Otro Ayuntamiento en defensa de sus nucleos costeros

El Ayuntamiento protegerá a Jover, El Guincho y La Caleta


JUAN JESÚS GUTIÉRREZ | LA LAGUNA
El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó por unanimidad una moción institucional a favor de la Ley 7/2009 de 6 de mayo, sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, y así proteger a los núcleos costeros de Jover, El Guincho y La Caleta, que están comprendidos dentro de la servidumbre de protección de la Ley de Costas nacional, además de dotarlas de los servicios urbanísticos básicos, especialmente de evacuación de aguas residuales que impida su vertido al mar.

Además se elaborará un censo de viviendas ubicadas en el dominio marítimo terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y protección, establecido por la disposición adicional decimoquinta del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias. Será una relación de edificaciones que tengan un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco, con valoración de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social.

En esta Ley 7/2009, de 6 de mayo, no cabe la legitimación del uso residencial existente. La razón de que la línea de servidumbre se disponga a 100 metros y no a 20 como ocurre en el caso de La Barranquera, responde a que en el PGO vigente a la entrada en vigor de la Ley de Costas, los núcleos de Jover, El Guincho y La Caleta no estaban clasificados como suelo urbano.

El Ayuntamiento deberá ordenar como residencial la parte de dichos núcleos que queda fuera de la línea de 20 metros, que es la que correspondería si los mismos fueran declarados por el Ejecutivo canario como asentamientos residenciales preexistentes a la Ley de Costas, si bien la suspensión de la normativa canaria por el Tribunal Constitucional, a instancias del PSOE impide, de momento, poder otorgar seguridad jurídica y certidumbre sobre los derechos patrimoniales a los enclaves urbanos y costeros.

La concejal de Urbanismo, Aymara Calero, señaló que “consideramos de vital importancia la ordenación residencial de la parte de los núcleos costeros que quedan al exterior de la línea de 20 metros. De esta manera, como proponemos en el nuevo PGO, podremos dar servicios a estos enclaves y mejorar sus condiciones de urbanización para que alcancen el carácter de suelo urbano consolidado”.

“http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/11934/
De la misma manera, colaboraremos con el Gobierno de Canarias para elaborar el registro de las edificaciones ubicadas en el dominio marítimo terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y protección. En el mismo incluiremos el compromiso de instalación de los servicios urbanísticos básicos, especialmente, el sistema de evacuación de aguas residuales que impida su vertido incontrolado al mar y así garantizar el equilibrio ambiental”, finalizó

Derribo del Edificio la Tortuga. Melenara. Gran Canaria.

Gran Canaria
19/05/2010 Actualizada el 19/05 a las 17:26
Comienza el derribo de La Tortuga ante la expectación y la indignación vecinal


G.F.
Las Palmas de Gran Canaria
El derribo del polémico edificio de La Tortuga, en la playa teldense de Melenara, en Gran Canaria, comenzó a pasadas las 14.30 horas de hoy ante la expectación y la indignación de las decenas de vecinos que se agolpan para presenciar la caída de un inmueble que data de 1965.
Una enorme excavadora proseguía los trabajos durante la tarde ante una abarrotada playa.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=169341

Arbitrariedad. Una curiosa y peculiar "vara de medir" de Costas

Costas legaliza 32 edificios en Añaza y condena a 75 fincas de Igueste
El Ministerio elevó ayer a definitiva la propuesta de delimitación del suelo público en más de 8 kilómetros
NOÉ RAMÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE La Dirección General de Costas dio ayer un nuevo paso a la hora de fijar el deslinde de todo el municipio de Santa Cruz al marcar de forma definitiva la delimitación en Añaza y en Igueste de San Andrés. En la primera zona, Costas aceptó salvar a 32 edificaciones al variar su propuesta inicial de mantenerlas dentro de la zona de protección. Sin embargo, en Anaga, en el otro extremo del municipio, ocurre lo contrario y se verán afectadas 75 fincas, entre las que hay una decena de viviendas que quedan fuera de ordenación y corren el riesgo de ser derribadas en el futuro.

En Añaza, el organismo estatal del Ministerio de Medio Ambiente fijó el deslinde de más de tres kilómetros entre el Barranco del Humilladero y el Barranco del Muerto. Costas mantiene una zona de protección de cien metros en todo el trazado, pero acepta dejar fuera de la misma a los núcleos urbanos de Añaza. En este punto se encontraban inicialmente afectadas hasta 32 propiedades, algunas incluso del Ayuntamiento. Hay hasta cuatro grupos de viviendas sociales que pertenecen al organismo público Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SA (Visocan).

Esta decisión originó críticas por parte de los colectivos vecinales que fueron finalmente aceptadas por la Dirección General. No obstante, estarán incluidas en la zona de protección varias infraviviendas y algunas zonas deportivas, que podrían desaparecer. Costas acepta que el subpolígono de Añaza se creó en 1987, justo un año antes de la aplicación de la Ley de Costas y por lo tanto no está afectado por esta ley.

Igueste
Peor parado sale el núcleo costero de Igueste, donde la zona de protección se mantiene también en 100 metros e incluso aumenta ligeramente sobre la propuesta inicial. En este caso se verán afectadas 75 propiedades situadas en primera línea de playa, de las cuales una decena son viviendas.

Decepción
Así se deduce de la delimitación definitiva de deslinde publicada también ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que afecta a los cinco kilómetros que hay entre la playa de El Burro y la de Antequera. La decepción era ayer perceptible en el abogado de este grupo de vecinos, José Luis Langa, quien mostraba su estupor por el paso dado por el Gobierno central.

"Me parece increíble que cuando aún hay abierto un frente judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre este asunto, el Ministerio se haya pronunciado ya de forma definitiva", se quejó al referirse al recurso presentado por Costas contra la decisión de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de declarar urbano el núcleo de Igueste y por lo tanto permitir que la zona de protección se fije en 20 metros. Esta resolución judicial ha favorecido a los vecinos de Almáciga, Tachero y Roque de Las Bodegas.
Langa calcula en casi 300 las personas que de una forma u otra está afectadas por este nuevo deslinde. El abogado, al conocer ayer la decisión de Costas, anunció que se va a reunir con los vecinos para informarles de la situación, aunque ya adelantó que seguramente acuerden recurrir ante la Audiencia Nacional esta decisión.
Para Langa es imprescindible un apoyo político sin fisuras para que el Gobierno central comprenda las especificidades del litoral canario. Entre las peculiaridades del nuevo deslinde de Igueste está, por ejemplo, que el faro también entra dentro del dominio público. Sobre el régimen en el que ahora permanecerán estas viviendas y fincas, desde el organismo estatal se recuerda que en realidad se encuentran en terrenos del Gobierno de Canarias.

Legalmente las construcciones y solares quedan fuera de ordenación y por lo tanto su valor catastral será prácticamente mínimo. En las parcelas no se podrá edificar y en las casas ya existentes, que según este abogado tienen en algunos de los casos varios siglos de antigüedad, las obras a realizar serán muy limitadas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo tinerfeño y el Ejecutivo autónomo ya han mostrado su apoyo a los vecinos de Igueste en sus reivindicaciones. Por su parte, el abogado del Estado en su informe inicial consideró que la urbanización de este caserío había sido "casual" y no contaba con los servicios precisos para ser considerada zona urbana.

