Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

viernes, 15 de noviembre de 2013

Costas plantea en Benidorm un nuevo deslinde menos restrictivo y sin derribos

La ribera del mar retrocede desde las fachadas hasta la altura de los paseos marítimos, lo que beneficia a los edificios de Poniente Medio Ambiente descarta demoliciones en la nueva zona de servidumbre pública marítimo-terrestre, muy similar al plan vigente
Un deslinde menos restrictivo y a favor de los afectados, es decir, los propietarios de edificaciones levantadas en la primera línea de playa del Benidorm susceptibles de vulnerar la nueva protección para la zona de dominio público marítimo-terrestre a lo largo de litoral del término del municipal de ciudad, diseñada por el Gobierno.
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, presentó ayer a los afectados en el salón de actos del Ayuntamiento, los planos del nuevo deslinde que el organismo plantea para el dominio público marítimo-terrestre de Benidorm . En palabras de un técnico de este departamento, la propuestas «es en un 99% similar a la actual». El técnico señaló que no habrá demoliciones de obras como consecuencia de la aplicación del nuevo deslinde.

La principal novedad de la propuesta del Gobierno es el retranqueo, entre 10 y 15 metros, de la actual línea de la denominada ribera del mar, o sea, el punto máximo al que puede llegar el agua del mar en caso de temporal.
Esa línea estaba fijada en el vigente deslinde a la altura de las fachadas de la primera línea de la playa, pero en el nuevo diseño se ha hecho coincidir con los paseos marítimos, en caso de la playa de Poniente con la pasarela de madera que bordea todo el paseo, construido hace apenas tres años.
El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benidorm, Vicente Juan Ivorra, del Centro Democrático Liberal (CDL), destacó la importancia de esta decisión de Costas, «porque beneficiará a muchas obras que en la playa de Poniente pudieran estar dentro del vigente zona de protección y que, ahora, al retirarse hacia el mar quedaran fuera», puntualizó el edil.
Ivorra indicó que, en líneas general, el deslinde que plantea Costas «es mucho menos restrictivo que actual».
Junto a los técnicos del Ministerios también estuvieron presentes sus homólogos de la Dirección General de Costas de la Generalitat Valenciana y del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
El expediente de deslinde que ha abierto la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y Mar afecta al tramo del municipio comprendido entre Punta Escalera y el límite con el término municipal de Finestrat.
Sobre las paredes del salón de actos del Consistorio se expusieron los planos comparativos entre el deslinde vigente y el actual. Los funcionarios públicos fueron atendiendo a las reclamaciones de los afectados, que se distribuyeron básicamente en dos bloques: los propietarios de la zona del Rincón de Loix, al final de la playa de Levante, y los de la Cala, en el extremo más oriental de la playa de Poniente.
Los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente estiman que los trabajos para llevar a la práctica el nuevo deslinde en la costa de Benidorm se prolongarán por espacio de un año.
Durante este lapso de tiempo, la actividad de la construcción tampoco cesará por completo en el tramo litoral del municipio. El Ayuntamiento no decretará una suspensión general de licencias de obras por el nuevo deslinde.
La suspensión cautelar de las licencias de obras es de obligado cumplimiento de acuerdo con el reglamento de la Ley Costas, al quedar condicionada la competencia urbanística en beneficio de la protección del dominio público marítimo-terrestre y la defensa del interés general.
Modulación de las licencias
No obstante, el Ayuntamiento no aplicará a las bravas esta posibilidad y, a propuesta del concejal Ivorra, la comisión informativa de Urbanismo ya aprobó las pasadas semanas la concesión de licencias de «manera atemperada y siempre que cuenten con el visto bueno previo de las direcciones generales de Costas del Gobierno y de la Generalitat».
De esta forma, los permisos de obras se estudiarán caso por caso y se podrán otorgar licencias para obras de reparación, mejora, consolidación y modernización y siempre que no impliquen un aumento del volumen, altura ni superficie de las construcciones preexistentes
http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2013/11/15/costas-plantea-benidorm-nuevo-deslinde/1437989.html

domingo, 10 de noviembre de 2013

Donde la costa ya no es un problema

Su singularidad le valió a Ampuria Brava, en Gerona, regularizar su situación como núcleo, mientras que el mismo argumento falló a la hora de hacerlo con el litoral pontevedrés

.  Agosto del 2004, Loira, Marín. Una manifestación de vecinos portando cruces fue la primera señal de la larga lucha, todavía pendiente de concluir, porque Costas les reconociese su singularidad y rebajase la línea de protección de los cien a los veinte metros. Año 2008, Ampuria Brava, en Gerona, al otro lado de la Península. El Ayuntamiento de Castelló de Empuries y sus vecinos se movilizan para que se les reconozca a los particulares los títulos de propiedad de amarres y la ocupación del dominio marítimo terrestre en 23 kilómetros de canales en un núcleo consolidado. Acababan de descubrir que el Estado tenía derecho a esas parcelas.
Noviembre del 2013. Ampuria Brava ha logrado todas sus aspiraciones y sobre todo la seguridad jurídica reclamada. Medio Ambiente ha reformado la ley y los ha incluido en un anexo con mención expresa. Amarres y fincas en el dominio marítimo terrestre pasarán a manos particulares salvo una franja de servicio de un metro. Al otro lado de España, en Loira, la mitad del núcleo, ya reconocido por Xunta y Estado, ha encajado en el PXOM y la línea se ha rebajado a los veinte metros., liberando a bastantes viviendas de las restricciones urbanísticas que imponía Costas. Pero todavía la mitad del núcleo, así como los de A Teoira, Casás y parte de Aguete, mantienen la franja de l00 metros, pendientes de que Costas acepte su preexistencia antes de 1988 con los servicios adecuados.
Comparaciones
La gallega, fruto de una forma de poblar durante siglos, y la catalana, una marina de 5.700 amarres que data de 1967, son dos realidades distintas, pero afectadas por la misma ley estatal. En los dos casos se apeló a la singularidad de sus circunstancias, pero en uno las reivindicaciones vecinales tuvieron éxito y en el otro no. La cuestión es por qué.
En el caso marinense, los afectados han hecho bandera muchas veces de la situación del Mediterráneo, con torres al pie de la playa, contrastándola con la de las rías de Pontevedra y Arousa, donde los núcleos son tradicionales, con casas unifamiliares. No entienden por qué, salvando las diferentes normativas autonómicas, el Estado les trata tan diferente a unos y a otros.
En Ardán, por ejemplo, muchos vecinos pueden enseñar a los visitantes los dinteles de los portales, con fechas tan lejanas como la década del 1840. Allí, esculpido en piedra del país, se refleja la preexistencia de su núcleo mucho antes de 1988. En Ampuria Brava, o en la también cercana marina de Santa Margarida (Roses), no se ve nada anterior al bum urbanístico de los años sesenta del siglo XX.
La singularidad ganó en el caso catalán, según admiten tanto sus concellos como el Estado, con el ingrediente a mayores de que se trata no ya de una ocupación de los cien metros como en las rías gallegas, sino del dominio público marítimo terrestre.
Peso de los extranjeros
Para catalanes como el alcalde de Castelló de Empuries, el municipio donde está Ampuria Brava, su caso no es comparable con nada en España, aludiendo a que se trata de marinas interiores, aunque los canales den al mar. Para los gallegos, permanece la duda sobre el hecho diferencial porque tan propio es para la Costa Brava una marina como para la ría de Pontevedra un núcleo de litoral.
En ambos casos, las reivindicaciones vecinales contaron con los apoyos de los concellos y de las comunidades autónomas. Al hecho singular, sin embargo, se suma en el caso de Ampuria Brava una circunstancia que no se dio en las rías pontevedresa ni arousana. Entre los afectados en el litoral catalán hay una importante presencia de extranjeros -alemanes y franceses sobre todo-. Es un factor a tener en cuenta y no pequeño.
Organizados también en asociaciones y con mayor experiencia a la hora de llamar a la puerta de las instituciones europeas, los residentes extranjeros actuaron como grupo de presión ante los eurodiputados en el Parlamento Europeo de Estrasburgo y después ante Bruselas. Quizás aquí esté una de las claves de su éxito, una cuestión que se comenta abiertamente en los lugares afectados. La UE, una de las instituciones a las que los gallegos no acudieron o que no tuvo peso en su negociación con Costas, sí la tuvo en el caso del litoral gerundense. Y otro factor a mayores, la economía. En la Costa Brava, estaban en juego inversiones infinitamente más cuantiosas que las del litoral pontevedrés.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/11/10/costa-problema/0003_201311P10C8991.htm

