Los ‘populares’ se reúnen con los afectados para hacerles llegar su apoyo ante el auto judicial que autoriza a continuar los derribos a partir de septiembre
GABRIELA GULESSERIAN
CANDELARIA
El Partido Popular (PP) quiere salvar las nueve viviendas que quedan aún en pie en el poblado de Cho Vito, en el municipio de Candelaria, afectado por la Ley de Costas que, a diferencia de las primeras demolidas en 2008, pertenecen a propietarios que la usan como primera residencia.
La Subdelegación del Gobierno envió ayer el auto dictado el 24 de junio, que especifica que la expropiación forzosa de las viviendas esta prevista para el 20 de septiembre y se hará "en horas diurnas y dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación de la presente resolución a la Administración". Esta resolución, que responde a un recurso presentado por los vecinos de Cho Vito que cuestionaban la legalidad de la actuación de entrada y demolición de sus viviendas, indica que las administraciones públicas pueden proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos.
El director general de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias, Sebastián Ledesma; los concejales del grupo Popular en el Ayuntamiento de Candelaria, José Fernando Gómez y Carina Dainotto; y el secretario ejecutivo de Política Internacional del PP de Tenerife, Juan Antonio Morell, se reunieron ayer con los afectados para prestarle su colaboración en la búsqueda de salidas que eviten nuevas demoliciones, tanto en este enclave como en otros puntos del litoral canario.
Según Ledesma, "por un lado existe el precedente de Punta Larga, donde una sentencia de la Audiencia Nacional obliga a cambiar el trazado del deslinde marítimo y, por otro, hay una Ley Canaria que protege a los núcleos costeros con valores etnográficos y culturales", entre los cuales el PP cree que se puede incluir a Cho Vito. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ya puntualizó esta semana que la citada sentencia sólo supone la revisión del deslinde en un tramo de unos 60 metros, desde el refugio pesquero hasta la playa de Punta Larga.
Ledesma afirmó no entender que "en otras localidades, como Los Cristianos, se ha logrado integrar las viviendas dentro del paseo marítimo mientras que en este caso no se intente conseguir lo mismo".
El director general declaró que el PP "escuchó las quejas de los vecinos y por eso busca una solución al problema que conlleva el desalojo y derribo de las casas de los habitantes del poblado marinero". Y añadió que " se está obligando a estas personas a marcharse de sus residencias sin antes haber aportado una alternativa para su realojo".
Consultado sobre este asunto, el alcalde, José Gumersindo García (PSOE), aseguró que "hay estudiar bien estas dos opciones ya que existe una sentencia judicial firme sobre Cho Vito y ante ello son necesarios argumentos jurídicos muy sólidos que permitan modificar decisiones que ya están tomadas por los tribunales. Fuera de allí, añadió, "cualquier cosa que se haga o diga es engañar a los vecinos".
Argumentos "flojos"
El alcalde calificó de "tiene más remedio que cumplir la sentencia". De este modo, García desmintió las acusaciflojos" los sustentos del PP y aseguró que ante esta realidad el Ayuntamiento "no ones vertidas por los populares acerca de que el PSC-PSOE "se ha plegado a todo lo argumentado por Costas para justificar los derribos".
Por el contrario, reiteró que su grupo de gobierno "ha apoyado siempre a los vecinos y quien diga lo contrario, miente". Como ejemplo, citó la ayuda económica que se destinará a los damnificados para ofrecerles una vivienda, según el nivel de ingresos familiares, tal y como ocurre con el resto de vecinos del municipo que necesitan un lugar para vivir.
No obstante, García no se quedó atrás con las críticas y también arremetió contra el PP: "Si hay quienes justifican facturas vergonzozas en algunos ayuntamientos, no me extraña que no respeten una sentencia judicial", apostilló, en alusión a los polémicos gastos del grupo municipal del PP en Santa Cruz durante el pasado mandato.
EL ESPIRITU DE CHO VITO ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS. CANARIAS. AEPLC Presidente. Carmen del Amo.626823246 perjudicadosporcostas@yahoo.es. Vicepresidente. Margarita Garcia.628907856.
Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
sábado, 7 de agosto de 2010
Los tribunales autorizan derribar las últimas casas de Cho Vito
Los vecinos recurrirán el auto judicial que permite a Costas tirar sus viviendas l Los afectados estudian la sentencia de Punta Larga para pedir la revisión del deslinde marítimo del poblado
SANTA CRUZ DE TENERIFE El derribo de las nueve casas que quedan en Cho Vito, en el municipio de Candelaria, ya cuenta con la aprobación de la Sala de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife. Este juzgado ha autorizado a la Demarcación de Costas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a entrar al poblado pesquero para ejecutar la demolición de las viviendas construidas en dominio público marítimo.
Se trata del último auto judicial dictado con fecha 24 de junio de 2010, que viene a confirmar la decisión de Costas de seguir adelante con la demolición del enclave pesquero, cuyos vecinos recibieron esta misma semana las cartas de notificación de desalojo.
Las cartas recibidas por los moradores del poblado marinero fijan como fecha límite para el mismo el día 20 de septiembre, especificando que "los bienes y enseres y demás objetos de su pertenencia que se encuentren en la construcción en el momento de la entrada en domicilio, serán considerados como bienes abandonados a todos los efectos", según rezan textualmente.
El auto dado a conocer ayer por la Delegación del Gobierno hace referencia a los precedentes de las resoluciones de 16 de marzo y 29 de junio de 2006 que fallaron positivamente sobre "la ejecución forzosa y subsidiaria de las resoluciones de recuperación posesoria" del dominio público invadido por las viviendas privadas, ordenando por ello "la demolición de las construcciones y la retirada de sus restos para devolver el terreno a su estado original".
En la última semana se han reactivado todas las alarmas que parecían acalladas después de los traumáticos derribos de hace dos años. Los vecinos han sido los primeros en activarse, y es que no han parado de moverse en estos dos años para evitar quedarse sin hogar. Por lo pronto, el portavoz de los habitantes de Cho Vito, Tomás González, ha mantenido algunas reuniones con los cuatro abogados que trabajan actualmente en el caso. "Vamos a recurrir ese auto", aseguró ayer González. Explicó que los abogados estudian toda la documentación. "Sobre todo están analizando la sentencia de Punta Larga para pedirle a la Audiencia Nacional que revise los deslindes de Cho Vito", indicó el representante vecinal. Con ello, esperan que esa anulación pueda salvar sus hogares e incluso "enmiende el error de los derribos ya ejecutados".
González define esta nueva situación de "incongruente". Resalta que "cuando hace dos años les preguntamos por qué derribaban unas casas y otras no, nos contestaron que sólo derribaban las de las personas que las tenían como segunda vivienda". Él alega que la situación de los nueve vecinos que quedan no ha cambiado en nada y por eso no se explica cómo es que ahora vuelven las notificaciones y las amenazas de demolición.
De esta forma, se reaviva la polémica de por qué hay que derribar Cho Vito cuando otras zonas o casas se encuentran en la misma situación "o peor" en el mismo municipio. La mayoría de los vecinos se refieren a la casa del alcalde. "Por qué no derriban la casa del alcalde que está aún más cerca del mar que las nuestras", denunciaba ayer María de los Ángeles Muñiz, quien asegura que no se esperaba estas nuevas notificaciones.
Entre autos, sentencias y notificaciones, los vecinos que ahí quedan perciben que vuelven a vivir "una auténtica pesadilla". Así lo define Elba González y se queja además de que no les dan opción ni a reclamar. "Hemos ido a Costas a buscar el informe y se negaron a entregárnoslos. Alegan que tenemos que pedirlo por escrito", comenta. Ella y sus vecinos creen que se trata de una maniobra para ganar tiempo.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/08/07/tribunales-autorizan-derribar-ultimas-casas-cho-vito/298293.html
SANTA CRUZ DE TENERIFE El derribo de las nueve casas que quedan en Cho Vito, en el municipio de Candelaria, ya cuenta con la aprobación de la Sala de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife. Este juzgado ha autorizado a la Demarcación de Costas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a entrar al poblado pesquero para ejecutar la demolición de las viviendas construidas en dominio público marítimo.
Se trata del último auto judicial dictado con fecha 24 de junio de 2010, que viene a confirmar la decisión de Costas de seguir adelante con la demolición del enclave pesquero, cuyos vecinos recibieron esta misma semana las cartas de notificación de desalojo.
Las cartas recibidas por los moradores del poblado marinero fijan como fecha límite para el mismo el día 20 de septiembre, especificando que "los bienes y enseres y demás objetos de su pertenencia que se encuentren en la construcción en el momento de la entrada en domicilio, serán considerados como bienes abandonados a todos los efectos", según rezan textualmente.
El auto dado a conocer ayer por la Delegación del Gobierno hace referencia a los precedentes de las resoluciones de 16 de marzo y 29 de junio de 2006 que fallaron positivamente sobre "la ejecución forzosa y subsidiaria de las resoluciones de recuperación posesoria" del dominio público invadido por las viviendas privadas, ordenando por ello "la demolición de las construcciones y la retirada de sus restos para devolver el terreno a su estado original".
En la última semana se han reactivado todas las alarmas que parecían acalladas después de los traumáticos derribos de hace dos años. Los vecinos han sido los primeros en activarse, y es que no han parado de moverse en estos dos años para evitar quedarse sin hogar. Por lo pronto, el portavoz de los habitantes de Cho Vito, Tomás González, ha mantenido algunas reuniones con los cuatro abogados que trabajan actualmente en el caso. "Vamos a recurrir ese auto", aseguró ayer González. Explicó que los abogados estudian toda la documentación. "Sobre todo están analizando la sentencia de Punta Larga para pedirle a la Audiencia Nacional que revise los deslindes de Cho Vito", indicó el representante vecinal. Con ello, esperan que esa anulación pueda salvar sus hogares e incluso "enmiende el error de los derribos ya ejecutados".
González define esta nueva situación de "incongruente". Resalta que "cuando hace dos años les preguntamos por qué derribaban unas casas y otras no, nos contestaron que sólo derribaban las de las personas que las tenían como segunda vivienda". Él alega que la situación de los nueve vecinos que quedan no ha cambiado en nada y por eso no se explica cómo es que ahora vuelven las notificaciones y las amenazas de demolición.
De esta forma, se reaviva la polémica de por qué hay que derribar Cho Vito cuando otras zonas o casas se encuentran en la misma situación "o peor" en el mismo municipio. La mayoría de los vecinos se refieren a la casa del alcalde. "Por qué no derriban la casa del alcalde que está aún más cerca del mar que las nuestras", denunciaba ayer María de los Ángeles Muñiz, quien asegura que no se esperaba estas nuevas notificaciones.
Entre autos, sentencias y notificaciones, los vecinos que ahí quedan perciben que vuelven a vivir "una auténtica pesadilla". Así lo define Elba González y se queja además de que no les dan opción ni a reclamar. "Hemos ido a Costas a buscar el informe y se negaron a entregárnoslos. Alegan que tenemos que pedirlo por escrito", comenta. Ella y sus vecinos creen que se trata de una maniobra para ganar tiempo.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/08/07/tribunales-autorizan-derribar-ultimas-casas-cho-vito/298293.html
miércoles, 4 de agosto de 2010
Los vecinos de Cho Vito van a a reabrir su caso tras la anulación del deslinde de Punta Larga
Los vecinos de Cho Vito piensan reabrir su causa judicial una vez han conocido la sentencia que anula el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la zona de Punta Larga del que informó ABC en su edición del pasado domingo
JAVIER REYES
Día 03/08/2010
Los vecinos de Cho Vito piensan reabrir su causa judicial una vez han conocido la sentencia que anula el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la zona de Punta Larga del que informó ABC en su edición del pasado domingo. El portavoz vecinal Tomás González, en declaraciones a este periódico, afirma que la Audiencia Nacional ha sentado un «precedente» no solo para Cho Vito, sino para todo el litoral canario, dado que hay muchos núcleos en el Archipiélago afectados por las demoliciones. «Se ve que las cosas no son como dice Costas», comenta González, que reconoce que la sentencia les ha dado «más fuerzas» para seguir con su lucha.
Asimismo, mantiene que hay «cosas de mucha magnitud» detrás del derribo de Cho Vito, ya que en Punta Larga (zona de chalets residenciales) no se ha podido llevar a cabo. «Se ve que la ley no es igual para todos. Tengo un respeto tremendo a esos afectados, pero yo tengo el mismo derecho que ellos según la Constitución. Ha sido un agravio comparativo», explica. En su opinión, la sentencia es una «derrota» del alcalde de Candelaria, Gumersindo García (PSOE), que siempre defendió la legalidad de las demoliciones de Cho Vito. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló en marzo la demolición del poblado marinero y desestimó el recurso interpuesto por los vecinos, que ya han acudido al Parlamento Europeo y al Tribunal Supremo en busca de amparo. No obstante, la sentencia de Punta Larga, pionera en las Islas, les da pie para reabrir la causa.
Corporación local
Conocida la sentencia, en lo que muchos coinciden en Candelaria es en que la demolición de Cho Vito se podía haber evitado. Este periódico intentó recabar ayer una versión del equipo de gobierno, aplazada hasta que estudien el documento de primera mano. Los otros dos grupos de la corporación local sí se han posicionado públicamente.
En Coalición Canaria, su portavoz, Pedro Méndez, asegura
que la Audiencia Nacional le ha dado «un palo» al alcalde, y ha demostrado que Cho Vito se podía haber salvado «con una gestión política». Méndez resalta las grandes similitudes existentes entre Punta Larga y Cho Vito, ya que los mojones fueron rodados con el tiempo de su posición original, lo que hizo a los técnicos de Costas fijar deslindes erróneos, y aún lamenta los derribos porque el Cabildo de Tenerife ya tenía ideas sobre la mesa para reconvertir el núcleo costero en un poblado marinero de gran atractivo turístico. En el PP, los argumentos son parecidos. Su portavoz, José Fernando Gómez, veía «ridículo» que el sendero peatonal afectara las viviendas de Punta Larga cuando había margen suficiente, y califica de «lamentable» que el Ayuntamiento no haya defendido a los vecinos antes de llegar a los tribunales. Sobre Cho Vito, tiene claro que esta sentencia «si sale antes, hubiera salvado las casas» y lamenta que se hayan tirado viviendas en suelo urbano, con la contribución al día y más de cien años de antigüedad. El PP defiende un «modelo de integración vecinal» en la reforma de la costa y no olvida como los turistas que se alojaban en los hoteles de Las Caletillas iban cada día a contemplar el poblado. «Ahora la playa ha perdido mucho. La limpian los pocos vecinos que quedan, que además no tienen ni luz ni recogida de basuras. Tenía un encanto tradicional y ahora parece un cementerio», concluye.
http://www.abc.es/20100803/comunidad-canarias/vecinos-vito-reabrir-caso-20100803.html
JAVIER REYES
Día 03/08/2010
Los vecinos de Cho Vito piensan reabrir su causa judicial una vez han conocido la sentencia que anula el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la zona de Punta Larga del que informó ABC en su edición del pasado domingo. El portavoz vecinal Tomás González, en declaraciones a este periódico, afirma que la Audiencia Nacional ha sentado un «precedente» no solo para Cho Vito, sino para todo el litoral canario, dado que hay muchos núcleos en el Archipiélago afectados por las demoliciones. «Se ve que las cosas no son como dice Costas», comenta González, que reconoce que la sentencia les ha dado «más fuerzas» para seguir con su lucha.
Asimismo, mantiene que hay «cosas de mucha magnitud» detrás del derribo de Cho Vito, ya que en Punta Larga (zona de chalets residenciales) no se ha podido llevar a cabo. «Se ve que la ley no es igual para todos. Tengo un respeto tremendo a esos afectados, pero yo tengo el mismo derecho que ellos según la Constitución. Ha sido un agravio comparativo», explica. En su opinión, la sentencia es una «derrota» del alcalde de Candelaria, Gumersindo García (PSOE), que siempre defendió la legalidad de las demoliciones de Cho Vito. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló en marzo la demolición del poblado marinero y desestimó el recurso interpuesto por los vecinos, que ya han acudido al Parlamento Europeo y al Tribunal Supremo en busca de amparo. No obstante, la sentencia de Punta Larga, pionera en las Islas, les da pie para reabrir la causa.
