.
Sobre el cambio climático y sus efectos en cuanto a la erosión del litoral, incorpora regulaciones específicas. Así, y siguiendo criterios científicos contrastados, introducirá un régimen específico para los tramos de costa en riesgo de grave regresión. Para dichas áreas se limita la ocupación, y la Administración podrá realizar actuaciones de protección, conservación, restauración y podrá establecer contribuciones especiales a los beneficiarios, otra novedad importante de la normativa.
Un aspecto igualmente destacado de esta reforma es aquel que hace referencia a la prórroga de las concesiones hasta un máximo de 75 años, con lo que se mejora la situación jurídica de los antiguos propietarios de viviendas que la ley del 88 expropió. Durante la concesión y sus prórrogas (hasta los 75 años), se garantizará la adecuada conservación de la costa y, además, se exigirá a los propietarios corresponsabilidad en el mantenimiento del domino público.
Por otra parte, y dado que en ocasiones se están produciendo sin autorización y con cierta permisividad, la Ley de Costas regulará el desarrollo de eventos en nuestras playas. Y se hará estableciendo los requisitos, límites y condiciones en que es posible la ocupación de estos espacios para garantizar su conservación, además esas ocupaciones se restringen a los tramos urbanos.
En definitiva una reforma que con claridad y determinación pretende dar respuesta a una realidad que por, responsabilidad, había que afrontar, y así lo ha hecho el Ministro Arias Cañete.
*Francisco Cabrera García, diputado nacional del PP.
http://www.lavozdelanzarote.com/article76689.html
Bien por don Francisco, sigue asi.
Y les digo, lo de dos pasos atras, pues mientras en Galicia, ya están manos a la obra, aquí, aún estamos leyendo el texto de la nueva reforma. Eso no es malo, ya que nos cuesta entender un texto, que es incluso, peor que el anterior.
Lo malo, lo increible, y eso que es dificiel superar, la ineptitud de la delegada del Gobierno actual en Canarias,(aquella del engaño a Cho Vito)pero, es que sale el iluminado político de turno, diciendo una sarta de burradas sin sentido, que añade, si cabe, más confusión en este desaguisado de la ley de costas, y su reforma,.
En fin, será cosa de la hora menos en Canarias, que a gran parte de la clase política canaria, le afecta duramente al hipotálamo, o al cerebelo, y que se olvidan de las promesas, de las palmaditas en la espalda, de las fotografias, y de Todos Somos Cho Vito
Y para documentar lo anterior, les remito a dos noticias del mismo, dia, una en Galicia y otra en Lanzarote..Lean, y comprenderan la clara afección al hipotálamo o a la inteligencia del politico canario.
La noticia Gallega
Xunta y Concello avanzan en la rebaja de la protección de los núcleos del litoral
La alcaldesa de Marín, María Ramallo, confirmó que el equipo redactor del PGOM tiene "muy avanzada" la redacción de un nuevo documento de delimitación de los núcleos pendientes en la ordenación del litoral, según lo establecido por la disposición transitoria primera de la nueva Ley de Costas, aprobada en el Congreso el pasado día 7.
El ayuntamiento de Marín pretende avanzar en el documento al máximo, con el fin de que una vez entre en vigor a nueva Ley de Costas, y que estará vigente un día después de su publicación en el BOE, sea solicitado el informe de Costas dentro del plazo de tres meses, que deberá emitirse en los siguientes 18 meses.
Costas ha emitido informe favorable a la ordenación de los núcleos del litoral de Marín, donde ya se ha reconocido los cinco asentamientos afectados en este municipio. Aceptó además la rebaja de la servidumbre de protección de cien a veinte metros de la costa en Mogor y parte de Aguete y Loira. Queda pendiente ahora reducir la servidumbre en otros dos, Teoira y Casás, así como la mitad de Aguete y Loira.
Así lo confirmó la secretaria xeral de Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas, a la alcaldesa de Marín, a quien recibió ayer acompañada de los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, Manuel Santos y Marián Sanmartín. El encuentro tenía como objetivo avanzar en la aplicación de la ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas.
El encuentro sirvió para consensuar los criterios de la nueva Ley y acordar la tramitación de la propuesta que debe aportar el ayuntamiento a la Xunta para solicitar, ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la reducción de la servidumbre de protección, en parte de los núcleos costeros que ya fueron delimitados en el PGOM. Rivas Díaz recordó que el reconocimiento de los núcleos costeros de Marín, unido a la aprobación del PGOM conseguida el 27 de junio de 2012, son dos cuestiones fundamentales para el municipio. Y señaló que dado que el PGOM ya está en vigor, es necesario resolver ahora la rebaja de la servidumbre de protección en los núcleos del litoral, a través de la nueva Ley de Costas.
La provincia de Pontevedra es la segunda de Galicia con núcleos delimitados por la servidumbre de protección. Tiene un total de 22 ayuntamientos que aportan un total de 122 núcleos delimitados
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/16/xunta-concello-avanzan-rebaja-proteccion-nucleos-litoral/811211.html
La noticia Canaria
Ley de Costas: Protección ambiental, desarrollo sostenible y disfrute del litoral
El pasado 9 de mayo el Congreso de los Diputados aprobaba la nueva Ley de Costas. Una Ley llamada a garantizar la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de España, atendiendo a la realidad de nuestras costas; esto es, diferenciando entre tramos urbanos y naturales de las playas y aumentando la protección de las playas vírgenes.
La normativa protege nuestras costas y da seguridad jurídica a las miles de personas que tienen sus propiedades junto al mar, al mismo tiempo que concilia la sostenibilidad ambiental con la actividad turística. VIENDO LAS COSTAS, CANARIAS, PODEMOS VER EJEMPLOS CLAROS DE CONCILIACIÓN ENTRE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ACTIVIDAD TURISTICA. ANFI DEL MAR, MELONERAS, ADEJE, RADAZUL, ETCC
El nuevo marco legal da respuesta a las más de 20.000 peticiones de amparo cursadas ante el Parlamento Europeo por titulares que habían adquirido propiedades y que, pasado el tiempo, podían ser declaradas ilegales. No se trata, de una amnistía, ni de legalizar lo ilegal, pues ya eran legales. Además, los negocios costeros tendrán que cumplir las nuevas exigencias medioambientales para seguir funcionando.
La reforma prohíbe nuevas edificaciones o incremento de lo ya edificado en el litoral, tanto en dominio público marítimo terrestre, como en la zona o franja contigua de servidumbre de protección, incorporando cláusulas para frenar cualquier construcción ilegal antes de que se consolide .
Los núcleos urbanos habitados y consolidados desde antes de 1988 y que afectan mayoritariamente a viviendas sencillas y populares, no a hoteles o empresas, se excluyen del domino público.EJEMPLO DE ELLOS, AMPURIA BRAVA, HOGAR DE PEPE EL SALEMA PESCADOR, DE TODA LA VIDA.
Por otro lado, se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros. Únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988, pero con una importante novedad: se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas. Según establece el nuevo texto, la reducción de la servidumbre sólo se podrá aplicar a núcleos costeros que, antes de 1988, tuvieran un carácter urbano.
Sobre el cambio climático y sus efectos en cuanto a la erosión del litoral, incorpora regulaciones específicas. Así, y siguiendo criterios científicos contrastados, introducirá un régimen específico para los tramos de costa en riesgo de grave regresión. Para dichas áreas se limita la ocupación, y la Administración podrá realizar actuaciones de protección, conservación, restauración y podrá establecer contribuciones especiales a los beneficiarios, otra novedad importante de la normativa.
Un aspecto igualmente destacado de esta reforma es aquel que hace referencia a la prórroga de las concesiones hasta un máximo de 75 años, con lo que se mejora la situación jurídica de los antiguos propietarios de viviendas que la ley del 88 expropió. Durante la concesión y sus prórrogas (hasta los 75 años), se garantizará la adecuada conservación de la costa y, además, se exigirá a los propietarios corresponsabilidad en el mantenimiento del domino público.
Por otra parte, y dado que en ocasiones se están produciendo sin autorización y con cierta permisividad, la Ley de Costas regulará el desarrollo de eventos en nuestras playas. Y se hará estableciendo los requisitos, límites y condiciones en que es posible la ocupación de estos espacios para garantizar su conservación, además esas ocupaciones se restringen a los tramos urbanos.
En definitiva una reforma que con claridad y determinación pretende dar respuesta a una realidad que por, responsabilidad, había que afrontar, y así lo ha hecho el Ministro Arias Cañete.
*Francisco Cabrera García, diputado nacional del PP.
http://www.lavozdelanzarote.com/article76689.html
Bien por don Francisco, sigue asi.
miércoles, 15 de mayo de 2013
Berriel denuncia que la Ley de Costas pone trabas para salvar los núcleos litorales
El Consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, aseguró ayer que la nueva Ley de Costas, aprobada en el Congreso el pasado jueves, endurece los trámites para salvar los núcleos litorales.
La nueva normativa obliga a los ayuntamientos a presentar en un plazo de tres meses al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la relación de sus núcleos urbanos costeros, aunque ya estén ordenados por el planteamiento en vigor. La administración estatal deberá pronunciarse sobre la extensión que debe tener la zona de servidumbre de protección en estos núcleos del litoral. Si el informe es desfavorable dejaría de ser suelo urbano y la zona de servidumbre de protección pasaría de 20 a 100 metros. Es decir, la norma se retrotrae a los condicionan tes de la norma anterior, la de 1988. Para el consejero: "Lejos de suponer una mejora para los habitantes del litoral supone un retroceso, porque provoca inseguridad jurídica a aquellos que tengan un terreno o una vivienda en estas zonas".
Berriel defiende que la nueva ley empeora la situación actual, ya que no solo no salva ningún núcleo canario con valor etnográfico, sino que incluye a otros núcleos que antes no estaban afectados.
Además, la ley sí que contempla hasta doce excepciones de urbanizaciones costeras peninsulares, lo que para el consejero evidencia la discriminación que sufren las viviendas de familias humildes frente al lujo, por lo que, subraya, "vulnera el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos y las competencias de las comunidades autónomas". En este sentido, el Gobierno trabaja ya en un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Berriel puso como ejemplo de la desigualdad que la reforma paraliza la sentencia de demolición de una depuradora, por razones de interés general, permitiendo que continúe su actividad hasta que las circunstancias económicas permitan su reubicación. Sin embargo no paraliza sentencias de demolición "de las viviendas de primera necesidad social hasta que las familias puedan ser reubicadas", lamenta.
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/05/15/berriel-denuncia-ley-costas-pone-trabas-salvar-nucleos-litorales/531588.html
La nueva normativa obliga a los ayuntamientos a presentar en un plazo de tres meses al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la relación de sus núcleos urbanos costeros, aunque ya estén ordenados por el planteamiento en vigor. La administración estatal deberá pronunciarse sobre la extensión que debe tener la zona de servidumbre de protección en estos núcleos del litoral. Si el informe es desfavorable dejaría de ser suelo urbano y la zona de servidumbre de protección pasaría de 20 a 100 metros. Es decir, la norma se retrotrae a los condicionan tes de la norma anterior, la de 1988. Para el consejero: "Lejos de suponer una mejora para los habitantes del litoral supone un retroceso, porque provoca inseguridad jurídica a aquellos que tengan un terreno o una vivienda en estas zonas".
Berriel defiende que la nueva ley empeora la situación actual, ya que no solo no salva ningún núcleo canario con valor etnográfico, sino que incluye a otros núcleos que antes no estaban afectados.
