El BLOC nacionalista ha presentado hoy por registro una moción en la que insta a les Corts Valencianes y a las Cortes de Madrid a iniciar un proceso para traspasar la competencia de Costas a la Generalitat Valenciana, dado que “nadie conoce mejor la realidad del litoral del País Valencià que sus propios ciudadanos y sus representantes políticos directos”. Según Nomdedéu, “es un error planificar desde un despacho de Madrid, al lado del Manzanares, la política de Costas que afecta a ciudadanos a más de 300 kilómetros”.
El BLOC, además, insta en su moción a que “el nuevo ejecutivo inicie una reforma legislativa puntual urgente para evitar la retroactividad de la Ley de Costas, aprobada en 1988 pero que se aplica a edificaciones anteriores, muchas de ellas construcciones agrarias tradicionales o con valor histórico”, a explicado Nomdedéu.
El portavoz nacionalista apela al apoyo del resto de grupos de la Diputación, dado que “tanto municipios del PP y del PSOE han iniciado procesos de protección de viviendas de primera línea en municipios que gobiernan. “La ciudadanía no podría entender que Moliner se vaya a Europa a presentar 40.000 firmas en apoyo a los afectados por la Ley de Costas y su partido no inicie trámites para modificar una ley manifiestamente injusta”.
La moción del BLOC, además de proponer la derogación de la Ley de Costas y su reformulación, reclama la paralización de cualquier proceso de expropiación y derribo iniciado por el Ministerio en la provincia. “Desde el BLOC urgimos al resto de grupos a apoyar nuestra moción porque hay 600 viviendas directamente afectadas y que, según la Ley de Costas actual se derruirán antes de 2018. Hay que empezar a trabajar ya para proteger los derechos de los propietarios de estos núcleos rurales históricos costeros de Castellón”, afirma Nomdedéu
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/143617_bloc-lleva-pleno-diputacion-mocion-para-iniciar-traspaso-competencias-costas-consell.html
EL ESPIRITU DE CHO VITO ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS. CANARIAS. AEPLC Presidente. Carmen del Amo.626823246 perjudicadosporcostas@yahoo.es. Vicepresidente. Margarita Garcia.628907856.
Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
miércoles, 2 de noviembre de 2011
lunes, 31 de octubre de 2011
COSTAS DEMENCIALES
Esa igual de jeroglífica como caprichosa ley de costas, va poniendo el güevo de forma aleatoria y arbitraria por todo el litoral español. Y sus responsables ejecutores, verdugos empecinados, rayanos a la demencia febril y obsesiva, lo mismo te planchan un sueño que te fríen una esperanza. Juramentados para la aplicación de una ley injusta y demasiado cuestionable, van dejando “cadáveres exquisitos” y desolación humana, allá donde hincan el colmillo provistos de sanguinarios papelajos carentes mesura, equidad o una mínima coherencia social.
Y mira por donde, se da el curioso y extraño des-equilibrio, que enrasa a los más débiles en la misma palangana de ablución de su existencia. O desmantelación de sus viviendas, como gusta definir estos irresponsables al derribo de esos hogares, humildes e indefensos, frente a esa implacable apisonadora llamada ‘Ley de costas’…demenciales.
Por la misma inercia abusona, los expedientes de ‘desmantelación’ incoados hasta la fecha, corresponden a meras familias humildes, sin la tranquilidad frente al aparato burrocrático de tener los riñones a bien forrados por una jartá de millones de vellón, y todo lo que eso impedimenta la labor ejecutora y ejecutiva. Es en esa parcela de indefensión tan clamorosa, sin capacidad económica de maniobra frente a una cuadrilla de ‘pezucos’ cebados con los más indefensos, donde se aplica con todo el rigor-mortis una ley que adolece de muchos males endémicos al sistema, claramente obstruido y distanciado de la realidad.
En mi pueblo, hablando en romance paladino, a eso se llama hacer las cosas por bemoles. Poner los mojones (Marítimos) contra los más desprotegidos, los 49 vecinos de Puntas de Calnegre, por ejemplo, mientras se salvaguarda el traje (O el cargo político) y se nada en las truculentas aguas de aquellos que controlan el poder y sus narices.
Demasiados intereses ‘a la limón’. Demasiadas preguntas por contestar. Demasiados encuentros y desencuentros entre colegas o no tan colegas de partido, y repartido. ¿Revanchas o puros negocios? Nunca se sabrá con certeza la realidad oculta tras el ‘desmantelamiento’ de una población costera. Lo que siempre llevaremos como lastre de vergüenza institucional, es el dolor causado a miles de familias de nuestro litoral, que se están viendo en la puñetera calle. Y aún se han de ver, si no cambian los criterios o la jodida ley, con una mano delante y otra detrás para proteger sus pudorosas partes, no vaya a ser que esta indecencia formalizada en cortes no haya quedado satisfecha...
Incluso, en altos foros políticos, incluido el parlamento europeo, hay responsables del gobierno español, la defensora del pueblo, que no pueden sostener las críticas de sus colegas continentales y terminan por reconocer que esta ley de costas es una injusta barbarie, para la mayoría de los casos donde se aplica. Incluso, el gran número de desestimaciones judiciales de expedientes ya ‘cocinados’, viene la refrendar y sentar jurisprudencia -de ser prudentes, eh-, en contra de dicha norma. Incluso, siendo un poco suspicaces, y por aquello del agravio comparativo, podríamos darnos un garbeo por nuestras costas y ver con toda claridad donde se encarniza dicha ley, y donde claudican, o hacen la vista demasiado grossa sus ejecutores, a la hora de aplicarla. Porque es mucho más suave judicialmente destruir los hogares de esas pobres familias sin un puto céntimo, que afrontar un vía crucis de demandas, sentencias y apelaciones desde los gabinetes estelares de esas intocables corporaciones urbanísticas que todos conocemos. Eso creo, no estoy muy seguro, pero parece tener todas las trazas de ser tal y como lo describo. O ¿no?...
Y mira por donde, se da el curioso y extraño des-equilibrio, que enrasa a los más débiles en la misma palangana de ablución de su existencia. O desmantelación de sus viviendas, como gusta definir estos irresponsables al derribo de esos hogares, humildes e indefensos, frente a esa implacable apisonadora llamada ‘Ley de costas’…demenciales.
Por la misma inercia abusona, los expedientes de ‘desmantelación’ incoados hasta la fecha, corresponden a meras familias humildes, sin la tranquilidad frente al aparato burrocrático de tener los riñones a bien forrados por una jartá de millones de vellón, y todo lo que eso impedimenta la labor ejecutora y ejecutiva. Es en esa parcela de indefensión tan clamorosa, sin capacidad económica de maniobra frente a una cuadrilla de ‘pezucos’ cebados con los más indefensos, donde se aplica con todo el rigor-mortis una ley que adolece de muchos males endémicos al sistema, claramente obstruido y distanciado de la realidad.
En mi pueblo, hablando en romance paladino, a eso se llama hacer las cosas por bemoles. Poner los mojones (Marítimos) contra los más desprotegidos, los 49 vecinos de Puntas de Calnegre, por ejemplo, mientras se salvaguarda el traje (O el cargo político) y se nada en las truculentas aguas de aquellos que controlan el poder y sus narices.
Demasiados intereses ‘a la limón’. Demasiadas preguntas por contestar. Demasiados encuentros y desencuentros entre colegas o no tan colegas de partido, y repartido. ¿Revanchas o puros negocios? Nunca se sabrá con certeza la realidad oculta tras el ‘desmantelamiento’ de una población costera. Lo que siempre llevaremos como lastre de vergüenza institucional, es el dolor causado a miles de familias de nuestro litoral, que se están viendo en la puñetera calle. Y aún se han de ver, si no cambian los criterios o la jodida ley, con una mano delante y otra detrás para proteger sus pudorosas partes, no vaya a ser que esta indecencia formalizada en cortes no haya quedado satisfecha...
