Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

domingo, 9 de febrero de 2014

Obras explosivas frente al Bahía Real.Fuerteventura

INAUDITA LA ACTUACIÓN DE COSTAS, PERMITIENDO EL DESTROZO DEL LECHO MARINO, EN PRO DE UNA ENTIDAD PRIVADA.


Las obras de las pasarelas en la playa semiprivatizada del Bahía Real se realizan a bombazos de dinamita, volando por los aires las rocas de la costa.  la primera fase consiste en la construcción de las pasarelas para el acceso al baño. 

Todo ello para perforar las rocas de la playa del Charco de Las Agujas, y construir con autorización del Gobierno de Zapatero el 24 de noviembre de 2011 a través de la ex-comunista Rosa Aguilar como Ministra de Medio ambiente en funciones.

  
 El 24 de noviembre 2011, el consejo de Ministros del gobierno de Zapatero, daba el visto bueno al proyecto presentado por los propietarios del Hotel Bahía Real de Corralejo, para llevar a cabo la privatización de casi 2.000 m² de playa en el Charco de las Agujas con sus respectivos quioscos y un paseo marítimo dotado de los correspondientes locales comerciales que explotarán durante 20 años. El Director General de Medio Marino, por delegación de la Ministra en funciones de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar Rivero, dictó la resolución otorgando a los propietarios del citado hotel la concesión para la ocupación de bienes de dominio público marítimo terrestre en Corralejo, todo ello , minutos antes de entregarle la cartera a su sucesor en el cargo. Además, con la oposición de 966 vecinos. 



 
 Como se puede ver en la imagen, la primera fase de la obras consiste en la construcción de las pasarelas y plataformas para el acceso al baño. Los trabajos de ejecución de las pasarelas se realizan con cartuchos de explosivos insertado en la roca natural para poder garantizar el apoyo mediante cimentación directa de la subestructura en el estrato resistente. 
 
 
 
La vigilancia sobre la correcta ejecución de las obras corresponde también a la Dirección General del Costas
El Ayuntamiento considera que las competencias en materia de Costas deben ser transferidas a Canarias
El Ayuntamiento de La Oliva, sobre las obras de dragado que se está realizando en el litoral, frente al hotel Bahía Real, señala lo siguiente:
1.- La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, autorizó en 2011 a la entidad mercantil Atlantis Hotels & Resort el proyecto denominado “concesión para la ocupación de unos 1972 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a áreas de baño en el Litoral de Corralejo”
2.- La aprobación del proyecto y el otorgamiento de la concesión se realizó por parte del Ministerio de Medio Ambiente, en el ámbito de sus competencias. El Ayuntamiento otorgó, posteriormente, la licencia para la ejecución de las obras. Un trámite que cualquier corporación debe llevar a cabo obligatoriamente si el proyecto cuenta con la preceptiva autorización de la Dirección General de Costas.
3.- La vigilancia y control sobre la correcta ejecución de la obra corresponde también a la Dirección General de Costas.
4.- El Ayuntamiento de La Oliva señala que la situación que actualmente se plantea en este obedece a que las competencias en materia de Costas siguen en manos del Gobierno del Estado, impidiendo de esta manera el control y seguimiento de todas las actuaciones en el litoral a las administraciones públicas canarias.
5.- De hecho, muchos son los proyectos que el Ayuntamiento ha tramitado ante la Dirección General de Costas para su ejecución, tendentes todos ellos a mejorar el mantenimiento de los espacios públicos y a favorecer la convivencia entre el paisaje y su uso por parte de los ciudadanos, que no han podido llevarse a cabo por su paralización por parte del órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
6.- Una parálisis que contrasta con la diligencia con la que actúa en la tramitación de sanciones. La Dirección General de Costas ha multado al Ayuntamiento de La Oliva por actuaciones relacionadas con la limpieza del litoral, la instalación del escenario en el muelle chico de El Cotillo durante las fiestas, la retirada de hormigón de antiguos chiringuitos en Grandes Playas o, recientemente, el cambio de ubicación de algunas rocas en la playa de Salero para habilitar la zona de baño.
 
fotodenuncia , urbanismo ,
 
 



viernes, 7 de febrero de 2014

Costas descarta habilitar aparcamientos en la zona de El Rincón porque el Parque Natural lo impide


La Demarcación de Costas de Canarias culminó ayer los trabajos de colocación en el barranco de La Poceta de los pivotes de madera, la barrera y el cartel que impiden acceder, por el tramo costero, con vehículos a motor a El Rincón y El Papelillo, que constituyen una parte de la playa de Famara.
 
