Centenares de edificios ilegales esperan su derribo

Centenares de edificios ilegales esperan en España a ser derribados por infringir la ley de Costas, de edificabilidad y urbanismo, sin embargo las órdenes judiciales tardan años en ejecutarse, y muchos de ellos continúan en pie.
Uno de los ejemplos más representativos el hotel de la playa del Agarrobico, construido en primera línea de playa en el cabo de Gata, en Almería y que infringe la ley de costas. A pesar de que tiene 22 judiciales abiertos, que 16 de ellos se han fallado y que su derribo es un compromiso del Ministerio de Medio Ambiente, aún sigue en pie.
Ejemplos como el del Algarrobico se encuentran en toda la geografía española, en Benidorm, un edificio de 20 pisos sigue en pie a pesar de estar condenado al derribo, y sólo en la comunidad de Cantabria hay 700 sentencias de derribo, aún sin ejecutar. Otro ejemplo emblemático es el edificio Conde de Fenosa de A Coruña, que lleva diez años en pie después de ser condenado. Medio Ambiente asegura que el proceso de derribo es lento, pero que al final las sentencias se cumples, y recuerda, que desde que se aprobó la ley de costas se han tirado 5.000 edificios. Esta situación responde a la práctica que se ha llevado a cabo en los últimos años en España, donde construir sin licencia se ha convertido en algo casi común, que se da incluso al erigir grandes obras como la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona que sigue sin tener licencia, cien años después de su construcción.

http://www.abc.es/videos-espana/20110630/centenares-edificios-ilegales-esperan-1031362477001.html

Los vertidos de aguas residuales y las urbanizaciones ensucian la costa española

Las ciudades costeras españolas no depuran bien las aguas residuales, especialmente en verano, cuando la llegada masiva de turistas colapsa los sistemas existentes. Esta es sólo una de las grandes problemáticas que Ecologistas en Accción ha detectado en el litoral español.
Su informe Banderas Negras 2011, recién presentado, dibuja un triste retrato de las costas españolas, cuya situación ambiental es insostenible en muchos aspectos.
Según explica la organización ecologista, su informe un análisis de las causas de la degradación de las costas españolas y de los principales lugares de esa degradación. "La destrucción de las costas españolas tiene como referencias esenciales la colmatación urbanística, los vertidos orgánicos e industriales, las obras en costas y regeneraciones de playas, así como la desplanificación en torno a los puertos de interés general", asegura la organización en un comunicado.
Según la organización ecologista "las comunidades autónomas de la costa se saltan sistemáticamente la Directiva Marco de Aguas, ya que ninguna depura y reutiliza sus aguas como la ley contempla". Hay que tener en cuenta que este mismo mes de junio la Unión Europea ha llamado la atención a España por diversos incumplimientos del Estado en materia de política de aguas. La Comisión Europea va a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por infringir dos normas comunitarias sobre la calidad y la gestión del agua, una sobre la depuración de aguas residuales de las ciudades y, otra, sobre los planes de gestión de las cuencas hidrográficas.
Respecto a los vertidos de aguas residuales, Ecologistas en Acción recuerda que la Comisión Europea ya amonestó a España porque 38 áreas urbanas de más de 15.000 habitantes vierten aguas residuales de forma incontrolada. Los ecologistas ponen como ejemplo paradigmático de esto a los vertidos de la conocida como "cascada de la mierda", en la sierra valencianad de Gelada, al norte de Benidorm, donde el agua mal depurada cae el mar desde un acantilado formando una catarata claramente visible.

Boom inmobiliario y otros problemas
Además de las aguas residuales, muchos otros problemas ambientales afectan al litoral. Según Ecologistas en Acción, el boom inmobiliario que se ha desarrollado en España ha sido otro factor primordial para la degradación de los recursos naturales marinos y de la calidad del suelo, propiciando grandes complejos urbanísticos. Destacan las banderas negras otorgadas a las costas de Marbella y Fuengirola como los casos de mayor degradación por urbanismo en el litoral.
Ecologistas en Acción también denuncia en su informe casos de gran relevancia ambiental relacionados con el traspaso de petróleo de barco a barco en el mar y los vertidos industriales. A este respecto, la organización critica las carencias de la ley de responsabilidad ambiental que "dejan a la ciudadanía absolutamente indefensa ante vertidos como el ocasionado por Repsol en la costa de Tarragona. Como punto negro destacado, la ong señala la Bandera Negra concedida a la ría de Huelva como el lugar más contaminado industrialmente.
Otra mirada crítica se ha merecido, a juicio de los ecologistas, la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, debido a una "total falta de sensibilidad ambiental y a su incapacidad para tener una planificación estratégica, lo que le ha hecho incurrir en inversiones de alicatado de la costa por un valor de más de 170 millones", recuerda Jorge Sáez, responsable del Área Marina de Ecologistas en Acción en el comunicado hecho público por la organización ambiental.
"La mayor parte de su presupuesto ha servido para hacer obras y más obras, tales como paseos marítimos, rellenos y regeneraciones artificiales de playas. Por ello, este organismo se merece ser rebautizado como Dirección General de obras y cimentaciones en la costa", afirma Sáez. Un ejemplo de lo anterior sería la Bandera Negra otorgada a la playa de la Barceloneta como el lugar más transformado y consumidor de dinero público de toda la costa, 60 millones de euros en los últimos cinco años, afirman los ecologistas.
Ecologistas en Acción también denuncia la proliferación de Puertos del Estado por toda la costa. Estos puertos no cuentan con una justificación económica y ambiental y podrían suponer el mayor impacto de la costa española, en el siglo XXI. Los puertos planificados son: Granadilla (Tenerife), Melilla, El Gorguel (Murcia), Ibiza (Baleares), Vigo, A Coruña, El Musel (Asturias), Pasajes (Euskadi), Sagunto y Valencia (País Valenciá).
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/28/natura/1309264942.ht

Los escándalos que maltratan el litoral

El frenazo de la fiebre del ladrillo no evita que la costa española se siga degradando con obras y vertidos
JAVIER SALAS MADRID 29/06/2011 08:20

La fiebre del ladrillo que inundó todo el litoral español se ha frenado en seco por culpa de la crisis financiera, pero la degradación de las costas no se ha parado por ello. Ahora son otros los males que dañan playas y bahías, aunque las causas sigan estando en muchos casos en una mala gestión de aquel desarrollo insostenible. Depuradoras deficientes que no estaban preparadas para el volumen de agua que deben tratar en los meses de verano, cuando acuden los turistas. Obras que perpetúan el modelo de sol y playa y que desarrollan construcciones en el litoral sin observar la Ley de Costas. Vertidos descontrolados de aguas fecales o residuales de industrias costeras. Son las conclusiones del informe anual Banderas negras sobre la degradación de la costa de la organización Ecologistas en Acción, que este año tiene como subtítulo Esto es una barbaridad, y del que se pueden extraer seis graves casos, de los más de 70 que describe el informe, y que valen como ejemplo de lo que está sucediendo en los márgenes marítimos de España.
01. Muskiz (Vizcaya): Ejemplo de degradación

La localidad vizcaína de Muskiz concentra en su entorno varias de las agresiones al litoral más comunes en España. Para empezar, la refinería de Petronor lleva tres décadas creciendo en el estuario del río Barbadún. Un crecimiento que, lejos de frenarse, se relanzó en 2009 con la construcción de una planta altamente contaminante dedicada al tratamiento de productos derivados del petróleo. Además, a finales de este año se pondrá en funcionamiento una central de ciclo combinado que dará abastecimiento energético a la planta de Petronor. Según denuncia Ecologistas en su informe, estas nuevas instalaciones incrementarán los vertidos de aguas residuales, que hace años sufría el río Barbadún y que ahora se derivarán directamente al mar.
También en Muskiz lleva varios años en marcha el desarrollo de una urbanización de lujo de 64 pisos y 60 chalets junto a la playa de La Arena, a pesar de haberse topado con resoluciones judiciales (incluido el Tribunal Supremo) y políticas en contra. Por si todo esto fuera poco, en el contexto vizcaíno de Santurtzi, Zierbena y Muskiz se sigue extrayendo fondos marinos para la ampliación del puerto de Bilbao, casi cinco millones de metros cúbicos de arena cuyo impacto se notará en la desaparición de flora y fauna marina de la zona.

02. La barceloneta: El problema de realimentar la playa

El informe critica la situación global de las playas barcelonesas, en cuya regeneración se han gastado 70 millones de euros en la última década, 11 de ellos tras fuertes temporales que no habrían sido tan dañinos con una gestión apropiada del entorno. En La Barceloneta, uno de los lugares más turísticos de la capital catalana, se han utilizado más de medio millón de metros cúbicos de arena "para abastecer a terrenos privatizados", como denunció ayer el coordinador de Costas de Ecologistas en Acción, Jorge Sáez, durante la presentación del informe en Madrid.
A esta situación se suma la colocación de numerosos diques y espigones sumergidos y elevados que pretenden consolidar sus arenas y así evitar que se tengan que reponer periódicamente por culpa de la alteración de la línea de costas. Sin embargo, este proyecto que carece de declaración de impacto ambiental provocará un grave problema de circulación del agua que obstaculizará el equilibrio costero.
Un total de 170 millones de euros, más del 60% del presupuesto de la Dirección General de la Costa y el Mar, se dedicó el año pasado a cimentar la costa con paseos marítimos y regeneraciones de playas.

