Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

sábado, 2 de octubre de 2010

Costas comunica que demolerá Cho Vito a partir del 1 de diciembre


Los vecinos y el Ayuntamiento de Candelaria han recibido las cartas en las que se constata que la reunión celebrada en Madrid simplemente posibilitó el aplazamiento del derrumbe de las viviendas, pero no lo evita. Los afectados consideran que la misiva es un trámite de Costas para asegurar el cumplimiento de los plazos.
2/oct/10 07:57
J.A. MEDINA, Candelaria
Los vecinos de Cho Vito recibieron ayer la carta que les remitió el Servicio Provincial de Costas el pasado 16 de septiembre en la que les comunica que la demolición de las siete casas que aún permanecen en pie en el poblado de Candelaria se producirá a partir del próximo 1 de diciembre. Dicha comunicación también le fue trasladada al Ayuntamiento de la Villa Mariana el día 21 del mes pasado.
De esta forma se cumple estrictamente el acuerdo alcanzado en Madrid por el Cabildo, Gobierno de Canarias y Ejecutivo central en el sentido de ampliar el plazo para que desalojen los inmuebles hasta el 30 de noviembre, "con el fin de arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados", según el comunicado consensuado por dichas administraciones.
En el documento, que firma Josefina Martín en representación de la Demarcación de Costas, se recuerda que los representantes de las instituciones se reunieron el día 10 del mes pasado "para tratar sobre la ejecución de las resoluciones (...) dictadas en los expedientes de recuperación posesoria del núcleo de Cho Vito".
La carta concluye advirtiendo a los afectados "de que deberán retirar los enseres y objetos de su pertenencia antes de esa fecha (1 de diciembre), pues de no hacerlo así se consideran bienes abandonados a todos los efectos".
Ante esta comunicación, que no cambia en lo esencial la que recibieron en agosto, los vecinos sostienen que "es otra decisión arbitraria de Costas, que da por hecho algo que no pone el acuerdo de Madrid", toda vez que en la carta "no se hace referencia a todo el contenido de lo que decidieron las administraciones". De hecho, manifiestan que esperan que todo el problema se solucione con resoluciones judiciales y el cumplimiento de los acuerdos con el Cabildo y el Gobierno de Canarias.
A juicio del portavoz vecinal, Tomás González, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar actúa de este modo como medida preventiva a fin de no incumplir plazo legal alguno. De ello se desprende que se trata de evitar que expire el periodo de seis meses establecido por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife para cumplir con la sentencia que faculta a Costas a demoler las viviendas de este lugar.
Segundo aniversario
Mientras tanto, el jueves se cumplirá el segundo aniversario de la "invasión" de las fuerzas de seguridad, que "por tierra, mar y aire" llegaron a Cho Vito el 7 de septiembre de 2008. Aquél día comenzó la destrucción de 23 inmuebles en este enclave de la Villa Mariana.
El poblado quiere mantener vivo ese recuerdo. Para ello, ya prepara un acto singular que tendrá lugar el sábado, día 9, en lo que queda de Cho Vito, donde aún residen más de 30 personas. Seis de ellas protagonizaron una huelga de hambre en la plaza de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife desde el 1 al 11 de septiembre. Abandonaron la misma confiando en que el acuerdo de Madrid fuera un paso decisivo no sólo en la salvación de las siete casas que quedan en pie, sino en la reconstrucción de las que cayeron en octubre de 2008. Ese objetivo se mantiene, por lo que no es descartable que vuelvan a la huelga de hambre si no lo consiguen, tal y como advirtieron.
http://www.eldia.es/2010-10-02/tenerife/1-Costas-comunica-demolera-Cho-Vito-partir-diciembre.htm

viernes, 1 de octubre de 2010

Una ley "buena pero mal aplicada"


Arquitectos, abogados y afectados piden retoques a la normativa y criterios de aplicación más claros para evitar las arbitrariedades


Vicente Pérez

Santa Cruz de Tenerife

Cho Vito ha puesto en boca de todos la Ley de Costas vigente desde 1988, pero ni es el primer barrio en caer ni será el último por invadir el dominio público marítimo terrestre, para cumplir el objetivo de que la costa sea de todos. Sin embargo, los vecinos de este barrio de Candelaria han avivado la controversia sobre los criterios con que se aplica esta normativa, cuya finalidad es recuperar para uso público la primera línea de mar hasta donde han llegado las máximas olas.

Para debatir este asunto, este diario reunió el pasado viernes a cuatro contertulios, en un marco que venía muy al caso: el restaurante de la Cofradía de Pescadores de San Andrés, junto a la playa de Las Teresitas, cuyo deslinde público ha sido muy contestado y controvertido.

Federico García Barba, presidente de la Demarcación del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC); Pedro Fernández Arcila, abogado de la Agrupación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y portavoz de Sí Se Puede; Francisco Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Costabaiba, de El Rosario; y José Luis Langa, abogado de los afectados por el nuevo deslinde en Igueste de San Andrés y miembro del Centro Canario.

Y todos ellos han coincidido en que el espíritu de esta ley es bueno, es decir, lograr que la costa sea para el disfrute de todos los ciudadanos, pero también ha habido coincidencia en que debe ser modificada en algunos aspectos para evitar arbitrariedades en su aplicación y adaptarla a algunas singularidades canarias.

García Barba afirma que esta ley es "un logro positivo de la democracia", pero incurre en "indefiniciones y ambigüedades" a la hora de fjiar "dónde se produce el cambio del dominio público al privado", y "no entra en la casuística y debería definir sistemas indemnizatorios justos" a los afectados. Además, el arquitecto propone que se corrija también el "fallo de que los funcionarios de Costas tengan tanta capacidad de decisión para actuar en algunos casos arbitrariamente".

Fernández Arcila opina que "lo esencial de esta ley no debe modificarse, es decir, garantizar el uso público del litoral, pues ha sido un gran logro que debe mantenerse a toda costa, nunca mejor dicho;pero sí que hay desajustes que corregir, como la disposición transitoria que se refiere a los núcleos urbanos, para que se reconozcan los asentamientos rurales canarios". "También debería eliminarse de la ley la regeneración de playas, porque sólo ha servido para provocar graves daños ambientales con el trasvase de arenas y ese odio de Costas a las playas de callaos -a las que los canarios sí estamos acostumbrados-, poniendo en su lugar arena negra machacada o amarilla",
aseveró el letrado de ATAN. García Barba le dio la razón, y fue más allá: "La regeneración de playas es un objetivo espurio de grandes empresas constructoras, un despilfarro de dinero público, porque no tiene sentido echar arena si el mar se la va a llevar, dado que la ingeniería moderna no puede aún con la fuerza del Atlántico".

Vera sostiene que debe concretarse mejor qué es el dominio público, "si es una franja donde todos debemos pasar con comodidad o en cambio ir saltando de piedra en piedra" y se preguntó por qué se dan concesiones administrativas a clubes privados para usar con exclusividad parte del litoral. También criticó el dirigente vecinal que la ley tenga efectos retroactivos.

Langa juzga que se trata de una ley "buena" en sus intenciones, pero en la práctica "confiscatoria", que lesiona el derecho a la propiedad, hasta el punto de que ha recibido muchas críticas del Parlamento Europeo.
Pero a su juicio, el problema parte también de que las administraciones públicas canarias (Gobierno regional y ayuntamientos) "con gran irresponsabilidad no hicieron sus deberes" tras la Ley de Costas en 1988, al no advertir el alcance de esta normativa y no prever que tendrían que justificar qué núcleos eran urbanos y así poder fijar la servidumbre en 20 metros y no en 100, que es el problema de muchos barrios de la zona de Anaga. En Igueste, recordó este abogado y dirigente del CCN, de 750 habitantes, la mitad están afectados por el nuevo deslinde y su servidumbre. En este punto Langa es partidario de que se paren los derribos en Canarias hasta que se elabore un censo o catálogo de núcleos costeros, que se revise si son urbanos antes de 1988 y se examine su posible interés arquitectónico, etnográfico o cultural. Reclamó para ello a los diputados de Coalición Canaria en el Parlamento estatal que aprovechen "sus votos ahora que son imprescindibles" para el Gobierno de Zapatero.

Federico García Barba apunta que asentamiento rural, en realidad es un núcleo urbano, aunque rodeado de suelo rústico, pero que sólo se denomina así en Canarias, un tema sobre el que la Administración estatal y la canaria no se han puesto de acuerdo. El presidente de la Demarcación del COACecha de menos que la ley no recoja los casos que luego se topa en su aplicación, aunque al respecto el abogado de ATAN cree que "esta ley no puede ser casuística, pues hay muchísimos intereses en la costa", si bien insistió en que "debe aclararse aspectos en la ley, como hasta dónde llega la corona de los acantilados".



http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/26671/

Pérez Medina alaba la postura dialogante de Costas y reprocha al PSOE que no apoyara la petición al Estado para parar los derribos

El dirigente vecinal de Ojos de Garza participó este viernes en la reunión que se celebró en Tufia

TELDEACTUALIDAD
Telde.- Costas quiere encontrar soluciones previas a la demolición de casas situadas en puntos del litoral de Gran Canaria. Así lo afirma el representante vecinal Juan Pedro Pérez Medina, quien el viernes se reunió con el jefe de la Demarcación de Costas en Canarias, José Miguel Pintado, un técnico del Gobierno regional y dos concejales de Telde: José Antonio Perera e Ildefonso Jiménez.

En el encuentro se abordó la situación de Ojos de Garza y Tufia, dos poblados grancanarios que también están amenazados por la pala de la excavadora. Sobre la mesa se puso la posibilidad de fijar un calendario para la reubicación de los vecinos, aunque no se concretó nada y se dejaron abiertas las puertas al diálogo.

Sin embargo, el también vicepresidente de la plataforma regional de afectados por los derribos de casas ilegales en la costa está molesto con la posición del PSOE, al que reprochó que no haya secundado la proposición no de ley aprobada por el PP y CC en el Parlamento canario para exigir al Estado la suspensión de las demoliciones proyectadas por la Demarcación de Costas, según una información de La Provincia-DLP.