viernes, 8 de noviembre de 2013

El TS acepta un recurso contra el deslinde de El Saler para dirimir si se ciñe a las dunas

Devuelve el caso a la Audiencia Nacional para que investigue si se trata de "cordón dunar" o de "depósito de materiales sueltos"

El Tribunal Supremo (TS) ha estimado un recurso contra el deslinde realizado en una amplia franja litoral de El Saler y ha devuelto la causa a la Audiencia Nacional, que ahora deberá pedir a las partes -propietarios y Ministerio de Medio Ambiente- que se pronuncien sobre la naturaleza de los terrenos en litigio -si es un cordón dunar o no-para posteriormente tomar una decisión definitiva.
El deslinde al que hace referencia el fallo del Supremo lo realizó el anterior Gobierno Socialista en el año 2008 y afecta a una franja de litoral de 3.900 metros de longitud entre el Camino de la Rambla y la Gola de Pujol, en el entorno de El Saler. Esa delimitación del dominio público marítimo terrestre llega en algunos casos hasta 500 metros tierra adentro, por lo que la totalidad de los terrenos afectados supera los 400.000 metros cuadrados, con el agravante de que dentro de este espacio hay construcciones como el hotel Sidi-Saler o la urbanización Casbah, que pasarían de ser propiedad a ser concesión sometida a los criterios de la administración.
Precisamente, ese deslinde fue duramente criticado por los afectados y también por el Ayuntamiento de Valencia, que es el propietario de los terrenos desde el año 1911.
Su recurso, sin embargo, no fue aceptado por la Audiencia Nacional, que en julio de 2010 confirmó esos deslindes con la excepción de dos parcelas de 80.000 metros cuadrados que hay en los extremos del tramo en litigio. Los 400.000 metros restantes siguen siendo dominio marítimo terrestre, incluidas las propiedades antes mencionadas. De ahí que esos propietarios hayan recurrido en casación al Supremo y uno de ellos, la mercantil Miratres S. L., haya conseguido este éxito momentáneo, ya que la decisión final está por venir.
Según la sentencia del TS, en este proceso hay tres conceptos científicos a tener en cuenta. El Ministerio de Medio Ambiente justificó el deslinde alegando que se trata de un "cordón dunar" que la Ley de Costas incluye en el dominio público marítimo terrestre.
Los propietarios, por contra, entienden que se trata de "terrenos forestales", en concreto "una restinga forestal, manga, cordón litoral o barra de separación entre la Albufera de Valencia y el mar perteneciente al monte denominado Dehesa de la Albufera".
Y durante el proceso y también en la sentencia se consideró que parte de estos terrenos puede que no sean dunas, sino "depósitos de materiales sueltos depositados por la acción del mar o los vientos marinos".
La tercera opción
Pues bien, esa tercera opción es la que ha terminado siendo la base del fallo. Para la Abogacía del Estado no es importante que se trate de un cordón dunar o de un depósito de materiales sueltos, pues ambos casos están considerados dominio público marítimo terrestre en la Ley de Costas.
Los recurrentes, sin embargo, no entienden que no se dé trascendencia jurídica a esta nueva teoría cuando "la catalogación de los terrenos como dunares se erige como único fundamento de la orden aprobatoria del deslinde y dio lugar a su inclusión en el dominio público marítimo terrestre".
Es más, creen que "si la sala no considera suficientemente acreditado que dichos terrenos tienen la consideración científica de cordón dunar (y no lo hace porque no lo asegura), debería haber estimado el recurso contencioso administrativo anulando el deslinde practicado y ordenando, en su caso, la práctica de uno nuevo que confirmara esta tesis de los materiales sueltos".
En su recurso de casación, los propietarios enumeran varios argumentos más, pero la sala del Supremo se queda con éste por considerarlo suficiente para estimar el recurso. "La delimitación del dominio público contenido en la orden aprobatoria del deslinde se justifica -dice- en un criterio particular y específico, a saber, que los terrenos objeto de examen pertenecían a un sistema dunar y no a que se tratase de una zona de depósitos de materiales sueltos".
Y aunque los informes delimitan claramente lo que es una cosa y otra y ambos están protegidos por la Ley de Costas, el Supremo recuerda que "el carácter científico de los dictámenes no excluye su valoración por los tribunales en el sentido de que éstos han de otorgarles en todo caso un grado de confirmación".
Así pues, la sala de lo contencioso acepta el recurso y ordena "reponer las actuaciones a fin de que la sala de instancia -la Audiencia Nacional- confiera traslado a las partes para que aleguen cuanto estimen conveniente sobre la posible pertenencia de los terrenos litigiosos al dominio público marítimo terrestre por tratarse de una zona de materiales sueltos". A continuación y "salvo que sea precisa la práctica de diligencia finales", se dictará sentencia "con libertad de criterio".
Con este fallo, el Supremo resuelve un recurso de los afectados, pero hay varios más que van en la misma dirección pero que no han sido acumulados en un único procedimiento. De ahí que ya se haya resuelto alguno en contra y que estén pendientes al menos dos más
http://www.levante-emv.com/valencia/2013/11/07/ts-acepta-recurso-deslinde-saler/1048600.html