03. Piélagos: Urbanizaciones ilegales junto al Cantábrico

El municipio cántabro de Piélagos tiene sobre la mesa cuatro sentencias por cumplir, que afectan a otras tantas urbanizaciones levantadas junto a la costa de forma ilegal. Según exigen las resoluciones judiciales del TSJ cántabro, el Consistorio debería derribar las 67 casas que se edificaron en medio de servidumbres de paso después de que el alcalde calificara el suelo como urbano sin que este cumpliera las condiciones necesarias.
Las viviendas no sólo rompen una línea del litoral con alto valor paisajístico, sino que comienzan a convertirse en un problema de contaminación por los vertidos de aguas fecales sin depurar. Aunque algunos de los derribos comenzaron a ejecutarse, el Gobierno de Cantabria aprobó un Plan de Ordenación del Litoral para "dar cobertura legal a las urbanizaciones y entorpecer la ejecución de las sentencias", según el documento. En total, este cambio legislativo podría suponer que se sortee el derribo de más de 500 edificaciones.
Estas condiciones de desarrollo urbanístico en la costa cantábrica también se dan en Asturias y Galicia. Ecologistas en Acción denuncia que tras el vertido del Prestige se han concedido más de un millar de licencias para nuevas viviendas en Fisterra (en la Costa da Morte) de las que muchas serían ilegales, según denuncia el informe. El Gobierno asturiano, por su parte, ha aprobado un Plan de Ordenación del Litoral que, aunque protege los primeros 500 metros de costa, facilita administrativamente el acceso a la costa de los promotores inmobiliarios. "Con aparcamientos y zonas de ocio abren el camino al desarrollo urbanístico", denuncia Sáez.
04. Huelva: Ladrillos hasta el mar

Durante el último año, la costa onubense ha recibido la buena noticia de la paralización de los vertidos de fosfoyesos de Fertiberia, que ha estado castigando durante 31 la marisma con estos productos tóxicos y radiactivos. Sin embargo, el litoral de Huelva sigue sufriendo. Los ecologistas denuncian que desde hace décadas los intereses inmobiliaros dominan el enclave de dunas y marismas que rodean Isla Canela (en Ayamonte), donde, a pesar de varios cambios en el planeamiento urbanístico desde 1993, "buena parte de la primera línea de playa y las dunas costeras han desaparecido bajo los bloques de urbanizaciones", asegura el trabajo. La ONG denuncia que la voracidad del ladrillo acabó por completo con una playa natural y con los bosques de retamas de Isla Canela.
"El urbanismo está dormido, pero no muerto", advierte la coordinadora de Costas de Ecologistas, Natalia Martín, quien recuerda que la "artificialización" del suelo creció entre 2000 y 2006 a un ritmo de 3,37 hectáreas por hora según el último informe del Observatorio de Sostenibilidad, lo que duplica ampliamente la tasa de 1987-2000. En cualquier caso, los ecologistas reconocen que las banderas negras en el apartado urbanístico han caído considerablemente en comparación con años previos.
05. Ceuta y Melilla: Puertos y depuradoras

Las ciudades autónomas funcionan como un escenario peculiar en el que se concentran muchas de las tropelías que se denuncian en el informe, en muchos casos justificados por "motivos de seguridad nacional". A Ceuta, el informe considera que debe otorgarle "una gran bandera negra conjunta a todo su litoral", ya que cinco de sus playas están sometidas a la salida continua de aguas fecales.
En Melilla, la desalinizadora vierte salmuera directamente sobre los acantilados de Aguadú, a pocos metros del LIC marítimo terrestre, poniendo en peligro a numerosas especies de moluscos de interés. En esta ciudad se pretende ampliar el puerto comercial en más de 50 hectáreas, lo que sepultaría una de las principales colonias de lapas del Mediterráneo, más de 15.000 ejemplares.
Los ecologistas denuncian que en España no hay un plan global para el desarrollo portuario, sino que estos compiten entre sí, y critican que la propia Dirección General de Puertos "carece por completo" de una visión de conjunto de las necesidades españolas de estas infraestructuras.
06. Benicàssim: La costa de los vertidos

El caso de Benicàssim (Castellón) es similar al de La Barceloneta, ya que su costa se halla defendida por un entramado de espigones que protegen unos edificios que "no aportan nada a la economía local sostenible y, sin embargo, consumen enormes cantidades de dinero público", según denuncia el informe.
Por si fuera poco, en la localidad castellonense se están realizando unos vertidos residuales ilegales que la organización llevará a los tribunales, según anunció ayer. Precisamente, el apartado de los vertidos es uno de los factores para la adjudicación de banderas negras que más ha subido este año, "casi un 10%", según Sáez. El paradigma del vertido residual es la famosa "cascada de la Merda" en Benidorm, que vierte 37.000 m3 de agua al día al Parque Natural de Sierra Helada.
Las cinco grandes ‘manchas' medioambientales que pesan sobre la costa española
Las aguas residuales no se tratan como deberían

Ecologistas en Acción denuncia que en ninguna comunidad se depura ni reutiliza el agua como debería. Esto motivó que el Tribunal de Luxemburgo haya multado a España por el vertido de las aguas residuales de 38 áreas urbanas de más de 15.000 habitantes sin el debido tratamiento. La ONG asegura que bastaría con cumplir la Directiva Marco de Aguas, aunque hay un déficit generalizado de infraestructuras.
Municipios afectados. Vigo, Urdaibai (Vizcaya), Deba (Guipúzcoa), Salou (Tarragona), Pineda y Malgrat de Mar (Barcelona), Valencia, Almería, Estepona y Santa Cruz de Tenerife.
La presión urbanística ahoga el suelo

En España el suelo no se gestiona según las necesidades de la población, sino por el interés del inversor. Esto se traduce en una "situación de degradación" de la costa que, según los ecologistas, exige que los mínimos que establece la Ley de Costas se cumplan sin excepciones. Sin embargo, el informe pone de manifiesto que partidos como el PP y CiU han promovido dichas excepciones.
Municipios afectados. Fisterra (A Coruña), Cudillero (Asturias), Piélagos (Cantabria), Muskiz (Vizcaya), Barcelona, Altea (Alicante), Marbella, Mojácar y Novo Sancti Petri (Cádiz).
La contaminación de las industrias continúa
A veces, las leyes no bastan para evitar abusos. Así, Ecologistas en Acción pide una reforma de la Ley de Responsabilidad Ambiental, que reconoce como un "avance importante". La organización sostiene que un desastre como el hundimiento de la plataforma ‘Deepwater Horizon' quedaría sin castigar en España, y aboga por cambios que fomenten la responsabilidad de las empresas.
Municipios afectados. Marín (Pontevedra), Armental y Tapia de Casariego (Asturias), Suances (Cantabria), Barcelona, Algeciras, Huelva y Pájara (Fuerteventura), entre otros.
Una planificación de puertos descuidada
La construcción de nuevos puertos en España no se planifica en función de las necesidades. De hecho, los ecologistas denuncian que no se planifica en absoluto. Aún así, los puertos de interés general proliferan, lo que, según el informe, responde a una apuesta por las energías fósiles y a una estrategia para amparar la economía de las grandes empresas constructoras.
Municipios afectados. Mugardos, Gijón (Asturias), Pasajes (Guipúzcoa), Granadilla (Tenerife), A Coruña, Vigo, Tarifa, Cartagena, Melilla, Sagunto, Valencia e Ibiza.
Las obras en las costas deben detenerse
La organización ecologista pide acabar con el contrasentido de una situación común en España: que el Ministerio de Medio Ambiente financie obras de gran impacto ambiental, como paseos marítimos y diques, para tener posteriormente que autorizar y financiar proyectos de regeneración de playas, que no se mantienen por esas mismas obras. Para ello, piden desbloquear la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, aprobada en la anterior legislatura.
Municipios afectados. Granada, Ayamonte (Huelva), La Línea de la Concepción (Cádiz), Carboneras, Fuengirola, Tavernes y Piles (Valencia), Barcelona, Santurtzi y A Coruña, entre otros.
http://www.publico.es/ciencias/384443/los-escandalos-que-maltratan-el-litoral

DESPUES DE TODO ESTO, TENEMOS QUE SABER, QUE DERRIBOS, LOS DE CHO VITO, EN TENERIFE, Y EL PUIG EN EL LEVANTE ESPAÑOL. EL RESTO SIGUE EN PIE. SE SIGUE CONSTRUYENDO, ESO SI, CON LA LEGALIDAD DE COSTAS. LA DIRECCION GENERAL DE COSTAS, ES LA PRINCIPAL EMPRESA ESPECULADORA DEL LITORAL, EXPROPIA Y CONFISCA, REALIZA PASEOS Y PLAYAS ARTIFICIALES,MUY COSTOSAS, TANTO EN SU REALIZACIÓN COMO EN SU MANTENIMIENTO, Y LUEGO EL TERRENO LIBRE SE CONSTRUYE DE NUEVO.

El Supremo no admite un recurso del abogado del Estado a favor del deslinde de Cabo de Gata

Confirma la sentencia que daba la razón a una familia que denunció el deslinde realizado por la Dirección General de Costas