"La iniciativa está bien, pero nace coja. Hay un grupo que tiene diputados para reforzarla y no lo ha hecho", asegura Juan Pérez, que reclama a los socialistas "hacer causa común" con los otros partidos para evitar los derribos en Canarias, los cuales atañen a un millar de vecinos de todas las Islas.

La proposición pretende parar la piqueta que pende sobre los poblados costeros con "valor etnográfico, arquitectónico o socioeconómico" afectados por el deslinde fijado en la Ley de Costas. Hay núcleos, como el de Cho Vito, en Tenerife, que serán derribados cuando expire el plazo de 80 días concedido por la Demarcación.


"No podemos permitir que se tiren estas casas", sostiene Cristina Tavío, diputada del PP que llevó la proposición al Parlamento. Y añade: "no se trata de defender el chabolismo, sino de conservar la idiosincrasia de los poblados marineros para que esto no se convierta en Malibú".

La parlamentaria es partidaria de paralizar las demoliciones hasta que se dicten las primeras sentencias y se resuelva el conflicto competencial Estado-Comunidad Autónoma, pues se podrían tirar viviendas cuyos vecinos obtengan después fallos judiciales favorables. También rechazó que Costas incurra en prevaricación si suspende las órdenes de demolición, uno de los argumentos esgrimidos por el PSOE para rechazar la proposición no de ley. "Están obsesionados con la prevaricación. Retrasar una decisión hasta que se obtenga una sentencia no es prevaricar", concluyó.
http://www.teldeactualidad.com/noticias.php?area=politica&id=5707

jueves, 23 de septiembre de 2010

Costas tiene 20 días para justificar el deslinde de Igueste

El Supremo ha admitido un recurso más de otros caseríos de Anaga



NOÉ RAMÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE
La Audiencia Nacional ha dado 20 días de plazo a la Dirección General de
Costas para que le remita y justifique el expediente completo de deslinde de
Igueste de San Andrés. Con este auto remitido a las partes se da vía libre a
este contencioso ante el órgano judicial.
El abogado, José Luis Langa, que representa a gran parte de los alrededor de 450 vecinos de los 700 empadronados en este barrio cuyas propiedades se encuentran dentro de terrenos declarados de dominio público, ha recurrido el deslinde que establece una zona de protección de cien metros de ancho.

Estos vecinos, por su parte, estiman que la anchura no debe de sobrepasar los veinte metros como corresponde a cualquier enclave urbano. Igueste defiende ante los tribunales que efectivamente era un núcleo de estas características antes de la aprobación de la Ley de Costas en el año 1988. Langa ejerce de secretario federal del Centro Canario Nacionalista (CCN) y considera que el Archipiélago se enfrenta a un problema como es la aplicación indiscriminada de esta legislación en un terreno sensible al tratrse de islas. Langa hace un llamamiento a todos los partidos y fuerzas sociales para luchar contra la aplicación de este texto legal cuyos efectos considera devastadores.

Langa mantiene contactos con asociaciones de vecinos afectados por la aplicación de esta legislación en todo el ámbito europeo.

"Igueste se ha convertido en un símbolo de los efectos de esta legislación en Canarias y en muchos otros puntos de España". El abogado indicó que es urgente que el Ayuntamiento remita ahora la documentación para demostrar que Igueste contaba con servicios propios de un enclave urbano antes de 1988.

En la diligencia remitida ahora se recuerda que este deslinde afecta a 5,1 kilómetros de longitud entre la playa de El Burro y la de Antequera. El concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Ángel Isidro Guimerá, pedirá en la sesión plenaria que se celebra mañana que se pare cualquier derribo en toda Anaga hasta que nos e elabore un catálogo de estos núcleos costeros. La lucha de este Distrito en contra de la aplicación de la Ley de Costas ha sido constante. El Tribunal Supremo (TS) también ha admitido a trámite el recurso presentado por los vecinos de Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero en contra de este deslinde al fijar igualmente una zona de protección de cien metros de anchura.

En realidad estos núcleos están actuando en un doble frente. Por un lado intentan defender la decisión de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que los declaró urbanos en 2007 frente al intento de Costas de dejar sin efecto la decisión. En el caso de Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dicho que pueden ser urbanos, lo que abre la puerta a que la zona de protección se reduzca. Por otro los núcleos luchan en el Supremo y la Audiencia en contra del deslinde.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/09/23/costas-20-dias-justificar-deslinde-igueste/305369.html

miércoles, 22 de septiembre de 2010

Cambiar la Ley de Costas


TAL Y COMO vienen desarrollándose los diferentes procedimientos que la Ley de Costas aplica a lo largo de la costa española, influyendo en el origen de multitud de controversias, hasta el punto de que hoy existen asociaciones de afectados por dicha ley, parece claro que lo más idóneo es... cambiarla. Después del último bochornoso espectáculo de los vecinos que permanecen en Cho Vito al decidir la huelga de hambre como solución al casi inevitable derribo de lo que queda del poblado, las autoridades implicadas (Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento -el alcalde rechazó asistir a la reunión en Madrid-), además de conseguir un exiguo aplazamiento hasta el próximo 30 de noviembre, deben afrontar seriamente el problema (debieron arrostrarlo antes) para buscar una solución definitiva.
Este problema no es exclusivo ni de Cho Vito ni de Igueste de San Andrés ni de El Médano ni de ningún otro asentamiento costero. La decisión que abarque a todos pasa por cambiar la ley, tal y como hizo el Gobierno de entonces al encontrarse con la gran chapuza de la de 1969, que, entre otros disparates, contemplaba la ganancia de terrenos a la mar, la desecación de las marismas y la concesión en propiedad del litoral público. La clase política fue la responsable del espantoso deterioro existente, paisaje que tuvo que sufrir una importante transformación a través de una serie de actuaciones que sirvieron para detener los desmanes extendidos formidablemente. ¿Qué hicieron los ilustres ineptos autores de la ley caciquil? Simplemente, cambiarla por la de 1988, inaugurando una serie de cabreos generalizados (justificados) entre ciudadanos que habían cumplido con la primera de las normas.
Si el ministerio correspondiente cambió la ley de 1969 por la de 1988, ¿qué impide que se acuda a un nuevo cambio para 2011 que calme las aguas embravecidas? Dejemos claro que no estamos pidiendo que el director general de Costas incumpla la ley o que el alcalde de Candelaria lo imite. Las leyes están para cumplirlas. Lo que sucede es que, como sigan así las cosas, muy pronto estarán con el agua al cuello muchos ayuntamientos, que verán cómo en su litoral han surgido trastornos similares. Y tendrán que mojarse. A una ex consejera del gobierno gallego le van a demoler un chalet con piscina situado a 70 metros de la mar. A muchos vecinos de Igueste de San Andrés les ha llegado la terrible comunicación de los dichosos 100 metros, con lo cual, si las autoridades pertinentes no toman cartas en serio, la ley se cargará el pueblo completo, fincas incluidas
.
Canarias, principalmente Lanzarote, ha sido la Comunidad más castigada por los especuladores que consiguieron dinero fácil, sobre todo a partir de la década de los sesenta, años de crecimiento desmedido y destrozos del equilibrio natural del ecosistema. El cuarenta por ciento de nuestro litoral se encuentra urbanizado, situación que ha sido denunciada por unos pocos y poco observada por muchos. Las luces rojas se encendieron por culpa de la sobresaturación. A los políticos canarios nada les ha importado que nuestro Archipiélago se apoye en un mundo tan frágil como es el del turismo (cenizas del volcán islandés). Sólo el actual presidente, Paulino Rivero, ha manifestado, sin tapujos ni hipocresías, la principal dedicación que debe recibir la vital industria. Los últimos acontecimientos internacionales han obligado a aterrizar en un mundo que no tiene relación alguna con la opulencia vivida hasta anteayer. Y lo que es peor, esa fragilidad no se retoca eficaz y constantemente (hay algunos casos, pero insuficientes). Apenas aparecen en el horizonte unos trozos de preocupaciones que apuntan sólo a rehabilitaciones de establecimientos y a un olvido total del entorno.
Ahora todos piden playas artificiales y puertos deportivos que, sin embargo, constituyen una de las fórmulas más destructivas de la vida marina (qué pena de Garachico).
Insistimos: la Ley de Costas actual, cómo no, debe respetarse. Pero la Dirección General tiene que tener en cuenta que el territorio canario, por su endeblez, no puede ser tratado con la misma óptica con la que se escudriñan la Costa del Sol o la Costa Brava, por ejemplo. Es cuestión de hablar, de informarse y de poner todos los papeles y los arrestos sobre la mesa. Si la ley de 1969 se cambió, por chapucera, por la de 1988, ésta, también por chapucera, puede modificarse con el buen oficio de nuestras dignísimas autoridades... hasta ahora durmiendo la siesta.
http://www.eldia.es/2010-09-22/criterios/21-Cambiar-Ley-Costas.htm