Incluso, en altos foros políticos, incluido el parlamento europeo, hay responsables del gobierno español, la defensora del pueblo, que no pueden sostener las críticas de sus colegas continentales y terminan por reconocer que esta ley de costas es una injusta barbarie, para la mayoría de los casos donde se aplica. Incluso, el gran número de desestimaciones judiciales de expedientes ya ‘cocinados’, viene la refrendar y sentar jurisprudencia -de ser prudentes, eh-, en contra de dicha norma. Incluso, siendo un poco suspicaces, y por aquello del agravio comparativo, podríamos darnos un garbeo por nuestras costas y ver con toda claridad donde se encarniza dicha ley, y donde claudican, o hacen la vista demasiado grossa sus ejecutores, a la hora de aplicarla. Porque es mucho más suave judicialmente destruir los hogares de esas pobres familias sin un puto céntimo, que afrontar un vía crucis de demandas, sentencias y apelaciones desde los gabinetes estelares de esas intocables corporaciones urbanísticas que todos conocemos. Eso creo, no estoy muy seguro, pero parece tener todas las trazas de ser tal y como lo describo. O ¿no?...
viernes, 28 de octubre de 2011
La doble vara de Costas
La obra denuncia el ''doble rasero'' en la aplicación de la Ley de Costas con los pueblos marineros tradicionales y los poderes empresariales.
Mayo de 2006. Una importante cadena hotelera canjea con la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente la propiedad de la Isla de Lobos por una concesión de 30 años para la explotación en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo de un complejo sobre el que había recaído una orden de demolición por incumplir la Ley de Costas al invadir dominio público marítimo-terrestre. Yeray González Nuez, un periodista grancanario que tenía por entonces 28 años, es el encargado de redactar la nota de prensa del Cabildo de Fuerteventura para su difusión por los diferentes medios de comunicación.
Casi un lustro después, tras cuatro años en el paro y alentado por unas fotografías que le enseñó su madre, Yeray inició un trabajo de investigación que ha dado como resultado un documental de cerca de 80 minutos que denuncia el "doble rasero" en la aplicación de la ley de Costas en Canarias, “inflexible” con los pueblos marineros tradicionales y “permisivo” con grandes poderes empresariales.
“Empecé a indagar y cada vez me encontraba con injusticias más flagrantes que se perpetraban con la connivencia de los políticos y de los empresarios. El último mono era el ciudadano con sus derechos”, explica el director de A nuestra costa, una obra que ha financiado íntegramente con los ahorros de los que disponía y gracias a la colaboración desinteresada de su entorno cercano.
Secundado por las otras dos patas fundamentales del proyecto, Eduardo Hernández y Alfonso García, Yeray ha recorrido cuatro islas (Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife) para visitar una decena de pueblos bajo amenaza de desaparición por la aplicación de la Ley de Costas. En el contacto con los vecinos ha podido comprobar “el espíritu de superación y la capacidad que tiene el ser humano para tirar hacia adelante en situaciones límite”.
Cho Vito se ha erigido en emblema de esta lucha. En octubre de 2008 un amplio dispositivo policial irrumpió en el poblado marinero, lo cercó y derribó una veintena de casas. Aún queda una decena en pie. “Estuvimos cuatro días en Cho Vito y el recibimiento fue espectacular, nos acogieron como una familia. Nos han dado lecciones de vida, de humildad, de sencillez, de dignidad, de cómo comportarse cuando alguien con más poder trata de hundirte”, asegura el guionista y realizador del documental. “Esa gente sabe más de leyes que un político”, tercia Eduardo, que ha colaborado en la edición y en el sonido.
Yeray González reconoce que en el proceso de producción se han topado con presiones y obstáculos de la clase política, el mundo empresarial e, incluso, de medios de comunicación. “Cuando alzas la voz en Canarias, te intentan silenciar. El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o la Demarcación de Costas en Santa Cruz, entre otros, no nos quisieron atender. Me ha sorprendido la falta de tacto que tienen las instituciones públicas para tratar al ciudadano, la impunidad con la que se mueven”, asevera.
Playas semiprivadas vs. yacimientos destrozados
El periodista grancanario ha querido poner de manifiesto con el documental A nuestra costa las “incongruencias” en la aplicación de una ley que nació en 1988 con el objetivo de “recuperar lo que es de todos para disfrute de todos”. Así, contrapone la laxitud mostrada por la administración con un complejo hotelero de Tenerife que llegó a anunciar que disponía de una playa artificial semiprivada a la contundencia de la actuación en Cho Vito.
“A los políticos les ha dado por promocionar los hoteles de lujo y los campos de golf, pero nosotros tenemos nuestra belleza natural, pueblos con valor etnográfico, nuestra cultura, nuestras raíces, que están desapareciendo”. Yeray ilustra su argumentación con un ejemplo de Gran Canaria: “En el paseo que va de Maspalomas a Meloneras tenemos grandes hoteles con forma de edificios típicos canarios y, frente a ellos, hay un yacimiento destrozado, la tradición centenaria de los primeros pobladores sin ningún cuidado”.
MiradasDoc
Tras su presentación en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 'A nuestra costa' estará presente en el MiradasDoc Market que se celebrará en el municipio tinerfeño de Guía de Isora entre el 2 y el 4 de noviembre. En este mercado tendrán la oportunidad de entablar contacto con televisiones y distribuidoras para poder vender el documental. ”En Europa están muy interesados. Queremos dar luz a cosas que hasta el momento están oscurecidas, pero si no lo conseguimos vender y no recupero mis ahorros, estaré igualmente satisfecho con la acogida de la gente, orgulloso con lo que hemos hecho, y lo haré accesible para que no se quede en un cajón”, concluye Yeray, que asegura que ya maquina otros tres proyectos para “denunciar otras injusticias”.
http://www.canariasahora.com/noticia/203566/
Mayo de 2006. Una importante cadena hotelera canjea con la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente la propiedad de la Isla de Lobos por una concesión de 30 años para la explotación en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo de un complejo sobre el que había recaído una orden de demolición por incumplir la Ley de Costas al invadir dominio público marítimo-terrestre. Yeray González Nuez, un periodista grancanario que tenía por entonces 28 años, es el encargado de redactar la nota de prensa del Cabildo de Fuerteventura para su difusión por los diferentes medios de comunicación.
Casi un lustro después, tras cuatro años en el paro y alentado por unas fotografías que le enseñó su madre, Yeray inició un trabajo de investigación que ha dado como resultado un documental de cerca de 80 minutos que denuncia el "doble rasero" en la aplicación de la ley de Costas en Canarias, “inflexible” con los pueblos marineros tradicionales y “permisivo” con grandes poderes empresariales.
“Empecé a indagar y cada vez me encontraba con injusticias más flagrantes que se perpetraban con la connivencia de los políticos y de los empresarios. El último mono era el ciudadano con sus derechos”, explica el director de A nuestra costa, una obra que ha financiado íntegramente con los ahorros de los que disponía y gracias a la colaboración desinteresada de su entorno cercano.
Secundado por las otras dos patas fundamentales del proyecto, Eduardo Hernández y Alfonso García, Yeray ha recorrido cuatro islas (Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife) para visitar una decena de pueblos bajo amenaza de desaparición por la aplicación de la Ley de Costas. En el contacto con los vecinos ha podido comprobar “el espíritu de superación y la capacidad que tiene el ser humano para tirar hacia adelante en situaciones límite”.
Cho Vito se ha erigido en emblema de esta lucha. En octubre de 2008 un amplio dispositivo policial irrumpió en el poblado marinero, lo cercó y derribó una veintena de casas. Aún queda una decena en pie. “Estuvimos cuatro días en Cho Vito y el recibimiento fue espectacular, nos acogieron como una familia. Nos han dado lecciones de vida, de humildad, de sencillez, de dignidad, de cómo comportarse cuando alguien con más poder trata de hundirte”, asegura el guionista y realizador del documental. “Esa gente sabe más de leyes que un político”, tercia Eduardo, que ha colaborado en la edición y en el sonido.
Yeray González reconoce que en el proceso de producción se han topado con presiones y obstáculos de la clase política, el mundo empresarial e, incluso, de medios de comunicación. “Cuando alzas la voz en Canarias, te intentan silenciar. El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o la Demarcación de Costas en Santa Cruz, entre otros, no nos quisieron atender. Me ha sorprendido la falta de tacto que tienen las instituciones públicas para tratar al ciudadano, la impunidad con la que se mueven”, asevera.
Playas semiprivadas vs. yacimientos destrozados
El periodista grancanario ha querido poner de manifiesto con el documental A nuestra costa las “incongruencias” en la aplicación de una ley que nació en 1988 con el objetivo de “recuperar lo que es de todos para disfrute de todos”. Así, contrapone la laxitud mostrada por la administración con un complejo hotelero de Tenerife que llegó a anunciar que disponía de una playa artificial semiprivada a la contundencia de la actuación en Cho Vito.