miércoles, 30 de octubre de 2013

No es broma, el PSOE pregunta por la afección de la Ley de Costas en Guadalajara

¿Qué se puede pensar de los políticos cuando uno se topa con que un grupo de diputados se interesa por la afección de la Ley de Costas en la provincia de Guadalajara? No es broma. Ha ocurrido en realidad. En casos como estos, lo mejor es trasladar literalmente el contenido de la pregunta para que todo el mundo lo pueda comprobar.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Cuántas concesiones que amparen ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, existen en la provincia de Guadalajara?
¿Cuántas concesiones que amparen ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, existentes en la provincia de Guadalajara serán susceptibles de prórroga según la reforma de la Ley de Costas actualmente en trámite parlamentario?
¿Cuántas construcciones o instalaciones tienen concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre o se encuentran en la servidumbre de protección en la provincia de Guadalajara?
¿Cuántas construcciones o instalaciones sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas han sido legalizadas por razones de interés público en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en la provincia de Guadalajara?
¿Cuántas construcciones o instalaciones situadas en dominio público marítimo-terrestre sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas tiene constancia que existen en la provincia de Guadalajara?
¿Cuántas obras e instalaciones sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas vigente han sido demolidas en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en la provincia de Guadalajara?
¿Cuántas construcciones o instalaciones sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas en vigor, situadas en dominio público marítimo-terrestre en la provincia de Guadalajara, podrán ser legalizadas con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Costas actualmente en trámite parlamentario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—José Luis Ábalos Meco y Magdalena Valerio Cordero, Diputados.
Y a una pregunta de tal calibre, una respuesta a la altura
RESPUESTA
Como Su Señoría sabe, Guadalajara es una provincia de interior que se encuentra a más de 300 kilómetros del mar y en la que, en consecuencia, no existe zona de Dominio Público Marítimo Terrestre ni, tampoco, concesiones que amparen ocupaciones de dicho Dominio Público.
Madrid, 2 de septiembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
http://www.inmodiario.com/169/17925/broma-psoe-pregunta-afeccion-costas.html


LO BUENO HUBIERA SIDO QUE EL MINISTERIO LE CONTESTARÁ CON DATOS,,,,, QUE CAPACES SON,...

martes, 29 de octubre de 2013

Bruselas da un nuevo tirón de orejas a las leyes españolas de costas

Una resolución del Parlamento Europeo remarca la "indefensión" que sufren los propietarios de dos edificaciones de Bizkaia; los molinos Portu Errota y Arbina
La Ley de Costas de 1988 no contentó a ecologistas ni propietarios. Su renovada versión, alumbrada en marzo de ese año por el Gobierno español, ha tenido igual efecto. La torticera aplicación de una normativa que nació con el objetivo de preservar las costas españolas del ladrillo -propósito no cumplido, además- en forma de sucesivos deslindes sigue siendo motivo de conflictos. Con un descontento generalizado en ambas partes, esas normativas han recibido serios varapalos del Parlamento Europeo. El primero fue el Informe Auken, de 2009, al que recientemente le ha seguido otra recomendación de Bruselas para mejorar la inseguridad jurídica que está generando, sobre todo, a los ciudadanos que han perdido los derechos sobre sus inmuebles situados dentro del dominio público marítimo-terrestre por concesiones temporales. La costa vizcaina tiene dos casos ejemplarizantes a este respecto: el de los molinos Portu Errota, en Gautegiz Arteaga, y Arbina, en Gatika.
Analizados ambos casos, junto a otras 60 situaciones en el litoral del Estado español, la Eurocámara ha emitido recientemente una orden directa a la Comisión Europea para que investigue "si esta nueva legislación -aprobada en por el Gobierno de Rajoy en mayo- se ajusta al derecho europeo". Lo ha hecho después de que una delegación de europarlamentarios visitara el Estado en marzo para conocer la posición de las autoridades, los afectados y las organizaciones conservacionistas y emitiera un crítico informe con 19 recomendaciones -no vinculantes, eso sí- de cara a mejorar una normativa que, pese a su revisión, entra de lleno en una de las reclamaciones de los propietarios de viviendas que, situadas en dominio público marítimo-terrestre, han visto cómo perdían su titularidad a favor de una concesión de uso de hasta 75 años, según la remozada ley, sin opción a una compensación económica que ellos consideran justa.

De facto
"Ejecuta confiscaciones de facto", argumentan los representantes en el País Vasco de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC). "Las concesiones no son ninguna indemnización", aluden haciendo una clara lectura del último informe europeo: "lo que pide al España es que deje de confiscar propiedades legítimas anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Costas". Es más, "supone un serio varapalo" al Gobierno del PP ya que la nueva normativa "vulnera el derecho fundamental a la propiedad y no ha seguido las directrices que el Parlamento Europeo le instó en su día el informe Auken", que denunciaba "la retroactividad en su aplicación y la violación del derecho fundamental a la propiedad", inciden. Es decir, "la modificación de la ley no ha resuelto ningún problema".
"Resulta deplorable que no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica con respecto a los derechos de propiedad", además del hecho de que "en su caso, la línea de demarcación pueda revisarse cada vez que se produce un cambio en la línea de la costa -debido a la erosión costera o la construcción de un nuevo puerto deportivo, por ejemplo- genera una inseguridad adicional, pues lo que es legal hoy podría dejar de serlo mañana" certifica el informe del grupo de trabajo liderado por la eurodiputada liberal austriaca Angelika Werthmann, que ha emitido unas recomendaciones no vinculantes destinadas a mejorar una normativa española que, a miles de kilómetros de los que se cuece en el hemiciclo de Bruselas tiene dos víctimas en Bizkaia.
El caso más conocido es el del molino de mareas de Portu Errota, en Urdaibai. "A siete kilómetros de la línea del mar", indica Jon de Iturribarria, asegura que su edificación -que data del siglo XVII protegida por la ley de patrimonio- le ha sido quitada mediante "una confiscación, que no una expropiación. Esto es, no he recibido ninguna compensación económica por la pérdida de los legítimos derechos de la propiedad mía y de mi familia", asegura. Con una larga batalla judicial a cuestas, Europa sigue siendo la última estación de su lucha. En una parecida situación está el molino Arbina, construido en el año 1506 en Gatika y escriturado por una familia en 1985 -tres años antes de entrar en vigor la ley de Costas elaborada por el PSOE-, pero sobre el que actualmente pesa un usufructo como compensación tras deslindes posteriores que incluyeron la propiedad en dominio publico maritimo-terrestre, según refleja el informe Werthmann.
El informe Werthmann, precisamente, alerta sobre estas situaciones. Entre otros preceptos, solicita a las autoridades españolas que apliquen "un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación", además de reclamar "una moratoria o paralización de todos los casos pendientes ante los tribunales" sobre viviendas en zonas costeras que puedan ser "objeto de una modificación de la línea de demarcación para salvar del derribo aquellos edificios que después podrían quedar fuera del terreno público". Y es que, pese al "esfuerzo" realizado desde el Gobierno español aprobando una nueva legislación, estima que "la protección de la zona costera española y de las propiedades en ella asentadas ha de basarse en un equilibrio proporcional entre intereses jurídicamente protegidos".
"El derecho de propiedad, en estos casos, pasa a tener una fecha de caducidad. Y a un precio vergonzoso. No se respetan los títulos legítimos", detalla Jon Iturribarria sobre una práctica de las administraciones estatales que, según alude, "se resume con un a palabra de seis letras: estafa. En Urdaibai, por ejemplo, la muchos vecinos de Murueta, Gautegiz Arteaga, Kortezubi o Forua compraron en el siglo XIX terrenos a la administración de entonces. Pero ahora es la administración la que no les reconoce sus títulos de propiedad. Dos millones de metros cuadrados de terreno han sido confiscados", agrega. No obstante, los denunciantes -desde AEPLC aseguran que son más de 20.000 personas afectadas- continuarán mirando a Bruselas para obtener unas respuestas a las reclamaciones que no encuentran en Madrid.
http://www.deia.com/2013/10/28/sociedad/euskadi/bruselas-da-un-nuevo-tiron-de-orejas-a-las-leyes-espanolas-de-costas