Igueste lucha en la Audiencia Nacional para salvarse de la Ley de Costas

Los vecinos llevan recurriendo a los tribunales desde 2003. De nada ha servido que la Cotmac emitiera una resolución en febrero de 2007 entendiendo que debía aplicarse el deslinde de los 20 y no el de los 100 metros, que afectaría al 50% de la población. Los vecinos ya han recibido las notificaciones de Costas.
22/sep/10 07:40
CRISTINA ÁLVAREZ, Tenerife
Los vecinos de Igueste de San Andrés han presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional un recurso al que adjuntarán documentación probatoria de que el núcleo poblacional cuenta con servicios de luz, alcantarillado, agua, cementerio, colegio e incluso llegó a contar con un alcalde pedáneo y fue asentamiento guanche.
Dicho recurso viene después de que los vecinos recibieran unas notificaciones para aplicarles el deslinde marítimo-terrestre ateniéndose a la Ley de Costas de 1988 cuando Igueste data de mucho antes.
José Luis Langa, abogado representante de los vecinos, comentó a EL DÍA que "esto sólo se arregla acudiendo a los tribunales y a los jueces hay que aportarles toda la documentación. En Madrid se desconoce tanto la historia como la geografía de la Isla y, por ello, abogo por que todos los ayuntamientos del Archipiélago eleven mociones para que no se vuelvan a repetir hechos como el que afecta a Igueste o cono en su día, aunque no sea el mismo caso, a Cho Vito".
Langa aseguró que ha reiterado su petición a Alcaldía para que le aporten documentación obrante sobre Igueste de San Andrés y aportarla a la Audiencia Nacional. "De nada ha servido que la Cotmac emitiera en febrero de 2007 una resolución en la que se decía que debía aplicarse el deslinde de 20 metros y no el de 100 metros al que obliga Costas en Madrid, pero se ha suspendido la resolución de la Cotmac hasta que no tengamos sentencia del TSJC sobre el tema que afecta al 50% del pueblo". Manuel Vera, ex concejal de Santa Cruz y afectado, dijo que "los políticos no han dado la talla y han hecho dejación. Estamos recurriendo desde 2003. En 2006, el Gobierno de Canarias nos dijo que Igueste era urbano y Madrid no lo ve así". Langa aclara que "la propia Ley de Costas habla de que el deslinde se puede aplicar en determinados casos en 20 metros. Mi intención es que todos los partidos políticos de los ayuntamientos se unan en un clamor popular y que Paulino Rivero traslade el sentir del pueblo".
http://www.eldia.es/2010-09-22/tenerife/2-Igueste-lucha-Audiencia-Nacional-salvarse-Ley-Costas.htm

martes, 21 de septiembre de 2010

MARTA ANDREASEN / EUROPARLAMENTARIA

“La imagen de España ha caído mucho; la sensación es que la corrupción se extiende a todos los ámbitos”


La europarlamentaria que puso a Zapatero en un apuro ya trabaja para que se congelen las ayudas a España hasta que se dé una salida a los problemas urbanísticos que afectan a residentes extranjeros, como el caso Prior en Vera. En la entrevista concedida a ALMANZORA, la independiente británica Marta Andreasen analiza esta realidad que ha traspasado fronteras y exige al presidente del Gobierno que actúe de inmediato.


Sumarios

“Los derribos de viviendas afectan al turismo y el turismo es, hoy por hoy, la industria más importante de España”

“Zapatero miraba para otro lado, pero mi interpretación es que se sintió muy molesto de que yo sacase ese tema”

“El problema radica en que el Gobierno ha dejado la competencia urbanística a los pueblos, y eso implica descontrol”

“Las cosas evolucionan favorablemente después de que un juez haya ordenado que le den una casa a los Prior”




- ¿Cómo se ve desde Inglaterra la problemática de las viviendas ilegales y las órdenes de derribo?
- Bueno, el Gobierno inglés no se ha mostrado muy interesado en el tema hasta ahora. De hecho, mi acción frente a Zapatero durante su comparecencia ante el Parlamento de Europa tenía como objetivo llamar la atención del Gobierno inglés y también de la propia Unión Europea…
Tendremos que ver qué pasa en los próximos tiempos. Por lo pronto, he iniciado un proceso en el Parlamento Europeo para que haya un debate que lleve eventualmente a bloquear los fondos de la UE a España hasta que se solucione esta situación.
- ¿Qué posibilidades hay de que esa iniciativa salga adelante?
- Es difícil, porque tengo que lograr el apoyo de otros grupos políticos. Empezando por los españoles, diría que un grupo está de acuerdo y el otro probablemente no.
Pero el hecho de que se congelen los fondos sería una medida cautelar, hasta que se solucionen las cosas; y provocaría presión para que se arregle la situación… ¡Y eso sería beneficioso para los españoles, porque las viviendas irregulares y las órdenes de derribo afectan al turismo y el turismo es, hoy por hoy, la industria más importante de España!
- ¿Qué opinión le merece la imagen que España está proyectando?
- Muy mala. La imagen de España ha caído mucho y la sensación generalizada es que la corrupción se extiende a casi todos los ámbitos; mientras, no hay una atención por parte del Gobierno central a un tema que puede afectar mucho a una industria importante para el país…
Por otra parte, en la actualidad ya hay fondos europeos que están bloqueados porque ha habido irregularidades en su uso; de manera que hay precedente. Tampoco es lógico que regiones de España reciban ayudas de la UE cuando hay este tipo de problemas urbanísticos que afectan a ciudadanos europeos.
- Habla usted de corrupción generalizada pero ¿qué hay de la seguridad jurídica?
- Mi crítica no va dirigida únicamente a los constructores o los gobiernos que han dado licencias de forma irregular, sino que se extiende también a abogados y jueces. Hay que darse cuenta de que eso crea una muy mala imagen y no sólo en un sector concreto, sino en otras profesiones. Es una cosa muy seria.
- Decía que el Gobierno británico no ha mostrado mucho interés, pero ¿cómo ve esto la sociedad inglesa?
- Bueno, la sociedad está viviendo una crisis económica fuerte. Aunque los gobiernos intenten decir que estamos saliendo de ella, yo puedo decir que los ingleses y los españoles no estamos saliendo de la crisis. ¡Estamos en plena crisis! Y en España, por ejemplo, ésta se debe en gran parte al tema inmobiliario. Todos estos temas tienen mucha repercusión en Inglaterra, la gente se siente afectada…
En mi intervención en el Parlamento Europeo, hablé en representación de ciudadanos de la zona sudeste de Europa y hay muchos que tienen casa en España y que se ven afectados por órdenes de demolición o permisos ilegales.
- Los británicos afectados no se oponen a la demolición si su vivienda es declarada ilegal por un juez, pero sí exigen una indemnización, dado que el inmueble se levantó con la cobertura de una licencia municipal…
- Claro, yo le he pedido a Zapatero una solución; y la solución es que les dejen habitar sus casas, o que les den una indemnización apropiada, con la que puedan adquirir una vivienda similar.
Pero es que la corrupción empieza antes. Mucha gente contrató notarios para hacer la escritura y el notario es responsable de verificar que la casa es legal; hay notarios que no han respondido a una ética profesional.
- Usted le recordó al presidente Zapatero que, lejos de lo que se cree, estos ciudadanos europeos afectados no son precisamente ricos
- En la mayoría de los casos es gente que ha ahorrado toda la vida y que decide invertir ese dinero en España porque el clima es benigno y la vida más agradable. También hay británicos con enfermedades que necesitan este tipo de clima… Hacen una inversión con el dinero de su jubilación. Podemos encontrar un par de casos entre 100.000 de gente con dinero. No se puede desestimar la gravedad del tema.
- En las imágenes de televisión que mostraban la intervención que tuvo usted en el Parlamento Europeo se veía a un presidente esquivo que evitaba cruzar con usted la miraba
- Parecía que miraba para otro lado, pero mi interpretación de la situación es que se sintió muy molesto de que yo sacase ese tema, que era precisamente mi objetivo [Se ríe].
Es haciendo pública esta situación y poniendo al presidente en un apuro cuando uno puede lograr algún éxito. Su cara era de estar pensando en otra cosa, pero estoy segura de que no estaba pensando otra cosa, sino en por qué había tenido la mala suerte de que yo le sacara el tema... El había hecho un gran mensaje sobre cómo va a resolver los problemas económicos de Europa, aunque no puede resolver los suyos…
- ¿Qué respondió Zapatero?
- Respondió diciendo que era consciente y sensible a la situación que vivía esa gente, pero que yo tenía que entender que eso no era competencia del Gobierno central, sino de las autonomías.
- Se lavó las manos…
- Sí, bueno; y además yo no tuve turno de réplica. Pero ya tendré la oportunidad. Zapatero tiene que acudir al Parlamento en junio para dar el discurso de cierre de la Presidencia española y allí estaré yo. Esto es un asunto bastante grave.
- ¿Cuál será su réplica?
- Que el origen de esta situación radica precisamente en que el Gobierno central ha dejado la competencia urbanística a un nivel de gobierno muy bajo, a los gobiernos locales de los pueblos. Y eso implica un desprecio a los controles…
El Gobierno central tiene una gran responsabilidad y es el único que puede solucionar el problema.
- Usted defiende al ciudadano europeo residente en España que sufre problemas urbanísticos pero, ¿conoce algún caso en concreto?
- Sí, y en mi discurso mencioné tres. Uno de ellos son los Prior, cuya vivienda ha sido demolida en Vera. Esta gente está viviendo en un garaje, aunque, afortunadamente, ahora un juez ha ordenado que le den una casa. Al menos, se empieza a ver que las cosas evolucionan favorablemente.
Luego tengo más casos en Alicante y la costa del Sol, sobre todo.
Quiero lanzar el mensaje de que los ciudadanos pueden acudir a mí, estoy elaborando una base de datos con las personas afectadas y hasta he puesto un asistente en mi oficina para lidiar con este problema.
- ¿Son muchos?
- Sí, bastantes. Sólo por correo electrónico he contactado con unas 950 personas.
- ¿Algún mensaje más?
- Sí, un mensaje: hay que seguir el curso legal, esto permite pasar a otras cortes europeas. También es importante que busquen apoyo político.
Y, en cuanto a España y sus autoridades, el mensaje es simple: tienen que mirar por el turismo y arreglar esto. Es necesario encontrar una soluciones a nivel urbanístico, del leyes del suelo, y también para la gente que se ha visto afectada. Hay que compensar a esas personas por los daños que están sufriendo.