En el caso de Añaza, las protestas iniciales, planteadas incluso por el alcalde, Miguel Zerolo y la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, en una reunión que tuvo lugar en Madrid hace dos años, dieron sus frutos y se consiguió el compromiso de modificar los presupuestos iniciales de este tramo de la costa.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/05/21/costas-legaliza-32-edificios-anaza-condena-75-fincas-igueste/286786.html

Los vecinos tachan de aberrante la actuación de Costas

Vecinos y comerciantes tachan de "aberrante" tirar el hotel Médano
El Ayuntamiento ha firmado una moción para mostrar su rechazo al derribo del inmueble, cuya concesión de ocupación pública otorgada en 1960 ha vencidoNICOLÁS DORTA
GRANADILLA

Los vecinos y comerciantes de El Médano rechazan que se derribe "su hotel", tras hacerse pública la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de tirar, en principio, la parte del inmueble que invade el dominio público. Al respecto, la asociación de vecinos Bocinegro considera una "aberración" la medida del Ejecutivo central porque "todos estamos en contra, no sólo los de El Médano sino los de todo el municipio". Así explicó el presidente de este colectivo, Juan Manuel García Pérez, quien se muestra "sorprendido" e "indignado" porque "el hotel Médano supone parte de la historia, de nuestros vecinos" y un "emblema" que "no debe perderse". Según Bocinegro, "muchas familias han vivido de este hotel durante años y es injusto que ahora se quiera acabar con él".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de El Médano, Jorge González, considera que el Gobierno de España "podría estar haciendo otras cosas más importantes en vez de estar destruyendo algo tan emblemático". Asegura que ha mostrado su apoyo a la propiedad del hotel y que no sabe lo que se quiere conseguir "con esta maniobra política que perjudicaría a todos" . "Este país no puede seguir así", indicó González.

Asimismo, el Ayuntamiento de Granadilla aprobó ayer en comisión informativa una moción a petición de la alcaldesa, Carmen Nieves Gaspar Rivero, de apoyo al edificio. El respaldo ha sido unánime y se llevará a su aprobación en el próximo pleno. En la moción han hecho aportaciones todos los partidos políticos y se expresa una oposición "clara", "rotunda" y "tajante" por parte de la corporación municipal. El escrito dice que existen razones más que suficientes para preservar tanto el hotel Médano como las edificaciones adyacentes "a pesar del empecinamiento del Ministerio de Medio Ambiente en demolerlas", dicen, para "proteger nuestro entorno".

Explican que tanto este inmueble como las viviendas y negocios cercanos suponen parte del valor añadido de este entorno turístico. Para la ciudadanía, según la corporación local, "no supone una usurpación a lo público", sino "un complemento ideal a lo que en la actualidad supone un destino turístico alternativo al resto de grandes zonas turísticas del sur". La actividad económica que genera "una de las pocas infraestructuras hoteleras con las que cuenta el municipio" da trabajo a más de cuarenta familias, añaden. Se insiste en que es una instalación que simboliza el desarrollo del Sur de la Tenerife en los últimos treinta ó cuarenta años, ya que se trata de dos edificios superpuestos. Primero fue empaquetado de tomates, cuando la agricultura tenía un papel relevante, y luego se convirtió en hotel, según fue perdiendo importancia el sector agrícola.

Otro de los acuerdos adoptados ayer es iniciar una campaña de información a la ciudadanía sobre la situación y realizar una recogida de firmas. También se retomará la solicitud de Bien de Interés Cultural propuesta al Cabildo de Tenerife, y la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda intervenir en cualquier procedimiento administrativo o jurídico para garantizar el mantenimiento del hotel y las edificaciones colindantes.

El Hotel Del Médano, alega, "irregularidades" en la acción de Costas

El Hotel Médano (Tenerife) alega que la orden de derribo tiene "gravísimos defectos" y pronostica que será suspendida
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 May. (EUROPA PRESS) -


La Dirección del Hotel Médano, en Tenerife, considera que la Orden del Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino (MARM) que declara la caducidad de la concesión administrativa del terreno sobre el que está construido parte del mismo, adolece de "gravísimos defectos de forma y fondo" y, por ello, cree que será suspendida.
En un comunicado, se apunta que "la Orden Ministerial que acuerda la caducidad de la concesión y el derribo de las instalaciones ha sido dictada en un expediente administrativo que adolece de "gravísimos defectos de forma y de fondo". En este sentido, recalca que se trata del tercer procedimiento que en el curso de los 15 últimos años la Administración ha iniciado con la misma finalidad, tras haberse anulado todos los anteriores expedientes".
Además, a juicio de la Dirección del Hotel Médano, "los gravísimos defectos de forma y fondo en que ha incurrido la Administración, darán lugar, sin duda alguna, a la estimación por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de la petición de suspensión de la ejecución de la citada Orden Ministerial y a la anulación de la Orden Ministerial de caducidad".
Por todo ello, la propiedad del Hotel Médano manifiesta que "se reserva las acciones legales que pudieran corresponder para exigir la responsabilidad, en cualquier orden judicial, a que hubiere lugar por la actuación de la Administración de Costas, tanto de la Demarcación de Tenerife como la del Ministerio

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-hotel-medano-tenerife-alega-orden-derribo-tiene-gravisimos-defectos-pronostica-sera-suspendida-20100520103306.html

El Ayuntamiento de Granadilla, defenderá el Hotel del Médano

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press La alcaldesa de Granadilla de Abona (Tenerife), Carmen Nieves Gaspar, ha advertido que el Ayuntamiento, tal y como se aprobó en sesión plenaria el 28 de febrero de 2008, apoyará "en todo momento" y "seguirá defendiendo" el mantenimiento de las instalaciones del Hotel Médano por su valor histórico y simbólico para el municipio y por la actividad económica y el empleo que su actividad genera para la comarca.
Gaspar hizo estas declaraciones en una nota de prensa con motivo del reciente anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), acerca de la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial de 15 de junio de 1960 para ocupar terrenos ubicados en el dominio público marítimo terrestre para la construcción de terraza y solarium de el Hotel Médano.
La alcaldesa recordó que este establecimiento fue el primer hotel del Sur de la isla, convirtiéndose en "pieza fundamental" para el desarrollo de El Médano y un "referente turístico" para Tenerife; destacó, además, el valor estético y cultural turístico de los años 60 que posee y su integración en el paisaje y su clara vinculación con los valores ambientales de la playa.
"Todo ello ha sido respaldado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias y por la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo, y a día de hoy es uno de los pocos hoteles que se ubican en el municipio, y su eliminación supondría también un grave quebranto para la estructura de la playa y al microclima creado a su alrededor", advirtió.
Carmen Nieves Gaspar avanzó que desde la Administración municipal se va a hacer "todo" lo posible para proteger el Hotel, así como las viviendas y negocios colindantes existentes en primera línea de playa, que constituyen el origen del núcleo de El Médano. "Para avanzar en el presente y construir nuestro futuro, también hay que mirar al pasado, y esta situación de ubicación de este inmueble no surgió nunca desde la ilegalidad. Pedimos a Costas, por tanto, una reflexión, desde el consenso, la justicia y la equidad", recalcó.
"Si Costas quiere de verdad proteger el ámbito de sus competencias, que empiece por actuar con aquellas iniciativas más recientes y atentatorias que se están originando contra el dominio público, y que parece no preocuparles, sin que sepamos por qué razón" resaltó la alcaldesa, para añadir que "siempre se actúa contra quienes tienen menos posibilidades de defenderse, es el caso por ejemplo del lamentable caso de Cho Vito, donde familias enteras fueron desalojadas y despojadas de sus derechos, mientras se siguen permitiendo otros atentados a la costa".http://www.eldia.es/2010-05-19/sur/6-alcaldesa-Granadilla-advierte-seguira-defendiendo-Hotel-Medano-valor-historico.htm

Costas ordena tirar el Hotel Médano.

