Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

viernes, 12 de julio de 2013

Informe Wertmann sobre la Ley de Costas.Parlamento Europeo julio 2013


Notas Introductorias

Este informe se centrará en la visita realizada por los miembros de la Comisión de Peticiones a Madrid en marzo de 2013, pero que abarcara cuestiones que han sido objeto de discusión y debate dentro de la Comisión de Peticiones durante muchos años. De hecho, va al corazón de lo que la mayoría de los ciudadanos y residentes europeos sienten que son sus derechos esenciales y fundamentales a sus hogares y propiedades, por una parte, y para el medio ambiente en el que viven, por otra parte. La lista de las peticiones recibidas, que describen la injusticia, la arbitrariedad y la irregularidad en la aplicación de la Ley de Costas española de 1988, es bastante larga y se adjunta al presente informe.

De hecho, fue hacia el final de la legislatura anterior que las pretensiones bien documentadas comenzaron a llegar al Parlamento, mientras que el Comité estaba en el proceso de preparación de lo que se convertiría en el Informe Auken. En la resolución al informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en España, que fue aprobada abrumadoramente por el Parlamento en marzo de 2009, fue el siguiente párrafo sustantivo:

22. Reconoce y apoya los esfuerzos de las autoridades Españolas de proteger el medio ambiente costero y, cuando sea posible, restaurar el medio ambiente costero de una manera que permite biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de flora y fauna y, en este contexto les apelan de revisar con urgencia y si es necesario revisar la Ley de Costas con el fin de proteger los derechos de los propietarios de viviendas legítimos y los que poseen pequeñas parcelas de terreno en las zonas costeras que no afectan negativamente en el medio ambiente costero; acentúa en que dicha protección no debe concederse a los desarrollos que están diseñados como empresas especulativas que no son propicias para el respeto de las Directivas Medioambientales de la UE; se propone revisar las peticiones que se han recibido sobre este tema a la luz de las respuestas de las autoridades españolas autoridades1;
Las narraciones del mismo informe proporcionado el contexto para esto, afirman:
O. Mientras que el año pasado las autoridades Españolas aprobaron unas instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988, que había sido abandonada por muchos años durante los cuales se produjeron grandes daños al medio ambiente en las zonas costeras de España, y mientras que ni las instrucciones actuales no proporcionan medidas de ejecución claras a seguir por las autoridades locales y regionales implicadas, y que muchas nuevas peticiones recibidas atestiguan el contenido retro-activo de las instrucciones y la destrucción arbitraria y demolición de propiedades adquiridas legítimamente, sus derechos a las propiedades y su capacidad de transferir sus derechos a través de la herencia,
P. Mientras que en vista del camino actual de la línea de demarcación, los afectados tienen la firme impresión de que se ha establecido de forma arbitraria, a las expensas de los propietarios extranjeros, por ejemplo en la isla de Formentera,
Q. Considera que esta Ley de Costa impacta desproporcionadamente en propietarios individuales que deberían tener sus derechos completamente respetados, y a la misma vez insuficientemente en los perpetradores reales de destrucción costal quienes han sido responsables en muchos instantes por desarrollos urbanos excesivos a lo largo de costas incluyendo zonas turísticas  y quienes tenían buenas razones para saber que estaban actuando inversamente contra las provisiones de la ley en cuestión.
La Comité de Peticiones invito a peticionarios a tener reuniones para discutir su caso en dos ocasiones: 2010 y otra vez en 2011, reuniones en las que las autoridades Españoles participaron. Una respuesta por escrito del 6 de julio de 2010, del entonces ministro responsable, María Elena Espinosa Mangana, a una serie de preguntas sobre la aplicación de la ley de 1988, no fue considerado satisfactorio por el Comité, que continuó con su trabajo sobre el tema.

Estos debates y discusiones se llevan a cabo en el Comité contra un telón de fondo de la crisis financiera internacional, la caída en el mercado inmobiliario español y el colapso de gran parte del sistema bancario español, en particular a nivel regional. Por lo tanto, era muy sensible y conflictivo, pero esto no impidió la continuación de la Comisión de Peticiones. Sin embargo, dada la complejidad y la sensibilidad de los expedientes en discusión, el Comité decidió, en su reunión de los días 21-22 noviembre de 2011 al crear un grupo de trabajo informal especial sobre los derechos de propiedad de España y la Ley de Costas. El Grupo de Trabajo inició sus trabajos en marzo de 2012 y se ha reunido ya en 8 ocasiones.

El presidente de la Comisión escribió al nuevo ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D. Miguel Arias Cañete, en enero de 2012, informándole de los intereses y las preocupaciones de la Comisión con respeto a las propuestas del nuevo gobierno para reformar la Ley de Costas, que había anunciado el 13 de enero 20121.

En abril de 2012, el Director General del Ministerio responsable de la Ley de Costas hizo una declaración en la reunión del grupo de trabajo informal, en la que expone las propuestas del Gobierno para la reforma y respondió a preguntas de los miembros. Esto fue seguido en julio con una carta que contenía el nuevo anteproyecto de ley, que se distribuyó a los miembros del grupo de trabajo.

Dado el número de cuestiones planteadas se decidió preparar un cuestionario, que reflejaba muchos de los puntos expresados ​​por los peticionarios, para enviar a la Secretaría por sus comentarios y reacciones como miembros mantuvieron varias áreas clave de preocupación. Después de haber sido examinado por el grupo de trabajo y los coordinadores de la comisión, el cuestionario se envió el 25 de junio 2012. Las respuestas se consideran más adelante en este documento.

Los miembros del grupo de trabajo fueron animados por la aparente voluntad de las autoridades españolas para entablar un diálogo con ellos sobre este tema. Sin embargo, a pesar de los muchos intentos para iniciar nuevas conversaciones con las autoridades, apenas existió contacto antes de la respuesta al cuestionario que fue finalmente recibida el 26 de febrero 2013. Mientras tanto, los peticionarios habían estado manteniendo sus contactos con el Comité y el grupo de trabajo, y garantizando que los miembros fuesen informados de los avances y las negociaciones sobre el proyecto de ley en España, especialmente de cómo les afectaba, ya que tenían una serie de ONG medioambientales.
También llegaron noticias a la Comisión de la demolición de viviendas en algunas zonas costeras (Cho Vito) en virtud de la aplicación de la ley de 1988. El Comité había solicitado una moratoria, pero sin embargo la ley fue aplicada y ejecutada por los tribunales, sin la intervención del ministerio.
Las Propuestas de Reforma
El propósito de la reforma de la Ley de Costas 1988 es proporcionar una mayor seguridad jurídica a las personas que tenían propiedades en las zonas costeras españolas, y una mayor protección del medio ambiente costero. Esto siempre ha sido un tema clave para la Comisión, ya que la ley de 1988 había sido notoriamente mal y arbitrariamente aplicada - de ahí la necesidad de la reforma, según las autoridades. En su anteproyecto, el gobierno español proporcionó lo que ellos consideraban una definición más precisa de "dominio público", lo cual es otro elemento fundamental que condiciona los derechos reconocidos a las personas respeto a su propiedad. El proyecto también propone conectar las muchas deficiencias en el registro de la propiedad y también "para mejorar las condiciones que rigen tanto los plazos para la posesión y la transferencia de los derechos de propiedad".

El Secretario de Estado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente proporcionó a los miembros con una exposición de motivos claros según la cual era necesaria una "revisión profunda del sistema actual". La previa (1988) ley "a veces toleraba resultados que eran inaceptables desde el punto de vista ambiental", en la exposición de motivos  se lee que la reforma pretende ser "un medio eficaz para la conservación del dominio público marítimo-terrestre y asegurar su uso por el público en general". La declaración proporcionaba medidas que permitían a las autoridades centrales a intervenir y bloquear efectivamente las medidas que las autoridades locales harían que podría "poner en peligro la integridad del dominio público marítimo-terrestre o la zona de servidumbre." Se propuso diferenciar entre playas urbanas y playas naturales próximos a las áreas protegidas o terrenos rurales. Las medidas también figuraban en el anteproyecto de ley que tiene el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la conservación del agua de las viviendas en las zonas afectadas.

Se reconoció en el proyecto de ley que habían surgido problemas con respeto a la seguridad jurídica de la propiedad que había, a su vez, "dado lugar a la desconfianza y la confusión".

Desde la perspectiva de los peticionarios y la mayoría de los miembros del Comité, éste era un eufemismo. Sigue siendo también una cuestión política y constitucional difícil. La descentralización de la autoridad y el poder excesivo tácitamente pero visiblemente otorgado durante muchos años a las autoridades municipales, los gobiernos regionales, permitió a muchos ayuntamientos para abusar de su papel mediante la aceptación de programas masivos de construcción, que no prevé la supervisión adecuada o suficiente y, al final, dejó muchos compradores de vivienda inocentes maltratados y traicionados por empresas inmobiliarias y sus asesores. Esto va de la mano con lo que muchos ven como una corrupción y la colusión entre las autoridades políticas y de la industria de la construcción.

Se alentó a los miembros a aprender que el nuevo proyecto de ley contribuiría a la finalización de dicha negligencia - al menos dentro de los perímetros estrechos cubiertos por la Ley de Costas, - mediante la creación de nuevos y más claro directrices a seguir por todos. Esto sería en beneficio de los propietarios de viviendas, a los posibles compradores y para la industria de la construcción que debe ser capaz de embarcarse en un camino de desarrollo más sostenible. Por otra parte, las disposiciones ambientales que se describen al parecer destinados a preservar y proteger lo que zonas del medio natural se mantuvo después de los años de destrucción sin trabas.

Queda sin embargo una consideración importante que aún está sin resolver en parte, y que se relaciona con el derecho fundamental de la misma propiedad. En pocas palabras, la cuestión se enfrenta a dos conceptos diametralmente opuestos de los derechos de propiedad: el gobierno español no concede la propiedad de las viviendas construidas en las zonas costeras, pero en cambio considera que son las concesiones. Considerando que en virtud de la legislación de 1988, las concesiones se prolongó durante treinta años bajo la nueva propuesta que se extenderán en determinadas circunstancias a setenta y cinco años. Peticionarios, muchos de los cuales habían comprado su propiedad antes de 1988, o era propiedad  legada a la familia durante generaciones, sin embargo, consideran que se deben conservar los derechos de propiedad completa, sancionada por los hechos de la venta. Por lo tanto, los solicitantes no encontraron a ninguna propuesta aceptable que se retractaba de tales derechos adquiridos, y tanto más cuando sus efectos serían retroactivos.

El sistema de otorgamiento de concesiones se ha revisado y ampliado, como se ha mencionado,  hasta setenta y cinco años, y la transferencia de las concesiones será ahora autorizada por herencia legal o como un regalo durante la vida del propietario, siempre y cuando la notificación se realiza dentro de un período de cuatro años de limite. (mortis causa and inter vivos).

En su respuesta a las preguntas de los miembros sobre este punto, el Ministerio aclaró su razonamiento de la siguiente manera: "la demarcación asigna la propiedad y los derechos de propiedad al Estado, la creación de la demarcación de tal manera que la inscripción en el registro de la propiedad no puede prevalecer sobre el carácter de dominio público del demarcada propiedades". Indemnización a los propietarios privados que reclaman derechos de propiedad preexistentes por lo tanto sólo se proporciona como una concesión, el interés público prevalece sobre los derechos de ciudadanos privados. Los titulares de terreno dentro del DPMT, tienen, por esta razón, de acuerdo con la nueva ley, derecho de usufructo y deben de pedir autorización para hacer uso de la concesión, para lo cual deberán, además, pagar una cuota.

Protección se introducen contra industrias contaminantes potenciales establecidas en las zonas de costa, que sólo pueden obtener extensiones de sus concesiones existentes cuando subyugados a un informe favorable de la Agencia de Medio Ambiente regional.

La ley tiene el objetivo de establecer límites claros y será obligatorio para registrar el terreno en el dominio público marítimo-terrestre para que el registro de la propiedad refleja la realidad física de la costa, algo que la ley de 1988 manifiestamente no logró. Se propone la anotación en el margen del registro relativo a las viviendas afectadas por el deslinde que se ha diseñado para garantizar una mayor transparencia.

Los dueños de la propiedad en las zonas de servidumbre podrán ahora realizar mejoras y modernización de la propiedad, siempre que no aumenten el tamaño del edificio, la superficie o la altura. Estarían obligados a hacer declaraciones con respecto a su conformidad con los requisitos de ahorro de agua, eficiencia energética y. Un marco jurídico específico que se crea para los sitios de interés cultural y que son de dominio público. Unas zonas construidas dentro de dichas áreas permanecerían como tales y la prohibición se estableció para cualquier nuevo residencial u hotel propuesto

La legislación revisada tiene también como objetivo la "protección sostenible y la mejora de la línea de costa". El Gobierno se compromete a respetar no sólo los términos de la Convención de Barcelona que tiene por objeto la protección del medio ambiente marino del Mediterráneo, sino también la Convención RAMSAR y las Directivas de la UE, en particular la Directiva sobre hábitats y la red de Natura 2000.