Los vigilantes de Costas, la Guardia Civil y la Policía Local de Teguise pueden multar con sanciones de entre 50 y 150 euros a los conductores que transiten y estacionen sus utilitarios, del tipo que sea (coches, motos, caravanas y autocaravanas, entre otras unidades motorizadas) en las áreas no permitidas, al tratarse de terrenos que están dentro del dominio público marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre y, por otro lado, en la influencia del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, cuyoS usos regula el Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo (PRUG) de 2006.

El traslado en bicicleta y a pie sí están autorizados, al igual que el tránsito de cualquier vehículo motorizado para actividades de vigilancia, conservación, gestión y por razones relacionadas con la seguridad y el rescate.

Por otro lado, también se prohíbe la acampada, práctica que será multada con un mínimo de 40 euros por metro cuadrado ocupado y día, según establece la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral de 29 de mayo de 2013.

En la trasera de la urbanización Island Homes, conocida como Los Noruegos, a poco más de un kilómetro del barranco de La Poceta, un cartel advierte de que la carretera está cortada, pero se puede circular hasta donde se encuentran los pequeños postes que Costas ha instalado.

El responsable de vigilancia de Costas en Lanzarote, Antonio Martínez, aseguró que la demarcación envió al Cabildo "un proyecto a finales de 2008 principios de 2009, con una delimitación física desde La Poceta hasta el fondo de El Rincón para impedir que los coches se desvíen del camino y circulen por el campo dunar". Sin embargo, explicó Martínez, "el Cabildo consideró que la prohibición estaba establecida por el PRUG desde antes, desde Los Noruegos".

Finalmente, Costas retomó la iniciativa a principios de 2012, que no ha podido materializar hasta ahora por falta de recursos económicos, indicó Martínez.

Indignación


La Asociación de Empresarios de Surf y Kitesurf de Lanzarote, formada por más de 20 empresas, mostró su "enorme indignación" por la medida "sin previo aviso".

El presidente del colectivo, integrada en Aetur, Tim Jones, consideró que el cierre del acceso a la playa, "supone la ruina al colectivo de empresas afectadas, ya que les imposibilita el acceso a la zona de trabajo". El colectivo, "absolutamente consciente de que Famara es un espacio natural protegido", aboga por "la ordenación y regulación de una zona que se ha diferenciado del resto como punto neurálgico de los deportes acuáticos en la Isla".

El representante de Costas negó la posibilidad de habilitar un aparcamiento, como los existentes en Papagayo, porque esa posibilidad, aclaró, "no la contempla el Plan Rector para Famara".


La concejala de Medio Ambiente de Teguise, Cristi Rodríguez, mostró su malestar "por la falta de comunicación de Costas sobre este tema" y apuntó que "hablamos con esa administración para buscar una solución". El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Francisco Fabelo, subrayó que "Costas ha adoptado el cierre de forma unilateral" y se inclinó por "compaginar el uso sostenible de este espacio con el deporte".

El senador por Lanzarote, Óscar Luzardo, ha solicitado un informe a Costas "para conocer qué hay detrás de que se haya producido en este momento la delimitación física de ese espacio".

No solo los deportistas son asiduos a Famara, también muchos residentes que acuden los fines de semana. Una iniciativa popular en la plataforma en Internet change.org reúne firmas para exigir la apertura al acceso a la playa.

http://www.laprovincia.es/lanzarote/2014/02/07/multa-circular-vehiculos-motor-famara/588521.html

jueves, 6 de febrero de 2014

CUANDO EL ESTADO TE ROBA TU CASA.

No hay que escribir nada... Una imagen vale más que mil palabras.
 
Denuncia por invadir el dominio publico marítimo terrestre. Incoación del expediente de recuperación posesoria del dominio publico en 1993
 
 
Deslinde marítimo terrestre, de 1969, vigente hasta 2000.
 