Granadilla de Abona
Medio Ambiente ordena que derriben El Hotel Médano
Medio Ambiente ha declarado la caducidad de la concesión otorgada en 1960 al hotel y ha ordenado a Costas que levante acta de reversión al Estad
EFE - SANTA CRUZ DE TENERIFE Según indica el Ministerio en un comunicado, la caducidad de la concesión se produce por sobrepasar en exceso la superficie y el volumen construido sobre el previsto en el título concesional del hotel, con lo que se incumple el citado título y la Ley de Costas, que limita dicho exceso al 10 por ciento.

Añade que el 15 de junio de 1060 se autorizó la concesión para ocupar terrenos ubicados en el dominio público marítimo terrestre con destino a la construcción de una terraza y solarium sobre pilares en El Médano.

Inicialmente se autorizó una terraza cerrada, dedicada a salón de estar y dos terrazas abiertas por encima de ésta última y en su lugar se han construido una terraza dedicada a salón de estar y, por encima de ella, dos terrazas cerradas de la misma superficie y una terraza más por encima de ellas abierta, añade.

Además, la tercera terraza está cerrada y dedicada a residencia-habitación, lo que implica una alteración de la finalidad del título concesional, es decir alberga habitaciones, cuando la memoria del proyecto indica que las dependencias no tendrán carácter de habitabilidad de ninguna clase.

El expediente de caducidad ha sido sometido al dictamen del Consejo de Obras Públicas y del Consejo de Estado y se pone de manifiesto que se ha producido una alteración de las características de la concesión que resulta merecedora de la categoría de incumplimiento "grave".

Según el Ministerio, se aprecia "con nitidez" la concurrencia de una situación contraria al título de la concesión unida a un notorio exceso en la ocupación de altura y volumen, agravada por la concurrencia de múltiples causas de declaración de caducidad que se añaden a la anterior, de por si sola suficientemente hábil como para legitimar la actuación de la Administración.

UGT, insta al Gobierno a "revisar"la aplicación de la Ley de Costas

UGT insta al Gobierno a "revisar" la Ley de Costas para evitar pérdida de empleo
La Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego (FCHTJ) de la UGT-PV solicitó este lunes a la Delegación del Gobierno en la Comunitat que inste al Ejecutivo central a "revisar" aquellos aspectos de la Ley de Costas que puedan ocasionar "la pérdida de puestos de trabajo de la hostelería tradicional en las costas valencianas".La organización sindical entiende que la aplicación de la Ley de Costas en los términos que se pretende aplicar, "supondría en la práctica la eliminación de centenares de puestos de trabajo de manera directa, asimismo habría que añadir la gran cantidad de puestos de trabajo de temporada que dejarían de generarse durante los periodos estivales, festivos y de mayor afluencia turística".

En este sentido, insistió en "revisar" determinados aspectos de la norma pues, "además de finiquitar multitud de puestos de trabajo, supondría en la práctica acabar con una parte muy importante de la industria hostelera, el turismo gastronómico, y el cultural", ya que "los llamados chiringuitos de playa son locales de gran aceptación por parte del turista y consumidor, y una costumbre muy arraigada en nuestras tierras y en toda la geografía mediterránea".

De la misma manera, UGT-PV consideró que para no acabar con esta costumbre "ha iniciado una serie de asambleas en todos los centros de trabajo afectados por la Ley en la provincia de Valencia, informándoles de las propuestas que en esta materia pretendemos trasladar a la Delegación del Gobierno Territorial el próximo día 30 de marzo, día en el que hemos convocado a los trabajadores afectados a una concentración frente a la misma sede de la Delegación".

UGT-PV se comprometió a defender los puestos de trabajo de aquellos trabajadores afectados por la Ley, así como las costumbres y cultura gastronómica que pudieran verse afectadas por la incomprensible aplicación de una Ley que no tiene en cuenta todas estas cuestiones. "Y más incomprensible se hace su aplicación teniendo en cuenta la actual coyuntura económica y social por la que atraviesa el país en estos momentos de incertidumbre", indicó el sindicato.

El Secretario General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha reiterado hoy, en el Senado, la inexistencia de un problema generalizado en el litoral español en relación con los establecimientos expendedores de comidas y bebidas en las playas.

Asimismo, el Secretario General del Mar ha señalado que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino está tramitando y otorgando para estas instalaciones las oportunas concesiones y/ o autorizaciones, dialogando con los empresarios afectados y las Administraciones implicadas, de acuerdo con la legislación vigente.
También ha recalcado que el MARM estudia con rigor las circunstancias concretas de cada tramo de costa que pudieran justificar la posible aplicación de la excepcionalidad a las reglas generales establecidas.

En este sentido, Juan Carlos Martín Fragueiro ha subrayado que tan sólo un porcentaje muy limitado de las más de 1.800 instalaciones expendedoras, entre fijas y desmontables, presentan problemas de cierta relevancia.

El Secretario General del Mar ha explicado que estos establecimientos, al ocupar dominio público marítimo-terreste, están regulados en la legislación de costas que contempla el título de ocupación que requieren, su ubicación, distancias y dimensiones máximas, diferenciando según sean fijas o desmontables.

Así, las instalaciones fijas, salvo casos excepcionales debidamente justificados, tendrán una ocupación máxima de 150 metros cuadrados, de los cuales 100, como máximo, serán cerrados y se situarán con una separación mínima de 200 metros de otros establecimientos similares, tanto si éstos se encuentran en dominio público marítimo-terrestre como en zona de servidumbre de protección.

Por su parte, las instalaciones desmontables tendrán una ocupación máxima de 20 metros cuadrados y se colocarán con una separación mínima de 100 metros de cualquier otro establecimiento fijo o desmontable.

El Secretario General del Mar ha indicado que en la Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentra en proceso de negociación buena parte de las instalaciones en régimen de concesión, habiéndose aprobado casi todos los planes de servicios de temporada de los Ayuntamientos. La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un total de 642 instalaciones.

La Comunidad Autónoma de Valencia cuenta con un total de 394 instalaciones. De ellas, 8 presentan problemas reseñables y 26 de orden menor. Por tanto, se trata de casos concretos, minoritarios y muy localizados, ya que la gran mayoría de establecimientos mantienen sus permisos vigentes.

El Secretario General del Mar ha puesto como ejemplos de casos puntuales los de las Playas de Pinedo y El Saler, en relación con los cuales se ha informado a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia. En el caso de los establecimientos situados en la Playa de la Mavarrosa se ha negociado con los interesados que han aceptado las condiciones de la prórroga de las concesiones.