“A los políticos les ha dado por promocionar los hoteles de lujo y los campos de golf, pero nosotros tenemos nuestra belleza natural, pueblos con valor etnográfico, nuestra cultura, nuestras raíces, que están desapareciendo”. Yeray ilustra su argumentación con un ejemplo de Gran Canaria: “En el paseo que va de Maspalomas a Meloneras tenemos grandes hoteles con forma de edificios típicos canarios y, frente a ellos, hay un yacimiento destrozado, la tradición centenaria de los primeros pobladores sin ningún cuidado”.
MiradasDoc
Tras su presentación en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 'A nuestra costa' estará presente en el MiradasDoc Market que se celebrará en el municipio tinerfeño de Guía de Isora entre el 2 y el 4 de noviembre. En este mercado tendrán la oportunidad de entablar contacto con televisiones y distribuidoras para poder vender el documental. ”En Europa están muy interesados. Queremos dar luz a cosas que hasta el momento están oscurecidas, pero si no lo conseguimos vender y no recupero mis ahorros, estaré igualmente satisfecho con la acogida de la gente, orgulloso con lo que hemos hecho, y lo haré accesible para que no se quede en un cajón”, concluye Yeray, que asegura que ya maquina otros tres proyectos para “denunciar otras injusticias”.
http://www.canariasahora.com/noticia/203566/
jueves, 20 de octubre de 2011
Spain's housing secretary 'in denial' about expat property problems/ LA SECRETARIA DE VIVIENDA ESPAÑOLA "en la negación" acerca de los problemas de p
Beatriz Corredor. Agente InmobiliariaSpain's housing secretary 'in denial' about expat property problems
Marta Andreasen MEP has claimed Spain's secretary for housing 'is in denial' regarding the severity of the problems affecting British expats who have invested in Spanish property, following a heated exchange at an international property exhibition in London.
The argument took place following a speech delivered last week by the Spanish housing secretary Beatriz Corredor, who called for Britons to trust in Spain and to take advantage of its ripe property market.
UKIP's Marta Andreasen MEP said: "I was quite upset that she refused to accept or mention the fact that were serious problems affecting Brits in Spain.
"She referred to new reforms that had supposedly made Spain a safe country in which to buy, but these reforms neither resolve the past nor the present problems.
"The British are among the highest proportion of foreign property purchasers, but the bad reputation Spain has earned itself has seen the level of interest in Spanish property plummet. This so-called ‘property roadshow’ was to address that with the aim of portraying that everything is fixed and the Brits can start spending their money again. How wrong this is.
"Regional governments pick fights with local governments, mayors and politicans take bribes, then get prosecuted for corruption – it really is difficult for any British person to trust anyone throughout the home buying process.
"The minister made out that there were just one or two people with problems and that these were getting sorted out."
A decree to legalise existing illegal properties combined with a reduction in new home tax and falling house prices made Spain the ideal place in which to invest, said the minister during her address to an audience of developers, investors and protesting British investors who gathered at London's Docklands.
No mention was made of the many thousands of expats who have bought in good faith only to be told their houses are illegally built and therefore unsellable, and excluded from local water and electricity supplies.
It was the second time this year that the secretary had addressed a British audience of potential investors and explained why Spanish property is such a good investment.
The discussion between the pair was brought to a close by the Spanish Ambassador, Carles Casajuana, who led the Spanish housing secretary away after Marta Andreasen refused to shake her hand.
"I spoke in Spanish and in English so that people around would understand," said Ms Andreasen. "Afterwards I was approached by developers who said they too had been affected by the Spanish government's refusal to sort out the problem, and didn't expect to sales to pick up until the current problems had been solved."
The MEP has long campaigned on behalf of Brits caughts up in Spain's planning and property scandals. She is currently urging the EU to stop funding Spanish regions until they resolve these problems.
http://www.telegraph.co.uk/property/expatproperty/8834093/Spains-housing-secretary-in-denial-about-expat-property-problems.html
LA SECRETARIA DE VIVIENDA ESPAÑOLA "en la negación" acerca de los problemas de propiedad de expatriados
Marta Andreasen MEP ha afirmado que la secretaria de España para la vivienda "está en la negación" con respecto a la gravedad de los problemas que afectan a los expatriados británicos que han invertido en propiedades españolas, tras una acalorada discusión en una exposición internacional de la propiedad en Londres.
La Secretaria de Vivienda, Beatriz Corredor (en la foto), quien se encontraba en el Reino Unido la promoción de la propiedad española esta semana por Sean O'Hare
El argumento se llevó a cabo después de un discurso pronunciado la semana pasada por los españoles, la Secretaria de Vivienda, Beatriz Corredor, quien llamó a los británicos a la confianza en España y aprovechar de su mercado inmobiliario maduro.
Marta Andreasen de UKIP MEP, dijo: "Yo estaba muy molesta porque se negó a aceptar o mencionar el hecho de que eran graves problemas que afectan los británicos en España.
"Se refirió a las nuevas reformas que supuestamente había hecho de España un país seguro para comprar, pero esas reformas no resuelven el pasado ni los problemas actuales.
"Los británicos están entre la más alta proporción de compradores de bienes en el extranjero, pero la mala fama que España se ha ganado se ha visto el nivel de interés en la propiedad española en picado. Esta llamada" propiedad roadshow 'fue para hacer frente a que, con el objetivo de retratar a que todo lo que es fijo y los británicos pueden empezar a gastar su dinero de nuevo. ¿Qué tan malo es esto. "Los gobiernos regionales peleas con los gobiernos locales, los alcaldes y los políticos aceptan sobornos, a continuación, obtener procesados por corrupción - lo que realmente es difícil para cualquier persona británica confiar en nadie en todo el proceso de compra.
"El ministro hizo que hubiera una o dos personas con problemas y que estos estaban resueltos."
Un decreto para legalizar existentes viviendas ilegales en combinación con una reducción del impuesto nuevo hogar y la caída de precios de la vivienda convertido a España en el lugar ideal para invertir, dijo el ministro durante su discurso ante una audiencia de desarrolladores, inversionistas y protestando inversores británicos que se reunieron en Londres Docklands.
No se hizo mención de los miles de extranjeros que han comprado de buena fe, sólo para enterarse de sus casas están edificadas ilegalmente y, por tanto, invendible, y excluidos de los locales de agua y electricidad.
Fue la segunda vez este año que el secretario se había dirigido a un público británico de los posibles inversores y explicó por qué inmobiliario español es una buena inversión.
La discusión entre la pareja fue llevada a su fin por el embajador español, Carles Casajuana, quien dirigió el secretario de Vivienda español, lejos después de Marta Andreasen se negó a estrecharle la mano.
"He hablado en español y en Inglés para que la gente alrededor lo entendería", dijo la Sra. Andreasen. "Luego se me acercó a los desarrolladores que dijeron que también habían sido afectados por la negativa del gobierno español para solucionar el problema, y no esperar a las ventas para recoger hasta los actuales problemas se habían resuelto."
La eurodiputada lleva mucho tiempo haciendo campaña en nombre de los británicos caughts en la planificación de España y los escándalos de la propiedad. Actualmente está instando a la UE a dejar de financiar a las regiones españolas hasta que se resuelvan estos problemas.
http://www.telegraph.co.uk/property/expatproperty/8834093/Spains-housing-secretary-in-denial-about-expat-property-problems.html
Marta Andreasen MEP has claimed Spain's secretary for housing 'is in denial' regarding the severity of the problems affecting British expats who have invested in Spanish property, following a heated exchange at an international property exhibition in London.
The argument took place following a speech delivered last week by the Spanish housing secretary Beatriz Corredor, who called for Britons to trust in Spain and to take advantage of its ripe property market.
UKIP's Marta Andreasen MEP said: "I was quite upset that she refused to accept or mention the fact that were serious problems affecting Brits in Spain.
"She referred to new reforms that had supposedly made Spain a safe country in which to buy, but these reforms neither resolve the past nor the present problems.
"The British are among the highest proportion of foreign property purchasers, but the bad reputation Spain has earned itself has seen the level of interest in Spanish property plummet. This so-called ‘property roadshow’ was to address that with the aim of portraying that everything is fixed and the Brits can start spending their money again. How wrong this is.
"Regional governments pick fights with local governments, mayors and politicans take bribes, then get prosecuted for corruption – it really is difficult for any British person to trust anyone throughout the home buying process.