Corporación local
Conocida la sentencia, en lo que muchos coinciden en Candelaria es en que la demolición de Cho Vito se podía haber evitado. Este periódico intentó recabar ayer una versión del equipo de gobierno, aplazada hasta que estudien el documento de primera mano. Los otros dos grupos de la corporación local sí se han posicionado públicamente.
En Coalición Canaria, su portavoz, Pedro Méndez, asegura
que la Audiencia Nacional le ha dado «un palo» al alcalde, y ha demostrado que Cho Vito se podía haber salvado «con una gestión política». Méndez resalta las grandes similitudes existentes entre Punta Larga y Cho Vito, ya que los mojones fueron rodados con el tiempo de su posición original, lo que hizo a los técnicos de Costas fijar deslindes erróneos, y aún lamenta los derribos porque el Cabildo de Tenerife ya tenía ideas sobre la mesa para reconvertir el núcleo costero en un poblado marinero de gran atractivo turístico. En el PP, los argumentos son parecidos. Su portavoz, José Fernando Gómez, veía «ridículo» que el sendero peatonal afectara las viviendas de Punta Larga cuando había margen suficiente, y califica de «lamentable» que el Ayuntamiento no haya defendido a los vecinos antes de llegar a los tribunales. Sobre Cho Vito, tiene claro que esta sentencia «si sale antes, hubiera salvado las casas» y lamenta que se hayan tirado viviendas en suelo urbano, con la contribución al día y más de cien años de antigüedad. El PP defiende un «modelo de integración vecinal» en la reforma de la costa y no olvida como los turistas que se alojaban en los hoteles de Las Caletillas iban cada día a contemplar el poblado. «Ahora la playa ha perdido mucho. La limpian los pocos vecinos que quedan, que además no tienen ni luz ni recogida de basuras. Tenía un encanto tradicional y ahora parece un cementerio», concluye.
http://www.abc.es/20100803/comunidad-canarias/vecinos-vito-reabrir-caso-20100803.html
Costas ordena desalojar casas de Cho Vito para seguir los derribos
VICENTE PÉREZ SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, ha dado de plazo hasta el 20 de septiembre para que los vecinos de Cho Vito cuyas viviendas siguen en pie las desalojen con el fin de continuar con el derribo de este caserío de Candelaria, iniciado en octubre de 2008, para recuperar la posesión del dominio público marítimo terrestre a raíz de sentencias judiciales firmes.
Así consta en un escrito que una familia de Cho Vito recibió del Ministerio, con registro de salida el 23 de julio, divulgado ayer por el concejal del PP José Fernando Gómez, durante una rueda de prensa. En el documento, se ordena que, antes del plazo señalado, estos vecinos retiren los muebles y enseres y otros objetos de su pertenencia, pues de lo contrario se entenderán abandonados. Costas esgrime un informe elaborado por la Abogacía del Estado el el 23 de febrero pasado, según el cual el Ministerio “goza de postestar para ejecutar la sentencia firme [dictada en noviembre de 2007] procediendo a entrar en el domicilio afectado sin necesidad de un nuevo pronuncimiento judicial”.
El portavoz del PP declaró que “sus años después de que los vecinos de Cho Vito vieran cómo sus vidas eran destrozadas por personas sin escrúpulos, depredadores de lo ajeno, se pretende llevar a cabo otra vez, una maldad manifiesta, con el apoyo de todas las administraciones, incluida la local”. Fernández abogó por que los abogados de los vecinos utilicen una reciente sentencia que obliga a revisar el deslinde de Punta Larga y “puedan parar este enorme atentado contra el patrimonio de las personas, que tienen escrituras y pagan sus impuestos, como el IBI, o sea, que para pagar impuestos la casa si era legal, para vivirla no”.
De no ser así, el edil del PP invitó a acudir a “ las manifestaciones que próximamente se harán en Candelaria en apoyo a estas familias e impidiendo que se cometan más atropellos por las personas que escudadas detrás de las administraciones, realizan actos de mala fe, malvados y cargados de venganza sin razón”.
La demolición del poblado de Cho Vito es la culminación de un largo procedimiento judicial que acabó en una sentencia firme, dictada hace casi tres años, en aplicación de la Ley de Costas vigente desde 1988, dado que las viviendas invadían la franja pública del litoral.
http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/22087/
domingo, 1 de agosto de 2010
La Audiencia Nacional anula un deslinde en Punta Larga
La sentencia pone en entredicho las demarcaciones del dominio público marítimo terrestre realizado en Canarias por el Ministerio de Medio Ambiente
SOL RINCÓN BOROBIA La Audiencia Nacional ha anulado el deslinde marcado en 2006 por la Dirección General de Costas en Punta Larga, término municipal de Candelaria, al considerar que el trazado "adolece de rigor técnico suficiente". El dominio público marítimo-terrestre determinado por orden del Ministerio de Medio Ambiente afectaba a los jardines de tres casas unifamiliares, cuyos propietarios recurrieron en 2007.
Costas afirmó en su defensa que la demarcación era exactamente la misma que ya estaba determinada en el año 1969 y que su límite interior es la máxima distancia tierra adentro que alcanzan las olas durante los peores temporales.
Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el pasado 16 de julio, tira por tierra estos argumentos. Ante todo, la Sala asegura "echar de menos" la existencia de "algún antecedente o referencia histórica respecto del alcance del oleaje en la zona" y también le da un tirón de orejas a la Administración por no aportar las pruebas que justifiquen el deslinde.
Por el contrario, la Audiencia sí consideró suficientemente demostrado por los recurrentes que el dominio público marítimo terrestre fijado en 2007 no coincide con el de 1969. Más aún, probaron que la línea marcada hace tres años se trazó todavía más hacia el interior que la del 69, con lo que cogió de lleno parte de la propiedad de las tres viviendas. Para demostrarlo, las familias afectadas por el deslinde aportaron los informes realizados por dos peritos.
Según el representante legal de los propietarios de las viviendas, José Ortega, esta sentencia tiene mucha relevancia. En primer lugar, "obligará" a revisar el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio y a anular "actuaciones sancionadoras" y órdenes de derribo.
En segundo lugar, esta resolución de la Audiencia Nacional podría impulsar la revisión de todos los deslindes hechos en Canarias con el argumento de los temporales. Según los datos aportados por Ortega, el 95% de las demarcaciones aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente en el Archipiélago están precisamente justificadas con el máximo alcance tierra adentro de las olas.
Pero este abogado, que además es fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, aún va más allá y asegura que el Ministerio de Medio Ambiente decide el alcance de los temporales en las Islas por "observación directa", es decir, sin una sola prueba. Además, indica que la Dirección General de Costas actúa de forma diferente en la Península que en Canarias. "En la Península se gastan bastante dinero y se toman bastantes molestias" en justificar un deslinde. Ortega cree que el Gobierno español menosprecia al Archipiélago. "Es una vergüenza lo que hace en Canarias", afirma.
Asimismo, y en cuanto a la ley aprobada por el Parlamento de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, la calificó de inservible si no se aplica. "Es decepcionante ver cómo el Gobierno canario no hace nada, sólo política de gestos, pero no aplica la ley".
Ortega, que logró hace poco una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulando una recuperación posesoria en Fuerteventura, también consiguió la nulidad de otros deslindes en Otur (Asturias) Oliva y Bellreguard (Valencia), Alcalá de Chivert (Castellón), y parcialmente en Bajo la Cuesta (Tenerife), entre otros.
Lo que este abogado no ha conseguido en el caso de Punta Larga es que la Audiencia Nacional reconozca que sus clientes adolecieron de indefensión.
José Ortega incluyó en su demanda que Costas no informó a los propietarios de las viviendas qué alcance tenía la zona afectada por el deslinde que realizó en el año 2006 y que, por lo tanto, sus clientes no pudieron alegar nada ni defender sus propiedades. Sólo pudieron actuar cuando recibieron la notificación de derribo.
La resolución plantea dudas sobre Cho Vito
Se da la circunstancia de que Punta Larga se encuentra muy cerca de Bajo la Cuesta y Cho Vito, cuyas órdenes de derribo tenían un fundamento parecido al del primer caso, en especial el de haberse construido las viviendas dentro del dominio público definido en el año 1969.
Por este motivo, dada la falta de rigor demostrada por la Dirección General de Costas en el caso de Punta Larga, podría haberse pecado de lo mismo en Cho Vito con algunas de las viviendas ya derribadas. En cuanto a Bajo la Cuesta, hay cincuenta familias afectadas por la demarcación. Es este caso, el abogado José Ortega también intenta demostrar que hubo un error de replanteo del deslinde de 2007 con respecto al del año 1969.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/08/01/audiencia-nacional-anula-deslinde-punta-larga/297385.html
SOL RINCÓN BOROBIA La Audiencia Nacional ha anulado el deslinde marcado en 2006 por la Dirección General de Costas en Punta Larga, término municipal de Candelaria, al considerar que el trazado "adolece de rigor técnico suficiente". El dominio público marítimo-terrestre determinado por orden del Ministerio de Medio Ambiente afectaba a los jardines de tres casas unifamiliares, cuyos propietarios recurrieron en 2007.
Costas afirmó en su defensa que la demarcación era exactamente la misma que ya estaba determinada en el año 1969 y que su límite interior es la máxima distancia tierra adentro que alcanzan las olas durante los peores temporales.
Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el pasado 16 de julio, tira por tierra estos argumentos. Ante todo, la Sala asegura "echar de menos" la existencia de "algún antecedente o referencia histórica respecto del alcance del oleaje en la zona" y también le da un tirón de orejas a la Administración por no aportar las pruebas que justifiquen el deslinde.
Por el contrario, la Audiencia sí consideró suficientemente demostrado por los recurrentes que el dominio público marítimo terrestre fijado en 2007 no coincide con el de 1969. Más aún, probaron que la línea marcada hace tres años se trazó todavía más hacia el interior que la del 69, con lo que cogió de lleno parte de la propiedad de las tres viviendas. Para demostrarlo, las familias afectadas por el deslinde aportaron los informes realizados por dos peritos.
Según el representante legal de los propietarios de las viviendas, José Ortega, esta sentencia tiene mucha relevancia. En primer lugar, "obligará" a revisar el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio y a anular "actuaciones sancionadoras" y órdenes de derribo.
En segundo lugar, esta resolución de la Audiencia Nacional podría impulsar la revisión de todos los deslindes hechos en Canarias con el argumento de los temporales. Según los datos aportados por Ortega, el 95% de las demarcaciones aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente en el Archipiélago están precisamente justificadas con el máximo alcance tierra adentro de las olas.
Pero este abogado, que además es fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, aún va más allá y asegura que el Ministerio de Medio Ambiente decide el alcance de los temporales en las Islas por "observación directa", es decir, sin una sola prueba. Además, indica que la Dirección General de Costas actúa de forma diferente en la Península que en Canarias. "En la Península se gastan bastante dinero y se toman bastantes molestias" en justificar un deslinde. Ortega cree que el Gobierno español menosprecia al Archipiélago. "Es una vergüenza lo que hace en Canarias", afirma.
Asimismo, y en cuanto a la ley aprobada por el Parlamento de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, la calificó de inservible si no se aplica. "Es decepcionante ver cómo el Gobierno canario no hace nada, sólo política de gestos, pero no aplica la ley".
Ortega, que logró hace poco una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulando una recuperación posesoria en Fuerteventura, también consiguió la nulidad de otros deslindes en Otur (Asturias) Oliva y Bellreguard (Valencia), Alcalá de Chivert (Castellón), y parcialmente en Bajo la Cuesta (Tenerife), entre otros.
Lo que este abogado no ha conseguido en el caso de Punta Larga es que la Audiencia Nacional reconozca que sus clientes adolecieron de indefensión.
José Ortega incluyó en su demanda que Costas no informó a los propietarios de las viviendas qué alcance tenía la zona afectada por el deslinde que realizó en el año 2006 y que, por lo tanto, sus clientes no pudieron alegar nada ni defender sus propiedades. Sólo pudieron actuar cuando recibieron la notificación de derribo.
La resolución plantea dudas sobre Cho Vito
Se da la circunstancia de que Punta Larga se encuentra muy cerca de Bajo la Cuesta y Cho Vito, cuyas órdenes de derribo tenían un fundamento parecido al del primer caso, en especial el de haberse construido las viviendas dentro del dominio público definido en el año 1969.
Por este motivo, dada la falta de rigor demostrada por la Dirección General de Costas en el caso de Punta Larga, podría haberse pecado de lo mismo en Cho Vito con algunas de las viviendas ya derribadas. En cuanto a Bajo la Cuesta, hay cincuenta familias afectadas por la demarcación. Es este caso, el abogado José Ortega también intenta demostrar que hubo un error de replanteo del deslinde de 2007 con respecto al del año 1969.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/08/01/audiencia-nacional-anula-deslinde-punta-larga/297385.html
miércoles, 28 de julio de 2010
CUANDO NO SE TIENE RAZÓN, SE DICEN ESTUPIDECES
El PSC acusa a Melchior de gastar 3.500 euros en un acto contra Costas
"Pagó a afectados" por la ley la estancia en un hotel, denuncia
SANTA CRUZ DE TENERIFE El consejero del PSC-PSOE en el Cabildo de Tenerife, Ricardo Guerrero, acusa a la corporación insular, que preside el nacionalista Ricardo Melchior, de gastar en el mes de marzo 3.500 euros en el I Encuentro Europeo de Afectados por la Ley de Costas. Se trata, dice, de un acto "a favor de los intereses de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP)" que, según el socialista, están en contra de la aplicación de la Ley de Costas.
Ricardo Guerrero reprobó en rueda de prensa que el Cabildo subvencionara la estancia en un hotel de Tenerife de los afectados por la Ley de Costas que asistieron a ese encuentro. Esta situación, reprochó el socialista, "pasa de castaño oscuro" porque "se pagó la estancia de quienes venían a protestar".
El consejero insistió en que "desde la corporación insular se apoyan actos de acuerdo con CC y PP como el citado encuentro al que no se invitó a ningún socialista, aunque hubiéramos estado encantados de ir para que alguien defendiera los intereses de los tinerfeños".
Las jornadas celebradas en marzo fueron organizadas por la Asociación Europea de afectados por la Ley de Costas, la Plataforma en Defensa de los Ciudadanos de Candelaria, la Asociación en Defensa del Caletón, y la Asociación de Vecinos Las Calas, y se celebraron para debatir y proponer soluciones a la aplicación de dicha Ley, según detalló la organización en un comunicado. Durante estos dos días, afectados, políticos, empresarios, ecologistas y abogados debatieron sobre la aplicación retroactiva de la Ley de Costas, la problemática de los núcleos costeros tradicionales, entre otros temas, con el fin de elevar sus conclusiones a los órganos competentes.
Guerrero criticó también la aprobación de la constitución de un comité de expertos para abordar el Plan de Ordenación de Tenerife (PIOT). "Las cosas se están haciendo mal desde Planificación
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/07/28/psc-acusa-melchior-gastar-3500-euros-acto-costas/296665.html
"Pagó a afectados" por la ley la estancia en un hotel, denuncia
SANTA CRUZ DE TENERIFE El consejero del PSC-PSOE en el Cabildo de Tenerife, Ricardo Guerrero, acusa a la corporación insular, que preside el nacionalista Ricardo Melchior, de gastar en el mes de marzo 3.500 euros en el I Encuentro Europeo de Afectados por la Ley de Costas. Se trata, dice, de un acto "a favor de los intereses de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP)" que, según el socialista, están en contra de la aplicación de la Ley de Costas.
Ricardo Guerrero reprobó en rueda de prensa que el Cabildo subvencionara la estancia en un hotel de Tenerife de los afectados por la Ley de Costas que asistieron a ese encuentro. Esta situación, reprochó el socialista, "pasa de castaño oscuro" porque "se pagó la estancia de quienes venían a protestar".