Por último, Juan Carlos Martín Fragueiro ha insistido en que el MARM considera perfectamente compatibles la sostenibilidad de los espacios para los ciudadanos y las actividades económicas legales y regulares. Asimismo, ha puesto el acento en que la legislación de costas se aplica de forma homogénea en todo el litoral español.


18 de mayo de 2010
http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=34140_AH180510

Noticias.

En su comparecencia ante el Senado
EL SECRETARIO GENERAL DEL MAR SUBRAYA LA APUESTA DEL MARM POR UN MODELO DE GESTIÓN CONCERTADA EN EL LITORAL ESPAÑOL
Juan Carlos Martín Fragueiro destaca que el 92% de la costa española está deslindada y la previsión del MARM es la de completar el deslinde total del litoral al final de esta legislatura.

También recalca el progreso experimentado en el Programa de Reconocimiento de Derechos en relación a las propiedades afectadas por los deslindes.El Secretario General del Mar ha subrayado hoy, en el Senado, la apuesta del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino por un modelo de gestión concertada en el litoral español.

En este sentido, Juan Carlos Martín Fragueiro ha señalado que para lograr un desarrollo sostenible es esencial adoptar una perspectiva integral, disponer de un adecuado ordenamiento jurídico y hace uso de los instrumentos de planificación previstos.
En este marco, el Secretario General del Mar ha hecho hincapié en que el Dominio Público Marítimo-Terrestre es un amplio patrimonio natural de titularidad estatal sobre el que confluyen competencias de las diferentes administraciones y múltiples intereses.
Así, dada la complejidad de su ordenación y gestión, el MARM considera prioritaria la conciliación, la coordinación y la armonización en el ejercicio de estas competencias. Para articular este entramado competencial, el MARM ha puesto en marcha los convenios de gestión integral de litoral, como los celebrados con las Comunidades Autónomas de Asturias, Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Galicia y Comunidad Valenciana.
Según el Secretario General del Mar, la ventaja de este modelo de gestión reside en la constitución de foros de encuentro y discusión, tanto a nivel técnico como político, que se han revelado como mecanismos muy eficaces para la toma conjunta de decisiones y la resolución pacífica de los problemas.
Por esta razón, Juan Carlos Martín Fragueiro ha reiterado la voluntad del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de extender estos convenios al resto de las Comunidades Autónomas con litoral.
Asimismo, el Secretario General del Mar ha puesto de manifiesto los progresos alcanzados en el Programa de Gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre, que tiene por objetivo garantizar que los usos y aprovechamientos de este espacio, así como la utilización de los terrenos colindantes con éste, sean conformes con la Ley de Costas.

En este ámbito, Juan Carlos Martín Fragueiro ha recordado el fuerte impulso que experimentó el Plan de Deslindes a partir de 1997 y que alcanzó más de 800 km en 1999.

En el periodo 2000-2007, se han deslindado entre 500 y 600 km anuales, con la salvedad de los años 2003 y 2004. Durante 2008, se deslindaron 563 km y 768 km en 2009.

El Secretario General del Mar ha señalado que de los 10.160 km de costa, aproximadamente se encuentran deslindados 9.074, es decir, un 92%. La previsión para el final de la legislatura es completar el deslinde total del litoral español.

En este contexto, Juan Carlos Martín Fragueiro ha destacado que el Plan de Deslindes impulsado por el actual Gobierno desde la pasada legislatura implica un compromiso de mejora en la calidad de los expedientes de deslindes, con objeto de perseguir la máxima seguridad jurídica de las situaciones creadas por el deslinde y el estricto cumplimiento de las disposiciones legales.

Según el Secretario General del Mar, ello explica que las resoluciones judiciales, en los últimos años, confirmen la legalidad de los deslindes efectuados por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Así, la Audiencia Nacional ha respaldado la actuación del MARM en un 96% de los recursos presentados.

Por otra parte, Juan Carlos Martín Fragueiro ha puesto de manifiesto los progresos realizados en el Programa de Reconocimiento de Derechos, cuya finalidad es determinar la situación en la que quedan las propiedades afectadas por los deslindes, de conformidad con lo establecido en el Régimen Transitorio de la Ley de Costas. Durante el año 2009, el MARM ha tramitado 216 expedientes relacionados con esta disposición.
Por último, el Secretario General del Mar hizo referencia al hecho de está prevista una modificación puntual de la Ley de Costas, que, para conseguir una mayor agilidad, se ha incorporado al Proyecto de Ley de Navegación Marítima que se encuentra en sede parlamentaria.
Esta modificación tiene por objeto permitir, previa autorización, la transmisión "intervivos" de la concesión otorgada al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas y simplificar el procedimiento para su otorgamiento. Al margen de esta modificación puntual, el Secretario General del Mar ha reiterado que el Gobierno no contempla otras modificaciones adicionales de la Ley de Costas.
18 de mayo de 2010
http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=34150_AH180510

Noticias

Cien viviendas bioclimáticas como alternativa a las casetas del litoral
Costas ha derribado casetas en el litoral de Fuencaliente mientras otras resisten. / DA

DA | SANTA CRUZ DE LA PALMA

El pleno del Ayuntamiento de Fuencaliente aprobó por unanimidad, a propuesta de Unión Progresista de Fuencaliente (UPF), la creación de un núcleo residencial en la zona de Puntalarga para la construcción de 100 viviendas bioclimáticas que, integradas en el entorno, permitan dar salida de manera definitiva a la problemática de los asentamientos en el litoral.
La propuesta complementó, por la vía de una enmienda, la presentada por Coalición Canaria al pleno con el fin de retrasar los derribos de las casetas que aún persisten en varios núcleos costeros del municipio. La iniciativa de UPF plantea que estas viviendas se sitúen en una parcela municipal de 40.000 metros cuadrados próxima a la playa de Puntalarga y fuera de la delimitación del dominio público marítimo-terrestre.
Estas parcelas se desarrollarían a través de una promoción pública de viviendas que se disfrutarían en régimen de propiedad privada, teniendo preferencia para el acceso a las mismas los vecinos que tienen o han tenido casetas en el litoral fuencalentero en los últimos ocho años. El pleno acordó iniciar los trámites para la modificación puntual del PGO en dicha parcela para facilitar su urbanización y dotarlo de servicios.

Noticias de Castellon.

17/05/2010
La Diputación defiende en Bruselas el litoral castellonense




La Diputación de Castellón y los alcaldes de Burriana y Nules se reúnen en Bruselas con la eurodiputada británica del Grupo Europa por la Democracia y la Libertad, Marta Andreasen, para defender a sus ciudadanos afectados por la ley de costas.
La delegación de Castellón, encabezada por el diputado de Medioambiente, Vicente Aparici, expuso ante Andreasen, los graves prejuicios que para el propio patrimonio histórico puede tener la aplicación de la ley de costas.
En concreto, solicitaron de manera clara y firme la anulación de la retroactividad de la ley y recibieron el apoyo de la Eurodiputada por luchar y mediar desde Bruselas ante el Gobierno de España, competente en esta materia, en la medida de lo posible para paralizar la aplicación de la ley tal y como desde Madrid se ha planteado.
La Eurodiputada mostró gran interés y solicitó expresamente contar con más información acerca de los casos que en nuestra provincia se verían afectados por la aplicación de esta ley, como por ejemplo, 200 viviendas históricas en Nules que serían destruidas si no hay un cambio en la aplicación de la ley.
La delegación comunicó además a Marta Andreasen las gestiones que, bajo la coordinación de la Diputación de Castellón, se están realizando para trasladar una petición oficial a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, denunciando la arbitrariedad en la aplicación de la ley y la aplicación retroactiva de la misma.
Además, se están realizando contactos con otros miembros del Parlamento Europeo, para sumar apoyos y conseguir la moratoria de la ley y, por tanto, la paralización de los derribos previstos en el litoral castellonense.