Además, la ley sí que contempla hasta doce excepciones de urbanizaciones costeras peninsulares, lo que para el consejero evidencia la discriminación que sufren las viviendas de familias humildes frente al lujo, por lo que, subraya, "vulnera el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos y las competencias de las comunidades autónomas". En este sentido, el Gobierno trabaja ya en un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Berriel puso como ejemplo de la desigualdad que la reforma paraliza la sentencia de demolición de una depuradora, por razones de interés general, permitiendo que continúe su actividad hasta que las circunstancias económicas permitan su reubicación. Sin embargo no paraliza sentencias de demolición "de las viviendas de primera necesidad social hasta que las familias puedan ser reubicadas", lamenta.
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/05/15/berriel-denuncia-ley-costas-pone-trabas-salvar-nucleos-litorales/531588.html
martes, 14 de mayo de 2013
El núcleo de El Apio se salva y Urbanismo inicia la defensa de Jover
Las casas del espacio marítimo, el único con arena dorada de la zona norte de Tenerife, no entran en el dominio del Estado pero quedan fuera de ordenación
Las viviendas del núcleo costero de El Apio, en Valle de Guerra, están fuera del dominio público que fija la nueva Ley de Costas. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Juan Manuel Bethencourt, explicó ayer que el "pequeño grupo de unas tres o cuatro viviendas que hay en este espacio están fuera del dominio público, la zona de la franja marítima que es propiedad del Estado".
Estas edificaciones, por tanto, quedan en el espacio denominado como zona de servidumbre. "Esto implica que están fuera de ordenación y el terreno sigue considerándose suelo rústico de protección litoral", aclaró el gerente municipal. Pese a que son viviendas "no legalizables" esta clasificación aleja de este espacio costero de La Laguna la sombra de las demoliciones.
"En un poblado en el que hay muy pocas edificaciones", destacó Bethencourt. "No obstante, El Apio destaca por ser la única zona de la costa el norte de Tenerife con unos hermosos bancales de arena dorada", añadió.
Con todo, puede que el Ministerio de Costas exija alguna actuación en la zona porque "hay un muro en una parte exterior que puede entrar parcialmente en la zona de dominio de Costas". Sin embargo, sería una pequeña corrección que no afectará a la vivienda principal.
"Hay que recordar que la zona de dominio público es, a todos los efectos, un espacio de la costa propiedad del Estado en la que la única ocupación legal se deriva de una concesión administrativa en la que el Ministerio autoriza temporalmente un uso, como es el caso de un club náutico", precisó el edil y portavoz del grupo nacionalista en el Ayuntamiento lagunero.
Al tiempo, y gracias a la nueva Ley de Costas, aprobada en el Senado el pasado 24 de julio, el Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado la redacción de un informe que permita legalizar el núcleo costero de Jover.
"El objetivo principal del Ayuntamiento de La Laguna en este terreno es defender Jover", indicó. Esta posibilidad está abierta para los municipios canarios que consigan demostrar que los barrios pesqueros que hasta ahora eran ilegales según Costas están consolidados como espacios urbanos y dotados con servicios públicos.
"Hemos encargado un informe al departamento de Obras e Infraestructuras", adelantó Bethencourt. "Vamos a trabajar para conseguir que sea considerado como suelo urbano", añadió. Se da la circunstancia de que cuando se redactó la anterior Ley de Costas,
http://www.laopinion.es/tenerife/2013/05/14/nucleo-apio-salva-urbanismo-inicia-defensa-jover/475278.html
Las viviendas del núcleo costero de El Apio, en Valle de Guerra, están fuera del dominio público que fija la nueva Ley de Costas. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Juan Manuel Bethencourt, explicó ayer que el "pequeño grupo de unas tres o cuatro viviendas que hay en este espacio están fuera del dominio público, la zona de la franja marítima que es propiedad del Estado".
Estas edificaciones, por tanto, quedan en el espacio denominado como zona de servidumbre. "Esto implica que están fuera de ordenación y el terreno sigue considerándose suelo rústico de protección litoral", aclaró el gerente municipal. Pese a que son viviendas "no legalizables" esta clasificación aleja de este espacio costero de La Laguna la sombra de las demoliciones.
"En un poblado en el que hay muy pocas edificaciones", destacó Bethencourt. "No obstante, El Apio destaca por ser la única zona de la costa el norte de Tenerife con unos hermosos bancales de arena dorada", añadió.
Con todo, puede que el Ministerio de Costas exija alguna actuación en la zona porque "hay un muro en una parte exterior que puede entrar parcialmente en la zona de dominio de Costas". Sin embargo, sería una pequeña corrección que no afectará a la vivienda principal.
"Hay que recordar que la zona de dominio público es, a todos los efectos, un espacio de la costa propiedad del Estado en la que la única ocupación legal se deriva de una concesión administrativa en la que el Ministerio autoriza temporalmente un uso, como es el caso de un club náutico", precisó el edil y portavoz del grupo nacionalista en el Ayuntamiento lagunero.
Al tiempo, y gracias a la nueva Ley de Costas, aprobada en el Senado el pasado 24 de julio, el Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado la redacción de un informe que permita legalizar el núcleo costero de Jover.
"El objetivo principal del Ayuntamiento de La Laguna en este terreno es defender Jover", indicó. Esta posibilidad está abierta para los municipios canarios que consigan demostrar que los barrios pesqueros que hasta ahora eran ilegales según Costas están consolidados como espacios urbanos y dotados con servicios públicos.
"Hemos encargado un informe al departamento de Obras e Infraestructuras", adelantó Bethencourt. "Vamos a trabajar para conseguir que sea considerado como suelo urbano", añadió. Se da la circunstancia de que cuando se redactó la anterior Ley de Costas,
http://www.laopinion.es/tenerife/2013/05/14/nucleo-apio-salva-urbanismo-inicia-defensa-jover/475278.html
lunes, 13 de mayo de 2013
NOTA DE PRENSA DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, EL MISMO DÍA DE LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS.
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, RECONOCE LA CONFISCACIÓN DE VIVIENDAS DURANTE 25 AÑOS EN ESPAÑA.
LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
22/1988, DE 28 DE JULIO DE COSTAS
La nueva Ley de Costas, basada en el sentido común,??? la racionalidad??? y la solución de problemas históricos???, plantea tres grandes objetivos: la protección del medio ambiente litoral; la protección de los derechos de antiguos propietarios de viviendas y otros bienes; y la seguridad jurídica para las actividades económicas que sean sostenibles. S
1. Protección del medioambiente litoral. Manifestaciones en la Ley:
• La ley impide nuevas edificaciones en la costa. Se prohíbe edificar en el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). Esta zona es la comprendida desde donde rompe una ola hasta donde empieza la Zona de Servidumbre de Protección (ZSP, mínimo 100 metros). En el DPMT se encuentran las playas y las dunas. Eso ya lo contemplaba la anterior ley
• La reforma de la Ley prohíbe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes en la ZSP supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie. INCLUIDO EN LA ANTERIOR LEY.
Es decir, no se va a enladrillar la costa en ningún caso. No se va a poder construir donde antes estaba prohibido construir. IGUAL QUE LA ANTERIOR LEY.
• Prohibición también de nuevas construcciones en los núcleos costeros que por ser materialmente urbanos en 1988, aunque no estuvieran clasificados como tales entonces, puedan tener una servidumbre de protección de 20 metros. En esos núcleos no se podrá construir.
• Se exige la eficiencia energética y de ahorro de agua en las obras que se autorizan a realizar en los edificios en la costa.
• Se prevé la suspensión por el Delegado del Gobierno de las actuaciones urbanísticas ilegales en la costa, para evitar que se vuelvan a dar situaciones como la de El Algarrobico. El Delegado del Gobierno tendrá potestad de parar de forma cautelar cualquier obra antes de que se empiece a construir. Es una novedad, conocida como la “Cláusula AntiAlbarrobicos”. La experiencia ha dejado claro que es mejor anticiparse a los problemas urbanísticos porque demolición y restauración posterior es muy complicada y costosa. ESTO QUITA COMPETENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
• Se diferencian los tramos urbanos de las playas de los tramos naturales, incrementando la protección de los tramos naturales. En todo caso, sólo se admitirán los eventos en aquellas playas en las que se garantice su completa conservación medioambiental. Todo evento tendrá que tener un interés público y siempre se evaluará el impacto ambiental del evento antes de su autorización. EN LAS PLAYAS URBANAS, SIMPLEMENTE, NO EXISTE EL MEDIO AMBIENTE.
• Por primera vez, una Ley de Costas contempla los efectos del Cambio Climático en el litoral. La Ley prevé la elaboración de una estrategia para mitigar los efectos del cambio climático en la costa. El Ministerio deberá elaborar esta estrategia en el plazo de dos años.
• Se exige un informe ambiental para la prórroga y para las obras en concesiones de actividades potencialmente contaminantes.
2. Se incrementa la seguridad jurídica
• Comenzando por el alcance mismo del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT):
-Mediante una más clara delimitación del alcance de los mayores temporales conocidos, mediante criterios técnicos, que se fijarán reglamentariamente; la situación de los terrenos inundados artificialmente; y concretando qué debe entenderse por playa, duna y otros elementos del dominio público. AHORA EXISTEN DOS DEFINICIONES DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTEE, Y DOS DEFINICIONES DE PLAYAS, FORMENTERA Y EL RESTO. ESTO ES SEGURIDAD JURIDICA.
-Mediante exclusiones puntuales del DPMT: ciertos núcleos de población históricamente consolidados y altamente antropizados; y determinadas salinas y cultivos marinos.
-Deslindes especiales: como los que afectan a paseos marítimos o a la isla de Formentera. TODO ES PURA ARBITRARIEDAD.
• Se mejora la situación jurídica de los antiguos propietarios que se vieron despojados de sus bienes con la Ley de 1988. Se garantiza concesión a todos los titulares de bienes inscritos en el Registro de la propiedad, y además se amplía el plazo de las mismas en 75 años adicionales.
Esto no es privatizar el litoral. Es aclarar miles de situaciones injustas. se trata de proteger a los miles de ciudadanos que adquirieron legitimamente una vivienda y se vieron después desposeídos de ella. CON ESTO ÚLTIMO, EL ESTADO ESPAÑOL. RECONOCE EXPLICITAMENTE, QUE LLEVA CONFISCANDO, QUITANDO CON VIOLENCIA, PROPIEDADES LEGALES DURANTE 25 AÑOS.
• Se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos: se trata de que ningún ciudadano pueda adquirir nunca más una vivienda u otro bien en la costa y descubrir después que no le pertenece porque es DPMT. Para ello, (novedad) se obliga a inscribir los bienes de DPMT en el Registro de la Propiedad, y se asegura esta información a los interesados en caso de que se inicie un nuevo deslinde, desde el inicio del procedimiento. Además, se ofrecerá información gratuita a todos los ciudadanos vía Internet sobre las líneas de deslinde.
• Se clarifica la situación de las urbanizaciones marítimo-terrestres, conciliando el carácter público de los canales y el acceso a los mismos, con las garantías de los propietarios de viviendas y de los estacionamientos náuticos privados, individuales o colectivos. URBANIZACIONES DE LUJO, CONSTRUIDAS, LA MAYORÍA DESPUES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE COSTAS. AHORA, ESTAN SALVADOS DE LA PIQUETA.
3. Se da también mayor seguridad a la actividad económica en la costa.
• Se fomenta la actividad económica ordenada, sostenible y generadora de empleo. Pero hay que dejar bien claro que LO QUE ERA ILEGAL VA A SEGUIR SIENDO ILEGAL.
• Se asegura la continuidad ordenada de las ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre, evitando el efecto 2018, es decir, las demoliciones masivas de industrias y viviendas; siempre con criterios medioambientales. Y LAS SENTENCIAS FIRMES HAY QUE CUMPLIRLAS, INCLUSO EN FORMENTERA.