"The minister made out that there were just one or two people with problems and that these were getting sorted out."
A decree to legalise existing illegal properties combined with a reduction in new home tax and falling house prices made Spain the ideal place in which to invest, said the minister during her address to an audience of developers, investors and protesting British investors who gathered at London's Docklands.
No mention was made of the many thousands of expats who have bought in good faith only to be told their houses are illegally built and therefore unsellable, and excluded from local water and electricity supplies.
It was the second time this year that the secretary had addressed a British audience of potential investors and explained why Spanish property is such a good investment.
The discussion between the pair was brought to a close by the Spanish Ambassador, Carles Casajuana, who led the Spanish housing secretary away after Marta Andreasen refused to shake her hand.
"I spoke in Spanish and in English so that people around would understand," said Ms Andreasen. "Afterwards I was approached by developers who said they too had been affected by the Spanish government's refusal to sort out the problem, and didn't expect to sales to pick up until the current problems had been solved."
The MEP has long campaigned on behalf of Brits caughts up in Spain's planning and property scandals. She is currently urging the EU to stop funding Spanish regions until they resolve these problems.
http://www.telegraph.co.uk/property/expatproperty/8834093/Spains-housing-secretary-in-denial-about-expat-property-problems.html
LA SECRETARIA DE VIVIENDA ESPAÑOLA "en la negación" acerca de los problemas de propiedad de expatriados
Marta Andreasen MEP ha afirmado que la secretaria de España para la vivienda "está en la negación" con respecto a la gravedad de los problemas que afectan a los expatriados británicos que han invertido en propiedades españolas, tras una acalorada discusión en una exposición internacional de la propiedad en Londres.
La Secretaria de Vivienda, Beatriz Corredor (en la foto), quien se encontraba en el Reino Unido la promoción de la propiedad española esta semana por Sean O'Hare
El argumento se llevó a cabo después de un discurso pronunciado la semana pasada por los españoles, la Secretaria de Vivienda, Beatriz Corredor, quien llamó a los británicos a la confianza en España y aprovechar de su mercado inmobiliario maduro.
Marta Andreasen de UKIP MEP, dijo: "Yo estaba muy molesta porque se negó a aceptar o mencionar el hecho de que eran graves problemas que afectan los británicos en España.
"Se refirió a las nuevas reformas que supuestamente había hecho de España un país seguro para comprar, pero esas reformas no resuelven el pasado ni los problemas actuales.
"Los británicos están entre la más alta proporción de compradores de bienes en el extranjero, pero la mala fama que España se ha ganado se ha visto el nivel de interés en la propiedad española en picado. Esta llamada" propiedad roadshow 'fue para hacer frente a que, con el objetivo de retratar a que todo lo que es fijo y los británicos pueden empezar a gastar su dinero de nuevo. ¿Qué tan malo es esto. "Los gobiernos regionales peleas con los gobiernos locales, los alcaldes y los políticos aceptan sobornos, a continuación, obtener procesados por corrupción - lo que realmente es difícil para cualquier persona británica confiar en nadie en todo el proceso de compra.
"El ministro hizo que hubiera una o dos personas con problemas y que estos estaban resueltos."
Un decreto para legalizar existentes viviendas ilegales en combinación con una reducción del impuesto nuevo hogar y la caída de precios de la vivienda convertido a España en el lugar ideal para invertir, dijo el ministro durante su discurso ante una audiencia de desarrolladores, inversionistas y protestando inversores británicos que se reunieron en Londres Docklands.
No se hizo mención de los miles de extranjeros que han comprado de buena fe, sólo para enterarse de sus casas están edificadas ilegalmente y, por tanto, invendible, y excluidos de los locales de agua y electricidad.
Fue la segunda vez este año que el secretario se había dirigido a un público británico de los posibles inversores y explicó por qué inmobiliario español es una buena inversión.
La discusión entre la pareja fue llevada a su fin por el embajador español, Carles Casajuana, quien dirigió el secretario de Vivienda español, lejos después de Marta Andreasen se negó a estrecharle la mano.
"He hablado en español y en Inglés para que la gente alrededor lo entendería", dijo la Sra. Andreasen. "Luego se me acercó a los desarrolladores que dijeron que también habían sido afectados por la negativa del gobierno español para solucionar el problema, y no esperar a las ventas para recoger hasta los actuales problemas se habían resuelto."
La eurodiputada lleva mucho tiempo haciendo campaña en nombre de los británicos caughts en la planificación de España y los escándalos de la propiedad. Actualmente está instando a la UE a dejar de financiar a las regiones españolas hasta que se resuelvan estos problemas.
http://www.telegraph.co.uk/property/expatproperty/8834093/Spains-housing-secretary-in-denial-about-expat-property-problems.html
El 'Road Show' de la Secretaria de Estado de Vivienda
El pasado jueves acompañé a un grupo de damnificados británicos al centro de exhibiciones de London Excel, en el Reino Unido, donde secretaria de Estado de Vivienda en el Ministerio de Fomento, Beatriz Corredor, realizó una presentación con el fin de promocionar la venta del excedente de casas en su país.
Aunque esta visita fue presentada como la segunda fase del 'road show' que Corredor iniciara en el primer semestre del año, junto al Ministro de Fomento, José Blanco, a mí me resultó curioso que se embarcara en tal tarea a escasos 38 días de las elecciones nacionales, más aún cuando las posibilidades de reelección del partido al que pertenece son prácticamente inexistentes.
Los ciudadanos británicos que asistieron al acto para interrogar a la Secretaria de Estado vieron sus esperanzas truncadas desde el primer momento, cuando el embajador de España en aquél país anunció que Corredor haría una presentación de aproximadamente 30 minutos, pero que el turno de preguntas sería sustituido por un agasajo con vino español. La presentación hizo hincapié en la gran oportunidad que representa el adquirir propiedad en España en estos tiempos en que el precio de la vivienda ha descendido un 17% y el IVA se ha reducido del 8% al 4 % hasta el fin del corriente año.
En cuanto a la seguridad jurídica, se anunciaron nuevas medidas para "reforzar" la misma así como la transparencia en el sector inmobiliario español, destacándose que la información sobre todas las viviendas puede encontrarse en el Registro de la propiedad de carácter público y acceso universal.
Al finalizar la presentación, el grupo de damnificados se acercó a ella para plantearle el problema que les afectaba, pero fueron rápidamente apartados de su lado por un miembro de la delegación que le acompañaba, quien los entrevistó separadamente sin ofrecer solución alguna.
Entretanto, yo me dirigí a ella en mi calidad de eurodiputada representante de los ciudadanos del sudeste de Inglaterra, refiriéndole la situación de muchos de ellos: habiendo adquirido propiedades en España de buena fe, hoy se encuentran sin la posibilidad de habitarlas, sea por amenazas de demolición o porque simplemente no se habían construido, situaciones por las que nadie responde, ni siquiera los bancos que garantizaron tales desarrollos inmobiliarios.
Su inmediata respuesta fue la de negar la existencia de problema alguno en la actualidad y la aseveración de que "algún caso aislado del pasado ya se estaba solucionando".
Le aseguré que el problema afectaba a miles de propietarios de todas las nacionalidades, incluidos los españoles, y que según la Junta de Andalucía podría tratarse de unas 300.000 propiedades. A esta altura, la conversación se volvió más "apasionada", lo cual, sin embargo, no resultó en un reconocimiento de la realidad por parte de la Secretaria de Vivienda.
Aproveché también la oportunidad para informarle que es incorrecto decir que puede obtenerse información actualizada en el Registro de la Propiedad, tal como uno de los damnificados presentes en la presentación había comprobado un par de horas antes. En efecto, la casa de la señira Prior -uno de los casos más conocidos- fue demolida totalmente a excepción del garaje, pero figura en el registro como si aún existiera en su integridad. Una vez más, sólo obtuve una negación como respuesta.
Conversando con algunos de los asistentes -empresas promotoras y bancos- algunos me hicieron saber que compartían mi inquietud por la falta de propuestas de solución por parte del Gobierno a todos estos problemas que afectan al sector inmobiliario, ya provengan de la ley de costas, la ley del suelo, la falta de compromiso de los bancos garantes y, en fin, los abusos cometidos por otros intervinientes.
Sin duda, el haber hallado solución a esos problemas hubiera resultado ser una promoción mucho más exitosa del sector inmobiliario español... pero el Gobierno del Zapatero no lo ha sabido ver. ¿Sabrá verlo el Partido Popular cuando esté en el poder?