sábado, 26 de octubre de 2013

140.000 casas podrán acogerse a la amnistía de obras de la Ley de Costas

Medio Ambiente eleva en 15.000 viviendas la estimación de posibles beneficiarios
900 hoteles pueden tramitar una remodelación de sus instalaciones
La nueva Ley de Costas puede acabar teniendo más beneficiados de los que se esperaban y, en consecuencia, un mayor impacto en el litoral español. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, estima que unas 140.000 viviendas del litoral están situadas en zona de servidumbre —una especie de segunda línea de playa de las infracciones urbanísticas— por lo que podrían acogerse a una reducción de 100 a 20 metros de esta zona de protección, y pasar de estar sometidas a controles rigurosos para hacer obras, a tener vía libre para construir si cuentan con los permisos de sus Ayuntamientos o comunidades.
El Gobierno no ha reforzado el equipo que debe responder las peticiones

El cálculo ha subido en 15.000 construcciones desde mayo, cuando se aprobó la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litorial, que modifica la Ley de Costas de 1988. Entonces se decía que en esa zona de protección había unas 125.000 edificaciones. “Ha aumentado porque faltaban algunos datos por recabar”, (LA REALIDAD ES QUE NO TIENEN NI IDEA DE CUANTAS PROPIEDADES AFECTADAS EXISTEN)explica un portavoz del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las comunidades autónomas han redondeado la cifra, aseguran, ya que de ellas depende el control de las construcciones situadas en zona de servidumbre. Con todo, el Gobierno subraya que estas 140.000 viviendas no terminarán beneficiándose de la reducción de protección, sino que la medida tendrá un alcance “muy limitado”. Medio Ambiente siempre ha insistido en que no se permitirá aumentar el volumen, ni la altura, ni la superficie de las construcciones existentes. Esos controles quedarán en manos de los municipios y las comunidades, algo que ha hecho que muchos expertos recelen de que se aproveche para rellenar de cemento el poco hueco que queda en el litoral español.
Con esta medida, introducida cuando la ley estaba en el Senado, el Gobierno pretendía responder a las reclamaciones de Canarias y Galicia. Afectaría a núcleos de población preexistentes a la Ley de Costas de 1988, que no tenían calificación de suelo urbano entonces, pero cumplían con algunos de los requisitos que ahora se contemplan. Para beneficiarse, los propietarios de las casas deben acreditar que sus construcciones cumplían en esa fecha uno de los siguientes requisitos: tener acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. O bien, estar “en áreas consolidadas por la edificación, al menos en un tercio de su superficie”.
18 meses de silencio administrativo implican autorizar las reformas
Los Ayuntamientos tenían hasta finales de agosto para recabar toda esta documentación y presentarla al Ministerio. El secretario de Estado alegó el jueves en el Senado que todavía no cuentan con datos globales de los núcleos que lo han tramitado. Tras una pregunta del senador Miguel Fidalgo, del PSOE, Ramos aseguró que todavía tienen que llegar las solicitudes y estudiar caso por caso. “Es un trabajo que se está elaborando en estos momentos”, explicó.
El senador socialista mostró su inquietud por los equipos con los que cuenta la secretaría de Estado de Medio Ambiente para estudiar todas estas peticiones, ya que la nueva Ley de Costas da un plazo de 18 meses para resolverlas y contempla el silencio administrativo como una aprobación de las solicitudes. “La administración trabaja con los equipos que tiene la dirección general de Costas y con las distintas demarcaciones que tiene por todas las provincias del litoral”, comentó el secretario de Estado.
Los expertos temen que se aproveche la medida para añadir cemento al litoral
El trabajo de Medio Ambiente es ingente. Quieren tener listo para finales de año o inicios del 2014 el reglamento que desarrolle la Ley de Costas. Entre otros aspectos, se desarrollarán los criterios para conceder concesiones administrativas a las viviendas más cercanas al mar, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.
El Gobierno ha vuelto a presentar de forma general el número total de afectados por el cambio legislativo. En cifras totales, habló de 12.800 viviendas regularizadas en dominio público, prácticamente metidas en la playa, y cuyas concesiones administrativas se pueden prolongar hasta 75 años y vender o legar. La amnistía de los 12 núcleos costeros salvará otras 3.400 viviendas que también se enfrentaban a la piqueta. También pegados al mar hay otros 3.000 restaurantes y chiringuitos, 1.700 industrias y 100 hoteles que también podrán seguir trabajando.
El Constitucional ha admitido tres recursos contra la norma
En la segunda línea, la denominada zona de servidumbre de protección, están las 140.000 construcciones citadas y unos 900 hoteles que, si pasan los filtros impuestos, podrán renovarse haciendo obras. “Son cifras muy altas que merecían una respuesta y dar seguridad jurídica, dado que el limbo jurídico en el que estaban, o la falta de respuesta de la administración no beneficiaba a nadie, ni protegía el medio ambiente ni tampoco protegía a ellos”, comentó el secretario de Estado.
La ley ha sido muy criticada por la oposición, que ve en ella una nueva oportunidad para enladrillar la costa. Se han presentado cinco recursos ante el Tribunal Constitucional contra ella. El alto tribunal ha admitido a trámite los presentados por Andalucía, Canarias, Asturias y el PSOE, pero no se ha pronunciado todavía sobre los tramitados por el País Vasco y Cataluña.
Entre la protección de la costa y la de los propietarios
La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, aprobada el 29 de mayo, amplía hasta 75 años las concesiones administrativas de viviendas o negocios a pie de costa que debían ser devueltas al Estado en 2018, regulariza hasta 12.800 viviendas en dominio público, casi metidas en el mar, o abre la posibilidad de otras construcciones situadas en la zona de servidumbre de protección o hagan obras, algo hasta ahora muy controlado.
La oposición y los ecologistas la han criticado duramente por desproteger el litoral, justo lo contrario de lo que presume su título. El Gobierno defiende que refuerza la protección de la costa y al tiempo aporta seguridad jurídica a los que se relacionan con el litoral. Destaca otros aspectos como la exigencia de un informe medioambiental de las comunidades cuando exista un ámbito industrial potencialmente contaminante, o cláusulas, como la anti-Algarrobico, con las que el Estado se reserva la potestad de suspender licencias urbanísticas que atenten contra la protección del litoral.
La norma contempla soluciones ideadas para dar respuesta a numerosas quejas de ciudadanos extranjeros que adquirieron sus viviendas en primerísima línea de playa y que se sentían perjudicados por la anterior Ley de Costas, aprobada en 1988 por un Gobierno socialista, y que les privó de su propiedad privada. “Evita el llamado efecto 2018”, puntualiza Ramos. Prorroga hasta 75 años la concesión de 1.108 viviendas que habrían pasado a manos del Estado dentro de cinco años. En esa fecha se cumplían los 30 años del permiso administrativo fijado por la ley de 1988. A esta prórroga también se pueden acoger otros 96 hoteles, 211 industrias incluidas salinas y establecimientos de cultivos marinos, además de 89 restaurantes y chiringuitos, que también habrían tenido que entregar las llaves en esta fecha. Todos seguirán operando a cambio de un canon que justifique la ocupación de dominio público.
El PSOE critica que las concesiones se hagan infinitas. “Algo que es público se le da a un particular para que lo pueda transmitir a otros hasta 75 años”, critica el senador Miguel Fidalgo. Creen que el Gobierno busca solucionar la vida a negocios muy destacados como la papelera Ence, las eléctricas, los grupos hoteleros y otra serie de propietarios.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/25/actualidad/1382729888_740242.html