¿DONDE ESTA EL DELITO?
¿DONDE ESTA LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO?
 
 
CIENTOS DE VIVIENDAS LEGALES, HAN SIDO ROBADAS, CONFISCADAS POR UN ESTADO ENCUBRIDOR DE ESTOS HECHOS.
 
POR ESTO, LUCHAMOS.
 



miércoles, 5 de febrero de 2014

Benzú, ( Ceuta) reflejo de Cho Vito


El pueblo marinero de Cho Vito en el municipio de Candelaria (Tenerife, Canarias), el cual databa de mediados del siglo XX, según las escrituras de propiedad tanto del suelo como de las viviendas de este asentamiento, estaba compuesto por casas-cueva dada la orografía del terreno y donde, originariamente, los pescadores almacenaban sus herramientas y embarcaciones. Cuando la Ley de Costas se cernió sobre esta idílica estampa, la Administración exigió a sus dueños –descendientes de aquellos hombres de mar– que aportaran unas licencias de obra que en 1945 no se expedían, especialmente, si se tiene en cuenta que Canarias, dada su extrapeninsularidad, vivía sumida en cierto aislamiento ante el menor desarrollo de los medios de transporte. Sin embargo, los inquilinos sí disponían de otros documentos como las hipotecas contraidas con los bancos, señal de que la titularidad estaba reconocida


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Tras la primera denuncia en 1995 en la que se acusaba a los habitantes de Cho Vito de invadir el dominio público-terrestre, y tras recurrir su caso ante todas las instancias posibles, las excavadoras entraron en las casas arrasando con todo, primero en 2008 y después en 2012, bajo un fuerte dispositivo de la Guardia Civil. Estos recuerdos y reflexiones corresponden a Antonio Alonso, responsable en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, además de ser uno de los propietarios del extinto pero célebre Cho Vito.
 

Alonso sigue de cerca el caso de los vecinos de Benzú cuyas viviendas se encuentran a expensas de la resolución de los expedientes del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno que determinará si vulneran la Ley de Costas. De ser así, su final será la demolición de estos hogares siempre que carezcan de una concesión administrativa o los juzgados no resuelvan a su favor. De lo contrario, podrán continuar en la ubicación que ocupan en la actualidad.

Este portavoz de Asociación Europea de Perjudicados, como su presidenta, Carmen Del Amo, ya se puso en contacto con Rahma Mokhlis, presidenta de la plataforma en defensa de Benzú creada por los propios residentes, para expresarles su apoyo en la reivindicación de permanecer en el lugar que les vio nacer. Una representación del colectivo local tiene previsto asistir al Pleno de este jueves, mientras que el resto seguirá los acontecimientos en los exteriores del Palacio Autonómico.


Benzú

La organización propuso a Mokhlis que los residentes presenten de forma colectiva una queja ante el Comité de Peticiones de la Unión Europea (UE) y que puede contar con la rúbrica de los partidos políticos. “En algún pueblo canario logramos que también nos respaldara el Ayuntamiento”, añadió
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Canarias es la autonomía con más kilómetros de costa, los cuales comprenden a 107 pueblos influidos por esta Ley. Alonso, conocedor de las “irregularidades” en su aplicación, identifica varias similitudes entre Benzú y Cho Vito en el “modus operandi” de la Administración. El primer rasgo de semejanza se encuentra, a juicio del canario, en la “negativa” de la Delegación del Gobierno a ofrecer información sobre los expedientes a los vecinos.
“En España, los poderes fácticos impiden que demostremos la verdad a pesar de que contamos con los documentos que la acreditan. Por eso luchamos en Bruselas desde 2008”, explicó el encargado de la entidad en las islas.


En segundo lugar, Alonso entiende que, en función del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Benzú está fuera del dominio público marítimo-terrestre y correspondería a otro organismo –Defensa o Ciudad Autónoma– dirimir sobre su derribo en caso de que proceda.