Spínola culpa a CC y PP de los derribos en Cho Vito

El portavoz parlamentario del PSC, Francisco Hernández Spínola, aseguró ayer que los verdaderos responsables de la demolición del barrio costero de Cho Vito, en Candelaria, son Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), que firmaron un convenio para el desarrollo de infraestructuras costeras, que preveía los derribos en esa zona.
En una rueda de prensa que ofreció ayer, Spínola afirmó que ese convenio fue suscrito cuando el Gobierno español lo presidía todavía el PP y remarcó que, en concreto, se trata de la obra número 47, cuya denominación era "Paseo marítimo Cho Vito y demoliciones".
En este sentido, el portavoz socialista incidió en que este poblado marinero también se podía haber salvado si la Comisión de Patrimonio de Cabildo de Tenerife, también gobernado por CC y PP, hubiese declarado la protección de la zona por su valor etnográfico.
Por esta razón, el diputado remarcó que la "responsabilidad" es imputable tanto a CC y PP y "no al PSC y alcalde socialista de Candelaria, José Gumersindo García, a los que han querido demonizar".
"El PSC sólo cumple con la ley", insistió Spínola, para quien la petición de CC y de PP de que se aplique ahora la normativa canaria de protección de la costa -a través de una proposición no de ley aprobada el pasado viernes en el Parlamento- es "electoralista".
Exotismo institucional
Por otro lado, el portavoz socialista en la Cámara regional volvió a exigir ayer la inmediata renovación de los órganos que dependen del Parlamento -Audiencia de Cuentas, Diputado del Común, Consejo Consultivo y Radiotelevisión Canaria-.
A su juicio, esta renovación se hace aún más necesaria después de la intervención del Diputado del Común, Manuel Alcaide, la semana pasada en comisión parlamentaria, una cita que calificó como de "exotismo institucional".
El diputado responsabilizó a CC y PP de que las negociaciones que se han mantenido en distintos momentos de la actual legislatura no hayan tenido un final satisfactorio y subrayó que "han ido variando las pegas". "No han querido perder representación en los distintos órganos y por eso boicotean el acuerdo", sostuvo.
Por este motivo, se mostró poco optimista sobre la posibilidad de que en la reunión que mantendrán hoy los tres portavoces parlamentarios para abordar este asunto se logre un acuerdo definitivo.
http://www.eldia.es/2010-09-21/canarias/0-Spinola-culpa-CC-PP-derribos-Cho-Vito.htm

El Gobierno presiona al Estado para asumir las competencias en costas


CC denuncia que la rigidez de la Demarcación bloquea obras de paseos y playas



ANÍBAL RAMÍREZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE Los nacionalistas canarios, con el apoyo del PP (ambos en el Gobierno regional) están dispuestos a dar una dura batalla por traer a Canarias la gestión de la política de costas, una de las grandes competencias sobre el territorio insular que aún queda en manos del Estado.

Esa política de costas se sustancia en la capacidad de gestión de un convenio de obras con 80 millones anuales de gasto, la concesión de autorizaciones para establecimientos de ocio o restauración o la definición de los paseos marítimos. Y algo también importante, la incoación y tramitación de expedientes de derribo de núcleos urbanos sobre el suelo marítimo-terrestre.

Los nacionalistas no aguantan más la "rigidez monolítica" de la Dirección General de Costas y su Demarcación en Canarias, departamentos a los que acusa de bloquear la ejecución de paseos, regeneraciones de playas y equipamientos en distintas zonas del Archipiélago.

De la misma manera, y con el apoyo de los populares, acaba de aprobar una proposición no de ley para que las casas afectadas por la Ley de Costas que cuenten con valor etnográfico, arquitectónico o socioeconómico no sean derribadas. Un millar de viviendas ya están amenazadas para ser pasto de la piqueta en las islas.

La diputada regional de CC, Belén Allende, señaló ayer que el enfrentamiento con Costas ha provocado "batallas campales" para hacerles entender desde las administraciones canarias las actuaciones a desarrollar en el litoral. Esta "falta de receptividad" ha originado que todavía se estén ejecutando obras que datan del convenio de Costas suscrito con el Estado en 2002.

Allende indicó que la gota que ha colmado el vaso es ese derribo por todas las islas y que afecta a municipios gobernados por CC. El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, anunció hace unos días que negociará con Madrid nombrar al jefe de Demarcación de Costas. "Choca frontalmente que se vayan a derribar casas construidas antes de la Ley de Costas y no se apliquen medidas similares para hoteles construidos en primera línea", declaró.
http://www.laopinion.es/canarias/2010/09/21/gobierno-presiona-asumir-competencias-costas/305069.html

lunes, 20 de septiembre de 2010

ASI SE HACEN LAS COSAS. ASI FUNCIONA........


CC EL MARQUÉS DE PLAYA PARAÍSO
El Centro Comercial de Playa Paraíso comienza con multitud de deficiencias
:

1.- Debía cumplir con un retranqueo de 3 m con relación a las aceras. Esto quiere decir que tenía que retirarse hacia atrás 3 m con relación a donde se fabricó. En un principio el Informe Técnico del Ayuntamiento fue negativo y decía que incumplía por ese motivo. Más tarde, casualmente, dice que sí cumplía cuando se sabía que no era así. ¿?

2.- El expediente tenía que tener el informe preceptivo de Costas y “curiosamente” se inhibió a favor de Política Territorial. Posiblemente tenía que haber dicho que la parte baja del Centro Comercial lo bañan las aguas del mar cuando hay fuerte mar de fondo y dice la Ley de Costas que la franja de protección hay que comenzarla a medir a partir de donde hayan llegado las olas del mar en los más fuertes temporales. (SEGURAMENTE ES QUE CUANDO HAY TEMPORALES, LOS SRES. DE COSTAS NO VIENEN Y POR ESO MARCAN EL DESLINDE DONDE CONVIENE)

3.- El informe de Política Territorial viene firmado por un alto funcionario que, “casualmente” es hermano del arquitecto de la obra y su otro hermano es el que firma el informe de telecomunicaciones. (Todo queda en casa)

4.- Tanto la Ley de Costas como la Normativa del Ayuntamiento prohíben los apartamentos en esta franja litoral, si estuviera bien ubicada, y cuando en los planos primitivos aparecían apartamentos, se corrigieron colocando una mesa donde había una cama, dejando los cuartos de baño igual y las cocinas con los servicios. Ahora eran oficinas y así se aprobaron. Se vendieron luego como apartamentos y así están funcionando ahora.

5.- Sólo se contemplaban dos pisos en la normativa y aparecen en uno lugares tres alturas y en otros cuatro.

6.- Se cerró el acceso a la costa y dejaron una franja estrechísima para pasar donde peligraba la vida de él que por allí pasara. Ante las protestas de Coalición Canaria en Adeje y la Asociación de Vecinos, se hizo una escalera de acceso.

7.- Cuando en un Pleno, Coalición Canarias le recrimino al Equipo de Gobierno el haber concedido la licencia de esa manera, el Concejal de Urbanismo nos contesto: “Si tuviera que firmar la licencia en este momento, no lo haría”

Tras una lucha continua, se lleva a los Juzgados por la Asociación de Vecinos y el propio Juzgado pide a un técnico que haga un informa y ese informe técnico nos da la razón en todo lo que decíamos y entre otras cosas dice:

“En el Centro Comercial no existe zona ajardinada, el edificio según la normativa del Ayuntamiento tenía que retranquearse tres metros más adentro y por tanto incumple la ubicación”.

“La zona de protección marítimo terrestre está realizada bajo rasante y alcanza todo el Centro Comercial, existiendo una escalera por la que se accede al mar. La normativa urbanística del Ayuntamiento son dos plantas y el Centro Comercial tiene 4, 3, sobre rasante y otra bajo rasante”.

“La zona de servidumbre de protección marítimo terrestre está especificada por la longitud de 5,4 metros. El técnico que suscribe en una marea fuerte del mar invade la Planta Bajo Rasante.

“… el Técnico que suscribe entiende que cuando existe la opción de convertir un local en vivienda esta se realiza.

domingo, 19 de septiembre de 2010

La costa y sus leyes

Quiero escribir estas líneas sin tratar de sentar precedente alguno y con la sanísima intención de no apoyarme para nada en esas leyes que menciono en el título del escrito.
Aquellos que me conocen saben que durante más de treinta y cinco años he vivido en Las Caletillas, y lo he hecho en una casa que se construyó casi exclusivamente con la ayuda de mi madre, que al igual que yo no tenía formación técnica alguna en la construcción. Y nos quedó muy aparente.
El arquitecto que firmó la obra y percibió sus correspondientes honorarios no pisó jamás la zona. Según supe después, el hombre mareaba también en coche, y en aquellos momentos la autopista estaba en construcción. Sus escasas visitas al municipio obedecían a la gran devoción de su esposa por la Virgen de Candelaria, y tal vez él aprovechaba para pedirle que desapareciesen sus trastornos.
Pasado algún tiempo, durante unas cortas vacaciones en Lanzarote, esperando la hora de la cena, mi esposa, que lo conocía de vista, me indicó que era el firmante del proyecto, pero tuve el cuidado de no presentarme, no fuese a preguntarme eso tan habitual de ¿y usted quién c... es?
La casa se edificó sobre una parcela de aproximadamente seiscientos treinta metros cuadrados, ajustándonos a lo estipulado para la demarcación en superficie, altura y, por supuesto, también en relación con la zona de servidumbre marítimo-terrestre. En su momento se solicitó permiso para la instalación de una toma de agua del mar para llenar una pequeña piscina de poco más de ochenta metros cúbicos que instalamos delante de la casa, siempre sin problemas.
Esto me ha obligado a seguir a lo largo de los años los avatares de las diferentes normativas, ya que lo hacía fundamentalmente por mi propio interés.
Resulta muy curioso que hace menos de cinco años se ha construido un chalet muy cerca de mi vivienda, y aunque no dudo de la existencia de los correspondientes permisos, de lo que no me cabe la menor duda es de que la altura se pasa un rato de lo reglamentario. En conversación con técnicos del municipio me dijeron que no se me ocurriera pensar mal, pero la coincidencia de algún que otro apellido con el de un ex presidente podría situar la mosca tras alguna que otra oreja.
Tal como se está poniendo este asunto, al cabo de unos años podremos dar la vuelta a la isla caminando por los paseos que se han de construir, y así acceder a los aún insuficientes campos de golf. Invertir ese dinero en sanidad y hospitales no es preciso, aquí sabemos vivir y morir con señorío.
Hace años se decía que una ardilla podía cruzar de punta a punta la Península Ibérica, saltando de un árbol a otro siempre en terrenos propiedad de la Casa de Alba. Del mismo modo, nosotros podremos imitar a las ardillas y pasear como está mandado, trotando todas nuestras costas. Faltaría más.
Suiza, que no tiene mar, pero sí tiene un montoncillo de lagos, y alguna que otra corriente fluvial, como el modesto Rhin, por ejemplo, permitía que aquellas personas que tenían sus viviendas a orillas de los lagos pudiesen construir en esos márgenes y en los bajos de las casas los garajes para colgar fuera del agua las motoras en las épocas de poco uso. En los ríos siempre estuvo prohibido, pero no para construir paseos, sino más bien huyendo de las riadas de la crecida de las aguas generalmente en primavera con el deshielo.
Cuando se accede a Estocolmo en barco, las cientos de islas que pueblan esa entrada, la mayoría particulares, tienen sus construcciones, auténticos palacios algunos, y sus pequeños muelles.
En la frontera EEUU-Canadá, formada por el río San Lorenzo, en la zona noroeste del lago Ontario, a lo largo de unos 80 kilómetros, hay más de 1.850 islas que tienen entre cien kilómetros cuadrados y poco más de uno. Muchas de ellas tienen una o varias edificaciones y su puerto correspondiente.
También es verdad que Suiza, Alemania, Austria, Suecia, EEUU y Canadá son países poco respetuosos con el medio ambiente, desconocedores de la dieta mediterránea, que siguen guisando con mantequilla, ignorando lo que es el colesterol y no teniendo que construir paseos por todos lados.
Mejor nos iría si respetásemos lo ya construido, salvo lo que sea delictivo, vigilando que en el futuro nadie se salga de lo autorizado. Una especie de ley de punto final, con auxilio del Seprona.
A la señora Tavío, que ha escrito en este periódico en defensa de Cho Vito, agradecerle que, si como dicen, su partido gobernará en un próximo futuro, haga en ese momento todo lo posible por eliminar estas leyes tan poco inteligentes.
Siempre huyendo de comportamientos como el del ex presidente Aznar, que se suma a las manifestaciones contra las leyes del aborto y no fue capaz de tocarlas en los ocho años que gobernó. Y es que los votos son los votos. Más coherencia y más decoro, señores.
José Luis Martín Meyerhans