viernes, 25 de octubre de 2013

El reglamento de la Ley de Costas estará listo a final de año, según Medio Ambiente

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha señalado que está trabajando en el borrador del reglamento que desarrolla la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988 y que prevé que esté listo a finales de este año o, a más tardar, a principios de 2014.
En declaraciones a los medios al término de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, Ramos ha apuntado que está "muy avanzado" por lo que estará en diciembre o en enero. Una vez se conozca, se teme "otra vez la bronca por pretender ordenar el desorden", aunque ha recordado que un reglamento no puede ir más allá de la ley.
En este sentido, ha augurado que no va a haber muchas sorpresas y ha añadido que a veces en la definición concreta hay expectativas no colmadas, pero ha recordado que las competencias urbanísticas corresponden a los municipios mientras que las de defensa del litoral son estatales y considera que en 1988 el legislador debería haber establecido un régimen transitorio para los municipios que tuvieran en marcha sus planes de ordenación urbana.

Además, Ramos ha defendido que el Gobierno no pretende menoscabar la protección del litoral sino ordenar y aclarar la situación. Por eso, ha asegurado que la ley pone la "foto fija" en 1988, de modo que "sin construir nada nuevo" se ofrece a estos municipios la posibilidad de que se ordenen porque, a su juicio, es "estúpido", seguir pensando que 25 años después esos suelos son rústicos y "seguir manteniendo la ficción de que ahí no hay nada". "Nadie los ha querido tirar, nosotros queremos ordenarlos", ha apostillado.
Asimismo, en respuesta a la pregunta del senador del grupo parlamentario socialista Miguel Fidalgo al número de industrias, instalaciones hoteleras y otras instalaciones que el Gobierno prevé que se beneficiarán de la "rebaja" en la protección con la modificación de la Ley de Costas, el secretario de Estado ha reiterado que la nueva ley no reduce "un ápice" la protección de la costa, sino que se otorga mayor seguridad jurídica a quienes se relacionan con el litoral.
Concretamente, ha defendido que se ha buscado una "solución equilibrada" entre la protección de la costa y la protección de las personas y su patrimonio y ha agregado que con la ley aprobada el pasado mes de mayo se evita el "efecto 2018", es decir, la extinción de las concesiones que sustituyen desde 1988 a la propiedad privada sobre el dominio público.
El secretario de Estado ha dicho que con el nuevo marco se podrán acoger los titulares de estas concesiones a cambio de un canon que justifique la ocupación del dominio público y pasar de 30 años prorrogables a 60 hasta un total de 75 años de concesión, de acuerdo con los plazos que fija la ley general.
Concretamente, ha dicho que esto afecta, "en principio", a 96 hoteles, 211 industrias incluidas, 89 restaurantes y chiringuitos, 1.108 viviendas.
Mientras, las construcciones, edificaciones e instalaciones afectadas por la nueva regulación asciende a 12.800 viviendas ubicadas en el dominio público marítimo terrestre y 140.000 en zona de servidumbre de protección. Al mismo tiempo, ha agregado que hay 3.000 restaurantes y chiringuitos en dominio público marítimo terrestre, algo más de 100 hoteles en dominio público marítimo terrestre y unos 900 en la zona de servidumbre de protección así como 1.700 industrias en el dominio público marítimo terrestre.
Finalmente, sobre el número de núcleos con zonas en tramos que aspiran a ser regulados, ha dicho que "ahora mismo no es posible precisar" el total porque es necesario que lleguen las solicitudes y estudiar caso a caso. En España hay un total de 800 municipios en el litoral.
http://noticias.lainformacion.com/politica/vivienda-y-planificacion-urbana/el-reglamento-de-la-ley-de-costas-estara-listo-a-final-de-ano-segun-medio-ambiente_g03Fs9VYXL2f60aS6MaBM6/

viernes, 18 de octubre de 2013

El Constitucional admite el recurso canario contra la Ley de Costas

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley de Costas por Andalucía, Canarias y Asturias, y por el Partido Socialista Obrero Español, que adujeron invasión de competencias autonómicas y la "privatización" de la costa.
El Alto Tribunal no se pronuncia sobre los recursos del País Vasco y Cataluña, que también recurrieron la norma estatal por entender que la nueva ley de costas vulnera sus competencias. Las cinco autonomías, cuyas costas suponen más de la mitad del litoral español, también se opusieron a la ley de costas -aprobada en mayo pasado con los únicos votos a favor del Partido Popular- al considerar que antepone los intereses privados a los públicos.
El PSOE también basó la argumentación jurídica de su recurso en que la nueva legislación privatiza y rebaja el nivel de protección del ecosistema litoral. El mismo día en que presentó su recurso, el PSOE anunció la preparación de una nueva ley de costas cuando vuelva a gobernar.
Según el Partido Socialista, el Gobierno de Mariano Rajoy ha optado "por la ocupación sin límite del litoral, a convertirlo en un espacio de negocio cuando debería ser la primera barrera que garantizase la seguridad ambiental de la ciudadanía".
Según publica este viernes el BOE, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó estas providencias el pasado día 8.

Pedro Cuesta toma posesión

Por otro lado, el presidente en funciones del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha agradecido este viernes su labor al exdirector general de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias José Fernández Pérez en la toma de posesión de su sustituto, Pedro Cuesta, cuya designación ha alabado.
Cuesta, que ha tomado posesión en un acto celebrado en Las Palmas de Gran Canaria bajo la presidencia de Pérez, ha declarado que su "reto principal" será trabajar "por una Canarias más sostenible, más verde", y que considera que en esa tarea será determinante su experiencia en materia de energías renovables, con las que ha dicho que ha "trabajado muchísimo". Ya que el nuevo director general es doctor e ingeniero Industrial por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de la que es profesor titular, así como vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental.