Las organizaciones ambientales sin embargo expresaron su preocupación de que la nueva ley, de hecho, representa un importante retroceso en la protección del litoral, que potencialmente permitiese la destrucción de importantes ecosistemas tales como marismas y sistemas de dunas y reducir el margen o la protección permitida por estuarios y ríos de 100 metros con sólo 20 metros.
Misión de Madrid
El 21 de noviembre de 2012, el grupo de trabajo informal envió una carta al presidente de la Comisión que se indica el alcance de su trabajo realizado en los nueve meses transcurridos desde su creación, y pidió una visita de investigación urgente a Madrid. Sin embargo, no fue hasta el 21 a 22 marzo 2013 que una visita oficial fue autorizada.
Cuando la delegación llegó a Madrid, el nuevo proyecto de ley ya había sido aprobado por el gobierno, había sido objeto de debate en la cámara baja y se esperaba su aprobación por la Cámara Alta del Parlamento español. Las solicitudes para reunirse con el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente no fueron respondidas por el Parlamento español. Sin embargo, los amplios debates fueron capaces de proceder con muchos peticionarios, quienes hicieron su camino a Madrid para reunirse con la delegación, con el señor Pablo Saavedra Inaraja y sus colegas de alto nivel en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, así como con las asociaciones ecologistas, agrupados dentro de la plataforma "No a Nuestra Costa" que habían estado previamente en contacto sobre este tema con la Comisión de Peticiones.
Los Peticionarios

El 21 de marzo de 2013, la delegación organizó una reunión abierta con los muchos peticionarios, algunos de los cuales ya habían mantenido un contacto permanente con el Comité, después de haber comparecido ante la Comisión en Bruselas. El objetivo en esta ocasión fue más para formular una evaluación y medir la reacción de los peticionarios a la nueva legislación, que mirar más profundamente en cada caso - aunque, inevitablemente, también era necesario con el fin de destacar las denuncias que se ejercidas sobre la reforma de la Ley de Costas.

Todos los peticionarios consideran que tenían títulos legales de sus propiedades, y se estima que entre 200 y 400 mil personas podrían verse afectadas por esta legislación. Los peticionarios señalaron que el medio ambiente costero español ha sido espectacular e irremediablemente destruido más extensos tramos, sobre todo a lo largo de la costa mediterránea y las islas, no por los individuos que poseían propiedades pequeñas, sino debido a la construcción especulativa que había tenido lugar durante los muchos años después de la original Ley de Costas se había adoptado en 1988, impulsado por la complacencia y, a veces las prácticas corruptas de las autoridades políticas.

La ley original no fue vista como apta para el propósito de su aplicación y las dudas más graves se expresaron de que su sucesora sería de alguna manera capaz de cumplir con su tarea en materia de protección del medio ambiente costero, y menos aún en cuanto a la legítima los derechos de los pequeños propietarios, muchos de los cuales eran ciudadanos no españoles de la UE que habían optado por beneficiarse del derecho a la libertad de circulación y de establecimiento concedido conforme a la legislación comunitaria.

Varios de los peticionarios españoles señalaron las graves anomalías que se han producido en las zonas cercanas a sus hogares, donde se han construido nuevas urbanizaciones, sin embargo una casa que había permanecido en la misma familia durante seis generaciones y estaba más lejos de la costa fue objeto de demolición (petición 395/2010). En otro caso, el Estado había vendido propiedades confiscadas.

La mayor parte de los peticionarios presentes confirmaron su oposición a que una concesión proporcionándoles el derecho a usar su propiedad, o a mejorarlo, aunque se amplíe a setenta y cinco años, no era el equivalente al pleno respeto de sus derechos y que les negaban el derecho a vender su propiedad con el valor de mercado original. Por otra parte, la legislación proporcionaba a las autoridades el derecho de rescindir la concesión de una manera que se podría ver totalmente arbitraria, y la propiedad aún podría ser demolida sin ninguna razón justificable. Los peticionarios presentaron ejemplos de propiedades costeras privadas que se demolieron para construir una zona de paseo a lo largo de la costa, que destruyó el entorno natural de toda la zona.
           
Otro se refirió a su casa familiar, construida en un terreno costero en 1899 a lo largo de un promontorio de catorce kilómetros, que ahora es objeto de demolición. Será expropiado sin una compensación adecuada (petición 174/2008). Otro demandante indicó que su casa, así como la de sus vecinos, han acabado entro de los límites de la zona costera como consecuencia de la extracción de la arena costera y otras obras hidráulicas a lo largo de la zona de playa, financiado por la Unión Europea, además. Por lo tanto han pasado a formar parte del dominio público que no era el caso cuando legalmente compraron sus propiedades con vista al mar en la década de 1980 (petición 119/2009). También corren el riesgo de demolición y sin compensación.

Prácticas arbitrarias bajo la ley de 1988 también fueron denunciados a través de ejemplos de las Islas Canarias, en Tenerife Cho Vito (petición 274/2009), donde una comunidad local entera viviendo en casas antiguas de pescadores había sido desalojada y sus hogares destruidos sin ningún beneficio tangible a nadie o el medio ambiente. Sus derechos habían sido abusados y negados, motivado por decisiones burocráticas y políticas, y sostenidos por documentación falsa, según dijeron. En tales circunstancias, sigue siendo muy difícil de poner cualquier confianza en las leyes de los países y su aplicación justa.

Como resultado de la extensión del puerto de Valencia, viviendas en El Saler ahora estaban sujetos a las disposiciones de la Ley de Costas después de la eliminación de las dunas de arena que desembocaría a sus hogares siendo inundados, confiscados y destruidos (peticiones 606/2009 y 1499/2009). Otro autor describió cómo su comunidad se sentía impotente ante el peso de los abogados poderosos empleados por empresas con intereses en la zona costera y su desarrollo, que buscan la eliminación de sus pequeñas casas de la zona costera (petición 881/2009). En Santa Pola, las protestas surgieron porque las personas estaban perdiendo sus hogares mientras que los bares y restaurantes estaban autorizados a permanecer. Los tribunales no intervinieron para proteger los derechos de los propietarios de viviendas, bajo la presión de los intereses financieros locales en la industria del turismo. Se dieron varios ejemplos en que la ley de 1988 no había impedido la demolición de sus casas y se construyeran hoteles en su lugar, sobre todo en las islas Baleares y en Cho Vito,las islas Canarias (peticiones 494/2010 y 678/2012)  En Murcia, en la Isla de Mazarrón, habían otros ejemplos donde las casas locales habían entrado en el dominio público porque el desarrollo portuario había borrado la playa y las 39 viviendas afectadas ahora habían perdido su valor de mercado y con sujeción a las condiciones establecidas con carácter retroactivo del dominio público.

Desde el País Vasco a Cádiz, los peticionarios describieron cómo las costas eran, de hecho, mantenidas y limpias, y las playas limpiadas por las personas del lugar que ahora se encontraban con que sus casas iban a formar parte del dominio público con un grave riesgo de que las concesiones se retirarían. Viviendas familiares privadas que anteriormente tenían un valor de mercado € 500.000 se perderían  virtualmente todo su valor, temieron (petición 103/2009). Los tribunales parecen haber dejado de intervenir para proteger los derechos de los ciudadanos en muchas de esas circunstancias.

El único grupo de peticionarios que parecían ser capaces de beneficiarse de la nueva legislación eran los de Empuriabrava (petición 296/2009) como su sitio muy específico donde las casas están construidas alrededor de las zonas de navegación interior junto a la costa, debían ser objeto de una excepción especial, el concedido a otras once áreas especificadas. Sin embargo, algunos peticionarios consideraron que la identificación de estas áreas sin criterios claros podría ser discriminatorio.

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Las Autoridades:

El 22 de marzo por la mañana, la delegación se reunió con autoridades del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En su declaración de apertura, el Director General de Asuntos Costal Pablo Saavedra indicó que la fuerza impulsora detrás de la nueva legislación es la necesidad de resolver los problemas y malas experiencias que había ocurrido bajo la ley de 1988. Afirmó que se habían tenido en cuenta las opiniones del Parlamento Europeo por el Ministerio en la elaboración de la nueva legislación, para el que también había habido consultas públicas.

Sr. Saavedra indicó que, una vez que la nueva ley de la revisión de la Ley de Costas se aprobó a finales de mayo, tras el examen de las enmiendas presentadas en el Parlamento, una disposición adicional, actualmente en preparación, sería entonces necesario examinar, definiendo más 'legal certeza "de la propiedad. No dio más detalles más allá de esto, excepto para decir que el reglamento debe ser aprobado antes de finales de 2013, momento en el que uno debe "ser capaz de considerar este tema como resuelto".

El gobierno había intentado, según el Sr. Saavedra, de encontrar un equilibrio entre los distintos intereses que protegiera la costa y dejaría a todos disfrutar de ella como de dominio público. Sr. Saavedra reiteró mucho que se ha mencionado anteriormente en este informe, en relación con las propuestas de reforma, y elaboró ​​más sobre algunas de las principales cuestiones, en particular la distinción entre playas urbanas y naturales - que algunos miembros pusieron en duda debido a la falta de criterios utilizados para las áreas de servidumbre de 20 metros e indicadores de cambio climático. Reconoció que la ley no podía esperar obtener 100% de satisfacción de todas las partes.

En cuanto a la cuestión de la indemnización, el Sr. Saavedra se refirió a una resolución de 1991 por el Tribunal Constitucional español, que de hecho confirmaron que las concesiones otorgadas a los dueños de propiedades en el DPMT pueden considerarse compensatoria. Según él, el gobierno había mejorado, sin embargo en esta ampliando considerablemente el período de concesión y garantizar los derechos de herencia.

La actividad económica también se encuentra una mayor seguridad jurídica en la nueva legislación, agregó, lo que beneficiaría a algunas de las concesiones, principalmente para el turismo y la industria cultural. Protección del medio ambiente se ha mejorado, según él, por la introducción de evaluaciones de impacto específicas para las zonas industriales y grandes instalaciones en el dominio público.

En sus comentarios, los miembros plantean una serie de cuestiones que siguen siendo motivo de preocupación. Los miembros no estaban convencidos, por ejemplo, la referencia a la resolución 1991, y consideraron que una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta cuestión podría ser útil para todos los interesados. Los criterios para la retirada de una concesión tampoco estaban claros para muchos de ellos, que temían que serian de carácter arbitrario como lo habían sido desde 1988. La misma línea de demarcación también fue aparentemente abierto a la manipulación, y había expresado su preocupación de que los grandes intereses podrían "comprar por sí mismos" del dominio público.

Al concluir el debate, el Director General indicó que, en el pasado, la falta de seguridad jurídica había surgido en parte debido a los límites de demarcación incorrectos, debido a los derechos de propiedad y por la parte de acumulación en los registros de propiedad y registro. La legislación revisada fue diseñada para hacer frente a estos aspectos. La intención del Ministerio es hacer compatible la ley para proteger el dominio público y asegurar que las actividades sostenibles pudieron llevarse a cabo dentro de esa área.

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Los ONG Ambientales:

El 22 de marzo por la tarde, la delegación se reunió con varias asociaciones ecologistas. Los miembros fueron capaces de centrarse más específicamente en las alegaciones sobre el impacto ambiental de la Ley de Costas revisado. Las ONGs (WWF, Greenpeace, EA, Birdlife) fueron profundamente críticos con el hecho de que la ley anterior no se había respetado o aplicado correctamente y que las autoridades locales y regionales habían ignorado conscientemente sus disposiciones cuando urbanizando la costa y destruyendo toda los eco-sistemas, que enfatizaban deberían haber permanecido protegidas.

La nueva ley, temían, bien podría empeorar la situación debido a las numerosas excepciones políticos que se estaban negociando en su interior. Protección del medio ambiente costero, o lo que queda del medio ambiente natural, sería aún más problemático, dando menos protección general de las zonas costeras y el aumento de la explotación económica, y cuestionaron la compatibilidad de la legislación con la propuesta de Directiva estableciendo un marco de espacio marítimo planificación y gestión integrada de las costas.