 
“Hay que dar un trato específico en casos como Canarias, Ceuta o Melilla porque tienen una superficie limitada y hay que contemplar sus singularidades”, señaló el portavoz; “si Canarias está rodeada de agua por todos sus flancos; el 70 por ciento es terreno protegido como parque natural y reserva. Entonces, ¿dónde vamos a vivir los canarios?”, se preguntó. Alonso estableció la analogía con las ciudades autónomas: “Por un lado está el mar y por el otro la frontera”.


Como documento que justifica la existencia de Benzú como barriada, el equipo de la Asociación remite al Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) de 14 de junio de 1956, en el cual queda recogido que en una moción se solicitó que la escuela que existía en el lugar fuera trasladada “desde su actual emplazamiento hasta el centro de la barriada” además de la “construcción de viviendas para maestros”.


Alonso aludió al “mal uso” que se da a la Ley de Costas, “como fue el caso de Cho Vito”, y sospechó que en la ciudad autónoma podría ocurrir lo mismo. Junto al poblado de pescadores derribado en Tenerife, “estaba contemplada la construcción de 15 adosados de lujo y, claro está, su precio disminuía con Cho Vito al lado en vez de revalorizarse con un paseo marítimo”, argumentó este integrante de la Asociación. Su directiva consideró que en la barriada ceutí podría reproducirse el mismo escenario. “Si la Administración tuviera que expropiar a los legítimos propietarios de las casas en toda la costa española, el Estado no tendría suficiente dinero y por eso recurre a los cambios en el deslinde”, valoró.
“Primero hablamos de personas”, puntualizó Alonso, “y en segundo lugar del medio ambiente. Pero si se les ha permitido estar durante todo este tiempo y se les ha dotado de servicios, de buenas a primeras no se les puede echar porque se les condena a vivir de los servicios sociales”, lamentó.


http://www.elfarodigital.es/ceuta/sociedad/140033-benzu-reflejo-de-cho-vito-.html#

martes, 4 de febrero de 2014

El Consistorio confía en que la nueva ley de Costas legalice los núcleos de Agache


El Ayuntamiento pretente que Santa Lucía, La Morra de El Tablado y La Balandra se consideren asentamientos urbanos y limitar la protección marítima a 80 metros

El Ayuntamiento de Güímar pretende legalizar los núcleos de Agache aferrándose a la nueva ley de Costas. El concejal de Costas, Domingo del Rosario, asegura que los técnicos municipales están recopilando información sobre estos barrios del litoral que con la anterior normativa sobre Costas no habían sido reconocidos como urbanos. Se trata de los barrios de Santa Lucía, la Morra de El Tablado y La Balandra, que el edil cree que podrían cumplir los requisitos fijados por la nueva norma, aprobada en mayo del año pasado, para ser considerados asentamientos urbanos, lo que provocaría que la servidumbre de protección marítima se reduzca en 80 metros al pasar 100 a 20. Esto haría posible legalizar las viviendas levantadas en primera línea.

En esta servidumbre se permiten solo las obras de reparación, mejora, modernización y consolidación de las construcciones ya existentes, siempre que no impliquen un aumento de volumen, altura ni superficie. Por tanto, no se podrá construir nada nuevo ni ampliar la vivienda. La nueva norma establece que ya no hace falta una autorización administrativa autonómica, que se sustituye por una declaración responsable del propietario, en la que tendrá que incluir que las obras cumplen con los requisitos de eficiencia energética y ahorro de agua.

El edil explica que el expediente "ya está casi completo y que esta actuación obedece a una demanda vecinal, de modo que nosotros aportaremos toda la información sobre accesos rodados, abastecimiento de agua y conexiones eléctricas, aunque la última palabra la tiene Costas". Los documentos se enviarán a la mayor celeridad posible. No obstante, la Administración estatal tiene un plazo de año y medio para responder.

Del Rosario advierte que cambiar la calificación de suelo a urbano no implica que las infracciones urbanísticas prescriban. La Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral prevé que se reduzca el ancho de la servidumbre de protección en los núcleos de población que no están en suelo considerado urbano, pero que con anterioridad a 1988 ya tenían características propias de esta calificación urbanística.

Según la norma, son los que, en ese momento, reunieran "alguno" de los requisitos para ser recalificados ya sea porque "cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenación de aplicación".

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente deberá pronunciarse sobre la delimitación y compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre. Este informe deberá emitirse en el plazo de 18 meses desde que haya sido solicitado por el Ayuntamiento de Güímar.