• Para ello, prórroga de las concesiones que concluían en 2018 por un plazo de hasta 75 años (a concretar por el reglamento según usos). Muchas estaban avocadas a su inminente desaparición, con la consiguiente destrucción de empleo. Aunque no es una prórroga automática, sino sólo respecto de aquellas actividades de las que se acredite su sostenibilidad ambiental ().
• Se aumenta el plazo máximo de las nuevas concesiones a viviendas a 75 años.
• En cuanto a los CHIRINGUITOS, unos 3.000 en todo el litoral generando cerca de 50.000 empleos, se amplía la autorización de 1 a 4 años.
Con todo esto se persigue fomentar una actividad económica sostenible.
• Se permite la transmisión de los derechos de la concesión de viviendas, mortis causa e inter vivos (sometida a autorización).
• Se protegen los bienes declarados de interés cultural para evitar su demolición. PERO NO EL USO HABITACIONAL DE LOS MISMOS
• Se regula mejor la Zona de Servidumbre de Protección:
-Adecuando su superficie a situaciones especiales: ciertos núcleos de población costeros que antes de 1988 reunieran las condiciones urbanísticas para ser urbanos, aunque entonces no estuvieran clasificados como tales (eso sí, dentro de estos núcleos se prohíbe construir en el futuro donde no se haya construido); márgenes de los ríos, tierra adentro, lejos de la desembocadura, según los criterios que se establezcan reglamentariamente. SOLARES DESAFECTADOS, NO PODRÁN SER CONSTRUIDOS.
-Se permiten las obras necesarias para la reparación y modernización de las instalaciones en esta zona, siempre que no impliquen incrementos en altura ni volumen.
Madrid, 08 de mayo de 2013
FUENTE. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
SE LE OLVIDA DECIR, QUE CON ESTA REFORMA, LAS OBRAS, PASEOS, REPOSICIÓN DE ARENA, ETC, TENDRÁN QUE PAGARLA LOS CIUDADANOS.
EL QUE QUIERA PLAYA, QUE LA PAGUE
Bento ve injustificado que el líder del PP en Candelaria pida su cese
La delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento (PP), ha manifestado, a preguntas de este diario, que “evidentemente” no comparte la petición de dimisión que le dirigió el concejal del PP en Candelaria José Fernando Gómez por incumplir la promesa de no tirar las casas de Cho Vito hasta no realojar a los afectados. “Él estuvo presente en todas las reuniones con los vecinos, en las que todas las administraciones hicimos un esfuerzo para llegar a acuerdos, por lo que me parece sorprendente”, afirmó el viernes la delegada sobre Gómez, al que el PP ha abierto por ello expediente de expulsión. Sin embargo, el portavoz de Cho Vito Antonio Alonso reveló ayer que los vecinos vieron cómo, “de forma muy seca”, Hernández Bento impidió a este edil entrar a una de esas reuniones a las que se les convocó. “Y eso pasó antes de que el concejal pidiera dimisiones”, añadió el representante vecinal. Gómez justificaría su enfado además por que el PP Tenerife prometió salvar Cho Vito si gobernaba y no lo hizo.
El viernes, Hernández Bento dijo desconocer esa promesa, aunque Alonso lo corrobora: “Eso fue así; con sentencias ya firmes, el PP, cuando Cristina Tavío era presidenta insular, nos prometió que no las ejecutarían”.
http://www.diariodeavisos.com/bento-ve-injustificado-lider-del-pp-en-candelaria-pida-su-cese/
El viernes, Hernández Bento dijo desconocer esa promesa, aunque Alonso lo corrobora: “Eso fue así; con sentencias ya firmes, el PP, cuando Cristina Tavío era presidenta insular, nos prometió que no las ejecutarían”.
http://www.diariodeavisos.com/bento-ve-injustificado-lider-del-pp-en-candelaria-pida-su-cese/
Cho Vito reitera que Costas le tapó datos sobre el “verdadero”deslinde
La jefa de la Demarcación de Costas, Teresa Sánchez, aseguró el viernes que este organismo entregó a los vecinos de Cho Vito “toda la documentación que legalmente se les ha podido dar”, con lo que, preguntada por este diario en rueda de prensa, negaba de plano las acusaciones de que ha sido objeto por parte de los afectados, en el sentido de que se les negó el acceso a consultar el expediente completo mientras duró el litigio judicial que acabó con el derribo de sus casas para recuperar el dominio público y construir un paseo.
Pero las familias del desaparecido Cho Vito no dan por buena esta explicación ni la ratificación de estas palabras por la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento. Por eso, ayer anunciaron que presentarán un recurso contencioso administrativo para intentar demostrar que las sentencias firmes que avalaron los derribos se dictaron con “un documento falso” porque el deslinde fijado en 2001 debía coincidir con el de 1969, según certificó en 2000 el entonces ingeniero jefe, Manuel Barrios, cosa que al final no fue así, por lo que casi todo el poblado quedó en el corredor de la muerte.
“Nuestras condenas firmes se basan en un acto administrativo, el del deslinde, que es nulo por erróneo, y los jueces nunca vieron estos papeles, por lo que no se puede decir que lo nuestro sea ya sea cosa juzgada, porque han aparecido nuevas pruebas”, manifestó ayer un portavoz de Cho Vito, Antonio Alonso, quien confirmó que el Ministerio de Medio Ambiente ya les ha rechazado su alegación en este sentido, lo que les aboca a intentar el más difícil todavía: reabrir un caso con sentencia ya firme. El viernes, la jefa de la Demarcación ya dejó claro que las alegaciones y los recursos de Cho Vito “se han tramitado y los tribunales han dado la razón a Costas”. ¿Pero dio realmente este organismo público todos los documentos que solicitaron los afectados antes de las sentencias? La técnico responsable de este organismo ha dicho que sí, pero los vecinos afirman que no, y para intentar acreditarlo han remitido a este diario cinco escritos, dos de 2010, con peticiones, no satisfechas, para obtener el expediente administrativo completo relativos a dos viviendas y otras tres peticiones de acceso al expediente del paseo marítimo, registradas en 2012.
Y es que las familias que vivían en Cho Vito sostienen que la tramitación de este proyecto, con el que se justificó la demolición incluso de casas en servidumbre, no las tiene todas consigo. “Consideramos que se cometieron irregularidades,como que el Consejo de Ministros no lo declarara de utilidad pública ni aprobara una declaración de impacto ambiental con el argumento de que son solo proyectos de mantenimiento y conservación, cuando no es así, y además, creemos que se han usado indebidamente fondos europeos para demoler nuestras casas ”, sostuvo Alonso, cuya vivienda se tiró pese a que, como comprobó luego, fotos y planos situaban el mojón del deslinde delante de la edificación.
A su juicio, “ha habido un secreto enorme sobre todo este asunto, vulnerando derechos” reconocidos en la ley 27/2006 que obliga a las administraciones públicas a dar acceso a la información sobre medio ambiente, y el Convenio internacional de Aarhus sobre esta materia.
Los nuevos papeles aportados por Cho Vito los publicó este diario en noviembre pasado, días antes de los últimos derribos, y la Subdelegación del Gobierno no quiso dar entonces su versión al respecto, pese a la insistencia de este diario. Le dieron seis meses después, el viernes, la delegada del Gobierno y la jefa provincial de Costas, a preguntas de este periódico, en rueda de prensa sobre la recién aprobada Ley de Costas
http://www.diariodeavisos.com/cho-vito-reitera-costas-tapo-datos-sobre-verdaderodeslinde/
Pero las familias del desaparecido Cho Vito no dan por buena esta explicación ni la ratificación de estas palabras por la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento. Por eso, ayer anunciaron que presentarán un recurso contencioso administrativo para intentar demostrar que las sentencias firmes que avalaron los derribos se dictaron con “un documento falso” porque el deslinde fijado en 2001 debía coincidir con el de 1969, según certificó en 2000 el entonces ingeniero jefe, Manuel Barrios, cosa que al final no fue así, por lo que casi todo el poblado quedó en el corredor de la muerte.
“Nuestras condenas firmes se basan en un acto administrativo, el del deslinde, que es nulo por erróneo, y los jueces nunca vieron estos papeles, por lo que no se puede decir que lo nuestro sea ya sea cosa juzgada, porque han aparecido nuevas pruebas”, manifestó ayer un portavoz de Cho Vito, Antonio Alonso, quien confirmó que el Ministerio de Medio Ambiente ya les ha rechazado su alegación en este sentido, lo que les aboca a intentar el más difícil todavía: reabrir un caso con sentencia ya firme. El viernes, la jefa de la Demarcación ya dejó claro que las alegaciones y los recursos de Cho Vito “se han tramitado y los tribunales han dado la razón a Costas”. ¿Pero dio realmente este organismo público todos los documentos que solicitaron los afectados antes de las sentencias? La técnico responsable de este organismo ha dicho que sí, pero los vecinos afirman que no, y para intentar acreditarlo han remitido a este diario cinco escritos, dos de 2010, con peticiones, no satisfechas, para obtener el expediente administrativo completo relativos a dos viviendas y otras tres peticiones de acceso al expediente del paseo marítimo, registradas en 2012.
Y es que las familias que vivían en Cho Vito sostienen que la tramitación de este proyecto, con el que se justificó la demolición incluso de casas en servidumbre, no las tiene todas consigo. “Consideramos que se cometieron irregularidades,como que el Consejo de Ministros no lo declarara de utilidad pública ni aprobara una declaración de impacto ambiental con el argumento de que son solo proyectos de mantenimiento y conservación, cuando no es así, y además, creemos que se han usado indebidamente fondos europeos para demoler nuestras casas ”, sostuvo Alonso, cuya vivienda se tiró pese a que, como comprobó luego, fotos y planos situaban el mojón del deslinde delante de la edificación.
A su juicio, “ha habido un secreto enorme sobre todo este asunto, vulnerando derechos” reconocidos en la ley 27/2006 que obliga a las administraciones públicas a dar acceso a la información sobre medio ambiente, y el Convenio internacional de Aarhus sobre esta materia.
Los nuevos papeles aportados por Cho Vito los publicó este diario en noviembre pasado, días antes de los últimos derribos, y la Subdelegación del Gobierno no quiso dar entonces su versión al respecto, pese a la insistencia de este diario. Le dieron seis meses después, el viernes, la delegada del Gobierno y la jefa provincial de Costas, a preguntas de este periódico, en rueda de prensa sobre la recién aprobada Ley de Costas
http://www.diariodeavisos.com/cho-vito-reitera-costas-tapo-datos-sobre-verdaderodeslinde/
viernes, 10 de mayo de 2013
Los afectados alertan del ataque al derecho a la propiedad privada
Miembros de la plataforma de perjudicados por la Ley de Costas de la provincia de Huelva han rechazado la reforma aprobada ayer por el Parlamento, ya que entienden que vulnera la normativa europea de la propiedad privada.
La mayoría de los afectados considera insuficiente el sistema compensatorio de la reforma, que se basa en alargar las concesiones de uso de la vivienda hasta 75 años, en lugar de contemplar una compensación económica.
Los propietarios de las viviendas denuncian que con la nueva ley no se produce ninguna expropiación, lo que conllevaría una compensación económicas, y sí una "confiscación", porque no contempla ni una indemnización ni un justiprecio. La nueva normativa tan solo permite el disfrute de la vivienda; esto es de "algo que ya tengo", como dicen gráficamente los afectados. Y además, "pretenden indemnizarnos con algo que ya es nuestro", añaden.
Los afectados están convencidos que la reforma va contra la propiedad privada, un derecho "sagrado", según la Carta Europea y que se salta la Constitución Española y el Derecho Internacional.