Además, ha destacado que su objetivo es trabajar "no solo para esta época sino para la gente del futuro, que se sientan protegidos y con una Canarias lo más sostenible posible". Según informa la agencia Efe, el acto de ha contado con la presencia de José Fernández Pérez, quien dimitió de su puesto por discrepar con el Ejecutivo respecto a la reducción de la protección en zonas del litoral que entiende se promueve en su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de Costas.
En su presencia, el presidente del Gobierno en funciones le ha agradecido la labor desarrollada mientras ha sido director general y ha expresado su respeto por su dimisión, que ha opinado que "va muy en coherencia con lo que ha sido su trayectoria". Puesto que "tiene un desacuerdo que ha manifestado", debido a que "entiende que de ninguna manera puede utilizarse en el recurso de inconstitucionalidad la referencia en Canarias a núcleos que sabemos que están en cuestionamiento de si están efectivamente vulnerando las normas o no", ha explicado.
Y ha añadido que "el Gobierno de Canarias lo que ha hecho, desde el punto de vista de los servicios jurídicos, es poner el ejemplo de por qué en el conjunto de la Península aquellas excepciones que se salvan son las grandes urbanizaciones de ricachones y luego se ha excluido de esas ventajas a 'los 'cho vitos'" que se considera que invaden los dominios públicos en las costas. En todo caso, ha matizado que comprende tanto la actitud de Pérez como la de quienes han elaborado el recurso de inconstitucionalidad.
"Creo que (el exdirector general) ha sido una persona, en ese sentido, coherente, y entiendo también las razones que cualquier abogado tiene al interponer un recurso cuando cree que puede haber discriminación, y desde el punto de vista formal", ha declarado en esa línea.
http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/admitido-recurso-canario-ley-costas/20131018135813416377.html

miércoles, 16 de octubre de 2013

Dimite el director general de Protección de la Naturaleza por sentirse ninguneado AUNQUE DEBERIAN HABERLO ECHADO HACE MUCHO TIEMPO

El director general de Protección de la Naturaleza, dependiente de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno canario, José Fernández (PSOE), ha presentado su dimisión por discrepancias insalvables sobre los argumentos en que se ha basado el Ejecutivo regional para presentar su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de Costas aprobada por el PP en las Cortes.
Así lo confirmó ayer a este periódico el propio Fernández, quien detalló que su renuncia se debe a que, para emprender este litigio, el Gobierno canario ha obviado los aspectos medioambientales y se ha centrado en los referidos a que se invaden competencias autonómicas.
“Como director general de Medio Ambiente, señalé que esta ley supone una terrible destrucción del dominio público, y no se me tuvo en cuenta, por lo que no me identifico con un recurso que se basa solo en la invasión de competencias, y en el que pesan más otras razones que las ambientales”, manifestó el aún alto cargo de la Consejería de Sostenibilidad que preside José Miguel Pérez. A su juicio, “lo lógico hubiera sido que Medio Ambiente hubiera puesto también su impronta” en esta acción legal.
Se da la circunstancia de que José Fernández ha sido durante 14 años funcionario asignado a la Dirección General de Costas, y además estuvo al frente de este organismo estatal entre los años 2004 y 2008. De ahí que tampoco comparta la petición del Gobierno regional de no aplicar la nueva ley a núcleos que se encuentran en dominio público marítimo terrestre, al igual que se ha hecho con otros de la Península amnistiados. “Sería una contradicción con lo que durante la mitad de mi vida he defendido, que es la protección de la costa; así que para mí sería inadmisible apoyar que se excluyan de la ley núcleos de cuya delimitación del dominio público yo mismo fui responsable cuando era jefe de Costas en los años 80 y luego como director general; no puedo admitir eso”, apostilló..(CLARO ESTA . LO QUE NO DICE, ES QUE EL  ES EL CULPABLE, DE LA PROLIFERACION DE PLAYAS ARTIFICIALES EN CANARIA, DESTRUYENDO ALGUNA DE ELLAS, LICS, Y ZONAS PROTEGIDAS, EN LA COSTA DE NUESTRA COMUNIDAD. A CONSEGUIDO PRIVATIZAR PLAYAS, DOMINANDAS POR EXPLOTACIONES HOTELERAS )
En su alegato contra la nueva Ley de Costas promovida por el Gobierno de Rajoy, Fernández recordó que esta norma “reduce la amplitud del dominio público, relaja el régimen de usos en la zona de servidumbre y privilegia el uso privativo de la costa sobre otros usos más comunes”. Y son precisamente estas cuestiones las que, según reiteró Fernández, el Gobierno canario no ha esgrimido contra la nueva normativa.
Además, el todavía director general reconoció que le hubiera gustado que el recurso del Ejecutivo autonómico “tuviera cierto parecido con el presentado por el PSOE a nivel estatal contra esta Ley de Costas, pero la realidad es que no se parecen en nada”.
El ya provisional responsable de Protección asegura que no hay otros motivos para la decisión que ha tomado, y que comparte el rechazo del Ejecutivo canario a los sondeos de Repsol. Su dimisión deberá ser aceptada en una próxima reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, si bien dudó si este punto será incluido en el orden del día de la sesión de esta semana.

“Dar alertas por azufre le compete a Salud Pública”
El aún director general de Protección de la Naturaleza manifestó ayer que la decisión sobre dar o no las alertas a la población por el dióxido de azufre de la Refinería de Cepsa no compete a su departamento, sino a la Consejería de Sanidad, por lo que matizó declaraciones anteriores en las que dijo que no se dieron esos avisos “porque no hay que alarmar sin necesidad”. “Si Salud Pública no dio alertas, sus razones tendrá, pues está reglado”, añadió sobre los 11 casos en que miles de personas respiraron niveles que rebasaron el umbral de alerta legal por ser nocivos para la salud. Por último, reiteró que para saber si se superan o no límites de contaminantes, se ha guiado por el Ministerio de Medio Ambiente, si bien reconoció que son criterios sobre los que cabe debate.
http://www.diariodeavisos.com/2013/10/dimite-director-general-proteccion-por-sentirse-ninguneado/

sábado, 12 de octubre de 2013

La certificación de Anaga, sin datos anteriores a 1988 como exige Costas

Luz, agua y acceso rodado son tres de las exigencias que la polémica Ley de Costas, recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Canarias, hace a los núcleos costeros que invaden la servidumbre del dominio marítimo terrestre para legalizarlos, reduciendo esa servidumbre de 100 a 20 metros, siempre y cuando contaran con esos servicios antes de 1988. Esta particularidad de la ley supone que, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, la totalidad de los núcleos de Anaga afectados: Tachero, Roque de las Bodegas, Almáciga e Igueste de San Andrés, puedan, con una simple certificación municipal, quedar legalizados, informe que el Consistorio anunció fue enviada el pasado mes de julio. Ayer, Sí se puede denunciaba, mediante un comunicado, que el documento que se ha enviado a Madrid, justificando la condición de urbanos de los citados núcleos, no recoge ningún indicio de tal condición antes de 1988 tal y como exige la normativa.

Concretamente, en los documentos a los que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, se ofrece una descripción física de los lugares que viene recogida tanto en planeamiento municipal de fecha de 2001 como en la Renovación Parcial del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Anaga, en el que, tras acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) se incluyó un anexo con la descripción de los asentamientos rurales de la zona: Tachero, Almáciga, Roque de las Bodegas e Igueste de San Andrés. El acuerdo tiene fecha de 2007.

