El abogado José Luis Langa informará sobre las denuncias que ha presentado ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo sobre aquellas poblaciones canarias que están afectadas por la Ley de Costas, tales como Igueste de San Andrés (Tenerife) y Valle Gran Rey (La Gomera), entre otras.
Langa presenta estas denuncias en calidad de abogado y como colaborador en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, una entidad que lleva años reclamando que esta ley no se aplique con carácter retroactivo entre otras razones porque vulnera los artículos 46 y 47 de la Constitución.
Para informar de estas denuncias, así como de la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional del recurso interpuesto ante el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Mar respecto a la situación de Igueste de San Andrés, José Luis Langa realizará una rueda de prensa que tendrá lugar mañana viernes 11 de marzo de 2011 a las 12.00 horas en el hotel Príncipe Paz (Valentín Sanz) de Santa Cruz de Tenerife
http://www.gomeranoticias.com/article/denuncias-ante-el-parlamento-europeo-sobre-la-ley-de-costas-que-afecta-valle-gran-rey
EL ESPIRITU DE CHO VITO ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS. CANARIAS. AEPLC Presidente. Carmen del Amo.626823246 perjudicadosporcostas@yahoo.es. Vicepresidente. Margarita Garcia.628907856.
Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
jueves, 10 de marzo de 2011
miércoles, 9 de marzo de 2011
El futuro del poblado deberá esperar al 22-M
El futuro del poblado marinero de Cho Vito (Candelaria) será evaluado y definido después de celebradas las elecciones municipales del próximo 22 de mayo. Según los datos con los que cuentan los afectados, la comisión bilateral que se encargará de analizar el nuevo marco de relaciones que en materia costera se establezca definitivamente se reunirá después de esa fecha, si bien los vecinos de Cho Vito muestran su confianza en que lo que aún sobrevive en el lugar se mantenga en pie e, incluso, no desisten de continuar su trabajo y lucha por conseguir la reconstrucción
http://www.eldia.es/2011-03-09/sur/0-futuro-poblado-debera-esperar-M.htm
http://www.eldia.es/2011-03-09/sur/0-futuro-poblado-debera-esperar-M.htm
lunes, 7 de marzo de 2011
José Fernando Gómez (PP): ‘el alcalde de Candelaria llevó documentación a Madrid para desacreditar Cho Vito, algo que verdaderamente habla muy mal de
: Usted fue uno de los concejales que más defendió a los vecinos de Chovito, sin embargo desde el grupo de gobierno se les achacó a que ustedes lo que hacían era demagogia política.
R: “Yo en la toma de posesión del cargo juré defender la constitución y los derechos de los vecinos de Candelaria, y eso es lo que creo que he hecho con orgullo y responsabilidad y lo seguiré haciendo mientras sea concejal de este Ayuntamiento. Yo creo que defender a los vecinos, tenderles una mano mientras lo pierden todo, estar a su lado el día más triste de su vida, y poder ayudar en lo que buenamente pueda, no es hacer demagogia, sin embargo, yo si creo que los que deberían de haber estado ese día allí, y no estuvieron, ayudando y paralizando los derribos como fue el alcalde y su grupo de gobierno, ni antes, ni durante, ni después, han ayudado a estas personas, y siempre les he dicho, a los vecinos, que ese día les tocó a ellos, pero posteriormente les ha tocado a miles de ciudadanos del municipio, que han solicitado ayuda a su alcalde y nunca ha estado a su lado. La demagogia para mí que la han hecho otros”.
P: ¿Como está el caso de Chovito en la actualidad?
R: “El alcalde se cansó de decir que había una sentencia que cumplir y que ahí no se podía hacer nada, que los que decían que sí éramos unos mentirosos y el tiempo pone a cada uno en su sitio. Hubo una reunión en Madrid, a la que él no acudió, a pesar de haber viajado a Madrid y estar en la oficina contigua a la de reunión, a la cual llevó documentación para desacreditar a los vecinos, algo que verdaderamente habla muy mal de él, y en esta reunión, se alcanzaron acuerdos en los que se paralizaron las demoliciones de estas nueve viviendas actuales, por lo que si se podía hacer algo al respecto y las sentencias que él tanto alardeaba, y que jamás nadie vio, a pesar de habérsela solicitado miles de veces, pasó a un segundo plano, priorizando el nuevo Director General a los vecinos por encima de todo, algo que jamás hizo el alcalde dejando a los vecinos a los pies de los caballos. En la actualidad, se está esperando por una solución consensuada la cual no creo que llegue antes de las elecciones locales”.
http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia45866.php
R: “Yo en la toma de posesión del cargo juré defender la constitución y los derechos de los vecinos de Candelaria, y eso es lo que creo que he hecho con orgullo y responsabilidad y lo seguiré haciendo mientras sea concejal de este Ayuntamiento. Yo creo que defender a los vecinos, tenderles una mano mientras lo pierden todo, estar a su lado el día más triste de su vida, y poder ayudar en lo que buenamente pueda, no es hacer demagogia, sin embargo, yo si creo que los que deberían de haber estado ese día allí, y no estuvieron, ayudando y paralizando los derribos como fue el alcalde y su grupo de gobierno, ni antes, ni durante, ni después, han ayudado a estas personas, y siempre les he dicho, a los vecinos, que ese día les tocó a ellos, pero posteriormente les ha tocado a miles de ciudadanos del municipio, que han solicitado ayuda a su alcalde y nunca ha estado a su lado. La demagogia para mí que la han hecho otros”.
P: ¿Como está el caso de Chovito en la actualidad?
R: “El alcalde se cansó de decir que había una sentencia que cumplir y que ahí no se podía hacer nada, que los que decían que sí éramos unos mentirosos y el tiempo pone a cada uno en su sitio. Hubo una reunión en Madrid, a la que él no acudió, a pesar de haber viajado a Madrid y estar en la oficina contigua a la de reunión, a la cual llevó documentación para desacreditar a los vecinos, algo que verdaderamente habla muy mal de él, y en esta reunión, se alcanzaron acuerdos en los que se paralizaron las demoliciones de estas nueve viviendas actuales, por lo que si se podía hacer algo al respecto y las sentencias que él tanto alardeaba, y que jamás nadie vio, a pesar de habérsela solicitado miles de veces, pasó a un segundo plano, priorizando el nuevo Director General a los vecinos por encima de todo, algo que jamás hizo el alcalde dejando a los vecinos a los pies de los caballos. En la actualidad, se está esperando por una solución consensuada la cual no creo que llegue antes de las elecciones locales”.
http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia45866.php
jueves, 3 de marzo de 2011
Berriel: ´No toleraremos un ´tractorazo´ con población en costas´
El Ejecutivo espera que Madrid le ceda la competencia para delimitar los espacios marítimo terrestres
. El Ejecutivo regional "no tolerará tractorazos como el de Cho Vito", aseguró ayer el consejero de Agricultura y Política Territorial, Domingo Berriel. Berriel confía en alcanzar las próximas semanas un acuerdo con la Administración central para que le sea transferida o delegada a Canarias las competencias sobre aprobación de las líneas de dominio marítimo terrestres, lo que le permitirá salvar determinados núcleos residenciales bajo ciertas condiciones: que se trate de núcleos en los que concurran circunstancias etnográficas.
Andalucía y Cataluña ya disponen de esa competencia y Canarias quiere seguir su ejemplo. Ese objetivo viene siendo negociado ya en la subcomisión de costas creada entre ambas administraciones, y cuya última reunión se ha visto retrasada.
Berriel no ve posible un acuerdo para antes de las elecciones, pero cree que cualquiera que sea la administración autonómica que suceda a la actual, esa demanda seguirá viva. En Gran Canaria hay al menos dos núcleos con estas características, uno de ellos Tufia, señaló el consejero, y otros cuatro en el resto del Archipiélago. "No pretendemos subvertir el objetivo de salvar las costas de núcleos residenciales, pero hay algunos que reúnen valores etnográficos suficientes como para ser legalizados", aseguró Domingo Berriel.
La defensa de estos núcleos, según el Gobierno, "no tiene nada que ver con tolerar un uso abusivo del dominio público terrestre". De momento, el Ejecutivo central no ha dado su visto bueno a la cesión de estas competencias, "pero tampoco nos ha dicho que no". De momento, la Demarcación de Costas sigue adelante con sus expedientes de derribo, de los que el primero en ejecutarse fue el de Cho Vito, en Tenerife. "Cuando sean necesarios los derribos, se aprobarán siempre que esas viviendas no reúnan valores etnográficos y sean antes realojados sus residentes", dijo el consejero
http://www.laprovincia.es/canarias/2011/03/03/berriel-toleraremos-tractorazo-poblacion-costas/356908.html
. El Ejecutivo regional "no tolerará tractorazos como el de Cho Vito", aseguró ayer el consejero de Agricultura y Política Territorial, Domingo Berriel. Berriel confía en alcanzar las próximas semanas un acuerdo con la Administración central para que le sea transferida o delegada a Canarias las competencias sobre aprobación de las líneas de dominio marítimo terrestres, lo que le permitirá salvar determinados núcleos residenciales bajo ciertas condiciones: que se trate de núcleos en los que concurran circunstancias etnográficas.
Andalucía y Cataluña ya disponen de esa competencia y Canarias quiere seguir su ejemplo. Ese objetivo viene siendo negociado ya en la subcomisión de costas creada entre ambas administraciones, y cuya última reunión se ha visto retrasada.
Berriel no ve posible un acuerdo para antes de las elecciones, pero cree que cualquiera que sea la administración autonómica que suceda a la actual, esa demanda seguirá viva. En Gran Canaria hay al menos dos núcleos con estas características, uno de ellos Tufia, señaló el consejero, y otros cuatro en el resto del Archipiélago. "No pretendemos subvertir el objetivo de salvar las costas de núcleos residenciales, pero hay algunos que reúnen valores etnográficos suficientes como para ser legalizados", aseguró Domingo Berriel.
La defensa de estos núcleos, según el Gobierno, "no tiene nada que ver con tolerar un uso abusivo del dominio público terrestre". De momento, el Ejecutivo central no ha dado su visto bueno a la cesión de estas competencias, "pero tampoco nos ha dicho que no". De momento, la Demarcación de Costas sigue adelante con sus expedientes de derribo, de los que el primero en ejecutarse fue el de Cho Vito, en Tenerife. "Cuando sean necesarios los derribos, se aprobarán siempre que esas viviendas no reúnan valores etnográficos y sean antes realojados sus residentes", dijo el consejero
http://www.laprovincia.es/canarias/2011/03/03/berriel-toleraremos-tractorazo-poblacion-costas/356908.html
El PP sigue preocupado por el futuro de las viviendas
BOCA CANGREJO
El portavoz y candidato del PP a la Alcaldía de El Rosario, José Manuel Medina, mostró ayer su preocupación por el futuro de los vecinos de Bocacangrejo ante "el silencio" que, en su opinión, mantiene el gobierno local del PSC sobre los posibles derribos de viviendas en esta núcleo de la costa.
El edil recuerda que los socialistas locales "no sólo rechazaron el proyecto de ley presentado en el Parlamento canario para la modificación de la Ley de Costas, sino que también procedió a denunciar el anteproyecto de ley por considerarlo anticonstitucional".
Medina también alude a las reuniones vecinales a las que no ha ido el alcalde o al "caso omiso a la propuesta que realizamos para que elaborara un censo de las viviendas en la costa, tal y como establece el anteproyecto de ley presentado en el Gobierno de Canarias para evitar los derribos".
El concejal teme que ocurra como en Cho Vito y, para impedirlo, insta al PSC a que "tome cartas en el asunto cuanto antes y escuche a las personas a las que representa en vez de hacer oídos sordos en una situación tan alarmante para todos".
http://www.eldia.es/2011-03-03/laguna/0-PP-sigue-preocupado-futuro-viviendas.htm
La lucha para salvar las viviendas del litoral llega hasta el Congreso
Tras abrir la puerta nacional, el colectivo se centrará ahora en pedir apoyo a la UE.La portavoz del PP, Sáenz de Santamaría, afirma que ayudará a variar la ley de 1988.
La lucha por salvar las casas junto al mar de la provincia dio ayer un paso decisivo. La Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense acudió al Congreso de los Diputados para reivindicar la modificación de la ley de Costas del año 1988 y que esta no se aplique de manera retroactiva.
Así lo hicieron representantes de la entidad como los alcaldes de Nules y Xilxes, Mario García y Vicente Lapuerta, respectivamente; los senadores Alfonso Ferrada y Andrea Fabra, o miembros de los colectivos vecinales afectados, quienes expusieron su situación a la portavoz del PP en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría, y al diputado popular de Medio Ambiente, Carlos Floriano.
Según explicó García, “estamos satisfechos con el encuentro porque nos han asegurado que harán lo posible por cambiar una normativa injusta, ya que saben que la costa de Castellón es la segunda más regresiva de España”.
En este sentido, se refirió a las dos proposiciones de ley que presentaron en el Senado el PP y CiU encaminadas a variar el reglamento estatal. Estas propuestas se tendrán que debatir en el Congreso, “donde esperamos que salgan adelante, aunque el PSOE es el que tiene la mayoría y aspiramos a que acabe rectificando”.