Tampoco aborda, en su opinión, el concepto de dominio público. Así, la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas entiende que con la reforma "se pueden realizar deslinde indefinidamente", ya que permite que en cualquier momento pueda producirse una ampliación.
La Comisión de Peticiones de la Unión Europea estudia ya si la reforma de la Ley de Costas vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de la propiedad privada y redactará un informe de conclusiones antes del verano.
La modificación de la ley podría vulnerar la Carta Europea de Derechos Fundamentales ya que "ataca" al concepto de propiedad privada. Y es que, según la Comisión, las compensaciones a los propietarios afectados por la normativa se han pensado de forma muy extraña, porque el Gobierno español no paga nada, no compensa y se queda con la propiedad, y solo otorga una "concesión, o en tal caso la ampliación de una concesión que no es una compensación económica".
La reforma de la Ley de Costas sigue sin ofrecer la protección jurídica suficiente para los propietarios de casas en la costa y plantea varios interrogante sobre protección medioambiental, según la Comisión. Ésta determina que se necesita una clara definición del concepto dominio público marítimo terrestre y que el registro de la propiedad no es satisfactorio, porque se tendría que saber si una propiedad está afectada o no por la normativa antes de comprar.
La plataforma considera ni de lejos concilia la necesidad de proteger el medio ambiente y la obligación de respetar los derechos y garantías jurídicas de los propietarios de pequeñas casas en la costa.
La nueva normativa obliga por ejemplo a incluir en el registro de la propiedad civil todas las casas que se verían afectadas por el deslinde, para que nadie pueda adquirir una vivienda sin saber que podría ser expropiada en el futuro.
La asociación no está convencida de que la reforma vaya a mejorar las cosas ni logre compensar a los propietarios ya afectados de forma satisfactoria, porque además incluye una cláusula que establece que las concesiones podrían revocarse en cualquier momento sin causa justificada.
Los afectados denuncian también que las líneas de deslinde que definen qué casas expropiar se han fijado de manera muy arbitraria, amnistiando en algunos casos a hoteles o fábricas contaminantes en detrimento de muchos pequeños propietarios, que sí se han visto expropiados.
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1520086/los/afectados/alertan/ataque/derecho/la/propiedad/privada.html
La mayoría de los afectados considera insuficiente el sistema compensatorio de la reforma, que se basa en alargar las concesiones de uso de la vivienda hasta 75 años, en lugar de contemplar una compensación económica.
Los propietarios de las viviendas denuncian que con la nueva ley no se produce ninguna expropiación, lo que conllevaría una compensación económicas, y sí una "confiscación", porque no contempla ni una indemnización ni un justiprecio. La nueva normativa tan solo permite el disfrute de la vivienda; esto es de "algo que ya tengo", como dicen gráficamente los afectados. Y además, "pretenden indemnizarnos con algo que ya es nuestro", añaden.
Los afectados están convencidos que la reforma va contra la propiedad privada, un derecho "sagrado", según la Carta Europea y que se salta la Constitución Española y el Derecho Internacional.
Tampoco aborda, en su opinión, el concepto de dominio público. Así, la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas entiende que con la reforma "se pueden realizar deslinde indefinidamente", ya que permite que en cualquier momento pueda producirse una ampliación.
La Comisión de Peticiones de la Unión Europea estudia ya si la reforma de la Ley de Costas vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de la propiedad privada y redactará un informe de conclusiones antes del verano.
La modificación de la ley podría vulnerar la Carta Europea de Derechos Fundamentales ya que "ataca" al concepto de propiedad privada. Y es que, según la Comisión, las compensaciones a los propietarios afectados por la normativa se han pensado de forma muy extraña, porque el Gobierno español no paga nada, no compensa y se queda con la propiedad, y solo otorga una "concesión, o en tal caso la ampliación de una concesión que no es una compensación económica".
La reforma de la Ley de Costas sigue sin ofrecer la protección jurídica suficiente para los propietarios de casas en la costa y plantea varios interrogante sobre protección medioambiental, según la Comisión. Ésta determina que se necesita una clara definición del concepto dominio público marítimo terrestre y que el registro de la propiedad no es satisfactorio, porque se tendría que saber si una propiedad está afectada o no por la normativa antes de comprar.
La plataforma considera ni de lejos concilia la necesidad de proteger el medio ambiente y la obligación de respetar los derechos y garantías jurídicas de los propietarios de pequeñas casas en la costa.
La nueva normativa obliga por ejemplo a incluir en el registro de la propiedad civil todas las casas que se verían afectadas por el deslinde, para que nadie pueda adquirir una vivienda sin saber que podría ser expropiada en el futuro.
La asociación no está convencida de que la reforma vaya a mejorar las cosas ni logre compensar a los propietarios ya afectados de forma satisfactoria, porque además incluye una cláusula que establece que las concesiones podrían revocarse en cualquier momento sin causa justificada.
Los afectados denuncian también que las líneas de deslinde que definen qué casas expropiar se han fijado de manera muy arbitraria, amnistiando en algunos casos a hoteles o fábricas contaminantes en detrimento de muchos pequeños propietarios, que sí se han visto expropiados.
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1520086/los/afectados/alertan/ataque/derecho/la/propiedad/privada.html
Dos hoteles canarios esquivan la piqueta
La reforma prorroga la concesión administrativa de dos de los hoteles más polémicos de Canarias
La nueva Ley de Costas, con carácter general, prorroga la concesión administrativa de dos de los hoteles más polémicos de Canarias, aquellos que son propiedad de la Cadena Riu y se encuentran dentro del espacio protegido de las dunas de Corralejo, en Fuerteventura, en dominio público. La ampliación de la concesión se tramitará mediante solicitud, “un automatismo”, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, durante los próximos 75 años.
Son las dos únicas explotaciones hoteleras ubicadas en este Parque Natural y tienen la exclusiva del uso del mismo. La concesión de uno de los hoteles, Oliva Beach, culminaba en 2017 y con la nueva Ley de Costas se amplía también la ausencia de canon por ocupar este espacio. En caso de que se hubiese llegado al final de la concesión administrativa, el Estado podría haber decidido demoler y reponer la zona, tal y como se había planteado en la hoja de ruta inicial.
La cadena hotelera obtuvo en 2007, de acuerdo con la negociación mantenida con el Gobierno de España, un hotel con licencia para 10 años y otro para 30 años; a cambio, el Estado obtenía el islote de Lobos, ahora público y antes propiedad de Riu en su mayoría. Cristina Narbona, entonces ministra de Medio Ambiente, negoció con la cadena hotelera la reducción de la concesión administrativa.
La empresa expresó su deseo de llegar a un acuerdo dado que su negocio “no está en explotar hoteles en dominio público”. El deslinde por el que ambos establecimientos, de repente, se encontraron en terreno público se produjo en 1989 y a pesar de ser recurrido, el Tribunal Supremo dio la razón al Estado en 2003.
José Fernández, director general de Espacios Protegidos del Gobierno de Canarias, ve cómo la nueva ley “desprotege de manera notable la costa y expone al cambio climático a muchas construcciones”. Para otros expertos consultados, se trata de “una transferencia de recursos encubierta” por parte del Estado. Hace dos días, en una reunión de urgencia, el Cabildo se puso en el peor de los casos y propuso compensar a Riu con terrenos en una zona urbana. Todo por no perder esas 436 habitaciones y la actividad que generan.
En España existen otros espacios que también acogen hoteles en dominio público, como El Saler, en Valencia, o en Punta Umbría (Huelva), y cuya concesión, igualmente, se ampliará previsiblemente.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/09/actualidad/1368131003_984418.html
La nueva Ley de Costas, con carácter general, prorroga la concesión administrativa de dos de los hoteles más polémicos de Canarias, aquellos que son propiedad de la Cadena Riu y se encuentran dentro del espacio protegido de las dunas de Corralejo, en Fuerteventura, en dominio público. La ampliación de la concesión se tramitará mediante solicitud, “un automatismo”, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, durante los próximos 75 años.
Son las dos únicas explotaciones hoteleras ubicadas en este Parque Natural y tienen la exclusiva del uso del mismo. La concesión de uno de los hoteles, Oliva Beach, culminaba en 2017 y con la nueva Ley de Costas se amplía también la ausencia de canon por ocupar este espacio. En caso de que se hubiese llegado al final de la concesión administrativa, el Estado podría haber decidido demoler y reponer la zona, tal y como se había planteado en la hoja de ruta inicial.
La cadena hotelera obtuvo en 2007, de acuerdo con la negociación mantenida con el Gobierno de España, un hotel con licencia para 10 años y otro para 30 años; a cambio, el Estado obtenía el islote de Lobos, ahora público y antes propiedad de Riu en su mayoría. Cristina Narbona, entonces ministra de Medio Ambiente, negoció con la cadena hotelera la reducción de la concesión administrativa.
La empresa expresó su deseo de llegar a un acuerdo dado que su negocio “no está en explotar hoteles en dominio público”. El deslinde por el que ambos establecimientos, de repente, se encontraron en terreno público se produjo en 1989 y a pesar de ser recurrido, el Tribunal Supremo dio la razón al Estado en 2003.
José Fernández, director general de Espacios Protegidos del Gobierno de Canarias, ve cómo la nueva ley “desprotege de manera notable la costa y expone al cambio climático a muchas construcciones”. Para otros expertos consultados, se trata de “una transferencia de recursos encubierta” por parte del Estado. Hace dos días, en una reunión de urgencia, el Cabildo se puso en el peor de los casos y propuso compensar a Riu con terrenos en una zona urbana. Todo por no perder esas 436 habitaciones y la actividad que generan.
En España existen otros espacios que también acogen hoteles en dominio público, como El Saler, en Valencia, o en Punta Umbría (Huelva), y cuya concesión, igualmente, se ampliará previsiblemente.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/09/actualidad/1368131003_984418.html
Arucas tramita los catálogos de las casas afectadas por la nueva Ley de Costas en el municipio
San Andrés, Quintanilla y El Puertillo no están en el anexo de la nueva Ley de Costas.
El Ayuntamiento de Arucas en el Pleno celebrado el pasado lunes, día 6 de mayo, en asuntos de Presidencia y a través del alcalde Ángel Víctor Torres, anunció que la Concejalía de Urbanismo y la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas había recibido una nota interna de fecha 30 de abril, para la elaboración del catálogo de viviendas del municipio afectadas por la nueva Ley de Costas, ya que tras la aprobación definitiva de la nueva Ley de Costas y en el anexo de la misma no constaba como núcleos poblacionales los barrios de San Andrés, Quintanilla y El Puertillo, y así poder ser amnistiados.
Ante tal situación, por parte del Ayuntamiento se han iniciado los trámites internos para que desde los servicios municipales de Urbanismo se realice el catálogo de las viviendas afectadas por la Ley de Costas con el objetivo de intentar que la Administración Central, es decir, el Gobierno de España, considere a los núcleos costeros de San Andrés, Quintanilla y El Puertillo dignos de ser excluidos en la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre y evitar así su demolición.
La nueva Ley aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados tiene un anexo en el que aparecen una serie de núcleos poblacionales entre los que no se incluye ninguno de Canarias y, por tanto, tampoco lo tres núcleos del municipio afectados.
Según esta Ley, que se publicará en el BOE en los próximo días, los ayuntamientos tienen hasta tres meses para presentar sus catálogos, y ante la evidencia de que en el Senado se habían rechazado las enmiendas relativas a los núcleos costeros canarios, el Ayuntamiento de Arucas ha comenzado a realizar el trabajo para llevarlo, si procede, a un próximo Pleno.