El único informe que se adjunta al de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo es el que firma Emmasa certificando que aún faltan algunos servicios por completar en la zona, concretamente señala que falta por solucionar el tratamiento final de las aguas residuales en el barrio de Taganana. Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se puede, afirmaba de manera tajante que “esta documentación no solo no se ajusta a lo que pone la Ley de Costas sino que además incluso podría ser perjudicial para los propios vecinos”. “La Ley de Costas aprobada por el Partido Popular (PP) no resuelve nada y encima ahora nos encontramos con que el Ayuntamiento disponía de un plazo de tres meses para presentar la documentación, pero lo ha hecho mal”, añade el edil. Por todo ello, Fernández Arcila pidió que el alcalde, José Manuel Bermúdez, se reúna con los vecinos y les explique cuál es el estado real de la situación en estos momentos.

Zonas del parque rural

En la documentación que el Ayuntamiento ha enviado tanto a la Cotmac como a Madrid (este último paso solo para dejar constancia de que ya se ha entregado dado que es el Gobierno de Canarias quien tiene que remitirla de manera oficial), se observan los distintos mapas de situación de cada uno de los núcleos costeros y la descripción física de los lugares. En las fichas de cada una de las zonas se describen cuestiones como el número de viviendas, el número de vecinos, los servicios con los que cuenta en esa fecha o el tipo de carretera y el estado en el que se encuentra para su acceso. Todo ello siempre en base al acuerdo firmado por la Cotmac en el año 2007.


Martín, convencido de que es suficiente
El primer teniente de alcalde de Santa Cruz, José Ángel Martín, decía en la tarde de ayer estar absolutamente convencido de que la documentación aportada a la Cotmac “es suficiente”. “Lo que se nos pide es que se acredite que esos núcleos están y eso es lo que hemos hecho”, argumentó. De todas formas, Martín admitió que revisarán en profundidad la documentación aportada por si hay algo que no sea correcto o si falta algún tipo de justificación. El también edil de Urbanismo insistió en que “si la Cotmac necesita de más documentación solo tiene que pedirla y aún no lo ha hecho”.

“Estamos convencidos de que hemos hecho lo correcto porque nos hemos reunido con los vecinos y sus abogados para consensuar la documentación a enviar y es lo que hemos hecho”, añadió Martín. El primer teniente de alcalde insistió en que “con la ley anterior, cuando la Cotmac reconoció como urbanos estos núcleos, ya pensábamos que era suficiente pero Costas se negó a reconocerlo y lo que ha hecho es no admitir la singularidad de nuestros asentamientos rurales, que se equiparan a los urbanos en el resto del territorio”.

Aún así, José Ángel Martín admitió que si Costas rechazara esta certificación podrían recurrirla o añadir una nueva documentación puesto que aún se está en plazo (tres meses) para hacerlo.

http://www.diariodeavisos.com/2013/10/certificacion-anaga-sin-datos-anteriores-1988-como-exige-costas/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+DiarioDeAvisos+(Diario+de+Avisos)

miércoles, 9 de octubre de 2013

El Supremo rechaza un recurso contra el deslinde sobre 7.460 metros de costa entre Arrecife y Teguise

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la entidad “Realizaciones Inmobiliarias Canarias SA”, que pretendía que se anulara el deslinde aplicado sobre 7.460 metros de costa comprendidos entre Arrecife y Teguise, concretamente desde el lugar conocido como “El Oriente” hasta la ensenada de Los Mármoles.
Así, el Supremo ha confirmado la sentencia dictada en junio de 2010 por la Audiencia Nacional, que dio la razón sólo parcialmente al recurrente. En ese fallo, se anuló el deslinde aprobado en el año 2006 por el Ministerio de Medio Ambiente, pero “sólo con el fin” de que se justificara “cumplidamente que la línea de deslinde trazada coincide con la aprobada en el deslinde de 1972”, correspondiente a la anterior Ley de Costas, que era menos restrictiva.
Concretamente, la sentencia de la Audiencia Nacional reconocía que en el expediente administrativo del nuevo deslinde no constaba “información suficiente" para "valorar la corrección de la delimitación propuesta", "pues nada se ha aportado (estudio de mareas, estudio de olas, estudio geofomorfológico), para fundar la afirmación de que hasta la zona deslindada se hace sensible el efecto de las mareas ni se aprecian los efectos del mar, pues ni en la documentación ni en los anejos se aporta ninguna información sobre este extremo”.

Un fallo "sujeto a la fiscalización" de los Tribunales
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Tras esta sentencia, la empresa recurrió, pidiendo que se mantuviera la anulación del deslinde, pero que no se le diera la opción a Costas de subsanar las carencias del expediente. “Es improcedente que la Administración pueda subsanar en el propio pleito los defectos concurrentes en el expediente administrativo”, sostenían en su recurso.
Ahora, el Supremo ha dado por buena la sentencia,  aunque admite que “podría inducir a cierta confusión”. Por eso, aclara que, efectivamente, para ejecutarla, bastaría con que se incorporaran a los autos "la argumentación y el soporte preciso que acreditara la coincidencia existente entre el deslinde practicado y el realizado en 1972”.
Sin embargo, también subraya que “ello requiere una documentación consistente y un esfuerzo argumental que no se ha proporcionado hasta ahora". Así, advierte de que si no se aporta "la argumentación que echa claramente en falta la Sala de instancia”, el fallo que anuló el deslinde pasaría a hacerse efectivo y conllevaría, “consecuentemente, la tramitación de un nuevo procedimiento, a fin de depurar la realidad física y jurídica del tramo de costa objeto de controversia”.
Además, deja claro que “para garantizar la adecuación de las actuaciones administrativas que pudieran realizarse con lo resuelto en esta sede”, el procedimiento de ejecución “está sujeto a la fiscalización de este orden jurisdiccional”. Es decir, que serán los Tribunales quienes velen por la ejecución de esta sentencia, y de que Costas justique la validez de ese deslinde
http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/supremo-rechaza-recurso-deslinde-7-460-metros-costa-arrecife-y-teguise/20131007194446083370.html

lunes, 7 de octubre de 2013

Cho vito, cinco años después.

     Con el paso de los años, me decían, olvidaras. Con el tiempo, te acostumbrarás. Con el transcurrir de los días, comprenderás.
     Pero no ha sido así. Cinco años. Cinco años han pasado desde aquellas pesadillas, de aquel mal despertar. Y no ha ocurrido, pues he comprendido que la manera más efectiva de destruir el sentido de identidad de los pueblos es borrar el pasado, desmantelar y fragmentar sistemáticamente las historias que hasta el momento se han narrado entre sí acerca de sus propias vidas, y yo no estoy dispuesto a que sea de esta manera.

     Existen muchas dudas, muchas incógnitas, muchas equis por despejar en todo lo que rodea al derribo y demolición de Cho Vito; desde como se empezó un proceso judicial, acusando a unos vecinos de estar ocupando el dominio público, que duro años, cuando los planos del deslinde reflejaban lo contrario, demostrando así que el todopoderoso Estado, no dudaría en emplear todos sus medios para eliminar tan peligroso núcleo costero; cosa que en la madrugada del 7 de octubre de 2008, y en días sucesivos, quedó claramente expuesto, en la actuación de los miembros de los cuerpos de seguridad, simples marionetas, de aquellos, que ocultándose en un desmesurado cumplimiento de la ley, y que curiosamente, muchos de ellos, siguen incumpliendo, en algunos casos la misma ley, y otros, no paran de entrar y salir de los juzgados.