El consejero insistió en que "desde la corporación insular se apoyan actos de acuerdo con CC y PP como el citado encuentro al que no se invitó a ningún socialista, aunque hubiéramos estado encantados de ir para que alguien defendiera los intereses de los tinerfeños".
Las jornadas celebradas en marzo fueron organizadas por la Asociación Europea de afectados por la Ley de Costas, la Plataforma en Defensa de los Ciudadanos de Candelaria, la Asociación en Defensa del Caletón, y la Asociación de Vecinos Las Calas, y se celebraron para debatir y proponer soluciones a la aplicación de dicha Ley, según detalló la organización en un comunicado. Durante estos dos días, afectados, políticos, empresarios, ecologistas y abogados debatieron sobre la aplicación retroactiva de la Ley de Costas, la problemática de los núcleos costeros tradicionales, entre otros temas, con el fin de elevar sus conclusiones a los órganos competentes.
Guerrero criticó también la aprobación de la constitución de un comité de expertos para abordar el Plan de Ordenación de Tenerife (PIOT). "Las cosas se están haciendo mal desde Planificación
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/07/28/psc-acusa-melchior-gastar-3500-euros-acto-costas/296665.html
Cuando se dicen estas cosas, una de dos, o tiene un desconocimiento total de lo que se habla, o simplemente, tiene menos luces que un mejillón.
Es totalmente FALSO que no se invitará a un acto, de nivel EUROPEO, que se celebra por primera vez, a ningún socialista. Desde Don Juan Fernando Lopez Aguilar, miembro del parlamento Europeo, hasta el alcalde del municipio, Don Gumersindo Garcia Trujillo, fueron invitados, y no asistieron.
Los asistentes, no vinieron a protestar, DEBATIERON propuestas y posibles soluciones, a una ley que vulnera la Constitución Española, y que afecta a muchos cientos de miles de personas.
martes, 27 de julio de 2010
El Consistorio censa las viviendas de Anaga para protegerlas ante Costas
Luz Reverón apoya la preservación de unos núcleos que el Gobierno declaró urbanos pero el Estado pretende eliminar
LA OPINIÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado un censo de edificaciones de los núcleos de Anaga afectados por un expediente de demolición de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. La concejal de Urbanismo, Luz Reverón González, informó ayer a los vecinos de Almáciga, Roque de las Bodegas, Tachero e Igueste de San Andrés de la elaboración, por parte de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de una relación de viviendas ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y protección, que posean un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco.
Se deberá valorar su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social, al objeto de su consideración en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones que solicitaran los titulares de las mismas, señaló el Consistorio en un comunicado de prensa.
Luz Reverón González explicó a los vecinos de estos enclaves en plena cordillera que el Ayuntamiento capitalino se sumó el pasado mes de mayo, a través de una moción aprobada en el Pleno de la Corporación por todos los grupos políticos, a la iniciativa parlamentaria a través de la cual se aprobó el pasado 30 de abril la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.
Así, la concejal santacrucera declaró que "el Ayuntamiento apoya la consolidación edificatoria de la zona y la preexistencia de los servicios urbanísticos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. Por eso se aprobó la realización de este catálogo que va a servir a los vecinos para acreditar la antigüedad de las viviendas y por tanto su carácter urbano".
Los vecinos y los representantes políticos quedaron en mantener una reunión en las próximas semanas para hacer un seguimiento de la elaboración del citado censo. A la reunión, que tuvo lugar ayer por la mañana en la Gerencia Municipal de Urbanismo, acudieron el diputado autonómico de Coalición Canaria, José Miguel González; la concejal del Distrito de Anaga, Sheila Trujillo y los representantes de los vecinos de Almáciga, Tachero, Roque de las Bodegas e Igueste de San Andrés.
El camino judicial
Tras varios años en los que los tribunales fallaban en contra de las posiciones vecinales, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha puesto a su lado al ratificar que los núcleos de Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero son urbanos, tal y como en su momento dictaminó la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), dependiente del Gobierno autónomo.
De esta manera, se conseguiría que la zona de protección se reduzca de los actuales 100 metros a 20. De esta decisión depende que 250 viviendas se queden fuera o dentro de ordenación. Sin embargo, el área de Costas , dependiente del Estado, presentó un recurso contra la decisión de la Cotmac.
El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, han prometido su apoyo a los vecinos de Anaga en su lucha contra la Dirección General de Costas para evitar posible el derribo de sus viviendas. La pelota está ahora en el tejado del Tribunal Supremo (TS), que tendrá que decidir si los caseríos de Tachero, Almáciga y Roque de Las Bodegas son o no urbanos. La Audiencia Nacional ratificó el deslinde hecho por Costas.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/07/27/consistorio-censa-viviendas-anaga-protegerlas-costas/296501.html
LA OPINIÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado un censo de edificaciones de los núcleos de Anaga afectados por un expediente de demolición de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. La concejal de Urbanismo, Luz Reverón González, informó ayer a los vecinos de Almáciga, Roque de las Bodegas, Tachero e Igueste de San Andrés de la elaboración, por parte de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de una relación de viviendas ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y protección, que posean un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco.
Se deberá valorar su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social, al objeto de su consideración en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones que solicitaran los titulares de las mismas, señaló el Consistorio en un comunicado de prensa.
Luz Reverón González explicó a los vecinos de estos enclaves en plena cordillera que el Ayuntamiento capitalino se sumó el pasado mes de mayo, a través de una moción aprobada en el Pleno de la Corporación por todos los grupos políticos, a la iniciativa parlamentaria a través de la cual se aprobó el pasado 30 de abril la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.
Así, la concejal santacrucera declaró que "el Ayuntamiento apoya la consolidación edificatoria de la zona y la preexistencia de los servicios urbanísticos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. Por eso se aprobó la realización de este catálogo que va a servir a los vecinos para acreditar la antigüedad de las viviendas y por tanto su carácter urbano".
Los vecinos y los representantes políticos quedaron en mantener una reunión en las próximas semanas para hacer un seguimiento de la elaboración del citado censo. A la reunión, que tuvo lugar ayer por la mañana en la Gerencia Municipal de Urbanismo, acudieron el diputado autonómico de Coalición Canaria, José Miguel González; la concejal del Distrito de Anaga, Sheila Trujillo y los representantes de los vecinos de Almáciga, Tachero, Roque de las Bodegas e Igueste de San Andrés.
El camino judicial
Tras varios años en los que los tribunales fallaban en contra de las posiciones vecinales, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha puesto a su lado al ratificar que los núcleos de Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero son urbanos, tal y como en su momento dictaminó la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), dependiente del Gobierno autónomo.
De esta manera, se conseguiría que la zona de protección se reduzca de los actuales 100 metros a 20. De esta decisión depende que 250 viviendas se queden fuera o dentro de ordenación. Sin embargo, el área de Costas , dependiente del Estado, presentó un recurso contra la decisión de la Cotmac.
El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, han prometido su apoyo a los vecinos de Anaga en su lucha contra la Dirección General de Costas para evitar posible el derribo de sus viviendas. La pelota está ahora en el tejado del Tribunal Supremo (TS), que tendrá que decidir si los caseríos de Tachero, Almáciga y Roque de Las Bodegas son o no urbanos. La Audiencia Nacional ratificó el deslinde hecho por Costas.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/07/27/consistorio-censa-viviendas-anaga-protegerlas-costas/296501.html
domingo, 18 de julio de 2010
Afectados por la Ley de Costas piden que se ponga freno a los abusos
“La línea que separa el suelo público del privado es tan arbitraria que el negocio está asegurado”, denuncian las víctimas. PP, CIU y CC exigen la modificación de la norma.
• EA. Herrero/P. L. Cuntín/I.
Recuperar el litoral. Eso persiguen las autoridades que obligan a cumplir la Ley de Costas, en vigor desde hace 22 años y que impide edificar a menos de 100 metros de la orilla del mar y 20 metros si es suelo urbano. Las viviendas que no cumplan estos requisitos pueden ser demolidas. Esto es ya una realidad: cientos de propietarios han perdido sus casas en la costa, y aún quedan 1.000 kilómetros por deslindar. Pero ¿con qué criterio se establecen las líneas divisorias de la propiedad pública y la privada?, ¿existen intereses, más allá de los medioambientales, a la hora de establecer los deslindes? El debate se reabre tras las propuestas presentadas por el Partido Popular de Galicia y Cantabria, CIU y Coalición Canaria para modificar la Ley de Costas que se aprobó en 1988. Ésta nació con un objetivo claro: paliar la situación en la que se encontraba el litoral español. Sin embargo, lo ocurrido en los últimos 22 años en España demuestra que esta Ley y su reglamento no han cumplido plenamente con sus objetivos. Desde 1987 a 2005, un total de 7,7 hectáreas de costa al día han sido sustituidas por urbanizaciones, hoteles y puertos. Las zonas de Levante y Canarias han sido las más afectadas.
La senadora popular por Cantabria, Leticia Díaz, fue una de las que dio la voz de alarma. Presentó el pasado martes una propuesta “de mínimos” para que se mantenga la situación jurídica de todas las concesiones anteriores a su aprobación en 1988, hasta que se arbitre un instrumento de planeamiento urbanístico que determine qué usos son compatibles con la preservación ambiental y se establezca una valoración. Leticia ha declarado a LA GACETA que “Costas no ha frenado los desmanes urbanísticos, ni los de antes ni los posteriores a la ley”. En lo que respecta a la propia Ley, Díaz denunció que no le parece adecuada “la confiscación de propiedades privadas, ni su efecto retroactivo”. Y es que la Ley tiene, según José Antonio García-Trevijano, jurista especializado en Derecho Público, dos grandes problemas: “El primero es que define el dominio público en términos imprecisos, con lo cual el Gobierno de turno sitúa los deslindes (líneas que separan la propiedad privada de la pública) donde quiere”. Esto ocasiona, según Trevijano, que existan casos como la playa de Cadabedo en Asturias, donde la línea de dominio público está a dos kilómetros del mar y en otros sitios a 100 metros. Existen deslindes que son “auténticos zigzags”.
Concesiones
El segundo problema grave que plantea la Ley es que el TC aprobó en 1991 que a los propietarios de terrenos que estuvieron afectados por Costas no había que aplicarles la expropiación sino la concesión. “Como no hay dinero para realojar a la cantidad de personas afectadas, se les permite permanecer en sus casas 30 años prorrogables a otros 30, es decir, pueden permanecer en sus casas, eso sí, sin reformarlas, ni siquiera pintarlas, hasta 2018 o incluso hasta 2048. Y, después, a la calle. Sin indemnización, ni casa. Eso si a Costas no se le antoja echarlos antes. Esto, en Europa, es inaudito”, explica el abogado.
Actualmente, Costas ha deslindado ya un 92% del litoral español; quedan 1.000 kilómetros de costa por dividir. Las casas de pescadores de El Puig en Valencia serán las próximas en ser derribadas. Será en septiembre. Los habitantes de Puntas de Calnegre, en Murcia, están en espera de la sentencia del Supremo. Los propietarios de las viviendas situadas en Playa de la Viuda, Ojos de Garza y otras poblaciones costeras tradicionales de las Islas Canarias han recibido cartas con órdenes de derribo. Así también comenzó la historia de los habitantes de la población tinerfeña de El Cho Vito, demolida por Costas en octubre de 2008.
Caso Cho Vito
La casa de Antonio Alonso estaba escriturada en el año 1953. Había pertenecido a su familia desde siempre. Comenzaron a recibir cartas de Costas anunciando el derribo de su propiedad, ya que su casa, como las del resto de habitantes de El Cho Vito, pertenecía a suelo público. En la sexta y última carta, le advertían de que el derribo de su casa costaría al Estado 18.000 euros, que tendría que pagar de su bolsillo. En octubre de 2008 derribaron su casa. Antonio todavía no tiene sus enseres, ni muebles, ni ropas, ni documentos, ya que fueron destruidos por el operativo.
Sin embargo, sigue pagando el IBI y los impuestos correspondientes a la casa. Él ahora vive de alquiler, pero muchos de los propietarios de las 23 casas que tiraron no tenían dinero ni otro sitio adonde ir y malviven como pueden, en casas de familiares.
Todos ellos mantienen la esperanza de que les devuelvan sus casas desde el día 22 de marzo, que llevaron su caso al Parlamento Europeo. “La práctica totalidad del arco parlamentario nos dio la razón”. Sin embargo, Antonio sabe que “lo que está en juego es muy gordo. Hay un proyecto de construir 15 adosados de lujo y 1 puerto deportivo en el Cho Vito; los pobres no cabemos ahí”.
La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, afirma que, “con los deslindes, el negocio está asegurado para siempre” y denuncia a LA GACETA las malas prácticas de la Dirección General que ostenta Alicia Paz. “Costas se vale de su poder y del dinero público e incluso del europeo para chantajear a los ayuntamientos cuando piden que saquen de ordenación edificios completamente legales para poder derribarlos y poder hacer las infraestructuras que ellos deciden. Cuando un ayuntamiento se opone, como es el caso más reciente de Puerto Naos en La Palma (Canarias), Costas le retira las infraestructuras prometidas. Estos casos se dan en toda la costa española”. La GACETA se ha dirigido a la Dirección General de Costas y su respuesta fue breve: sus “actuaciones están amparadas por el Constitucional”.
Estos argumentos no son válidos para Europa. El Parlamento Europeo no deja de amenazar a España, con la retirada de fondos, si no es capaz de solucionar los problemas derivados de la aplicación de esta ley, que inunda de casos flagrantes todo el litoral español.
Molino del s. XVII
El molino de mareas Portu Errota, en la vizcaína ría de Urdaibai, data de 1683. La familia de Jon Iturribarria, su actual “ocupante”, como lo han definido las autoridades, adquirió la propiedad hace 50 años y desde entonces ha invertido millones de euros en restaurarlo y ponerlo en funcionamiento. El molino, que además es vivienda, fue declarado monumento por la Diputación de Vizcaya.
“En 1996, antes de realizar el deslinde en la zona, me dijeron que la casa no es nuestra”, recuerda Jon. Después de años de litigio, el TC dictó sentencia hace mes y medio ratificando que el terreno en el que vive es público, como había afirmado Costas.
“Roban propiedades y luego dicen que estamos usurpando el dominio público”, afirma Jon, quien se pregunta qué argumento tiene Costas para adueñarse de su terreno cuando en la zona hay otros dos molinos iguales (más cercanos al mar) que no han sido afectados por el deslinde.
La batalla legal sobre el molino de Portu Errota dura ya tres lustros. “15 años de juicios no hay persona ni economía que lo aguanta”, reconoce Jon. El caso ya ha llegado al Parlamento Europeo, que ha recibido ya varias denuncias sobre la aplicación de la Ley de Costas. Según afirma el habitante del molino, la Administración juega con el desgaste de los ciudadanos. “Cuentan con que la gente se quema”, advierte.
http://www.intereconomia.com/
• EA. Herrero/P. L. Cuntín/I.
Recuperar el litoral. Eso persiguen las autoridades que obligan a cumplir la Ley de Costas, en vigor desde hace 22 años y que impide edificar a menos de 100 metros de la orilla del mar y 20 metros si es suelo urbano. Las viviendas que no cumplan estos requisitos pueden ser demolidas. Esto es ya una realidad: cientos de propietarios han perdido sus casas en la costa, y aún quedan 1.000 kilómetros por deslindar. Pero ¿con qué criterio se establecen las líneas divisorias de la propiedad pública y la privada?, ¿existen intereses, más allá de los medioambientales, a la hora de establecer los deslindes? El debate se reabre tras las propuestas presentadas por el Partido Popular de Galicia y Cantabria, CIU y Coalición Canaria para modificar la Ley de Costas que se aprobó en 1988. Ésta nació con un objetivo claro: paliar la situación en la que se encontraba el litoral español. Sin embargo, lo ocurrido en los últimos 22 años en España demuestra que esta Ley y su reglamento no han cumplido plenamente con sus objetivos. Desde 1987 a 2005, un total de 7,7 hectáreas de costa al día han sido sustituidas por urbanizaciones, hoteles y puertos. Las zonas de Levante y Canarias han sido las más afectadas.