La concejala de Urbanismo del Consistorio aruquense, Marisol Collado, expuso que “desde la Concejalía de Urbanismo, a través del Plan General, se está trabajando para reservar el suelo necesario por si es necesario el realojo de los vecinos afectados, dejando claro que la prioridad es conseguir la inclusión de los núcleos costeros de Arucas como núcleos poblacionales en la nueva Ley.”
"Canarias no existe para la Ley de Costas"
La reforma de la Ley de Costas salió ayer aprobada del Congreso de los Diputados sin atender las especificidades canarias y sin garantías para los núcleos costeros amenazados de derribo en las Islas. Para la diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NC) Ana Oramas en esta ley «Canarias no existe». La nueva norma únicamente contó con los votos favorables del Partido Popular (PP).
El pleno del Congreso de los Diputados dio ayer el visto bueno definitivo a la reforma de la Ley de Costas en los mismos términos que había sido aprobada en el Senado y por tanto sin incorporar ninguna excepción para salvar aquellos enclaves costeros de las Islas con valores etnográficos, históricos o pintorescos, que ahora pueden quedar condenados a la piqueta.
Aunque la Cámara Baja se limitó a ratificar el texto sin introducir cambio alguno con el único voto a favor del PP, el trámite suscitó un debate encendido. La portavoz de CC-NC, Ana Oramas, calificó de «impresentable» que la reforma no haya tenido en cuenta a las Islas. «Sencillamente en esta ley Canarias no existe, pese a ser la comunidad autónoma con más kilómetros de costa», señaló.
La diputada nacionalista reprochó al PP haber salvado de la piqueta doce enclaves concretos de la Península y Baleares y «olvidarse» de los núcleos canarios.
«¿Ustedes me quieren decir qué diferencia hay entre Formentera y La Palma o Lanzarote? ¿O entre Tenerife y determinadas zonas del Mediterráneo?» preguntó Oramas a los populares, «porque los enclaves canarios tienen las mismas condiciones que esos sitios que sí han recibido el cariñito especial del PP y que se han salvado por compromiso político», añadió.
La diputada nacionalista recordó, además, que los núcleos isleños para los que se pedía consideración especial «no son chalés con piscina ni hoteles en primera línea, sino casas que gente sencilla levantó hace treinta, cincuenta o sesenta años», señaló, al tiempo que sostuvo que «estamos hablando de actividades sostenibles y de valores etnográficos, no de especulación», quiso dejar claro.
La Ley deja ahora la pelota en el tejado de los ayuntamientos, que deben remitir un informe a Medio Ambiente sobre cada enclave, argumentando que se trata de núcleos urbanos. Si el Ministerio entiende que cumplen con todos los requisitos, se los excluirá de la servidumbre, que queda fijada en 20 metros.
Recurso
El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, no fue ayer tan contundente como hace unas semanas en el Parlamento regional, donde anunció que el Gobierno recurriría la reforma de la Ley de Costas «apenas» se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A través de un portavoz autorizado de la Consejería, Berriel manifestó que el Ejecutivo sigue mostrándose «crítico» con la reforma del Partido Popular (PP) y la «rechaza» por cuanto que «no se adapta a la realidad de las Islas».
Sin embargo, ayer indicó que el Gobierno tiene que estudiar «con detenimiento» el documento aprobado ayer, y ver las enmiendas incorporadas, antes de decidir si recurre la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional. En el Parlamento , Berriel aludió a la inconstitucionalidad de la Ley por su retroactividad y por no respetar, dijo, el principio de igualdad
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=300320
El pleno del Congreso de los Diputados dio ayer el visto bueno definitivo a la reforma de la Ley de Costas en los mismos términos que había sido aprobada en el Senado y por tanto sin incorporar ninguna excepción para salvar aquellos enclaves costeros de las Islas con valores etnográficos, históricos o pintorescos, que ahora pueden quedar condenados a la piqueta.
Aunque la Cámara Baja se limitó a ratificar el texto sin introducir cambio alguno con el único voto a favor del PP, el trámite suscitó un debate encendido. La portavoz de CC-NC, Ana Oramas, calificó de «impresentable» que la reforma no haya tenido en cuenta a las Islas. «Sencillamente en esta ley Canarias no existe, pese a ser la comunidad autónoma con más kilómetros de costa», señaló.
La diputada nacionalista reprochó al PP haber salvado de la piqueta doce enclaves concretos de la Península y Baleares y «olvidarse» de los núcleos canarios.
«¿Ustedes me quieren decir qué diferencia hay entre Formentera y La Palma o Lanzarote? ¿O entre Tenerife y determinadas zonas del Mediterráneo?» preguntó Oramas a los populares, «porque los enclaves canarios tienen las mismas condiciones que esos sitios que sí han recibido el cariñito especial del PP y que se han salvado por compromiso político», añadió.
La diputada nacionalista recordó, además, que los núcleos isleños para los que se pedía consideración especial «no son chalés con piscina ni hoteles en primera línea, sino casas que gente sencilla levantó hace treinta, cincuenta o sesenta años», señaló, al tiempo que sostuvo que «estamos hablando de actividades sostenibles y de valores etnográficos, no de especulación», quiso dejar claro.
La Ley deja ahora la pelota en el tejado de los ayuntamientos, que deben remitir un informe a Medio Ambiente sobre cada enclave, argumentando que se trata de núcleos urbanos. Si el Ministerio entiende que cumplen con todos los requisitos, se los excluirá de la servidumbre, que queda fijada en 20 metros.
Recurso
El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, no fue ayer tan contundente como hace unas semanas en el Parlamento regional, donde anunció que el Gobierno recurriría la reforma de la Ley de Costas «apenas» se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A través de un portavoz autorizado de la Consejería, Berriel manifestó que el Ejecutivo sigue mostrándose «crítico» con la reforma del Partido Popular (PP) y la «rechaza» por cuanto que «no se adapta a la realidad de las Islas».
Sin embargo, ayer indicó que el Gobierno tiene que estudiar «con detenimiento» el documento aprobado ayer, y ver las enmiendas incorporadas, antes de decidir si recurre la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional. En el Parlamento , Berriel aludió a la inconstitucionalidad de la Ley por su retroactividad y por no respetar, dijo, el principio de igualdad
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=300320
jueves, 9 de mayo de 2013
PROTESTAS EN EL CONGRESO POR LA APROBACIÓN DE LA LEY DE COSTAS.
Greenpeace escala el Congreso en protesta por la Ley de Costas del PP
Varios activistas consiguen llegar hasta el techo del hemiciclo donde desplegaron una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa"
Varios activistas de Greenpeace han conseguido acceder esta mañana hasta la parte más alta de la fachada del Congreso de los Diputados para protestar por la reforma de la Ley de Costas, que hoy de debate en el hemiciclo.
Durante la acción reivindicativa, en la que han desplegado una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa", ocho activistas han sido detenidos por la Policía, sin que todavía hayan sido puestos en libertad, según ha informado la organización ecologista.
Fuentes policiales han informado de que los arrestados han sido trasladados a comisaría donde se les tomará declaración.
Cinco de los miembros de la ONG intentaron acceder a la puerta principal del edificio para llegar hasta el perímetro interior del Congreso, pero los agentes los desalojaron rápidamente. Dos de ellos, no obstante, consiguieron escalar la fachada principal a través de los andamios que rodean el Congreso por las obras y llegar hasta su parte superior donde desplegaron la pancarta y uno de ellos se descolgó con una cuerda durante unos segundos.
La acción, de carácter pacifico, se ha llevado a cabo mientras en el interior se debate el Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, que previsiblemente será aprobada hoy definitivamente con la mayoría del PP y la abstención de CiU.
"Hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no solo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria" ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
La organización ha criticado reiteradamente las modificaciones previstas para la nueva ley, al considerar que "desprotege y privatiza" el litoral español y que "podría favorecer unos pocos intereses muy cercanos al PP".
Greenpeace ha anunciado que presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si con la reforma se han vulnerado varias directivas europeas sobre protección del medio ambiente
http://www.publico.es/455016/greenpeace-escala-el-congreso-en-protesta-por-la-ley-de-costas-del-pp
La protesta de Greenpeace frente al Congreso contra la Ley de Costas se salda con la detención de ocho activistas
El grupo ecologista presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si se han vulnerado directivas europeas
La protestas realizada a primera hora de este jueves por miembros de Greenpeace en el Congreso de los Diputados se ha saldado con el arresto por parte de la Policía Nacional de los ocho activistas de la organización que han participado en la acción, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Tras una rápida intervención, los agentes lograron neutralizar a todos los activistas, a los que retuvieron en la plaza de las Cortes y les pidieron la documentación. Posteriormente, fueron detenidos y serán trasladados a las dependencias policiales de Moratalaz, según las mismas fuentes consultadas.
Los activistas de Greenpeace, que iban vestidos con monos naranjas, se habían encaramado esta mañana al tejado del Congreso de los Diputados para protestar contra la Ley de Costas y llegaron a mostrar una pancarta en la que se podía leer 'El PP vende nuestras costas', pero fueron desalojados rápidamente por la Policía.
Minutos antes de que esto sucediese, cinco de estos activistas habían intentado acceder al perímetro interior del Congreso, actualmente protegido por las obras que se están realizando en la zona. Pretendían acceder a la puerta principal del edificio, habitualmente cerrada, para lo que llegaron a subirse a las vallas que actualmente rodean el perímetro.
Los agentes reaccionaron con velocidad para bajarlos de la valla, pero al menos dos de ellos consiguieron burlar la acción de la Policía y llegaron a subirse a lo alto del edificio aprovechando el andamiaje que hay en torno al mismo por las citadas obras.
Tras mostrar la pancarta 'El PP vende nuestras costas', uno de ellos llegó a descolgarse con una cuerda por la fachada del edificio durante unos segundos.
SE REBAJA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
A juicio de Greenpeace, durante todo el proyecto de reforma, la estrategia del PP ha consistido en rebajar al máximo la protección ambiental de la costa y ahondar en su privatización.
Es más, el grupo ecologista sostiene que la desprotección ha ido acompañada de grandes dosis de arbitrariedad, que Greenpeace lleva denunciando desde el comienzo de la reforma.
En su opinión, ésta podría favorecer intereses muy concretos cercanos al partido en el Gobierno que han quedado recogidos en el informe 'Amnistía a la Destrucción' y que ocasionó una demanda por parte de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
La organización destaca, como puntos más negativos de esta ley, que una docena de núcleos costeros que quedarán exentos de cumplir la Ley de Costas; la reducción de la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos; la desprotección de los más importantes humedales costeros y dunas, y el desprecio por las consecuencias del cambio climático sobre el litoral español, entre otras muchos recortes a la protección de la costa.
UNA LEY CON FALTA DE RIGOR
"Otra prueba de la falta de rigor de la reforma es que desde el Ministerio de Medio Ambiente se reconoció a Greenpeace que no se habían dado cuenta de que el PP había incluido una enmienda según la cual hubiese sido posible legalizar el hotel de el Algarrobico", alerta la organización ecologista, aunque reconoce que la enmienda se corrijió en último momento.
"Hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no sólo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria", según ha sentenciado la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.
La organización ecologista tampoco comprende cómo se puede aprobar una reforma que carece de una memoria económica que analice con rigor el coste económico de lo que va a suponer la reforma, dada la inseguridad jurídica que provocará, ya que dejará sin efecto cientos de sentencias firmes de los tribunales de Justicia que había ganado el Estado.
"Provocará un grave quebranto económico al erario público si ha de indemnizar a todos aquellos que perdieron sus casos durante los 25 años de aplicación de la Ley", ha sentenciado..