El Tribunal Supremo ha declarado inadmisible el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado contra la sentencia que daba la razón a la familia González Cique en su contencioso contra la Dirección General de Costas sobre el deslinde de bienes de dominio público efectuado entre San Miguel de Cabo de Gata, y el límite entre Almería y Níjar.
El auto al que ha tenido acceso Noticias de Almería, al tratarse de una decisión del Supremo, sienta jurisprudencia, y podría ser argumentada por otras personas físicas o jurídicas que demanden a Costas en los deslindes que viene realizando en toda la provincia.
El procedimiento, ganado desde instancias anteriores por el letrado Vicente Fernández Capel, denunciaba la orden de 23 de mayo de 2008, del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se aprobaba el mencionado deslinde, pero fue recurrida en casación por la Abogacía del Estado ante la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha no lo ha admitido.
El auto del Supremo viene a confirmar casi punto por punto el escrito de Fernández Capel pidiendo su no aceptación, y detalla por ejemplo que el letrado del Estado no hace “mención alguna a las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que se pretendían denunciar y desarrollar en el escrito de interposición, aunque fuere sucintamente”.
Los argumentos sostenidos frente al Supremo por el abogado de la familia propietaria de unas fincas en la zona de deslinde, son similares a los mantenidos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial donde también ganó, y apuntaban a “la nulidad de pleno derecho del acto; existencia de fraude de Ley en las actuaciones iniciadas, y falta de justificación, tanto jurídica como técnica del nuevo deslinde”.
Otros extremos apuntados por Fernández Capel se referían a que “La Resolución que ordena la incoación del Expediente de Deslinde, incide en vicio de nulidad de pleno derecho, por falta de motivación adecuada de la misma.” por lo que “Esta falta de motivación de la Propuesta aprobada respecto a la determinación del D.P.M.T. en este tramo de costa conculca igualmente el principio general de seguridad jurídica proclamado por la Constitución Española en su art. 9.3”.
Otro detalle importante en el escrito de Fernández Capel en aquel momento ante la Audiencia Provincial es que recuerda que “El deslinde que aprueba la Orden Ministerial objeto del Recurso no respeta el contenido y delimitaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Almería. Esta circunstancia que está íntimamente ligada a la improcedente consideración en el deslinde de las Salinas de Cabo de Gata como bien de dominio público marítimo terrestre y la inclusión de una servidumbre de protección alrededor de su perímetro, supone una flagrante contradicción con la actuación de la Administración Estatal llevada a cabo durante la tramitación de la revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, en la que la Dirección General de Costas informó favorablemente, no puso objeción alguna en lo que respecta a ese lugar y no recurrió la aprobación definitiva del Plan General, consintiendo que adquiriese firmeza".
En ese sentido añadía que "Entonces la Dirección General de Costas no consideraba bien de dominio público las Salinas de Cabo de Gata y emitió al Ayuntamiento de Almería un escrito de fecha 11 de febrero de 1998 con registro de salida 735, en el que se informaba favorablemente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que acabó así siendo aprobado con el beneplácito de la Administración de Costas.Pero es que, además, como consta dicho en los escritos de alegaciones obrantes en el expediente el propio Servicio Provincial de Costa emitió informe favorable a la terminación de los edificios en construcción para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, junto a un plano del dicho Servicio Provincial, en donde se reflejaba la delimitación del suelo conforme al vigente PGOU. Así las cosas, la Administración no puede ahora realizar y aprobar un nuevo deslinde que contradice clarísimamente sus propios actos en vulneración del principio de seguridad jurídica.En tal punto procede anular el deslinde efectuado en el sentido de no incluir las Salinas de Cabo de Gata como bien de dominio público marítimo terrestre y, en todo caso, eliminar la zona de servidumbre de protección que se interesa”.
http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/57468/SUCESOS/supremo-admite-recurso-abogado-estado-favor-deslinde-cabo-gata.html

Audiencia admite 4 recursos contra la Ley de Costas de vecinos Empuriabrava

Según informan los vecinos constituidos en la asociación APROEM, su objetivo es que se deje de considerar público todo el perímetro de canales navegables con los que cuenta la zona para evitar la pérdida de los amarres con los que cuentas muchas viviendas.
APROEM defiende que los propietarios adquirieron esas fincas con los amarres y que la actitud ministerial de eximir a las casas de la servidumbre de tránsito que recoge la Ley de Costas resulta insuficiente. EFE 1011114
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=858380

La Audiencia Nacional se reafirma en la legalidad del deslinde de Las Teresitas

El tribunal no admite un recurso de la Asociación de Amigos de la Playa y su Litoral contra la Orden del Ministerio de Medio Ambiente

En una sentencia del 19 de mayo, la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional «confirma» la Orden del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, fechada el 12 de febrero de 2009, que determinó el deslinde de los 1.537 metros de longitud de la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife. La decisión del tribunal responde a un recurso que la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas y su Litoral presentó contra la susodicha Orden. En ese recurso contencioso-administrativo, la plataforma vecinal pedía además que se declarase como «no ajustado a derecho» el conocido como «mamotreto», esto es, el edificio que debía servir de lugar de estacionamiento y locales comerciales. La asociación entiende, y así lo explicó en su argumentación, que el «mamotreto» «afecta a la línea de deslinde» y «no respeta la zona de influencia conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Ley de Costas». De modo que su requerimiento era que se ordenase «la práctica de un nuevo deslinde y la demolición del edificio denominado “mamotreto” en la parte que se encuentra incluida en la delimitación de la zona marítimo-terrestre».
En su explicación, los Amigos de la Playa de Las Teresitas advierten de que «la Orden aprobatoria del deslinde considera que el vértice 336 se ha colocado en el interior del campo de fútbol que existía en la zona». Asimismo «insiste y acredita con multitud de fotografías y testimonios que el referido campo de fútbol se inundaba con las mareas», como puede leerse en la sentencia de la Audiencia Nacional, que también consigna cómo la plataforma «realiza alegaciones detalladas sobre la construcción de un edificio comercial y de aparcamiento en donde antes se situaba el campo de fútbol y sobre cómo la construcción de dicho edificio es contraria a la legislación urbanística de Canarias, además de haber recibido una muy amplia respuesta popular en sentido negativo».
Sea como fuere, los magistrados ni siquiera llegaron a estudiar el fondo de la cuestión, habida cuenta de que una de las partes del proceso —el Cabildo Insular de Tenerife— solicitó la inadmisión del recurso al amparo del artículo 69.b de la Ley 29/98. Y es que, según detalla la sentencia, «se ha aportado la justificación documental del otorgamiento del poder —poder para pleitear que otorgó la presidenta de la comisión gestora de la plataforma—, pero nada se ha aportado en relación a que la asociación recurrente haya decidido la interposición del presente recurso y ni siquiera de que la presidenta estuviera autorizada para decidir la interposición de recursos contencioso-administrativos». Así las cosas, la Audiencia Nacional declaró la inadmisión del recurso sobre la base del artículo 69.b) de la Ley 29/98, «al no figurar en la documentación que se acompaña al escrito de interposición el acuerdo del órgano competente de la entidad recurrente para interponer el presente recurso ni haberse subsanado tal omisión a lo largo del procedimiento».
En el fallo la Audiencia Nacional declara la «inadmisibilidad» del recurso y «confirma» la Orden del Ministerio, lo que ya hiciera en otra resolución de fecha 17 de diciembre de 2010 promovida a raíz de un recurso de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, que impugnó la decisión del Gobierno. De hecho en la última sentencia los magistrados recuerdan que la sala de lo Contencioso «ya se ha pronunciado sobre esta misma Orden aprobatoria del deslinde en la sentencia correspondiente al recurso 333/2009, en el que se desestimaron las pretensiones de la parte recurrente por no haberse acreditado la infracción del ordenamiento por la organización allí recurrente», es decir, por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. En aquella ocasión, la misma sala del tribunal acordó desestimar el recurso por ser la Orden Ministerial «conforme a derecho», en lo que ahora se reafirma.
Cabe recordar que la playa de Las Teresitas es objeto judicial por dos vías, la contencioso-administrativa y la penal, que ha dado lugar al llamado «caso Las Teresitas». El último capítulo lo escribió el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que ha dictaminado la validez del acuerdo plenario que el 18 de septiembre de 2009 adoptó el derribo del «mamotreto» y que ya es firme. En la vía administrativa, el caballo de batalla está precisamente en el discutido deslinde del Ministerio de Medio Ambiente
http://www.abc.es/20110623/comunidad-canarias/abcp-audiencia-nacional-reafirma-legalidad-20110623.html

Los vecinos de La Punta se rebelan contra la urbanización de la costa

Anuncian que lucharán contra el paseo marítimo y los aparcamientos proyectados por el Ministerio de Medio Ambiente
LA LAGUNA

Los vecinos de Punta del Hidalgo están "totalmente en contra" de los planes del Ministerio de Medio Ambiente de construir un paseo marítimo de 3,5 kilómetros de extensión a lo largo del litoral de la localidad lagunera. Esta opinión fue manifestada ayer por sus representantes, que adelantaron que tienen prevista una reunión en la que se decidirán las medidas de protesta por un proyecto que "ni necesitamos ni hemos pedido", explicó ayer Alicia Méndez, portavoz de la asociación de vecinos.
La mayoría de los habitantes de este popular núcleo de la costa lagunera aseguran que no quieren que el paseo que llega hasta la playa del Bajo Risco se convierta en una gran avenida peatonal. "No queremos que se asfalte. Nos gusta que sea un paseo y no queremos que cambien así la fisonomía de nuestro pueblo", añadió Méndez.
Los cambios de la zona están incluidos en un proyecto denominado Plan de restauración ambiental y sendero litoral de la Punta del Hidalgo, elaborado por el área de Costas. El documento contempla, además de las actuaciones previstas, la necesidad de realizar expropiaciones en la zona por valor de 1,3 millones de euros. De hecho, se ocuparán 45 parcelas rústicas del entorno, un punto que, sin embargo, no es el único escollo para lograr que los residentes apoyen la idea del Ministerio. "Los vecinos de La Punta queremos que el pueblo se quede como está; no queremos ni paseos ni aparcamientos", sentenciaron.
En el núcleo costero de Aguere no dudarán en organizar protestas ciudadanas para evitar que el proyecto siga adelante. De hecho, criticaron que en "ningún momento" se haya contado con su opinión para transformar su entorno de una manera que tildan como "irreparable".
Costas tiene entre sus planes, además de la gran avenida peatonal comprendida entre Las Furnias y el Bajo Risco, el diseño de zonas recreativas y de ocio, una pista de tierra para actividades deportivas, dos grandes aparcamientos y trazar dos nuevas carreteras. "Los visitantes vienen buscando naturaleza, no más asfalto", sentencia la portavoz.
Cuatro millones