La senadora popular por Cantabria, Leticia Díaz, fue una de las que dio la voz de alarma. Presentó el pasado martes una propuesta “de mínimos” para que se mantenga la situación jurídica de todas las concesiones anteriores a su aprobación en 1988, hasta que se arbitre un instrumento de planeamiento urbanístico que determine qué usos son compatibles con la preservación ambiental y se establezca una valoración. Leticia ha declarado a LA GACETA que “Costas no ha frenado los desmanes urbanísticos, ni los de antes ni los posteriores a la ley”. En lo que respecta a la propia Ley, Díaz denunció que no le parece adecuada “la confiscación de propiedades privadas, ni su efecto retroactivo”. Y es que la Ley tiene, según José Antonio García-Trevijano, jurista especializado en Derecho Público, dos grandes problemas: “El primero es que define el dominio público en términos imprecisos, con lo cual el Gobierno de turno sitúa los deslindes (líneas que separan la propiedad privada de la pública) donde quiere”. Esto ocasiona, según Trevijano, que existan casos como la playa de Cadabedo en Asturias, donde la línea de dominio público está a dos kilómetros del mar y en otros sitios a 100 metros. Existen deslindes que son “auténticos zigzags”.
Concesiones
El segundo problema grave que plantea la Ley es que el TC aprobó en 1991 que a los propietarios de terrenos que estuvieron afectados por Costas no había que aplicarles la expropiación sino la concesión. “Como no hay dinero para realojar a la cantidad de personas afectadas, se les permite permanecer en sus casas 30 años prorrogables a otros 30, es decir, pueden permanecer en sus casas, eso sí, sin reformarlas, ni siquiera pintarlas, hasta 2018 o incluso hasta 2048. Y, después, a la calle. Sin indemnización, ni casa. Eso si a Costas no se le antoja echarlos antes. Esto, en Europa, es inaudito”, explica el abogado.
Actualmente, Costas ha deslindado ya un 92% del litoral español; quedan 1.000 kilómetros de costa por dividir. Las casas de pescadores de El Puig en Valencia serán las próximas en ser derribadas. Será en septiembre. Los habitantes de Puntas de Calnegre, en Murcia, están en espera de la sentencia del Supremo. Los propietarios de las viviendas situadas en Playa de la Viuda, Ojos de Garza y otras poblaciones costeras tradicionales de las Islas Canarias han recibido cartas con órdenes de derribo. Así también comenzó la historia de los habitantes de la población tinerfeña de El Cho Vito, demolida por Costas en octubre de 2008.
Caso Cho Vito
La casa de Antonio Alonso estaba escriturada en el año 1953. Había pertenecido a su familia desde siempre. Comenzaron a recibir cartas de Costas anunciando el derribo de su propiedad, ya que su casa, como las del resto de habitantes de El Cho Vito, pertenecía a suelo público. En la sexta y última carta, le advertían de que el derribo de su casa costaría al Estado 18.000 euros, que tendría que pagar de su bolsillo. En octubre de 2008 derribaron su casa. Antonio todavía no tiene sus enseres, ni muebles, ni ropas, ni documentos, ya que fueron destruidos por el operativo.
Sin embargo, sigue pagando el IBI y los impuestos correspondientes a la casa. Él ahora vive de alquiler, pero muchos de los propietarios de las 23 casas que tiraron no tenían dinero ni otro sitio adonde ir y malviven como pueden, en casas de familiares.
Todos ellos mantienen la esperanza de que les devuelvan sus casas desde el día 22 de marzo, que llevaron su caso al Parlamento Europeo. “La práctica totalidad del arco parlamentario nos dio la razón”. Sin embargo, Antonio sabe que “lo que está en juego es muy gordo. Hay un proyecto de construir 15 adosados de lujo y 1 puerto deportivo en el Cho Vito; los pobres no cabemos ahí”.
La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, afirma que, “con los deslindes, el negocio está asegurado para siempre” y denuncia a LA GACETA las malas prácticas de la Dirección General que ostenta Alicia Paz. “Costas se vale de su poder y del dinero público e incluso del europeo para chantajear a los ayuntamientos cuando piden que saquen de ordenación edificios completamente legales para poder derribarlos y poder hacer las infraestructuras que ellos deciden. Cuando un ayuntamiento se opone, como es el caso más reciente de Puerto Naos en La Palma (Canarias), Costas le retira las infraestructuras prometidas. Estos casos se dan en toda la costa española”. La GACETA se ha dirigido a la Dirección General de Costas y su respuesta fue breve: sus “actuaciones están amparadas por el Constitucional”.
Estos argumentos no son válidos para Europa. El Parlamento Europeo no deja de amenazar a España, con la retirada de fondos, si no es capaz de solucionar los problemas derivados de la aplicación de esta ley, que inunda de casos flagrantes todo el litoral español.
Molino del s. XVII
El molino de mareas Portu Errota, en la vizcaína ría de Urdaibai, data de 1683. La familia de Jon Iturribarria, su actual “ocupante”, como lo han definido las autoridades, adquirió la propiedad hace 50 años y desde entonces ha invertido millones de euros en restaurarlo y ponerlo en funcionamiento. El molino, que además es vivienda, fue declarado monumento por la Diputación de Vizcaya.
“En 1996, antes de realizar el deslinde en la zona, me dijeron que la casa no es nuestra”, recuerda Jon. Después de años de litigio, el TC dictó sentencia hace mes y medio ratificando que el terreno en el que vive es público, como había afirmado Costas.
“Roban propiedades y luego dicen que estamos usurpando el dominio público”, afirma Jon, quien se pregunta qué argumento tiene Costas para adueñarse de su terreno cuando en la zona hay otros dos molinos iguales (más cercanos al mar) que no han sido afectados por el deslinde.
La batalla legal sobre el molino de Portu Errota dura ya tres lustros. “15 años de juicios no hay persona ni economía que lo aguanta”, reconoce Jon. El caso ya ha llegado al Parlamento Europeo, que ha recibido ya varias denuncias sobre la aplicación de la Ley de Costas. Según afirma el habitante del molino, la Administración juega con el desgaste de los ciudadanos. “Cuentan con que la gente se quema”, advierte.
http://www.intereconomia.com/
viernes, 16 de julio de 2010
CUANDO SE OCULTA LA VERDAD.
Este artículo, esta compuesto de retales de la entrevista por chat, de Don Gumersindo García Trujillo, alcalde de Candelaria, en el periódico La Opinión de Tenerife,el día 15 de Julio de 2010, contestando a las preguntas del Chat del periódico.
6. ¿Qué pasó con Cho Vito? ¿Qué sucede con el Litoral de Playa de la Viuda?
» En Chovito una sentencia judicial ordenó la demolición de las viviendas que han desaparecido por ocupar el dominio público, manteniéndose en pie aquellas que pertenecían a personas que no tenían otra casa y a las que el Ayuntamiento ayudará en las mismas condiciones que a cualquier otro vecino de Candelaria
atendiendo a sus condiciones familiares y económicas, y que vivirán en ellas mientras una nueva sentencia no les obligue a abandonarlas. Algunas de estas familias que lo han solicitado se les ha adjudicado una vivienda de protección oficial de las que comenzaremos a construir próximamente.
Laopiniondetenerife.es.chat
El PSOE dice ahora que no corresponde a Costas ejecutar la “demolición” del Papagayo Arena
En una semana, el criterio del Ministerio de Medio con respecto al hotel Papagayo Arena, en Playa Blanca, ha sido analizado, criticado y precisado hasta la saciedad. Si el jueves pasado, el PSOE aseguraba que Costas se mantenía “firme en su intención de demoler” el hotel, este lunes rectificaba y afirmaba que no corresponde a la Dirección General ejecutar la “expropiación o demolición”.
DiariodeLanzarote.com
6. ¿Qué pasó con Cho Vito? ¿Qué sucede con el Litoral de Playa de la Viuda?
» En Chovito una sentencia judicial ordenó la demolición de las viviendas que han desaparecido por ocupar el dominio público, manteniéndose en pie aquellas que pertenecían a personas que no tenían otra casa y a las que el Ayuntamiento ayudará en las mismas condiciones que a cualquier otro vecino de Candelaria
atendiendo a sus condiciones familiares y económicas, y que vivirán en ellas mientras una nueva sentencia no les obligue a abandonarlas. Algunas de estas familias que lo han solicitado se les ha adjudicado una vivienda de protección oficial de las que comenzaremos a construir próximamente.
Laopiniondetenerife.es.chat
El PSOE dice ahora que no corresponde a Costas ejecutar la “demolición” del Papagayo Arena
En una semana, el criterio del Ministerio de Medio con respecto al hotel Papagayo Arena, en Playa Blanca, ha sido analizado, criticado y precisado hasta la saciedad. Si el jueves pasado, el PSOE aseguraba que Costas se mantenía “firme en su intención de demoler” el hotel, este lunes rectificaba y afirmaba que no corresponde a la Dirección General ejecutar la “expropiación o demolición”.
DiariodeLanzarote.com
EXISTE UNA SENTENCIA FIRME DE DERRIBO DE ESE HOTEL Y DE VARIOS MAS. PERO NO SE CUMPLE.
La directora de Costas afirma que el futuro del Hotel Médano pasa por el consenso
Adeje (Tenerife), EFE La directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz, dijo hoy que el futuro del hotel Médano, en el sur de Tenerife, pasa por "el consenso, desde luego, entre todas las administraciones", para esta franja del litoral "que necesita una mejora".
http://www.eldia.es/2010-07-08/SUR/1-directora-Costas-afirma-futuro-Hotel-Medano-pasa-consenso.htm
Diario del Senado de España.
Comparecencia de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Dña. Elena Espinosa Mangana, ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por su Departamento en el término municipal de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife) y, de forma muy concreta, en la demolición de viviendas en el poblado marinero conocido como Cho Vito.
Procedimiento: Ordinario
Registrado el 18 de Diciembre de 2008, calificado el 03 de Febrero de 2009
Órgano competente:
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Iniciativa presentada por:
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
Situación actual en Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca: Pendiente de comparecencia desde 09 de Marzo de 2009
Descriptores EUROVOC: Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), gestión del espacio, vivienda insalubre
Comparecencia de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Dña. Elena Espinosa Mangana, ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por su Departamento en el término municipal de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife) y, de forma muy concreta, en la demolición de viviendas en el poblado marinero conocido como Cho Vito.
Procedimiento: Ordinario
Registrado el 18 de Diciembre de 2008, calificado el 03 de Febrero de 2009
Órgano competente:
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Iniciativa presentada por:
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
Situación actual en Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca: Pendiente de comparecencia desde 09 de Marzo de 2009
Descriptores EUROVOC: Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), gestión del espacio, vivienda insalubre
el consenso al que se refiere Doña Alicia, en el caso de Cho Vito, se saltaron los acuerdos de la comisión Mixta Canarias-Estado, y se procedió al derribo, unilateralmente. A preguntas sobre este tema, en el senado, estamos esperando casi 2 años la comparecencia de la ministra o de alguien de su ministerio.
26. Sr Trujillo, cuando empezaran las obras en la playa de cho vito?. Es verdad que todos los vecinos con primera vivienda en esa ZONA, tiienen nueva ubicación.? cuando tienen que pagar los derribos?
» Dependerá del Juzgado el que se demuelan las viviendas que quedan allí si se determina por éste que ocupan el dominio público.
De las nueve viviendas que se mantuvieron por ser única casa, se han realojado a dos familias y ofrecido colaboración al resto, cómo a cualquier otro vecino del municipio de acuerdo a sus ingresos económicos.
El pago de los derribos es algo que depende de Costas y no sé si se los ha reclamado o no.
Sr Alcalde, aclárese la mente. No puede ser que el derribo se produce por una sentencia judicial, según usted, por ocupar el dominio público, y las casas que quedan, no se sabe si ocupan el mismo dominio o no. El día del derribo, usted, presionado por los vecinos, salvo de la sentencia judicial dos viviendas. Y eso que usted no puede hacer nada contra una sentencia.
En referencia a las viviendas, dos vecinos viven de alquiler, pagados por el ayuntamiento, y en la relación definitiva de los admitidos en la lista de viviendas del ayuntamiento, figuran dos vecinos, pero en reserva. No diga mentiras. Candelaria.es. Relación definitiva de viviendas.
28. NO LE DA VERGÜENZA AJENA LO OCURRIDO CON CHO VITO CUANDO SU PROPIO CHALET ESTÁ AFECTADO POR COSTAS, AL IGUAL QUE EL DEL SR. PLASENCIA, O ES QUE ¿LA LEY SÓLO FUNCIONA EN CONTRA DE LOS POBRES Y A FAVOR DE LOS RICOS COMO USTED?
» Cho Vito fue demolido por una sentencia judicial por ocupar el dominio público, y mi chalet, que es un apartamento en un edificio de tres plantas, en el que hay otros propietarios, no ocupa dominio público.
Le invito a pasar por el ayuntamiento para darle la información que necesita y conozca la verdad y realidad de Cho Vito y de la Costa de Candelaria. Hasta ahora, no he conocido ningún caso, de los muchos que dicen, en el que tenga algo que ver la condición económica del afectado con la aplicación de la Ley de Costas, pero sí es verdad que ese es un recurso fácil para criticar o hacerse la víctima.
Laopiniondetenerfie.es.chat
En este art. la imágen es de la vivienda del alcalde. Eso de que una imagen vale mil palabras.....
Simplemente indecente, inmoral, y por supuesto ILEGAL. LA LEY ES PARA TODOS. LO DICE USTED CADA VEZ QUE HABLA DE CHO VITO.
32. ¿Como se siente al ser el responsable de la destrucción de un pueblo marinero en su municipiio? Ya se que va a decir que hay sentencias, que si costas, que si no se cuantas barbaridades mas, pero lo que la gente no sabe es que sin el consentimiento del Ayuntamiento la demarcacion de costas no actua, (caso de un Ayuntamineto de La Palma que rechaza 12 millones de euros por no derribar casas a sus vecinos a cambio de un paseo maritimo). Pero claro a usted le pagaron con hacerle esa cosa horrible que ya tiene nombre "El Charco de Los Mosquitos" ese es el precio por haber derribado chovito. Ya podia haber defendido algo mas a sus vecinos. ¿Ha pasado uds por chovito ultimamente? Ha visto como lo han dejado?.
» Las sentencias son de obligado cumplimiento para todos, incluídos los Ayuntamientos y los alcaldes que somos los primeros que tenemos que acatarlas. ¿ De verdad cree que para ejecutar la sentencia de un juez hay que pedirle permis a alguien?. Para ejecutar las obras de demolición de Cho Vito o de cualquier otro lugar de acuerdo a una sentencia, Costas no pide permiso, lo comunica y basta.
El problema de una demolición no está en que se quiera hacer un paseo, sino en que esa edificación esté en dominio público, ya que con paseo o sin él no puede ocupar un espacio que es de todos.
Laopiniondetenerife.es.chat.
jueves, 15 de julio de 2010
UNA NOTICIA VIEJA. LA ARBITRARIEDAD DE SIEMPRE.
Costas expedienta a Cayetana de Alba por su chalé de Marbella
Después de que los chiringuitos de la Costa del Sol hayan estado en el punto de mira de la Ley de Costas, ahora parece tocarle el turno a la nobleza. La Demarcación de Costas ha abierto un expediente informativo a Doña Cayetana Fitz James Stuart por su chalé ubicado en la playa marbellí de Casablanca, que supuestamente invade 32 metros cuadrados del dominio marítimo terrestre.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga publicaba esta información en su número del martes, en el que se dejaba claro que la Duquesa de Alba tiene un plazo de ocho días para acreditar que tenía licencia para realizar la obra. El documento oficial especifica que Doña Cayetana o sus representantes legales tendrán que «formular, por escrito, las alegaciones y presentar las pruebas que estimen convenientes en defensa de sus derechos»
En el caso de que no pudiese acreditar la legalidad, el expediente podría transformarse en sancionador y Costas podría ordenar el derribo de parte de la vivienda. El BOP, concretamente, especifica que si las alegaciones son desestimadas «se adoptarán las medidas necesarias para la recuperación posesoria del dominio público ocupado, entre las que se incluye el desahucio administrativo previsto en el artículo 10 de la Ley de Costas (data de 1988)».