CAMINO A EUROPA
// Tras abrir la puerta nacional, el colectivo busca ahora que la Unión Europea se pronuncie y frene la aplicación retroactiva de la ley de Costas, lo que supondría que más de 600 viviendas no se derribasen por estar ocupando dominio público.
García recordó que “muchos inmuebles se construyeron antes de 1988 y la regresión y la falta de medidas han sido las que han provocado esta situación”. Asimismo, destacó que “vamos a iniciar una serie de gestiones para que la administración europea tome en consideración nuestras reivindicaciones y salvemos las construcciones”. De este modo, “ya tenemos dos frentes abiertos, tanto a nivel nacional como internacional, pero sin identificación política, aquí no hay colores”.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=641112
La lucha por salvar las casas junto al mar de la provincia dio ayer un paso decisivo. La Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense acudió al Congreso de los Diputados para reivindicar la modificación de la ley de Costas del año 1988 y que esta no se aplique de manera retroactiva.
Así lo hicieron representantes de la entidad como los alcaldes de Nules y Xilxes, Mario García y Vicente Lapuerta, respectivamente; los senadores Alfonso Ferrada y Andrea Fabra, o miembros de los colectivos vecinales afectados, quienes expusieron su situación a la portavoz del PP en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría, y al diputado popular de Medio Ambiente, Carlos Floriano.
Según explicó García, “estamos satisfechos con el encuentro porque nos han asegurado que harán lo posible por cambiar una normativa injusta, ya que saben que la costa de Castellón es la segunda más regresiva de España”.
En este sentido, se refirió a las dos proposiciones de ley que presentaron en el Senado el PP y CiU encaminadas a variar el reglamento estatal. Estas propuestas se tendrán que debatir en el Congreso, “donde esperamos que salgan adelante, aunque el PSOE es el que tiene la mayoría y aspiramos a que acabe rectificando”.
CAMINO A EUROPA
// Tras abrir la puerta nacional, el colectivo busca ahora que la Unión Europea se pronuncie y frene la aplicación retroactiva de la ley de Costas, lo que supondría que más de 600 viviendas no se derribasen por estar ocupando dominio público.
García recordó que “muchos inmuebles se construyeron antes de 1988 y la regresión y la falta de medidas han sido las que han provocado esta situación”. Asimismo, destacó que “vamos a iniciar una serie de gestiones para que la administración europea tome en consideración nuestras reivindicaciones y salvemos las construcciones”. De este modo, “ya tenemos dos frentes abiertos, tanto a nivel nacional como internacional, pero sin identificación política, aquí no hay colores”.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=641112
miércoles, 2 de marzo de 2011
La plataforma contra los derribos de Costas se reúne hoy con el PP en el Congreso
Una delegación viaja hoy a Madrid y podría entrevistarse con la portavoz popular Soraya Sáenz de Santamaría
Una delegación de la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense, auspiciada por la diputación, viaja hoy a Madrid para reunirse con representantes del PP en el Congreso de los Diputados.
La diputada Andrea Fabra será la encargada de recibir en la cámara baja a la comitiva. Está previsto que mantengan un encuentro con el portavoz del PP de Medio Ambiente, Carlos Floriano, y es posible que se entrevisten también con la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría.
La presidenta de la asociación de vecinos Mos Quedem de la playa de Almassora, María Tajes,se reunió ayer con otros afectados en la sede de la diputación. El objetivo del encuentro pasó por consensuar los puntos que hoy defenderán ante la comisión de Medio Ambiente del Parlamento. Junto a Tajes viajarán los portavoces de otras cinco asociaciones de la provincia que luchan por decretar excepciones a la Ley de Costas.
Además, la presidenta de Mos Quedem tiene previsto solicitar al alcalde de Almassora, Vicente Casanova, que la exposición itinerante que la Plataforma para la Defensa de las Propiedades y Viviendas del Litoral Castellonense se sitúe en la plaza de España y no en algún punto de la costa de Almassora.
Para Tajes es fundamental que esta carpa esté instalada entre los días 7 y 9 de abril en el centro de la localidad, de manera que todos los vecinos, y no sólo los que residen en la playa, conozcan los problemas a los que se enfrentan los residentes del litoral. La organización aprovechará para recoger firmas, que posteriormente enviará a Bruselas, contra la aplicación retroactiva de la Ley de Costas.
http://www.levante-emv.com/castello/2011/03/02/plataforma-derribos-costas-reune-hoy-pp-congreso/786998.html
Una delegación de la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense, auspiciada por la diputación, viaja hoy a Madrid para reunirse con representantes del PP en el Congreso de los Diputados.
La diputada Andrea Fabra será la encargada de recibir en la cámara baja a la comitiva. Está previsto que mantengan un encuentro con el portavoz del PP de Medio Ambiente, Carlos Floriano, y es posible que se entrevisten también con la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría.
La presidenta de la asociación de vecinos Mos Quedem de la playa de Almassora, María Tajes,se reunió ayer con otros afectados en la sede de la diputación. El objetivo del encuentro pasó por consensuar los puntos que hoy defenderán ante la comisión de Medio Ambiente del Parlamento. Junto a Tajes viajarán los portavoces de otras cinco asociaciones de la provincia que luchan por decretar excepciones a la Ley de Costas.
Además, la presidenta de Mos Quedem tiene previsto solicitar al alcalde de Almassora, Vicente Casanova, que la exposición itinerante que la Plataforma para la Defensa de las Propiedades y Viviendas del Litoral Castellonense se sitúe en la plaza de España y no en algún punto de la costa de Almassora.
Para Tajes es fundamental que esta carpa esté instalada entre los días 7 y 9 de abril en el centro de la localidad, de manera que todos los vecinos, y no sólo los que residen en la playa, conozcan los problemas a los que se enfrentan los residentes del litoral. La organización aprovechará para recoger firmas, que posteriormente enviará a Bruselas, contra la aplicación retroactiva de la Ley de Costas.
http://www.levante-emv.com/castello/2011/03/02/plataforma-derribos-costas-reune-hoy-pp-congreso/786998.html
martes, 1 de marzo de 2011
La Demarcación de Costa, en Canarias, ofrece una solución administrativa a los empresarios afectados por la Ley.
Los restaurantes de El Golfo, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, podrán seguir con su actividad a pesar de que algunos se ven afectados por la Ley de Costas .
El jefe de la Demarcación de Canarias, José María Pindado, ha asegurado a sus propietarios que en algunos casos se les concederá una concesión administrativa por al menos 30 años y en otros simplemente será necesaria una autorización.
Los propietarios de la decena de restaurantes de El Golfo, en Yaiza han acogido la noticia con sastifacción porque podrán continuar con sus negocios. El jefe de Demarcación de Costas de Canarias les ha asegurado que en su caso hay una solución administrativa dentro de la Ley de Costas. Fue durante una reunión a la que también asistió el concejal de Urbanismo de Yaiza, Leonardo Rodríguez.
Dos de los restaurantes tendrán que acogerse a una concesión administrativa y el resto podrán continuar con su actividad tras solicitar una autorización.
http://www.rtvc.es/noticias/costas-no-emprender%C3%A1-acciones-contra-una-decena-de-afectados-en-el-golfo-65832.aspx
El jefe de la Demarcación de Canarias, José María Pindado, ha asegurado a sus propietarios que en algunos casos se les concederá una concesión administrativa por al menos 30 años y en otros simplemente será necesaria una autorización.
Los propietarios de la decena de restaurantes de El Golfo, en Yaiza han acogido la noticia con sastifacción porque podrán continuar con sus negocios. El jefe de Demarcación de Costas de Canarias les ha asegurado que en su caso hay una solución administrativa dentro de la Ley de Costas. Fue durante una reunión a la que también asistió el concejal de Urbanismo de Yaiza, Leonardo Rodríguez.
Dos de los restaurantes tendrán que acogerse a una concesión administrativa y el resto podrán continuar con su actividad tras solicitar una autorización.
http://www.rtvc.es/noticias/costas-no-emprender%C3%A1-acciones-contra-una-decena-de-afectados-en-el-golfo-65832.aspx
domingo, 27 de febrero de 2011
Canarias quiere rebajar la aplicación de la Ley de Costas
La subcomisión encargada de analizar la norma se reúne esta semana con representantes del Gobierno regional y de Madrid
D.E.T.LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El Gobierno regional se suma un punto en su batalla por lo que llama "flexibilización" de la Ley de Costas. La reunión de la subcomisión Canarias-Estado que tendrá lugar el miércoles en Las Palmas de Gran Canaria es un primer paso hacia un acuerdo al que hasta ahora se había negado taxativamente Madrid.
El objeto de la reunión, tal y como habían pedidos los afectados y como finalmente ha prometido la Demarcación de Costas de Canarias será avanzar en la aplicación de la Ley de Costas caso a caso, una vivienda tras otra.
La subcomisión, acordada en el encuentro bilateral que tuvo lugar el pasado mes de diciembre entre Rivero y el vicepresidente tercero Manuel Chávez es, de una parte, una respuesta clara a las demandas planteadas por Coalición Canaria al PSOE a cambio de los votos a favor de sus dos diputados en el Congreso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y garantizar la estabilidad del Gobierno de Zapatero hasta el final de la legislatura; y, de otro lado, un nuevo ejemplo de la política de mano tendida que Madrid empieza a practicar con una de las normas que ha sido considerada, en el ámbito internacional, más avanzadas desde el punto de vista medioambiental pero a la que, en España, no le faltan detractores.
Aprobada en julio de 1988, la norma se anticipaba entonces a los efectos del cambio climático sobre el territorio. Tanto es así que el Protocolo de Gestión Integrada sobre las zonas costeras del Mediterráneo, firmado en 2008, incluye conceptos básicos de la ley española y como ésta establece la prohibición de construir a 100 metros de la línea de costa. Es decir, justo el asunto que enfrenta tan duramente a la administración nacional con los ciudadanos con propiedades en dominio público marítimo-terrestre y, por ende, con las comunidades autónomas.
En Canarias hay en la actualidad un millar de afectados directos por la Ley de Costas y con orden de derribo de sus viviendas por estar por debajo de la línea de deslinde que separa las zonas de propiedad pública de la privada -551 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 398 en la de Las Palmas-. Pero hay muchos más -catalogados en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural- cuyas propiedades han quedado dentro de la zona de servidumbre de protección de la costa y que, por estar en zona de dominio público, en aplicación de la ley no pueden ser modificadas, en caso de ser viviendas (sí rehabilitadas), ni edificadas, si son solares.
Con la ley de 1969 la zona de servidumbre para zonas urbanas era la comprendida dentro de los 20 metros de ancho desde el deslinde, ahora son 100 metros. La causa: se incluye como dominio público no sólo el espacio de playa alcanzado por las olas sino también el área de influencia del ecosistema. Algo incomprensible desde el punto de vista jurídico, apunta el representante en Canarias de la Plataforma Nacional de Afectado por la Ley de Costas, Antonio Oliva, y "profundamente".
Las diferencias que mantienen Canarias y el Estado al respecto se concentran precisamente en la concreción del límite marítimo-terrestre pero, sobre todo, en la servidumbre de protección en aquellos suelos que el Gobierno canario considera que ya que tenían naturaleza de urbana antes de la entrada en vigor de la ley. Y ahí incluye un número nutrido de núcleos de origen marinero de los que no faltan ejemplo en ninguna de las islas -El Golfo en Lanzarote; Playa de Ojos de Garza en Gran Canaria; Jacomar, en Fuerteventura; La Bombilla, en La Palma o Bajo la Cuesta, en Tenerife-.
Esas diferencias impulsaron la elaboración y aprobación en la Cámara regional de una ley canaria de costas -a través de la modificación de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales- que el Ministerio de Medio Ambiente recurrió por inconstitucional al entender que el Ejecutivo canario se arrogaba competencias que corresponden exclusivamente a la administración del Estado.
Canarias, en cualquier caso, no ha sido la única en intentar una modificación unilateral de la ley. También lo hizo Galicia, e igualmente fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Otras han optado por la negociación -en el País Vasco el PNV logró salvar de la piqueta una refinería de Petronor en dominio público a través de la Ley de Economía Sostenible- y Cataluña, a través de CIU, logró que el Senado tomara en consideración a principios de mes una proposición de ley para dar el visto bueno a las llamadas ciudades navegables.
En definitiva un rosario de iniciativas que, como admite el representante de la Plataforma de Afectados, es el primer paso hacia la modificación de la Ley de Costas. "Estamos de acuerdo en que hay que proteger el litoral pero debe aplicarse de una forma más respetuosa que esta ahora, respetando el derecho de los propietarios que tenían ya sus casas antes de la aprobación de la ley", apunta Oliva, propietario de una vivienda en Bajo la Cuesta (Candelaria, Tenerife) que ha quedado en zona de dominio público "pese a que ya en 1987 el ayuntamiento había incluido el enclave en las normas subsidiarias".