Las asociaciones ecologistas señalaron que, como en el pasado, no habían garantías de que todos las autoridades regionales o locales realmente respetarían o aplicarían esta revisión de la legislación, ya que no tenían ni los medios ni incentivos adecuados para hacerlo. Esto implica que la ley revisada se beneficiará muy pocas personas y sólo muy grandes intereses. Asociaciones ambientalistas temen que ciertas nuevas urbanizaciones - originalmente construido en zonas protegidas o restringido bajo la antigua ley se eliminarán de dominio público, ya que ahora se considera que caen dentro de las áreas urbanas costeras, y alertaron que esto se está haciendo en un momento en las áreas marinas de los espacios Natura 2000 aún no han sido designados. Por lo tanto, los que violaron la ley en el pasado, cuando cientos de kilómetros del entorno costero se destruyeron efectivamente por el frenesí de construcción, están ahora protegidos por la nueva ley y no tienen nada que temer, está cubierto por una amnistía de facto en construcciones ilegales. Los ecologistas alertaron de que no se ha considerado el impacto masivo que ha tenido en la frágil costa mediterránea y atlántica y sus bio-sistemas.

Observaciones finales

Como resultado de estas reuniones y también las discusiones celebradas en el grupo de trabajo informal, los miembros siguen teniendo un gran escepticismo sobre el grado en que la versión revisada de la Ley de Costas, que ha sido aprobada por el Parlamento español y convertirse en ley, se llevará a cabo coherentemente y esté a la altura de los objetivos del Ministerio para mejorar la protección concedida al medio ambiente costero.

Además, los miembros siguen preocupados por las importantes mejoras que aún se necesitan en términos de los derechos de propiedad y la adquisición con el fin de cumplir con las normas europeas comunes. ¿Por qué es verdad que el Comité ha pasado tanto tiempo tratando con las preocupaciones de los ciudadanos de la UE sobre sus derechos de propiedad en España y prácticamente en ningún otro país de la UE? En cierta medida, el auge de la construcción y el número de casas que se compran y se venden podría explicar esto, pero la abrumadora evidencia sugiere que las peticiones se presentaron porque algo está seriamente mal con el enfoque de las autoridades españolas y abogados españoles. El número de peticiones que llegan al Parlamento Europeo son de ciudadanos españoles como de los ciudadanos no españoles. Esto sugiere que el acceso a una revisión efectiva de las decisiones administrativas, a la protección legal y la compensación de daños efectivos en un plazo razonable sigue siendo a menudo insatisfactoria.

En sentido estricto, en los términos del Tratado de la UE, nada obliga a España a modificar su posición y está claro que el Gobierno español y el Parlamento tienen competencia plena, constitucionalmente y políticamente, para decidir y adoptar las medidas legislativas. El "sistema de la propiedad" sigue siendo de competencia del Estado miembro. Sin embargo, el Tratado de la UE en virtud del artículo 6 y en la Carta de los Derechos Fundamentales, el artículo 17, también contienen disposiciones relativas a los derechos de la gente a su propiedad. Por lo tanto, la gente tiene expectativas legítimas de que la UE y el Parlamento, en particular, deben defender estos derechos en su nombre cuando se ven socavados o violados. Por otra parte, el artículo 3 del Tratado de la UE obliga a todos los estados miembros de la UE a un nivel elevado de protección y mejora del medio ambiente. El artículo 191 del TFUE refuerza este compromiso y obliga a los Estados miembros a adoptar los principios de precaución y tomar medidas preventivas cuando sea necesario. El hecho de que en el preámbulo de la nueva legislación, se hace referencia al informe aprobado por el Parlamento Europeo como detonante de esta reforma, es muestra de que lo que las instituciones de la UE y el Parlamento, en particular, dicen, es de importancia para el legislador español.
Es discutible si estos compromisos y disposiciones han sido plenamente reconocidos por las autoridades españolas en la Ley de Costas revisada y si la justicia ha sido finalmente establecida tanto para los propietarios de los bienes o el medio ambiente. La consulta pública fue organizada por el Ministerio y esto era importante; pero si tenía un impacto real en el resultado está mucho más abierto, teniendo en cuenta las reacciones de los peticionarios y de las asociaciones de los que ha oído el Comité.

Es lamentable el hecho de que esta revisión de la Ley de Costas ha fallado en gran medida a aumentar la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad, que es un requisito indispensable de cualquier mercado de la vivienda sostenible. Además, el hecho de que la línea de demarcación está potencialmente sujeto a revisión cada vez que hay un cambio en la línea de la costa (a partir de la erosión costera, por ejemplo, o de la construcción de un nuevo puerto deportivo) crea incertidumbre adicional, lo que puede ser legal hoy puede quizás no serlo mañana.

Aunque la ley indica que el registro de la propiedad debe ser actualizado, hay poca evidencia de cualquier avance en este sentido por las autoridades regionales y locales, y este sigue siendo un serio problema. Cuando esto se evalúa en el contexto de una ampliación del plazo concesional, que a su vez queda menos clara en cuanto a la fijación de períodos de tiempo específicos (en qué criterios es una concesión otorgada por 75 años, y cuando no lo es?). Entonces, miembros consideran, todavía hay demasiadas incertidumbres para los ciudadanos europeos para hacer frente en relación con sus derechos de propiedad. Como se ha dicho también, las concesiones no están consideradas por la mayoría de los miembros como una compensación justa por la posible pérdida de valor de las propiedades privadas de propiedad de dominio público de reciente creación.

En cuanto al objetivo esencial de la protección del medio ambiente de las zonas costeras, los miembros consideran que todavía hay demasiadas deficiencias y ambigüedades de la nueva legislación, a pesar de las ambiciones originales del Ministerio de Medio Ambiente a este respecto. La reducción de las zonas de servidumbre de las rías costeras parece particularmente injustificada. Hay que reconocer con mayor claridad que el "desarrollo económico" - que es principalmente sinónimo de la industria de la construcción, lamentablemente, es fundamentalmente incompatible con la protección de una zona costera muy vulnerable y frágil ecológicamente. La nueva ley ha perdido la oportunidad de garantizar que la nueva Directiva Marco de la UE sobre la Gestión Integrada de Zonas Costeras está claramente aceptada, y no ha reconocido plenamente tanto las Recomendaciones del Consejo de la UE de 2002 o el Protocolo del Convenio de Barcelona, ​​ratificado en 2010, sobre el mismo tema. Los miembros siguen siendo inciertas que se respeten plenamente una serie de directivas de la UE.

Teniendo en cuenta estas conclusiones, y teniendo en cuenta los amplios debates en el seno del grupo de trabajo y entre los miembros de la delegación que visitó Madrid en la materia se hacen las siguientes recomendaciones.

Recomendaciones para el Borrador

            •          Pide a la Comisión Europea, debido a las preocupaciones expresadas contenidas en el presente informe en relación con la nueva Ley de Costas, a participar en un examen exhaustivo de la conformidad de la nueva legislación a las directivas relacionadas con la UE, en particular con la Directiva Hábitats, la Directiva Aves , la Directiva Marco del Agua, la Directiva de las aguas de baño, la Directiva sobre las aguas residuales urbanas, la Directiva de evaluación ambiental estratégica, la Directiva sobre inundaciones, así como la nueva Directiva marco sobre la Directiva de Gestión integrada de Zonas Costeras y otras normas relacionadas, aplicables en el Europeo Unión y que informe a esta Comisión en diciembre de 2013.
            •          Alienta a las autoridades españolas a nivel nacional para trabajar a través de una mayor cooperación con las Comunidades Autónomas con el fin de promover y preservar, y en lo posible para regenerar las áreas ambientales costeras, que en muchos casos han sido seriamente degradadas como consecuencia a la construcción excesiva frecuente, así como los proyectos de construcción, algunos de los cuales tienen dudosa legalidad. Las áreas costeras protegidas deben dejar de utilizarse para la construcción de nuevos inmuebles, edificios o viviendas.
            •          En este mismo contexto, insta a las autoridades responsables a nivel nacional y regional para aclarar y defender los derechos de todos los ciudadanos de la UE afectados y residentes a su propiedad legítimamente adquirida. Recomienda que las autoridades españolas establezcan un sistema completo y justo de compensación financiera para todos los propietarios legales cuyos hogares pueden ser objeto de demolición o expropiación como consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas.
            •          En cuanto a las propiedades que se han descrito como "edificios ilegales en o cerca de las zonas costeras, y por los que muchos ciudadanos europeos, incluidos los españoles, se han convertido en víctimas involuntarias, exhorta a las autoridades judiciales españolas de investigar y perseguir a los agentes privados o autoridades públicas que han actuado fuera del marco legal formal en la atribución de derechos de construcción y llevarlos más rápido a la justicia, al tiempo que garantiza que las víctimas de este tipo de operaciones, que compraron sus propiedades de buena fe, tengan derecho a una compensación completa y justa.
            •          Hace un llamamiento a las autoridades para emitir directrices claras a todas las autoridades regionales y locales, sobre la base de criterios objetivos y no discrecionales, en cuanto a la atribución de las concesiones a los propietarios legítimos existentes que son dueños de las viviendas dentro de las zonas costeras, garantizando una aplicación justa y uniforme de la ley. Reitera sin embargo, fuertes reservas de la Comisión sobre la existencia de tales concesiones.
            •          En cuanto a la delimitación del dominio público, insta a las autoridades a aplicar criterios técnicos objetivos que no deben discriminar entre los propietarios como resultado de su condición o nacionalidad, y para garantizar que, cuando puede ser necesario aplicar excepciones, que estén justificadas de manera clara y transparente, que en todo caso tiene que ver con la protección y mejora del medio ambiente y no a los intereses financieros o comerciales.
            •          Llama para una moratoria o paralización de todos los casos pendientes ante los tribunales en relación con las viviendas situadas en las zonas costeras sujetas a posibles modificaciones de la línea de demarcación con el fin de preservar la demolición de los edificios posibles que después se puedan caer fuera del dominio público.
            •          Exhorta al registro de la propiedad y los registros catastrales para ser actualizar al día con rapidez y precisión, garantizando que todos los dueños de propiedad dentro de las zonas de demarcación estén debidamente informados sobre sus derechos y los medios de acceso a la justicia en caso de que crean que esto es necesario con el fin de proteger sus intereses legítimos.
            •          Llama a las autoridades para aclarar la distinción entre playas naturales y urbanas, y de adoptar medidas para prevenir eficazmente la invasión de las playas urbanas a las zonas clasificadas playas naturales.
            •          Reitera su llamada para que la justicia sea efectiva y oportuna, teniendo en cuenta que las demoras excesivas en la administración de justicia es en sí misma una injusticia inaceptable. Dentro de este contexto, donde  los procedimientos judiciales sean empezados, insta a todas las partes a tener en cuenta la posible utilidad de peticiones para decisiones prejudiciales dirigidas al Tribunal de Justicia Europeo donde cuestiones de legislación de la UE están en peligro y donde no hay acte claire.
            •          Al acoger  el reconocimiento de cambio climático en la nueva legislación costera, y la necesidad de adaptar la gestión costera a sus efectos inevitables, pide una mayor claridad en las disposiciones relacionadas con esto en términos de criterios específicos, mecanismos de aplicación y normas de aplicación.

jueves, 11 de julio de 2013

Canarias inicia los trámites para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha iniciado durante su sesión de este jueves los trámites para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra el contenido de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de costas.
De esta manera, el Ejecutivo regional entendió que existen motivos suficientes como para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, por lo que ha acordado solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, como paso previo a su interposición ante el Tribunal Constitucional.
Asimismo, comentó que existen al menos cuatro aspectos concretos que podrían ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna.
En primer lugar, el apartado 38, del artículo primero de la norma supondría una clara vulneración de la autonomía local. El texto establece que "la Administración General del Estado podrá suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección".
Aquí, el Gobierno opinó que la capacidad para anular decisiones municipales corresponde en nuestro ordenamiento jurídico sólo a los Tribunales de Justicia, por lo que se estaría otorgando a los Delegados y Delegadas del Gobierno un poder de decisión y control sobre la autonomía municipal que vulneraría el actual reparto competencial.
De hecho, el consejero de Obras Públicas del Gobierno autonómico, Domingo Berriel, ha llegado a calificar esta parte del artículo como "la de la vuelta de los Gobernadores Civiles de la etapa predemocrática".
VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD
Otro motivo que da desde la administración autonómica es que la Ley vulnera el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, por el trato diferenciado que hace de varios núcleos peninsulares, sin la adecuada motivación. El texto legislativo establece hasta doce núcleos peninsulares que son catalogados como excepciones en la obligación que tiene el Estado para la protección del dominio público marítimo-terrestre.
En su disposición adicional séptima, la norma considera que "los terrenos en los que se asientan dichos núcleos no son necesarios para la protección o utilización del dominio público" y que "se trata de áreas de viviendas históricamente consolidadas y altamente antropizados".
En este sentido, el Ejecutivo agregó que en esas circunstancias hay numerosos núcleos en las islas que, además, cuentan con un alto valor etnográfico y que no han sido tenidas en cuenta en la Ley, por lo que se produce un trato discriminatorio e inconstitucional hacia las islas.
La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 30 de mayo, establece en el apartado 12 de ese mismo artículo primero que se desarrollará un reglamento con el régimen de ocupación y uso de las playas y, más adelante, habla de que "podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística".
A este respecto, el Consejo consideró que supone un factor más para respaldar la presentación del recurso de inconstitucionalidad por invasión de las competencias autonómicas, al arrogarse facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre de protección, que corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas, mientras que el Estado sólo puede fijar unos máximos y mínimos para el uso de dichas zonas.
Por último, la disposición transitoria primera de la Ley impone a las autoridades con competencias en la clasificación del suelo la obligación de remitir en un plazo máximo de tres meses un informe en relación a todos los núcleos situados en zona de servidumbre de protección y que se pretenda clasificar como urbanos o se clasificasen como tales con posterioridad a la Ley de Costas de 1988.
RETROACTIVIDAD DE LA LEY
Este hecho supone, de facto, la retroactividad de la Ley, puesto que obliga volver a demostrar que son urbanos terrenos que ya están clasificados como tales y dejar esa categorización a expensas de lo que decida el Ministerio de Medio Ambiente --eso sí, en un plazo de 18 meses, 6 veces más largo que el otorgado para presentar los informes--.
Por último, el Gobierno consideró que este último punto no sólo es inconstitucional por su retroactividad, sino que además tendrá efectos nefastos y podría incluso dar lugar a responsabilidad patrimonial por parte de las administraciones, si el Ministerio entiende que núcleos considerados urbanos y que, por tanto, tienen el deslinde establecido a veinte metros del dominio público, no lo son en realidad, por lo que habría que incrementar la zona de servidumbre hasta los cien metros que fija la Ley.