El Gobierno le acusa de invadir 32 metros cuadrados de la playa de Casablanca
El texto especifica que la parte del chalé que presuntamente invade la playa es «un muro de piedra natural y obra, sobre el que hay una valla metálica y zonas verdes, de aproximadamente 24 metros de longitud».
Junto con la casa de la duquesa de Alba, Costas ha anunciado la apertura de otros 27 expedientes informativos similares.
No es la primera vez que las viviendas de rostros conocidos en Marbella son noticia por su presunta ilegalidad. El actor Antonio Banderas mantuvo un contencioso similar por su casa en el municipio marbellí. El caso de «La Gaviota», que fue residencia de la periodista Encarna Sánchez, llegó hasta los tribunales después de la denuncia presentada por los residentes de la urbanización Los Monteros. Aunque un tribunal falló en su contra, finalmente, según el Ayuntamiento, la vivienda será regularizada en el próximo Plan General.
Después de que los chiringuitos de la Costa del Sol hayan estado en el punto de mira de la Ley de Costas, ahora parece tocarle el turno a la nobleza. La Demarcación de Costas ha abierto un expediente informativo a Doña Cayetana Fitz James Stuart por su chalé ubicado en la playa marbellí de Casablanca, que supuestamente invade 32 metros cuadrados del dominio marítimo terrestre.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga publicaba esta información en su número del martes, en el que se dejaba claro que la Duquesa de Alba tiene un plazo de ocho días para acreditar que tenía licencia para realizar la obra. El documento oficial especifica que Doña Cayetana o sus representantes legales tendrán que «formular, por escrito, las alegaciones y presentar las pruebas que estimen convenientes en defensa de sus derechos»
En el caso de que no pudiese acreditar la legalidad, el expediente podría transformarse en sancionador y Costas podría ordenar el derribo de parte de la vivienda. El BOP, concretamente, especifica que si las alegaciones son desestimadas «se adoptarán las medidas necesarias para la recuperación posesoria del dominio público ocupado, entre las que se incluye el desahucio administrativo previsto en el artículo 10 de la Ley de Costas (data de 1988)».
El Gobierno le acusa de invadir 32 metros cuadrados de la playa de Casablanca
El texto especifica que la parte del chalé que presuntamente invade la playa es «un muro de piedra natural y obra, sobre el que hay una valla metálica y zonas verdes, de aproximadamente 24 metros de longitud».
Junto con la casa de la duquesa de Alba, Costas ha anunciado la apertura de otros 27 expedientes informativos similares.
No es la primera vez que las viviendas de rostros conocidos en Marbella son noticia por su presunta ilegalidad. El actor Antonio Banderas mantuvo un contencioso similar por su casa en el municipio marbellí. El caso de «La Gaviota», que fue residencia de la periodista Encarna Sánchez, llegó hasta los tribunales después de la denuncia presentada por los residentes de la urbanización Los Monteros. Aunque un tribunal falló en su contra, finalmente, según el Ayuntamiento, la vivienda será regularizada en el próximo Plan General.
La diferencia entre Doña Cayetana, y el que escribe, y muchos más, es su poder.
Mientras que costas, cuando quiere recuperar el dominio público, no te informa del proceso, te incoa un expediente de recuperación posesoria, de entrada, para que ya empieces a no dormir, con esta sra, le está informándole y casi, pidiendole perdón por las molestias ocasionadas.
La propiedad afectada por un expediente de reucperación posesoria, es indivisible. No se puede tirar una parte y dejar la otra. Eso dice la Ley. A doña Cayetana, eso no se le aplica. Mi casa Cho vito, estaba en dominio público, por 75 cm. .
Ya sabíamos que la justicia es ciega, coja, pero ahora, usa peineta, abanico, y va a los toros. País de justicia, de igualdad, de democracia...
El PP presenta una modificación a la Ley de Costas para mantener algunas concesiones e indemnizar a otras
La iniciativa pretende evitar los "efectos perversos" de la norma conservando su "espíritu" de protección
EUROPA PRESS. 13.07.2010
El Partido Popular ha presentado en el Senado una proposición de ley para modificar la Ley de Costas de 1988 de manera que se puedan mantener las concesiones otorgadas antes de ese año que sean compatibles con la protección del litoral y se estipulen indemnizaciones para el resto.
La iniciativa, redactada por la senadora 'popular' por Cantabria Leticia Díaz, pretende evitar los "efectos perversos" de la norma, pero conservando el "espíritu" de protección de la costa, según han explicado esta martes en rueda de prensa la propia senadora y el presidente del PP cántabro, Ignacio Diego.
La proposición de ley del PP, a la que se podrán presentar enmiendas hasta el próximo 17 de septiembre, plantea modificar la disposición transitoria segunda y la disposición transitoria sexta de la Ley del 88.
Por un lado, los 'populares' proponen que se elabore un instrumento de planificación específica que valore "costa por costa" qué usos son compatibles con la conservación ambiental. Mientras tanto, quieren que se mantengan las concesiones previas a la aprobación de la ley.
Una vez esté hecho el análisis, el PP sugiere que se puedan mantener aquellas concesiones que sean compatibles con la protección. Y para las que sean "manifiestamente incompatibles", demanda una valoración e indemnización.
Junto a esto, el Partido Popular propone que se anule parte del reglamento de desarrollo de la ley, y que se recoja expresamente que las extinciones de concesiones se deben llevar a cabo de acuerdo con las condiciones acordadas en su día en los pliegos.
No se puede "perder la memoria"
Según Leticia Díaz, "la Administración no puede perder la memoria, tiene que saber lo que hizo y no puede decir que no quiere saber nada" de lo que hicieron los anteriores gestores, máxime cuando "hubo un momento" en el que incluso las administraciones "animaban a invertir en determinadas zonas".
La proposición de ley presentada por el PP, que está abierta a las aportaciones de los demás grupos en el Senado, supone según dicen una iniciativa sin "precedentes", porque hasta ahora "ningún partido" había tenido la "valentía" de plantear cambios a una ley que "nadie quiere tocar" amparados en la base de la protección.
Sin embargo, después de 30 años de vigencia se ha visto, según la senadora cántabra, que la ley "no ha llegado a su finalidad" y los "problemas continúan" sin que "nadie" aporte una solución "al menos, de debate".
De hecho, creen que las modificaciones que plantean algunos grupos en el Congreso a través de la Ley de Medio Marino lo que harán es generar "mayor inseguridad", porque habría dos leyes "que chocarían entre sí", tal como ha señalado Diego.
En palabras del líder del PP cántabro, lo que propone el Partido Popular es una iniciativa "de mínimos" en la que se refrenda la voluntad de protección que preside la Ley de Costas, pero se lamenta su "carácter confiscatorio", en la medida en que el Estado, con la redacción actual de la Ley, puede "echar" a una empresa de un terreno en concesión, "sin ningún tipo de contraprestación".
Tras garantizar que "ningún especulador" va a "encontrar salida a sus intereses" a través de esta iniciativa, Diego invitó a sumarse a la iniciativa 'popular' y a realizar aportaciones a los demás grupos, y también al Gobierno de Cantabria —que hasta ahora se ha "lavado las manos"—, al PSOE, al PRC y al delegado del Gobierno en la región, Agustín Ibáñez.
Empresas y empleos "amenazados"
El presidente de los 'populares' cántabros ha subrayado la importancia de esta iniciativa, ya que la aplicación "rigurosa" de la Ley de Costas en la región "se llevaría por delante el tejido empresarial y miles de trabajos" que están "amenazados" por esa norma, así como explotaciones ganaderas y otras concesiones administrativas.
Diego ha puesto el ejemplo del Polígono de Raos, cuyos empresarios, según dice, han recibido este martes la notificación de que están todos afectados por el deslinde de Camargo. Y también ha aludido a la zona de Torrelavega, Miengo y Requejada
EUROPA PRESS. 13.07.2010
El Partido Popular ha presentado en el Senado una proposición de ley para modificar la Ley de Costas de 1988 de manera que se puedan mantener las concesiones otorgadas antes de ese año que sean compatibles con la protección del litoral y se estipulen indemnizaciones para el resto.
La iniciativa, redactada por la senadora 'popular' por Cantabria Leticia Díaz, pretende evitar los "efectos perversos" de la norma, pero conservando el "espíritu" de protección de la costa, según han explicado esta martes en rueda de prensa la propia senadora y el presidente del PP cántabro, Ignacio Diego.
La proposición de ley del PP, a la que se podrán presentar enmiendas hasta el próximo 17 de septiembre, plantea modificar la disposición transitoria segunda y la disposición transitoria sexta de la Ley del 88.
Por un lado, los 'populares' proponen que se elabore un instrumento de planificación específica que valore "costa por costa" qué usos son compatibles con la conservación ambiental. Mientras tanto, quieren que se mantengan las concesiones previas a la aprobación de la ley.
Una vez esté hecho el análisis, el PP sugiere que se puedan mantener aquellas concesiones que sean compatibles con la protección. Y para las que sean "manifiestamente incompatibles", demanda una valoración e indemnización.
Junto a esto, el Partido Popular propone que se anule parte del reglamento de desarrollo de la ley, y que se recoja expresamente que las extinciones de concesiones se deben llevar a cabo de acuerdo con las condiciones acordadas en su día en los pliegos.
No se puede "perder la memoria"
Según Leticia Díaz, "la Administración no puede perder la memoria, tiene que saber lo que hizo y no puede decir que no quiere saber nada" de lo que hicieron los anteriores gestores, máxime cuando "hubo un momento" en el que incluso las administraciones "animaban a invertir en determinadas zonas".
La proposición de ley presentada por el PP, que está abierta a las aportaciones de los demás grupos en el Senado, supone según dicen una iniciativa sin "precedentes", porque hasta ahora "ningún partido" había tenido la "valentía" de plantear cambios a una ley que "nadie quiere tocar" amparados en la base de la protección.
Sin embargo, después de 30 años de vigencia se ha visto, según la senadora cántabra, que la ley "no ha llegado a su finalidad" y los "problemas continúan" sin que "nadie" aporte una solución "al menos, de debate".
De hecho, creen que las modificaciones que plantean algunos grupos en el Congreso a través de la Ley de Medio Marino lo que harán es generar "mayor inseguridad", porque habría dos leyes "que chocarían entre sí", tal como ha señalado Diego.
En palabras del líder del PP cántabro, lo que propone el Partido Popular es una iniciativa "de mínimos" en la que se refrenda la voluntad de protección que preside la Ley de Costas, pero se lamenta su "carácter confiscatorio", en la medida en que el Estado, con la redacción actual de la Ley, puede "echar" a una empresa de un terreno en concesión, "sin ningún tipo de contraprestación".
Tras garantizar que "ningún especulador" va a "encontrar salida a sus intereses" a través de esta iniciativa, Diego invitó a sumarse a la iniciativa 'popular' y a realizar aportaciones a los demás grupos, y también al Gobierno de Cantabria —que hasta ahora se ha "lavado las manos"—, al PSOE, al PRC y al delegado del Gobierno en la región, Agustín Ibáñez.
Empresas y empleos "amenazados"
El presidente de los 'populares' cántabros ha subrayado la importancia de esta iniciativa, ya que la aplicación "rigurosa" de la Ley de Costas en la región "se llevaría por delante el tejido empresarial y miles de trabajos" que están "amenazados" por esa norma, así como explotaciones ganaderas y otras concesiones administrativas.
Diego ha puesto el ejemplo del Polígono de Raos, cuyos empresarios, según dice, han recibido este martes la notificación de que están todos afectados por el deslinde de Camargo. Y también ha aludido a la zona de Torrelavega, Miengo y Requejada
sábado, 10 de julio de 2010
Coalición logra que el Congreso se plantee suavizar la Ley de Costas
ANA MARTÍNEZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE Coalición Canaria ha logrado que, por primera vez desde 1988, el Congreso de los Diputados se siente a debatir una reforma profunda de la Ley de Costas que haga posible la salvación de muchas de las construcciones del litoral. Lo curioso es que la formación nacionalista lo ha conseguido a través de varias enmiendas presentadas a otro texto legislativo, la Ley del Medio Marino. Los planteamientos de CC incluyen la transferencia de competencias en materia de Costas a la Comunidad Autónoma y un estudio pormenorizado de las edificaciones que invadan el dominio público antes de ordenar su derribo.
El diputado José Luis Perestelo explicó que el plazo de presen¬tación de enmiendas a la Ley del Medio Marino concluyó hace quince días y que la mesa de la ponencia que debatirá el cambio norma¬tivo acaba de constituirse. "Las reuniones empiezan en -septiembre", declaró Perestelo, que será quien defienda las tesis de su partido en el seno de esa ¬comisión.
El diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife detalló que "pedimos un pacto institucional entre los ejecutivos central y autonómico, los cabildos y los ayuntamientos en los que se encuentre la construcción afectada".
"CC considera", apuntó Perestelo, "que no todo el litoral es igual; ni siquiera es igual en todas las Islas". Destacó, sobre todo, que "no todos los usos afectan de la misma manera, por lo que no se puede actuar de una manera estandarizada en todos los casos".
Aplicación dispar
Sin embargo, también comentó que "la aplicación hasta ahora ha sido dispar". De esta manera, sostiene que mientras que "en unos sitios se ha iniciado el expediente o incluso se ha ejecutado el derribo, en otros se han concedido prórrogas o se ha aceptado el valor patrimonial de las casas o asentamientos y se han podido salvar".El diputado nacionalista agregó que "no hay que olvidar que el Gobierno de Canarias es la autoridad competente en materia urbanística; por eso queremos que se nos tenga en cuenta a la hora de decidir si una determinada construcción se tira o no". En este sentido, el planteamiento de CC es que se pacten los criterios que pueden determinar la salvación de algunos asentamientos. "La realidad de Canarias no es la misma que la de la Península", insistió.
En ese sentido, puso como ejemplo algunos núcleos palmeros cuyo desarrolo está comprometido por la Ley, como San Andrés y Sauces o Puerto Spínola.
Para José Luis Perestelo, lo importante de esta norma es que "vamos a obligar a todos los grupos políticos a que adopten una postura clara en este tema".
El diputado recordó que "nadie se había atrevido hasta ahora a meterle mano a esto". El propio Ministerio de Fomento, apostilló, "tenía una disposición en la Ley de Derecho Marítimo para modificar la normativa sobre los asentamientos y su debate se ha ido retrasando año tras año sin que haya habido voluntad de tramitarla".
SANTA CRUZ DE TENERIFE Coalición Canaria ha logrado que, por primera vez desde 1988, el Congreso de los Diputados se siente a debatir una reforma profunda de la Ley de Costas que haga posible la salvación de muchas de las construcciones del litoral. Lo curioso es que la formación nacionalista lo ha conseguido a través de varias enmiendas presentadas a otro texto legislativo, la Ley del Medio Marino. Los planteamientos de CC incluyen la transferencia de competencias en materia de Costas a la Comunidad Autónoma y un estudio pormenorizado de las edificaciones que invadan el dominio público antes de ordenar su derribo.
El diputado José Luis Perestelo explicó que el plazo de presen¬tación de enmiendas a la Ley del Medio Marino concluyó hace quince días y que la mesa de la ponencia que debatirá el cambio norma¬tivo acaba de constituirse. "Las reuniones empiezan en -septiembre", declaró Perestelo, que será quien defienda las tesis de su partido en el seno de esa ¬comisión.
El diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife detalló que "pedimos un pacto institucional entre los ejecutivos central y autonómico, los cabildos y los ayuntamientos en los que se encuentre la construcción afectada".
"CC considera", apuntó Perestelo, "que no todo el litoral es igual; ni siquiera es igual en todas las Islas". Destacó, sobre todo, que "no todos los usos afectan de la misma manera, por lo que no se puede actuar de una manera estandarizada en todos los casos".