Los defensores de la Ley advierten de las consecuencias de rebajar la protección de las costas: "o lo hacemos ahora o no habrá marcha atrás. Canarias no está preparada para una crecida del mar y lo estamos viendo todos los años con temporales que son cada vez más". El exdirector general de Costas, José Fernández, recuerda que los efectos del cambio climático son una amenaza cierta. "Abrir ahora la mano para que sean precisamente las administraciones más cercanas a los territorios y por lo tanto las más sensibles a la presiones las que decidan, porque eso es lo que pretenden Canarias, Galicia o Andalucía, sería un tremendo error". Apunta además que si bien es cierto que hay muchos afectados por los deslindes son muchos más los beneficiados "pasa a ser de dominio público y protegemos el territorio para todos".
Visión de futuro
Fernández, que ocupó la dirección general durante la etapa de la socialista Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente, critica la poca de visión de futuro de las comunidades autónomas que ahora quieren "flexibilizar" la ley y alerta del peligro de dejar en manos de estas administraciones la gestión de las zonas afectadas por la servidumbre de protección. "La Ley ha sido muy respetuosa con esas zonas, si antes de 1988 estaban incluidas en planes parciales, como debe ser, se respetó su carácter urbano. El problema es que en comunidades como Galicia, Canarias o Andalucía todo estaba por hacer, por lo tanto todo era urbanizable. Cuando la ley se ha comenzado a aplicar se han encontrado con un problema que no es más que esas propiedades que están en dominio público no pueden ser modificadas. Permitir que esas zonas las gestionen las comunidades supone que donde hay un solar en unos años pueda haber un pabellón deportivo en vez de una huerta y donde hay una casa un edificio de tres plantas". Y si "el supuesto núcleo eran tres casas aisladas acabe macizándose con veinte".
Apunta Fernández un segundo peligro: permitir la compra-venta de los enclaves privados en dominio público con concesión administrativa que reclaman también varios grupo. Una posibilidad que se baraja a través de la Ley de Navegación Marítima y que posibilitaría que por ejemplo el hotel Oliva Beach, al que se le ha permitido seguir en las dunas de Corralejo durante una treintena de años, sea traspasado a un segundo dueño y el tiempo para el derribo de la edificación retroceda de nuevo a cero. "Eso bloquearía el despeje progresivo de la costa", subraya
http://www.laprovincia.es/canarias/2011/02/27/canarias-quiere-rebajar-aplicacion-ley-costas/356082.html
D.E.T.LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El Gobierno regional se suma un punto en su batalla por lo que llama "flexibilización" de la Ley de Costas. La reunión de la subcomisión Canarias-Estado que tendrá lugar el miércoles en Las Palmas de Gran Canaria es un primer paso hacia un acuerdo al que hasta ahora se había negado taxativamente Madrid.
El objeto de la reunión, tal y como habían pedidos los afectados y como finalmente ha prometido la Demarcación de Costas de Canarias será avanzar en la aplicación de la Ley de Costas caso a caso, una vivienda tras otra.
La subcomisión, acordada en el encuentro bilateral que tuvo lugar el pasado mes de diciembre entre Rivero y el vicepresidente tercero Manuel Chávez es, de una parte, una respuesta clara a las demandas planteadas por Coalición Canaria al PSOE a cambio de los votos a favor de sus dos diputados en el Congreso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y garantizar la estabilidad del Gobierno de Zapatero hasta el final de la legislatura; y, de otro lado, un nuevo ejemplo de la política de mano tendida que Madrid empieza a practicar con una de las normas que ha sido considerada, en el ámbito internacional, más avanzadas desde el punto de vista medioambiental pero a la que, en España, no le faltan detractores.
Aprobada en julio de 1988, la norma se anticipaba entonces a los efectos del cambio climático sobre el territorio. Tanto es así que el Protocolo de Gestión Integrada sobre las zonas costeras del Mediterráneo, firmado en 2008, incluye conceptos básicos de la ley española y como ésta establece la prohibición de construir a 100 metros de la línea de costa. Es decir, justo el asunto que enfrenta tan duramente a la administración nacional con los ciudadanos con propiedades en dominio público marítimo-terrestre y, por ende, con las comunidades autónomas.
En Canarias hay en la actualidad un millar de afectados directos por la Ley de Costas y con orden de derribo de sus viviendas por estar por debajo de la línea de deslinde que separa las zonas de propiedad pública de la privada -551 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 398 en la de Las Palmas-. Pero hay muchos más -catalogados en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural- cuyas propiedades han quedado dentro de la zona de servidumbre de protección de la costa y que, por estar en zona de dominio público, en aplicación de la ley no pueden ser modificadas, en caso de ser viviendas (sí rehabilitadas), ni edificadas, si son solares.
Con la ley de 1969 la zona de servidumbre para zonas urbanas era la comprendida dentro de los 20 metros de ancho desde el deslinde, ahora son 100 metros. La causa: se incluye como dominio público no sólo el espacio de playa alcanzado por las olas sino también el área de influencia del ecosistema. Algo incomprensible desde el punto de vista jurídico, apunta el representante en Canarias de la Plataforma Nacional de Afectado por la Ley de Costas, Antonio Oliva, y "profundamente".
Las diferencias que mantienen Canarias y el Estado al respecto se concentran precisamente en la concreción del límite marítimo-terrestre pero, sobre todo, en la servidumbre de protección en aquellos suelos que el Gobierno canario considera que ya que tenían naturaleza de urbana antes de la entrada en vigor de la ley. Y ahí incluye un número nutrido de núcleos de origen marinero de los que no faltan ejemplo en ninguna de las islas -El Golfo en Lanzarote; Playa de Ojos de Garza en Gran Canaria; Jacomar, en Fuerteventura; La Bombilla, en La Palma o Bajo la Cuesta, en Tenerife-.
Esas diferencias impulsaron la elaboración y aprobación en la Cámara regional de una ley canaria de costas -a través de la modificación de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales- que el Ministerio de Medio Ambiente recurrió por inconstitucional al entender que el Ejecutivo canario se arrogaba competencias que corresponden exclusivamente a la administración del Estado.
Canarias, en cualquier caso, no ha sido la única en intentar una modificación unilateral de la ley. También lo hizo Galicia, e igualmente fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Otras han optado por la negociación -en el País Vasco el PNV logró salvar de la piqueta una refinería de Petronor en dominio público a través de la Ley de Economía Sostenible- y Cataluña, a través de CIU, logró que el Senado tomara en consideración a principios de mes una proposición de ley para dar el visto bueno a las llamadas ciudades navegables.
En definitiva un rosario de iniciativas que, como admite el representante de la Plataforma de Afectados, es el primer paso hacia la modificación de la Ley de Costas. "Estamos de acuerdo en que hay que proteger el litoral pero debe aplicarse de una forma más respetuosa que esta ahora, respetando el derecho de los propietarios que tenían ya sus casas antes de la aprobación de la ley", apunta Oliva, propietario de una vivienda en Bajo la Cuesta (Candelaria, Tenerife) que ha quedado en zona de dominio público "pese a que ya en 1987 el ayuntamiento había incluido el enclave en las normas subsidiarias".
Los defensores de la Ley advierten de las consecuencias de rebajar la protección de las costas: "o lo hacemos ahora o no habrá marcha atrás. Canarias no está preparada para una crecida del mar y lo estamos viendo todos los años con temporales que son cada vez más". El exdirector general de Costas, José Fernández, recuerda que los efectos del cambio climático son una amenaza cierta. "Abrir ahora la mano para que sean precisamente las administraciones más cercanas a los territorios y por lo tanto las más sensibles a la presiones las que decidan, porque eso es lo que pretenden Canarias, Galicia o Andalucía, sería un tremendo error". Apunta además que si bien es cierto que hay muchos afectados por los deslindes son muchos más los beneficiados "pasa a ser de dominio público y protegemos el territorio para todos".
Visión de futuro
Fernández, que ocupó la dirección general durante la etapa de la socialista Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente, critica la poca de visión de futuro de las comunidades autónomas que ahora quieren "flexibilizar" la ley y alerta del peligro de dejar en manos de estas administraciones la gestión de las zonas afectadas por la servidumbre de protección. "La Ley ha sido muy respetuosa con esas zonas, si antes de 1988 estaban incluidas en planes parciales, como debe ser, se respetó su carácter urbano. El problema es que en comunidades como Galicia, Canarias o Andalucía todo estaba por hacer, por lo tanto todo era urbanizable. Cuando la ley se ha comenzado a aplicar se han encontrado con un problema que no es más que esas propiedades que están en dominio público no pueden ser modificadas. Permitir que esas zonas las gestionen las comunidades supone que donde hay un solar en unos años pueda haber un pabellón deportivo en vez de una huerta y donde hay una casa un edificio de tres plantas". Y si "el supuesto núcleo eran tres casas aisladas acabe macizándose con veinte".
Apunta Fernández un segundo peligro: permitir la compra-venta de los enclaves privados en dominio público con concesión administrativa que reclaman también varios grupo. Una posibilidad que se baraja a través de la Ley de Navegación Marítima y que posibilitaría que por ejemplo el hotel Oliva Beach, al que se le ha permitido seguir en las dunas de Corralejo durante una treintena de años, sea traspasado a un segundo dueño y el tiempo para el derribo de la edificación retroceda de nuevo a cero. "Eso bloquearía el despeje progresivo de la costa", subraya
http://www.laprovincia.es/canarias/2011/02/27/canarias-quiere-rebajar-aplicacion-ley-costas/356082.html
LOS RECURSOS LEGALES PUEDEN ETERNIZAR LOS DERRIBOS
El tiempo medio entre que alguna de las ramificaciones de la Administración detecta una construcción a todas luces ilegal y los tribunales de justicia decretan su derribo supera ampliamente los diez años.
El proceso habitual en estos casos empieza cuando el concello de turno descubre la edificación. En ese momento -que también se puede dilatar indefinidamente dependiendo de la diligencia municipal- se emite una orden de paralización de las obras y se le da trasladado a la Xunta. A su vez, el propio ente autonómico, bien con sus inspectores o a través de instancias externas como el Seprona de la Guardia Civil, también puede iniciar el procedimiento.
Una vez abierta la vía administrativa, queda determinar a que departamento le competen las gestiones que, en la comarca, son la Demarcación de Costas, dependiente del Estado y la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta, además de los propios concellos. En el primer caso, el menos frecuente, no existe ningún tipo de duda porque cualquier construcción hecha en el espacio dominado Costas, salvo autorización expresa por cuestiones de interés general, es claramente ilegal porque el dueño del terreno es el Estado. No hay propietarios particulares.
Cuestión diferente son las fincas incluidas en Red Natura, de las que se ocupa el Gobierno Autonómico. Están consideradas como suelo rústico de especial protección medioambiental y, por lo tanto, tampoco se pueden edificar.
Los concellos, que son quienes conceden o deniegan las licencias de obras -siempre dentro de los núcleos y en suelo urbano consolidado-, dividen los expedientes en dos tipos: por un lado los legalizables, que están fuera de la normativa pero cabe su regularización y los que bajo ningún concepto se pueden ajustar a la ley.
Batalla en los tribunales
Justo después de la apertura de los expedientes, llegan las respuestas de los afectados con recursos ante las salas de lo Contencioso, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y hasta el Supremo que, en cada nivel, van dilatando el proceso. «Por eso moita xente non entende e resúltalle sorprendente que despois dunha década se derrube unha casa, pero así é como funciona», explica el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Carballo, José Antonio Viña. «Aquí, a inmensa maioría dos casos están expedientados, co cal teñen prácticamente imposible a súa legalización», añade Viña.
Caso distinto es el de las construcciones que llevan más de seis años en pie sin que nadie haya interpuesto una denuncia ante ninguna de las instancias competentes. Por una cuestión de seguridad jurídica y de que un propietario no puede estar permanentemente esperando para ver cuando derriban su casa, esa vivienda, aunque queda fuera de la ordenación urbanística, ya no se puede tirar.
http://www.lavozdegalicia.es/carballo/2011/02/27/0003_201102C27C3991.htm
El proceso habitual en estos casos empieza cuando el concello de turno descubre la edificación. En ese momento -que también se puede dilatar indefinidamente dependiendo de la diligencia municipal- se emite una orden de paralización de las obras y se le da trasladado a la Xunta. A su vez, el propio ente autonómico, bien con sus inspectores o a través de instancias externas como el Seprona de la Guardia Civil, también puede iniciar el procedimiento.
Una vez abierta la vía administrativa, queda determinar a que departamento le competen las gestiones que, en la comarca, son la Demarcación de Costas, dependiente del Estado y la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta, además de los propios concellos. En el primer caso, el menos frecuente, no existe ningún tipo de duda porque cualquier construcción hecha en el espacio dominado Costas, salvo autorización expresa por cuestiones de interés general, es claramente ilegal porque el dueño del terreno es el Estado. No hay propietarios particulares.
Cuestión diferente son las fincas incluidas en Red Natura, de las que se ocupa el Gobierno Autonómico. Están consideradas como suelo rústico de especial protección medioambiental y, por lo tanto, tampoco se pueden edificar.
Los concellos, que son quienes conceden o deniegan las licencias de obras -siempre dentro de los núcleos y en suelo urbano consolidado-, dividen los expedientes en dos tipos: por un lado los legalizables, que están fuera de la normativa pero cabe su regularización y los que bajo ningún concepto se pueden ajustar a la ley.