Greenpeace presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si se han vulnerado la directiva europea sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la también directiva europea relativa a evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, o la directiva relativa a la conservación de aves silvestres, la directiva Hábitat, relativas a la conservación de Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, el convenio de Aarhus, la Directiva de 2003 de medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.
http://www.eldiario.es/politica/Greenpeace-Congreso-Ley-Costas-activistas_0_130537087.html
Varios activistas consiguen llegar hasta el techo del hemiciclo donde desplegaron una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa"
Varios activistas de Greenpeace han conseguido acceder esta mañana hasta la parte más alta de la fachada del Congreso de los Diputados para protestar por la reforma de la Ley de Costas, que hoy de debate en el hemiciclo.
Durante la acción reivindicativa, en la que han desplegado una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa", ocho activistas han sido detenidos por la Policía, sin que todavía hayan sido puestos en libertad, según ha informado la organización ecologista.
Fuentes policiales han informado de que los arrestados han sido trasladados a comisaría donde se les tomará declaración.
Cinco de los miembros de la ONG intentaron acceder a la puerta principal del edificio para llegar hasta el perímetro interior del Congreso, pero los agentes los desalojaron rápidamente. Dos de ellos, no obstante, consiguieron escalar la fachada principal a través de los andamios que rodean el Congreso por las obras y llegar hasta su parte superior donde desplegaron la pancarta y uno de ellos se descolgó con una cuerda durante unos segundos.
La acción, de carácter pacifico, se ha llevado a cabo mientras en el interior se debate el Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, que previsiblemente será aprobada hoy definitivamente con la mayoría del PP y la abstención de CiU.
"Hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no solo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria" ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
La organización ha criticado reiteradamente las modificaciones previstas para la nueva ley, al considerar que "desprotege y privatiza" el litoral español y que "podría favorecer unos pocos intereses muy cercanos al PP".
Greenpeace ha anunciado que presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si con la reforma se han vulnerado varias directivas europeas sobre protección del medio ambiente
http://www.publico.es/455016/greenpeace-escala-el-congreso-en-protesta-por-la-ley-de-costas-del-pp
La protesta de Greenpeace frente al Congreso contra la Ley de Costas se salda con la detención de ocho activistas
El grupo ecologista presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si se han vulnerado directivas europeas
La protestas realizada a primera hora de este jueves por miembros de Greenpeace en el Congreso de los Diputados se ha saldado con el arresto por parte de la Policía Nacional de los ocho activistas de la organización que han participado en la acción, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Tras una rápida intervención, los agentes lograron neutralizar a todos los activistas, a los que retuvieron en la plaza de las Cortes y les pidieron la documentación. Posteriormente, fueron detenidos y serán trasladados a las dependencias policiales de Moratalaz, según las mismas fuentes consultadas.
Los activistas de Greenpeace, que iban vestidos con monos naranjas, se habían encaramado esta mañana al tejado del Congreso de los Diputados para protestar contra la Ley de Costas y llegaron a mostrar una pancarta en la que se podía leer 'El PP vende nuestras costas', pero fueron desalojados rápidamente por la Policía.
Minutos antes de que esto sucediese, cinco de estos activistas habían intentado acceder al perímetro interior del Congreso, actualmente protegido por las obras que se están realizando en la zona. Pretendían acceder a la puerta principal del edificio, habitualmente cerrada, para lo que llegaron a subirse a las vallas que actualmente rodean el perímetro.
Los agentes reaccionaron con velocidad para bajarlos de la valla, pero al menos dos de ellos consiguieron burlar la acción de la Policía y llegaron a subirse a lo alto del edificio aprovechando el andamiaje que hay en torno al mismo por las citadas obras.
Tras mostrar la pancarta 'El PP vende nuestras costas', uno de ellos llegó a descolgarse con una cuerda por la fachada del edificio durante unos segundos.
SE REBAJA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
A juicio de Greenpeace, durante todo el proyecto de reforma, la estrategia del PP ha consistido en rebajar al máximo la protección ambiental de la costa y ahondar en su privatización.
Es más, el grupo ecologista sostiene que la desprotección ha ido acompañada de grandes dosis de arbitrariedad, que Greenpeace lleva denunciando desde el comienzo de la reforma.
La organización destaca, como puntos más negativos de esta ley, que una docena de núcleos costeros que quedarán exentos de cumplir la Ley de Costas; la reducción de la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos; la desprotección de los más importantes humedales costeros y dunas, y el desprecio por las consecuencias del cambio climático sobre el litoral español, entre otras muchos recortes a la protección de la costa.
UNA LEY CON FALTA DE RIGOR
"Otra prueba de la falta de rigor de la reforma es que desde el Ministerio de Medio Ambiente se reconoció a Greenpeace que no se habían dado cuenta de que el PP había incluido una enmienda según la cual hubiese sido posible legalizar el hotel de el Algarrobico", alerta la organización ecologista, aunque reconoce que la enmienda se corrijió en último momento.
"Hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no sólo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria", según ha sentenciado la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.
La organización ecologista tampoco comprende cómo se puede aprobar una reforma que carece de una memoria económica que analice con rigor el coste económico de lo que va a suponer la reforma, dada la inseguridad jurídica que provocará, ya que dejará sin efecto cientos de sentencias firmes de los tribunales de Justicia que había ganado el Estado.
"Provocará un grave quebranto económico al erario público si ha de indemnizar a todos aquellos que perdieron sus casos durante los 25 años de aplicación de la Ley", ha sentenciado..
Greenpeace presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si se han vulnerado la directiva europea sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la también directiva europea relativa a evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, o la directiva relativa a la conservación de aves silvestres, la directiva Hábitat, relativas a la conservación de Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, el convenio de Aarhus, la Directiva de 2003 de medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.
http://www.eldiario.es/politica/Greenpeace-Congreso-Ley-Costas-activistas_0_130537087.html
martes, 7 de mayo de 2013
La Ley de Costas "salvará" miles de hogares gallegos situados junto al mar
La nueva Ley de Costas, que el Congreso aprobará previsiblemente el próximo jueves, "salvará" miles de hogares gallegos que se sitúan en núcleos rurales tradicionales aunque sobre el dominio marítimo-terrestre.
El pleno del Congreso ha debatido hoy una proposición del Parlamento gallego para modificar la actual Ley de Costas, que pretendía que se tuvieran en cuenta algunas singularidades de Galicia, como los asentamientos tradicionales de población que existen junto al mar, y que forman parte del acervo cultural de una comunidad con profundas tradiciones marítimas y marineras.
La iniciativa ha sido rechazada por todos los grupos, ya que la nueva Ley de Costas que se aprobará el jueves, y que sustituirá la vigente desde 1988, incorpora en gran parte las propuestas que estaban incluidas en la iniciativa del Parlamento gallego.
La proposición de ley para modificar la Ley de Costas de 1988 fue promovida en el Parlamento gallego por el PPdeG en el año 2010, y en ella se reconoce que la ley que se aprobó hace veinticinco años pretendió poner orden al creciente proceso de "privatización y depredación" de la franja costera española.
Según el texto defendido hoy en el Congreso, la Ley de Costas de 1988 no contempló este fenómeno urbanístico "netamente gallego", el de los asentamientos rurales, que además están reconocidos por la legislación urbanística de Galicia.
Plantea además que se están sucediendo situaciones injustas, ya que durante los últimos años se han expropiado viviendas o inmuebles a gente que las construyó o compró de buena fe, y en muchos casos esas propiedades están sujetas a hipotecas o créditos.
La proposición de ley propuesta por el Parlamento Gallego planteaba que se hicieran concesiones de treinta años -prorrogables- para ese tipo de edificaciones, y que si el Estado opta por la expropiación se haga cargo de todas las cargas hipotecarias o financieras o compense a los propietarios con un inmueble similar.
Pero el texto ha decaído ante la oposición unánime de la Cámara, y el portavoz del PP Guillermo Collarte ha justificado el rechazo del grupo mayoritario al señalar que estas demandas están ya, en gran parte, previstas en la nueva Ley.
Los grupos de la oposición han criticado la nueva Ley de Costas por considerar que aumentará la privatización y la sobreexplotación del litoral español, y han advertido de que la nueva norma no tiene en cuenta los efectos del cambio climático.
Han criticado además que se pretenda "salvar" de la demolición "mansiones", "chalets de lujo" y algunas empresas, pero el diputado del PP Guillermo Collarte ha insistido en que se trata de hogares pertenecientes a familias de pescadores y "gente humilde":
EFE
UNA LEY PARA LOS GALLEGOS. EN CANARIAS EXISTEN NUCLEOS COSTEROS TRADICONALES, QUIZAS MAS ANTIGUOS QUE LOS GALLEGOS. DONDE ESTAN LOS POLITICOS CANARIOS?
El pleno del Congreso ha debatido hoy una proposición del Parlamento gallego para modificar la actual Ley de Costas, que pretendía que se tuvieran en cuenta algunas singularidades de Galicia, como los asentamientos tradicionales de población que existen junto al mar, y que forman parte del acervo cultural de una comunidad con profundas tradiciones marítimas y marineras.
La iniciativa ha sido rechazada por todos los grupos, ya que la nueva Ley de Costas que se aprobará el jueves, y que sustituirá la vigente desde 1988, incorpora en gran parte las propuestas que estaban incluidas en la iniciativa del Parlamento gallego.
La proposición de ley para modificar la Ley de Costas de 1988 fue promovida en el Parlamento gallego por el PPdeG en el año 2010, y en ella se reconoce que la ley que se aprobó hace veinticinco años pretendió poner orden al creciente proceso de "privatización y depredación" de la franja costera española.
Según el texto defendido hoy en el Congreso, la Ley de Costas de 1988 no contempló este fenómeno urbanístico "netamente gallego", el de los asentamientos rurales, que además están reconocidos por la legislación urbanística de Galicia.
Plantea además que se están sucediendo situaciones injustas, ya que durante los últimos años se han expropiado viviendas o inmuebles a gente que las construyó o compró de buena fe, y en muchos casos esas propiedades están sujetas a hipotecas o créditos.
La proposición de ley propuesta por el Parlamento Gallego planteaba que se hicieran concesiones de treinta años -prorrogables- para ese tipo de edificaciones, y que si el Estado opta por la expropiación se haga cargo de todas las cargas hipotecarias o financieras o compense a los propietarios con un inmueble similar.
Pero el texto ha decaído ante la oposición unánime de la Cámara, y el portavoz del PP Guillermo Collarte ha justificado el rechazo del grupo mayoritario al señalar que estas demandas están ya, en gran parte, previstas en la nueva Ley.
Los grupos de la oposición han criticado la nueva Ley de Costas por considerar que aumentará la privatización y la sobreexplotación del litoral español, y han advertido de que la nueva norma no tiene en cuenta los efectos del cambio climático.
Han criticado además que se pretenda "salvar" de la demolición "mansiones", "chalets de lujo" y algunas empresas, pero el diputado del PP Guillermo Collarte ha insistido en que se trata de hogares pertenecientes a familias de pescadores y "gente humilde":
EFE
UNA LEY PARA LOS GALLEGOS. EN CANARIAS EXISTEN NUCLEOS COSTEROS TRADICONALES, QUIZAS MAS ANTIGUOS QUE LOS GALLEGOS. DONDE ESTAN LOS POLITICOS CANARIOS?
lunes, 6 de mayo de 2013
Alegranza, una vieja expropiacion en litigio
Los dueños de Alegranza pleitean con el Estado en el Tribunal Supremo por una supuesta expropiación en 1889, de 850.000 metros cuadrados de la isla, que al parecer no se efectuó. Los dueños creen que se ha ocupado el suelo por la vía de hecho, al incluirlo en el nuevo deslinde de Costas. Un pleito con mucha historia
.
La demanda de uno de los dueños de Alegranza, Eduardo Jordán Martinón, ante el Tribunal Supremo, acaba de ser admitida, y se refiere a una supuesta expropiación por el Estado de 850.000 metros cuadrados de la isla, en 1889 al inicio del reinado de Alfonso XIII.