En caso de que el Gobierno central no emitiera ningún documento en este plazo, el silencio administrativo será entendido como una respuesta favorable.

http://www.laopinion.es/tenerife/2014/02/04/consistorio-confia-nueva-ley-costas/523899.html?utm_source=rss

 

lunes, 3 de febrero de 2014

Un empresario denuncia en Fiscalía el contrato de servicios de playa de Pájara


El concurso de los servicios de playa del municipio de Pájara ha llegado a la Fiscalía Provincial de Las Palmas. El empresario Gregory Daniel Miechiels ha denunciado ante el citado órgano judicial un presunto delito de prevaricación, cohecho, fraude y exacción ilegal al considerar que se han cometido serias irregularidades en la explotación del litoral sureño. Más grave es la afirmación del denunciante al acusar a los adjudicatarios que explotan y han explotado el bien de dominio público en Pájara de hacerlo" con el consentimiento informal de funcionarios públicos de la Demarcación de Costas de Canarias, previo pago de la correspondiente dávida, y en connivencia con personal del Ayuntamiento de Pájara".

El texto de la denuncia recoge que el Consistorio majorero convocó en 1993 un concurso público para adjudicar distintas licencias municipales de instalación y explotación de los servicios de temporada en las playas de Pájara, sectores de hamacas y chiringuitos, y que el plazo de vigencia de las licencias era de ocho años por lo que en el 2002 se produjo la caducidad automática de las autorizaciones. Sin embargo, estos servicios de playa siguieron realizandose hasta finales de 2008 al prorrogarse la adjudicación " sin que se sepa a dónde fueron a parar las cantidades que en concepto de canon se continuaban abonando ni tampoco las razones por la que dicha situación se consentía".

El denunciante también expone en su escrito que el Ayuntamiento, tras haber aprobado en febrero de 2012 el expediente para la explotación de los sectores de hamacas y chiringuitos, acordó un año más tarde modificar la autorización administrativa para estos servicios " redundo la superficie de los lotes alegando, de forma genérica e injustificada, causas ambientales".

Miechiels pide a la Fiscalía que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estrado identifiquen a las personas que explotan las playas en Pájara. También apunta en su denuncia hacia la Demarcación de Costas de Canarias y demanda al Fiscal que identifique a los funcionarios que se encuentran relacionados con los procedimientos relativos a la adjudicación y licitación de la explotación de los bienes de dominio público del litoral de Pájara, así como las razones que han llevado a Costas, " a pesar de haber sido requerida para que investigara las irregularidades acaecidas respecto a la explotación de las playas de Pájara, nada al respecto ha realizado, permitiendo que terceras personas explote el dominio público al margen de la ley".

http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2014/02/03/empresario-denuncia-fiscalia-contrato-servicios/587566.html

 
OTRA VEZ, COSTAS Y UN AYUNTAMIENTO..

martes, 28 de enero de 2014

La Audiencia Nacional obliga a Costas a indemnizar por el derribo injusto de una vivienda


Esta es la historia

José Ramón Quiroga, pequeño empresario constructor, decidió hacerse casa en una parcela familiar de San Miguel de Oia, en Vigo, sin licencia municipal, con solo unas garantías de que el terreno sería recalificado por el plan general de urbanismo, cuya aprobación se hacía en 2006 inminente. En septiembre de ese año, el Seprona le paralizó la obra por encontrarse a unos 50 metros del mar, “dentro de la zona de servidumbre de Costas, que es de 100 metros”. La denuncia se tramitó al Servicio Provincial de Costas, que a su vez la remitió en diciembre a la Delegación Provincial de Protección do Litoral de la Xunta, en un expediente sancionador que paralizó la instrucción penal paralela por un delito contra la ordenación del territorio.