Aplicación dispar
Sin embargo, también comentó que "la aplicación hasta ahora ha sido dispar". De esta manera, sostiene que mientras que "en unos sitios se ha iniciado el expediente o incluso se ha ejecutado el derribo, en otros se han concedido prórrogas o se ha aceptado el valor patrimonial de las casas o asentamientos y se han podido salvar".El diputado nacionalista agregó que "no hay que olvidar que el Gobierno de Canarias es la autoridad competente en materia urbanística; por eso queremos que se nos tenga en cuenta a la hora de decidir si una determinada construcción se tira o no". En este sentido, el planteamiento de CC es que se pacten los criterios que pueden determinar la salvación de algunos asentamientos. "La realidad de Canarias no es la misma que la de la Península", insistió.
En ese sentido, puso como ejemplo algunos núcleos palmeros cuyo desarrolo está comprometido por la Ley, como San Andrés y Sauces o Puerto Spínola.
Para José Luis Perestelo, lo importante de esta norma es que "vamos a obligar a todos los grupos políticos a que adopten una postura clara en este tema".
El diputado recordó que "nadie se había atrevido hasta ahora a meterle mano a esto". El propio Ministerio de Fomento, apostilló, "tenía una disposición en la Ley de Derecho Marítimo para modificar la normativa sobre los asentamientos y su debate se ha ido retrasando año tras año sin que haya habido voluntad de tramitarla".
¿A qué españoles debo pedir perdón?
Pregunto a los anónimos que me acusan de haber ofendido a los españoles a quienes debo pedir perdón.
?
Debo pedir perdón al cerca de medio million de familias españolas que habiéndo comprado o construído su vivienda en toda legalidad viven hoy desesperados por la amenaza de que ésta sea demolida, o de perder la propiedad sin compensación razonable
O debo pedir perdón a todos aquellos españoles que por acción u omisión han hecho posible que sus compatriotas se vean afectados por este drama que lleva muchos años sin solución.
Sabed, anónimos, que desde hace un año me ocupo de la situación de los Españoles más que de los Ingleses porque los que la sufren son mucho más numerosos. Sabed, anónimos, que he recibido en mi despacho en Bruselas y he visitado a muchos españoles a quienes he visto destruídos por el drama que les toca vivir. Sabed, anónimos, que trabajo codo con codo con muchos de ellos para que el Gobierno español reaccione de una vez y acabe con este escándalo.
Qué creéis que piensan los españoles que viven bajo la amenaza de perder sus propiedades?
Qué creéis que piensan aquellos que habiéndola ya perdido se ven obligados a continuar pagando la hipoteca al Banco a riesgo de acabar en la cárcel o perder otros bienes? Al menos en Zimbabwe los expropiados no tienen que seguir pagando la hipoteca.
Yo represento a los Ingleses sí y ha sido a través de ellos que he conocido el problema pero he defendido a todos los damnificados y lo seguiré haciendo.
?
Debo pedir perdón al cerca de medio million de familias españolas que habiéndo comprado o construído su vivienda en toda legalidad viven hoy desesperados por la amenaza de que ésta sea demolida, o de perder la propiedad sin compensación razonable
O debo pedir perdón a todos aquellos españoles que por acción u omisión han hecho posible que sus compatriotas se vean afectados por este drama que lleva muchos años sin solución.
Sabed, anónimos, que desde hace un año me ocupo de la situación de los Españoles más que de los Ingleses porque los que la sufren son mucho más numerosos. Sabed, anónimos, que he recibido en mi despacho en Bruselas y he visitado a muchos españoles a quienes he visto destruídos por el drama que les toca vivir. Sabed, anónimos, que trabajo codo con codo con muchos de ellos para que el Gobierno español reaccione de una vez y acabe con este escándalo.
Qué creéis que piensan los españoles que viven bajo la amenaza de perder sus propiedades?
Qué creéis que piensan aquellos que habiéndola ya perdido se ven obligados a continuar pagando la hipoteca al Banco a riesgo de acabar en la cárcel o perder otros bienes? Al menos en Zimbabwe los expropiados no tienen que seguir pagando la hipoteca.
Yo represento a los Ingleses sí y ha sido a través de ellos que he conocido el problema pero he defendido a todos los damnificados y lo seguiré haciendo.
Marta Andreasen.
Eurodiputada Británica. Parlamento Europeo.
Felicidades Marta, por su intervención, defendiendo al millón y medio de afectados por la Ley de Costas, en el Parlamento Europeo. Las críticas que recibes, son de esa parte de la sociedad española, que se apena cuando en nuestras ántipodas se demuelen viviendas, y se alegran de que sus vecinos pierdan las suyas;que piensan que la Unión Europea esta para recibir dineros y ayudas, y no para velar por los derechoa fundamentales de las personas.
Animo Marta, has entendido perfectamente la problemática que existe en España con esta Ley;otros no pueden decir lo mismo.
Costas ratifica que derribará El Médano y Bocacangrejo
"El interés general prima" y esas construcciones, tanto las viviendas como el hotel "son ilegales", responde el titular de Mar a los afectados de El Rosario
ELOÍSA REVERÓN
EL ROSARIO Las viviendas de Bocacangrejo, en El Rosario, y la terraza del Hotel del Médano, en Granadilla de Abona tienen que demolerse porque son ilegales. Este contundente mensaje fue lanzado ayer por el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín, quien descartaba de esta forma escuchar a los vecinos de la Isla que tratan de impedir los derribos de estas construcciones.
Martín, que visitó Tenerife para inaugurar la nueva zona de baño de La Nea-Radazul, en el municipio de El Rosario, recalcó que el objetivo del Estado es lograr la regeneración de todo el litoral. Por esta razón, instó a los municipios de Granadilla de Abona y de El Rosario a buscar soluciones a los afectados por las órdenes de demolición de las construcciones ilegales.
El Ayuntamiento de El Rosario tendrá que ofrecer viviendas a los vecinos que residen en casas construidas en territorio de Costas porque no hay posibilidad de dar marcha atrás a la demolición, explicó el secretario general del Mar.
Los argumentos de Martín fueron escuchados con preocupación por los vecinos de Bocacangrejo que se acercaron a la zona de La Nea para implorar que no se derribasen sus viviendas.
La respuesta de Juan Carlos Martín fue bastante clara. El interés general prima, aunque se comprometió a estudiar cada caso para buscar alternativas a los afectados.
Que Costas está cumpliendo con su objetivo en la Isla lo han comprobado ya los vecinos de Cho Vito, en el núcleo de Candelaria, y en el municipio de El Sauzal, donde las máquinas ya han actuado.
El secretario general del Mar, también se refirió a la ilegalidad de la terraza del hotel Médano. En este caso, "es sólo una parte de la infraestructura la que incumple la ley", recordó y será ésta la que se demolerá para cumplir la normativa de Costas, añadió.Por otra parte, la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz, insistió en que el litoral tinerfeño necesita "una mejora urgente" y destacó que la concesión de explotación de la terraza del hotel sureño ha vencido.
No podré entender, las promesas de viviendas para los afectados, cuando ya tienen una. Ya estan en pre-campaña electoral y es el momento de prometer. Miles de afectados se han quedado sin viviendas en España, y no han recibido otra a cambio. TIENEN QUE COMPRARLA
Por otro lado, acabaré defendiendo la ley de costas,(Dios no lo quiera) ya que los que estan al frente parece que olvidan ciertos aspectos de la misma. No apoyo la demolición del Hotel del Médano, al contrario, pero no es sólo la terraza del Hotel, lo que ocupa el dominio público, y a nadie le pasa la cabeza que tiren una parte y el resto lo dejen en pie. Es el mismo ministerio, el que crea la arbitrariedad de la ley.
ELOÍSA REVERÓN
EL ROSARIO Las viviendas de Bocacangrejo, en El Rosario, y la terraza del Hotel del Médano, en Granadilla de Abona tienen que demolerse porque son ilegales. Este contundente mensaje fue lanzado ayer por el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín, quien descartaba de esta forma escuchar a los vecinos de la Isla que tratan de impedir los derribos de estas construcciones.
Martín, que visitó Tenerife para inaugurar la nueva zona de baño de La Nea-Radazul, en el municipio de El Rosario, recalcó que el objetivo del Estado es lograr la regeneración de todo el litoral. Por esta razón, instó a los municipios de Granadilla de Abona y de El Rosario a buscar soluciones a los afectados por las órdenes de demolición de las construcciones ilegales.
El Ayuntamiento de El Rosario tendrá que ofrecer viviendas a los vecinos que residen en casas construidas en territorio de Costas porque no hay posibilidad de dar marcha atrás a la demolición, explicó el secretario general del Mar.
Los argumentos de Martín fueron escuchados con preocupación por los vecinos de Bocacangrejo que se acercaron a la zona de La Nea para implorar que no se derribasen sus viviendas.
La respuesta de Juan Carlos Martín fue bastante clara. El interés general prima, aunque se comprometió a estudiar cada caso para buscar alternativas a los afectados.
Que Costas está cumpliendo con su objetivo en la Isla lo han comprobado ya los vecinos de Cho Vito, en el núcleo de Candelaria, y en el municipio de El Sauzal, donde las máquinas ya han actuado.
El secretario general del Mar, también se refirió a la ilegalidad de la terraza del hotel Médano. En este caso, "es sólo una parte de la infraestructura la que incumple la ley", recordó y será ésta la que se demolerá para cumplir la normativa de Costas, añadió.Por otra parte, la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz, insistió en que el litoral tinerfeño necesita "una mejora urgente" y destacó que la concesión de explotación de la terraza del hotel sureño ha vencido.
No podré entender, las promesas de viviendas para los afectados, cuando ya tienen una. Ya estan en pre-campaña electoral y es el momento de prometer. Miles de afectados se han quedado sin viviendas en España, y no han recibido otra a cambio. TIENEN QUE COMPRARLA
Por otro lado, acabaré defendiendo la ley de costas,(Dios no lo quiera) ya que los que estan al frente parece que olvidan ciertos aspectos de la misma. No apoyo la demolición del Hotel del Médano, al contrario, pero no es sólo la terraza del Hotel, lo que ocupa el dominio público, y a nadie le pasa la cabeza que tiren una parte y el resto lo dejen en pie. Es el mismo ministerio, el que crea la arbitrariedad de la ley.
viernes, 9 de julio de 2010
MUY IMPORTANTE
El Congreso debate por primera vez rebajar la Ley de Costas de 1988
Coalición Canaria y CiU fuerzan la votación sobre cómo frenar los derribos
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 09/07/2010
El Congreso debatirá por primera vez una reforma de calado para rebajar la Ley de Costas, de 1988. Lo hará en otra norma que no tiene mucho que ver, la Ley de Medio Marino, a la que Coalición Canaria ha presentado enmiendas para reducir los derribos y respetar las casas ya construidas en dominio público. El PSOE se opone y el PP no ve con malos ojos un recorte de la política de derribos que tantos votos cuesta y quebraderos de cabeza genera.
El PP se suma a las críticas a la norma y puede crear una mayoría de reforma
La Ley de Costas era un melón que nadie se atrevía a abrir. Aprobada en 1988, la norma declaró público todo el litoral español. Para quienes tuvieran una casa construida legalmente en la arena, la ley ideó un sistema peculiar de compensación: el Estado les dejaba usar sus propiedades hasta un máximo de 60 años pero no podían venderlas. Tras ese periodo pasarían a manos del Estado para ser derribadas. La idea era limpiar el litoral de cemento.
La ley fue cumplida a medio gas hasta 2004, cuando el ministerio que dirigía Cristina Narbona aceleró los deslindes (el trámite para delimitar la zona pública y la privada de costa). Actualmente está deslindado el 92% de los casi 8.000 kilómetros de costa y con el trámite llegan los pleitos, los derribos, las quejas a Bruselas, la movilización y, finalmente, el debate parlamentario.
El portavoz popular en Medio Ambiente, Carlos Floriano, asegura que aún no tienen postura fijada pero no rehúye el debate: "Se ha sacralizado una ley que no ha cumplido su objetivo, ya que en estos 20 años de vigencia de la norma es cuando la costa ha sufrido más agresiones. No ha conseguido compatibilizar el medio ambiente y el respeto a la propiedad privada. Se están vulnerando derechos adquiridos de mucha gente mediante un procedimiento confiscatorio".
Una enmienda de CiU pide reformar la ley en tres meses para "revisar los criterios de deslinde de dominio público marítimo-terrestre aplicables a aquellas áreas urbanas consolidadas con singularidades propias" y pone como ejemplos la urbanización de Santa Margarida (Roses, Girona) o la Marina de Empuriabrava. Pere Macías, de CiU, afirma que "en algunos casos la ley es excesiva" y que casos como los que cita "los hay en toda España". Macías destaca que muchos de los afectados por la ley son extranjeros, lo que le ha valido al Gobierno quejas del Reino Unido y Alemania.
Las enmiendas de Coalición Canaria (CC) van mucho más allá y otorgan competencias en materia de costa a las comunidades. El partido pide "respetar las construcciones y usos ya existentes" en la costa aunque a la entrada en vigor de la ley no estuviera clasificado como suelo urbano. CC y PP aprobaron una ley autonómica que salvaba viviendas en la playa por su "valor etnográfico", pero la norma está recurrida por el Gobierno en el Constitucional. Ahora pretende introducir en el Congreso que las comunidades designarán las construcciones con "valores históricos, etnográficos, arquitectónicos o pintorescos, que resulte conveniente conservar en función de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social".
El BNG no ha enmendado la ley, pero no porque quiera mantenerla tal cual. Presentó otra proposición de ley para legalizar los núcleos rurales construidos antes de la ley pero no reconocidos en esta, como el caso de Marín (Pontevedra). "No queremos abrir el tema de los deslindes, pero sí estamos dispuestos a hablar sobre la forma de salvar estas construcciones que hay en la costa gallega y asturiana", afirma la diputada Olaya Fernández.
El Ministerio de Medio Ambiente no ha querido comentar las enmiendas. El ministerio ya presentó una reforma de un punto de la norma para permitir comprar y vender las casas construidas legalmente en la playa antes de 1988. Ese cambio, introducido a través de otra ley, duerme desde hace año y medio en un cajón del Congreso. El ministerio sí ha optado por aplicar la ley con menos dureza, al menos públicamente, que el equipo anterior.
Los ecologistas temen que la presión acabe por imponer un recorte. "En España que la costa es pública está reconocido desde Alfonso X el Sabio. Por la seguridad de las personas, la franja costera no debería ocuparse y las ocupaciones ilegales no deben prevalecer sobre el interés general", afirma Rita Rodríguez, de WWF, una organización que ve con alarma los movimientos contra una de las leyes más importantes y duraderas sobre medio ambiente.
Coalición Canaria y CiU fuerzan la votación sobre cómo frenar los derribos
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 09/07/2010
El Congreso debatirá por primera vez una reforma de calado para rebajar la Ley de Costas, de 1988. Lo hará en otra norma que no tiene mucho que ver, la Ley de Medio Marino, a la que Coalición Canaria ha presentado enmiendas para reducir los derribos y respetar las casas ya construidas en dominio público. El PSOE se opone y el PP no ve con malos ojos un recorte de la política de derribos que tantos votos cuesta y quebraderos de cabeza genera.
El PP se suma a las críticas a la norma y puede crear una mayoría de reforma
La Ley de Costas era un melón que nadie se atrevía a abrir. Aprobada en 1988, la norma declaró público todo el litoral español. Para quienes tuvieran una casa construida legalmente en la arena, la ley ideó un sistema peculiar de compensación: el Estado les dejaba usar sus propiedades hasta un máximo de 60 años pero no podían venderlas. Tras ese periodo pasarían a manos del Estado para ser derribadas. La idea era limpiar el litoral de cemento.
La ley fue cumplida a medio gas hasta 2004, cuando el ministerio que dirigía Cristina Narbona aceleró los deslindes (el trámite para delimitar la zona pública y la privada de costa). Actualmente está deslindado el 92% de los casi 8.000 kilómetros de costa y con el trámite llegan los pleitos, los derribos, las quejas a Bruselas, la movilización y, finalmente, el debate parlamentario.