En Punta del Hidalgo quieren que el dinero que se emplearía en la remodelación de toda la línea de costa se utilice para paliar "nuestros verdaderos problemas": urgencias como las obras en la TF- 3 o el peligro de desprendimientos en la zona de Las Barranqueras. Mientras, el Ministerio ha previsto una inversión de 4,5 millones de euros para una actuación que no cuenta con el beneplácito de los habitantes de la localidad.
En la Punta no confían en la repercusión de un cambio radical en la fisonomía de la zona que, según se detalla en el informe de Costas, ampliaría el ancho de la zona pública disponible en 30 metros para "liberar toda la fachada y destinarla al disfrute de los ciudadanos". EL DISFRUTE DE LOS CIUDADANOS YA EXISTE
La obra cambiaría por completo el aspecto de la costa lagunera pero a los habitantes de La Punta no les convence un proyecto que, indican, "no traerá ni más trabajo, ni más visitantes".
El proyecto de restauración ambiental incluye, además del paseo marítimo, un sendero de tierra para correr o andar en bicicleta. La recuperación del entorno costero previsto por los técnicos de Medio Ambiente recoge la prohibición de circular con vehículos por toda la línea de costa y la recuperación de los charcos para el baño. "Se retirará cualquier objeto, material o elemento impropio de este espacio", detallaron en el informe.
De hecho, y pese a la negativa vecinal a prestar su apoyo a estas obras, el informe del Ministerio incluye un estudio para garantizar el normal funcionamiento de las mareas y paliar los efectos de los temporales.
Según los informes que manejan los redactores del informe, se ha constatado entre los laguneros "una creciente demanda de esparcimiento y de recreo". Unas necesidades que podrían satisfacerse en estas nuevas instalaciones. "Este tramo de La Punta representa para los laguneros lo mismo que la plana de Las Teresitas para los de Santa Cruz", precisaron. BUEN EJEMPLO
Se repite el mismo problema que se señala en la redacción del borrador del Plan General de La Laguna: una discordancia entre la necesidad de reactivar una de las zonas más castigadas por la crisis y el paro y la reticencias de sus habitantes ante la posibilidad de acometer este tipo de proyectos.
El proyecto que plantea Costas está, todavía, en su fase inicial. No aparecen definidos los plazos de ejecución y solo se contempla la propuesta inicial para la mejora de un entorno con "un uso público desmedido y sin control alguno". Este uso, informaron, ha llegado a afectar a la calidad y la cantidad de sus "recursos patrimoniales".
De hecho, que las obras de remodelación del frente marítimo lleguen a realizarse dependerá de un convenio a firmar entre el Estado el Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/06/22/vecinos-punta-rebelan-urbanizacion-costa/353045.html

Ley de costas sin careta

Vamos a exponer con un ejemplo cómo funciona la ley de Costas ya que el ciudadano tiene derecho a saber los mitos que existen sobre la misma.
Una imaginaria empresa que llamaremos EXSAL tiene una explotación bien sea pesquera, ganadera, salinera, etc. con una determinada mano de obra, supongamos de 15 personas. El terreno en que se desarrolla tal explotación empieza a 500 m. de la playa y termina a 6 kilómetros de la misma. Los terrenos son propiedad de la empresa y fueron comprados al ayuntamiento del lugar e inscritos en el Registro de la Propiedad en el siglo XIX. En estos terrenos no hay ninguna construcción salvo las oficinas, un almacén y una nave de elaboración estando todo ello a 5,5 Km. del mar.
Un buen día llegan unos señores de Costas jugando a ser dioses, tiran una línea y dicen que todos los terrenos a un lado de la línea son de la Administración Central. El lector rápidamente habrá comprendido que la línea divide al terreno en dos trozos, uno muy grande y otro muy pequeño. El lector se habrá percatado de que el trozo grande se lo quiere quedar la Administración. En el caso presente ésta dice que el nivel del mar está por encima de los terrenos que quiere coger aunque estén a varios Km. del mar. En los Países Bajos, según esta ley, gran parte del territorio dejaría de ser privado; no creo que sería contemplada con seriedad. El Valle del Guadalquivir, el Valle del Ebro estuvieron inundados por el mar.
Pero no es esta la cuestión. Se trata de que la Administración se quiere quedar con el terreno con un pago insultante sin expropiación y por tanto sin justiprecio cuando la Constitución defiende la propiedad privada. La ley dice que el pago consistirá en una concesión de los terrenos por treinta años con un canon gratis y otros treinta años con un canon simbólico.
Analicemos:
El propietario es dueño de: La propiedad del terreno. El derecho al uso y disfrute del terreno dentro de los límites que marque la administración, que para ello tiene leyes para guardar los espacios protegidos, y durante un tiempo indefinido. Al ser por tiempo indefinido se pueden heredar, vender, etc. Actualmente están frenadas operaciones de compra de terrenos para un destino totalmente distinto a la especulación porque nadie quiere comprar lo que puede pasar a manos del Estado.
La Administración le quiere dar a cambio: Eliminación de la propiedad. Pérdida por tanto de los derechos de venta, herencia, etc. Uso por treinta años sin canon y otros treinta con un canon simbólico
Comparemos:
Propiedad: perdida.
Uso de la propiedad: ceden treinta años a cambio del derecho a tiempo indefinido. Si aplicamos las matemáticas y aplicamos porcentajes, tenemos: 30 años dividido entre infinito, es cero. Esta es la relación entre lo que el estado quiere 'pagar' por la propiedad y su valor.
Analicemos los treinta años con canon simbólico: es un arma coactiva a favor de la administración. Si dentro de 30 años la administración quiere quedarse inmediatamente con los terrenos no tiene mas que poner un canon desmesurado imposible de ser pagado por el propietario y legalmente y con toda impunidad se queda con el terreno. Puede parecer un disparate pero si se acepta que la Ley de Costas tiene lógica en un país no comunista se puede aceptar cualquier cosa.
La administración sopesará, estoy convencido, el interés que para ella tiene el terreno: si se queda con el mismo habrá de hacerse cargo de la empresa con la plantilla, etc o disolver la sociedad.
Si cree que puede dedicarlo a temas de turismo, ecologismo, etc. se quedará con ella, se quedará con algún trabajador y el resto al paro ocupándose el propietario de despidos y cierre de la empresa. Si no le interesa el terreno pondrá un canon pequeño en tanto el empresario pueda mantener una plantilla.
Hay que considerar además que cuando el estado expropia tiene que exponer los motivos de la expropiación y si en un plazo que marca la ley tales motivos no se cumplieran, el dueño tiene derecho a la retroversión del terreno. Esta es una ventaja que no contempla la Ley de Costas, una diferencia más para poder considerar que ésta no tiene nada que se parezca a una expropiación.
Defensa del litoral. Esta es la mayor falacia que debemos desenmascarar.
Hay leyes que protegen el espacio, Leyes de Espacios protegidos, en las cuales se estudian los distintos casos del terreno. Por ejemplo, si en un terreno aparecen huellas de animales prehistóricos tienen un tratamiento muy restrictivo. El propietario puede hacer muy poco con él, pero sigue siendo el propietario: en estos casos la Administración puede recurrir a la expropiación.
En otras zonas no se permite la construcción pero se permite la ganadería, acuicultura, salineras, ocio, etc. que sirven para crear riqueza, mano de obra, ecologismo ya que en estos espacios se desarrollan muy bien las aves y turismo; en el caso de las salineras la lámina de agua que se crea mediante inundación por bombas es hábitat de multitud de especies. Las salinas son generadoras de ecosistemas. Estas son las leyes que la administración debe aplicar con rigor y no ir a lo cómodo o fácil de la confiscación. Si se está haciendo una construcción, pongamos por ejemplo en la playa, ¿Porqué la consintieron?
Si algo es ilegal se debe derribar, pero al legítimo propietario se le indemniza y se va contra los verdaderos infractores, aunque sea el Ayuntamiento. Si las leyes son confusas, es decir, endebles o no se aplican adecuadamente, cambiemos las que están mal pero no creemos monstruosidades legales que al correr de los años avergonzarán a todos los que han colaborado en su permanencia. Vigilar la costa es facilísimo con una cámara, una avioneta, o el google-maps y sobre todo, ganas de hacerlo. Posiblemente el ejército podría colaborar ya que sus pilotos tienen que hacer determinadas horas de vuelo al año.
La Administración Central actúa contra el ciudadano indefenso; cuando son muchos no se atreve. No nos olvidemos de que a todos nos gusta una costa limpia (el cambio de titularidad no garantiza el mantenimiento de las playas) pero no a costa del apropiamiento sin contraprestación. No nos olvidemos que una administración confiscatoria roba y nos convierte en ladrones a todos los ciudadanos que hemos votado.
El lector que haya tenido la paciencia de llegar hasta aquí, se preguntará: ¿qué piensa hacer el gobierno con tanta superficie en su poder que en muchos casos 'pertenecía' a empresas de rendimientos modestos y de riesgos climatológicos continuos y con una mano de obra superior a las expectativas de rendimiento? ¿Empezará a aprender a gestionar empresas en las que no se dispara con pólvora ajena?. ¿Cabe la posibilidad de que se repita la historia y se vendan los terrenos o parte de ellos a otros empresarios?. Ya se hizo: muchos terrenos que ahora se quiere confiscar fueron vendidos por los ayuntamientos.
La solución en el próximo capítulo, aunque habrá que esperar años, en los que los sufridos propietarios además de pagar a sus trabajadores y al estado habrán tenido que satisfacer la minuta de sus abogados.
Cuando tenemos una ley de Costas disparatada cualquier disparate es posible


21.06.2011 -
JOSÉ ORTEGA ANDUIZA
SALINERO

Costas da diez días a la urbanización Turisur para que libere el paso al mar

La comunidad de propietarios del poblado se enfrenta a una sanción si no retira los obstáculos que impiden el acceso a la zona de dominio público
EUROPA PRESS
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El servicio provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado un expediente sancionador contra la urbanización Turisur, del municipio tinerfeño de Candelaria, por "interrumpir el acceso al mar", así como por ocupar indebidamente "la zona marítimo terrestre con instalaciones no autorizadas". En el expediente, le insta a, en el plazo de diez días hábiles, eliminar los obstáculos y dejar libre el acceso al mar, bajo pena de imponerle una sanción por cada día que mantenga el tránsito interrumpido.
La administración actuó en respuesta a una denuncia presentada el 24 de marzo contra la Comunidad de Propietarios de Turisur como "presunta infractora" debido a "la interrupción del libre acceso al mar y ocupación del dominio público marítimo terrestre y de la servidumbre de tránsito entre los mojones 151 y 154, según el deslinde vigente aprobado por Orden Ministerial de 31 de enero de 1968".
Asimismo, Costas como garante de "la tutela del dominio público marítimo-terrestre y de sus servidumbres" ha iniciado un "expediente sancionador" contra la mencionada comunidad de propietarios y ha ordenado "la restitución de las cosas y reposición a su estado anterior" en un plazo de 10 días naturales tras la publicación de la orden, con lo que se le podría reducir hasta la mitad el importe de una posible sanción.
El expediente iniciado por el servicio provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife considera responsable a la comunidad de "la interrupción del libre acceso al mar y de la servidumbre de tránsito, con instalaciones no autorizadas, constituirían una infracción administrativa de las tipificadas en los artículos 90 c) y 91.2.d) y g) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas".
Igualmente, la administración explica que la sanción que se le podría imponer a los infractores equivaldría a 0,60 céntimos de euros por el número aproximado de personas que se calcule que podrían verse afectados cada día que el acceso libre al mar permanezca obstaculizado.
En este sentido, el servicio de Costas avisa a la comunidad de que dispone de diez días naturales, a partir de hoy, para presentar las alegaciones oportunas en su defensa.
Asimismo, le indica que una vez vencido el plazo, si no se produjera alegación alguna, el expediente ahora iniciado "podrá ser considerado como propuesta de resolución". Así pues, en función de esta propuesta procederá a dictar la resolución que proceda sin más trámite
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/06/17/costas-da-diez-dias-urbanizacion-turisur-libere-paso-mar/352140.html

ES CURIOSA LA LEY DE COSTAS. DESDE EL TURISUR HASTA LA ANTIGUA PISCINA DEL PUNTA DEL REY(HOY ABANDONADA), EL ACCESO AL MAR ESTA INTERRUMPIDO. NO SOLO EL TURISUR, SINO VIVIENDAS PARTICULARES, Y URBANIZACIONES, `¿POR QUÉ SOLO EL TURISUR? NO SE OBSTACULIZA EL PASO EN LA COSTA, EN LA CALLE DE LA ARENA?