sábado, 18 de septiembre de 2010

EL PARLAMENTO DE CANARIAS, PIDE A COSTAS QUE FRENE LAS DEMOLICIONES

El Pleno insta al Gobierno a "garantizar la permanencia y la seguridad jurídica" de quienes habiten áreas urbanas costeras

José Luis Cámara

Santa Cruz de Tenerife

Los más de 70 días de tensa espera que todavía tendrán que vivir los vecinos de Cho Vito, serán sin duda más llevaderos ahora que el Parlamento de Canarias ha aprobado una proposición no de ley (PNL) para solicitar al Estado que frene las demoliciones en el litoral del Archipiélago, como la que Costas tiene previsto llevar a cabo en este poblado marinero el próximo 30 de noviembre.

A pesar de la oposición del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), que votó en contra, el Partido Popular (PP) logró sacar adelante con el respaldo de sus socios de Gobierno una proposición que destaca el valor "etnográfico, arquitectónico y socioeconómico" de estas áreas urbanas costeras. En este sentido, la diputada Cristina Tavío, que siempre se ha mostrado como una de las más firmes defensora de estas zonas, argumentó que "son los canarios quienes tienen que decidir sobre este asunto".

Tavío dejó claro que, con esta iniciativa, su formación no defiende "el chabolismo", sino que trata de "evitar las arbitrariedades en la aplicación de la Ley de Costas", además de dar "seguridad jurídica a los afectados por esta normativa, no sólo en Canarias, sino también en muchos municipios de la Comunidad Valenciana o Baleares". No en vano, la presidenta del PP tinerfeño denotó que las personas que pierdan su vivienda "deben ser indemnizadas por el Estado".

Cristina Tavío también advirtió de la necesidad de "garantizar la permanencia y la seguridad jurídica de quienes habitan o desempeñan tareas en las áreas urbanas costeras de Canarias que reúnan un valor objetivo en materia etnográfica, arquitectónica o socioeconómica".

"Incita a la prevaricación"

En la bancada contraria, el socialista Manuel Fajardo recordó al PP que no modificó la Ley de Costas en sus ocho años de gobierno, mientras que a CC le reprochó que el Cabildo de Tenerife denegase la protección de Cho Vito como "bien de interés cultural". "Vamos a hacer todo lo posible para que se reconozcan los derechos de las personas", dijo Fajardo, quien, pese a todo, señaló que el PSOE no puede apoyar una iniciativa que calificó de "barbaridad", además de una "incitación a la prevaricación" para que no se aplique la ley.

Sea como fuere, la proposición no de ley aprobada ayer en la Cámara regional, insta al Estado a "suspender la acción ejecutiva de la Dirección General de Costas, adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, contra estas áreas urbanas costeras mientras permanezcan abiertas causas en la Justicia", como es el caso de Cho Vito. Sobre éste, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las administraciones canarias acordaron la pasada semana ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo hasta el próximo 30 de noviembre.

En un primer momento, los vecinos tenían hasta el 20 de septiembre para desalojar sus viviendas, que ocupan el dominio público marítimo en la playa tinerfeña. El Ministerio justificó precisamente su decisión de retrasar la aplicación de la normativa en la posibilidad de "arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social que se ha generado". De igual forma, las distintas administraciones implicadas acordaron adoptar la "máxima coordinación y cooperación" para que, en aplicación de las previsiones del marco jurídico vigente, se preste la mutua asistencia en las soluciones de aplicación de la Ley de Costas.

Tras conocer la decisión del Parlamento canario, el portavoz de los vecinos de Cho Vito, Tomás González, mostró su satisfacción por el acuerdo de la Cámara, y confió en que "reine la cordura". "Debemos remar todos en la misma dirección y no tomar decisiones arbitrarias no sólo contra nuestro poblado, sino contra todo el pueblo de Canarias", espetó González, quien junto a otros seis vecinos estuvo once días en huelga de hambre para evitar que sus casas fueran demolidas.

domingo, 12 de septiembre de 2010

Cho Vito y el litoral de Canarias

EL TIEMPO corre en contra de las pocas viviendas que quedan aún en pie en lo que un día fue Cho Vito. Apenas un puñado de construcciones de este poblado marinero de Candelaria escaparon a la demolición que la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife decretó en 2008, y podrían quedar sentenciadas a desaparecer si finalmente no se encuentra una vía de diálogo que permita una aplicación equilibrada de la legislación vigente.
La situación de estos ciudadanos se agrava si se tiene en cuenta que las demoliciones pendientes aluden a expedientes de personas para quienes estas casas constituyen actualmente su primera vivienda, y podrían quedar irremediablemente en la calle sin que se haya aportado solución alguna. De hecho, algunos de los desalojados a consecuencia de los primeros derribos todavía siguen dependiendo de la caridad ajena por haber perdido su residencia.
Hemos conocido que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las administraciones canarias han acordado ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo hasta el 30 de noviembre, para buscar soluciones al problema de vivienda que se genera a los afectados. Se amplía, pues, en dos meses, el plazo inicialmente dado por la Demarcación de Costas, pero no se ha conseguido paralizar definitivamente los derribos.
Vaya por delante mi preocupación y la del Partido Popular de Tenerife ante la decisión de un grupo de vecinos de ponerse en huelga de hambre como medida de protesta ante esta acción, una opción que rechazamos dado el riesgo al que se enfrentan y los daños irreparables que podría conllevar para su organismo.
Desde luego, el PP estará a la altura de estas graves circunstancias, como prueba la batería de iniciativas que estamos liderando tanto en el Parlamento de Canarias como en las Cortes Generales, el Cabildo Insular y diversos ayuntamientos de Tenerife, con el fin de hacer reflexionar al Gobierno de España sobre las consecuencias reales de estos derribos.
La próxima semana defenderé en la Cámara regional, en mi condición de diputada autonómica, una moción en este sentido que se une a la iniciativa presentada por mis compañeros en el Senado para instar una modificación de la Ley de Costas que conjugue la protección del dominio público con el respeto a los derechos objetivos de los ciudadanos que viven o trabajan en estos enclaves.
Pretendemos instar al Gobierno de España a que aplique una moratoria que evite nuevos desalojos mientras permanezcan abiertas causas en la Justicia, y a que Costas renuncie a cualquier acción ejecutiva sin alcanzar previamente un acuerdo de consenso con todas las administraciones públicas canarias.
El Partido Popular, que ha ofrecido asesoramiento jurídico a los vecinos afectados, considera intolerable el estado de inquietud e incertidumbre que ha generado el exceso de celo del PSOE con su negativa implícita a asumir las competencias urbanísticas conferidas a nuestra comunidad autónoma a la hora de establecer cuáles son los suelos consolidados anteriores a la Ley.
El Parlamento de Canarias aprobó el pasado 30 de abril la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que incluye la regulación de áreas urbanas situadas en nuestro litoral.
Ya en 2008, el Partido Popular de Tenerife abanderó esta defensa frente a la arbitraria aplicación de una norma aprobada por el PSOE en 1988, que ahora, más de veinte años después, y argumentando la simple defensa del dominio público, está siendo empleada por la Demarcación Provincial de Costas con el fin de torpedear estos poblados.
La costa tinerfeña, como la del resto de España, está salpicada de asentamientos y núcleos consolidados que, como en el caso de Cho Vito, son previos a la entrada en vigor de la Ley de Costas, cuya aplicación está motivando situaciones que, paradójicamente, no se dan en otros puntos de España, donde el criterio que se sigue es mucho más flexible y favorable a los derechos a la propiedad o a la empresa.
Torpe visión, pues, la de quienes aplican la ley de distinta forma a como se viene haciendo en otros puntos de la geografía española, conscientes de la importancia de preservar la identidad e historia de nuestro litoral, ligado a estas poblaciones, y de facilitar el desarrollo de la actividad económica que le es inherente.
Me inquieta profundamente que Costas siga haciendo caso omiso a la postura expresada tanto por el Parlamento Europeo, el Parlamento de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, que se han manifestado a favor de la preservación de estos valores.
Es nuestra responsabilidad evitar que se produzcan ocupaciones ilegítimas del dominio público que terminen derivando en el chabolismo, pero consideramos que es indispensable que las Administraciones Públicas garanticen la seguridad jurídica de quienes viven en estas zonas costeras, y que juntos evitemos verdaderos dramas familiares como el que vivieron decenas de personas en 2008 con las primeras demoliciones de Cho Vito.
Se trata no sólo de preservar el alto interés de bienes como estos asentamientos costeros, cuya aportación cultural, histórica y arquitectónica es incuestionable, sino muy especialmente de asegurar la pervivencia de la actividad económica que generan y la tranquilidad de quienes tienen su residencia habitual en estos enclaves.
Es necesario que toda la sociedad canaria sea una en esta solicitud para que se reconsidere la situación de núcleos como Cho Vito, con el fin de que decisiones drásticas y no consensuadas con todas las Administraciones implicadas puedan causar un daño irreparable.
Esperamos que todas estas iniciativas y la postura mayoritaria expresada reiteradas veces por la sociedad tinerfeña mueva un paso más a la Demarcación de Costas, con el fin de que valore la aportación de estos asentamientos a nuestro litoral dentro del proceso de aplicación de la ley en las Islas, y ofrezca algo de esperanza para que Canarias no pierda su sabor marinero y pescador.
Me permito recordarles que nuestro Archipiélago no tiene playas con cocoteros, pues no somos el Caribe ni Cuba, contamos con poblados marineros que configuran un entorno que nos hace únicos y distintos. Terminar con ese encanto inconfundible de nuestro litoral sería un grave error, sin duda, irreversible.
Cristina Tavio
*Presidenta del Partido Popular
de Tenerife