El portavoz popular en Medio Ambiente, Carlos Floriano, asegura que aún no tienen postura fijada pero no rehúye el debate: "Se ha sacralizado una ley que no ha cumplido su objetivo, ya que en estos 20 años de vigencia de la norma es cuando la costa ha sufrido más agresiones. No ha conseguido compatibilizar el medio ambiente y el respeto a la propiedad privada. Se están vulnerando derechos adquiridos de mucha gente mediante un procedimiento confiscatorio".
Una enmienda de CiU pide reformar la ley en tres meses para "revisar los criterios de deslinde de dominio público marítimo-terrestre aplicables a aquellas áreas urbanas consolidadas con singularidades propias" y pone como ejemplos la urbanización de Santa Margarida (Roses, Girona) o la Marina de Empuriabrava. Pere Macías, de CiU, afirma que "en algunos casos la ley es excesiva" y que casos como los que cita "los hay en toda España". Macías destaca que muchos de los afectados por la ley son extranjeros, lo que le ha valido al Gobierno quejas del Reino Unido y Alemania.
Las enmiendas de Coalición Canaria (CC) van mucho más allá y otorgan competencias en materia de costa a las comunidades. El partido pide "respetar las construcciones y usos ya existentes" en la costa aunque a la entrada en vigor de la ley no estuviera clasificado como suelo urbano. CC y PP aprobaron una ley autonómica que salvaba viviendas en la playa por su "valor etnográfico", pero la norma está recurrida por el Gobierno en el Constitucional. Ahora pretende introducir en el Congreso que las comunidades designarán las construcciones con "valores históricos, etnográficos, arquitectónicos o pintorescos, que resulte conveniente conservar en función de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social".
El BNG no ha enmendado la ley, pero no porque quiera mantenerla tal cual. Presentó otra proposición de ley para legalizar los núcleos rurales construidos antes de la ley pero no reconocidos en esta, como el caso de Marín (Pontevedra). "No queremos abrir el tema de los deslindes, pero sí estamos dispuestos a hablar sobre la forma de salvar estas construcciones que hay en la costa gallega y asturiana", afirma la diputada Olaya Fernández.
El Ministerio de Medio Ambiente no ha querido comentar las enmiendas. El ministerio ya presentó una reforma de un punto de la norma para permitir comprar y vender las casas construidas legalmente en la playa antes de 1988. Ese cambio, introducido a través de otra ley, duerme desde hace año y medio en un cajón del Congreso. El ministerio sí ha optado por aplicar la ley con menos dureza, al menos públicamente, que el equipo anterior.
Los ecologistas temen que la presión acabe por imponer un recorte. "En España que la costa es pública está reconocido desde Alfonso X el Sabio. Por la seguridad de las personas, la franja costera no debería ocuparse y las ocupaciones ilegales no deben prevalecer sobre el interés general", afirma Rita Rodríguez, de WWF, una organización que ve con alarma los movimientos contra una de las leyes más importantes y duraderas sobre medio ambiente.
El Rosario y Adeje estrenan 1,1 kilómetros en paseos marítimos
El secretario general del Mar inauguró las obras ejecutadas en el litoral de la Isla por el Ministerio de Medio Ambiente, que ha invertido casi ocho millones en los dos municipios socialistas. 9/jul/10 07:38
N. VIZOSO, S/C de Tenerife
Los municipios de El Rosario y de Adeje cuentan desde ayer con significativas mejoras en sus respectivos litorales que seguramente serán la envidia de aquellos otros enclaves de la Isla (como la propia capital) que tanto ansían su apertura al mar. Tal es así que el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, mantuvo una apretada agenda durante la jornada de ayer para poder inaugurar hasta cuatro proyectos en los que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha invertido un total de 7.924.585 euros y ha supuesto 1.134 metros de paseo costero.
Fragueiro estuvo acompañado de la delegada del Gobierno, Carolina Darias; la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz Antolín, y los respectivos alcaldes de los municipios citados, Macario Benítez y José Miguel Rodríguez Fraga (ambos del PSC). Terreno abonado para que se respaldara casi hasta el paroxismo la gestión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "que ha invertido en dos años en El Rosario más que en los 25 años anteriores", a juicio del alcalde de El Rosario.Ante un público entregado y agradecido era fácil predicar las bondades de la política de regeneración y rehabilitación del litoral que practica la Dirección General de Costas. Al poblado de Bocacangrejo (donde podría sucederse en los próximos meses un segundo "caso Cho Vito"), no se hizo ninguna mención, pese a que formaba parte del paisaje de fondo de una reformada playa de La Nea.Sólo existió alguna pequeña voz discrepante, la del presidente de la Asociación de Vecinos Costabaiba, que inquirió al alcalde esperancero sobre los 270 escalones que conforman el sendero "inaccesible" que une Radazul con Tabaiba, eso sí, un camino que conecta por primera vez el litoral de ambos núcleos.Acondicionamiento de la playa de La Nea.- El paseo que se ha ejecutado une la playa de La Nea con el puerto de Radazul en el municipio de El Rosario. En estas obras se han invertido 4.412.230 euros y la superficie de actuación alcanza los 50.000 metros cuadrados. Los objetivos de este proyecto han sido la mejora ambiental del frente marítimo litoral en una zona de vertidos, comunicar dos enclaves de ocio importantes de la zona, el puerto de Radazul y la playa de La Nea, ampliar la superficie de playa existente y ejecutar una protección de la playa mediante diques de bloques de hormigón y escolleras. Además, se ha creado un parque con zonas de recreo, aparatos de gimnasia y diversas zonas arboladas. La longitud del paseo es de 415 metros.
Litoral de Radazul.- Asimismo se ha llevado a cabo el acondicionamiento del frente litoral de Radazul. La actuación se desarrolla en la explanada situada al oeste del puerto deportivo de Radazul, también en El Rosario. En este proyecto la inversión ha sido de 1.703.315 euros. Con los trabajos se ha conseguido mejorar el acceso al mar de los bañistas y submarinistas (cuenta con dos pequeñas playas y seis accesos al mar mediante escaleras); el acondicionamiento de la explanada para fomentar el ocio y ejercicio físico en las proximidades del mar; y arreglar y mejorar los desperfectos del talud de escollera de la explanada y ampliar la oferta de zonas verdes.
Sendero Radazul-Tabaiba.- También se hizo realidad una antigua aspiración del municipio como era la de enlazar a pie las urbanizaciones de Tabaiba y Radazul, lo que se ha conseguido mediante la habilitación y acondicionamiento de un sendero litoral de 340 metros con una inversión de 862.181 euros. De esta forma, se consolidan los senderos litorales como alternativa a la existencia de vías rodadas en la costa, garantizar la mayor superficie posible del litoral, recuperando espacios deteriorados y adaptando el acceso de la sección y el trazado a la topografía del terreno.
Litoral de Adeje.- Tras su periplo por la costa de El Rosario, las diversas autoridades se desplazaron hasta Adeje para inaugurar la primera fase del paseo peatonal que va desde el Centro Comercial Pueblo Canario hasta puerto Colón. Un paseo de 379 metros que ha necesitado una inversión de 946.859 euros y que ha servido para la mejora ambiental del paseo peatonal, mejorar la accesibilidad de las rampas de acuerdo con la normativa vigente; la creación de una nueva imagen paisajística actuando en el talud que separa al paseo del mar; y el nuevo diseño del peatonal eliminando la barandilla y aumentando el espacio practicable. Además, se ha querido lograr la recuperación de elementos propios del paisaje costero con la plantación de flora autóctona y dotar de mobiliario urbano.
ACCESIBILIDAD
No es oro todo lo que reluce
Iniciativa por El Rosario-Verdes criticó la inauguración de la playa artificial de La Nea y del sendero Radazul-Tabaiba al considerar que "son proyectos autistas del grupo de gobierno que se han hecho de espaldas a los ciudadanos y sin consenso". El portavoz del principal grupo de la oposición, Escolástico Gil, calificó las obras realizadas de "monumento desastroso a la insensibilidad de Macario Benítez y del Gobierno central", que ha financiado y promovido ambos proyectos. El portavoz de la formación, Escolástico Gil, criticó las escaleras del sendero porque "se ha hecho un destrozo inaudito en el acantilado. Son poco accesibles y fácilmente podrían convertirse en un paso degradado, poco transitado e inseguro". Asimismo, consideró que esta inseguridad en el recorrido "actuará como barrera disuasoria y mantendrá el aislamiento" entre Radazul y Tabaiba. IR-Verdes ha llevado a pleno hasta tres mociones solicitando la paralización de esta polémica obra, que actualmente investiga la Audiencia Nacional por recurso.
Playas artificiales, realizadas con rellenos, que sirven para salvar edificaciones costeras realizadas despues de la entrada en vigor de la ley de costas. Paseos en mitad de un acantilado, rompiendo el paisaje, y es el propio ministerio de Medio Ambiente, el que se preocupa por "regenerar la costa" eso si, favoreciendo a unos pocos, perjudicando a miles, con la complicidad de los alcaldes, casi siempre, del mismo partido político. Curioso, muy curioso.
N. VIZOSO, S/C de Tenerife
Los municipios de El Rosario y de Adeje cuentan desde ayer con significativas mejoras en sus respectivos litorales que seguramente serán la envidia de aquellos otros enclaves de la Isla (como la propia capital) que tanto ansían su apertura al mar. Tal es así que el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, mantuvo una apretada agenda durante la jornada de ayer para poder inaugurar hasta cuatro proyectos en los que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha invertido un total de 7.924.585 euros y ha supuesto 1.134 metros de paseo costero.
Fragueiro estuvo acompañado de la delegada del Gobierno, Carolina Darias; la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz Antolín, y los respectivos alcaldes de los municipios citados, Macario Benítez y José Miguel Rodríguez Fraga (ambos del PSC). Terreno abonado para que se respaldara casi hasta el paroxismo la gestión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "que ha invertido en dos años en El Rosario más que en los 25 años anteriores", a juicio del alcalde de El Rosario.Ante un público entregado y agradecido era fácil predicar las bondades de la política de regeneración y rehabilitación del litoral que practica la Dirección General de Costas. Al poblado de Bocacangrejo (donde podría sucederse en los próximos meses un segundo "caso Cho Vito"), no se hizo ninguna mención, pese a que formaba parte del paisaje de fondo de una reformada playa de La Nea.Sólo existió alguna pequeña voz discrepante, la del presidente de la Asociación de Vecinos Costabaiba, que inquirió al alcalde esperancero sobre los 270 escalones que conforman el sendero "inaccesible" que une Radazul con Tabaiba, eso sí, un camino que conecta por primera vez el litoral de ambos núcleos.Acondicionamiento de la playa de La Nea.- El paseo que se ha ejecutado une la playa de La Nea con el puerto de Radazul en el municipio de El Rosario. En estas obras se han invertido 4.412.230 euros y la superficie de actuación alcanza los 50.000 metros cuadrados. Los objetivos de este proyecto han sido la mejora ambiental del frente marítimo litoral en una zona de vertidos, comunicar dos enclaves de ocio importantes de la zona, el puerto de Radazul y la playa de La Nea, ampliar la superficie de playa existente y ejecutar una protección de la playa mediante diques de bloques de hormigón y escolleras. Además, se ha creado un parque con zonas de recreo, aparatos de gimnasia y diversas zonas arboladas. La longitud del paseo es de 415 metros.
Litoral de Radazul.- Asimismo se ha llevado a cabo el acondicionamiento del frente litoral de Radazul. La actuación se desarrolla en la explanada situada al oeste del puerto deportivo de Radazul, también en El Rosario. En este proyecto la inversión ha sido de 1.703.315 euros. Con los trabajos se ha conseguido mejorar el acceso al mar de los bañistas y submarinistas (cuenta con dos pequeñas playas y seis accesos al mar mediante escaleras); el acondicionamiento de la explanada para fomentar el ocio y ejercicio físico en las proximidades del mar; y arreglar y mejorar los desperfectos del talud de escollera de la explanada y ampliar la oferta de zonas verdes.
Sendero Radazul-Tabaiba.- También se hizo realidad una antigua aspiración del municipio como era la de enlazar a pie las urbanizaciones de Tabaiba y Radazul, lo que se ha conseguido mediante la habilitación y acondicionamiento de un sendero litoral de 340 metros con una inversión de 862.181 euros. De esta forma, se consolidan los senderos litorales como alternativa a la existencia de vías rodadas en la costa, garantizar la mayor superficie posible del litoral, recuperando espacios deteriorados y adaptando el acceso de la sección y el trazado a la topografía del terreno.
Litoral de Adeje.- Tras su periplo por la costa de El Rosario, las diversas autoridades se desplazaron hasta Adeje para inaugurar la primera fase del paseo peatonal que va desde el Centro Comercial Pueblo Canario hasta puerto Colón. Un paseo de 379 metros que ha necesitado una inversión de 946.859 euros y que ha servido para la mejora ambiental del paseo peatonal, mejorar la accesibilidad de las rampas de acuerdo con la normativa vigente; la creación de una nueva imagen paisajística actuando en el talud que separa al paseo del mar; y el nuevo diseño del peatonal eliminando la barandilla y aumentando el espacio practicable. Además, se ha querido lograr la recuperación de elementos propios del paisaje costero con la plantación de flora autóctona y dotar de mobiliario urbano.
ACCESIBILIDAD
No es oro todo lo que reluce
Iniciativa por El Rosario-Verdes criticó la inauguración de la playa artificial de La Nea y del sendero Radazul-Tabaiba al considerar que "son proyectos autistas del grupo de gobierno que se han hecho de espaldas a los ciudadanos y sin consenso". El portavoz del principal grupo de la oposición, Escolástico Gil, calificó las obras realizadas de "monumento desastroso a la insensibilidad de Macario Benítez y del Gobierno central", que ha financiado y promovido ambos proyectos. El portavoz de la formación, Escolástico Gil, criticó las escaleras del sendero porque "se ha hecho un destrozo inaudito en el acantilado. Son poco accesibles y fácilmente podrían convertirse en un paso degradado, poco transitado e inseguro". Asimismo, consideró que esta inseguridad en el recorrido "actuará como barrera disuasoria y mantendrá el aislamiento" entre Radazul y Tabaiba. IR-Verdes ha llevado a pleno hasta tres mociones solicitando la paralización de esta polémica obra, que actualmente investiga la Audiencia Nacional por recurso.
Playas artificiales, realizadas con rellenos, que sirven para salvar edificaciones costeras realizadas despues de la entrada en vigor de la ley de costas. Paseos en mitad de un acantilado, rompiendo el paisaje, y es el propio ministerio de Medio Ambiente, el que se preocupa por "regenerar la costa" eso si, favoreciendo a unos pocos, perjudicando a miles, con la complicidad de los alcaldes, casi siempre, del mismo partido político. Curioso, muy curioso.
jueves, 8 de julio de 2010
La directora de Costas afirma que el futuro del Hotel Médano pasa por el consenso
Adeje (Tenerife), EFE La directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz, dijo hoy que el futuro del hotel Médano, en el sur de Tenerife, pasa por "el consenso, desde luego, entre todas las administraciones", para esta franja del litoral "que necesita una mejora".
Sobre la demolición futura de este inmueble, aseguró que de momento no hay nada contemplado, "sólo algunas ideas", matizó, pues "debemos contar con el apoyo del Gobierno de Canarias, con el Ayuntamiento de Granadilla y los vecinos" para futuras actuaciones.
Recordó que hay un expediente de caducidad que se ha resuelto con un incumplimiento del concesionario donde "sólo una pequeña parte del hotel se ejecutó en contra de una concesión otorgada en su momento".
Un posible anteproyecto que contempla un solárium en esta parte del hotel y un nuevo paseo marítimo en El Médano "es otra cosa más amplia", insistió Alicia Paz.Este ámbito de actuación "contempla también el hotel", pero "no se trata de anticipar ninguna idea porque todo tendrá que ser de mutuo acuerdo".
http://www.eldia.es/2010-07-08/SUR/1-directora-Costas-afirma-futuro-Hotel-Medano-pasa-consenso.htm
Por eso existe una maqueta del futuro paseo, donde no esta el hotel, ni las casas de la primera linea de playa, en la demaracación de costas de tenerife.