Batalla en los tribunales
Justo después de la apertura de los expedientes, llegan las respuestas de los afectados con recursos ante las salas de lo Contencioso, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y hasta el Supremo que, en cada nivel, van dilatando el proceso. «Por eso moita xente non entende e resúltalle sorprendente que despois dunha década se derrube unha casa, pero así é como funciona», explica el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Carballo, José Antonio Viña. «Aquí, a inmensa maioría dos casos están expedientados, co cal teñen prácticamente imposible a súa legalización», añade Viña.
Caso distinto es el de las construcciones que llevan más de seis años en pie sin que nadie haya interpuesto una denuncia ante ninguna de las instancias competentes. Por una cuestión de seguridad jurídica y de que un propietario no puede estar permanentemente esperando para ver cuando derriban su casa, esa vivienda, aunque queda fuera de la ordenación urbanística, ya no se puede tirar.
http://www.lavozdegalicia.es/carballo/2011/02/27/0003_201102C27C3991.htm
jueves, 24 de febrero de 2011
POR OSTENTAR EL PODER, NO SE TIENE MAS RAZON
Carta a José Antonio Batista
Estimado José Antonio:
He leído con atención la nota de prensa de la Subdelegación del Gobierno publicada en la prensa local el día 22 de febrero, referente al tema de Cho Vito, y he escuchado la entrevista que le realizaron en una emisora de radio sobre el mismo tema.
Tiene usted razón en una cosa. Hace ya más de dos años. Dos años de espera de soluciones que no llegan; de vivir en un continuo estado de angustia y desesperación. Dos años de ser tratados como delincuentes; de ser vejados tanto por la Administración como por algunos cargos políticos; de ser juzgados por una ley cuya aplicación es absolutamente arbitraria y caprichosa y que a lo largo de su vigencia no ha servido al propósito para el que fue creada. Dos años buscando un techo y unas paredes donde vivir, pues muchos vecinos de Cho Vito, con su única vivienda, fueron sacados de allí y condenados a malvivir por un supuesto "error" que algunos ya han reconocido; dos años esperando a que devuelvan los muebles y enseres que han destrozado o simplemente desaparecido, por no llamarlo de otra forma.
Indicarle que los vecinos de Cho Vito no han realizado acusaciones sobre el incumplimiento de la Dirección General de Costas, como usted asegura, pero le recuerdo que fue don Pedro Ríos, director general de Costas, el que anunció a la prensa: "La solución definitiva al problema de la vivienda de los vecinos de Cho Vito estará a final de mes". Eso fue el día 15 de enero de 2010, y así lo recoge la prensa local al día siguiente. Lo sorprendente es que usted lo escuchó, pues estaba presente, por lo que me parece increíble su negación a lo evidente. Seguramente, usted estaba más atento a cómo las fuerzas de seguridad identificaban a los tres vecinos de Cho Vito presentes en ese acto (fuimos invitados por la Delegación del Gobierno y por el Ayuntamiento de Candelaria) que a las palabras de este alto cargo. En fin, tuvo usted un descuido o un lapsus. Como usted quiera.
Habla usted de hacer cumplir la ley y las sentencias. Le puedo contar innumerables casos de sentencias que están "aparcadas" en los juzgados y en diversos despachos. Por citarle alguno, le pongo el ejemplo del hotel Papagayo Arena, en Lanzarote, con sentencia firme de derribo, anterior a la de Cho Vito, pero sigue en pie, por un interés especial de una ministra, mediante acuerdos políticos; o el caso de una galería de un centro comercial que, con sentencia de derribo, sigue en pie y funcionando. Y como estos ejemplos, muchos más. Por eso, la obstinación que tienen con este pueblo costero de Tenerife, y más cuando hay datos que constatan su antigüedad y su historia (posiblemente a usted no se lo han mostrado), la negación del problema social que genera la Ley de Costas y su aplicación retroactiva y totalmente aleatoria en estas islas no tienen explicación posible.
Mientras que en toda la geografía nacional se están buscando soluciones negociadas entre los afectados y la Administración, para usted lo importante es hacer cumplir la ley sin importarle si los vecinos se quedan en la calle (y vuelvo a incidir en que desde 2008 hay personas que no tienen una casa) y, si hace falta, solicitar la ayuda de los cuerpos de seguridad del Estado, a ser posible en gran número, para así dar otro ejemplo de la ejecución de la ley, y de paso un bochornoso, desmesurado, desmedido y lamentable espectáculo como el del 7 de octubre de 2008, fecha del derribo de nuestras casas.
Acordar las bases de esa negociación y su posterior realización es el trabajo a realizar entre el Gobierno central y el de Canarias, escuchando a los vecinos, para buscar soluciones, que es lo que queremos todos, viendo la realidad de las costas canarias, que requieren una aplicación diferente a la de las costas valencianas o catalanas, y en esa labor se está trabajando, aunque parezca que a usted no se le haya informado, lo cual me parece increíble ostentando usted el cargo que ocupa, que aquí en Canarias lo llamamos de "correveidile" (con perdón si se ofende).
http://www.eldia.es/2011-02-24/CRITERIOS/21-Cartas-director.htm
miércoles, 23 de febrero de 2011
Se están pasando la pelota y aún no salimos de la incertidumbre
Las nueve familias que aún viven en Cho Vito muestran su preocupación y denuncian que "todavía no han puesto la primera piedra de las casas prometidas"
Los vecinos que aún quedan en la playa de Cho Vito siguen desvelados, si alguna vez pudieron pegar ojo tras los primeros derribos de viviendas en octubre de 2008.
En este momento pende sobre sus viviendas una orden de derribo cuyo plazo de ejecución ya expiró, sin que aún, las nueve familias que habitan en las ocho casas que siguen en pie hayan recibido la vivienda prometida por el Gobierno de Canarias o por el Ayuntamiento. Una de las damnificadas es Monserrat Mejías y asegura que "todas las administraciones se están pasando la pelota y nadie nos saca de la incertidumbre", a la vez que recuerda que "al día de hoy no sólo no se ha puesto la primera piedra de las nuevas viviendas sino que tampoco han comenzado los desmontes del terreno".
Esta vecina teme que, cualquier día, las palas le dejen sin casa y tenga "que vivir en una caseta con mis tres niños". Agradece la postura tomada por la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, de "paralizar el desalojo hasta que se solucionara el problema social y se estudiara la persistencia del lugar" pero sabe que sobre su casa y las ocho más caerá más pronto que tarde "el látigo de la Justicia". La vecina no escondió que "ahora, con las elecciones a la vista, todos se están tirando los trastos y en el medio estamos nosotros sin que nos realojen como prometieron".
Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife rechazó las acusaciones vertidas por los vecinos de Cho Vito, en las que señalan que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa ha incumplido su compromiso de resolver el problema de la vivienda de los vecinos que quedan en dicho núcleo.
Ampliación
El subdelegado José Antonio Batista indicó que "el acuerdo al que se llegó con el Gobierno de Canarias, a través del consejero de Medio Ambiente Domingo Berriel, fue el de ampliación del plazo -hasta finales del pasado mes de enero- para el desalojo voluntario y búsqueda de soluciones al problema de la vivienda, comprometiéndose a ello la administración canaria. Debe señalarse que ya se han producido dos ampliaciones, por lo que, si hay incumplimientos debe apuntarse en otra dirección", afirma.
Según Batista "eso significa que la solución a este problema no corresponde a la Administración del Estado, que sí ha cumplido con el compromiso de retrasar la demolición, como ya lo hizo en 2008 cuando dejó en pie varias construcciones por determinarse que eran primera vivienda". "Ello significa que ya han transcurrido más de dos años sin que se haya resuelto esta cuestión y a esto hay que añadir que queda muy poco tiempo para que expire la prórroga judicial. Y en este caso no sólo estamos obligados por el cumplimiento de la Ley, sino también por las resoluciones judiciales".
http://www.diariodeavisos.com/2011/diariodeavisos/content/8251/
Los vecinos que aún quedan en la playa de Cho Vito siguen desvelados, si alguna vez pudieron pegar ojo tras los primeros derribos de viviendas en octubre de 2008.
En este momento pende sobre sus viviendas una orden de derribo cuyo plazo de ejecución ya expiró, sin que aún, las nueve familias que habitan en las ocho casas que siguen en pie hayan recibido la vivienda prometida por el Gobierno de Canarias o por el Ayuntamiento. Una de las damnificadas es Monserrat Mejías y asegura que "todas las administraciones se están pasando la pelota y nadie nos saca de la incertidumbre", a la vez que recuerda que "al día de hoy no sólo no se ha puesto la primera piedra de las nuevas viviendas sino que tampoco han comenzado los desmontes del terreno".
Esta vecina teme que, cualquier día, las palas le dejen sin casa y tenga "que vivir en una caseta con mis tres niños". Agradece la postura tomada por la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, de "paralizar el desalojo hasta que se solucionara el problema social y se estudiara la persistencia del lugar" pero sabe que sobre su casa y las ocho más caerá más pronto que tarde "el látigo de la Justicia". La vecina no escondió que "ahora, con las elecciones a la vista, todos se están tirando los trastos y en el medio estamos nosotros sin que nos realojen como prometieron".
Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife rechazó las acusaciones vertidas por los vecinos de Cho Vito, en las que señalan que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa ha incumplido su compromiso de resolver el problema de la vivienda de los vecinos que quedan en dicho núcleo.
Ampliación
El subdelegado José Antonio Batista indicó que "el acuerdo al que se llegó con el Gobierno de Canarias, a través del consejero de Medio Ambiente Domingo Berriel, fue el de ampliación del plazo -hasta finales del pasado mes de enero- para el desalojo voluntario y búsqueda de soluciones al problema de la vivienda, comprometiéndose a ello la administración canaria. Debe señalarse que ya se han producido dos ampliaciones, por lo que, si hay incumplimientos debe apuntarse en otra dirección", afirma.
Según Batista "eso significa que la solución a este problema no corresponde a la Administración del Estado, que sí ha cumplido con el compromiso de retrasar la demolición, como ya lo hizo en 2008 cuando dejó en pie varias construcciones por determinarse que eran primera vivienda". "Ello significa que ya han transcurrido más de dos años sin que se haya resuelto esta cuestión y a esto hay que añadir que queda muy poco tiempo para que expire la prórroga judicial. Y en este caso no sólo estamos obligados por el cumplimiento de la Ley, sino también por las resoluciones judiciales".
http://www.diariodeavisos.com/2011/diariodeavisos/content/8251/
martes, 22 de febrero de 2011
El principio del fin de la Ley de Costas
La norma que protege el litoral se ve amenazada por cinco iniciativas legislativas - Casi 23 años después de su aprobación, los perjudicados cantan victoria
La Ley de Costas está tocada, quizá herida de muerte. Puede que caiga este año o el que viene. Puede que la legislatura se agote antes de que cuajen los cambios legales en marcha que pretenden minarla. Pero eso no es lo más relevante. La ola contra la ley, aprobada en julio de 1988, la presión para mantener la ocupación del litoral es tan grande y procede de tantos frentes, que caerá más temprano que tarde. Esa es al menos la impresión de ecologistas, perjudicados por la ley y la mayoría de partidos políticos.
.La Ley de Economía Sostenible prorroga una refinería que ocupa una marisma
.El Senado aprobó por mayoría rebajar la norma como pedían CiU y PP
.El abogado de los afectados: "Es cuestión de tiempo que caiga la ley"
.Los ecologistas critican la cesión de competencias a las comunidades
La recopilación de leyes en marcha para reformar la Ley de Costas es amplia. Algunas iniciativas no tienen demasiado calado, otras son puntuales, pero juntas revelan las presiones a las que está sometida la norma.
En diciembre de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente utilizó la Ley de Navegación Marítima para intentar que las casas construidas sobre la playa legalmente antes de la norma se pudieran comprar y vender. La reforma sigue encallada. El Defensor del Pueblo criticó la opacidad del trámite, pero la técnica se repitió. En agosto llegó la Ley de Puertos, de Fomento, que suavizó las condiciones para convertir los faros en hoteles y restaurantes. Hay más: el PSOE ha utilizado la Ley de Costas como moneda de cambio con el PNV y en la Ley de Economía Sostenible apoyó una enmienda para reformar la Ley de Hidrocarburos y alargar la concesión a una refinería en dominio público. El objetivo es que la instalación de Petronor en las marismas de Muskiz (Vizcaya), cuya concesión caduca en 2012, siga en pie después de esa fecha. El presidente de Petronor, el exlíder del PNV Josu Jon Imaz, llevaba meses buscando fórmulas para eludir la Ley de Costas.
En los grupos de trabajo para elaborar la Ley de Sostenibilidad de las Ciudades, de la secretaría de Estado de Vivienda, se llegó a barajar la posibilidad de suavizar la ley con el objetivo de hacer más atractivo el stock de viviendas en la costa a compradores extranjeros, según fuentes próximas a la negociación. La ley no incluirá ninguna medida en este sentido, según una portavoz de Vivienda.
El director general de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, Pedro Antonio Ríos, no parece cómodo justificando estos cambios: "Modificar la Ley de Costas mediante la Ley de Economía Sostenible no me parece riguroso, creo que sería mejor decir qué quieres hacer con la ley". Ríos, con amplia experiencia parlamentaria, pide que se distinga entre su labor y las reformas que acepta el PSOE: "Costas no ha hecho ninguna enmienda, la habrá hecho el grupo parlamentario dentro de los equilibrios parlamentarios. Si es para sacar el presupuesto me parece bien".