La UE pide información por las expropiaciones de Costas

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitará “más información” al Gobierno español sobre la aplicación de la Ley de Costas y los casos “concretos” de presuntos abusos denunciados por un gran número de ciudadanos españoles, británicos, alemanes, holandeses, franceses y austriacos.
La Comisión Europea ya dejó claro, el pasado 24 de mayo, última vez que se debatieron las más de 40 quejas que afectan principalmente a Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia, Cataluña, País Vasco y Andalucía, que no tiene competencias para intervenir en la normativa española.
Pero varios peticionarios denunciaron entonces que la Ley de Costas atenta contra los derechos humanos de los propietarios expropiados bajo esta ley, con lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sí tendría competencias.
http://www.diariodeavisos.com/2011/06/15/politica/la-ue-pide-informacion-por-las-expropiaciones-de-costas

Los partidos nacionalistas europeos piden a España que la Ley de Costas no se aplique con carácter retroactivo

Los partidos nacionalistas han presentado una resolución en el Parlamento Europeo con vistas a que el Pleno de la Cámara 'obligue' al Gobierno de España a modificar la Ley de Costas para que no tenga carácter retroactivo.
En una rueda de prensa, el abogado José Luis Langa ha explicado que el Parlamento Europeo convocó el pasado 29 de mayo una reunión en la que se acordó --a instancia de los partidos nacionalistas-- presentar en el Pleno de la Cámara siempre y cuando se consiguiera el quórum necesario que la Ley de Costas no se aplique con carácter retroactivo, una retroactividad que en Canarias afecta a cerca de 160.000 personas.
Tal y como recoge el escrito, lo que se pide al Parlamento Europeo es que "considerando que la propiedad privada está protegida (...), que la Ley de Costas pone en peligro el derecho a la propiedad de miles de ciudadanos (...) y que esta situación perjudica al prestigio de la actividad turística (...) llama al Gobierno español a que tenga en cuenta la resolución del Pleno del Parlamento Europeo y le pide que respete la propiedad privada en todas sus actuaciones, presente un informe comprensivo sobre el estado de su aplicación, así como propuestas para resolver los casos que vulneran los derechos de los ciudadanos".
Según Langa, es probable que el Pleno del Parlamento Europeo se reúna en el mes de julio si se logra el quórum necesario. En el caso de aprobarse esta resolución en la que se insta al Gobierno de España a que respete el derecho a la propiedad privada, supondrá un avance "tremendo" y el comienzo de que "una injusticia que se está cometiendo en España --particularmente en Canarias-- no se siga cometiendo", resaltó Langa.
Si bien la UE sólo puede obligar a un Estado Miembro a modificar sus normativas a través de una Directiva, el letrado se mostró "convencido" de que "si todo el Pleno apoya esta modificación, el Gobierno de España --sea del color que sea-- tiene la obligación y la moral de hacer cumplir el deseo de todo el Parlamento Europeo".

RESOLUCIÓN DE LA COTMAC
Por otro lado, el abogado José Luis Langa también ha hecho referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que se anula la resolución de la COTMAC de febrero de 2007, por la cual se aprobaba el deslinde marítimo terrestre en Igueste de San Andrés en 20 metros en lugar de 100.
Langa aclaró que el TSJC, en su sentencia, viene a decir en cuanto a la resolución de la COTMAC que no está suficiente acreditado que en Igueste de San Andrés tenga la evacuación de aguas, una apreciación que el abogado no compartió porque en España en general y en Canarias en particular "hay muchas poblaciones que no tienen evacuación de aguas y no por eso dejan de ser consideradas núcleos poblacionales".
En consecuencia, el abogado explicó que ahora se está pendiente de recurrir esta sentencia al Tribunal Supremo, por lo que se pondrá en contacto con los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo y de la propia COTMAC.
Ahora bien, aunque la resolución del TSJC hubiera sido favorable, Langa consideró que eso "no hubiera resuelto el problema" porque "la solución únicamente pasa por la modificación de la Ley de Costas". No obstante, según el letrado, será la Audiencia Nacional quien tiene que decidir si el deslinde que se aplique en Igueste se quede en 20 metros
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-partidos-nacionalistas-europeos-piden-espana-ley-costas-no-aplique-caracter-retroactivo-20110607131140.html

La Audiencia Nacional avala el deslinde de Los Cancajos que daña a 300 vecinos

La sentencia rechaza un recurso presentado por una instalación hotelera y el Ayuntamiento para que se acepte que el suelo del núcleo era urbano en 1988

La Audiencia Nacional ha ratificado por segunda vez en pocos meses que el suelo del principal núcleo turístico de La Palma, Los Cancajos y de la zona industrial de Urpal en el municipio de Breña Baja, no tenía características de urbano en el momento en el que entró en vigor la Ley de Costas en el año 1988. Por ello, la zona de servidumbre del deslinde de Costas queda fijada en una anchura de 100 metros en vez de los 20 que se establecerían si este enclave hubiese contado con los servicios públicos consolidados en aquel momento.
De este modo, son cerca de 300 los vecinos y propietarios de negocios que se verán afectados de una u otra manera por la delimitación de la Dirección General de Costas. Figura entre ellos el hotel Hacienda San Jorge del núcleo turístico que desde hace años había promovido un recurso en los tribunales para dejar sin efecto este deslinde. El establecimiento contó con el apoyo del Ayuntamiento de Breña Baja que también se personó en el proceso. Sin embargo, la Audiencia Nacional considera que el Plan General en vigor en aquel momento no clasificaba estos terrenos como urbanos sino como sistema general de equipamiento localizado. La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias emitió un informe en el que indicaba que esta franja de suelo estaba clasificada como suelo urbanizable programado turístico, lo cual viene a ratificar, según la Audiencia, que no tenían la categoría de urbanos.
Tampoco se pudo demostrar que el núcleo dispusiera en el momento de la entrada en vigor de la Ley de Costas de los servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y de energía eléctrica. Por ello, la Audiencia ratifica por segunda vez que estos terrenos "no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos legal y reglamentariamente para modificar la anchura de servidumbre de protección de los actuales 100 metros a 20", como se había solicitado.
El establecimiento hotelero consideraba que el Gobierno central había vulnerado el derecho a la propiedad reconocido en la Constitución, ya que parte de su finca ha quedado fuera de ordenación con las limitaciones que este régimen impone. Una de las restricciones es la imposibilidad de construir en los terrenos afectados y que se prohíbe el uso residencial, entre otros
http://www.laopinion.es/canarias/2011/06/05/audiencia-nacional-avala-deslinde-cancajos-dana-300-vecinos/349566.html

El TSJC certifica que casi la mitad de Igueste se halla sobre suelo público

Una sentencia anula la resolución de Medio Ambiente que en 2007 declaró urbano este pueblo con el fin de reducir el impacto de la Ley de Costas