Aunque esta visita fue presentada como la segunda fase del 'road show' que Corredor iniciara en el primer semestre del año, junto al Ministro de Fomento, José Blanco, a mí me resultó curioso que se embarcara en tal tarea a escasos 38 días de las elecciones nacionales, más aún cuando las posibilidades de reelección del partido al que pertenece son prácticamente inexistentes.
Los ciudadanos británicos que asistieron al acto para interrogar a la Secretaria de Estado vieron sus esperanzas truncadas desde el primer momento, cuando el embajador de España en aquél país anunció que Corredor haría una presentación de aproximadamente 30 minutos, pero que el turno de preguntas sería sustituido por un agasajo con vino español. La presentación hizo hincapié en la gran oportunidad que representa el adquirir propiedad en España en estos tiempos en que el precio de la vivienda ha descendido un 17% y el IVA se ha reducido del 8% al 4 % hasta el fin del corriente año.
En cuanto a la seguridad jurídica, se anunciaron nuevas medidas para "reforzar" la misma así como la transparencia en el sector inmobiliario español, destacándose que la información sobre todas las viviendas puede encontrarse en el Registro de la propiedad de carácter público y acceso universal.
Al finalizar la presentación, el grupo de damnificados se acercó a ella para plantearle el problema que les afectaba, pero fueron rápidamente apartados de su lado por un miembro de la delegación que le acompañaba, quien los entrevistó separadamente sin ofrecer solución alguna.
Entretanto, yo me dirigí a ella en mi calidad de eurodiputada representante de los ciudadanos del sudeste de Inglaterra, refiriéndole la situación de muchos de ellos: habiendo adquirido propiedades en España de buena fe, hoy se encuentran sin la posibilidad de habitarlas, sea por amenazas de demolición o porque simplemente no se habían construido, situaciones por las que nadie responde, ni siquiera los bancos que garantizaron tales desarrollos inmobiliarios.
Su inmediata respuesta fue la de negar la existencia de problema alguno en la actualidad y la aseveración de que "algún caso aislado del pasado ya se estaba solucionando".
Le aseguré que el problema afectaba a miles de propietarios de todas las nacionalidades, incluidos los españoles, y que según la Junta de Andalucía podría tratarse de unas 300.000 propiedades. A esta altura, la conversación se volvió más "apasionada", lo cual, sin embargo, no resultó en un reconocimiento de la realidad por parte de la Secretaria de Vivienda.
Aproveché también la oportunidad para informarle que es incorrecto decir que puede obtenerse información actualizada en el Registro de la Propiedad, tal como uno de los damnificados presentes en la presentación había comprobado un par de horas antes. En efecto, la casa de la señira Prior -uno de los casos más conocidos- fue demolida totalmente a excepción del garaje, pero figura en el registro como si aún existiera en su integridad. Una vez más, sólo obtuve una negación como respuesta.
Conversando con algunos de los asistentes -empresas promotoras y bancos- algunos me hicieron saber que compartían mi inquietud por la falta de propuestas de solución por parte del Gobierno a todos estos problemas que afectan al sector inmobiliario, ya provengan de la ley de costas, la ley del suelo, la falta de compromiso de los bancos garantes y, en fin, los abusos cometidos por otros intervinientes.
Sin duda, el haber hallado solución a esos problemas hubiera resultado ser una promoción mucho más exitosa del sector inmobiliario español... pero el Gobierno del Zapatero no lo ha sabido ver. ¿Sabrá verlo el Partido Popular cuando esté en el poder?
Marta Andreasen. Miembro del PARLAMENTO EUROPEO.
Esta política del euroescéptico UKIP británico es una de las más críticas con los problemas urbanísticos en España
Esta política del euroescéptico UKIP británico es una de las más críticas con los problemas urbanísticos en España
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/europa_atirodeblog/2011/10/19/el-road-show-de-la-secretaria-de-estado.html
domingo, 16 de octubre de 2011
Pendientes aún de Costas
“No entiendo como ponen una fecha y luego no cumplen”, así se claro se manifestaba el alcalde de Güímar, Rafael Yanes Mesa, sobre la repuesta que aún está por llegar de la Dirección General de Costas al proyecto de reforma del caserío de Santa Lucía-Los Barrancos, en el litoral güimarero de Agache.
Un proyecto para asegurar un pequeño barrio costero, donde los derrumbes sucedidos en junio obligaron al precinto de una treintena de viviendas y el desalojo de sus ocupantes, solo ocho de ellos residentes habituales de un núcleo costero, que siguen residiendo fuera de sus casas al estar precintadas por falta de seguridad, al no conceder Costas aún el permiso para que se apuntale la cueva natural donde se produjeron los desprendimientos, tal y como se recoge en el estudio geotécnico que realizó para el Ayuntamiento de Güímar la empresa Icinco. Para presentar ese proyecto y obtener el visto bueno de Costas, hace un mes se trasladaron a Madrid el alcalde, Rafael Yanes, y la primera teniente de alcalde, Carmen Luisa Castro, que junto con el diputado socialista José Segura y el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, José Herrera, se reunieron con el director general de Costas, Pedro Ríos, quien se mostró entonces receptivo al proyecto y puso un plazo de un mes (primera semana de octubre) para dar una respuesta definitiva, algo que hasta hoy no ha ocurrido, lo que tiene en vilo a un centenar de vecinos que hoy, como cada domingo al mediodía, volverán a concentrarse en la pequeña plaza de la ermita de Santa Lucía para conocer las últimas noticias sobre un barrio que mantiene la incertidumbre por su futuro más cercano y por el futuro, cuando saben que su barrio, al contrario de lo que sucedido con Punta Prieta, La Caleta y La Puente, en la misma zona de Agache, sí está afectado por la Ley de Costas de 1988.
Hay que recordar que el estudio también indica las medidas de seguridad que se deben llevar a cabo para evitar nuevos desprendimientos, que van desde el mallado hasta el reforzamiento de la pared. El problema radica en que estas obras no se pueden llevar a cabo hasta obtener la autorización Costas, algo que se espera pueda ocurrir en breve.
El Socorro, tampoco
También en esa misma visita a Madrid, los representantes del Ayuntamiento de Güímar aprovecharán la visita a Pedro Ríos para buscar una solución definitiva para la ubicación de la estación de bombeo de El Socorro, que los vecinos quieren trasladar al extrarradio. Para ello, Costas pidió un proyecto de avenida y presentado éste, todavía los vecinos siguen sin respuesta. Y eso que ya tienen, dicen, el dinero.
http://www.diariodeavisos.com/2011/10/15/actualidad/pendientes-aun-de-costas
Un proyecto para asegurar un pequeño barrio costero, donde los derrumbes sucedidos en junio obligaron al precinto de una treintena de viviendas y el desalojo de sus ocupantes, solo ocho de ellos residentes habituales de un núcleo costero, que siguen residiendo fuera de sus casas al estar precintadas por falta de seguridad, al no conceder Costas aún el permiso para que se apuntale la cueva natural donde se produjeron los desprendimientos, tal y como se recoge en el estudio geotécnico que realizó para el Ayuntamiento de Güímar la empresa Icinco. Para presentar ese proyecto y obtener el visto bueno de Costas, hace un mes se trasladaron a Madrid el alcalde, Rafael Yanes, y la primera teniente de alcalde, Carmen Luisa Castro, que junto con el diputado socialista José Segura y el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, José Herrera, se reunieron con el director general de Costas, Pedro Ríos, quien se mostró entonces receptivo al proyecto y puso un plazo de un mes (primera semana de octubre) para dar una respuesta definitiva, algo que hasta hoy no ha ocurrido, lo que tiene en vilo a un centenar de vecinos que hoy, como cada domingo al mediodía, volverán a concentrarse en la pequeña plaza de la ermita de Santa Lucía para conocer las últimas noticias sobre un barrio que mantiene la incertidumbre por su futuro más cercano y por el futuro, cuando saben que su barrio, al contrario de lo que sucedido con Punta Prieta, La Caleta y La Puente, en la misma zona de Agache, sí está afectado por la Ley de Costas de 1988.
Hay que recordar que el estudio también indica las medidas de seguridad que se deben llevar a cabo para evitar nuevos desprendimientos, que van desde el mallado hasta el reforzamiento de la pared. El problema radica en que estas obras no se pueden llevar a cabo hasta obtener la autorización Costas, algo que se espera pueda ocurrir en breve.