El aplazamiento de los derribos de Cho Vito es el medio para lograr la legalización de las viviendas y para conseguir que se reconstruya el poblado po

El aplazamiento de los derribos de Cho Vito es el medio para lograr la legalización de las viviendas y para conseguir que se reconstruya el poblado por sus valor

El abogado José Manuel Rivero lo califica de una victoria de los vecinos
EDDC.NET SANTA CRUZ DE TENERIFE
es

El abogado José Manuel Rivero, miembro del colectivo Justicia y Sociedad, valoró en Radio San Borondón el acuerdo alcanzado en Madrid entre las administraciones canarias y estatal en el que se amplía el plazo para la ejecución del desalojo de Cho Vito hasta el 30 de noviembre como un importante éxito de los vecinos del poblado marinero ante un reconocimiento que abre la posibilidad real de legalizar las viviendas afectadas y conseguir que se reconstruya el poblado como estaba antes de la actuación de octubre de 2008.

José Manuel Rivero califica de victoria de los vecinos el acuerdo alcanzado por la directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel, el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, el subdelegado del Gobierno en Tenerife, José Antonio Batista y la consejera insular de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino León, en donde las administraciones han acordado una declaración conjunta en donde acuerdan ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo del núcleo de Cho Vito en el término municipal de Candelaria hasta el 30 de noviembre.

Desde su punto de vista, este acuerdo es un compromiso de todas las administraciones públicas y, por tanto, se ha logrado lo que se pedía, es decir, la paralización urgente de los derribos que se iban a acometer el 20 de septiembre, hasta el 30 de noviembre, y añade que este acuerdo no se ha conseguido como fin, sino como medio para conseguir el fin deseado, porque insiste en que en estos dos meses de prórroga las administraciones se han marcado una hoja de ruta clara, ya que explica que “las administraciones han acordado adoptar la máxima coordinación y cooperación para que, en aplicación de las previsiones del marco jurídico vigente, se preste la mutua asistencia en las soluciones de aplicación de la Ley de Costas que, garantizando el uso público y rescate en su caso del Dominio Público Marítimo Terrestre y la adecuada protección de su naturaleza, sea compatible con la protección de todos los intereses generales concurrentes, como son la conservación de los valores patrimoniales, culturales y sociales anudados a su preexistencia”.

Entiende que esta parte del comunicado deja claro que no es una cuestión esencial el rescate del dominio público, porque procede otra vía que tiene que ver con la adecuada protección de su naturaleza, sea compatible con la protección de todos los intereses generales concurrentes, como son la conservación de los valores patrimoniales, culturales y sociales anudados a su preexistencia, y, por tanto, esa declaración exige la protección de Cho Vito por su valores.

José Manuel Rivero expone que las administraciones han reconocido y se han comprometido a conservar los valores de Cho Vito, algo que está recogido en la Disposición Transitoria 4, nº 1, de la Ley de Costas, que pone de manifiesto que aquellas construcciones como el poblado marinero existentes mucho antes a la entrada en vigor a la Ley de Costas puedan ser legalizadas por razón de interés público.

Advierte que la parte del comunicado que dice “Las administraciones acuerdan ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo del núcleo de Cho Vito en el término municipal de Candelaria hasta el 30 de noviembre, con el fin de arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados” es muy importante porque reconoce que existe un problema social que tiene que ser resuelto, por tanto en dos meses las administraciones implicadas deben ponerse a trabajar para conservar las viviendas por los valores existentes con anterioridad a la Ley de Costas.

En este sentido, de aquí al 30 de noviembre hay que trabajar en base a este reconocimiento de las administraciones para llevar a cabo las actuaciones pertinentes para la legalización y conservación de las viviendas por una cuestión etnográfica, patrimonial y cultural.

José Manuel Rivero añade que al ser incluida en la Disposición Transitoria 4, nº 1, de la Ley de Costas ha de instarse la legalización de las viviendas por parte de los grupos políticos y las administraciones, ya que ante este reconocimiento debe hacerse ya que esta posibilidad se materialice en iniciativas determinadas para legalizar las viviendas de Cho Vito con ese reconocimiento como lugar de gran valor etnográfico, cultural, social y de valor público para lograr su reconstrucción de cómo era Cho Vito antes de la actuación de Costas el 7 de octubre de 2008.

El comunicado institucional

Este es el texto oficial: “tras una reunión entre la directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel, el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, el subdelegado del Gobierno en Tenerife, José Antonio Batista y la consejera insular de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino León, las administraciones han acordado una declaración conjunta en estos término: Las administraciones han acordado adoptar la máxima coordinación y cooperación para que, en aplicación de las previsiones del marco jurídico vigente, se preste la mutua asistencia en las soluciones de aplicación de la Ley de Costas que, garantizando el uso público y rescate en su caso del Dominio Público Marítimo Terrestre y la adecuada protección de su naturaleza, sea compatible con la protección de todos los intereses generales concurrentes, como son la conservación de los valores patrimoniales, culturales y sociales anudados a su preexistencia. Las administraciones acuerdan ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo del núcleo de Cho Vito en el término municipal de Candelaria hasta el 30 de noviembre, con el fin de arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados”.

Cho Vito suspende la huelga de hambre




La protesta de seis vecinos ha durado once días - Se dan por satisfechos con haber conseguido que las administraciones se sentaran a negociar y retrasaran el desalojo
EFE - SANTA CRUZ DE TENERIFE. Los seis vecinos de Cho Vito, núcleo enclavado en Candelaria (Tenerife), han decidido hoy suspender la huelga de hambre que venían manteniendo desde hace once días tras el acuerdo alcanzado el viernes en Madrid en una reunión entre distintas administraciones.

En la reunión, mantenida entre la directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz y las administraciones canarias, se decidió prorrogar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo del núcleo de Cho Vito hasta el 30 de noviembre.

"Levantamos la huelga de hambre", aseguró Tomás González, portavoz de los vecinos afectados en una rueda de prensa que tuvo lugar en el campamento que han montado en la plaza de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

"La huelga de hambre ha logrado que se sentarán a negociar las distintas administraciones y hemos conseguido que se aplace hasta el 30 de noviembre la decisión sobre Cho Vito", agregó el portavoz.

"Hemos avanzado mucho, hemos ganado 70 días y ahora debemos seguir trabajando para buscar fórmulas que eviten el derribo de nuestras casas", subrayó.

Tras asegurar que no van a renunciar a la reconstrucción de Cho Vito, Tomás González señaló que si las negociaciones que ahora se deben producir no van por buen camino, "volveremos a la huelga de hambre".

El portavoz arremetió además contra el alcalde de Candelaria, Gumersindo García Trujillo, al que definió como "el gran ausente", por no acudir a la reunión de Madrid y defender los intereses de los vecinos de Cho Vito.

"Costas y el alcalde de Candelaria han actuado de espaldas a los vecinos con engaños y atropellos", subrayó.

Criticó también que el alcalde Candelaria no se haya preocupado por la suerte de los vecinos a los que les demolieron sus casas el pasado mes de octubre.

La ampliación de plazo hasta el 30 de noviembre tiene como fin arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados.

En la reunión, además de Alicia Paz estuvieron el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel, el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, el subdelegado del Gobierno en Tenerife, José Antonio Batista y la consejera insular de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino León.

Las administraciones acordaron adoptar la máxima coordinación y cooperación para que se preste la mutua asistencia en las soluciones de aplicación de la Ley de Costas que, garantizando el uso público y rescate en su caso del dominio público marítimo terrestre y la adecuada protección de su naturaleza, sea compatible con la protección de todos los intereses generales concurrentes, como son la conservación de los valores patrimoniales, culturales y sociales anudados a su preexistencia.

http://www.laopinion.es/tenerife/2010/09/12/cho-vito-suspende-huelga-hambre/303618.html

martes, 7 de septiembre de 2010

Nota de prensa del PP en Granadilla de Abona

González asegura que “en Granadilla no permitiremos que
el PSOE haga lo mismo que está haciendo en Candelaria”

“Es una vergüenza que ahora el alcalde de Candelaria pida el derribo del Hotel Médano”


6 Septiembre 2010.- El presidente del Partido Popular de Granadilla de Abona, Esteban González, calificó hoy “de auténtica vergüenza escuchar esta mañana al alcalde de Candelaria en una emisora de radio defender el derribo del Hotel Médano”, por lo que reclama a Gumersindo García, “que no se entrometa en asuntos que no son de su competencia y, desde luego, que no espere que el gobierno municipal de Granadilla se vaya a quedar de brazos cruzados mientras el Gobierno socialista le quita a los vecinos sus viviendas o sus trabajos”.

“En Granadilla de Abona -aseguró- no permitiremos que el Gobierno socialista haga lo mismo que está haciendo en Candelaria, con la complicidad del alcalde socialista y de su mayoría de gobierno. Nosotros, en el ayuntamiento, defendemos de forma unánime la conservación del litoral de El Médano y estamos dispuestos, a diferencia de él y de su partido, a llegar a las últimas consecuencias”.