Después de más tres años de calvario judicial, Quiroga pactó una pena rebajada con la fiscalía: seis meses de prisión, inhabilitación profesional, multa, demolición de lo construido y devolución del suelo a su estado anterior, rasantes incluidas. En enero de 2010 la sentencia estaba plenamente ejecutada y, un año después, en febrero de 2011, el Servicio de Costas de Pontevedra comunicó a Quiroga su “rectificación de un manifiesto error de hecho”: el linde de protección en la zona de marras, donde él se hacía la casa, estaba a 20 metros del mar, y no a 100 metros, por haberlo aprobado así la Dirección General de Costas en enero de aquel 2006, ocho meses antes de la denuncia del Seprona. Cristina Paz-Curbera, responsable de Dominio Público y del propio Servicio Provincial de Costas, según parece, no se enteró. Tampoco la fiscalía.

Quiroga atribuye a Costas, por error o negligencia, la responsabilidad de su quebranto, que cifra en 194.636 euros y quiere reclamar al Ministerio de Medio Ambiente. Para ello necesita el número del expediente que le abrió Paz-Curbera con la denuncia del Seprona, pero que esta, pidiendo tiempo para su aterrizaje en la jefatura provincial, se niega a facilitarle. El “error” fue reconocido de oficio por el anterior jefe de Costas, Cristóbal Fernández. Pero Quiroga ya ha tenido que recurrir al juzgado para no perder, por silencio administrativo, los derechos que reclama.

Esta es la sentencia

 

CONDENAR a la Administración General del Estado (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio ambiente) a indemnizar a la actora en la suma de 194.635 euros; cantidad que será 

incrementada en los intereses legales a contar desde el 29 de mayo de 2010.


Por mucho que le paguen, no hay dinero que pueda resarcirle del calvario que ha sufrido. 

Sólo quien padece la persecución de Costas, puede comprender el sufrimiento de años que conlleva un deslinde. La presunción de inocencia desaparece junto con la propiedad. Esto no ocurre en ningún país civilizado del mundo.

ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS

 

Benzú se movilizará para defender sus viviendas


Los vecinos de Benzú se reunieron ayer para conocer las opciones que les planteó la consejera de Fomento, Susana Román, a los representantes de la barriada con los que se entrevistó el pasado jueves. En este encuentro, Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui, de Caballas, actuaron como portavoces y trasladaron a los vecinos cómo está la situación, además de las alternativas legales que tienen para recurrir los expedientes. Además, desde los miembros del partido anunciaron que pedirán al Gobierno durante el próximo pleno de la Asamblea que exija a Delegación la paralización de los trámites de expropiaciones en Benzú. 
 
 
La presidenta de la plataforma de vecinos, Rahma Mokhlis, cuenta como el sentimiento entre los propietarios de Benzú es de “indignación”. Para ellos, estos trámites de expropiación para derribar algunas de las viviendas de la barriada forma parte de “una estrategia” para ir desalojando a todos los vecinos poco a poco y desarrollar un proyecto urbanístico en la zona. Por eso, los vecinos no están dispuestos a ceder ni una casa. “Esto va a ir por fases y sabemos que nos van a tirar a todos las viviendas”, advertía ayer Mokhlis.

 
La presidenta de la plataforma explica como los vecinos tienen documentos que acreditan que sus viviendas son legales y se han mantenido en pie generación tras generación. Muchos cuentan con la autorización de uso de dominio público.

 
Los propietarios de las viviendas que han recibido un aviso por parte de Delegación entienden que hay una Ley de Costas que se debe cumplir, lo que no quieren es abandonar su barriada y no comprenden por qué ellos no tienen cabida en el plan de urbanización para esta zona, según denuncia Mokhlis. Román les trasladó el jueves que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) conllevará cambios, pero serán a largo plazo.

 
Desde la plataforma de vecinos están convencidos que quieren ir desalojándolos poco a poco para que no armen ruido. Lamentan que los quieran llevar a Loma Colmenar para “crear un gueto” y avisan de que no se van a quedar tranquilos. “Somos una barriada al completo y vamos a movilizarnos”. Para ello, ya han solicitado los permisos pertinentes a Delegación del Gobierno y avisan que, aunque sólo quieran tirar unas pocas casas, “no van a poner la otra mejilla”.


“De la barriada no se va a mover nadie, nos quedaremos con los niños y los mayores, aunque sea en tiendas de campaña”, aseguraba ayer la presidenta de la plataforma. Para ellos, la única solución es que se paralicen los expedientes y que se ponga en marcha un proyecto en Benzú, en el que se cuente con los vecinos de la barriada.