http://www.teinteresa.es/canarias/tenerife/Canarias-presentar-inconstitucionalidad-Ley-Costas_0_953905652.html

miércoles, 10 de julio de 2013

Un grupo de mesetarios con corbata ha logrado, después de una serie de estudios apreciables y muy atrac tivos para la actividad urbanística de este esquilmado país, situar en un mismo escenario a las comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco y Canarias, unidas en esta ocasión por intereses afines. Se trata de presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la recientemente aprobada Ley de Costas.
 Y es que estos señores, ignorantes de lo que significa ser isleños y costeros, además de proteger las especulaciones de los que ya se frotan las manos convencidos de las bondades que las nuevas normas significarán para sus bolsillos, han agrupado experiencias erradas anteriores para fusionarlas en otras modificadas y amparadas en el único argumento que proporciona la fuerza de legislar desde Madrid fraternalmente. Así, como es costumbre nacional, esto es, sin consultar con aquellos núcleos que van a ser perjudicados, han concebido una nueva ley que, según ellos mismos, terminará con las irregularidades cometidas tiempo atrás.
 Y, como igualmente es tradicional, esos empecinamientos cálidos de la Dirección General de Costas hacia determinados territorios (el canario, principalmente) han provocado la protesta y el cabreo de los políticos de las comunidades citadas, contrariedad que manifestó públicamente y en nombre de todos el consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, quien, últimamente, no consigue sino recibir una ristra de mortificaciones desde la capital de las Españas, algunas de las cuales llegan dedicadas por el ministro converso canario Soria, como la negativa a bonificar las tasas aeroportuarias y sí en Baleares. Otra vejación. Siempre han surgido los intereses creados y, en esta ocasión, de forma beneficiosa para zonas peninsulares y, especialmente, para Baleares y, concretamente, para Formentera, isla de características semejantes a El Hierro, con lo cual se produce un sobresaliente agravio comparativo inesperado en la isla del Meridiano. En el Archipiélago canario pueden verse afectadas 10.000 edificaciones, de las cuales más de 70 tomarán el camino de Cho Vito.
 La nueva normativa presenta una novedad importante: se reduce de 100 a 20 metros la zona de dominio público marítimo terrestre, con lo que se entra en un mundo más que difuso donde las competencias territoriales, ya consolidadas, resultan diluidas por concesiones amistosas, quedando relegadas las singularidades canarias contempladas en la Constitución, en Europa y en nuestra propia Comunidad. Parece que los políticos están de acuerdo con una de las normativas que tolera aumentar hasta los 75 años el plazo de las licencias en el litoral, pero, a la vez, exigen más requisitos que antes para declarar zonas urbanas situadas en áreas de protección, obligando a los ayuntamientos a informar en tres meses de la situación de esos núcleos urbanos que, sin embargo, ya se notificó con anterioridad. El consejero Berriel afirma, rotundamente, que "se ha beneficiado a dos o tres inversores privados en la Península (y de aquí, añadimos nosotros) y se olvidaron de los demás". Uno de los órganos de la Administración donde florece el sectarismo en todo su esplendor es la Delegación del Gobierno Central, gobierne la derecha o la izquierda. Da lo mismo. Cualquier decisión que se tome por el Ejecutivo está bien tomada. En este asunto de la Ley de Costas se han apresurado a manifestar que favorece a Canarias, basándose en esa reducción de 100 a 20 metros la zona de servidumbre y justificando el caso de Formentera porque "casi toda la isla está dentro del dominio público". En Canarias se hará lo imposible por buscar "soluciones antes de llegar a situaciones extremas", qué sucederá en esa nueva franja de oro que significa el espacio de 80 metros que quedará expedito para cualquier promotora, conocedora de esta nueva norma antes de publicarse. Un constructor de los conocidos por aquí puede realizar en esa zona liberada increíbles y formidables obras urbanísticas que demolerán los entornos cuidados y mimados por las distintas agrupaciones vecinales. De ahí la observación apuntada más arriba referida a lo confusa que iba a quedar esta ley y la urgencia de recurrir al Constitucional para que nuestras costas sean, de una vez por todas, nuestras. http://eldia.es/criterios/2013-07-10/9-costas-son.htm  

martes, 9 de julio de 2013

La Comisión Europea vigilará el desarrollo de la Ley de Costas

La Comisión Europea ha avisado este martes al Gobierno español de que vigilará "atentamente la evolución del marco jurídico" de aplicación de la Ley de Costas tras reconocer las "muchas" quejas de ciudadanos españoles y europeos. Ha admitido, no obstante, que no tiene "competencias" para "intervenir" en casos de denuncias de expropiaciones. "Estamos siguiendo atentamente todo lo que va sucediendo en la legislación española. No tenemos competencias específicas de acuerdo con el derecho europeo para intervenir", ha explicado el funcionario de Justicia del Ejecutivo comunitario, Vincent Depaigne, durante el debate en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que ha aplazado el voto del informe de la delegación que visitó Madrid en marzo para estudiar 'in situ' las quejas de los ciudadanos a la anterior norma y discutir con las nuevas autoridades la reforma de la Ley de Costas, ya aprobada. Depaigne ha recordado que muchos ciudadanos han remitido "muchas" quejas a la comisión europarlamentaria sobre la normativa de Costas españolas y ha explicado que seguirá "examinando atentamente la evolución del marco jurídico de aplicación"."Seguiremos atentamente la aplicación y desarrollo de la misma", ha explicado su compañero de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario. LA VOTACIÓN SE APLAZA A SEPTIEMBRE La presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, la popular italiana Emilia Mazzoni, ha confirmado que la votación del proyecto de informe de la presidenta de la misión de eurodiputados que visitó España en marzo, la eurodiputada liberal austríaca Angelika Werthmann, se aplaza a septiembre para dar tiempo a los grupos políticos a presentar sus enmiendas al texto. "Votaremos el informe en septiembre", ha confirmado. Los portavoz de los grupos políticos de la Comisión de Peticiones así lo acordaron este lunes, sobre todo por las presiones del Partido Popular, que ha rechazado de plano el contenido del informe a raíz de la visita, según han confirmado varias fuentes parlamentarias. El proyecto de informe cuestiona que la revisión de la Ley de Costas del Gobierno de Mariano Rajoy "sea aplicada coherentemente y cumplirá los objetivos del Ministerio de reforzar la protección acordada al entorno costero" y además resalta que "siguen preocupados" por "las mejoras significativas que todavía son necesarias en términos de derechos de propiedad y adquisición para cumplir los estándares europeos comunes". El texto de la austriaca recuerda que "el objetivo de la reforma de la Ley de Costas 1988 era dar una mayor certidumbre legal para la gente con propiedades a lo largo de las zonas costeras españolas y dar mayor protección al entorno costero". Además subraya que la "descentralización de la autoridad y el poder excesivo tácito pero acordado durante muchos años a las autoridades municipales por los Gobiernos regionales, permitieron a muchos ayuntamientos locales abusar de su rol aceptando programas de construcción masivos" sin supervisión "adecuada" dejando a "muchos propietarios inocentes" como víctimas de abusos. "Esto se ha dado mano a mano con lo que muchos ven como una amplia corrupción y connivencia entre las autoridades políticas y la industria de la construcción", recoge el borrador del informe, que saluda con todo que el borrador de la Ley de Costas -la visita fue previa a la adopción de la reforma normativa por el Congreso en mayo-- "contribuirá a poner fin a esta mala práctica" a través de la creación de "directrices nuevas y mucho más claras a seguir por todos". "Esto será en beneficio de los propietarios de casas, compradores potenciales y para la industria de la construcción que podrá embarcarse en una senda de desarrollo más sostenible", subraya el texto. En sus recomendaciones, el proyecto de informe pide que el Ejecutivo comunitario investigue sobre todo si la nueva Ley de Costas española cumple especialmente las directivas comunitarias sobre Hábitats, Aves Salvajes, la directiva marco de Agua, la de calidad de agua de baño, la directiva sobre gestión de residuos de agua urbanos, la directiva sobre la evaluación de impacto medioambiental, la directiva sobre inundaciones, así como la nueva directiva sobre gestión integral de las zonas costeras y otras normas europeas relevantes y les informe al respecto para diciembre de 2013. También recomienda a las autoridades españolas "clarificar de forma ulterior y a respetar los derechos de todos los ciudadanos de la UE afectados y residentes sobre su propiedad legítimamente adquirida" y que las autoridades españolas que "establezcan un esquema completo y justo de compensación financiera para todos los propietarios legales de propiedades cuyos hogares puedan ser objeto de demolición o expropiación como resultado de la aplicación de la Ley de Costas". El eurodiputado popular, Carlos Iturgáiz, quien ya avanzó en junio la intención de su partido de presentar enmiendas al informe aunque no ha participado en el debate de este martes, ha criticado en un comunicado que el proyecto de texto hable de la "vulneración de nada menos que siete directivas europeas" cuando el anterior borrador no mencionaba esto sin aportar "argumentos", incluido una normativa europea "que aún no está aprobada" como es la directiva de gestión integral de zonas costeras. Lo considera, también, "incoherente" porque "cuestiona lo que dice el Gobierno, porque da por buenas todas las peticiones de particulares" incluidas en su opinión "barbaridades como que en España se confisca a débiles para entregar el terreno a poderosos para que edifiquen". También ha criticado que el texto exhorte a las autoridades judiciales a "investigar a agentes privados y autoridades públicas que hayan actuado al margen de la ley" al vender propiedades particulares "como si España fuera una república bananera bananera en la que no se persiguen actuaciones judiciales" o que critique al sistema judicial español por su "lentitud" para resolver los casos de expropiaciones. INFORME JURÍDICO Iturgáiz ha avanzado que pedirá "un informe jurídico del Parlamento Europeo sobre los nuevos puntos" tras recordar que en octubre de 2010 los servicios jurídicos "declaraban con total claridad que la Ley de Costas española quedaba fuera del ámbito de competencias de la Unión Europea". Werthmann ha subrayado la "buena cooperación" con las autoridades españolas durante la visita y se ha mostrado abierta a "incorporar la nueva ley" al informe, como ha reclamado el eurodiputado popular alemán Peter Jahr durante el debate y ha apostado porque los miembros de la delegación lo discutan en septiembre. La eurodiputada ecológica danesa Margrete Aucken, autora el informe crítico sobre urbanismo en España de 2009, ha subrayado "las preocupaciones" por posible incumplimiento del texto legal de varias directivas y ha lamentado que la nueva ley de Costas "no haya mejorado" los derechos de propiedad. "Todavía es una ley muy mala, la anterior no era tan mala para el medioambiente, pero no era aplicada", ha defendido. En cambio, Aucken ha criticado que la nueva ley tiene una parte "muy débil" para proteger el medioambiente y existe "confusión" sobre la seguridad jurídica de propietarios. El eurodiputado socialista Miguel Ángel Martínez, ha defendido la necesidad de encontrar en todo caso "el equilibrio entre los intereses particulares y la protección de la costa http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-comision-europea-avisa-vigilara-desarrollo-nueva-ley-costas-20130709134427.html

Escándalo en Menorca: Mercedes Milà, Lorenzo Milà, Ana Belén y Víctor Manuel se niegan a dejar las edificaciones ilegales que disfrutan en primera línea del Puerto de Mahón