Noticias de Canarias.

El Gobierno de Canarias confía en que el Constitucional le dará la razón en conflicto por la ley de Costas
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, ha explicado que algunos hechos producidos "apuntan a concebir una sentencia favorable" después de que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) presentase un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la Ley de Costas de Canarias de 2009.
EUROPA PRESS. 16.05.2010
Berriel explicó recientemente durante la celebración del II Congreso Canario de Derecho Urbanístico que la intención del Gobierno de Canarias era "intentar conectar la legalidad con la humanidad". "Por eso se hizo una ley", aseguró para recordar el recurso del Estado.
Señaló que a partir de aquí se paralizó "cautelarmente" la ley aunque, según Berriel, se levantó la suspensión de las dos terceras partes de la norma. Ello "apunta a concebir una sentencia favorable a las tesis del Gobierno de Canarias", dijo.
El consejero recordó de igual forma que la Ley de Costas estatal data de 1988 y establece los deslindes marítimo terrestres que "disparan" consecuencias. "Es una Ley muy dura y compleja", admitió el nacionalista que también puntualizó que es constitucional. A pesar de ello, expuso que eso no quiere decir que no haya que humanizar la norma. "Hay que distinguir los casos", aclaró.
Las comunidades autónomas pueden incorporar normas adicionales de protección del litoral. En este intento el MARM consideró que la norma vulnera las competencias del Estado. "El Constitucional mantiene la suspensión del artículo más importante de la ley canaria, con la que el Ejecutivo autónomo pretende proteger núcleos costeros de valor etnográfico afectados por la Ley de Costas estatal", explicó la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Alicia Paz Antolín.

http://www.20minutos.es/noticia/708546/0/

El sobrino político de la Reina, "afectado" por la Ley de Costas

Canarias / Lanzarote /
27/12/2009 (22:00 h.)
EL SOBRINO POLÍTICO DE LA REINA, LIGADO CON DIMAS MARTÍN (PIL) Y JOSÉ FRANCISCO REYES (PNL)
Carlos Morales, en el ojo del huracán 'Unión'
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - ALEXIS GONZÁLEZ
El marido de Alexia de Grecia se construye una mansión en Puerto Calero sobre suelo no urbanizable e invade dominio público marítimo-terrestre.
La opinión pública sabía de la vida de Carlos Javier Morales Quintana sólo a través de las crónicas rosas de la prensa del corazón. Hasta que CANARIAS AHORA destapó el 25 de mayo la implicación del sobrino político de la Reina de España en la operación Unión, una extensísima investigación contra la corrupción en la isla de Lanzarote que acumula ya 32 imputados y 79 delitos.
Y el joven arquitecto Carlos Morales no escapa del huracán Unión. Es más, figura en una de sus tramas principales directamente en el ojo de la operación, ligado a quien la Guardia Civil denomina como "jefe" o "cerebro" de una asociación ilícita para delinquir, el ex presidente del Cabildo Dimas Martín Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), en el intento de amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife.
Pero el marido de la princesa Alexia de Grecia no sólo está imputado por participar bajo las directrices de Dimas Martín en la redacción a su antojo de la norma urbanística capitalina. También su nombre se relaciona en el sumario con otra figura política lanzaroteña, el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), recientemente puesto en libertad bajo fianza de 120.000 euros por la juez que instruye el caso de la concesión masiva de licencias ilegales en el municipio turístico. Y todo por construirse una mansión en Puerto Calero sobre suelo no urbanizable.
Consta en el sumario del caso Unión la participación del yerno de Constantino de Grecia en las reuniones preparatorias para redactar el futuro PGOU de Arrecife con otra persona que, aparentemente, nada tiene que ver con el Ayuntamiento de Arrecife: Dimas Martín. La Guardia Civil resalta significativamente este hecho. Tanto Carlos Morales como Dimas Martín "son ajenos al Consistorio".
Aún así, los investigadores confirman varias reuniones, a través de los dispositivos de vigilancia discreta, aparte de las innumerables grabaciones telefónicas a los imputados por el intento de amaño del Plan General. Carlos Morales, junto a los arquitectos José María Pérez Sánchez y Víctor Alberto Sánchez Martín, serían los encargados de redactar el PGOU que, sin embargo, firmaría otro arquitecto, Pedro Lorenzo Luna Santana, que cobraría sólo por figurar unos 60 millones de las antiguas pesetas.
Por ello Morales Quintana está imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, al igual que el resto de arquitectos y el concejal de Urbanismo José Míguel Rodríguez (PIL), mientras que a Dimas Martín y al concejal del Plan General Ubaldo Becerra (PIL) se les imputa también un delito de tráfico de influencias. Otros dos funcionarios en el ajo, Juan Rafael Arrocha Arrocha y la hija de Dimas María Elena Martín Martín están encartados por actividades prohibidas a funcionarios públicos.
Dos proyectos bajo investigación: Palacio de Congresos e Islote del Francés
La Guardia Civil resalta la relación de parentesco familiar entre Carlos Morales y Ubaldo Becerra, uno de los dos concejales confesos de haber cobrado comisiones ilegales en Arrecife. Tanto, que antes de acudir a una de las reuniones con Dimas, los investigadores detallan el interes de Ubaldo Becerra por pasarse antes por el despacho de Carlos Morales para ver un proyecto que "el alcalde le ha dicho que está muy bien, que era de los mejores".
La UCO apunta a dos posibilidades que sigue investigando: la construcción de un Centro Insular de Congresos justo al lado del Cabildo o unas obras en la zona conocida como "La Rocar", en el Islote del Francés.
Pero donde sí ha cerrado el círculo la investigación es en otros dos casos de tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios públicos en relación directa con su primo Ubaldo Becerra. Se trata de la concesión de una licencia ilegal a Promociones Conjunto La Vereda SL, mercantil de la que Morales Quintana es arquitecto y representante. Para poder otorgar la licencia, Morales debe acreditar tal condición, trámite que obvia Ubaldo Becerra y le concede el permiso sobre la marcha.
El otro caso apunta a la utilización del cargo de Becerra para beneficio económico de Carlos Morales, al ofrecerle el concejal al arquitecto hacer un proyecto de obras en una plaza de Arrecife, a cargo del Plan Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo, el famoso Plan Zapatero para todos los municipios de España.
Considera legal su casa porque alrededor hay construcciones
En cuanto a la relación de Carlos Morales con José Francisco Reyes, ex alcalde de Yaiza, le lleva directamente a estar imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio. El arquitecto se ha construido una vivienda de lujo en Puerto Calero, en la zona conocida como Barranco del Agua, y la investigación apunta a las claras que la licencia otorgada por Reyes es ilegal: se construye sobre suelo no urbanizable e invade 20 metros el dominio público marítimo-terrestre.
Esta subtrama de Unión ha motivado, al existir un delito conexo con José Francisco Reyes, que el juez de Instrucción 5, César Romero Pamparacuatro, abriera nuevas diligencias en una pieza separada, el pasado 26 de noviembre, previsiblemente para remitir el caso a la juez María Dolores García Benítez, de Instrucción 2, que investiga al ex alcalde de Yaiza por la masiva concesión de licencias ilegales.
De ahí que ante el juez del 5, el interrogatorio a Carlos Morales se centrara casi en exclusiva en el caso del apaño del Plan General de Arrecife. Sin embargo, ante la Guardia Civil Morales Quintana incurre en este caso en varias contradicciones a la hora de aclarar cómo consiguió la licencia de obras y llega a asegurar a los investigadores que él mismo consideraba que el suelo era urbano porque las parcelas de alrededor estaban construidas.
La Guardia Civil deja en evidencia a Carlos Morales en su declaración en sede policial, al mostrarle abundante documentación al respecto, incluidos informes negativos del Ayuntamiento de Yaiza a la concesión de licencia de obras. Morales admitió haber comprado el terreno, de unos 10.000 metros cuadrados, por 250.000 euros. Reconoció que el valor del mismo hubiese sido sensiblemente superior de haber tenido una catalogación de suelo urbano.
http://www.canariasahora.es/noticia/112863/