 


Mokhlis entiende que prevalece el derecho a la vivienda, que cumplir con una ley que pondría en riesgo de quedarse en la calle a muchas familias afectadas por la actual normativa.

http://www.elpueblodeceuta.es/201401255102.html

No van descaminados los vecinos de Benzú. En el proyecto ya se anuncian de manera clara y contundente:


"El área de Benzú desaparece y son colonizados por los espacios abiertos. En sus propias ruinas esta nueva situación se da forma"

 

 

 

La ONU prohibe los desalojos masivos para especular con los terrenos. A ver si se entera nuestro Gobierno de una vez

ASOCIACIÓN EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS.

 

domingo, 12 de enero de 2014

Unos 100 municipios esperan poder seguir en la costa y no ser demolidos


 

   Un centenar de municipios están a la espera del informe que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente deberá emitir antes del 1 de abril de 2015 y que dictaminará si podrán seguir en la costa y, así, evitar ser demolidos de acuerdo con la Ley de Uso Sostenible del Litoral y Modificación de la Ley de Costas, que entró en vigor antes del verano.

   Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno y dirigida al portavoz de Medio Ambiente del PSOE, José Luis Ábalos, después de que éste cuestionara al Ejecutivo sobre el número de municipios españoles que, acogiéndose al amparo de una disposición de la Ley de Costas, han solicitado poder permanecer en la costa sin ser derruidos y regular su situación de manera definitiva.

   De acuerdo con la reforma de la Ley de Costas, los municipios que tengan parte de su suelo en dominio público pero que cuando se aprobó la Ley de Costas de 1998 cumplieran ya una serie de requisitos aunque sin estar clasificados como suelo urbano, podrían acogerse a dicha disposición.

   Concretamente, los requisitos que deberán cumplir los municipios con planeamiento (en 1988) son que los terrenos que bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenación de aplicación.

   También podrán acogerse a esta disposición los municipios sin planeamiento con terrenos que, en julio de 1988, o bien contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en la mitad de su superficie.

   Según la reforma de la Ley de Costas, estos municipios disponían de un plazo de tres meses, que expiró el 1 de octubre, para acogerse a esta disposición. Ahora el Gobierno tiene 18 meses para estudiar si estos se ajustan a las características de esta disposición y no tienen por qué ser demolidos. En caso de que en ese plazo el Ministerio no emita un informe favorable, se entenderá que la respuesta a su continuidad es positiva.

LISTA DE MUNICIPIOS

   En la citada respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, el Gobierno precisa que, a fecha de 15 de octubre, son 100 municipios los que han solicitado la aplicación de la disposición transitoria de la ley.

   En la provincia de Alicante estarían Denia y Villajoyosa; en Almería, Roquetas de Mar; en Asturias, Ribadesella, Tapia de Casariego y Valdés; en Baleares, San Joan de Lebritja y Santa Eulalia del Riu; en Cádiz, Rota, San Fernando y Barbate; en A Coruña, Ares, Boiro, Camariñás, Carballo, Cedeira, Fene, Ferrol, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Miño, Mugardos, Muros, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal y Ribeira.

   Mientras, en Gipuzkoa, se han acogido a esta disposición Astigarraga; en Las Palmas, Agaete, Agüimes, Antigua, Arucas, Galdar, Haría, Ingenio, La Oliva, Moya, Pájara, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana, San Nicolás de Tolentino, Santa Lucía, Santa María de Guía de Gran Canaria, Teguise, Telde, Tinajo, Tuineje y Yaiza.

   En la provincia de Lugo se encontrarían Cervo y Xove; en Málaga, Manilva; en Pontevedra, Baiona, Catoira, Gondomar, Illa de Arousa, Marín, Meaño, Nigrán, O Rosal, Poio, Pontevedra, Sanxenxo, Soutomaior, Valga, Vigo, Vilaboa y Vilanoba de Arousa; en Cantabria están a la espera, Escalante, Piélagos y Polanco; a su vez, en Tarragona, Vila-seca.