Durante 17 años, y gracias al Gobierno de Felipe González, disfrutaron de una concesión extraordinaria para veranear en parcelas que fueron inicialmente otorgadas para que los pescadores realizaran actividades de Acuicultura Víctor Manuel y Ana Belén pagaron 590 euros al año por su edificación; mientras que los Milà han disfrutado de su vivienda privilegiada en el Puerto de Mahón por 1.473 euros al año A día de hoy, estos privilegiados veraneantes todavía no han procedido a la entrega de las llaves de las instalaciones ni a retirar los bienes muebles de las mismas, tal y como la Autoridad Portuaria les solicitó en un requerimiento público fechado el pasado13 de febrero Hace unos meses la Autoridad Portuaria de Baleares remitía a los periodistas Lorenzo Milà y Mercedes Milà -presentadora del programa Gran Hermano que emite Tele5-, y a los cantantes Ana Belén y Víctor Manuel, sendos requerimientos de desalojo de las parcelas de La Solana, en el Puerto de Mahón (Menorca), que disfrutan ya desde hace más de dos décadas de una manera privilegiada. La orden de desalojo se producía “por ocupar sin título habitante bienes de dominio público portuario”, tras las respectivas sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que daba la razón con rotundidad a la Autoridad Portuaria frente a los citados recurrentes vips, al afirmar que el interés general es “absolutamente preferente y además con grado máximo de intensidad”, máxime tratándose de una zona de dominio público marítimo. Pero la gravedad del caso radica ahora en que, a pesar de haberse dictado esta orden de desalojo por parte de la Autoridad Portuaria, todavía a día de hoy ni la familia Milà ni los cantantes del PCE han procedido a la entrega de las llaves de las instalaciones ni a retirar todos los enseres y bienes muebles de las mismas, tal y como la Autoridad Portuaria de Baleares les viene solicitando desde el pasado día 13 de febrero mediante requerimiento público que obra en poder de Extraconfidencial.com. A este incumplimiento se une que ni por parte del Ministerio de Fomento del Gobierno de Mariano Rajoy, que dirige Ana Pastor, ni por parte del Ayuntamiento del PP de Mahón, con su edil Águeda Reynes, se ha hecho lo más mínimo por hacer cumplir esta orden pública, que lleva aparejada en caso de no realizarse la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como ha ocurrido en casos menos significativos. Un privilegio “donado” por Felipe González La problemática se arrastra ya desde el 22 de febrero de 2010, fecha en la que a estos ilustres veraneantes de La Solana se les terminó la concesión extraordinaria de 17 años que les dio en su día el gobierno de Felipe González para que durante ese periodo de tiempo (improrrogable) disfrutaran de estas privilegiadas edificaciones en primera línea del puerto de Mahón en Menorca. La Autoridad Portuaria de Baleares era consciente de que en esa fecha se extinguía de un manera improrrogable el título concesional que permitía a la familia Milà y a Víctor Manuel y Ana Belén la citada ocupación, y que le había concedido el gobierno socialista de Felipe González en octubre de 1992, casualmente sólo un mes antes de que entrara en vigor la famosa Ley de Puertos (27 de Noviembre de 1992), en la que se prohibía de manera expresa el uso residencial o de vivienda en el dominio público portuario. Desde hace ya más de dos décadas los cantantes Ana Belén y Víctor Manuel y la familia Milà (tanto Lorenzo, como Mercedes y su tío Alfonso Milà Sagnier), disfrutan de unas parcelas privilegiadas en la zona de La Solana en primera línea del puerto de Mahón. Unas parcelas (las números 6, 7, 8, 9 y 10) que en el año 1968 el Ministerio de Obras Públicas del Gobierno del General Franco había dado en concesión administrativa a la Cofradía de Pescadores del Puerto de Mahón para unas casetas destinadas únicamente a guardar el marisco capturado en balsas (mejillones, dátiles, escupinas, ostras, etc.) Precios de risa En los años 70 se produjo un deterioro grave en la calidad del agua del Puerto de Mahón debida a los vertidos del colector municipal de aguas residuales que eran vertidos al Puerto directamente sin depuración alguna. Como consecuencia de esta contaminación se prohibió la actividad marisquera en este Puerto. Precisamente, durante los años de paralización de la actividad marisquera, y de forma irregular al tratarse de terrenos públicos (dominio público marítimo terrestre), se produjeron de manera individual la venta de alguna de estas casetas. Concretamente, dos de ellas son adquiridas de inicio por el tío de los Milà, Alfonso Milà Sagnier, y otra tercera por parte del productor José Samano de la Brena, marido de Mercedes Milà, que la adquiere en 1989. Posteriormente en el año 2000 la transfiere a la sociedad de la periodista denominada Taramparo SL, y por la que según refleja la memoria de Puertos de Baleares pagaba 1.473 euros al año. Pero la familia Milà no ha sido la única famosa privilegiada con el disfrute de edificaciones en terrenos de dominio público marítimo, como adelantó ya Extraconfidencial.com en 2010, también los cantantes Víctor Manuel San José Sánchez y su mujer Ana Belén recibieron una concesión para una edificación y explanada aneja (dedicada a solarium) que fue adquirida a un mariscador por la exigua cantidad de 590 euros al año. Todos estos privilegiados veraneantes destinaron estas iniciales casetas de marisqueo a viviendas, solariums o residencias de vacaciones. La administración socialista de Felipe González trató de regularizar la situación mediante la concesión extraordinaria por 17 años improrrogables de unos permisos de uso de vivienda cuya vigencia formal expiró ya en el 2010. Fue en abril de ese año cuando la Autoridad Portuaria de Baleares notificó a los privilegiados ocupantes de las parcelas de La Solana la caducidad de la concesión excepcional de la que disfrutaban. Estos iniciaron entonces una serie de recursos y procedimientos administrativos para paralizar el inicio del trámite de reversión de los terrenos a la Administración, quien en su día decidido conferir a esta zona un uso portuario público, manteniendo sólo dos edificaciones para la actividad marisquera y proyectando una zona de acceso común en toda esta franja de terreno de La Solana, con la construcción de un embarcadero público. La familia Milá y Ana Belén y Víctor Manuel unidos por el “chollo” Para evitar esto, la familia Milà y Ana Belén y Víctor Manuel comenzaron una serie de recursos y alegaciones ante los organismos correspondientes que terminaron en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que finalmente ha dado la razón a la Autoridad Portuaria, por lo que los ya famosos desahucios ha devenido en firme y en consecuencia se debe proceder a ejecutar las resoluciones del Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, José María Urrutia Medra, firmadas en enero de 2011 contra estos privilegiados veraneantes. Pero todavía a día de hoy no se ha producido la ejecución por parte de la autoridad competente. Ni entregándose las llaves ni produciéndose la retirada de todos los enseres y bienes muebles de las citadas instalaciones que invaden la zona de dominio público marítimo. Las investigaciones de Extraconfidencial.com confirman que estos privilegiados veraneantes se están moviendo con bastante fuerza en el organismo público Puertos del Estado (del Ministerio de Fomento) y en el seno del Partido Popular para buscar soluciones. Hay que recordar que cuando salió la primera resolución de desahucio, la presentadora de “Gran Hermano” y del programa de denuncias “Diario de…” hizo campaña a favor del entonces alcalde socialista de la localidad, Vicens Tur, aliado de sus planteamientos, y que posteriormente en mayo de 2011 fue derrotado en las urnas por la actual alcaldesa del PP, Águeda Reynes, que ahora parece estar también a favor de la causa de sus ilustres veraneantes al no ejecutar la orden de desahucio dictada y mantener el privilegio de ocupar el dominio publico como propio por parte de unos privilegiados, con nombre y fama http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=12776

martes, 2 de julio de 2013

Medioambiente estudiará si los núcleos de 1988 pueden salvarse(VA A SER QUE NO)

La nueva Ley de Costas permite conservar aquellas zonas del litoral construidas antes de su aprobación si cumplen determinadas condiciones


El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (Magrama) estudiará los crecimientos posteriores a 1988 de los núcleos urbanos del litoral que se puedan salvar conforme a la nueva Ley de Costas, según ha manifestado este martes el portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado, Vicente Aparici.

La reforma de la Ley de 1988 permite conservar aquellos núcleos costeros construidos antes de su aprobación si cumplen determinadas condiciones, pero no se pronuncia sobre si su desarrollo posterior, hasta 2013, puede o no beneficiarse de esa misma excepción.

Vicente Aparici y la senadora del PP por Gran Canaria Josefa Luzardo han defendido, en una rueda de prensa, la nueva Ley de Costas y han calificado el recurso de inconstitucionalidad anunciado el pasado lunes por Canarias y otras cuatro comunidades de "político y partidista".

Aparici ha indicado que el recurso anunciado no beneficia a los ciudadanos, al tiempo que ha recordado que la nueva ley, que reforma la anterior de 1988, ha tenido un amplio periodo de debate en el que han podido participar los distintos grupos políticos.

Luzardo ha indicado que en ese debate participó también CC, que presentó 19 enmiendas que estuvo a punto de pactar con el senador por El Hierro Narvay Quintero.

Para Luzardo, el recurso responde a una "nueva pataleta de CC", que quiere imitar a Andalucía y Cataluña -otras de las comunidades dispuestas a recurrir la ley-, para "tapar" su "mala gestión" y conseguir competencias en materia de costas que corresponden al Estado.

Aparici ha defendido además las nuevas competencias que esta ley confiere al Estado para evitar construcciones como la del hotel Algarrobico en una playa de Almería, porque permitirá a las delegaciones del Gobierno paralizar edificaciones similares hasta que se pronuncien los órganos judiciales correspondientes.

Luzardo además ha indicado, ante el rechazo que ha suscitado el hecho de que ningún núcleo urbano del litoral canario esté incluido en las doce excepciones que recoge la ley y que permitirán su legalización, que CC tampoco propuso incluir áreas urbanas del litoral canario.NI EL PP NI EL PSOE, CON LO CUAL A NADIE LE INTERESA.

La senadora canaria y Aparici han explicado que esas doce excepciones que se han considerado en todo el territorio español responden a zonas del litoral que estaban bastante pobladas y que reunían una serie de condicionantes.¿CUAL SON LAS CONDICIONANTES.?

Así mismo, han subrayado la importancia de la enmienda que se aprobó para poder resolver el problema de los núcleos urbanos que se han asentado en el litoral antes de 1988 y asegurar su permanencia, lo que beneficiará a las personas que residen en áreas de las costas canarias, siempre y cuando no estén sujetas a sentencias que ordenen su demolición, como es el caso de Tufia y Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria), ha recordado Luzardo.

Los alcaldes de los municipios con núcleos costeros anteriores a 1988 tendrán que pedir en el plazo de tres meses los informes correspondientes al Ministerio para consolidar estas zonas, siempre que cuenten con agua, alumbrado, alcantarillado y estén asfaltadas.

Estos informes serán analizados por el Ministerio y lo construido con posterioridad a 1988 dentro de esos núcleos urbanos que se puede consolidar se estudiará de manera pormenorizada, ha aclarado Aparici.

El senador del PP ha insistido en defender la nueva ley por ser más proteccionista con el medio ambiente, proteger los derechos de antiguos propietarios de viviendas y otros bienes, y por conferir seguridad jurídica a las actividades económicas sostenibles, de manera que permitirá la generación de empleo.

http://www.laprovincia.es/canarias/2013/07/02/medioambiente-estudiara-si-nucleos-1988/542015.htm

Canarias lidera una ofensiva contra la Ley de Costas ante el Constitucional

Cataluña, Asturias, País Vasco y Andalucía se unen a las Islas por considerar que invade sus competencias


Canarias abandera una ofensiva autonómica y jurídica contra la recién promulgada reforma de la ley de Costas para intentar que el Tribunal Constitucional impida la invasión del Estado de las comunidades autónomas en materia de ordenación del litoral y garantice la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, los preceptos constitucionales que el Gobierno regional considera que viola la nueva norma.

El consejero de Transportes, Obras Públicas y Política Territorial, Domingo Berriel, recibió ayer la confirmación de cuatro comunidades más, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Asturias, de que comparten sus criterios sobre la inconstitucionalidad de la ley y que, al igual que Canarias, presentarán su correspondiente recursos ante el TC antes del 30 de agosto, el plazo del que disponen para ello, es decir, en los tres meses siguientes a la publicación de la norma en el BOE.