20 Años. Toda una vida luchando.

SANTOÑA
Los vecinos de 'Nueva Berria' recuperan sus viviendas tras 20 años de litigio
21.04.10 - 00:06 -
El Supremo anula dos autos de la Audiencia Nacional que instaban a ejecutar un segundo deslinde público
El calvario ya ha terminado. Han sido 20 años de lucha, de pleitos, de desgaste económico, físico y moral pero al final la justicia ha dado la razón a los 56 propietarios de las viviendas de la colonia 'Nueva Berria', en Santoña.
La última sentencia del Tribunal Supremo anula dos autos de la Audiencia Nacional, de enero y mayo de 2008, en los que se instaba a los propietarios a la ejecución de un segundo deslinde con los mismos límites que el primero y a la inscripción preventiva del dominio público de los apartamentos en el Registro de la Propiedad. El primer deslinde, realizado por Costas en 1989 y que supuso que el terreno sobre el que se edificaron estas viviendas pasara a ser público y la propiedad de los apartamentos a manos del Estado, fue anulado por la propia Audiencia Nacional en 1996.
La nueva decisión del Supremo refrenda así la última resolución del Tribunal Constitucional, fechada en noviembre de 2009, y que ya determinó que la propiedad de los títulos de los apartamentos pertenecían a las familias y no al Estado. Unas sentencias que han puesto punto final a esta lucha judicial, ya que no cabe la posibilidad de recurso alguno y que han sido recibidas con «muchísima alegría» por los 56 propietarios.
«La justicia es lenta pero al final llega», asegura Isidro Goñi, propietario y portavoz de estos vecinos. «Estábamos confiados en que iba a ser así, ya que tenemos una base sólida de que esto lo habíamos comprado legalmente». Y es que estos apartamentos adosados se edificaron en 1966 tras calificarse el suelo como urbano.
Nulidad de todos los actos
Atendiendo al recurso de casación presentado por los propietarios, el Supremo anula los dos autos y ordena a la Sala de Instancia de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional «que sustancie el incidente promovido por la representación procesal de los recurrentes a fin de decidir acerca de la pretensiones por ésta formuladas en el escrito presentado ante la Sala, en noviembre de 2007».
Un escrito en el que la comunidad de 'Nueva Berria' pedía que «se declaran nulos todos los actos dictados por la Administración demandada para la incoación de un nuevo deslinde contrario a los pronunciamientos firmes».
Ahora, los vecinos están esperando a que se pronuncie la Dirección General de Costas y anule el deslinde que está en vigor. «La abogada nos ha dicho que lo harán en unos tres meses», señala Goñi.
Hay que remontarse hasta 1990 para encontrar el origen de este interminable litigio.
En ese año, una orden ministerial incluía a la comunidad de propietarios de 'Nueva Berria' dentro de la linea de deslinde del dominio publico marítimo-terrestre. La comunidad perdió así, de la noche a la mañana, todos los derechos de propiedad sobre sus bienes. Lo demás ha sido un 'vía crucis' de pleito tras pleito.
En 1996 la Audiencia Nacional reconoció que 'Nueva Berria' no debía incluirse en la zona marítimo terrestre trazada en el deslinde de 1990 por lo que ordenó a Costas que procediera a un nuevo deslinde que excluiría estos bienes.
Pero el abogado del Estado recurrió esta decisión y el proceso se fue demorando. Hasta diez juicios se han llevado a cabo para determinar la propiedad de estas viviendas. «Unos contenciosos en los que los tribunales -cuenta Goñi- han fallado siempre a nuestro favor pero Costar recurría una y otra vez».
«Persecución maquiavélica»
El portavoz denuncia que Costas y algunos funcionarios han realizado una «persecución maquiavélica» y obsesiva contra 'Nueva Berria'. «Nos tenían en el punto de mira constantemente», dice.
Pero no sólo la insistente postura de Costa ha alargado este conflicto. Según Goñi, el hecho de ser los primeros en Cantabria y en España afectados por la nueva ley de Costas de 1988 también ha sido una complicación. «No teníamos ningún caso de referencia y hemos ido por las dos vías procesales posibles, por la civil y por lo contencioso administrativa, lo cual lo ha alargado aún más», cuenta. "Únicamente teníamos que haber ido por lo contencioso, pero, ante la posibilidad de perder, decidimos también ir por lo civil de manera que si el estado se quedaba con la propiedad de los terrenos al menos recibíamos una indemnización».
Una vez concluida esta pelea judicial, Goñi se pregunta si la Administración les va a resarcir de los agravios que han padecido durante este tiempo. Sabe que no y crítica que la Administración es «inmune e impune y que no le va ocurrir nada por haberles vulnerado principios como la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la irretroactividad de los actos declarativos de derechos».
Ellos ya han cerrado este amargo episodio de sus vidas, pero Goñi tiene presente que aparecen nuevos conflictos similares al suyo. "Para estos y para casos como los de Cerrias y Argoños podemos ser una referencia de que a la Administración se le puede ganar», remacha. «A toda esta gente les diría que luchen. Es una lucha larga y costosa, van a tener muchos sinsabores y sufrimientos, pero, al final, como nosotros, se puede ganar a la todopoderosa Administración».

http://www.eldiariomontanes.es/v/20100421/region/santona/vecinos-nueva-berria-recuperan-20100421.html

Intervención del Eurodiputado Gabriel Matos.Parlamento Europeo

Costas. Deslindes marítimos.