El pleito se refiere a la inclusión, en 2008, por parte de Costas, en el nuevo deslinde marítimo terrestre, de los citados 850.000 metros cuadrados de suelo que rodean al actual faro de la isla, alegando que es suelo al servicio de dicho faro y basándose en la existencia en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de un expediente de 1889, en el que supuestamente se procedió a expropiar este suelo.
Sin embargo, los dueños han investigado el expediente y llegado a la conclusión de que la expropiación nunca se llevó a efecto, al no existir expediente expropiatorio. Dicen que no consta pago alguno de justiprecio y no existe declaración de utilidad pública de dicha expropiación, como se vendría a demostrar documentalmente en la demanda.
Según la historia de este curioso litigio, en 1860, José García Lugo, dueño de Alegranza cedió al Estado 1.708 metros cuadrados para construir el faro, que se construye en 1865. En él vivieron dos torreros y sus familias; y por entonces se dieron múltiples conflictos con los medianeros de la isla, por el cultivo de amplias zonas en torno al faro.
Por ello, en 1877 el dueño pidió al Estado que delimitara el terreno al servicio del faro. Este es el origen del supuesto expediente expropiatorio al que se refiere la Autoridad Portuaria. A partir de ahí se inicia el expediente de expropiación del los caminos y suelo de servicio del faro, no de los 850.000 metros que ahora ocupa el nuevo deslinde. Un expediente que los dueños dicen, no se culminó, porque no se declaró la utilidad pública, ni se abonó el justiprecio. Razones de nulidad de la expropiación.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=299716
La demanda de uno de los dueños de Alegranza, Eduardo Jordán Martinón, ante el Tribunal Supremo, acaba de ser admitida, y se refiere a una supuesta expropiación por el Estado de 850.000 metros cuadrados de la isla, en 1889 al inicio del reinado de Alfonso XIII.
El pleito se refiere a la inclusión, en 2008, por parte de Costas, en el nuevo deslinde marítimo terrestre, de los citados 850.000 metros cuadrados de suelo que rodean al actual faro de la isla, alegando que es suelo al servicio de dicho faro y basándose en la existencia en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de un expediente de 1889, en el que supuestamente se procedió a expropiar este suelo.
Sin embargo, los dueños han investigado el expediente y llegado a la conclusión de que la expropiación nunca se llevó a efecto, al no existir expediente expropiatorio. Dicen que no consta pago alguno de justiprecio y no existe declaración de utilidad pública de dicha expropiación, como se vendría a demostrar documentalmente en la demanda.
Según la historia de este curioso litigio, en 1860, José García Lugo, dueño de Alegranza cedió al Estado 1.708 metros cuadrados para construir el faro, que se construye en 1865. En él vivieron dos torreros y sus familias; y por entonces se dieron múltiples conflictos con los medianeros de la isla, por el cultivo de amplias zonas en torno al faro.
Por ello, en 1877 el dueño pidió al Estado que delimitara el terreno al servicio del faro. Este es el origen del supuesto expediente expropiatorio al que se refiere la Autoridad Portuaria. A partir de ahí se inicia el expediente de expropiación del los caminos y suelo de servicio del faro, no de los 850.000 metros que ahora ocupa el nuevo deslinde. Un expediente que los dueños dicen, no se culminó, porque no se declaró la utilidad pública, ni se abonó el justiprecio. Razones de nulidad de la expropiación.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=299716
sábado, 4 de mayo de 2013
Ocho municipios trabajan para salvar sus 22 barrios costeros
Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, La Matanza, Güímar, Candelaria, El Rosario y Arafo tienen tres meses para intentar justificar la legalización de sus núcleos
Un total de ocho municipios de Tenerife han comenzado a trabajar desde que se aprobó la nueva Ley de Costas en el Senado, el pasado día 24, para intentar legalizar los 22 barrios pesqueros de la Isla afectados por la normativa. Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, La Matanza, Güímar, Candelaria, El Rosario y Arafo deben presentar en tres meses la documentación que demuestre que los núcleos costeros se adaptan a la futura disposición, que se prevé que sea ratificada por el Congreso de los Diputados la próxima semana.
La reforma legislativa plantea la rebaja de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros en casos determinados, de la que podría beneficiarse las poblaciones que cumplan una serie de requisitos, algunos de ellos incorporados ahora. Las alternativas para poder regularizar los terrenos son dos. Primero está el caso de los municipios que no tuvieran planeamiento en 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas que ahora se modifica.
En ese caso, podrán legalizarse los barrios que, a pesar de no estar en una zona clasificada como suelo urbano, cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y que, además, un tercio de su superficie está consolidada. La segunda opción, contemplada por la antigua norma de 1988, estipula que dos terceras partes de estos espacios deben estar edificados en el Plan General de Ordenación de los municipios.
Según explica la senadora del Partido Popular María de Aro, no hace falta cumplir con todas las condiciones, sino que solo bastaría con ajustarse a una de las alternativas. El Estado pretende "flexibilizar" la Ley de Costas, porque los planes generales de ordenación de la mayoría de los municipios de las Islas afectados "no habían declarado esas zonas como suelo urbano", señala De Aro.
Esta reforma "no es automática", ya que los ayuntamientos deben acreditar en tres meses que los núcleos cumplen con los requisitos para que, a continuación, el Gobierno central determine en un plazo de 18 meses si acepta o no la declaración. En caso de que no dé una respuesta, significa que la resolución es favorable para el barrio pesquero. "Tampoco significa que se permite en dominio público cualquier urbanización edificada después de 1988", porque lo que pretende la nueva normativa es "la protección de los núcleos antiguos", agrega la senadora popular.
Esta ley, sin embargo, es igual para todo el país y para hacer la reforma no se ha tenido en cuenta las singularidades históricas, culturales y etnográficas de los barrios costeros del Archipiélago, mientras que la normativa sí ha salvado de las palas a una decena de barrios pesqueros de la Península, según denuncia el presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, y otros senadores isleños, como Narvay Quintero.
Langa defiende no solo la singularidad de los terrenos que hay en el Archipiélago (un total de 672 casas afectadas por la normativa en Tenerife, algunas de ellas con sentencia firme), sino también aboga por "poder contar con la gestión de servicios sobre Costas en Canarias, como ya tienen otras comunidades como Cataluña". La finalidad es que no se repita la misma situación sufrida el pasado 17 de noviembre en Cho Vito (Candelaria), cuando las palas derribaron las últimas nueve viviendas que quedaban en ese núcleo costero.
http://www.laopinion.es/tenerife/2013/05/04/ocho-municipios-salvar-22-barrios-costeros/473534.html
Un total de ocho municipios de Tenerife han comenzado a trabajar desde que se aprobó la nueva Ley de Costas en el Senado, el pasado día 24, para intentar legalizar los 22 barrios pesqueros de la Isla afectados por la normativa. Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, La Matanza, Güímar, Candelaria, El Rosario y Arafo deben presentar en tres meses la documentación que demuestre que los núcleos costeros se adaptan a la futura disposición, que se prevé que sea ratificada por el Congreso de los Diputados la próxima semana.
La reforma legislativa plantea la rebaja de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros en casos determinados, de la que podría beneficiarse las poblaciones que cumplan una serie de requisitos, algunos de ellos incorporados ahora. Las alternativas para poder regularizar los terrenos son dos. Primero está el caso de los municipios que no tuvieran planeamiento en 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas que ahora se modifica.
En ese caso, podrán legalizarse los barrios que, a pesar de no estar en una zona clasificada como suelo urbano, cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y que, además, un tercio de su superficie está consolidada. La segunda opción, contemplada por la antigua norma de 1988, estipula que dos terceras partes de estos espacios deben estar edificados en el Plan General de Ordenación de los municipios.
Según explica la senadora del Partido Popular María de Aro, no hace falta cumplir con todas las condiciones, sino que solo bastaría con ajustarse a una de las alternativas. El Estado pretende "flexibilizar" la Ley de Costas, porque los planes generales de ordenación de la mayoría de los municipios de las Islas afectados "no habían declarado esas zonas como suelo urbano", señala De Aro.
Esta reforma "no es automática", ya que los ayuntamientos deben acreditar en tres meses que los núcleos cumplen con los requisitos para que, a continuación, el Gobierno central determine en un plazo de 18 meses si acepta o no la declaración. En caso de que no dé una respuesta, significa que la resolución es favorable para el barrio pesquero. "Tampoco significa que se permite en dominio público cualquier urbanización edificada después de 1988", porque lo que pretende la nueva normativa es "la protección de los núcleos antiguos", agrega la senadora popular.
Esta ley, sin embargo, es igual para todo el país y para hacer la reforma no se ha tenido en cuenta las singularidades históricas, culturales y etnográficas de los barrios costeros del Archipiélago, mientras que la normativa sí ha salvado de las palas a una decena de barrios pesqueros de la Península, según denuncia el presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, y otros senadores isleños, como Narvay Quintero.
Langa defiende no solo la singularidad de los terrenos que hay en el Archipiélago (un total de 672 casas afectadas por la normativa en Tenerife, algunas de ellas con sentencia firme), sino también aboga por "poder contar con la gestión de servicios sobre Costas en Canarias, como ya tienen otras comunidades como Cataluña". La finalidad es que no se repita la misma situación sufrida el pasado 17 de noviembre en Cho Vito (Candelaria), cuando las palas derribaron las últimas nueve viviendas que quedaban en ese núcleo costero.
http://www.laopinion.es/tenerife/2013/05/04/ocho-municipios-salvar-22-barrios-costeros/473534.html
viernes, 3 de mayo de 2013
UNA LEY DE COSTAS, PARA LOS PODEROSOS.El hotel Oliva Beach se salva con la Ley de Costas
El establecimiento de Corralejo obtendrá una nueva concesión de uso de hasta 75 años según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.
La reforma de la Ley de Costas permite que el Hotel Oliva Beach, en Corralejo, obtenga una nueva concesión de uso de hasta 75 años, según ha indicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, al senador por Fuerteventura Claudio Gutiérrez, indica el PP en un comunicado.
Esta posibilidad de la empresa de acogerse a una prórroga la ha conocido el senador majorero en una reunión celebrada en Madrid en la que también estuvo presente el director general de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra.
El PP de Fuerteventura recuerda que el 12 de abril de 2007 se dictó por el Ministerio, de mutuo acuerdo con el concesionario, una resolución que modificaba la Condición Particular 1ª de la Orden Ministerial de 8 de julio de 2003, por la que se otorgó la concesión administrativa, reduciendo la concesión a diez años desde la resolución.
Además, se añadía que los gastos de demolición, levantamiento y desescombro de las instalaciones, objeto de la concesión, correrían a cargo de la entonces Dirección General de Costas y el plazo de vigencia de la concesión vencía el 13 de abril de 2017.
En la reforma de la Ley de Costas, que ya ha sido aprobada por el Senado y remitida al Congreso, el artículo segundo de la ley establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior y que tendrían que expirar a partir del 2018.
Gutiérrez ha señalado que "fue una solicitud hecha al Ministerio desde el primero momento y ahora es la empresa la que debe tramitar ante el Ministerio la ampliación de esta concesión", y espera "que las autoridades locales y regionales no pongan trabas para la ampliación de esta prórroga tan importante para la economía del municipio".
El senador mantuvo ayer miércoles un encuentro con integrantes de la Plataforma Salvar el Oliva Beach para trasladarles la información remitida por el Ministerio cumpliendo "un compromiso que adquirí con estos trabajadores para llevar a Madrid sus reclamaciones e intentar salvar el Hotel Oliva Beach".