Berriel convocó ayer en Madrid a responsables de estas comunidades –dos de ellas gobernadas por nacionalistas y otras dos por el PSOE– para hacer una puesta en común sobre los efectos prácticos de la aplicación de la llamada Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y Modificación de la Ley de Costas de 1988 y sus posibles contenidos anticonstitucionales. Aseguró que hay coincidencia plena de las cinco regiones, que suman entre ellas más de la mitad del litoral español, "en que la ley vulnera algunos preceptos de la Constitución en materia de igualdad de los ciudadanos ante la ley y porque invade competencias de otras administraciones", y que "las cinco comunidades tenemos claro que vamos a presentar un recurso ante el TC", aunque cada una por su cuenta.

"Es nuestra obligación defender el fuero autonómico y es necesario porque se ha hecho una mala regulación, que no responde a las necesidades de las comunidades autónomas y para Canarias particularmente perjudicial porque están olvidadas todas nuestras singularidades", aclaró. "No hay ni un artículo que mejore, facilite o siquiera ponga en valor las especificidades de una comunidad con más de 1500 kilómetros de costa. No hace el más mínimo esfuerzo por resolver las situaciones que se nos plantea", afirmó el consejero, que cifró entre 60 a 80 los núcleos urbanos costeros que deberán ser derribados en las Islas por la aplicación de la norma.

Berriel justificó esta ofensiva conjunta entre las cinco comunidades, a iniciativa de Canarias, para aunar criterios y argumentos jurídicos y facilitar una posible sentencia del TC favorable a sus planteamientos. Recordó, en este sentido, que en "la mayoría de los conflictos constitucionales aparecen casos en los que varias comunidades autónomas piden lo mismo o cosas parecidas y el TC ha terminado acumulando los recursos y dictando una sola sentencia". "Hemos entendido que es más eficiente hacer una revisión conjunta de la ley; en qué aspectos consideramos que se viola la Constitución", aclaró.

Según Berriel, este recurso puede ser tan importante, tanto como el que varias autonomías interpusieron en el año 1988 contra la ley ahora modificada y que motivó la sentencia 149/91, donde se estableció la competencia de las comunidades autónomas en materia de ordenación del litoral. "Vamos a pedir lo mismo y conviene que nos pongamos de acuerdo. Los argumentos serán los mismos", aseguró.

http://www.laopinion.es/canarias/2013/07/02/canarias-lidera-ofensiva-ley-costas/484717.html

lunes, 1 de julio de 2013

Cinco comunidades anuncian que recurrirán la ley de costas

Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco cuentan con más de la mitad del litoral


Andalucía (PSOE), Asturias (PSOE), Canarias (Coalición Canaria), Cataluña (CiU) y País Vasco (PNV) tienen la intención de recurrir la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional. Según ha expresado el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial de Canarias, Domingo Berriel, que se ha reunido con representantes de las comunidades en la sede de la oficina del Gobierno de Canarias en Madrid, en estos momentos las regiones están "todas trabajando sobre su respectivos recursos".

El consejero también ha señalado que todas consideran que la ley invade las competencias autonómicas y que cuentan de plazo hasta el 30 de agosto para presentar los recursos. El consejero canario ha anticipado que cada vez habrá más puestas en común por parte de las comunidades, ante lo que ha calificado de "cerrazón" por parte del actual Gobierno y de pretensión de debilitar el actual modelo competencial. Berriel ha recordado que las cinco comunidades citadas cuentan con más de la mitad del litoral español.

Las comunidades dudan de la adecuación constitucional de algunas prerrogativas que el Gobierno central se reserva para sí en la nueva ley. Así, creen que el hecho de que el Ejecutivo pueda suspender los acuerdos municipales que afecten a la integridad del dominio público de la costa o la previsión de delimitación estatal de los tramos urbanos y naturales de las playas y sus usos turísticos puede invadir sus competencias. Además, creen que también vulneraría sus facultades, la reducción en la práctica la zona de litoral protegido de 100 a 20 metros, lo que haría que las viviendas que se sitúan en esos 80 metros de diferencia pasen de estar sometidas a controles muy estrictos para hacer obras o cambios en su estructura, a tener todos los parabienes para hacer obras cumpliendo la normativa de ayuntamientos y comunidades autónomas.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/01/actualidad/1372687345_354825.html



domingo, 30 de junio de 2013

El Partido Popular machaca nuestras costas

Qué duda cabe de que la riqueza de nuestras Islas se debe, entre otros motivos, a nuestra costa tan variada y placentera, al mismo tiempo que atrevida , fuente de recursos desde siempre y lugar de esparcimiento, ocio y descanso de los canarios. Nuestra costa, por otro lado, supone una atracción constante de los extranjeros y en general de todo el turismo que nos visita, valorándola y admirándola muchísimo. Por ello cualquier actuación especulativa o destructiva del hombre sobre ella nos estremece y llena de especial preocupación, y no cabrían en este artículo la cantidad de atropellos que nuestra costa ha recibido, sin ir más lejos Santa Cruz de Tenerife, la única capital de las islas (salvo El Hierro), que viviendo tradicionalmente hacia el mar, sin embargo se nos han impedido pasear junto a su orilla.


De ahí que debamos estar sobre aviso y recelosos de la recién aprobada Ley de Costas que en solitario en las Cortes nos ha impuesto el Partido Popular, gracias a la que se permitirá construir aún más cerca de la orilla, dificultándonos cada vez más el sagrado derecho que tenemos los ciudadanos españoles a transitar libremente por ella y acceder por toda la costa al mar, con lo que cada vez la construcción podrá devorar más nuestras playas y con ello los pelotazos inmobiliarios continuarán, mientras se desprotegen barrios costeros históricos de Canarias. O sea, el Partido Popular ha apostado por nuevas construcciones y cemento para la especulación en nuestras costas, dejando indefensos a núcleos históricos canarios que han servido de vivienda y descanso a nuestros paisanos.

Una nueva agresión a nuestra costa ya de por sí tan machacada, tras la que se esconden intereses poderosos que no solo vulneran las leyes europeas, sino que van a favorecer a destacados empresarios, como es el caso del que fue ministro de Hacienda y vicepresidente del Gobierno predemocrático entre 1975-1976, Juan Miguel Villar Mir, imputado por el juez Ruz por supuestas donaciones al Partido Popular detectadas en los papeles de Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP que por fin entra en prisión. Pues bien, según un informe de Greenpeace, Villar Mir es uno de los beneficiados por la nueva normativa al evitar el derribo de una fábrica metalúrgica en Santander situada en el polígono industrial de la ría de Boo (Cantabria), entre los municipios de Astillero y Camargo, con una actividad que en el 45% invade el dominio público marítimo/terrestre. Su concesión de ocupación acaba en 2018, y, según la Ley de Costas de 1988, debería ser derribada entonces, pero, gracias a la nueva ley del Partido Popular se amplia dicho plazo unos 75 años más.

Hay que tener en cuenta el peligro que para el medio ambiente supone que el PP haya reducido la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos, así como que se dejan de proteger importantes humedales costeros y dunas, lo que puede acarrear consecuencias lamentables al favorecer aún más el cambio climático. Se calcula que cada día en España se produce una degradación de más de siete hectáreas de costa para construir urbanizaciones, habiéndose detectado casos de corrupción en construcciones de la costa, de tal forma que si bien unas 10.000 viviendas ilegales estaban sometidas a un expediente de demolición al finalizar la concesión otorgada a esas construcciones antes de 1988, ese problema ya lo tienen resuelto sus propietarios al conceder la nueva ley 75 años de moratoria.

Las reacciones de aprovecharse y especular con la nueva ley no se han hecho esperar y se están realizando cursos y seminarios relacionados con el sector de la construcción que ve en ella una nueva oportunidad de negocio ante la posibilidad de regularización de edificaciones afectadas por la línea marítimo-terrestre, actuaciones urbanas en el entorno de dicha línea y desarrollo de suelos urbanizables afectados parcialmente.

Una ley que no trata de proteger la costa sino de proteger a los que especulan con ella. Mejor los populares nos dejan tranquilos a los canarios, y mientras tanto con la herreña María Mérida sigamos cantando aquella letra de Pancho Guerra: "Somos costeros, arriando velas, largando al viento, la rumantela, echa ron ventorrillero, turronera pon turrón...".

jvicentegbethencourt@yahoo.es



sábado, 29 de junio de 2013

Así se aplica la Ley de Costas frente al Bahía Real

Las grúas avanzan mar adentro para perforar las rocas de la playa del Charco de Las Agujas, y construir unas pasarelas autorizadas por el Gobierno de Zapatero el 24 de noviembre de 2011 a través de la ex-comunista Rosa Aguilar como Ministra de Medio Ambiente en funciones.



Construcción de las pasarelas en Bahía Real


El 24 de noviembre 2011, el consejo de Ministros del gobierno de Zapatero, daba el visto bueno al proyecto presentado por los propietarios del Hotel Bahía Real de Corralejo, para llevar a cabo la privatización de casi 2.000 m2 de playa en el Charco de las Agujas con sus respectivos quioscos y un paseo marítimo dotado de los correspondientes locales comerciales que explotarán durante 20 años. El Director General de Medio Marino, por delegación de la Ministra en funciones de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar Rivero, dictó la resolución otorgando a los propietarios del citado hotel la concesión para la ocupación de bienes de dominio público marítmo terrestre en Corralejo, todo ello , minutos antes de entregarle la cartera a su sucesor en el cargo. Además, con la oposición de 966 vecinos.

ESTOS, SON LOS QUE AHORA NO QUIEREN LA REFORMA DE LA LEY, SU LEY DE COSTAS, QUE ERA TAN PERJUDICIAL COMO LA ACTUAL .

Como se puede ver en la imagen, la primera fase de la obras consiste en la construcción de las pasarelas y plataformas para el acceso al baño. Los trabajos de ejecución de las pasarelas se iniciarán con la excavación localizada en la roca natural para poder garantizar el apoyo mediante cimentación directa de la subestructura en el estrato resistente.



Así se aplicaba la Ley de Costas en El Jablito.


El Jablito, recogido en el catastro del año 1957 como un poblado marinero de 4.120 metros cuadrados, en el municipio de La Oliva.Unas 15 familias de este pueblo norteño sufrieron el derribo de sus viviendas sin previo aviso, si bien los vecinos admitieron que llevan recibiendo amenazas de la empresa propietaria de los terrenos, Rudy, S.L., para que abandonen la zona desde hace casi un año. Detrás de esa sociedad aparecen una serie de personajes, catalanes unos, y majoreros otros, que no tienen el más mínimo escrúpulo a la hora de hacer negocios, Cebriá, Mederos, Hormiga, Estévez...

Sin duda, la Ley de Costas se aplica de manera muy diferente y no es igual de diligente según quién es el beneficiario o infractor. Cuando de los catalanes, hermanos Cebriá (Bahía Real) se trata, o del jefe de la patronal de la hostelería, Antonio Vicente Hormiga, se comportan como hermanitas de la caridad

http://www.laverdaddelanzarote.com/articulo/politica/asi-se-aplica-la-ley-de-costas-frente-al-bahia-real/20130625164706003293.html

jueves, 27 de junio de 2013

El Grupo Nacionalista CC considera “un engaño” la PNL del PP sobre los núcleos costeros y pide su retirada para “solucionar el problema mediante un consenso”

José Luis Perestelo asegura que el Gobierno de Canarias no puede hacer lo que pide la iniciativa ya que es el Estado el que ha de clarificar la retroactividad de la Ley, y quién y cómo se determina la legalidad o ilegalidad de los núcleos costeros


El diputado nacionalista reivindica las competencias en Costas para Canarias “dado el alto grado de desconocimiento que ha mostrado el Gobierno de España con respecto al litoral canario”


El diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), José Luis Perestelo, considera un “engaño” la PNL del PP sobre los núcleos costeros canarios “y por eso hemos votado en contra porque es el Estado el que ha de clarificar la retroactividad de la Ley, y quién y cómo se determina la legalidad o ilegalidad de los núcleos costeros, no el Gobierno de Canarias como pretende decir la iniciativa del Grupo Popular”.


En este sentido, el diputado nacionalista aseguró que el PP está hablando de una disposición transitoria obviando parte de su contenido. “Espero que cuando se reúnan con los colectivos, que me consta lo están haciendo”, le dijo a Cristina Tavío, portavoz del PP en este asunto, “le cuenten toda la verdad y la verdad es que esa disposición adicional remite al artículo 25 de la Ley del 88 que estipula que dentro del territorio de servidumbre se prohíben las edificaciones destinadas a residencia o habitación, además de la construcción de vías de transporte y de transporte de energía, entre otras”.


“Ese es el motivo que ha llevado al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias a solicitar al secretario de Estado que clarifique esa disposición adicional a la que alude el PP porque, de interpretarse tal y como está en la Ley, lo que significa es que se prohíbe incluso el desarrollo normal de aquellas viviendas que quedan fuera de la zona de servidumbre”, explicó el diputado.