El deslinde marítimo- terrestre llega al 97% del litoral
Alicia Paz defiende la necesidad de preservar la costa, amenazada por el cambio climático, en el II Congreso Canario de Derecho Urbanístico.
14/may/10 07:52

EL DÍA, S/C de Tenerife
La directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Alicia Paz Antolín, comentó ayer, en el marco del II Congreso Canario de Derecho Urbanístico (que se celebra en la capital tinerfeña, en el recinto TEA Tenerife Espacio de las Artes), que en los litorales de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife ya está hecho el deslinde marítimo-terrestre en el 95,53% y el 98,80% del perímetro de las respectivas costas, lo que supone una media del 97% para todo el litoral canario.
Este valor relativo es superior a la media española, que se sitúa en el 92%. La representante del Ministerio añadió que en dos años está previsto concluir este trámite, que permite la regulación y salvaguardia de la costa española.
El deslinde del dominio público marítimo-terrestre es un procedimiento administrativo que define el espacio público en el litoral respecto a la propiedad privada, instrumento que está recogido en la Ley de Costas de 1988. El objetivo de la determinación de este deslinde radica en garantizar su uso público, regular la utilización racional de los bienes y conseguir un buen nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar.
Este procedimiento tiene importantes repercusiones legales, económicas, políticas, sociales y medioambientales. Alicia Paz puntualizó que el trámite de aprobación del deslinde es un acto recurrible judicialmente.
Paz defendió la necesidad de preservar la costa, amenazada por el cambio climático (como la subida del nivel del mar) y por el hecho de estar sometido este espacio a una gran presión económica, social y cultural, pese a su alta vulnerabilidad.
"Hay 70 millones de europeos que residen en municipios costeros", aseguró.



Lapeando.
La amenaza del cambio climático es tambien artitraria. Mientras casi 70 millones de europeos estan en peligro, en Candelaria, en la calle de la Arena, en la hornilla, o en Radazul y Tabaiba, esa amenaza no existe, o sus habitantes no son europeos...

Alicia de Paz Antolín, se contradice.

Costas no hará un replanteo del deslinde de Bajo La Cuesta si no lo pide la Justicia

Alicia Paz niega la existencia de unos informes firmados de su puño y letra sobre la ilegalidad de La Albufereta

La directora general de Costas, Alicia Paz, pisó hoy terreno hostil sin esperárselo. Aunque la aplicación de la Ley de Costas ha causado más de un drama en el Archipiélago, Paz se sentó en el II Congreso Canario de Derecho Urbanístico casi como si estuviera en Madrid, donde el litoral queda a cientos de kilómetros de distancia. A pesar de que el título de su ponencia no dejaba lugar a la duda, "Las tensiones en la ocupación y recuperación del litoral", la dirigente del ente estatal ignoró en su discurso la problemática que causa la aplicación de la normativa en las Islas. Ni Cho-Vito ni Bajo La Cuesta. Nada de nada. Simplemente, un sucinto repaso al contenido de la ley y listo.

D.C. / Santa Cruz de Tenerife

Alicia Paz junto a Miguel Ángel Pulido.


No contaba Paz, sin embargo, con la presencia de la prensa local, que puso a la dirigente contra las cuerdas. Tras la insistencia de eldigitaldecanarias.com y 'Diario de Avisos', a la directora general de Costas no le quedó más remedio que meter el pie en el charco. Y de qué manera.

Por un lado, se negó por completo a la posibilidad de realizar un replanteo del deslinde que afecta al poblado de Bajo La Cuesta, en el municipio de Candelaria. Lo hizo a pesar de que tanto técnicos externos como expertos del Ayuntamiento sureño y del Cabildo tinerfeño han reconocido la existencia de un error en la revisión del deslinde de 1969, realizada en 2006, que perjudica a las más de 50 familias afectadas al ubicar sus viviendas dentro del dominio público. Un extremo que ha llevado al abogado de los vecinos, José Ortega, a presentar una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que se exija a Costas la realización del replanteo de la línea demanial.

Una argumentación que no rompió el hermetismo de Paz, que sólo cedió para reconocer que si la Justicia "lo dice, se hará". Para avalar su defensa, la representante del Estado se basó en una sentencia anterior de la Audiencia Nacional que ya desestimó la posibilidad del replanteo.


'PATINAZO' SOBRE LA ALBUFERETA

Peor parada salió Paz a la hora de abordar una pregunta que cuestionaba si existe una doble vara de medir a la hora de aplicar la ley, ya que en núcleos como La Albufereta (Alicante), donde Costas ha reconocido que existe ocupación del dominio público, se va a desafectar la zona para evitar el derribo de las torres edificadas de forma ilegal en zona demanial. Según Paz, "no existe una doble vara de medir" y, lo que es aún más sorprendente, "no hay escritos que digan que se ha construido en dominio público". Cuando el periodista incidió en la existencia de los documentos, sin embargo, la dirigente socialista reculó un poco y afirmó que "si los hay, no tengo constancia".

Una vez más, la directora general de Costas ignoró la preocupación que ha levantado la aplicación de la normativa en Tenerife. Porque los documentos existen y, a pesar de la distancia, han llegado a la prensa isleña.

Con fecha 20 de abril de 2009 salía del Ministerio de Medio Ambiente un escrito que analizaba el deslinde de los bienes de dominio público-terrestre en un tramo de la costa levantina: La Albufereta. En una de sus partes, el documento asevera que los bloques 18 y 19 del edificio Rocafel "están invadiendo casi en su totalidad el dominio público", mientras que el bloque 17 lo hace "en parte".

Pero no es un ejemplo aislado. El mismo documento confirma que el edificio Helios "invade en parte el dominio público", al igual que los inmuebles de Torrealacant y Alacant 2.

Un informe revelador que emana de la Dirección General de Costas y del que tienen conocimiento los vecinos de Bajo La Cuesta. Un documento que, por si quedan dudas, está firmado por una sola persona: Alicia Paz Antolín.

Costas, se suma al Gobierno Central, en su lucha por acabar con el sector platanero

Domingo, 9 de Mayo de 2010
Costas expropia plataneras y viviendas a precios ínfimos para hacer un paseo
eldia
Tazacorte / Puerto de Naos
El paseo previsto por Costas entre Playa Nueva y Puerto de Naos, en un tramo de 2,2 kilómetros, afecta a unas cuarenta parcelas, en una de las mejores zonas de Canarias de producción platanera, además de casas que se hicieron de forma legal. Los afectados recibirán menos de la mitad de lo que valen sus propiedades
El paseo previsto por Costas entre Playa Nueva y Puerto de Naos, en un tramo de 2,2 kilómetros, afecta a unas cuarenta parcelas, en una de las mejores zonas de Canarias de producción platanera, además de casas que se hicieron de forma legal. Los afectados recibirán menos de la mitad de lo que valen sus propiedades