Esteban González, que es también teniente de alcalde de Granadilla de Abona, advirtió al primer edil candelariero “que la responsabilidad de un alcalde es defender a sus vecinos y no pasarse el día justificándose en la ley mientras los ciudadanos son desalojados y sus viviendas derribadas. Una ley que además se trata de aplicar con carácter retroactivo y a núcleos urbanos costeros que son muy anteriores a la probación de esa normativa en 1988. Se le debería caer la cara de vergüenza”.

“Por si no lo sabe el señor Gumersindo García, el Gobierno socialista ha dado marcha atrás en la aplicación absurda de la Ley de Costas en el litoral andaluz y catalán, así como en edificaciones costeras de lujo en Galicia, donde dirigentes de su partido como José Blanco, han comprado áticos de ricos”, señaló.

Sea como fuere, González exigió al alcalde de Candelaria “que no trate ahora de perjudicar a otros municipios y a miles de tinerfeños que viven y trabajan en estos núcleos costeros para escurrir el bulto del desamparo al que ha condenado a vecinos de su municipio”.

Cho Vito reprocha al alcalde de Candelaria que recurra al chantaje

Los vecinos no cesarán la huelga de hambre hasta que no les garanticen por escrito que sus casas se salvarán de la piqueta



RUBÉN GONZÁLEZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE Los seis vecinos de Cho Vito no cesarán la huelga de hambre si no hay "garantías suficientes" de que no se vayan a derribar sus viviendas a partir del 20 de septiembre. El portavoz de los vecinos, Tomás González, ratificó ayer esta decisión y además criticó al alcalde de Candelaria, Gumersindo García, por ponerles como condición dejar la huelga de hambre para poder iniciar el proceso de negociación del conflicto.

"El alcalde de Candelaria tiene poco interés por lo vecinos y por salvar Cho Vito. La actitud de García es poco democrática. En democracia todos tenemos derecho a la huelga y hasta ahora nadie nos ha impuesto ninguna condición para negociar esta situación", reprochó González.

La crítica viene después de que el alcalde de Candelaria anunció que solicitará al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias que se replanteen sus posturas sobre las nueve viviendas del poblado marinero. Al mismo tiempo, García instó a los vecinos dejar la huelga de hambre que mantienen como condición para dialogar.

Por su parte, los afectados de Cho Vito se reunieron con los miembros del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife. En el encuentro, estuvo presente el vicepresidente segundo y consejero insular de Sanidad, Antonio Alarcó, acompañado de los consejeros populares, Félix Sierra y Pedro Suárez.

"Los populares mostraron el mismo compromiso que viene anunciando el presidente del Cabildo de Tenerife. Todos ellos se encuentran trabajando en una misma línea. No como otros", explicó el portavoz vecinal.

La ronda de reuniones de los vecinos de Cho Vito con los diferentes partidos políticos concluye mañana. En esta ocasión, serán recibidos por el grupo socialista.
El pasado viernes, una de las vecinas en huelga de hambre, Montserrat Mejías, tuvo que ser atendida por los Servicios de Urgencias tras encontrarse con mareos, calambres y problemas de movilidad. Después de recibir la atención médica pertinente, y a pesar de los consejos de los profesionales, decidió reincorporarse esa misma noche al lugar de la protesta para seguir con la huelga.

En este sentido, González aclaró que "van a llegar hasta el final con mucho sacrificio y dignidad". Así como que no abandonarán hasta que no haya un "papel escrito y firmado" donde se fije un compromiso de mantener las viviendas.

Los vecinos, que ya cumplen su sexta jornada de protesta, también agradecen el apoyo recibido de los colectivos vecinales y de muchas personas de otras islas.
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/09/07/cho-vito-reprocha-alcalde-candelaria-recurra-chantaje/302852.html

Cho Vito rechaza dejar la huelga a cambio de que el alcalde negocie

García ratifica que no acudirá a la comisión Canarias-Estado "bajo presión de nadie"y exige al Cabildo que reconsidere si el poblado tiene valor etnográfico
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G.
VICENTE PÉREZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El alcalde de Candelaria, Gumersindo García, mantuvo ayer su decisión de no acudir a la reunión prevista para el viernes en Madrid entre los gobiernos canario y estatal, y el Cabildo de Tenerife, que abordarán los derribos en Cho Vito, si antes los vecinos de este barrio no ponen fin a su huelga de hambre. Por su parte, los huelguistas dejaron claro que no aceptan esta condición y que piensan continuar su protesta.

"Saldremos de esta huelga de hambre con una solución, o si no saldremos de de otra manera, y ya saben a lo que me refiero", afirmó ayer el portavoz de Cho Vito, Tomás González, quien señaló que "esta situación la generó el alcalde, y él la tiene que resolver; si amenaza con no ir a la reunión de Madrid, pues ésa es la solución que él tiene". González aseguró que en 2008, cuando se derribó el resto del poblado, el alcalde dijo que "las casas que quedaban en pie es porque eran primera vivienda, y en cambio ahora las van a derribar". El portavoz vecinal defendió "el derecho constitucional a la huelga" y que "ningún vecino de Cho Vito ha matado a nadie, pero con el etarra Juana de Chaos sí que negociaron mientras estaba en huelga de hambre y el Gobierno del PSOElo dejó en libertad".

El alcalde, que el domingo informó en una nota de que ningún vecino de Cho Vito se quedará en la calle y que él no acudiría a la Comisión Mixta si persiste la protesta, se reafirmó ayer en esta postura: "Con huelga de hambre, no iré a Madrid, porque no podemos hacer más caso a quien más grita y más ruido hace, sino a quien tiene razón, y aquí hay sentencias judiciales firmes que dicen que estas viviendas son ilegales y han que demolerlas".

Eso sí, García, quien ayer ofreció una rueda de prensa, aseguró que la única vía para salvar Cho Vito es que "Costas reconsidere ejecutar la sentencia si se demuestra que este poblado tiene elementos patrimoniales y etnográficos". Para ello, dijo, es necesario que el Cabildo "reconsidere" la decisión que en su día adoptó en la Comisión de Patrimonio Histórico, que rechazó cualquier valor arquitectónico, etnográfico o patrimonial de este poblado. "Tanto el Gobierno canario como el Cabildo nos dejaron solos y no hicieron nada por responder a las reiteradas solicitudes del Ayuntamiento o lo hicieron en contra;por ello he decidido enviarles un escrito para que reconsideren si ahora piensan que Cho Vito tiene estos valores para poder salvar las viviendas", explicó el alcalde, quien pese a todo ve difícil un pronunciamiento favorable pues "si con 31 viviendas descartaron proteger Cho Vito, ahora con las 9 que quedan menos aún".

El regidor municipal insistió en que el Ayuntamiento intentó mantener como suelo urbano este barrio en el Plan General, pero que la Cotmac, órgano dependiente del Gobierno canario, exigió que pasara a rústico por estar en dominio público y haber sentencias firmes.

Más de mil firmas recogidas

Entre tanto, los vecinos cumplen hoy su sexto día en huelga de hambre y algunos sufren "mareos, calambres y desvanecimiento general", en palabras de su portavoz, quien señaló que sólo beben "agua con azúcar y limón" desde el miércoles pasado, y que permanecen acampados en la plaza de La Candelaria, junto a la santacrucera plaza de España. Ya han recogido más de 1.100 firmas de ciudadanos a su favor.

González se preguntó "por qué no reubicaron a los vecinos de Cho Vito en viviendas de protección oficial detrás del poblado, donde ahora quieren hacer una unidad de actuación para 15 viviendas de lujo en un terreno cedido por sus propietarios para equipamientos públicos pero recalificado ahora como residencial sin cumplir con los trámites legales establecidos para ese cambio". González se quejó de que hasta el domingo el alcalde no se pusiera en contacto con los vecinos en huelga de hambre, "y lo hizo para decirnos que estas no son formas y que así no iría a Madrid".

Esos afectados expusieron ayer que no conocían las sentencias firmes dictadas en 1996 y 1997, en las que se denegaban sus recursos, aunque no supieron explicar por qué su abogado no se las comunicó. En todo caso, relatan que en 2005 el Ayuntamiento les indicó que Cho Vito quedaría como conjunto de interés etnográfico en el PGO, pero luego se toparon con que ese mismo año "Costas incoó expediente de nuevo, sin decirnos que era por las sentencias de 1996".

José Antonio Luis, uno de los huelguistas, aclaró ayer que Costas no le perdió una barca en en el derribo de 2008, sino a otro afectado, hecho que por error este diario puso en su boca.

El PP pide a García que no falte a la reunión
Pablo Matos, portavoz del PP en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, conversó ayer con los vecinos en huelga de hambre, a quienes prometió que pedirá en el Parlamento estatal la suspensión de los derribos hasta elaborar un catálogo de viviendas de interés etnográfico, arquitectónico o cultural en domino público, tal como prevé la modificación de Ley canaria de Ordenación del Territorio, recurrida por Costas ante el Constitucional. "Costas debería suspender los derribos y sentarse a negociar con las administraciones canarias una vez hecho ese catálogo", indicó Matos, quien aconsejó a los vecinos que abandonen la huelga de hambre para que evitar daños a su salud.

El diputado popular manifestó que sería "inexplicable" que el alcalde de Candelaria no acudiera el viernes a la reunión de la comisión Canarias-Estado en Madrid, pues "no puede hacer dejación" si se ha convocado esa cita a la que asistirá la ministra de Medio Ambiente. Matos estuvo acompañado del portavoz del PP en el Ayuntamiento candelariero, José Fernando Gómez, y del también diputado estatal de este partido, Manuel Domínguez, quien pidió públicamente a Gumersindo García que "reconsidere su decisión, por responsabilidad con los ciudadanos de Candelaria, y que asista a esa reunión, en la que se tomarán los acuerdos pertinentes y donde no puede faltar la máxima representación del municipio afectado".