José Luis Perestelo, “ante la escasa claridad de la norma y la inutilidad de la iniciativa del PP”, pidió al Grupo Popular que retirara su Proposición No de Ley “para trabajar todos los grupos juntos en una solución de consenso para todas esas personas que están viendo como sus viviendas no solo están en peligro sino que, en algunos casos, ya están derribadas”.


El diputado nacionalista pidió cordura al Grupo Popular. “No jueguen con la gente, no jueguen con su futuro ni con sus viviendas, vamos a sentarnos todos a buscar una solución que es lo que nos están demandando”.


José Luis Perestelo insistió en que esta norma ha olvidado a Canarias “no resuelve el problema de nuestros núcleos costeros, no modifica nada, todo lo contrario, empeora la situación con respecto a la ley del 88”, aseguró. En este sentido, José Luis Perestelo se preguntó por qué si no, entonces, se hace una excepción para Formentera y no para los núcleos canarios. “Si todo estuviera tan claro, esas excepciones no tendrían por qué haberse hecho”.


Perestelo explicó que Canarias es la comunidad con más kilómetros de litoral, solo superada por Galicia, “y allí la servidumbre se puede reducir a 20 metros atendiendo a razones geomorfológicas, por lo que basta un artículos similar o el desarrollo de un reglamento para salvar los núcleos canarios sin que haga falta acreditar que tenían características urbanas antes de 1988”, añadió.


Para el diputado nacionalista, “la disposición de la que habla el PP en su iniciativa, además, vulnera la Constitución porque da carácter retroactivo a la norma y genera inseguridad jurídica, pues podría darse el caso de que en algunos núcleos, ya clasificados como urbanos de acuerdo con la ley de 1988 y con informes favorables de la Demarcación General de Costas, sean anulados por los técnicos a la luz de esta disposición que pide un nuevo informe a los ayuntamientos en menos de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley”.


José Luis Perestelo pidió, una vez más, que se deje de hacer demagogia con ciertos temas y que se le cuente a la gente la verdad. “Le reitero, vamos a sentarnos y a buscar una solución”, le repitió a la portavoz popular.


Además, el diputado nacionalista aprovechó la ocasión para reivindicar la necesidad de que Canarias asuma las competencias en costas. “El Estado ha demostrado con esta ley que tiene un absoluto desconocimiento de lo que ocurre en Canarias, por lo que creo que es necesario que este tipo de cuestiones se regulen desde el Archipiélago”.

http://lavozdetenerife.com/not/41635/el_grupo_nacionalista_considera__ldquo_un_engano_rdquo__la_pnl_del_pp_sobre_los_nucleos_costeros_y_pide_su_retirada_para__ldquo_solucionar_el_problema_mediante_un_consenso_rdquo_/

lunes, 24 de junio de 2013

El Supremo mantiene el deslinde de costa en Playa de las Américas

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia por la cual mantiene el deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa de unos 1.357 metros de longitud que hay entre el barranco de Troya y la Punta del Guincho, en la urbanización Playa de las América de Arona (Tenerife).


El deslinde lo aprobó en julio de 2007 el entonces Ministerio de Medio Ambiente y la decisión fue impugnada ante la Audiencia Nacional por la empresa Playas de Troya SA, al alegar que era propietaria de un solar de 4.800 metros en el litoral de la urbanización de las Américas, por lo que recurrió contra parte del deslinde.

La Audiencia Nacional desestimó en 2009 el recurso presentado por Playas de Troya SA contra el deslinde aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente, y la entidad mercantil presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra esa sentencia.

El 6 de junio de este año el Tribunal Supremo emitió una sentencia por la cual desestima las alegaciones de la entidad mercantil.

El conflicto en torno a estos terrenos comenzó en 1997, cuando la Dirección General de Costas autorizó incoar el expediente de deslinde de esa zona de costa del sur de Tenerife para adecuarlo a las nuevas determinaciones de la ley de costas.

En enero de 1998 el empresario Santiago Puig solicitó que no se cambiase el deslinde porque el terreno no reunía los requisitos exigidos por la nueve ley de costas alegando que, según el planeamiento urbanístico vigente, en ese lugar se podía edificar para uso recreativo y comercial.

El Cabildo de Tenerife también pidió que se mantuviesen los deslindes, al igual que la entidad mercantil Europe Tenerife SA, y se realizaron algunos cambios que no afectaron a la parcela de Santiago Puig.

En octubre de 2000 el colectivo ecocultural Aiche promovió un expediente para declarar Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona Paleontológica el yacimiento que hay en el tramo del deslinde, y en mayo de 2001 la comisión de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife dictaminó a favor.

En septiembre de 2001 la Guardia Civil ordenó paralizar de manera provisional las obras que se realizaban en el paseo marítimo correspondiente a ese tramo de costa y la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) denunció que el Cabildo de Tenerife ejecutaba en la playa del Guincho dos obras que afectaban a un yacimiento paleontológico.

El 21 de septiembre de ese año el Cabildo de Tenerife ordenó paralizar las obras como medida cautelar porque estaba en estudio la posible declaración de la zona como Bien de Interés Cultural, y siete días después autorizó que se reanudasen los trabajos pero con instrucciones para que se hicieran lo más lejos posible del yacimiento.

En octubre de 2001 los colectivos Hengua y Aiche denunciaron que tenían que vigilar el yacimiento porque no lo hacían las administraciones, y en abril de 2002 el Cabildo de Tenerife informa de manera favorable a la declaración de Bien de Interés Cultural.

En agosto de 2002 el empresario Santiago Puig, que había cedido una parcela al Cabildo de Tenerife para construir un casino con la condición de que se le devolviera si no podía ejecutar un proyecto en las proximidades del barranco de Troya, exige la reversión de esos terrenos, libre de cargas.

El 26 de noviembre de 2003 el Cabildo de Tenerife accede a la petición del empresario y la parcela de Santiago Puig que estaba afectada por la delimitación del Bien de Interés Cultural queda fuera de la protección.

En 2005 la Demarcación de Costas de Tenerife abre el trámite de audiencia a los interesados en el expediente de deslinde, y la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) presenta alegaciones contra varios tramos, entre ellos el de Santiago Puig, porque "se había desplazado para excluirlo del dominio público".

Posteriormente el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el deslinde de los 1.357 metros de longitud, acordando incluir esos tramos excluidos como parte del dominio público marítimo-terrestre, decisión que fue recurrida por el empresario primero ante la Audiencia Nacional y después ante el Tribunal Supremo, que mantienen el deslinde aprobado en 2007.

http://www.eldia.es/sur/2013-06-24/2-Supremo-mantiene-deslinde-costa-Playa-Americas.htm

sábado, 22 de junio de 2013

La Justicia ordena recuperar 1.300 metros de litoral en Costa Teguise ocupados ilegalmente

En la conocida como playa del Ancla
La Justicia ha respaldado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que inició un expediente para recuperar la posesión de más de 1.300 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre ocupados ilegalmente en la playa del Ancla, en la localidad de Costa Teguise.


En concreto, el dominio público fue invadido “por diversas obras e instalaciones” como una piscina, escaleras, muros de cerramiento, enlosados, una cascada artificial y jardines, según el deslinde efectuado en septiembre del año 2006.

En total, el espacio público de la costa invadido suma 1.346 metros cuadrados , según las mediciones de la Dirección General. El titular de las obras ilegales es la mercantil Playa Roca Investments SL.

En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) destaca que “la legalización” de lo construido “es una mera posibilidad incierta” que pasaría por que el Estado otorgase una concesión “por razones de interés público”.

El TSJC resalta que no consta la autorización pertinente para construir antes de la ley de Costas de 1988 y considera que a la edificación se le deben aplicar los preceptos legales que sancionan “con la demolición” las obras. Además, subraya que no está acreditada por sentencia firme anterior a la legislación de Costas la propiedad particular ni que la construcción esté amparada por las licencias exigibles.

http://www.diariodelanzarote.com/2013/06/21/lanzarote06.htm

jueves, 20 de junio de 2013

La Eurocámara ultima un informe muy crítico con la nueva Ley de Costas

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo está ultimando un informe muy crítico con la Ley de costas aprobada por el PP en España con el rechazo de todos los grupos ecologistas y la práctica totalidad del arco político.
La Eurocámara ultima un informe muy crítico con la nueva Ley de Costas   El estudio es fruto de la visita realizada por una delegación de eurodiputados a Madrid entre el 21 y el 22 de marzo para analizar la norma y estudiar las quejas de decenas de ciudadanos españoles y europeos, que se quejan de la inseguridad jurídica sobre sus propiedades y en muchos casos por expropriacines y demoliciones y las preocupaciones de las ONG.
   El proyecto de informe, que ha sido elaborado por la eurodiputada liberal austriaca Angelika Werthmann y que todavía debe incorporar las recomendaciones de los grupos al Gobierno español de cara a su votación final en la Comisión de Peticiones los próximos días 8 y 9 de julio, cuestiona la revisión de la Ley de Costas del Gobierno de Mariano Rajoy. Concretamente, duda de que "sea aplicada coherentemente y cumpla los objetivos del Ministerio de reforzar la protección acordada al entorno costero" y, además, resalta que "siguen preocupados" por "las mejoras significativas que todavía son necesarias en términos de derechos de propiedad y adquisición para cumplir los estándares europeos comunes".
   El texto de la austriaca recuerda que "el objetivo de la reforma de la Ley de Costas 1988 era dar una mayor certidumbre legal para la gente con propiedades a lo largo de las zonas costeras españolas y dar mayor protección al entorno costero". También subraya que la "descentralización de la autoridad y el poder excesivo tácito, pero acordado durante muchos años a las autoridades municipales por los Gobiernos regionales, permitieron a muchos ayuntamientos locales abusar de su rol aceptando programas de construcción masivos" sin supervisión "adecuada" dejando a "muchos propietarios inocentes" como víctimas de abusos.  
   "Esto se ha dado mano a mano con lo que muchos ven como una amplia corrupción y connnivencia  entre las autoridades políticas y la industria de la construcción", recoge el borrador del informe, que saluda con todo que el borrador de la Ley de Costas -la visita fue previa a la adopción de la reforma normativa por el Congreso en mayo-- "contribuirá a poner fin a esta mala práctica" a través de la creación de "directrices nuevas y mucho más claras a seguir por todos". "Esto será en beneficio de los propietarios de casas, compradores potenciales y para la industria de la construcción que podrá embarcarse en una senda de desarrollo más sostenible", subraya el texto.
   Werthmann ha explicado que ya está "elaborando las recomendaciones" que deben incorporarse en la versión definitiva del informe de la Eurocámara tras la visita a Madrid y ha defendido que los grupos se reúnan "en breve" para "tratar las recomendaciones". "Espero que nos pongamos de acuerdo", ha recalcado.
   La presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada popular Erminia Mazzoni ha recordado que "todavía tienen que llegar contribuciones de otros miembros" al proyecto de informe y ha pedido acelerar los trabajos con el obejtivo de que "antes del verano" se pueda "terminar el trabajo".



martes, 18 de junio de 2013

BORRON Y COSTA NUEVA.

La nueva ley del litoral es el bálsamo de fierabrás para unos y la oportunidad perdida de salvar los núcleos costeros canarios para otros.


El efecto inmediato de la reforma de la Ley de Costas ha sido generar más confusión aún sobre una legislación muy complicada que durante los últimos años ha dado lugar a auténticos quebraderos de cabeza entre los miles de propietarios afectados. El derribo de la treintena de viviendas de Cho Vito en Tenerife supuso un punto de inflexión y muchos tomaron conciencia de que no se estaba hablando de una simple línea dibujada sobre el papel

Desde hace tiempo fuerzas políticas e instituciones asumieron que el texto tenía que ser reformado e incluir algunas particularidades. Por ejemplo, en la nueva Ley se recoge a Formentera de manera singularizada y también se contienen algunas referencias a Galicia. Pero en el caso de Canarias, lo cierto, es que habrá que buscar entre los recovecos del texto legal para poder salvar los múltiples caseríos cuyo futuro está en el aire. Los afectados por esta Ley calculan que hay 130.000 canarios que viven en casassituadas dentro de dominio público, de los que el Gobierno central estima que podrán salvarse algo menos de la mitad, unos 60.000. Hasta ahora a las viviendas afectadas se le imponían determinadas restricciones que básicamente consistían en meterlas en el cajón de sastre que supone el régimen de fuera de ordenación.



. De esta manera su valor catastral es mínimo y se limita la ejecución de obras hasta el punto de sólo permitirse las de simple conservación y bajo ningún concepto de ampliación. Pero en caso de que se vaya a ejecutar algún proyecto de interés general, como por ejemplo un paseo, se da vía libre al derribo sin demasiadas contemplaciones .