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros, la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar hizo públicos recientemente los datos de las personas y entidades afectadas con el inicio de la expropiación forzosa de terrenos e inmuebles, sometiendo al período de información pública el expediente de referencia durante un plazo de quince días.
Los afectados se quejan de que las expropiaciones se llevarán a efecto “con valoraciones inferiores” a lo que atribuye el mercado. Son “precios ridículos”. En este caso, el Estado paga unos 13 euros el metro cuadrado al aire libre y 30 euros con invernaderos, siempre en producción de plataneras, mientras que los propietarios del suelo hablan de unos 45 euros el metro sin cubrir y más de 60 bajo plástico. Hay que tener en cuenta que Las Hoyas, una de las áreas que se verá alterada de forma importante con el trazado del paseo, es altamente productiva desde el punto de vista agrícola.
Uno de los afectados, Oscar Perera, manifestó a EL DÍA que “me mandaron un aviso un par de veces, sin precios ni nada. El trazado me afecta a una parcela, una casa y varios apartamentos. Hacen lo que les da la gana”, advirtiendo de que alguna de las construcciones afectadas “están hechas desde hace casi ochenta años, mientras que los apartamentos son nuevos pero totalmente legales; allí se ven los mojones visibles del dominio marítimo terrestre”, pero con la utilidad pública “hacen lo que quieren. No se nos informa, no sé bien qué van a hacer y de qué va el proyecto”.
De la misma forma se expresa Juan Cutillas, a quien el sendero le afecta “en dos partes. La terraza de una vivienda y varias fincas de plátanos. Les hicimos una propuesta para que las estudiaran. Les cedíamos gratuitamente el ancho del paseo a cambio de que no nos rompieran las fincas, se ahorraban hasta 500.000 euros, pero todavía no hemos tenido ninguna respuesta”.
Otros afectados también se muestran disconformes con los precios, entendiendo que se han utilizado “valoraciones muy raras”, como demuestra el hecho de que “para la expropiación en otras partes de plataneras menos intensivas, se han llegado a mejores acuerdos para sus propietarios. Está siendo una expropiación sin opciones que nos deja indefensos”, aunque estudian unirse para defender conjuntamente sus intereses.
Por su parte, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, implicado en las expropiaciones al verse afectada una parcela de propiedad municipal, se dirigió a Costas al objeto de que “el expediente de expropiaciones que afecta a muchos vecinos” pueda ser consultado en la entidad local, solicitud que aún no tiene respuesta.
El Consejo de Ministros ya dijo tras la aprobación de las expropiaciones, que la zona afectada por las obras en el litoral del Valle, con un presupuesto superior a los 7,6 millones de euros, está caracterizada “por la masificación del cultivo del plátano”, advirtiendo de que “debido a las explotaciones agrícolas, con cerramientos y grandes muros, apenas existen accesos libres al litoral y a las playas de la zona”.

Muchos afectados por esta Ley confiscatoria

Ley de Costas, 400.000 afectados injustamente
El gobierno socialista aprobó en 1.988 una nueva ley de Costas que sustituyó a la de 1.969 y que tenía el loable objetivo de preservar el litoral español de una construcción masiva a pié de playa, muchas de ellas construidas y vendidas ilegalmente o irregulares. Nada que objetar a la ley para combatir la ilegalidad y restaurar la legalidad, pero si y mucho, a su aplicación de forma retroactiva que ha convertido automáticamente en ilegales a las que eran legales por la ley anterior y por la caprichosa, parcial, discriminatoria y reiterada modificación de la delimitación de la Línea Marítimo Terrestre, que no ha servido para eliminar todas las construcciones ilegales, pero que ha afectado y perjudicado a 400.000 españoles y extranjeros y a múltiples empresas de distintas actividades al retranquear y modificar, sin criterio igual para todos, el deslinde que los deja fuera de ordenación cuando tenían autorización de Costas y a algunos incluso le vendió el terreno y posteriormente le hizo un deslinde desfavorable cuando estaban inscritos correcta y legalmente en el Registro de la Propiedad.
A los propietarios de viviendas se les ha hecho una verdadera confiscación de bienes que ha dañado intereses legítimos de propiedad, al no ser ni siquiera justamente indemnizados, ya que lo que valoran es solamente la edificación, es decir el vuelo, porque el suelo, como pasa a ser de titularidad pública, no lo tasan. A los titulares de empresas y propietarios de marismas y salinas, al quitarles la propiedad, les privan de un valor importante a efectos de servir de aval para obtención de créditos bancarios para inversiones, posibilidad que no se obtiene por una concesión de uso por un número determinado de años con la que tratan de compensarles. Otro efecto perverso es que esos terrenos de uso industrial son mantenidos en perfecto estado de conservación por su propia actividad y ahora se están deteriorando porque el nuevo titular que es el Estado no tiene medios para su mantenimiento. También se ha hecho un daño importante a la actividad socio-económica de la zona al haberse paralizado una serie de importantes proyectos de desarrollo de salinas y acuicultura en la provincia de Cádiz, una actividad esta última llamada a compensar los graves problemas que viene padeciendo el sector pesquero extractivo.
La mayoría de los afectados han recurrido judicialmente, a título particular, consiguiendo que se admitan todos a trámite pero también se pierden casi todos cuando la realidad es que se conculca el derecho a la propiedad que ampara la Constitución Española, la Europea y la Carta de Derechos Humanos. Ante la imposibilidad de hacer valer sus derechos en España los afectados, en su inmensa mayoría, se están agrupando para denunciar esta situación ante el Parlamento europeo y el Tribunal de Derechos Humanos confiando poder conseguir por esta vía lo que la justicia española les deniega.
Ya han conseguido que les oigan en Europa, como la eurodiputada Auken que reunió recientemente a más de 700 afectados en Alicante y autora de un informe votado favorablemente que considera inaceptable la actuación de la justicia española en la aplicación de esta ley y el español Carlos Iturgáiz, que es vicepresidente de la Comisión de Peticiones, donde se les dará próximamente trámite de audiencia para que puedan explicar su problema. También el gobierno español ha sido citado a explicar la ley de Costas que ha provocado las quejas masivas ante el Parlamento europeo.
Los problemas fundamentales que denuncian los afectados son el carácter retroactivo de la aplicación de la ley; la falta de un criterio general que dé a todos los deslindes el mismo tratamiento y evite que el trazado haga unos zigzag que coinciden con determinados intereses o caprichos técnicos y la falta de una indemnización justa a la propiedad confiscada. También los afectados han podido comprobar la desinformación que tienen en Europa sobre su problema porque confunden o mezclan temas de la ley de Costas y sus miles de afectados españoles y extranjeros con otro problema que afecta también a extranjeros que han comprado viviendas o propiedades en España y tienen problemas de legalidad urbanística ajenos a la ley de Costas.
Lo cierto es que España está siendo muy criticada por esta actuación y los afectados están consiguiendo, ante la falta de interlocución del gobierno que está cerrado a toda demanda de los ciudadanos, ser oídos por el Parlamento europeo y abrir el cauce para recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al mismo tiempo que el gobierno español tenga que comparecer en Bruselas para dar explicaciones por su cerrado proceder. Como hemos manifestado en otras ocasiones el Partido Popular no votó a favor de esta ley y tampoco la aplicó durante sus ocho años de gobierno y a día de hoy somos críticos con ella porque no ha servido para el fin que pretendía, ha convertido en ilegales a quienes no lo eran y ha causado un daño personal y económico a legítimos titulares de su propiedad que no han tenido ánimo de defraudar y está poniendo en entredicho a nuestro país ante las instituciones europeas. Creemos que el gobierno debe escuchar a los afectados y no remitirse exclusivamente a unas sentencias judiciales que pueden ser cuestionadas por lesionar el derecho a la propiedad que avala nuestra Constitución, el Tratado Europeo y la Carta de Derechos Humanos