El Socorro, tampoco
También en esa misma visita a Madrid, los representantes del Ayuntamiento de Güímar aprovecharán la visita a Pedro Ríos para buscar una solución definitiva para la ubicación de la estación de bombeo de El Socorro, que los vecinos quieren trasladar al extrarradio. Para ello, Costas pidió un proyecto de avenida y presentado éste, todavía los vecinos siguen sin respuesta. Y eso que ya tienen, dicen, el dinero.
http://www.diariodeavisos.com/2011/10/15/actualidad/pendientes-aun-de-costas
martes, 11 de octubre de 2011
Viva el hotel, muera el poblado!
El recuerdo de su trágica muerte hace casi veinte años aún perturba mi memoria. Murió en soledad y atrapado dentro de su coche tras una violenta colisión. Todavía recuerdo estremecerme al ver en la televisión los metales retorcidos del coche. Sólo después escuché su nombre: César Manrique. Era el 25 de septiembre de 1992.
Han pasado diecinueve años y Canarias sigue luchando contra los mismos demonios que César, en vida, exorcizó de Lanzarote: la especulación inmobiliaria y la degradación medioambiental. Él defendió que el turismo sostenible y el respeto por la naturaleza eran perfectamente compatibles. Sus edificios, complejos y espacios se integran respetuosamente con el entorno natural que les rodea. Tan integrados como lo están decenas de antiguos poblados costeros de Canarias.
Sin embargo hace décadas que son los hoteles y no los poblados los que se han adueñado de nuestras costas. Además, la segunda Ley de Costas, vigente desde 1988 (la primera data de 1969), ha ilegalizado muchos de estos poblados. La Ley los ha transformado, como afirma el antropólogo Fernando Estévez, en «la encarnación misma del Mal territorial».
Hoy continúan en pie hoteles y espacios de ocio privado (como varios clubes náuticos) que ocupan en parte el dominio público. Pero sólo los poblados son el auténtico cáncer que enferma nuestras costas. Como, por ejemplo, la casa terrera marinera del carpintero Santiago Medina Cáceres levantada por sus antepasados a inicios del siglo XX en la costa de Berrugo (Lanzarote). Su demolición prevista el año pasado se aplazó. Aunque Santiago, con 73 años, y su familia fueron desalojados.
Según la Ley de 1988, no menos dañinas para nuestras costas son las casas del poblado de Cho Vito. Paradójicamente están ubicadas en un municipio, el de Candelaria, que en la última década ha sufrido uno de los mayores desórdenes territoriales de España. Así que mientras en Candelaria pronto se empezarán a construir adosados y hoteles en el cielo, varios habitantes del poblado de Cho Vito viven con la amenaza del desalojo y la demolición de sus viviendas. Una amenaza postergada en septiembre de 2010.
Con una Ley canaria de Costas y una gestión autonómica de las mismas ya no hacen falta ni moratorias ni recalificaciones. Simplemente se podrían legalizar todas las viviendas construidas en las costas canarias antes de la Ley de 1988 y, evidentemente, decenas de hoteles ilegales.
Sin duda, no se puede generalizar. No todos los poblados costeros tienen la misma historia. De hecho, sabemos que numerosas casas de Cho Vito se construyeron tras la Ley de Costas de 1969 y por tanto son ilegales. También son ilegales hoteles ubicados no muy lejos de Cho Vito y edificados después de 1969. Pero hoy esos hoteles no están amenazados de demolición.
Aunque la Ley debe ser para todos, bajo la sombra alargada de la pala demoledora están principalmente los poblados: Bajo La Cuesta (Tenerife), La Bombilla (La Palma), Pozo Negro (Fuerteventura), Tufia (Gran Canaria)… En total, unos veintisiete mil casos en el archipiélago. Para toda España se calcula que son 400.000 los españoles afectados.
En el caso de Pozo Negro el prehistoriador Tejera Gaspar y otros especialistas han señalado que en ese lugar pudo comenzar la conquista de Canarias encabezada por el normando Jean de Béthencourt en el año 1402. También Tufia es en parte un yacimiento prehistórico.
Hoy, vecinos como Santiago Medina deben pagar las consecuencias de un absurdo legal: la aplicación retroactiva de la Ley de Costas de 1988. O sea, Santiago comete una ilegalidad por vivir en una casa terrera que su antepasado construyó junto a la costa en una época en la que no existía dicha Ley. Imagínese, es como si esta semana el Ministro de Justicia, cumpliendo una nueva ley, metiese en la cárcel a todos los descendientes de Béthencourt acusándolos del «genocidio de aborígenes» cometido por el conquistador normando en 1402. ¿Qué culpa tienen sus descendientes setecientos años después? Igualmente, ¿qué culpa tiene Santiago de que un antepasado suyo construyese una casa costera hace más de un siglo? Si no se adopta una política de caso por caso y aplicable a todos (hoteles y poblados), la imposición retroactiva de una ley constituye una verdadera injusticia.
En estos tiempos con tanto debate sobre la «memoria histórica» sorprende que las instituciones políticas no usen dicha memoria para comprender por qué muchos de estos poblados deben sobrevivir. La centenaria casa de Santiago es el vestigio de una manera de vivir en vía acelerada de extinción. Como señala el geógrafo Fernando Sabaté, muchos poblados costeros nacieron como resultado del sistema de aprovechamiento múltiple y vertical, gestionado desde la medianía y que abarcaba desde la costa hasta la cumbre. Los habitantes de cada pueblo en la medianía disponían de su propia zona de abastecimiento de comida y otros recursos en la costa y la cumbre. Así que algo de cierto habrá en la leyenda que cuenta que las papas arrugadas nacieron cuando alguien las guisó con agua de mar.
Sin embargo, en esos poblados, los expertos no ven sino casas. Y en esas casas no encuentran ni historia, ni memoria. Son simplemente construcciones de «baja calidad». No pueden (o no quieren) entender que muchas de esas casas forman parte de un complejo sistema espacial y cultural, o sea, representan un modo de vida vernáculo.
Mientras tanto, el Gobierno canario hace leña del árbol caído. Su estrategia es simple: deja actuar al Estado, alega ante la opinión pública que lo sucedido en las costas canarias es una injerencia casi colonialista de Madrid y aprovecha el malestar ciudadano para exigir al Estado la gestión total de las costas canarias.
En una economía tan dependiente del turismo, el control absoluto de nuestras costas es sin duda la guinda del pastel y… el pastel completo. Por eso el Parlamento de Canarias acaba de solicitar por unanimidad (sí, no se sorprenda, se lo repito) por unanimidad al Gobierno central el traspaso de la gestión de las costas o en su defecto que la comunidad autónoma pueda colaborar con el Estado en la gestión.
Esa colaboración se me antoja casi imposible. El Gobierno central ha recurrido el proyecto de Ley de Costas de Canarias porque invadía las competencias del Estado. Es decir, la Ley canaria intenta proteger del derribo asentamientos urbanos consolidados (como los poblados) junto al mar que el Estado prevé demoler.
¡Qué curioso! El Gobierno canario que con su Ley desea proteger los poblados costeros – enfrentándose al Estado feroz – es el mismo Gobierno que sigue obsesionado con construir el puerto de Granadilla en Tenerife. Al contrario, ya sabemos que para construirlo más rápidamente, el Gobierno inventó una Ley que descatalogaba la flora y la fauna protegidas en la zona del proyectado puerto: la tortuga boba, la seba o la piña de mar.
También, ese Gobierno que con su Ley canaria de Costas intenta proteger los poblados costeros es el mismo Gobierno que, en Lanzarote, ha dado la espalda a la Fundación César Manrique en su batalla contra la edificación de hoteles ilegales.
Gracias a la Fundación, los jueces han ilegalizado la construcción de más de 12.000 plazas alojativas, es decir, alrededor de veintisiete licencias. La semana pasada la Fundación ha vuelto a exigir a los políticos canarios el cumplimiento de las sentencias judiciales . El Gobierno canario hace mutis por el foro y el Cabildo de Lanzarote, tras encargar un único y dudoso informe, sostiene que se haga la vista gorda amparándose en una interpretación jurídicamente inviable del artículo 47 del Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC). Además el Cabildo arguye que existe un «estado de excepción urbanístico insular», en otras palabras, que hay crisis, la cual se solucionaría con la legalización de los hoteles prohibidos. El discreto Gobierno canario lo ve con buenos ojos.