Ríos sostiene que no hay que exagerar la polémica: "El 94% de la aplicación de la Ley de Costas ya ha sido eficaz y ahora hay que resolver el 6% restante que lo hacemos desde la concertación. No amañamos la ley a esas situaciones, sino que gestionamos en función del territorio".
Los ecologistas critican que "quienes defienden la Ley de Costas impulsan modificaciones para indultar fábricas por la puerta trasera", como resume Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace.
La oposición va más allá. PP y CiU ya hablan abiertamente de cambiar la norma -en los ocho años de Gobierno del PP se aplicó la ley sin reformas-. Ambos partidos presentaron proposiciones de ley en el Congreso en otoño y las perdieron por un voto en la Comisión de Medio Ambiente. Entre carreras, el PSOE consiguió los diputados suficientes para tumbarlas.
Pero el empeño no acabó. El pasado 9 de febrero, el Senado aprobó la toma en consideración de dos proposiciones de ley para reformar el texto. CiU propuso excluir de la norma algo que definió como "ciudades navegables", en alusión a la Marina de Empuriabrava, una urbanización con puntos de amarre junto a los chalés en la costa de Girona, y mantener algunas zonas urbanas fuera de la aplicación de la ley.
El PP logró aprobar otra proposición para indemnizar a los dueños de fábricas construidas en dominio público antes de 1988. El PP, que durante años criticó la aplicación de la norma, ha pasado a cargar contra la ley en sí. Según el portavoz de Medio Ambiente, Carlos Floriano, su propuesta "permite abrir vías claras para resolver un problema que afecta a muchos ciudadanos españoles y superar así la situación de inseguridad jurídica". Las dos proposiciones pasan al Congreso, donde se deberán debatir y donde CiU y PP tiene más difícil conseguir una mayoría como la del Senado. Y puede que la legislatura se agote sin que prosperen.
La portavoz popular en el Senado, Leticia Díaz, declaró en la tribuna: "La redacción de esta ley permite su aplicación arbitraria, porque está plagada de conceptos jurídicos indeterminados". La norma no fija una distancia para definir el dominio público, sino que utiliza conceptos geográficos como las playas, "el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos", "las marismas, marjales y esteros".
Las casas construidas legalmente en esa zona antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años, ampliables a 60, en una singular expropiación que el Tribunal Constitucional avaló en 1991. El plazo, que se veía como inalcanzable, comenzará a vencer en 2018. Los dueños ya ven próximo el riesgo de que sus propiedades pasen a propiedad estatal y, previsiblemente, sean derribadas.
José Ortega, abogado y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, habla convencido de que no hay marcha atrás: "Cuando empezamos, en 2007, parecía que esto era una batalla de señoritos, pero hemos demostrado que no es así. Ahora habrá que ver cómo se reforma la ley, pero ya es cuestión de tiempo. No queremos el litoral construido, pero sí que se respete el derecho de los ciudadanos".
Algunos Parlamentos autonómicos libran su propia guerra. Canarias y Galicia aprobaron sus leyes contra la norma estatal. El ministerio recurrió al Constitucional ambas normas. Lo mismo anunció con otra ley gallega pero finalmente lo desestimó al pactar con la Xunta la interpretación.
¿Por qué ahora? ¿Por qué una ley vigente durante más de 20 años recibe de repente un ataque tan directo? Ortega defiende que hasta 2004 la ley se aplicó con lo que él define como sentido común. Afirma que fue la llegada del PSOE al Gobierno, y de Cristina Narbona al Ministerio de Medio Ambiente, lo que cambió todo al aplicar la ley con firmeza.
Los números muestran un avance. Entre 1988 y 2003 se deslindaron -el trámite que delimita la zona pública y privada de costa- 4.659 kilómetros de litoral. Entre 2004 y 2010, 3.880 kilómetros, según las cifras del PSOE. Ya está deslindado un 95% de la costa y la previsión del Ministerio de Medio Ambiente es rondar el 100% al terminar la legislatura.
Ríos critica que PP y CiU "intentan amañar la ley". "Quieren crear una cosa muy graciosa, ciudades navegables, para quedar bien en Empuriabrava. Y el PP quiere mantener el uso privado en el dominio público, un concepto prohibido en la Constitución".
La ley es, sin duda, polémica. Es difícil no simpatizar con quien ha comprado una casa en la playa sin que el notario ni el banco ni nadie le advirtiera de que podía estar en dominio público. Cuando después ha llegado Costas han descubierto que no pueden vender la propiedad. Muchos de los afectados son extranjeros -británicos y alemanes, principalmente- y con sus quejas han hecho que el Parlamento Europeo, Reino Unido y Alemania critiquen la norma. Los afectados aducen que las playas españolas están jalonadas de hoteles -el Algarrobico cumple cinco años parado por un recurso de los ecologistas- mientras sus chalés son expropiados.
Ríos admite que ha habido problemas de inscripción de viviendas en la playa que nunca debieron recibir los papeles: "Ha habido registro de propiedades en la costa, sí. Pero no solo en la costa, también en los ríos. Es verdad que no hemos tenido instrumentos que deberíamos haber tenido". El Gobierno intenta ahora que el catastro incluya los datos de Costas -solo cuatro provincias lo tienen-, algo que un europeo no puede comprender.
Pilar Marcos, de Greenpeace, resta importancia a la polémica: "Hay mucho ruido. Dicen que hay 1.500 o 2.000 afectados en toda España. Suponiendo que sea así, es muy poca gente frente a la mayoría del país. Algo que no justifica recortar la norma".
Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF, que le ha ganado a Costas relevantes pleitos, tiene un planteamiento similar: "La ley trata de prevenir los atentados de privatización del litoral para que las ocupaciones fuesen transitorias. Un terreno libre y gratuito es muy codiciado, pero eso no implica que debamos ceder a las presiones. La gente se manifiesta por lo suyo, pero la inmensa mayoría no sale a defender lo público". WWF ganó en el Supremo el pleito contra los vertidos de Fertiberia (Huelva) y en 2007 el mismo tribunal le dio la razón y anuló la decisión del Gobierno de construir un macropolígono industrial en dominio público en Las Aletas (Puerto Real, Cádiz). La sentencia no ha desanimado al Ejecutivo socialista, que prepara un nuevo informe para retomar la obra.
Los defensores de la ley ven otra nube: la cesión de competencias a las autonomías. Cataluña recibió competencias en su Estatuto y lo mismo hizo Andalucía. El anuncio del traspaso de competencias a la Junta andaluza enterró de inmediato el conflicto sobre el deslinde del Parque Nacional de Doñana, que Costas ejecutó bajo el mandato de Elena Espinosa de la forma más proteccionista posible.
Ríos defiende los traspasos: "Lo razonable es que la codecisión funcione de distinta manera pero en todas las comunidades". El director general defiende la gestión a base de pactos con alcaldes y consejeros ("no vale un concepto policial de la acción, en el que se aplica a rajatabla una política") y, aunque es contrario a una reforma legal en este momento apunta: "La ley no está agotada pero ha cumplido una etapa".
El catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada discrepa: "No quieren afrontar el problema, prefieren diluirlo cediendo competencias. Localmente siempre es más difícil poner orden en la costa. Esta es una ley que conviene gestionar desde lejos. Vamos a perder todos los españoles por no hacer frente a una situación compleja".
FRENTES DEL LITORAL
La Ley de Costas está tocada, quizá herida de muerte. Puede que caiga este año o el que viene. Puede que la legislatura se agote antes de que cuajen los cambios legales en marcha que pretenden minarla. Pero eso no es lo más relevante. La ola contra la ley, aprobada en julio de 1988, la presión para mantener la ocupación del litoral es tan grande y procede de tantos frentes, que caerá más temprano que tarde. Esa es al menos la impresión de ecologistas, perjudicados por la ley y la mayoría de partidos políticos.
.La Ley de Economía Sostenible prorroga una refinería que ocupa una marisma
.El Senado aprobó por mayoría rebajar la norma como pedían CiU y PP
.El abogado de los afectados: "Es cuestión de tiempo que caiga la ley"
.Los ecologistas critican la cesión de competencias a las comunidades
La recopilación de leyes en marcha para reformar la Ley de Costas es amplia. Algunas iniciativas no tienen demasiado calado, otras son puntuales, pero juntas revelan las presiones a las que está sometida la norma.
En diciembre de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente utilizó la Ley de Navegación Marítima para intentar que las casas construidas sobre la playa legalmente antes de la norma se pudieran comprar y vender. La reforma sigue encallada. El Defensor del Pueblo criticó la opacidad del trámite, pero la técnica se repitió. En agosto llegó la Ley de Puertos, de Fomento, que suavizó las condiciones para convertir los faros en hoteles y restaurantes. Hay más: el PSOE ha utilizado la Ley de Costas como moneda de cambio con el PNV y en la Ley de Economía Sostenible apoyó una enmienda para reformar la Ley de Hidrocarburos y alargar la concesión a una refinería en dominio público. El objetivo es que la instalación de Petronor en las marismas de Muskiz (Vizcaya), cuya concesión caduca en 2012, siga en pie después de esa fecha. El presidente de Petronor, el exlíder del PNV Josu Jon Imaz, llevaba meses buscando fórmulas para eludir la Ley de Costas.
En los grupos de trabajo para elaborar la Ley de Sostenibilidad de las Ciudades, de la secretaría de Estado de Vivienda, se llegó a barajar la posibilidad de suavizar la ley con el objetivo de hacer más atractivo el stock de viviendas en la costa a compradores extranjeros, según fuentes próximas a la negociación. La ley no incluirá ninguna medida en este sentido, según una portavoz de Vivienda.
El director general de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, Pedro Antonio Ríos, no parece cómodo justificando estos cambios: "Modificar la Ley de Costas mediante la Ley de Economía Sostenible no me parece riguroso, creo que sería mejor decir qué quieres hacer con la ley". Ríos, con amplia experiencia parlamentaria, pide que se distinga entre su labor y las reformas que acepta el PSOE: "Costas no ha hecho ninguna enmienda, la habrá hecho el grupo parlamentario dentro de los equilibrios parlamentarios. Si es para sacar el presupuesto me parece bien".
Ríos sostiene que no hay que exagerar la polémica: "El 94% de la aplicación de la Ley de Costas ya ha sido eficaz y ahora hay que resolver el 6% restante que lo hacemos desde la concertación. No amañamos la ley a esas situaciones, sino que gestionamos en función del territorio".
Los ecologistas critican que "quienes defienden la Ley de Costas impulsan modificaciones para indultar fábricas por la puerta trasera", como resume Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace.
La oposición va más allá. PP y CiU ya hablan abiertamente de cambiar la norma -en los ocho años de Gobierno del PP se aplicó la ley sin reformas-. Ambos partidos presentaron proposiciones de ley en el Congreso en otoño y las perdieron por un voto en la Comisión de Medio Ambiente. Entre carreras, el PSOE consiguió los diputados suficientes para tumbarlas.
Pero el empeño no acabó. El pasado 9 de febrero, el Senado aprobó la toma en consideración de dos proposiciones de ley para reformar el texto. CiU propuso excluir de la norma algo que definió como "ciudades navegables", en alusión a la Marina de Empuriabrava, una urbanización con puntos de amarre junto a los chalés en la costa de Girona, y mantener algunas zonas urbanas fuera de la aplicación de la ley.
El PP logró aprobar otra proposición para indemnizar a los dueños de fábricas construidas en dominio público antes de 1988. El PP, que durante años criticó la aplicación de la norma, ha pasado a cargar contra la ley en sí. Según el portavoz de Medio Ambiente, Carlos Floriano, su propuesta "permite abrir vías claras para resolver un problema que afecta a muchos ciudadanos españoles y superar así la situación de inseguridad jurídica". Las dos proposiciones pasan al Congreso, donde se deberán debatir y donde CiU y PP tiene más difícil conseguir una mayoría como la del Senado. Y puede que la legislatura se agote sin que prosperen.
La portavoz popular en el Senado, Leticia Díaz, declaró en la tribuna: "La redacción de esta ley permite su aplicación arbitraria, porque está plagada de conceptos jurídicos indeterminados". La norma no fija una distancia para definir el dominio público, sino que utiliza conceptos geográficos como las playas, "el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos", "las marismas, marjales y esteros".
Las casas construidas legalmente en esa zona antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años, ampliables a 60, en una singular expropiación que el Tribunal Constitucional avaló en 1991. El plazo, que se veía como inalcanzable, comenzará a vencer en 2018. Los dueños ya ven próximo el riesgo de que sus propiedades pasen a propiedad estatal y, previsiblemente, sean derribadas.
José Ortega, abogado y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, habla convencido de que no hay marcha atrás: "Cuando empezamos, en 2007, parecía que esto era una batalla de señoritos, pero hemos demostrado que no es así. Ahora habrá que ver cómo se reforma la ley, pero ya es cuestión de tiempo. No queremos el litoral construido, pero sí que se respete el derecho de los ciudadanos".