Las modificaciones introducidas apuntan a una mayor flexibilidad para reducir la zona de servidumbre de 100 a 20 metros, como se venía pidiendo incesantemente desde los principales núcleos afectados. Pero se incluyen nuevos criterios como es que los ayuntamientos o cualquier otra administración urbanística podrá facilitar los requisitos para que los asentamientos queden fuera de los rigores de la ley. A parte de las exigencias ya requeridas para considerarlas suelos urbanos antes de 1988, como que contasen con alcantarillado, abastecimiento de agua, luz, acceso rodado o aceras, ahora se introduce otro criterio. Y es básicamente que los ayuntamientos o el Gobierno deCanarias deben demostrar que antes de 1988 se había construido un tercio de los poblados. Un requisito que otorga un margen bastante amplio para garantizar su supervivencia. Desde ahora se ha dado un plazo de tres meses a los ayuntamientos y al ejecutivo autónomo para que inicien los trámites con el fin de salvar estos núcleos, mientras que el Estado dispondrá luego de un año y medio más para tomar su decisión final. Por ejemplo, se da por seguro que los asentamientos de Anaga en Santa Cruz de Tenerife, como son Roque Bermejo, Tachero, Almáciga o Igueste de San Andrés, donde viven más de 1.500 vecinos, podrán salvarse.


La visión de la diputada regional del Partido Popular (PP), Cristina Tavío sobre el resultado de esta modificación es casi exultante. “Dieciocho meses de Gobierno del PP han bastado para acabar con más de veinte años de incertidumbre sobre nuestros núcleos costeros“, señala. La también concejal en la capital tinerfeña trasladó personalmente la buena nueva a los vecinos de Anaga con los que se reunió recientemente. Pero la diputada cree que lo mismo ocurrirá con casi la totalidad delos núcleos de todo el Archipiélago. El PP sostiene que más de 15.000 viviendas podrán regularizarse en Canarias a través de un trámite que desde este partido se considera “sencillo y jurídicamente seguro”. El Gobierno no lo ve así y ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad

La diputada concluye que la tarea “no ha sido sencilla, y ahora que la reforma ha sido ratificada por las Cortes se puede asegurar que efectivamente ha habido momentos complicados durante su tramitación”. Las dificultades en el caso de Canarias se deben, según Tavío, a que el 80% del suelo de las islas no tiene actualizado su planeamiento y además acusa al Gobierno canario de “no haber sido capaz de catalogar, censar o delimitar nuestros poblados costeros de la forma debida”. Este paso, a su juicio, hubiese facilitado una solución más concreta como ha ocurrido con otros enclaves del litoral peninsular y balear. “Comprendo que después de todo este tiempo formaciones como el PSOE y CC se nieguen a aplaudir la reforma, pues el reconocimiento de la solución implicaría la admisión de su responsabilidad en la generación del problema. Sin embargo, no puedo entender que se empeñen en el error, y continúen sembrando la confusión y prologando una angustia que dura ya25 años a las familias afectadas“, indica la representante del PP.


El senador por la isla de El Hierro, Narvay Quintero, fue el responsable dentro de Coalición Canaria (CC) de vigilar de cerca el desarrollo de esta legislación. Su punto de vista es negativo, sobre todo porque no hay ninguna mención específica a las islas aunque es posible que algunos núcleos puedan verse favorecidos por los cambios. “Pero para nosotros nos encontramos ante una Ley tan arbitraria e injusta como la de 1988. El PP incumplió su compromiso de dar un trato especial a Canarias que sin embargo sí se le da a la isla de Formentera y a varios núcleos de Galicia. Resulta absurdo que la Comunidad autónoma con mayor número de kilómetros de costa como es Canarias no tenga ninguna mención en la nueva Ley. Y todo ello pese a las vinculaciones económicas, históricas y etnográficas que existen o ante hechos como que muchas personas se pueden ver de un día para otro sin su única vivienda”. El senador mantiene que hay muchas posibilidades de recurrir esta ley ante Estrasburgo y conseguir que sea anulada en cuanto afecta a la propiedad privada. Pero además, Quintero recuerda que el nuevo texto “contiene un exagerado interés recaudatorio por parte del Estado a través de las concesiones pero luego la seguridad y la limpieza de las playas debe asumirla los ayuntamientos, lo que no nos parece justo. La anterior ley nos parecía mal pero ésta se ha hecho para anular sus efectos negativos en unos núcleos concretos de los cuales ninguno está en Canarias”. Las propuestas de CC pasaron por intentar que se reconociera el carácter histórico de los poblados costeros del Archipiélago, “pero sí les puedo asegurar que no pretendíamos en ningún momento salvar ningún mamotreto, ni un complejo turístico, pero sí enclaves como Ojos de Garza, con sentencias firmes condenatorias, cuyas viviendas van a desaparecer. Se salvarán muy pocos poblados y se condenarán todos los que están en dominio público”, señala el senador


Antonio Alonso, fue uno de los vecinos de Cho Vito que resultó desalojado de su vivienda en 2008. A partir de aquí se ha convertido en un activista en contra de una ley que considera que ha sido aplicada en muchas ocasiones de forma injusta.

Por ejemplo, en este poblado marinero de Candelaria, cuyas dramáticas imágenes de vecinos que eran expulsados de sus casas que luego acababan convertidas en escombros, ocuparon los informativos de gran parte del mundo. “A nosotros nos desahució el Estado, no un banco”, sentencia Alonso, años después de lo ocurrido. En cuanto a la modificación de la Ley indica que en general se sienten desilusionados porque esperaban que hubiera mayor consenso y participación. Los vecinos de Cho Vito luchan ahora conjuntamente con la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas que presentó escritos para reunirse con los ponentes, sin resultado alguno. Tampoco ayudó demasiado que el nuevo texto saliera a información pública en los meses de verano pasado. “Aquí no se da ninguna seguridad jurídica a los afectados, a no ser que se esté hablando de los que tienen una importante capacidad económica. Los pequeños propietarios que son mayoría en estos núcleos en Canarias siguen en el aire”.

 Por ello, cree que la modificación sólo beneficiará a los grandes empresarios y como ejemplo cita que nada más aprobarse la norma algunos hoteles pidieron acogerse a las concesiones. En estos momentos quedan en Canarias 109 núcleos costeros amenazados por la ley, de los cuales este colectivo apenas cree que se puedan salvar cinco o seis,repartidos por Anaga, Galdar, La Santa y Famara en Lanzarote y poco más. Desde el PP se habla de 72 poblados que en realidad se corresponden a los que tienen expediente abierto. “Algunos piensan que la notificación que les llegó a sus vecinos no les va a llegar a ellos, pero no es verdad”, dice Alonso. Pese a que nadie desea que se repitan las imágenes de Cho Vito, no sería extraño que a lo largo de este año se procediera al derribo de núcleos enteros como los de Tufia y Ojos de Garza en Gran Canaria.




Controversias.

La aplicación de la Ley de Costas ha dado lugar a situaciones muchas veces rocambolescas o disparatadas que cada cierto tiempo aparecen en los medios de comunicación. Por ejemplo un señor que tenía una vivienda desde hacia décadas en la playa de Guia de Isora, se procede a su derribo, Costas admite que ha cometido un error pero finalmente le niegan el derecho a ser indemnizado

. Otro vecino de la playa de El Cabron en Aguimes ha conseguido paralizar las obras para construir un paseo hasta que no se aclare perfectamente cuál es su situación. También está el caso de personas como el empresario, Antonio Plasencia, una de las mayores fortunas de Canarias, al que se le otorgo una concesión por una vía que como poco ha resultado sorprendente. Son varios los hoteles y edificios que han quedado fuera de ordenación simplemente porque la línea de deslinde ha tocado parte de su fachada. Ocurre por ejemplo con el Maritim de La Orotava o la Basílica de La Candelaria. En La Palma la casa del diseñador de zapatos Manolo Blahnik no podrá acoger el museo sobre su obra al estar dentro de dominio público. En La Gomera el organismo estatal no tuvo problemas en anexionarse la finca del amor libre de El Cabrito

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Canarias ahora Semanal. (Extracto)













































































































Canarias pide la transferencia de competencias en ordenación del litoral

El Ejecutivo autonómico justifica esta petición en la insularidad y recuerda que otras autonomías como Andalucía y Cataluña ya cuentan con estas transferencias.


El Gobierno de Canarias ha solicitado este martes al Ejecutivo el traspaso de competencias en materia de ordenación del litoral, durante la primera reunión mantenida en esta legislatura de la comisión mixta de transferencias Administración del Estado-Canarias.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de Canarias, Francisco Hernández Spínola (PSOE), lo ha explicado así a los periodistas tras participar en esa reunión en la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en Madrid.

Ha asegurado que la actitud de los representantes del Gobierno ha sido "cicatera" y ha dicho que no existe una "voluntad política decidida" para llevar a cabo esa transferencia que, en su opinión, "tiene una importancia definitiva".

Asimismo, ha señalado que la ordenación del litoral "es vital" para Canarias debido a su condición insular y ha recordado que otras comunidades como Andalucía o Cataluña ya han asumido esas competencias.

El traspaso de estas competencias implicaría que "títulos habilitantes que hoy tiene el Estado" pasarían a la comunidad autónoma en aquellas materias referidas al espacio marítimo y terrestre, ha afirmado Hernández Spínola.

Durante la reunión, los representantes canarios también han solicitado que se traspasen a la autonomía canaria las competencias en materia de inspección de trabajo y algunas otras relacionadas con las políticas activas de empleo.

Para abordar la posible transferencia de esas materias de políticas activas de empleo, el Gobierno y el Ejecutivo canario se han comprometido a formar un grupo de trabajo para analizar las posibilidades.

Sobre la reforma de la inspección de trabajo, los representantes del Ministerio de Hacienda se han remitido al anteproyecto de ley que está elaborando el Ministerio de Empleo que establecerá los mecanismos de cooperación y coordinación, ha indicado.

Los representantes de Canarias también se han interesado por el desarrollo de la Reforma Local, sobre la que les han asegurado que el Consejo de Ministros aprobará en el próximo mes de julio.

Durante la reunión, el Gobierno también ha traspasado dos edificios propiedad del Estado a Canarias, un balneario y un centro de cooperación juvenil que concretan, según ha asegurado el consejero canario, una ampliación de medios para el archipiélago en cultura y tiempo libre.

Sin embargo y pese a ese traspaso, Hernández Spínola ha considerado que la reunión "no ha sido satisfactoria" al no atender las reclamaciones hechas por el Gobierno autonómico.

"Buenas palabras, pero pocos gestos. Poco compromiso político y poca voluntad de cooperación con las comunidades autónomas que vienen a reclamar que las competencias que tiene en su estatuto de autonomía", ha concluido

http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/canarias-exige-a-madrid-las-competencias-de-costas/20130618174930406851.html

lunes, 17 de junio de 2013

Costas tendrá que mover 150 metros de muro de una mansión porque invade el dominio público

Fue un error de la Administración, así que se tendrá que financiar con fondos públicos


En una mansión de Pou des Lleó han ocurrido cosas realmente atípicas.

Por un lado, el propietario hizo un túnel para comunicar la casa con el mar al que ahora Costas le ha abierto expediente por no estar dentro de la legalidad. Un caso calificado como «realmente curioso» y «absolutamente peculiar» por el jefe de la Demarcación de Costas de Balears, Juan Carlos Plaza. Y por otro, esta mansión tiene 150 metros de muro que invaden el dominio público.

La cuestión es que por esto último la Administración no abrirá expediente al propietario porque en este caso no fue un error de él sino de la demarcación de Costas, aunque Plaza no lo quiere calificar así y dice simplemente que es una «situación anómala que se ha producido». Explica que hace algún tiempo este propietario pidió realizar un cerramiento de la finca y éste se hizo cumpliendo la ley. «Por lo que yo sé, salvo que me engañe alguien, se hizo legalmente y con los planos del deslinde provisional. Sin embargo, el deslinde definitivo fue más hacia tierra adentro y un tramo del cerramiento ha quedado en dominio público», relató el jefe de la demarcación, que asegura que ahora tendrá que ser la propia Administración la que coloque el muro en el sitio que corresponde, evidentemente con coste para las arcas públicas.

http://ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias/local/costas-tendra-mover-150-metros-muro-mansion-porque-invade-dominio-publico.html

NO SALGO DE MI ASOMBRO, Y NO HE PARADO DE REIRME DE ESTA NOTICIA. LO DEL JEFE DE DEMARCACION DE COSTAS, ES JUZGADO DE GUARDIA. EN PRIMER LUGAR, SI SE PIDE HACER UNA OBRA CON UN DESLINDE PROVISIONAL, COSTAS NO  CONCEDE PERMISO ALGUNO. EN SEGUNDO LUGAR, SI ES ILEGAL, EL ESTADO NO TIENE QUE PAGAR NADA. Y EN TERCER LUGAR, EL PROPIETARIO NO DEBE SER UN  POBRE PESCADOR,