En el comunicado, los populares han recordado que este mítico establecimiento hotelero, inaugurado en 1977, emplea a 400 personas y cuenta con casi 2.000 camas y una media de ocupación del 80% anual, con unas 600.000 estancias cada año.
Por otro lado, el Partido Popular de Fuerteventura ha asegurado no olvidarse de los barrios costeros de la isla afectados por la Ley de Costas de 1988 y han indicado que, una vez que se apruebe la reforma de la ley en el Congreso de los Diputados, tienen prevista una reunión con los afectados y los ayuntamientos. (PARA QUE SE REUNEN CON LOS AFECTADOS, CUANDO NO HAN HECHO NADA PARA DEFENDERLOS.)
El objetivo de esta reunión a la que asistirán además del senador majorero, la senadora por La Palma, María de Haro, y la diputada nacional Celia Alberto, es dar a conocer el nuevo texto y las posibilidades que ofrece a los propietarios de las viviendas afectadas por la normativa de 1988.
"A partir de la aprobación de la reforma de la Ley de Costas, los ayuntamientos dispondrán de tres meses para regularizar sus núcleos costeros amenazados", ha asegurado Gutiérrez.
Según los populares, si a los 18 meses de su petición el Ministerio no contesta, se entenderá que es favorable su legalización.
Jacomar, Puerto Lajas, El Puertito, Los Molinos, Majanicho, Pozo Negro, Giniginámar, Las Salinas, Ajuy y Cueva La Negra son los principales pueblos costeros afectados por Ley de Costas del año 1988.
http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/el-hotel-oliva-beach-se-salva-con-la-nueva-ley-de-costas/20130502144938402908.html
NINGUNO DE ESTOS PUEBLOS COSTEROS DE FUERTEVENTURA, SE SALVAN DE LA PIQUETA CON LA NUEVA LEY.
La reforma de la Ley de Costas permite que el Hotel Oliva Beach, en Corralejo, obtenga una nueva concesión de uso de hasta 75 años, según ha indicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, al senador por Fuerteventura Claudio Gutiérrez, indica el PP en un comunicado.
Esta posibilidad de la empresa de acogerse a una prórroga la ha conocido el senador majorero en una reunión celebrada en Madrid en la que también estuvo presente el director general de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra.
El PP de Fuerteventura recuerda que el 12 de abril de 2007 se dictó por el Ministerio, de mutuo acuerdo con el concesionario, una resolución que modificaba la Condición Particular 1ª de la Orden Ministerial de 8 de julio de 2003, por la que se otorgó la concesión administrativa, reduciendo la concesión a diez años desde la resolución.
Además, se añadía que los gastos de demolición, levantamiento y desescombro de las instalaciones, objeto de la concesión, correrían a cargo de la entonces Dirección General de Costas y el plazo de vigencia de la concesión vencía el 13 de abril de 2017.
En la reforma de la Ley de Costas, que ya ha sido aprobada por el Senado y remitida al Congreso, el artículo segundo de la ley establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior y que tendrían que expirar a partir del 2018.
Gutiérrez ha señalado que "fue una solicitud hecha al Ministerio desde el primero momento y ahora es la empresa la que debe tramitar ante el Ministerio la ampliación de esta concesión", y espera "que las autoridades locales y regionales no pongan trabas para la ampliación de esta prórroga tan importante para la economía del municipio".
El senador mantuvo ayer miércoles un encuentro con integrantes de la Plataforma Salvar el Oliva Beach para trasladarles la información remitida por el Ministerio cumpliendo "un compromiso que adquirí con estos trabajadores para llevar a Madrid sus reclamaciones e intentar salvar el Hotel Oliva Beach".
En el comunicado, los populares han recordado que este mítico establecimiento hotelero, inaugurado en 1977, emplea a 400 personas y cuenta con casi 2.000 camas y una media de ocupación del 80% anual, con unas 600.000 estancias cada año.
Por otro lado, el Partido Popular de Fuerteventura ha asegurado no olvidarse de los barrios costeros de la isla afectados por la Ley de Costas de 1988 y han indicado que, una vez que se apruebe la reforma de la ley en el Congreso de los Diputados, tienen prevista una reunión con los afectados y los ayuntamientos. (PARA QUE SE REUNEN CON LOS AFECTADOS, CUANDO NO HAN HECHO NADA PARA DEFENDERLOS.)
El objetivo de esta reunión a la que asistirán además del senador majorero, la senadora por La Palma, María de Haro, y la diputada nacional Celia Alberto, es dar a conocer el nuevo texto y las posibilidades que ofrece a los propietarios de las viviendas afectadas por la normativa de 1988.
"A partir de la aprobación de la reforma de la Ley de Costas, los ayuntamientos dispondrán de tres meses para regularizar sus núcleos costeros amenazados", ha asegurado Gutiérrez.
Según los populares, si a los 18 meses de su petición el Ministerio no contesta, se entenderá que es favorable su legalización.
Jacomar, Puerto Lajas, El Puertito, Los Molinos, Majanicho, Pozo Negro, Giniginámar, Las Salinas, Ajuy y Cueva La Negra son los principales pueblos costeros afectados por Ley de Costas del año 1988.
http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/el-hotel-oliva-beach-se-salva-con-la-nueva-ley-de-costas/20130502144938402908.html
NINGUNO DE ESTOS PUEBLOS COSTEROS DE FUERTEVENTURA, SE SALVAN DE LA PIQUETA CON LA NUEVA LEY.
jueves, 2 de mayo de 2013
Todos somos Cho Vito”
Todos somos Cho Vito” fue un eslogan que nació en 2006 cuando se conoció por sentencia firme que el pequeño poblado de la costa de Candelaria tenía que ser demolido por ocupar el dominio marítimo terrestre.
“Yo también soy Cho Vito” fue una frase que incorporó la entonces presidenta del Partido Popular en Tenerife, Cristina Tavío, y muchos de sus dirigentes, para posicionarse ante lo que ellos, entonces, creían un atropello a una veintena de familias que iban a ser desalojadas por las palas mecánica.
Siete años después, consumado el derribo, solo José Fernando Gómez, portavoz todavía del PP en Candelaria, y afiliados de esa agrupación municipal, mantienen viva la llama de aquel espíritu de resistencia. Precisamente su defensa, ante los últimos derribos en noviembre pasado, le llevó a pedir la dimisión de la delegada y subdelegado del Gobierno, lo que a la postre le ha llevado a ser expulsado -pendiente de su recurso- de un partido que lejos de cambiar la Ley de Costas, como les prometió a muchos vecinos de Tenerife, ha ha dejado en un limbo jurídico que mantiene la incertidumbre entre miles de ciudadanos en Canarias.
Para José Fernando Gómez, el derribo de Cho Vito fue un “engaño, abuso de poder, violación de derechos constitucionales y desamparo” para los afectados. También aseguró, en aquella rueda de prensa que le costó la expulsión del PP, sentir “rabia e impotencia porque su partido se comprometió con el colectivo vecinal a intentar resolver el problema creado por el Gobierno socialista”.
Hoy, paradójicamente, el único cadáver político que puede dejar la sentencia de Cho Vito, es el de José Fernando Gómez; es evidente, que ahora, los otros ya no son Cho Vito.
Pero el ejemplo de resistencia del pequeño núcleo costero de Las Caletillas sigue muy presente entre los afectados por la Ley de Costas y así una disposición transitoria incluida en la nueva Ley abre una esperanza para salvar muchos de los poblados canarios, ahora amenazados por esta normativa, pues contempla la posibilidad de que queden exentos de la servidumbre pública aquellos núcleos que demuestren que cuentan con los servicios mínimos de cualquier población, como alumbrado, alcantarillado e infraestructuras. “Ahora tenemos que demostrar la realidad de Canarias y lo que siempre hemos dicho, su singularidad”, indicó hace unos días el presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa, otro de los que ha quedado desamparado ante el PP, pues en más de una ocasión manifestó que “su llegada nos traerá la luz”.
Pero la reforma de la Ley de Costas ha causado tanta inquietud que incluso en aquellos núcleos con sentencia del Supremo a favor, como es el caso de El Tablado, Punta Prieta, La Caleta y La Puente, en el litoral guimarero de Agache, hoy no están tranquilos. Celso Marrero, vecino de La Puente, recordaba que “el Ayuntamiento tiene que cambiar el mojón de servidumbre que existe desde los años 40, como recoge el PGO de Güímar”.
El alcalde de Güímar, Rafael Yanes, calma a sus vecinos y les recuerda que “el Ayuntamiento derrotó a Costas en el Supremo y no hay problemas”, aunque no esconde su extrañeza al no atenderse “la singularidad canaria” en la reforma de la ley
http://www.facebook.com/#!/groups/134037370116792/141830586004137/?notif_t=group_activity
“Yo también soy Cho Vito” fue una frase que incorporó la entonces presidenta del Partido Popular en Tenerife, Cristina Tavío, y muchos de sus dirigentes, para posicionarse ante lo que ellos, entonces, creían un atropello a una veintena de familias que iban a ser desalojadas por las palas mecánica.
Siete años después, consumado el derribo, solo José Fernando Gómez, portavoz todavía del PP en Candelaria, y afiliados de esa agrupación municipal, mantienen viva la llama de aquel espíritu de resistencia. Precisamente su defensa, ante los últimos derribos en noviembre pasado, le llevó a pedir la dimisión de la delegada y subdelegado del Gobierno, lo que a la postre le ha llevado a ser expulsado -pendiente de su recurso- de un partido que lejos de cambiar la Ley de Costas, como les prometió a muchos vecinos de Tenerife, ha ha dejado en un limbo jurídico que mantiene la incertidumbre entre miles de ciudadanos en Canarias.
Para José Fernando Gómez, el derribo de Cho Vito fue un “engaño, abuso de poder, violación de derechos constitucionales y desamparo” para los afectados. También aseguró, en aquella rueda de prensa que le costó la expulsión del PP, sentir “rabia e impotencia porque su partido se comprometió con el colectivo vecinal a intentar resolver el problema creado por el Gobierno socialista”.
Hoy, paradójicamente, el único cadáver político que puede dejar la sentencia de Cho Vito, es el de José Fernando Gómez; es evidente, que ahora, los otros ya no son Cho Vito.
Pero el ejemplo de resistencia del pequeño núcleo costero de Las Caletillas sigue muy presente entre los afectados por la Ley de Costas y así una disposición transitoria incluida en la nueva Ley abre una esperanza para salvar muchos de los poblados canarios, ahora amenazados por esta normativa, pues contempla la posibilidad de que queden exentos de la servidumbre pública aquellos núcleos que demuestren que cuentan con los servicios mínimos de cualquier población, como alumbrado, alcantarillado e infraestructuras. “Ahora tenemos que demostrar la realidad de Canarias y lo que siempre hemos dicho, su singularidad”, indicó hace unos días el presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa, otro de los que ha quedado desamparado ante el PP, pues en más de una ocasión manifestó que “su llegada nos traerá la luz”.
Pero la reforma de la Ley de Costas ha causado tanta inquietud que incluso en aquellos núcleos con sentencia del Supremo a favor, como es el caso de El Tablado, Punta Prieta, La Caleta y La Puente, en el litoral guimarero de Agache, hoy no están tranquilos. Celso Marrero, vecino de La Puente, recordaba que “el Ayuntamiento tiene que cambiar el mojón de servidumbre que existe desde los años 40, como recoge el PGO de Güímar”.
El alcalde de Güímar, Rafael Yanes, calma a sus vecinos y les recuerda que “el Ayuntamiento derrotó a Costas en el Supremo y no hay problemas”, aunque no esconde su extrañeza al no atenderse “la singularidad canaria” en la reforma de la ley
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