El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se ha puesto del lado de la Dirección General de Costas y ha decidido anular la decisión de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que declaraba urbano el suelo de Igueste. De esta manera el organismo autonómico intentaba que la zona de servidumbre en el pueblo se limitara a 20 metros de ancho frente a los cien que tiene en la actualidad. Con esta decisión, casi la mitadl del pueblo, 120 propiedades, quedan dentro de suelo público y por lo tanto quedan fuera de ordenación. Así estas 98 fincas y 22 casas de la localidad tendrán un valor catastral mínimo, no se permitirá la construcción en los solares, en las viviendas será imposible realizar ningún tipo de ampliación y las obras se limitarán al máximo.
Además, en caso de que las instituciones decidieran ejecutar una actuación de interés público, como por ejemplo un paseo marítimo o un parque acuático, podría decretarse el derribo de las viviendas o la ocupación de los solares. La Sala segunda del TSJC considera que ni el Gobierno de Canarias, ni el Cabildo de Tenerife, ni el Ayuntamiento de Santa Cruz, ni los vecinos han podido acreditar que los terrenos de Igueste eran efectivamente urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas.
Para ello era necesario que se dieran una serie de supuestos, como por ejemplo que se contaba con los servicios de luz y alcantarillado y que al menos las dos terceras partes de la superficie estuvieran ocupadas por una urbanización consolidada. Lo cierto es que, según el TSJC, aunque los informes aportados por las empresas Endesa y Emmasa acreditaron que el pueblo contaba con el suministro de luz y agua, no ocurre lo mismo con la existencia de una red de evacuación de aguas residuales y de acceso rodado a las viviendas a través de vías interiores. Estos aspectos, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no están lo suficientemente acreditados.
"Tampoco ocurre así en relación a todos los servicios que su prestación fuese la que resulta propia de suelo urbano, en condiciones suficientes para las edificaciones existentes y para las futura que pudieran construirse", indica el fallo judicial que a partir de ahora es recurrible en el Tribunal Supremo.
Con el objetivo de salvar estas propiedades, la Cotmac determinó en 2007 que este asentamiento contaba con las características de consolidación por la edificación y la urbanización propias de suelo urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en el año 1988.
Por ello se instaba al organismo estatal a rectificar la anchura de la zona de servidumbre fijándola en 20 metros en vez de cien como quedó determinado en un principio. Muy al contrario el Gobierno central optó por recurrir esta decisión de la Cotmac y ahora el TSJC le ha dado la razón. Con anterioridad los tribunales habían rechazado la petición de medidas cautelares planteadas por las instituciones canarias que solicitaban que se redujera la anchura del dominio público, al menos hasta que hubiese una sentencia firme.
Además, los vecinos han presentado también un recurso ante la Audiencia Nacional para lograr el cambio del deslinde con todas sus consecuencias. La sentencia emitida ahora por el TSJC indica que en el año 1988, ni el Plan General de 1957, ni las normas subsidiarias de 1983 contemplaron como suelo urbano este asentamiento. La Sala rechaza los argumentos de que ambos planeamientos no eran directamente aplicables ya que el primero sólo reguló el casco histórico de la ciudad y zonas de ensanche y las segundas el sector suroeste de la capital. Sin embargo, el TSJC se reafirma en que el enclave no presentaba las características de núcleo urbano. "Es evidente que Igueste de San Andrés no queda comprendido ni próximo al tejido, malla o trama urbana, sino que se trata de una forma de asentamiento surgida de manera aislada, al margen de la misma". dice.
Güímar
El Gobierno de Canarias presentó ante el TSJC una sentencia dictada por este mismo tribunal referida a diversos núcleos de Güímar intentando defender la concurrencia de idénticas circunstancias. Sin embargo, la sala rechazó de entrada este argumento "porque como se ha expuesto se trata de constatar una situación de hecho al momento de la vigencia de la Ley de Costas. Y sobre todo, porque en aquel recurso lo que estimó la Sala fue que el acuerdo de la Cotmac impugnado había ganado firmeza, lo que impedía evacuar cualquier pronunciamiento sobre la consolidación urbanística de dichos núcleos costeros".
Antes de que se emitiera esta sentencia, la Dirección General de Costas remitió a cada uno de los 120 propietarios afectados por la zona de servidumbre notificaciones a través de las cuales les informaba de que sus propiedades se encontraban situadas en dominio público. El Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre este extremo al indicar que la diferencia de profundidad de la franja de protección "tiene por finalidad defender y resguardar dicho espacio natural de la zona poniendo a cubierto la misma de actividades que sean consideradas incompatibles con su naturaleza". El Ayuntamiento ya ha anunciado que va a realizar un censo de edificaciones situadas en los núcleos costeros de Anaga afectados por los nuevos deslindes. El año pasado el núcleo de Almáciga se libró de estos efectos, al no personarse Costas en el proceso que buscaba también anular el acuerdo de la Cotmac
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/06/04/tsjc-certifica-mitad-igueste-halla-suelo-publico/349395.html

Apoyad el respeto al Derecho de Propiedad en España

Desde el comienzo de mi andadura como eurodiputada he recibido infinidad de mensajes de ciudadanos británicos solicitando apoyo en su lucha por el respeto de sus derechos de propiedad en España.
Al escuchar los dramas por los que muchos están atravesando, me he sentido obligada a hacer algo por ellos y así descubrí que el tema afectaba no sólo a británicos sino también a ciudadanos de otras nacionalidades, incluídos los españoles.

Mis llamamientos al presidente del Gobierno español para que resuelva el tema, enocasión de la apertura y de la clausura del semestre español en2010, son de público conocimiento. Sin embargo, no se ha planteado ninguna solución satisfactoria a este tema que tiene dos vertientes, una relacionada con la Ley de Costas, la otra relacionada con el ordenamiento orbanístico. En ambos casos el problema se origina en su aplicación.

Sería difícil resumir la casuística en este blog, pero existe una constante: propietarios de buena fé se ven despojados de sus derechos de la noche a la mañana.

Contra todo pronóstico, al inicio de este mes, el Ministro de Fomento, José Blanco, y la Secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, iniciaron en Londres una gira para !promover la inversión en propiedades en España!
Resultaba difícil de creer que el gobierno español optara por tal iniciativa cuando miles de ciudadanos británicos (y de otras nacionalidades) viven en la angustia constante como resultado de las amenazas de demolición y/o expropiación de las propiedades que adquirieron en buena fé. !Muchos de ellos han invertido los ahorros de toda una vida!

En el mes de marzo, tres eurodiputados españoles, Ramón Tremosa, Santiago Fisas, Oriol Junqueras y la que suscribe, presentamos una declaración escrita con el fin de solicitar al Gobierno español que, de acuerdo a la resolución del Parlamento Europeo del 26 de marzo del 2009, asegure el respeto de los derechos de propiedad en cualquier acción que emprenda y que haga llegar a este Parlamento propuestas para solventar los casos en que la aplicación de la Ley de Costas en Ampuriabrava ( Cataluña) está perjudicando los derechos de los ciudadanos de distintas nacionalidades.

Aunque la solicitud se refiere a una localidad concreta de España, el éxito de la moción, para lo cual necesitamos las firmas de la mitad de los eurodiputados (369), podría servir de base para realizar una acción similar en favor de los afectados en otras regiones de España.

Pongo en manos de los electores la tarea de animar a los eurodiputados a los que habéis votado para que actúen en defensa de vuestros intereses y firmen la declaración (puede consultarse aquí: declaración) la semana que viene durante el pleno de Estrasburgo.

La economía española pasa por un momento difícil y el mercado inmobiliario -de notable importancia- no se verá animado por la gira de ministros alrededor de Europa, sino por el respeto de los derechos de propiedad y la constatación práctica de que en España existe seguridad jurídica.

Los eurodiputados estamos para defender vuestros intereses. !Ayudádnos a ayudaros!
MARTA ANDREASEN. Miembro del Parlamento Europeo

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/europa_atirodeblog/2011/06/01/apoyad-el-respeto-al-derecho-de.html

Queridos... magos

Queridos magos (abstenerse reyes de Oriente y canarios con traje típico) de Candelaria:
Ya hace cuatro años que su oficio, mal ejercido, no produce el efecto deseado. Sus actuaciones no ilusionan al público de la Villa; su esperanzadora campaña electoral de las pasadas elecciones locales ha quedado en el fondo de los baúles mágicos que ustedes utilizan.
Han practicado una magia más propia de trileros callejeros que de políticos electos democráticamente. Las playas y el parque urbano de Punta Larga, los aparcamientos, el nuevo centro de salud, el edificio de seguridad, el edificio de la Guardia Civil GRS, la notaría, los pantalanes en el muelle, el nuevo mercadillo, etc., se han quedado como frases inconclusas del cartel de vuestro vacío espectáculo. Parece que están ensayando continuamente esos numeritos sin conseguir acabar ninguno de ellos.
Si analizamos la magia urbanística, el mago especialista en el ramo ha puesto unos trucos increíbles, pero que el público, el respetable, no ha logrado entender. Es lo que pasa cuando uno saca un conejo de la chistera. Si se crean convenios urbanísticos, llamados de la cuarta planta, que beneficiaron a algunos poderosos promotores del municipio, vendiéndoles edificabilidad, a cambio de dinero -que, por cierto, jamás se supo a dónde fue a parar-, creo recordar, escuchando un pleno (otro espectáculo, pero este teatral, cínico y repetitivo) radiado, que un grupo de la oposición preguntó, y el concejal encargado de sacar palomas de los pañuelos nombró obras incluso pagadas con dinero del Plan E. En definitiva, el dinero ha desaparecido y nadie sabe dónde está. Cosas de Merlín.
A esos promotores que compraron la edificabilidad se les permitió, primero, construir más de quinientas viviendas sin licencia en pleno centro y entrada de Candelaria, y segundo, construir vulnerando las ordenanzas municipales de aplicación urbanísticas, puesto que no cumplían con los retranqueos establecidos para las cuatro plantas de altura. En la actualidad, las personas que compraron en esta cuarta planta todavía no disponen de la licencia de primera ocupación y están en el filo de la ley, y se están acordando diariamente del hechicero urbanístico que realizó esa magia negra.
Magia de la buena es la que practica el "gran mago", el encantador de serpientes, el de la gran chistera. Mago auténtico de los pies a la testa, ha realizado trucos grandiosos. Hizo desaparecer Cho Vito entero. Casas con escrituras registradas y legales, pagando impuestos, desaparecieron por mano y obra de este mago. Llama ilegales a los vecinos, y él, en un maravilloso juego de manos, se edificó en suelo rústico (supuestamente ilegal, según denuncia judicial) una construcción de ciento veinte metros cuadrados para bodega y tenderetes (mago tiene en Canarias varios significados).
El gran mago ha intentado repetir el mismo truco de Cho Vito en Bajo la Cuesta y playa de La Viuda, pero tras varios intentos sin éxito se ha propuesto hacer desaparecer la central eléctrica, el gran truco de su carrera, un truco especulativo, con miles de metros cuadrados de terreno, muy propensos a una especulación urbanística.
Candelaria ha sido noticia por la magia de los conciertos no celebrados, por endosos, por los pañales para perros, por el parque para los perros, que se construyó muy recientemente en lo que iba a ser el gran parque de Candelaria (pura ilusión) por gastos y derroches en radio y revistas municipales, mientras el público en general, el pueblo de Candelaria, mira todo este espectáculo atónito, desilusionado, viendo la tasa de desempleo local, la cantidad de personas necesitadas en el municipio, y empezando a desear que los magos estén en las romerías y en los bailes típicos, en las fiestas de Santa Ana, Igueste y Barranco Hondo, y no presentes en la política y en la gestión de este municipio.
Antonio Alonso Orihuela
(Candelaria)
http://www.eldia.es/2011-05-29/CRITERIOS/17-Cartas-director.htm

Vecinos de Cho Vito exigen que la obra del paseo respete el acceso a sus casas

Los residentes del barrio marinero denuncian a la empresa Tragsa por impedir el paso a sus propiedades