Algunos Parlamentos autonómicos libran su propia guerra. Canarias y Galicia aprobaron sus leyes contra la norma estatal. El ministerio recurrió al Constitucional ambas normas. Lo mismo anunció con otra ley gallega pero finalmente lo desestimó al pactar con la Xunta la interpretación.
¿Por qué ahora? ¿Por qué una ley vigente durante más de 20 años recibe de repente un ataque tan directo? Ortega defiende que hasta 2004 la ley se aplicó con lo que él define como sentido común. Afirma que fue la llegada del PSOE al Gobierno, y de Cristina Narbona al Ministerio de Medio Ambiente, lo que cambió todo al aplicar la ley con firmeza.
Los números muestran un avance. Entre 1988 y 2003 se deslindaron -el trámite que delimita la zona pública y privada de costa- 4.659 kilómetros de litoral. Entre 2004 y 2010, 3.880 kilómetros, según las cifras del PSOE. Ya está deslindado un 95% de la costa y la previsión del Ministerio de Medio Ambiente es rondar el 100% al terminar la legislatura.
Ríos critica que PP y CiU "intentan amañar la ley". "Quieren crear una cosa muy graciosa, ciudades navegables, para quedar bien en Empuriabrava. Y el PP quiere mantener el uso privado en el dominio público, un concepto prohibido en la Constitución".
La ley es, sin duda, polémica. Es difícil no simpatizar con quien ha comprado una casa en la playa sin que el notario ni el banco ni nadie le advirtiera de que podía estar en dominio público. Cuando después ha llegado Costas han descubierto que no pueden vender la propiedad. Muchos de los afectados son extranjeros -británicos y alemanes, principalmente- y con sus quejas han hecho que el Parlamento Europeo, Reino Unido y Alemania critiquen la norma. Los afectados aducen que las playas españolas están jalonadas de hoteles -el Algarrobico cumple cinco años parado por un recurso de los ecologistas- mientras sus chalés son expropiados.
Ríos admite que ha habido problemas de inscripción de viviendas en la playa que nunca debieron recibir los papeles: "Ha habido registro de propiedades en la costa, sí. Pero no solo en la costa, también en los ríos. Es verdad que no hemos tenido instrumentos que deberíamos haber tenido". El Gobierno intenta ahora que el catastro incluya los datos de Costas -solo cuatro provincias lo tienen-, algo que un europeo no puede comprender.
Pilar Marcos, de Greenpeace, resta importancia a la polémica: "Hay mucho ruido. Dicen que hay 1.500 o 2.000 afectados en toda España. Suponiendo que sea así, es muy poca gente frente a la mayoría del país. Algo que no justifica recortar la norma".
Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF, que le ha ganado a Costas relevantes pleitos, tiene un planteamiento similar: "La ley trata de prevenir los atentados de privatización del litoral para que las ocupaciones fuesen transitorias. Un terreno libre y gratuito es muy codiciado, pero eso no implica que debamos ceder a las presiones. La gente se manifiesta por lo suyo, pero la inmensa mayoría no sale a defender lo público". WWF ganó en el Supremo el pleito contra los vertidos de Fertiberia (Huelva) y en 2007 el mismo tribunal le dio la razón y anuló la decisión del Gobierno de construir un macropolígono industrial en dominio público en Las Aletas (Puerto Real, Cádiz). La sentencia no ha desanimado al Ejecutivo socialista, que prepara un nuevo informe para retomar la obra.
Los defensores de la ley ven otra nube: la cesión de competencias a las autonomías. Cataluña recibió competencias en su Estatuto y lo mismo hizo Andalucía. El anuncio del traspaso de competencias a la Junta andaluza enterró de inmediato el conflicto sobre el deslinde del Parque Nacional de Doñana, que Costas ejecutó bajo el mandato de Elena Espinosa de la forma más proteccionista posible.
Ríos defiende los traspasos: "Lo razonable es que la codecisión funcione de distinta manera pero en todas las comunidades". El director general defiende la gestión a base de pactos con alcaldes y consejeros ("no vale un concepto policial de la acción, en el que se aplica a rajatabla una política") y, aunque es contrario a una reforma legal en este momento apunta: "La ley no está agotada pero ha cumplido una etapa".
El catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada discrepa: "No quieren afrontar el problema, prefieren diluirlo cediendo competencias. Localmente siempre es más difícil poner orden en la costa. Esta es una ley que conviene gestionar desde lejos. Vamos a perder todos los españoles por no hacer frente a una situación compleja".
FRENTES DEL LITORAL
- Galicia. La Xunta de Galicia y el Ministerio de Medio Ambiente buscan legalizar los núcleos costeros de Marín (Pontevedra). El bipartito (PSOE-BNG) llegó a aprobar una ley contra Costas que está recurrida.
- Cataluña. CiU intenta evitar que la ley se aplique a las "ciudades navegables", como la Marina de Empuriabrava, en Girona.
- Comunidad Valenciana. La comunidad reclama competencias sobre los chiringuitos, cuya concesión se ha renovado. Una comisión mixta con el Gobierno estudiará los casos.
- Canarias. La comunidad aprobó una ley para evitar derribos como el de Cho Vito por su valor etnográfico. La ley está recurrida. Costas creará con ellos una comisión paritaria para estudiar caso a caso y dice que antes de marzo habrá traslados en Cho Vito.
- País Vasco. La Ley de Economía Sostenible permite mantener la refinería de Petronor en la marisma de Muskiz.
- Andalucía. La situación de los chiringuitos y el deslinde de Doñana enfrentaron a la Junta andaluza (PSOE) con el ministerio. El pacto de las transferencias ha acabado con la polémica.
- Cantabria. Hay 78 empresas en dominio público que han conseguido el apoyo del PP para intentar cambiar la ley. Costas busca soluciones sin cambiar la norma.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/principio/fin/Ley/Costas/elpepisoc/20110222elpepisoc_2/Tes
- Cataluña. CiU intenta evitar que la ley se aplique a las "ciudades navegables", como la Marina de Empuriabrava, en Girona.
- Comunidad Valenciana. La comunidad reclama competencias sobre los chiringuitos, cuya concesión se ha renovado. Una comisión mixta con el Gobierno estudiará los casos.
- Canarias. La comunidad aprobó una ley para evitar derribos como el de Cho Vito por su valor etnográfico. La ley está recurrida. Costas creará con ellos una comisión paritaria para estudiar caso a caso y dice que antes de marzo habrá traslados en Cho Vito.
- País Vasco. La Ley de Economía Sostenible permite mantener la refinería de Petronor en la marisma de Muskiz.
- Andalucía. La situación de los chiringuitos y el deslinde de Doñana enfrentaron a la Junta andaluza (PSOE) con el ministerio. El pacto de las transferencias ha acabado con la polémica.
- Cantabria. Hay 78 empresas en dominio público que han conseguido el apoyo del PP para intentar cambiar la ley. Costas busca soluciones sin cambiar la norma.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/principio/fin/Ley/Costas/elpepisoc/20110222elpepisoc_2/Tes
lunes, 21 de febrero de 2011
El realojo de vecinos de Cho Vito (Tenerife) corresponde al Gobierno canario, recuerda la Subdelegación
La Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife ha rechazado este lunes "las últimas acusaciones" vertidas por los vecinos de la playa de Cho Vito, en las que señalan que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa ha incumplido su compromiso de resolver el problema de la vivienda de los vecinos que quedan en dicho núcleo costero del municipio Candelaria.
"Estamos trabajando para plantear una respuesta definitiva al problema social que había con algunos de sus residentes, que necesitaban ser realojados. Y confío en que podamos solucionarlo antes de fin de mes", concluyó Ríos.
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/01/16/candelaria-inaugura-playa-accesos-discapacitados/325000.html (director General de Costas, Pedro Rios, Candelaria, 16 de Enero 2011.
El subdelegado del Gobierno de España en la provincia, José Antonio Batista, indica en un comunicado que "difícilmente se puede incumplir un compromiso que no se ha asumido, ni corresponde a la Administración del Estado"
"El acuerdo al que se llegó con el Gobierno de Canarias a través del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial fue el de ampliación del plazo para el desalojo voluntario y búsqueda de soluciones al problema de la vivienda, comprometiéndose a ello la administración canaria. Debe señalarse que ya se han producido dos ampliaciones, por lo que, si hay incumplimientos debe apuntarse en otra dirección", dice.
Cabe señalar que en septiembre de 2010, se celebró una reunión en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en Madrid, con representantes del Cabildo y del Gobierno de Canarias, con la que se acordó ampliar el plazo de desalojo voluntario de las viviendas que quedaban en la playa de Cho Vito hasta finales de noviembre con el fin de arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados.
En ese tiempo no se avanzó, por lo que, con posterioridad, en diciembre pasado y aprovechando el cambio del responsable de Costas, se celebra otra reunión a petición del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, en la que desde el organismo estatal de Costas se accede a ampliar hasta finales de enero de 2011 el plazo de demolición ante el compromiso del Gobierno canario de que en ese tiempo resolverían el problema residencial de estos vecinos.
Eso significa que la solución a este problema no corresponde a la Administración del Estado, que sí ha cumplido con el compromiso de retrasar la demolición, como ya lo hizo en 2008 cuando dejó en pie varias construcciones por determinarse que eran "primera vivienda".
"Ello significa —apunta el subdelegado del Gobierno— que ya han transcurrido más de dos años sin que se haya resuelto esta cuestión y a esto hay que añadir que queda muy poco tiempo para que expire la prórroga judicial. Y en este caso no sólo estamos obligados por el cumplimiento de la Ley, sino también por las resoluciones judiciales
"Estamos trabajando para plantear una respuesta definitiva al problema social que había con algunos de sus residentes, que necesitaban ser realojados. Y confío en que podamos solucionarlo antes de fin de mes", concluyó Ríos.
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/01/16/candelaria-inaugura-playa-accesos-discapacitados/325000.html (director General de Costas, Pedro Rios, Candelaria, 16 de Enero 2011.
El subdelegado del Gobierno de España en la provincia, José Antonio Batista, indica en un comunicado que "difícilmente se puede incumplir un compromiso que no se ha asumido, ni corresponde a la Administración del Estado"
"El acuerdo al que se llegó con el Gobierno de Canarias a través del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial fue el de ampliación del plazo para el desalojo voluntario y búsqueda de soluciones al problema de la vivienda, comprometiéndose a ello la administración canaria. Debe señalarse que ya se han producido dos ampliaciones, por lo que, si hay incumplimientos debe apuntarse en otra dirección", dice.
Cabe señalar que en septiembre de 2010, se celebró una reunión en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en Madrid, con representantes del Cabildo y del Gobierno de Canarias, con la que se acordó ampliar el plazo de desalojo voluntario de las viviendas que quedaban en la playa de Cho Vito hasta finales de noviembre con el fin de arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados.
En ese tiempo no se avanzó, por lo que, con posterioridad, en diciembre pasado y aprovechando el cambio del responsable de Costas, se celebra otra reunión a petición del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, en la que desde el organismo estatal de Costas se accede a ampliar hasta finales de enero de 2011 el plazo de demolición ante el compromiso del Gobierno canario de que en ese tiempo resolverían el problema residencial de estos vecinos.
Eso significa que la solución a este problema no corresponde a la Administración del Estado, que sí ha cumplido con el compromiso de retrasar la demolición, como ya lo hizo en 2008 cuando dejó en pie varias construcciones por determinarse que eran "primera vivienda".
"Ello significa —apunta el subdelegado del Gobierno— que ya han transcurrido más de dos años sin que se haya resuelto esta cuestión y a esto hay que añadir que queda muy poco tiempo para que expire la prórroga judicial. Y en este caso no sólo estamos obligados por el cumplimiento de la Ley, sino también por las resoluciones judiciales
No salgo de mi asombro con "PepeToño"
En la inaguaración de la Playa de Puntalarga, en Candelaria a mediados del més pasado(enero), el director de Costas Pedro Ríos, a instancias de los periodistas, y con el Subdelegado del Gobierno presente, contesto "que el problema de Cho Vito quedaría resuelto a finales de mes"...(enero).......
¿QUIEN INCUMPLE CON LO ACORDADO?
Quiero recordarle, que lo de cumplir sentencias y resoluciones judiciales, Sr Batista, pregunte usted al Hotel Papagayo Arena en Lanzarote, con sentencia firme, antes que Cho Vito, o El anexo del Alcampo en La Laguna.....
domingo, 20 de febrero de 2011
El ministerio de Medio Ambiente quiere acabar en esta legislatura el deslinde de la costa española
Se protegería así la primera línea de playa para poder demoler las construcciones ilegales
Queda un año de legislatura y el Ministerio de Medio Ambiente pretende terminar prácticamente el deslinde de los casi ocho mil kilómetros de costa que hay en España
Según los cálculos realizados por el propio departamento, quedará por deslindar un 4 por ciento, que corresponde a las zonas más polémicas, es decir, aquellas casas y construcciones que están en primera línea (esto es, en un espacio público y protegido por la ley de costas) pero cuyo derribo ha sido recurrido ante los tribunales de justicia.