He aquí entonces la razón escondida del enfrentamiento por la gestión de las costas entre el Gobierno canario y el Estado; el Gobierno canario desea implantar «la política del borrón y cuenta nueva». Con una Ley canaria de Costas y una gestión autonómica de las mismas ya no hacen falta ni moratorias ni recalificaciones. Simplemente se podría legalizar todas las viviendas construidas en las costas canarias antes de la Ley de 1988. Esta «amnistía feliz» incluiría muchos poblados costeros (legales e ilegales) y evidentemente… decenas de hoteles ilegales como los de Lanzarote.
La opinión pública no se opondrá a la amnistía. Por un lado, los poblados tradicionales costeros se salvarán de las palas demoledoras de Madrid. Por otro, se legalizarán hoteles que aliviarán la crisis, perpetuando así el monocultivo del turismo, y se vilipendiarán las voces críticas como las de la Fundación César Manrique. Ni Maquiavelo podría haberlo planeado mejor y sacar tan excelente tajada.
http://www.loquepasaentenerife.com/vivir/11-10-2011/vivaelhotelmueraelpoblado
Han pasado diecinueve años y Canarias sigue luchando contra los mismos demonios que César, en vida, exorcizó de Lanzarote: la especulación inmobiliaria y la degradación medioambiental. Él defendió que el turismo sostenible y el respeto por la naturaleza eran perfectamente compatibles. Sus edificios, complejos y espacios se integran respetuosamente con el entorno natural que les rodea. Tan integrados como lo están decenas de antiguos poblados costeros de Canarias.
Sin embargo hace décadas que son los hoteles y no los poblados los que se han adueñado de nuestras costas. Además, la segunda Ley de Costas, vigente desde 1988 (la primera data de 1969), ha ilegalizado muchos de estos poblados. La Ley los ha transformado, como afirma el antropólogo Fernando Estévez, en «la encarnación misma del Mal territorial».
Hoy continúan en pie hoteles y espacios de ocio privado (como varios clubes náuticos) que ocupan en parte el dominio público. Pero sólo los poblados son el auténtico cáncer que enferma nuestras costas. Como, por ejemplo, la casa terrera marinera del carpintero Santiago Medina Cáceres levantada por sus antepasados a inicios del siglo XX en la costa de Berrugo (Lanzarote). Su demolición prevista el año pasado se aplazó. Aunque Santiago, con 73 años, y su familia fueron desalojados.
Según la Ley de 1988, no menos dañinas para nuestras costas son las casas del poblado de Cho Vito. Paradójicamente están ubicadas en un municipio, el de Candelaria, que en la última década ha sufrido uno de los mayores desórdenes territoriales de España. Así que mientras en Candelaria pronto se empezarán a construir adosados y hoteles en el cielo, varios habitantes del poblado de Cho Vito viven con la amenaza del desalojo y la demolición de sus viviendas. Una amenaza postergada en septiembre de 2010.
Con una Ley canaria de Costas y una gestión autonómica de las mismas ya no hacen falta ni moratorias ni recalificaciones. Simplemente se podrían legalizar todas las viviendas construidas en las costas canarias antes de la Ley de 1988 y, evidentemente, decenas de hoteles ilegales.
Sin duda, no se puede generalizar. No todos los poblados costeros tienen la misma historia. De hecho, sabemos que numerosas casas de Cho Vito se construyeron tras la Ley de Costas de 1969 y por tanto son ilegales. También son ilegales hoteles ubicados no muy lejos de Cho Vito y edificados después de 1969. Pero hoy esos hoteles no están amenazados de demolición.
Aunque la Ley debe ser para todos, bajo la sombra alargada de la pala demoledora están principalmente los poblados: Bajo La Cuesta (Tenerife), La Bombilla (La Palma), Pozo Negro (Fuerteventura), Tufia (Gran Canaria)… En total, unos veintisiete mil casos en el archipiélago. Para toda España se calcula que son 400.000 los españoles afectados.
En el caso de Pozo Negro el prehistoriador Tejera Gaspar y otros especialistas han señalado que en ese lugar pudo comenzar la conquista de Canarias encabezada por el normando Jean de Béthencourt en el año 1402. También Tufia es en parte un yacimiento prehistórico.
Hoy, vecinos como Santiago Medina deben pagar las consecuencias de un absurdo legal: la aplicación retroactiva de la Ley de Costas de 1988. O sea, Santiago comete una ilegalidad por vivir en una casa terrera que su antepasado construyó junto a la costa en una época en la que no existía dicha Ley. Imagínese, es como si esta semana el Ministro de Justicia, cumpliendo una nueva ley, metiese en la cárcel a todos los descendientes de Béthencourt acusándolos del «genocidio de aborígenes» cometido por el conquistador normando en 1402. ¿Qué culpa tienen sus descendientes setecientos años después? Igualmente, ¿qué culpa tiene Santiago de que un antepasado suyo construyese una casa costera hace más de un siglo? Si no se adopta una política de caso por caso y aplicable a todos (hoteles y poblados), la imposición retroactiva de una ley constituye una verdadera injusticia.
En estos tiempos con tanto debate sobre la «memoria histórica» sorprende que las instituciones políticas no usen dicha memoria para comprender por qué muchos de estos poblados deben sobrevivir. La centenaria casa de Santiago es el vestigio de una manera de vivir en vía acelerada de extinción. Como señala el geógrafo Fernando Sabaté, muchos poblados costeros nacieron como resultado del sistema de aprovechamiento múltiple y vertical, gestionado desde la medianía y que abarcaba desde la costa hasta la cumbre. Los habitantes de cada pueblo en la medianía disponían de su propia zona de abastecimiento de comida y otros recursos en la costa y la cumbre. Así que algo de cierto habrá en la leyenda que cuenta que las papas arrugadas nacieron cuando alguien las guisó con agua de mar.
Sin embargo, en esos poblados, los expertos no ven sino casas. Y en esas casas no encuentran ni historia, ni memoria. Son simplemente construcciones de «baja calidad». No pueden (o no quieren) entender que muchas de esas casas forman parte de un complejo sistema espacial y cultural, o sea, representan un modo de vida vernáculo.
Mientras tanto, el Gobierno canario hace leña del árbol caído. Su estrategia es simple: deja actuar al Estado, alega ante la opinión pública que lo sucedido en las costas canarias es una injerencia casi colonialista de Madrid y aprovecha el malestar ciudadano para exigir al Estado la gestión total de las costas canarias.
En una economía tan dependiente del turismo, el control absoluto de nuestras costas es sin duda la guinda del pastel y… el pastel completo. Por eso el Parlamento de Canarias acaba de solicitar por unanimidad (sí, no se sorprenda, se lo repito) por unanimidad al Gobierno central el traspaso de la gestión de las costas o en su defecto que la comunidad autónoma pueda colaborar con el Estado en la gestión.
Esa colaboración se me antoja casi imposible. El Gobierno central ha recurrido el proyecto de Ley de Costas de Canarias porque invadía las competencias del Estado. Es decir, la Ley canaria intenta proteger del derribo asentamientos urbanos consolidados (como los poblados) junto al mar que el Estado prevé demoler.
¡Qué curioso! El Gobierno canario que con su Ley desea proteger los poblados costeros – enfrentándose al Estado feroz – es el mismo Gobierno que sigue obsesionado con construir el puerto de Granadilla en Tenerife. Al contrario, ya sabemos que para construirlo más rápidamente, el Gobierno inventó una Ley que descatalogaba la flora y la fauna protegidas en la zona del proyectado puerto: la tortuga boba, la seba o la piña de mar.
También, ese Gobierno que con su Ley canaria de Costas intenta proteger los poblados costeros es el mismo Gobierno que, en Lanzarote, ha dado la espalda a la Fundación César Manrique en su batalla contra la edificación de hoteles ilegales.
Gracias a la Fundación, los jueces han ilegalizado la construcción de más de 12.000 plazas alojativas, es decir, alrededor de veintisiete licencias. La semana pasada la Fundación ha vuelto a exigir a los políticos canarios el cumplimiento de las sentencias judiciales . El Gobierno canario hace mutis por el foro y el Cabildo de Lanzarote, tras encargar un único y dudoso informe, sostiene que se haga la vista gorda amparándose en una interpretación jurídicamente inviable del artículo 47 del Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC). Además el Cabildo arguye que existe un «estado de excepción urbanístico insular», en otras palabras, que hay crisis, la cual se solucionaría con la legalización de los hoteles prohibidos. El discreto Gobierno canario lo ve con buenos ojos.