En laa imagenes se ve el plano del deslinde de 1989, en vigor hasta el año 2001, fecha del nuevo deslinde, que con errores garrafales, esta en vigor. La incoacción del expediente de recuperacion posesioria llego hasta el tribunal supremo.COMO ES POSISBLE QUE TE DENUNCIE EL ESTADO DE UN DELITO, QUE LOS DOCUMENTOS DICEN QUE NO ESTAS COMETIENDO? SILENCIO POR RESPUESTA.


Desde 2008 hasta el día de hoy, sólo, reitero, sólo se han demolido las casas de Cho Vito, un pueblo de la costa del mediterráneo El Puig, una vivienda en Las Baleares y algún caso más. En total, se han eliminado menos de cien viviendas peligrosísimas para el medio ambiente; de alguna manera teníamos que justificar, que cumplimos la ley, que estamos a favor de proteger nuestras costas, que urbanizaciones, hoteles, mamotretos, clubs náuticos, y  demás, son los valedores de la protección de nuestras playas, y que cumplen con la ley, mientras, otros, merecen la confiscación, derribo, demolición, no sólo de sus casas y propiedades, sino de sus más básicos derechos, aquellos que están recogidos en la carta magna europea, y en nuestra Constitución
    El tiempo y la presión de una realidad social hasta este momento ignorada, lograron que con el cambio político en este país, se realizara un retoque antojadizo(en lugar de una reforma profunda y razonada) de la anterior ley de costas, que , lejos de lograr una norma eficaz, que proteja, en primer lugar a los ciudadanos, y luego a nuestras costas, ha elevado el número de personas afectadas por esta norma, creando mas confusión, logrando estupideces publicitarias, como los recursos ante el tribunal constitucional por varias comunidades autonómicas y por el principal partido de la oposición, creando situaciones tan alucinatorias, como que se denuncia la arbitrariedad, y la retroactividad, por parte de aquellos, que hasta hace muy poco, defendían justamente lo mismo.
   Me pregunto, sobre el papel del Ayuntamiento en todo este lio. Pues bien, queda demostrado, que sin su intima y estrecha colaboración, nada de esto hubiera ocurrido. En sus depedencias existen, los planos antiguos, imagenes e inclusos datos de la clasificación del terreno como suelo urbano desde 1979.




Imágenes del Plan de usos del litoral. MOPU 1979. Desde esa fecha, Cho vito, es suelo urbano.
¿QUIEN IDEO ESTE PROYECTO, DE PASEO Y DEMOLICIÓN SOBRE CASAS Y PROPIEDADES PRIVADAS, CON ESCRITURAS DESDE 1953.?
SARCASMO? HIPOCRESIA DE AQUELLOS QUE NOS GOBERNABAN Y QUE ESCONDIERON LA CABEZA?  la siguiente imagen es signifitiva de tal hipocreisa. Fue tomada en Cho Vito, viernes cuatro de ocrtubre de 2008. TRES DIAS ANTES DEL DERRIBO. el alcalde reconocio, en 2012, que conocia la fecha del derribo.VINO A CONSOLAR A LOS VECINOS.

Se vendió la idea de que eramos ilegales, y nadie dudo. Ni los tribunales. Alegación tras alegación, fue rechazada. Se aprovecho la justicia, del escaso poder económico de los vecinos, e incluso. se denegó la información en poder de la Dirección General de Costas, hasta despues del derribo, cuando ya no teníamos al alcance la defensa.
   Pero no piensen, que incluso asi, Cho Vito, hudió la rodilla en la tierra. Se siguió luchando, y en estos cinco años, se ha reunido tal cantidad de información, con la que podemos desvelar el nivel de connvivencia entre las administraciones ante un pueblo, al que ignoraron, menospreciaron e incluso humillaron. De hecho, para dar la copa de gracia al reo, acudieron a las fuerzas de seguridad del estado, en número totalmente desproporcionado, para poder asi, intentar demostrar la imagen inventada de peligrosos terroristas que eran 129 familias.
  A dia de hoy, y tras repetidas veces se le ha sollicitado al Ayto de Candelaria, la copia escrita de las acciones excplicativas, solicitadas, por el Grupo de Gobierno, en acuerdo plenario de el día 14 de Octubre de 2008, donde se acuerda, entre otros puntos : “Exigir a los responsables de la Dirección General de Costas, que expliquen pormenorizadamente todas las actuaciones  realizadas hasta el cumplimiento del auto judicial de fecha 23 de abril del presente año del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife a través del cual se autoriza la entrada en domicilio y demolición de Cho Vito...”(SIN CONTESTACIÓN ALGUNA)
CREO QUE VULNERAR UN ACUERDO PLENARIO , UNÁNIME, ES DELITO.
Desde 2008 hasta el día de hoy, sólo, reitero, sólo se han demolido las casas de Cho Vito, un pueblo de la costa del mediterráneo El Puig, una vivienda en Las Baleares y algún caso más. En total, se han eliminado menos de cien viviendas peligrosísimas para el medio ambiente; de alguna manera teníamos que justificar, que cumplimos la ley, que estamos a favor de proteger nuestras costas, que urbanizaciones, hoteles, mamotretos, clubs náuticos, y  demás, son los valedores de la protección de nuestras playas, y que cumplen con la ley, mientras, otros, merecen la confiscación, derribo, demolición, no sólo de sus casas y propiedades, sino de sus más básicos derechos, aquellos que están recogidos en la carta magna europea, y en nuestra Constitución
El tiempo y la presión de una realidad social hasta este momento ignorada, lograron que con el cambio político en este país, se realizara un retoque antojadizo(en lugar de una reforma profunda y razonada) de la anterior ley de costas, que , lejos de lograr una norma eficaz, que proteja, en primer lugar a los ciudadanos, y luego a nuestras costas, ha elevado el número de personas afectadas por esta norma, creando mas confusión, logrando estupideces publicitarias, como los recursos ante el tribunal constitucional por varias comunidades autonómicas y por el principal partido de la oposición, creando situaciones tan alucinatorias, como que se denuncia la arbitrariedad, y la retroactividad, por parte de aquellos, que hasta hace muy poco, defendían justamente lo mismo.
Cho Vito, no existe físicamente, pero es la manifestación real de un problema, que lejos de tener una solución efectiva, se agrava por la torpeza política, y por las decisiones del parlamento Europeo, que  desde hace años investigan no solo la ley de costas, sino casos concretos, como el de Cho Vito, denunciando la confiscación de propiedades, y la connivencia entre el poder político, la ley, y el urbanismo costero.
Cho Vito existe. Existe en el Parlamento Europeo, y en sus tribunales de justicia. Existe en el corazón de los miles de afectados por esta ley en Canarias y en España. Pero, también existe, en quien busca, defender la verdad,  sin tonterías,  frente a una justicia, casi siempre manipulada.
Antonio Alonso