   En cuanto a Santa Cruz de Tenerife lo han solicitado Adeje, Arafo, Arico, Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, El Rosario, Fasnia, Frontera, Garachico, Guía de Isora, Güimar, Icod de los Vinos, La Laguna, Los Realejos, Los Silos, Matanza de Acentejo, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte, Tazacorte, Valle Gran Rey, Vallehermoso, Valverde, Victoria de Acentejo y Villa de Mazo.

   Precisamente, en una reciente entrevista a Europa Press, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, aseguró que la modificación de la Ley de Costas "no es una amnistía de nada".

   "Niego la mayor. No sé de dónde sale el término amnistía en la Ley de Costas", enfatizó, porque, según agregó, es una ley para que los que tengan una situación concreta puedan ordenarse, pero el que quede fuera y esté en dominio público sin tener título que le habilite, "tendrá que salir" del dominio público y todas las sentencias firmes de demolición tendrán que ejecutarse.

   Sobre esta cuestión, trasladó las críticas al principal partido de la oposición, al decir que es "fácil llamarlo amnistía por parte de quien ha tenido responsabilidades de Gobierno y no ha hecho absolutamente nada más que mirar a otro lado" ni quiso corregir esa situación.

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-centenar-municipios-espera-gobierno-les-permita-seguir-costa-no-ser-demolidos-nueva-ley-20140111133444.html

sábado, 4 de enero de 2014

El gol que Felipe Gonzalez metió a Margaret Thatcher con la Ley de Costas

1989 CONGRESO DE LOS DIPUTADOSPREGUNTA DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO MONTESINOS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN POPULAR, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADOPTAR ALGUNA MEDIDA, ADEMAS DEL JUSTO PRECIO, QUE COMPENSE ECONOMICAMENTE A LOS RESIDENTES EXTRANJEROS PROPIETARIOS DE INMUEBLES EN EL LITORAL ESPAÑOL, QUE SERÁN EXPROPIADOS POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS?



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Montesinos García. Tiene la palabra el señor Montesinos. 

El señor MONTESINOS GARCIA: Gracias, señor Presidente. 
Señor Ministro de Obras Públicas, según una información aparecida en el "Sunday Times", el 12 de marzo, más de medio millón de ciudadanos británicos se verán afectados por la posible expropiación de inmuebles de su propiedad. 
De ahí la pregunta: ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna medida, además de pagar el precio justo, que compense económicamente a los residentes extranjeros propietarios de inmuebles en el litoral español, que serán expropiados por la aplicación de la Ley de Costas? 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montesinos. Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas. 

El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO (Sáenz Cosculluela): Señor Presidente, señoría, me causa extrañeza que, habiendo leído esa noticia, no haya tenido conocimiento del comunicado que, como respuesta leo, que fue divulgado por el Ministerio de Obras Púíblicas y Urbanismo: En relación con las informaciones publicadas recientemente en diversos medios de comunicación británicos, relativas a una hipotética nacionalización o expropiación de las residencias veraniegas propiedad de ciudadanos británicos en el litoral español, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas, se hace público el siguiente comunicado:
  • Uno. El Ministerio de Obras Públicas y urbanismo desmiente rotundamente que la Ley de Costas implique la nacionalización o expropiación de propiedad alguna de ciudadanos españoles o extranjeros. Sólo aquellas edificaciones que carezcan de todo soporte legal se verán afectadas por los oportunos expedientes sancionadores, según el procedimiento legalmente establecido y con todas las garantías procesales para los interesados. La Ley de Costas arbitra mecanismos para la legalización de construcciones realizadas en la zona de dominio público marítimo-terrestre, así como salvaguarda las edificaciones construidas de acuerdo con la legislación anterior. 

      . Dos. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo -sigue diciendo el comunicado- afirma que una lectura objetiva y rigurosa de la Ley de Costas no puede llevar a declaraciones como las que se han hecho públicamente, por lo que no puede dejar de constatar y lamentar profundamente que se estén produciendo por parte de algunas personas con determinada representatividad -obviamente el comunicado es anterior a la pregunta y no es S. S. el aludido- campañas que tienden intencionadamente a generar una confusión en la opinión pública.

25 años después, se confirma todo cuanto anunció el "Sunday Times". Los ciudadanos europeos han visto confiscadas sus propiedades.