Pero, además, al Ministerio le ha salido un nuevo problema. Aparte de los siempre polémicos chiringuitos, en apenas siete años caducan las concesiones otorgadas a muchas instalaciones industriales que ahora ocupan esta primera línea de playa y que, sobre todo, están situadas en el Cantabria, País Vasco, Canarias, y las provincias de Cádiz y Huelva.
En teoría, el estado tendría que recuperar estas valiosas zonas de dominio público, pero el Ministerio de Medio Ambiente está recibiendo presiones por parte de las Comunidades Autónomas afectadas para que estas zonas industriales sigan ocupando esta importante franja del litoral de alto valor ecológico.
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/ministerio-medio-ambiente-quiere-acabar-legislatura-deslinde-costa-espanola/csrcsrpor/20110220csrcsrsoc_3/Tes
Queda un año de legislatura y el Ministerio de Medio Ambiente pretende terminar prácticamente el deslinde de los casi ocho mil kilómetros de costa que hay en España
Según los cálculos realizados por el propio departamento, quedará por deslindar un 4 por ciento, que corresponde a las zonas más polémicas, es decir, aquellas casas y construcciones que están en primera línea (esto es, en un espacio público y protegido por la ley de costas) pero cuyo derribo ha sido recurrido ante los tribunales de justicia.
Pero, además, al Ministerio le ha salido un nuevo problema. Aparte de los siempre polémicos chiringuitos, en apenas siete años caducan las concesiones otorgadas a muchas instalaciones industriales que ahora ocupan esta primera línea de playa y que, sobre todo, están situadas en el Cantabria, País Vasco, Canarias, y las provincias de Cádiz y Huelva.
En teoría, el estado tendría que recuperar estas valiosas zonas de dominio público, pero el Ministerio de Medio Ambiente está recibiendo presiones por parte de las Comunidades Autónomas afectadas para que estas zonas industriales sigan ocupando esta importante franja del litoral de alto valor ecológico.
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/ministerio-medio-ambiente-quiere-acabar-legislatura-deslinde-costa-espanola/csrcsrpor/20110220csrcsrsoc_3/Tes
Costas incumple y aún no resuelve el realojo de los vecinos de Cho Vito
El próximo 30 de abril expira la prórroga del plazo dado por el Juzgado a la Dirección General para que cumpla la sentencia de demolición.
El director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pedro Antonio Ríos, anunció el 15 de enero pasado que antes de concluir ese mes se resolvería el problema del realojo de las familias que aún residen en el poblado de Cho Vito y que no disponen ni de recursos económicos ni de otra vivienda. Transcurrido más de un mes, la situación sigue igual, según las fuentes consultadas.
Cabe recordar que el responsable del departamento citado, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, realizó dicha afirmación durante la inauguración de una fase de la nueva playa de Punta Larga. En el mismo marco, explicó que "Costas no tiene interés alguno en venir de Madrid a desalojar a nadie", si bien matizó que "queremos resolver este problema". Eso sí, dejó claro que la vía de la negociación es la más adecuada, pero las sentencias que existan tendrán que cumplirlas.
El realojo de las nueve familias que aún residen en Cho Vito es una de las conclusiones a las que llegaron las administraciones (excepto el ayuntamiento) en una reunión que celebraron el 10 de septiembre pasado, en plena huelga de hambre protagonizada por seis vecinos ante el anuncio de que el día 20 de ese mes serían demolidas sus casas, medida que se pospuso hasta el 30 de noviembre y que ahora está aplazada hasta el 30 de abril por decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que autorizó ampliar el plazo concedido a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
El Ayuntamiento de Candelaria está llevando a cabo la construcción de 70 viviendas de protección oficial y de promoción municipal en tres zonas del municipio: Amance, Playa de la Viuda y La Cardonera. De ellas, el consistorio tiene reservadas tres para los vecinos de Cho Vito que cumplan con los requisitos establecidos y que precisen ser realojados por la necesidad de demoler su casa, que ocupa suelo de dominio público marítimo-terrestre, para construir un paseo marítimo.
La población de este enclave de la costa candelariera sigue trabajando para tratar de salvar lo que queda de Cho Vito. Al tiempo, reivindica la reconstrucción del lugar. Este grupo de candelarieros mantiene su esperanza, ya que las últimas decisiones políticas adoptadas por los gobiernos central y regional en materia de Costas le ha permitido "salir del corredor de la muerte y entrar en el de las negociaciones".
http://www.eldia.es/2011-02-20/SUR/4-Costas-incumple-aun-resuelve-realojo-vecinos-Cho-Vito.htm
jueves, 17 de febrero de 2011
Carlos Fabra se reúne con diputados y senadores para pedir su apoyo a la defensa del litoral castellonense
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se ha reunido hoy con diputados nacionales y senadores provinciales de Castellón Popular para pedir su apoyo a la estrategia de la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense. Una reunión a la que estaban invitados todos los responsables políticos nacionales, también los del Partido Socialistas, quienes no han acudido al encuentro.
El presidente provincial ha detallado ante los representantes de las Cámaras los objetivos del plan de acciones diseñado para reclamar en Madrid una revisión de la Ley de Costas que evite su aplicación retroactiva y arbitraria, salvando a las viviendas afectadas por los deslindes y la degeneración de la costa. “Buscamos que el Ministerio nos escuche y atienda a razones ante una situación que perjudica a cientos de ciudadanos y no asegura la protección del medio ambiente”, ha explicado.
El apoyo de diputados y senadores es fundamental en la estrategia de lobby nacional porque necesitamos demostrar que en cuestión de Costas no hay colores ni partidos sino ciudadanos y ciudadanas afectados desde hace 23 años por una ley injusta”
.
Carlos Fabra se ha mostrado “una vez más decepcionado por la actitud de los responsables socialistas. Sus senadores y diputados estaban invitados a este encuentro no partidista, se les mandó una invitación personalizada, y no han acudido. Una vez más, demuestran ser primero socialistas y luego castellonenses. Me sorprende, especialmente, si tenemos en cuenta que su responsable a nivel provincial es el alcalde de un municipio costero como Benicàssim. A quien debería preocuparle un problema del calado que nos afecta”.
La diputación provincial ha presentado a los representantes de las Cámaras la petición oficial que se entregará esta primavera en Bruselas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, así como el informe jurídico y la página web de la plataforma (http://plataforma.dipcas.es).
Por su parte el vicepresidente segundo, Vicent Aparici, ha destacado “la petición está consensuada por las asociaciones de vecinos y los municipios afectados. Aun así seguimos recogiendo firmas para recabar el mayor apoyo posible y esperamos contar con el respaldo de los senadores y los diputados nacionales. La plataforma inaugurará en breve una exposición fotográfica itinerante que pretende acercar al público español y europeo la realidad de nuestros pueblos costeros”.
La exposición será presentada en Madrid y Valencia, además de en la capital europea y todos los municipios afectados.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/107190_carlos-fabra-reune-diputados-senadores-para-pedir-apoyo-defensa-litoral-castellonense.html
Carlos Fabra se ha mostrado “una vez más decepcionado por la actitud de los responsables socialistas. Sus senadores y diputados estaban invitados a este encuentro no partidista, se les mandó una invitación personalizada, y no han acudido. Una vez más, demuestran ser primero socialistas y luego castellonenses. Me sorprende, especialmente, si tenemos en cuenta que su responsable a nivel provincial es el alcalde de un municipio costero como Benicàssim. A quien debería preocuparle un problema del calado que nos afecta”.
La diputación provincial ha presentado a los representantes de las Cámaras la petición oficial que se entregará esta primavera en Bruselas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, así como el informe jurídico y la página web de la plataforma (http://plataforma.dipcas.es).
Por su parte el vicepresidente segundo, Vicent Aparici, ha destacado “la petición está consensuada por las asociaciones de vecinos y los municipios afectados. Aun así seguimos recogiendo firmas para recabar el mayor apoyo posible y esperamos contar con el respaldo de los senadores y los diputados nacionales. La plataforma inaugurará en breve una exposición fotográfica itinerante que pretende acercar al público español y europeo la realidad de nuestros pueblos costeros”.
La exposición será presentada en Madrid y Valencia, además de en la capital europea y todos los municipios afectados.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/107190_carlos-fabra-reune-diputados-senadores-para-pedir-apoyo-defensa-litoral-castellonense.html
Costas: negociación lastrada
El Ministerio de Medio Ambiente inició ayer en Cantabria una negociación sobre los efectos de la aplicación de la Ley de Costas en la región con la sorprendente ausencia de los principales y potenciales perjudicados por la legislación: los empresarios afectados y sus representantes, la CEOE. Cuesta pensar en las razones para esta marginación que, además, invalida cualquier acuerdo al que se haya podido llegar por la ausencia de un protagonista fundamental.
La aplicación de la Ley de Costas ha levantado una notable alarma social en Cantabria y ha provocado un frente común no habitual en el que hasta ayer habían militado juntos los sindicatos, la Cámara de Comercio y los empresarios. De esta entente habían salido las cifras que definían el problema: 1.200 empresas afectadas y varios miles de puestos de trabajo en cuestión.
En la reunión de ayer, presidida por la secretaria de Estado para el Cambio Climático, Teresa Ribera, se pusieron sobre la mesa números en principio más tranquilizadores -sólo 78 empresas involucradas-, aunque sin una explicación que ayudara a entender la disparidad de criterios. El Gobierno central y el regional, representado en esta ocasión por el PSOE, están obligados a entablar una negociación con todas las partes implicadas y a clarificar los pasos a dar para solucionar este problema.
http://www.eldiariomontanes.es/v/20110217/opinion/editorial/costas-negociacion-lastrada-20110217.html
La aplicación de la Ley de Costas ha levantado una notable alarma social en Cantabria y ha provocado un frente común no habitual en el que hasta ayer habían militado juntos los sindicatos, la Cámara de Comercio y los empresarios. De esta entente habían salido las cifras que definían el problema: 1.200 empresas afectadas y varios miles de puestos de trabajo en cuestión.
En la reunión de ayer, presidida por la secretaria de Estado para el Cambio Climático, Teresa Ribera, se pusieron sobre la mesa números en principio más tranquilizadores -sólo 78 empresas involucradas-, aunque sin una explicación que ayudara a entender la disparidad de criterios. El Gobierno central y el regional, representado en esta ocasión por el PSOE, están obligados a entablar una negociación con todas las partes implicadas y a clarificar los pasos a dar para solucionar este problema.
http://www.eldiariomontanes.es/v/20110217/opinion/editorial/costas-negociacion-lastrada-20110217.html
La legalización de los núcleos costeros no será inmediata
El Ayuntamiento y el Ministerio buscan una solución para las viviendas
El acuerdo entre Xunta y Gobierno central por el que este renuncia a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre la modificación de 2010 de la ley gallega del suelo no supondrá la legalización "automática" de los núcleos rurales costeros tradicionales de Marín, según matizó el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández. "Es necesario modificar la ley de costas como se planteó en su momento a través de la ley de vivienda de la Xunta", aclaró ayer el conselleiro.
El Gobierno renunció a presentar un recurso contra la ley de suelo gallega
La regularización de estos núcleos está próxima a resolverse, en todo caso, si prosperan las conversaciones entre el Ayuntamiento de Marín y el Ministerio de Medio Ambiente, que ultiman la fórmula para adecuar a la Ley de Costas la situación de estos asentamientos a través del plan de ordenación municipal.
El acuerdo entre administraciones, publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado, implica que el Gobierno renuncia a recurrir la ley gallega del suelo (no retira el recurso, aun sin presentar, en contra de lo que publicó ayer erróneamente este periódico). A cambio, la Xunta acepta la interpretación de Madrid respecto a tres preceptos de la ley gallega, que afectan a los usos permitidos en suelos rústicos de protección de costas, al régimen de aplicación sobre municipios con planeamientos no adaptados a la norma y a los asentamientos surgidos al margen del planeamiento.
La Xunta, según el pacto, interpreta que estas disposiciones no afectan a las servidumbres de protección del dominio público marítimo terrestre (hasta 100 metros) que establece la Ley de Costas. Se compromete a modificar una referencia relativa a las edificaciones sin licencia para que, en el mismo sentido, limite sus efectos a los terrenos que están fuera de la zona de servidumbre estatal de protección.
En el caso de los núcleos costeros de Marín -Mogor, Loira, A Teoira, Casás y Aguete- el problema surge porque, a pesar de que las casas llevan en algún caso más de un siglo en pie, la Ley de Costas considera que están en el dominio público y restringe las obras permitidas. Y ello porque antes de la aprobación de dicha norma, en 1988, no se registró en los planos que en la zona había asentamientos tradicionales.
El límite aplicable, fijado en 100 metros de distancia al mar, está establecido en 20 metros para ciertos núcleos urbanos. La mayoría de los intentos de legalizar la situación fueron en la línea de conseguir que se aplicase a estas casas de Marín la misma salvedad. Un decreto del último Gobierno de Manuel Fraga y una disposición adicional de la ley de vivienda del bipartito trataron de arreglar la situación, pero en ambos casos el Estado llevó las normas al Tribunal Constitucional, que aún no se pronunció al respecto. Así lo recuerdan tanto el presidente de la plataforma de afectados, Enrique Méndez, como el concejal de Urbanismo de Marín, Xosé María Vilaboa (BNG). Este indica que el bipartito trató de revisar de oficio el planeamiento de Marín, pero no prosperó.