Cho Vito rechaza dejar la huelga a cambio de que el alcalde negocie

García ratifica que no acudirá a la comisión Canarias-Estado "bajo presión de nadie"y exige al Cabildo que reconsidere si el poblado tiene valor etnográfico
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G.
VICENTE PÉREZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El alcalde de Candelaria, Gumersindo García, mantuvo ayer su decisión de no acudir a la reunión prevista para el viernes en Madrid entre los gobiernos canario y estatal, y el Cabildo de Tenerife, que abordarán los derribos en Cho Vito, si antes los vecinos de este barrio no ponen fin a su huelga de hambre. Por su parte, los huelguistas dejaron claro que no aceptan esta condición y que piensan continuar su protesta.

"Saldremos de esta huelga de hambre con una solución, o si no saldremos de de otra manera, y ya saben a lo que me refiero", afirmó ayer el portavoz de Cho Vito, Tomás González, quien señaló que "esta situación la generó el alcalde, y él la tiene que resolver; si amenaza con no ir a la reunión de Madrid, pues ésa es la solución que él tiene". González aseguró que en 2008, cuando se derribó el resto del poblado, el alcalde dijo que "las casas que quedaban en pie es porque eran primera vivienda, y en cambio ahora las van a derribar". El portavoz vecinal defendió "el derecho constitucional a la huelga" y que "ningún vecino de Cho Vito ha matado a nadie, pero con el etarra Juana de Chaos sí que negociaron mientras estaba en huelga de hambre y el Gobierno del PSOElo dejó en libertad".

El alcalde, que el domingo informó en una nota de que ningún vecino de Cho Vito se quedará en la calle y que él no acudiría a la Comisión Mixta si persiste la protesta, se reafirmó ayer en esta postura: "Con huelga de hambre, no iré a Madrid, porque no podemos hacer más caso a quien más grita y más ruido hace, sino a quien tiene razón, y aquí hay sentencias judiciales firmes que dicen que estas viviendas son ilegales y han que demolerlas".

Eso sí, García, quien ayer ofreció una rueda de prensa, aseguró que la única vía para salvar Cho Vito es que "Costas reconsidere ejecutar la sentencia si se demuestra que este poblado tiene elementos patrimoniales y etnográficos". Para ello, dijo, es necesario que el Cabildo "reconsidere" la decisión que en su día adoptó en la Comisión de Patrimonio Histórico, que rechazó cualquier valor arquitectónico, etnográfico o patrimonial de este poblado. "Tanto el Gobierno canario como el Cabildo nos dejaron solos y no hicieron nada por responder a las reiteradas solicitudes del Ayuntamiento o lo hicieron en contra;por ello he decidido enviarles un escrito para que reconsideren si ahora piensan que Cho Vito tiene estos valores para poder salvar las viviendas", explicó el alcalde, quien pese a todo ve difícil un pronunciamiento favorable pues "si con 31 viviendas descartaron proteger Cho Vito, ahora con las 9 que quedan menos aún".

El regidor municipal insistió en que el Ayuntamiento intentó mantener como suelo urbano este barrio en el Plan General, pero que la Cotmac, órgano dependiente del Gobierno canario, exigió que pasara a rústico por estar en dominio público y haber sentencias firmes.

Más de mil firmas recogidas

Entre tanto, los vecinos cumplen hoy su sexto día en huelga de hambre y algunos sufren "mareos, calambres y desvanecimiento general", en palabras de su portavoz, quien señaló que sólo beben "agua con azúcar y limón" desde el miércoles pasado, y que permanecen acampados en la plaza de La Candelaria, junto a la santacrucera plaza de España. Ya han recogido más de 1.100 firmas de ciudadanos a su favor.

González se preguntó "por qué no reubicaron a los vecinos de Cho Vito en viviendas de protección oficial detrás del poblado, donde ahora quieren hacer una unidad de actuación para 15 viviendas de lujo en un terreno cedido por sus propietarios para equipamientos públicos pero recalificado ahora como residencial sin cumplir con los trámites legales establecidos para ese cambio". González se quejó de que hasta el domingo el alcalde no se pusiera en contacto con los vecinos en huelga de hambre, "y lo hizo para decirnos que estas no son formas y que así no iría a Madrid".

Esos afectados expusieron ayer que no conocían las sentencias firmes dictadas en 1996 y 1997, en las que se denegaban sus recursos, aunque no supieron explicar por qué su abogado no se las comunicó. En todo caso, relatan que en 2005 el Ayuntamiento les indicó que Cho Vito quedaría como conjunto de interés etnográfico en el PGO, pero luego se toparon con que ese mismo año "Costas incoó expediente de nuevo, sin decirnos que era por las sentencias de 1996".

José Antonio Luis, uno de los huelguistas, aclaró ayer que Costas no le perdió una barca en en el derribo de 2008, sino a otro afectado, hecho que por error este diario puso en su boca.

El PP pide a García que no falte a la reunión
Pablo Matos, portavoz del PP en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, conversó ayer con los vecinos en huelga de hambre, a quienes prometió que pedirá en el Parlamento estatal la suspensión de los derribos hasta elaborar un catálogo de viviendas de interés etnográfico, arquitectónico o cultural en domino público, tal como prevé la modificación de Ley canaria de Ordenación del Territorio, recurrida por Costas ante el Constitucional. "Costas debería suspender los derribos y sentarse a negociar con las administraciones canarias una vez hecho ese catálogo", indicó Matos, quien aconsejó a los vecinos que abandonen la huelga de hambre para que evitar daños a su salud.

El diputado popular manifestó que sería "inexplicable" que el alcalde de Candelaria no acudiera el viernes a la reunión de la comisión Canarias-Estado en Madrid, pues "no puede hacer dejación" si se ha convocado esa cita a la que asistirá la ministra de Medio Ambiente. Matos estuvo acompañado del portavoz del PP en el Ayuntamiento candelariero, José Fernando Gómez, y del también diputado estatal de este partido, Manuel Domínguez, quien pidió públicamente a Gumersindo García que "reconsidere su decisión, por responsabilidad con los ciudadanos de Candelaria, y que asista a esa reunión, en la que se tomarán los acuerdos pertinentes y donde no puede faltar la máxima representación del municipio afectado".

domingo, 5 de septiembre de 2010

Chovito, ¡ya está bien!

CÁNDIDO QUINTANA No es la primera vez que escribo sobre Cho Vito, lo he hecho en varias ocasiones y de forma especialmente reiterada, antes de producirse las demoliciones de 2008, aquel fatídico martes 7 de octubre en el que para muchos ciudadanos de estas Islas se produjo una infamia de grandes dimensiones, proyectando vergonzosas y bárbaras imágenes sin precedentes y para olvidar hacia todo el Mundo desde Canarias, desde el "paraíso". Niños, mujeres y hombres desesperados, y no sólo entre los directamente afectados, también desde fuera, muchas personas, entre las que me encontraba, maniatadas por las fuerzas del orden público en un despliegue desorbitado y brutal, llorábamos ante la impotencia de no poder hacer nada para ayudar a esos vecinos injustamente tratados, cuyas casas, únicas residencias muchas de ellas, eran derribadas una tras otra sin piedad.

Algunos nos preguntábamos el porque de todo aquello y sobre las formas utilizadas, llegando a conclusiones de que posiblemente Costas pretendía proyectar una imagen de brutal dureza ante el resto del Estado para prevenir casos similares, y precisamente desde Tenerife para jodernos todavía más, o bien que a ciertos poderosos o políticos de por aquí se les había atravesado algún residente de aquel antaño bonito Poblado Marinero que nada molestaba. Personalmente, creo que se trataba del más atractivo y cuidado entorno de viviendas en esta situación de todo el litoral de Tenerife. Al otro lado, una edificación horripilante y de repugnante impacto visual, totalmente alejada del interés general, que se apropiaba de una zona estratégica de gran valor y que sólo obedecía a pura y dura especulación, seguía creciendo y aún sigue ahí, a pesar de que invade en gran medida el dominio público y de que existe un acuerdo plenario para su demolición, el mamotreto.

El dominio público es el "quid de la cuestión", y este se encuentra entre el mar y la línea marítimo-terrestre, la que marcan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima, como dice la Ley de Costas. Esta línea de deslinde, por lo tanto, se corresponde con una línea natural que nadie puede ni debe arbitrar a su capricho, ni en base a intereses preocupantes. Esta línea no puede, bajo ningún concepto, retranquearse para salvar edificaciones expresamente, tal y como sucede en la Playa de Las Teresitas o su llegada a ese mamotreto, no es correcto ni decente ni legal que sea así. Tampoco ignorarla cuando discurre por encima de piscinas, canchas u otras instalaciones cercanas a determinados intereses. También debemos tener claro que esa importante y vital línea es inamovible, aunque se le ganen terrenos al mar delante de edificaciones afectadas, como sucede en Radazul. Tampoco se puede obviar que cuando la mar golpea en edificaciones, es porque estas están dentro del dominio público.

Dicho todo esto, quiero terminar rompiendo una lanza en favor de Cho Vito y decir, desde mi punto de vista, lo siguiente. Don Gumersindo, le oí decir en Radio San Borondón, a quien, por cierto, felicito por su encomiable y continua labor en favor de los más desprotegidos, que su vivienda en la Calle de la Arena, en Candelaria, estaba fuera del dominio público. Señor alcalde, disiento totalmente con usted, porque, como ya dije antes, la línea marítimo-terrestre la marcan las olas, y estas, como he podido comprobar personalmente, en ocasiones golpean en la parte trasera de su edificio, lo que tampoco quiere decir, como también usted dijo, que todas las viviendas de la calle de la Arena estén en la misma situación. Puede que no sea así, pero la suya indudablemente sí, y aunque el que usted la haya adquirido antes de ser alcalde lo deje libre de cualquier sospecha por posibles privilegios, no quiere decir que no la atraviese la línea marítimo-terrestre. A esto tengo que añadir, hablando de atractivos, que entre la suya y el Poblado hay una diferencia abismal en favor de Cho Vito. Por favor, don Gumersindo, muévase por sus vecinos, no permita que vuelvan a ser cabezas de turco, exija la aplicación de una justa vara de medir, que continúen con los potentados, esos que con sus sobradas fortunas alargan los procesos hasta hacerlos prescribir, se daría una imagen más justa y humana.