La construcción del paseo marítimo en Cho Vito es vista por los vecinos como una infraestructura necesaria, pero exigen que la obra respete el acceso a sus casas y a la playa sin restricción alguna tanto para ellos como para quienes les visitan y también para las personas que se acercan a la zona a darse un chapuzón.
Esta semana comenzaron las primeras maniobras para la construcción por la empresa Tragsa del paseo marítimo peatonal de la playa de Cho Vito, una infraestructura que se prolongará hasta su unión con el paseo de la playa de Las Caletillas. Primero se colocó el cartel identificativo del proyecto, para a continuación iniciar el vallado del perímetro de la obra, una actuación que tropezó con la oposición de los vecinos.
Tomás González, representante de Cho Vito, acababa de llegar de Bruselas de defender los derechos de los españoles afectados por la Ley de Costas cuando se encontró el jueves pasado con un nuevo problema en el asentamiento marinero.
Ante el vallado para acotar la obra, por razones de seguridad, los vecinos protestaron porque entienden que se iba a proceder a cerrar el perímetro y a impedir el libre acceso a sus propiedades durante la duración de la obra. "La constructora tiene que tomar medidas de seguridad, pero no puede obligarnos a dar rodeos ni a identificarnos para pasar a nuestras casas", detalla González. También entiende que no se puede dificultar el paso a la zona costera ni a quienes acudan a visitarles ni a los bañistas.
De momento, los residentes en la zona han logrado frenar el vallado y han denunciado a la empresa Tragsa por tratar de obstaculizar el acceso a las casas y a la playa de Cho Vito. "Nuestra exigencia de que no se impida el paso no significa que nos opongamos a la obra del paseo", puntualizó Tomás González, quien asegura que los vecinos están de acuerdo con que se haga el paseo y se adecente la zona.
Mientras tanto, se mantiene sobre los habitantes de Cho Vito la amenaza de desalojo y demolición de sus viviendas. Prevista para septiembre del año pasado, finalmente se postergó.
Está semana, el representante de Cho Vito ha estado en Bruselas con otros portavoces de los 400.000 españoles afectados por la Ley de Costas.
Logros
En la comitiva había una decena de canarios de distintas islas y han regresado esperanzados. Comenta Tomás González que han logrado que no se cierre la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y que un comité de investigación se traslade a las zonas del litoral español afectadas por la Ley de Costas. Así pues, la visita de la comité de Bruselas abre una nueva vía de esperanza a los vecinos de Cho Vito.
Entusiasmado todavía por la receptividad hallada en los eurodiputados alemanes y británicos hacia la situación de los afectados españoles por la Ley de Costas, Tomás González explica que pocas veces se han sentido tan escuchados como estos días ante las instituciones europeas.
Relata que una de las mayores sorpresas se la dio la eurodiputada socialista británica Marta Andreasen, quien ha propuesto que en los presupuestos generales de la UE se congelen las partidas a España que tienen que ver con actuaciones en la costa hasta comprobar si el Gobierno español está vulnerando derechos de ciudadanos europeos
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/29/vecinos-cho-vito-exigen-obra-paseo-respete-acceso-casas/348216.html

No entiendo por qué se quiere derribar el hotel y en cambio sí hacer el puerto”

La alcaldesa de Granadilla en funciones se reafirma en su rechazo a la prevista demolición parcial del hotel Médano y otras 13 viviendas para el proyecto del paseo marítimo por iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente. Sostiene Carmen Nieves Gaspar que El Médano aún puede explotar mucho más el turismo de surferos, y por eso prevé un centro destinado a dar servicios a estos deportistas. Enumera las asignaturas pendientes para este mandato en el barrio: rehabilitar el paseo de madera y la plaza central, construir un carril bici entre El Médano y Los Abrigos, y dotar a la zona de un centro específico para servicios a los surferos.
-¿Cuál es el papel de El Médano en el conjunto del municipio?
“Es un poco la joya de la corona de Granadilla. Por la frecuencia e intensidad del viento, esa zona no se desarrolló turísticamente en su día, pero es uno de los recursos más valiosos del municipio, por su interés para los deportes náuticos, y por atraer además a visitantes. Junto con Los Abrigos, es un núcleo con un tremendo potencial de desarrollo, entendido éste en el buen sentido, y está llamado a ser una de las zonas que atraigan a más actividad económica y empleo”.
-Decenas de miles de surfistas acude a El Médano como uno de los mejores litorales del mundo para este deporte. Sin embargo, se quejan de que no disponen de los servicios adecuados…
“Somos conscientes del potencial de la zona para estos deportes, pues, en efecto, está considerada por los entendidos como uno de los diez mejores lugares del mundo para practicarlos. De hecho el año pasado se organizó el campeonato del mundo de kitesurf y ahora queremos celebrar otros mundiales de esta modalidad y de windsurf. Está claro que El Médano necesita más inversiones que propicien la práctica de estos deportes, con mejores servicios e instalaciones para los surferos. Desde el Ayuntamiento vamos a defender varios proyectos con tal fin”.
- ¿Cuál es el más destacado?
“Ya hemos iniciado los trámites de expropiación de una parcela, al lado del hotel Tenerife Playa Sur, para un centro de servicios destinado a estos deportes náuticos, que albergue además a todas las empresas relacionadas con el mundo del surf”.
- ¿Cuál es su postura sobre la prevista demolición de 13 edificaciones en dominio público marítimo terrestre, junto con la terraza del hotel Médano, para construir un paseo marítimo, a iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente?
“No estoy de acuerdo con una Ley de Costas que se aplica de forma arbitraria e injusta. La ley prevé recuperar el dominio público ocupado por edificaciones ilegales, pero las viviendas afectadas por este proyecto no lo son, y constituyen el origen mismo de El Médano. Son muy previas al dictado de esta ley, que no tiene lógica aplicar con efectos retroactivos. Otra cosa es hablar de que el hotel, cuando se acabe su concesión administrativa, quede en manos públicas para destinarlo a escuela de turismo u otro fin público. Pero el hotel es el emblema del barrio, fue el primero que se hizo en el Sur. Y mucho antes, cuando se vivía de la agricultura, ahí había un empaquetado de tomates. Así que la ley es injusta porque trata situaciones diversas de forma homogénea”.
-¿Y cuál es la postura oficial del Ayuntamiento al respecto?
“El Pleno municipal acordó por unanimidad aponerse a esas demoliciones, pues serían una barbaridad. Costas mira para otro lado en otros sitios, incluso donde un señor tiene una piscina privada en dominio público”.
-Rechaza, pues, el paseo que proyecta Costas…
“Es que ya hay paseo entre la primera y la segunda línea de edificios, protegido del viento, y además allí se crea empleo en los negocios. Derribándolos sería un paseo intransitable los días de fuerte viento. Me pregunto por qué ese empeño en hacer el puerto industrial de Granadilla en una zona que aún está virgen, y en cambio querer derribar el núcleo original de El Médano, anterior a la Ley de Costas”.
- Los vecinos se quejan de que faltan equipamientos: polideportivo, centro cultural, guardería…
“Se está construyendo un centro deportivo y de ocio, y que tendrá gimnasio, sala de exposiciones y reuniones, junto al muelle. En cuanto a polideportivos, están abiertos fuera del horario escolar los del instituto y el colegio públicos, aunque se podría estudiar alguna otra zona deportiva. En todo caso, creo que hay tres asignaturas pendientes: rehabilitar la plaza y el paseo de madera; construir un carril bici desde Los Abrigos (estamos ahora en el trámite de expropiaciones) y crear infraestructuras para los deportes náuticos”.
-¿Está usted de acuerdo con la ordenación urbanística prevista para la zona en el Plan General que dejó aprobado el PSOE?
“No, porque se hizo pensando en más suelo para viviendas y nos hizo depender del sector de la construcción, que, al caer, nos ha dejado en una precariedad laboral. Yo hubiera ordenado la zona de otra forma, pero son decisiones a las que ya no puedo dar marcha atrás pues hay derechos urbanísticos reconocidos y se requerirían indemnizaciones que el Ayuntamiento no puede pagar. El PSOE apostó por una expansión urbanística desmesurada. Lo que sí intentaré es que el diseño de esas urbanizaciones futuras se haga con buen gusto y acordes con el entorno natural. Así se hará cuando se aprueben ordenanzas que establezcan los modelos constructivos
http://www.diariodeavisos.com/2011/05/29/tenerife/no-entiendo-por-que-se-quiere-derribar-el-hotel-y-en-cambio-si-hacer-el-puerto

La comisión de Peticiones vuelve a analizar la aplicación de la ley de costas española

La comisión de Peticiones ha debatido más de 40 quejas sobre la aplicación de la ley de costas española. En un debate tenso intervinieron 19 ciudadanos procedentes de España, Alemania, Reino Unido y Países Bajos, que lamentaron su situación de "indefensión jurídica" ante una ley aplicada de forma "injusta".

La comisión de Peticiones debatió el impacto de la ley de costas en Canarias, Valencia, Asturias, Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Baleares. El debate fue organizado en bloques. En el primer bloque expusieron sus casos los peticionarios, uno por cada una de las regiones afectadas. A continuación, intervinieron la Comisión Europea y los eurodiputados y, por último, tomaron la palabra otros ciudadanos afectados que así lo solicitaron. Los peticionarios dispusieron de tres minutos de turno de palabra cada uno y los eurodiputados de uno.

Los miembros de la comisión de Peticiones decidieron, transcurrido el debate, aplazar a la próxima reunión de coordinadores (portavoces de los grupos políticos, que se celebrará el 14 de junio) la decisión sobre qué medidas tomar para dar seguimiento a la discusión de hoy. La presidenta de la comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni (PPE, Italia), explicó que "la atribución de responsabilidades no nos compete a nosotros, aunque está claro que hay derechos que se están pisoteando y ahí pensamos intervenir, sin violar el principio de subsidiariedad ni entrar en conflictos nacionales".