Sobre la demolición futura de este inmueble, aseguró que de momento no hay nada contemplado, "sólo algunas ideas", matizó, pues "debemos contar con el apoyo del Gobierno de Canarias, con el Ayuntamiento de Granadilla y los vecinos" para futuras actuaciones.
Recordó que hay un expediente de caducidad que se ha resuelto con un incumplimiento del concesionario donde "sólo una pequeña parte del hotel se ejecutó en contra de una concesión otorgada en su momento".
Un posible anteproyecto que contempla un solárium en esta parte del hotel y un nuevo paseo marítimo en El Médano "es otra cosa más amplia", insistió Alicia Paz.Este ámbito de actuación "contempla también el hotel", pero "no se trata de anticipar ninguna idea porque todo tendrá que ser de mutuo acuerdo".
http://www.eldia.es/2010-07-08/SUR/1-directora-Costas-afirma-futuro-Hotel-Medano-pasa-consenso.htm
Por eso existe una maqueta del futuro paseo, donde no esta el hotel, ni las casas de la primera linea de playa, en la demaracación de costas de tenerife.
NEGANDO LA REALIDAD
Este martes tuve ocasión de interpelar al señor Zapatero sobre el drama de miles de familias que corren el riesgo de perder sus casas por aplicación retroactiva de la ley de costas o por los abusos urbanísticos.
Está claro que logré llamar su atención cuando trasladé la preocupación - la comparación no fué mía- de uno de los afectados de nacionalidad británica en cuanto a sufrir la misma suerte que sus compatriotas en Zimbabwe.
Sin embargo no supo responder a la inquietud, se concentró en negar que pudiera existir similitud alguna entre ambas situaciones y se amparó en su " lucha" por la conservación del medio ambiente.
Pero mi discurso contenía elementos más importantes que quedaron sin respuesta. Comencé diciéndole que ejerció la presidencia rotatoria de la UE de la misma manera que gobierna España, esto es, de espaldas a los ciudadanos.
Le dije luego que, según la responsable de Vivienda de la Junta de Andalucía, Rosa Urioste, el problema afecta, solamente en esa región, a más de 300.000 familias.
No sería difícil imaginar que a nivel de toda España los afectados superen el medio millón. Y yo puedo decirles con certeza que el 80% de los afectados son españoles.
No nos engañemos... esta situación constituye parte importante de la tremenda crisis que hoy sufre España. Pero al señor Zapatero esto le trae sin cuidado...Él está en los "grandes acuerdos" como la constitución del Servicio Exterior de la Unión Europea, que dicho sea de paso requerirá un aporte adicional de los contribuyentes al presupuesto de la UE. Me pregunto si para ello será necesario incrementar el IVA...
Yo, por mi parte, de mi posición de Eurodiputada, seguiré luchando por lograr una solución para todos los perjudicados por el tema urbanístico -tal como lo dije en el hemiciclo- sean británicos, españoles o de otra nacionalidad.
Está claro que logré llamar su atención cuando trasladé la preocupación - la comparación no fué mía- de uno de los afectados de nacionalidad británica en cuanto a sufrir la misma suerte que sus compatriotas en Zimbabwe.
Sin embargo no supo responder a la inquietud, se concentró en negar que pudiera existir similitud alguna entre ambas situaciones y se amparó en su " lucha" por la conservación del medio ambiente.
Pero mi discurso contenía elementos más importantes que quedaron sin respuesta. Comencé diciéndole que ejerció la presidencia rotatoria de la UE de la misma manera que gobierna España, esto es, de espaldas a los ciudadanos.
Le dije luego que, según la responsable de Vivienda de la Junta de Andalucía, Rosa Urioste, el problema afecta, solamente en esa región, a más de 300.000 familias.
No sería difícil imaginar que a nivel de toda España los afectados superen el medio millón. Y yo puedo decirles con certeza que el 80% de los afectados son españoles.
No nos engañemos... esta situación constituye parte importante de la tremenda crisis que hoy sufre España. Pero al señor Zapatero esto le trae sin cuidado...Él está en los "grandes acuerdos" como la constitución del Servicio Exterior de la Unión Europea, que dicho sea de paso requerirá un aporte adicional de los contribuyentes al presupuesto de la UE. Me pregunto si para ello será necesario incrementar el IVA...
Yo, por mi parte, de mi posición de Eurodiputada, seguiré luchando por lograr una solución para todos los perjudicados por el tema urbanístico -tal como lo dije en el hemiciclo- sean británicos, españoles o de otra nacionalidad.
Marta Andreasen. Miembro del Parlamento Europeo.
martes, 6 de julio de 2010
Preguntan a Zapatero si confiscará las casas costeras a los británicos, como en Zimbabue
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, rechazó hoy "drásticamente" ante el pleno de la Eurocámara la comparación entre España y Zimbabue realizada por la eurodiputada del Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP), Marta Andreasen, por los abusos urbanísticos que han afectado a los ciudadanos británicos en la costa española y defendió que España es un Estado de derecho en el que se respetan las leyes.
"No puedo asumir, como presidente del Gobierno de España, la comparación que se ha hecho o que se ha pretendido hacer aquí por una representante de un grupo político determinado desde Gran Bretaña citando textualmente a Zimbabue. No lo puedo admitir bajo ningún concepto. Es inasumible. No lo acepto. Lo rechazo drásticamente", dijo Zapatero en respuesta a Andreasen durante su comparecencia ante el Parlamento para presentar los resultados de la presidencia española.
La representante del UKIP -que dispone de un canal en Youtube desde junio- le espetó a Zapatero que en su circunscripción hay temores a que la situación en España sea "similar" a la que sufrieron los británicos en Zimbabue con el régimen del general Mugabe por el "riesgo de confiscación" de casas de ciudadanos británicos en lugares como Albox, en Almería. Y se preguntó por qué se les da este trato en un país "amigo y europeo".
"La situación que se está produciendo es una violación de Derechos Humanos, amén de ser un componente importante de la crisis que vive España. ¿Espera usted que esta Unión Europea venga al rescate de un país donde esta violación continúa produciéndose sin que el Gobierno central se decida a intervenir?", le preguntó Andreasen en español, que se ha erigido en portavoz de los ciudadanos británicos instalados en la costa mediterránea española.
"Mi país es un Estado de Derecho que respeta y hace respetar las leyes y, en la aplicación de las leyes, son los tribunales los que tienen que aplicar esa ley", le respondió el presidente del Gobierno.
En marzo pasado, el secretario de Estado británico para Europa, Chris Bryant, visitó a ocho familias británicas instaladas en Almería cuyas viviendas tenían con sentencia judicial de derribo.
Zapatero, cerca de los británicos
"Somos los primeros que nos sentimos cerca de las personas, en este caso británicos, que hayan podido ser objeto de estafa por algún depredador del sector inmobiliario. Y en ese sentido estamos trabajando en el Parlamento Europeo y con los grupos parlamentarios y trabajaremos y haremos todo lo que esté en nuestras manos", dijo Zapatero.
El presidente del Gobierno señaló además que la propia Eurocámara "ha exigido a España en más de una ocasión la protección medioambiental de su litoral". Por ello, defendió la necesidad de aplicar la ley de costas para "proteger frente a la vorágine inmobiliaria" y combatir los abusos que puedan afectar a espacios naturales".
El pleno de la Eurocámara amenazó el año pasado a España con congelar las ayudas europeas si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas.
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/06/suvivienda/1278413103.html?a=OUT1d2819913da9cbd6c862b03223293f9a&t=1278416820
¿En qué en que se diferencia la politica española de la de Zimbawe con respecto a la propiedad privada? Quizá en que Mugabe fue más demagógo al fundamentar su politica confiscatoria en "quitarle a los ricos para darle a los pobres".
El Sr Zapatero ni siquiera tiene esa excusa. Su politica demagoga es "es quitar a los pobres para dejar los terrenos libres a los ricos"
Pueblos centenarios desaparecerán; los hoteles invadirán el litoral; los campos de golf acabarán con tierras de cultivo; los puertos deportivos harán desaparecer las ya precarias playas, los paseos marítimos se diseñan para derribar las propiedades que estorban la vista al "turísmo de calidad" ...y todo por una Ley de Costas que no deja ni un resquicio para la defensa del ciudadano.
La ley está hecha de manera que los jueces siempre den la razón al gobierno.
La Ley de Costas no respeta los derechos adquiridos, genera inseguridad jurídica e indefensión, impide la indemnización por expropiación cambiando la propiedad por una concesión, es decir, se nos indemniza con el derecho, limitado en el tiempo, de uso y disfrute de nuestra vivienda que ya tenemos por ser propietarios. ¿Cómo se puede indemnizar con un derecho que ya es nuestro?
¿En qué se diferencia España de Zimbawe respecto al derecho a la propiedad? Sólamente en una cosa: Mugabe expulsó a la gente con lo puesto y de un día para otro generando un gran escándalo y la condena internacional. Zapatero es más maquiavélico, nuestra tortura es más lenta, puede durar 20 años y no nos quedamos ni siquiera con lo puesto, nos quedamos endeudados de por vida tratando de defender un derecho humano reconocido universalmente: EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA.
¿De qué estafadores hablaba, Sr Zapatero?.......
"No puedo asumir, como presidente del Gobierno de España, la comparación que se ha hecho o que se ha pretendido hacer aquí por una representante de un grupo político determinado desde Gran Bretaña citando textualmente a Zimbabue. No lo puedo admitir bajo ningún concepto. Es inasumible. No lo acepto. Lo rechazo drásticamente", dijo Zapatero en respuesta a Andreasen durante su comparecencia ante el Parlamento para presentar los resultados de la presidencia española.
La representante del UKIP -que dispone de un canal en Youtube desde junio- le espetó a Zapatero que en su circunscripción hay temores a que la situación en España sea "similar" a la que sufrieron los británicos en Zimbabue con el régimen del general Mugabe por el "riesgo de confiscación" de casas de ciudadanos británicos en lugares como Albox, en Almería. Y se preguntó por qué se les da este trato en un país "amigo y europeo".
"La situación que se está produciendo es una violación de Derechos Humanos, amén de ser un componente importante de la crisis que vive España. ¿Espera usted que esta Unión Europea venga al rescate de un país donde esta violación continúa produciéndose sin que el Gobierno central se decida a intervenir?", le preguntó Andreasen en español, que se ha erigido en portavoz de los ciudadanos británicos instalados en la costa mediterránea española.
"Mi país es un Estado de Derecho que respeta y hace respetar las leyes y, en la aplicación de las leyes, son los tribunales los que tienen que aplicar esa ley", le respondió el presidente del Gobierno.
En marzo pasado, el secretario de Estado británico para Europa, Chris Bryant, visitó a ocho familias británicas instaladas en Almería cuyas viviendas tenían con sentencia judicial de derribo.
Zapatero, cerca de los británicos
"Somos los primeros que nos sentimos cerca de las personas, en este caso británicos, que hayan podido ser objeto de estafa por algún depredador del sector inmobiliario. Y en ese sentido estamos trabajando en el Parlamento Europeo y con los grupos parlamentarios y trabajaremos y haremos todo lo que esté en nuestras manos", dijo Zapatero.
El presidente del Gobierno señaló además que la propia Eurocámara "ha exigido a España en más de una ocasión la protección medioambiental de su litoral". Por ello, defendió la necesidad de aplicar la ley de costas para "proteger frente a la vorágine inmobiliaria" y combatir los abusos que puedan afectar a espacios naturales".
El pleno de la Eurocámara amenazó el año pasado a España con congelar las ayudas europeas si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas.
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/06/suvivienda/1278413103.html?a=OUT1d2819913da9cbd6c862b03223293f9a&t=1278416820
¿En qué en que se diferencia la politica española de la de Zimbawe con respecto a la propiedad privada? Quizá en que Mugabe fue más demagógo al fundamentar su politica confiscatoria en "quitarle a los ricos para darle a los pobres".
El Sr Zapatero ni siquiera tiene esa excusa. Su politica demagoga es "es quitar a los pobres para dejar los terrenos libres a los ricos"
Pueblos centenarios desaparecerán; los hoteles invadirán el litoral; los campos de golf acabarán con tierras de cultivo; los puertos deportivos harán desaparecer las ya precarias playas, los paseos marítimos se diseñan para derribar las propiedades que estorban la vista al "turísmo de calidad" ...y todo por una Ley de Costas que no deja ni un resquicio para la defensa del ciudadano.
La ley está hecha de manera que los jueces siempre den la razón al gobierno.
La Ley de Costas no respeta los derechos adquiridos, genera inseguridad jurídica e indefensión, impide la indemnización por expropiación cambiando la propiedad por una concesión, es decir, se nos indemniza con el derecho, limitado en el tiempo, de uso y disfrute de nuestra vivienda que ya tenemos por ser propietarios. ¿Cómo se puede indemnizar con un derecho que ya es nuestro?
¿En qué se diferencia España de Zimbawe respecto al derecho a la propiedad? Sólamente en una cosa: Mugabe expulsó a la gente con lo puesto y de un día para otro generando un gran escándalo y la condena internacional. Zapatero es más maquiavélico, nuestra tortura es más lenta, puede durar 20 años y no nos quedamos ni siquiera con lo puesto, nos quedamos endeudados de por vida tratando de defender un derecho humano reconocido universalmente: EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA.
¿De qué estafadores hablaba, Sr Zapatero?.......
sábado, 3 de julio de 2010
Soria rechaza tirar el hotel Médano, como dice Costas
El presidente del PP defendió que tal inmueble y los colindantes existían antes de la Ley de Costas y apoyo la construcción del futuro puerto.
2/jul/10 07:41
J.F., Granadilla de Abona
La intención que tiene Costas de derribar una parte del hotel Médano, que también afectaría a las viviendas colindantes, cuenta con el rechazo de José Manuel Soria, presidente del Partido Popular (PP) de Canarias, durante la visita que en la tarde de ayer realizó al municipio de Granadilla de Abona.
"Hay leyes que son absurdas y que conculcan el derecho de individuos y empresas. No se entiende la decisión de Costas para demoler el hotel y los inmuebles del entorno porque los mismos están antes de la Ley de Costas", aseveró indignado el máximo responsable del PP en el Archipiélago, quien estuvo acompañado por Esteban González y Cristina Tavío, presidentes local e insular, respectivamente.
De esta manera, consideró que si al final se aplica y se procede a los derribos, "se estará vulnerando el derecho constitucional de la propiedad. Además, se estará utilizando mal la soberanía popular".
Médano con playa Chica. Además, mucho tememos que por las mareas por este paseo sea difícil Esteban González añadió, al respecto, que "la maqueta contempla otra terraza donde está la que ahora tiene el hotel, cuando desde siempre nos han dicho que el objetivo era unir la playa de El caminar".
http://www.eldia.es/2010-07-02/SUR/
2/jul/10 07:41
J.F., Granadilla de Abona
La intención que tiene Costas de derribar una parte del hotel Médano, que también afectaría a las viviendas colindantes, cuenta con el rechazo de José Manuel Soria, presidente del Partido Popular (PP) de Canarias, durante la visita que en la tarde de ayer realizó al municipio de Granadilla de Abona.
"Hay leyes que son absurdas y que conculcan el derecho de individuos y empresas. No se entiende la decisión de Costas para demoler el hotel y los inmuebles del entorno porque los mismos están antes de la Ley de Costas", aseveró indignado el máximo responsable del PP en el Archipiélago, quien estuvo acompañado por Esteban González y Cristina Tavío, presidentes local e insular, respectivamente.
De esta manera, consideró que si al final se aplica y se procede a los derribos, "se estará vulnerando el derecho constitucional de la propiedad. Además, se estará utilizando mal la soberanía popular".
Médano con playa Chica. Además, mucho tememos que por las mareas por este paseo sea difícil Esteban González añadió, al respecto, que "la maqueta contempla otra terraza donde está la que ahora tiene el hotel, cuando desde siempre nos han dicho que el objetivo era unir la playa de El caminar".
http://www.eldia.es/2010-07-02/SUR/
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