Vilaboa apunta, en ese sentido, que el Ayuntamiento negocia con la Dirección General de Costas para regular los núcleos a través de una ordenanza que se incluiría en el Plan Xeral de Marín, que aún no se ha aprobado definitivamente. El edil destaca que la disposición al pacto del Ministerio de Medio Ambiente ha aumentado desde la llegada al cargo de Rosa Aguilar en sustitución de la gallega Elena Espinosa.
Al margen de la negociación, el Parlamento autónomo acordó a finales del año pasado (con los votos del PP), proponer en el Congreso una modificación de la Ley de Costas que ataje de una vez la situación irregular. PSdeG y BNG se negaron, al ver en el articulado de la propuesta una serie de preceptos que permitirían legalizar núcleos no tradicionales en municipios como Moaña, surgidos a partir de la década de los noventa con la ley ya en vigor. El PSdeG pidió ayer al PP que reununcie a esa reforma de la Ley de Costas.
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/legalizacion/nucleos/costeros/sera/inmediata/elpepuespgal/20110217elpgal_2/Tes
El acuerdo entre Xunta y Gobierno central por el que este renuncia a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre la modificación de 2010 de la ley gallega del suelo no supondrá la legalización "automática" de los núcleos rurales costeros tradicionales de Marín, según matizó el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández. "Es necesario modificar la ley de costas como se planteó en su momento a través de la ley de vivienda de la Xunta", aclaró ayer el conselleiro.
El Gobierno renunció a presentar un recurso contra la ley de suelo gallega
La regularización de estos núcleos está próxima a resolverse, en todo caso, si prosperan las conversaciones entre el Ayuntamiento de Marín y el Ministerio de Medio Ambiente, que ultiman la fórmula para adecuar a la Ley de Costas la situación de estos asentamientos a través del plan de ordenación municipal.
El acuerdo entre administraciones, publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado, implica que el Gobierno renuncia a recurrir la ley gallega del suelo (no retira el recurso, aun sin presentar, en contra de lo que publicó ayer erróneamente este periódico). A cambio, la Xunta acepta la interpretación de Madrid respecto a tres preceptos de la ley gallega, que afectan a los usos permitidos en suelos rústicos de protección de costas, al régimen de aplicación sobre municipios con planeamientos no adaptados a la norma y a los asentamientos surgidos al margen del planeamiento.
La Xunta, según el pacto, interpreta que estas disposiciones no afectan a las servidumbres de protección del dominio público marítimo terrestre (hasta 100 metros) que establece la Ley de Costas. Se compromete a modificar una referencia relativa a las edificaciones sin licencia para que, en el mismo sentido, limite sus efectos a los terrenos que están fuera de la zona de servidumbre estatal de protección.
En el caso de los núcleos costeros de Marín -Mogor, Loira, A Teoira, Casás y Aguete- el problema surge porque, a pesar de que las casas llevan en algún caso más de un siglo en pie, la Ley de Costas considera que están en el dominio público y restringe las obras permitidas. Y ello porque antes de la aprobación de dicha norma, en 1988, no se registró en los planos que en la zona había asentamientos tradicionales.
El límite aplicable, fijado en 100 metros de distancia al mar, está establecido en 20 metros para ciertos núcleos urbanos. La mayoría de los intentos de legalizar la situación fueron en la línea de conseguir que se aplicase a estas casas de Marín la misma salvedad. Un decreto del último Gobierno de Manuel Fraga y una disposición adicional de la ley de vivienda del bipartito trataron de arreglar la situación, pero en ambos casos el Estado llevó las normas al Tribunal Constitucional, que aún no se pronunció al respecto. Así lo recuerdan tanto el presidente de la plataforma de afectados, Enrique Méndez, como el concejal de Urbanismo de Marín, Xosé María Vilaboa (BNG). Este indica que el bipartito trató de revisar de oficio el planeamiento de Marín, pero no prosperó.
Vilaboa apunta, en ese sentido, que el Ayuntamiento negocia con la Dirección General de Costas para regular los núcleos a través de una ordenanza que se incluiría en el Plan Xeral de Marín, que aún no se ha aprobado definitivamente. El edil destaca que la disposición al pacto del Ministerio de Medio Ambiente ha aumentado desde la llegada al cargo de Rosa Aguilar en sustitución de la gallega Elena Espinosa.
Al margen de la negociación, el Parlamento autónomo acordó a finales del año pasado (con los votos del PP), proponer en el Congreso una modificación de la Ley de Costas que ataje de una vez la situación irregular. PSdeG y BNG se negaron, al ver en el articulado de la propuesta una serie de preceptos que permitirían legalizar núcleos no tradicionales en municipios como Moaña, surgidos a partir de la década de los noventa con la ley ya en vigor. El PSdeG pidió ayer al PP que reununcie a esa reforma de la Ley de Costas.
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/legalizacion/nucleos/costeros/sera/inmediata/elpepuespgal/20110217elpgal_2/Tes
miércoles, 16 de febrero de 2011
Costas pacta con la Xunta y retira el recurso contra la ley del suelo gallega
El acuerdo da vía libre a la legalización de los núcleos costeros de Marín
El largo contencioso del Ministerio de Medio Ambiente con la Xunta de Galicia por la gestión del litoral toca a su fin. La Vicepresidencia de Política Territorial ha anunciado que retira el recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica de febrero de 2010 que buscaba legalizar viviendas construidas antes de la Ley de Costas en núcleos rurales de Marín (Pontevedra), entre otras. Y lo ha hecho pese a que, inicialmente, la Dirección General de Costas consideró, bajo el mandato de la gallega Elena Espinosa, que la ley invadía competencias exclusivas del Estado.
Medio Ambiente da por bueno el plan de ordenación del litoral gallego
Desde la llegada de Rosa Aguilar al frente de Medio Ambiente, y de Pedro Antonio Ríos a la Dirección General de Costas, el ministerio ha emprendido lo que define como "una política de concertación". Pactos con las autonomías de todo color para sofocar los incendios que causados por la Ley de Costas. Primero fue Andalucía, que asumirá competencias en el litoral conforme a su Estatuto. Después Canarias y Valencia, que tendrán una comisión mixta para estudiar los deslindes y la aplicación de la norma en temas como los chiringuitos. Ahora llega el turno a Galicia con la retirada del recurso.El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el anuncio de la retirada del recurso al considerar "solventadas" las diferencias entre el Gobierno y la Xunta sobre la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. La ley gallega establece que los núcleos rurales que no tuvieran plan urbanístico en 1988 (cuando entró en vigor la Ley de Costas) no estarían sometidos a la normativa estatal, sino a la autonómica, que permite mantener casas de dos plantas.
Hasta ahora, Costas interpretaba que la ley permitía a la comunidad establecer en 20 ó 100 metros la extensión de la franja de servidumbre de protección. Ahora, ambas administraciones han decidido que el texto "no modifica la delimitación, la extensión ni el regimen regulador de la franja de terrenos colindantes con el dominio público marítimo terrestre".
Además, la Xunta se compromete a tramitar otra ley para dejar claro que el sistema de legalización previsto en la ley para las viviendas sin licencia construidas anets de 2003 no se aplicará a la servidumbre de Costas. Nada dice el acuerdo de qué ocurrirá si no se reforma la ley. El director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, explicó ayer en su despacho que se da por satisfecho con el plan estratégico de ordenación del litoral y la propuesta de ordenación del litoral de la Xunta.
Sobre la legalización de los núcleos conflictivos en Marín, Ríos afirmó: "No se podrá incrementar el volumen, pero sí mejorar la casa. Y lo que era un solar tendrá que seguir siéndolo". "Hemos aplicado una gestión concertada de la ley", señaló. Ríos explicó que ha pedido a los alcaldes afectados que adapten las normas subsidiarias de los municipios para contemplar los núcleos existentes, pero con la condición de que "nunca" se amplíe, algo que "solo podrá ocurrir si se reforma la Ley de Costas".
La renuncia al recurso es un síntoma de un cambio de mayor calado. Ríos afirmó que la cesión de competencias a las autonomías "no se puede universalizar", pero a la vez aseguró que "la realidad competencial no se puede sostener". "Tenemos tres comunidades con competencias [Cataluña, Andalucía y Baleares] y otras tres que lo reclaman insistentemente [Galicia, Canarias y Valencia]. No podemos ir al café para todos, pero sí a la codecisión en la que no desaparece el Estado. La gestión, cuanto más cerca, mejor", concluyó el director general.Las palabras contrastan con la tradición de un departamento, el de Costas, de larga tradición centralista, de ingenieros que han gestionado el dominio público marítimo terrestre, la primera línea de playa. Estos a menudo recelan de las comunidades por considerarlas demasiado complacientes.
Pilar Marcos, representante de Greenpeace, pone como ejemplo el deslinde de Doñana, en el que Espinosa no cedió a la oposición de la Junta andaluza, del PSOE, y expropió todo el sistema dunar. La Junta anunció que recurriría el deslinde pero, finalmente, no ha hecho falta. Tras la llegada de Aguilar, la Administración autonómica gestionará el litoral, como establece el Estatuto de autonomía, y negociará el último deslinde de Doñana, el más conflictivo.
El largo contencioso del Ministerio de Medio Ambiente con la Xunta de Galicia por la gestión del litoral toca a su fin. La Vicepresidencia de Política Territorial ha anunciado que retira el recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica de febrero de 2010 que buscaba legalizar viviendas construidas antes de la Ley de Costas en núcleos rurales de Marín (Pontevedra), entre otras. Y lo ha hecho pese a que, inicialmente, la Dirección General de Costas consideró, bajo el mandato de la gallega Elena Espinosa, que la ley invadía competencias exclusivas del Estado.
Medio Ambiente da por bueno el plan de ordenación del litoral gallego
Desde la llegada de Rosa Aguilar al frente de Medio Ambiente, y de Pedro Antonio Ríos a la Dirección General de Costas, el ministerio ha emprendido lo que define como "una política de concertación". Pactos con las autonomías de todo color para sofocar los incendios que causados por la Ley de Costas. Primero fue Andalucía, que asumirá competencias en el litoral conforme a su Estatuto. Después Canarias y Valencia, que tendrán una comisión mixta para estudiar los deslindes y la aplicación de la norma en temas como los chiringuitos. Ahora llega el turno a Galicia con la retirada del recurso.El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el anuncio de la retirada del recurso al considerar "solventadas" las diferencias entre el Gobierno y la Xunta sobre la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. La ley gallega establece que los núcleos rurales que no tuvieran plan urbanístico en 1988 (cuando entró en vigor la Ley de Costas) no estarían sometidos a la normativa estatal, sino a la autonómica, que permite mantener casas de dos plantas.
Hasta ahora, Costas interpretaba que la ley permitía a la comunidad establecer en 20 ó 100 metros la extensión de la franja de servidumbre de protección. Ahora, ambas administraciones han decidido que el texto "no modifica la delimitación, la extensión ni el regimen regulador de la franja de terrenos colindantes con el dominio público marítimo terrestre".
Además, la Xunta se compromete a tramitar otra ley para dejar claro que el sistema de legalización previsto en la ley para las viviendas sin licencia construidas anets de 2003 no se aplicará a la servidumbre de Costas. Nada dice el acuerdo de qué ocurrirá si no se reforma la ley. El director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, explicó ayer en su despacho que se da por satisfecho con el plan estratégico de ordenación del litoral y la propuesta de ordenación del litoral de la Xunta.
Sobre la legalización de los núcleos conflictivos en Marín, Ríos afirmó: "No se podrá incrementar el volumen, pero sí mejorar la casa. Y lo que era un solar tendrá que seguir siéndolo". "Hemos aplicado una gestión concertada de la ley", señaló. Ríos explicó que ha pedido a los alcaldes afectados que adapten las normas subsidiarias de los municipios para contemplar los núcleos existentes, pero con la condición de que "nunca" se amplíe, algo que "solo podrá ocurrir si se reforma la Ley de Costas".
La renuncia al recurso es un síntoma de un cambio de mayor calado. Ríos afirmó que la cesión de competencias a las autonomías "no se puede universalizar", pero a la vez aseguró que "la realidad competencial no se puede sostener". "Tenemos tres comunidades con competencias [Cataluña, Andalucía y Baleares] y otras tres que lo reclaman insistentemente [Galicia, Canarias y Valencia]. No podemos ir al café para todos, pero sí a la codecisión en la que no desaparece el Estado. La gestión, cuanto más cerca, mejor", concluyó el director general.Las palabras contrastan con la tradición de un departamento, el de Costas, de larga tradición centralista, de ingenieros que han gestionado el dominio público marítimo terrestre, la primera línea de playa. Estos a menudo recelan de las comunidades por considerarlas demasiado complacientes.
Pilar Marcos, representante de Greenpeace, pone como ejemplo el deslinde de Doñana, en el que Espinosa no cedió a la oposición de la Junta andaluza, del PSOE, y expropió todo el sistema dunar. La Junta anunció que recurriría el deslinde pero, finalmente, no ha hecho falta. Tras la llegada de Aguilar, la Administración autonómica gestionará el litoral, como establece el Estatuto de autonomía, y negociará el último deslinde de Doñana, el más conflictivo.
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