Aplicación "retroactiva" y "arbitraria"

Los peticionarios criticaron, en líneas generales, la aplicación con carácter retroactivo de la ley de costas, que ha llevado a la demolición de muchos inmuebles sin indemnizar a los propietarios. Carmen del Amo declaró que "no me satisface la modificación de la ley que se ha presentado y espero que se respete la propiedad privada y que se devuelva lo que se ha confiscado". Jon Iturribarria explicó que el título de propiedad de su molino se remonta al año 1683. "Estamos hablando de cinco siglos, ¿no es un caso de retroactividad?, preguntó.

El representante del peticionario mallorquín Pedro López Rodríguez tomó la palabra fuera de turno y, junto con otros peticionarios, mostró carteles en los que se leía "Democracia real ya". Después de las intervenciones de los eurodiputados, se disculpó por su "infortunada intervención". "Pido disculpas, pero estamos muy indignados y así lo demostramos", señaló. A continuación, expuso el caso de su familia, que posee una propiedad al sur de Mallorca afectada por la ley de costas y lamentó el carácter "arbitrario" de esta normativa.

Por su parte, Pilar Embeita calificó la ley de costas de "violación de los derechos humanos y de la presunción de inocencia". "Estamos ante una situación de acoso y derribo por parte de los poderes públicos españoles la "aplicación arbitraria de la ley de costas". "Nuestras propiedades han sido confiscadas y no nos van a dar ninguna compensación", subrayó José Pérez, y agregó que esta actuación atenta contra los derechos humanos.

Situación "injusta"
Gabriela Mayans, de Formentera, señaló que "cuando hablamos de injusticia hablamos de que todos los grandes grupos hoteleros de la isla han quedado fuera del deslinde mientras que pequeños propietarios han sido incluidos", apuntó.

El peticionario holandés Jan Van Stuyvesant declaró que "hay proyectos financiados por dinero comunitario que incurren en los errores que se trataban de evitar".

Sin compensación
Timoteo Giménez aseguró que se trata de "casos de expropiación sin compensación". Por su parte, uno de los peticionarios británicos dijo "esperar que la comisión de Peticiones adopte acciones ulteriores". "Por favor, no podemos dejar la situación como está", concluyó.

Intervenciones de los eurodiputados
Carlos ITURGAIZ (PPE) lamentó lo "poco que se ha avanzado" en este asunto y destacó que es necesaria una ley "coherente, lógica y racional". "Estamos en contra de esta ley y de su aplicación retroactiva y arbitraria", añadió Iturgaiz, quien aseguró que su grupo apoya "que se supriman algunos artículos que no reconocen los derechos de ciudadanos".

Willy MEYER (Izquierda Unitaria Europea) afirmó que su grupo "está de acuerdo con Ley de Costas", ya que en España el litoral estaba lleno de hormigón, lo que hacía necesaria una ley. Sin embargo añadió que no está de acuerdo "con su aplicación arbitraria", que ha permitido construir, entre otras obras, grandes hoteles y urbanizaciones.

Rosa ESTARÁS (PPE) dijo que "La Ley de Costas tuvo una intención positiva pero su aplicación ha generado inseguridad jurídica, desazón y desesperanza" en los afectados. "El Gobierno de España tiene que rectificar esta situación", manifestó.

María MUÑIZ (S&D) recalcó que la Ley de Costas es de 1988, y "el PP no la cambio en 8 años". Recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en un caso "muy similar" en Francia aduciendo que en estos casos prevalece el interés público frente al privado. Según la diputada, la aplicación de la Ley ha sido correcta en el 92 por ciento de la costa, y sólo ha habido problemas en el 5 por ciento, por lo que no se puede considerar "discriminatoria".

Miguel Angel MARTINEZ (S&D) opinó que la ley es "eficaz, modélica y compleja en su aplicación", y la Comisión Europea no cree que se viole la normativa europea. "España es un Estado de Derecho que no puede ponerse en tela de juicio aquí", comentó el diputado, antes de señalar que los tribunales han fallado en contra del 90% de las quejas presentadas por los denunciantes.

Antolín SANCHEZ PRESEDO (S&D) manifestó que la Ley de Costas data de 1988, por lo que "distintos gobiernos" han podido modificarla y no lo han hecho. Dijo que esta ley pretende "evitar la degradación y responder a problemas actuales como el cambio climático".

El británico Roger HELMER (Conservadores y Reformistas Europeos) opinó que "España no está respetando el derecho de propiedad y por eso no se puede decir que exista el Estado de Derecho". "El gobierno español no puede ignorar esta situación", opinó el diputado antes de lamentar que el Parlamento no pueda hacer nada al respecto.

La eurodiputada danesa Margrete AUKEN (Verdes/ALE) dijo que las costas españolas necesitan protección y "si no se han gestionado correctamente es obvio que haya problemas". Lamentó que hay "hoteles por todas partes", lo que es señal de que "algo no funciona". Por ello, sugirió hacer un nuevo informe parlamentario centrado en las costas, ya que la UE sí tiene competencia en ello.

Teresa JIMENEZ-BECERRIL (PPE) defendió en su intervención a las empresas salineras de Cádiz afectadas por la Ley de Costas, ya que, en su opinión "se las han arrebatado sin compensaciones justas. "Tenemos la obligación de defender sus derechos y que el gobierno español corrija", comentó la diputada, quien añadió que estos casos "afectan a la imagen de España".

Izaskun BILBAO (Grupo Liberal Europeo) afirmó que "ecesitan soluciones urgentes a las discriminaciones que se están dando", oquizás la ley española fue necesaria, aunque su gestión ha sido incorrecta". "Se npinó.

La británica Marta ANDREASEN (Europa de la Libertad y de la Democracia) se preguntó por qué la Comisión Europea sigue dando ayudas públicas a las regiones donde se dan estas anomalías.

Comisión Europea
El representante de la Comisión Europea subrayó que en los casos denunciados "no se puede aplicar la legislación comunitaria" aunque aseguró que esta Institución "está en permanente contacto con las autoridades españoles" para actuar en el caso de que se produjesen discriminaciones, aunque "de momento no creemos que haya discriminaciones", aseguró.
http://www.europarl.es/view/es/Sala_de_Prensa/press-release/pr-2011/pr-2011-May/pr-2011-May-17.html
ASOCIACIÓN EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS`´

SIMPLES COINCIDENCIAS

En este país, donde tirando de un hilo, se desmadeja todo, pensar mal, es sinónimo de acertar. Si vemos los datos de Tragas, la empresa que acomete todos los trabajos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM), es muy sorprendente ver al jefe de la abogacía del estado, o a personal que ocupa altos cargos dentro del mismo ministerio o en Economía y Hacienda, ser consejeros de una empresa privada, estrechamente ligada a los derribos y a los deslindes de las costas españolas.
Recuerdo que la misma Alicia Antolín de Paz, era directora general de costas(nombrada ilegalmente, según sentencia del Tribunal Supremo, septiembre 2010, nº528/2008,,cesada en octubre del 2010, BOE 2 de octubre 2010)
La pregunta que se plantea es: ¿es esto legal?. ¿es legal, que estos consejeros de una empresa privada, sean altos funcionarios del ministerio que contrata a esta misma empresa?¿cuanta información privilegiada pueden tener en su trabajo del ministerio, que les facilite las cosas en la empresa privada?.

TRAGSA

El Grupo Tragsa actúa como medio propio instrumental realizando los trabajos que le encomienda la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios, mediante convenios.
El Grupo Tragsa está compuesto por la empresa matriz Tragsa, Empresa de Transformación Agraria, SA, constituida en 1977, y por Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, Tragsatec.
Tragsa acumula más de 30 años de experiencia y realiza actuaciones en la protección y conservación de la naturaleza, el desarrollo rural y la prestación de servicios de emergencia.
Tragsatec interviene desde 1989 en los ámbitos de la ingeniería y la asistencia técnica para el desarrollo rural y las actividades medioambientales, agrícolas y forestales y la gestión de los recursos pesqueros y la acuicultura. Tragsatec ha asumido en noviembre de 2010 los servicios que desde 2001 prestaba Tragsega, en el ámbito ganadero y alimentario.




Consejo de Administración a 22 de febrero de 2011
Presidenta:
Dª Mª Luisa Graña Barcia Presidenta de Tragsa
Secretario no Consejero:
D. Juan Antonio Puigserver Martínez Jefe de la Abogacía del Estado del (MARM).
Vicesecretario no Consejero:
D. Ignacio Pereña Pinedo Director de Asuntos Jurídicos de TRAGSA
Consejeros:
D. Manuel Alves Torres Director de Planificación y Control (SEPI)
Dª Isabel Bombal Díaz Directora General de Industria y Mercados Alimentarios
(MARM)
D. Javier Canales Tébar Secretario de Elecciones Sindicales y Afiliación FECOMACCOO
D. Jesús Casas Grandes Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
(MARM)
D. Carlos Javier Escribano Mora MARM
D. Ignacio Gandarias Serrano Director G. de Ordenación Pesquera (MARM)
Dª Mª Soledad Giral Pascualena Subdirectora General de Programación Económica del
MARM
D. José Jiménez García-Herrera Director General de Medio Natural y Política Forestal
(MARM)
D. Ángel Hernández Pinilla MCA-UGT
D. Manuel Ledesma Sánchez Vocal Asesor de la Unidad de Apoyo de la Dirección General
de Fondos Comunitarios y Financieros (Mº de Economía y
Hacienda)
D. José Marcos Lillo Pérez Jefe de la Oficina Presupuestaria – Mº de Economía y
Hacienda
D. Bartolomé Lora Toro Director de Participadas II - SEPI
Dª Elena Madrazo Hegewisch MARM
D. Fernando Miranda Sotillos Presidente del FEGA (MARM)
Dª Alicia Montalvo Santamaría Directora General de la Oficina Española de Cambio
Climático (OECC) – (MARM)
Dª Marta Moren Abat Directora General del Agua (MARM)
Dª Alicia Paz Antolín MARM
D. Manuel Rossi Prieto MARM
Dª. Pilar Seisdedos Espinosa Subdirectora Gral. Coordinación de la IGAE (Mº de Economía
y Hacienda)
Dª. Alicia Villauriz Iglesias Secretaria Gral. del Mar (MARM).