He aquí entonces la razón escondida del enfrentamiento por la gestión de las costas entre el Gobierno canario y el Estado; el Gobierno canario desea implantar «la política del borrón y cuenta nueva». Con una Ley canaria de Costas y una gestión autonómica de las mismas ya no hacen falta ni moratorias ni recalificaciones. Simplemente se podría legalizar todas las viviendas construidas en las costas canarias antes de la Ley de 1988. Esta «amnistía feliz» incluiría muchos poblados costeros (legales e ilegales) y evidentemente… decenas de hoteles ilegales como los de Lanzarote.
La opinión pública no se opondrá a la amnistía. Por un lado, los poblados tradicionales costeros se salvarán de las palas demoledoras de Madrid. Por otro, se legalizarán hoteles que aliviarán la crisis, perpetuando así el monocultivo del turismo, y se vilipendiarán las voces críticas como las de la Fundación César Manrique. Ni Maquiavelo podría haberlo planeado mejor y sacar tan excelente tajada.
http://www.loquepasaentenerife.com/vivir/11-10-2011/vivaelhotelmueraelpoblado
Costas dice que dos piscinas del Club Bajamar “deben ser de uso público”
Las dos piscinas del Club Náutico de Bajamar que se hallan en primera línea de costa deben ser de uso público desde hace tres años. La concesión administrativa que poseía esta sociedad privada sobre ambas zonas de baño caducó por vencimiento en las últimas fechas de 2008, según ha confirmado la Jefatura Provincial de la Dirección General de Costas, a través de la Subdelegación del Gobierno.
“El Club Náutico de Bajamar tenía una concesión administrativa que caducó por vencimiento de plazo el 3 de diciembre de 2008. Se trata de instalaciones que, de acuerdo con los criterios de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, deben ser de uso público y preferiblemente de gestión municipal”, informó el órgano encargado de la gestión del dominio público marítimo terrestre, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
“En la actualidad”, añade Costas, “se está pendiente de que el Ayuntamiento de La Laguna solicite la correspondiente concesión administrativa para que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y Mar se pronuncie sobre el mantenimiento de las instalaciones”. De momento, el personal de Club Náutico de Bajamar es quien continúa ocupándose de esta faena, así como de su coste económico.
Suyo es también el único acceso en condiciones que existe a ambas zonas de baño, para lo cual es necesario atravesar sus instalaciones. En cualquier caso, “por tratarse de un bien público”, puntualiza la Jefatura Provincial de la Dirección de Costas, “las competencias sobre la seguridad de las personas, higiene y salubridad son de carácter municipal”.
El actual presidente de la sociedad, Juan Manuel Díaz, apuntó ayer que, desde que caducó la concesión administrativa en 2008, han contado con autorizaciones por parte de Costas, que se han ido renovando periódicamente, para seguir ocupando esos espacios, “hasta que se arregle nuestra solicitud para una nueva concesión”.
Desde entonces, no obstante, disponen de un cartel situado en la entrada principal de sus instalaciones, en el que se informa de la posibilidad de acceder a ellas sin necesidad de ser socio del club a cambio del abono de una tarifa.
El presidente de la sociedad destacó el “elevado coste” que supone para ellos la atención y el cuidado de estas piscinas, especialmente durante la época de otoño e invierno, cuando las mareas embisten con más fuerza en la zona.
Díaz está convencido de que, sólo por este motivo económico, “coger la concesión administrativa de estas piscinas no le interesa a nadie”. Además, añadió, “el Ayuntamiento ha hecho un informe sobre el buen estado en el que las tenemos”.
http://www.diariodeavisos.com/2011/10/11/actualidad/costas-dice-que-dos-piscinas-del-club-bajamar-%E2%80%9Cdeben-ser-de-uso-publico%E2%80%9D
“El Club Náutico de Bajamar tenía una concesión administrativa que caducó por vencimiento de plazo el 3 de diciembre de 2008. Se trata de instalaciones que, de acuerdo con los criterios de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, deben ser de uso público y preferiblemente de gestión municipal”, informó el órgano encargado de la gestión del dominio público marítimo terrestre, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
“En la actualidad”, añade Costas, “se está pendiente de que el Ayuntamiento de La Laguna solicite la correspondiente concesión administrativa para que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y Mar se pronuncie sobre el mantenimiento de las instalaciones”. De momento, el personal de Club Náutico de Bajamar es quien continúa ocupándose de esta faena, así como de su coste económico.
Suyo es también el único acceso en condiciones que existe a ambas zonas de baño, para lo cual es necesario atravesar sus instalaciones. En cualquier caso, “por tratarse de un bien público”, puntualiza la Jefatura Provincial de la Dirección de Costas, “las competencias sobre la seguridad de las personas, higiene y salubridad son de carácter municipal”.
El actual presidente de la sociedad, Juan Manuel Díaz, apuntó ayer que, desde que caducó la concesión administrativa en 2008, han contado con autorizaciones por parte de Costas, que se han ido renovando periódicamente, para seguir ocupando esos espacios, “hasta que se arregle nuestra solicitud para una nueva concesión”.
Desde entonces, no obstante, disponen de un cartel situado en la entrada principal de sus instalaciones, en el que se informa de la posibilidad de acceder a ellas sin necesidad de ser socio del club a cambio del abono de una tarifa.
El presidente de la sociedad destacó el “elevado coste” que supone para ellos la atención y el cuidado de estas piscinas, especialmente durante la época de otoño e invierno, cuando las mareas embisten con más fuerza en la zona.
Díaz está convencido de que, sólo por este motivo económico, “coger la concesión administrativa de estas piscinas no le interesa a nadie”. Además, añadió, “el Ayuntamiento ha hecho un informe sobre el buen estado en el que las tenemos”.
http://www.diariodeavisos.com/2011/10/11/actualidad/costas-dice-que-dos-piscinas-del-club-bajamar-%E2%80%9Cdeben-ser-de-uso-publico%E2%80%9D
La verdad, es que mi capacidad para el asombro, en cuestiones de Costas, disminuye proporcionalmente a el conocimiento que voy adquiriendo sobre sus actuaciones y explicaciones, amen de bastantes supuestas ilegalidades.
En primer lugar, si es dominio público, sin concesión, NO SE PUEDE COBRAR UNA TARIFA PARA ENTRAR Primero, porque estan cerrando el acceso público al mar. ES ILEGAL, con el permiso de costas.
En segundo lugar, se ha dado una concesión a una entidad, un club nautico, sin puerto, sin barcos, sólo han disfrutado del litoral, y construido unas piscinas con los permisos de AQUELLOS QUE DEFIENDEN EL MEDIO AMBIENTE, EL ACCESO PUBLICO A LA COSTA, EL TENER UNA COSTA PARA EL DISFRUTE DE TODOS . IRONIA? CINISMO DE QUIENES MANEJAN LA LEY? O SIMPLEMENTE ES UTILIZAR LA NORMA PARA FAVORECER A UNOS POCOS
viernes, 7 de octubre de 2011
Tres años
Hoy en Cho Vito, amanece de distinta manera; el sol y el mar es el mismo, pero con el alba, se percibe la ausencia. La falta física de viviendas, que compactaba este núcleo costero, dotándolo de belleza, de armonía paisajística, de esa peculiaridad pintoresca, que sólo tienen los pequeños pueblos del litoral de Canarias.
La luz de este amanecer, proyecta diferentes recuerdos entre los hoy, solares, que fueron antiguas viviendas, y entre las piedras y escombros, y regados por la memoria de los moradores, florecen imágenes de antiguas costumbres; de integración con el paisaje costero, sin dañarlo, mimándolo; de la tradición, reflejada en la mirada triste de la imagen de la Virgen del Carmen, que aún mora en su pequeña oquedad; florece el sentimiento de unidad ante la adversidad, de compartir el sufrimiento, para hacer esta lucha desigual, más soportable. Hoy hace tres años. Tres años de destrucción; de esa destrucción silenciosa, que lo asola todo a su paso, pero que sólo derriba lo físico. El alma de este pueblo, de sus vecinos, sigue intacto; y seguirá así, grabada en la historia del municipio de Candelaria, de Tenerife, y de Canarias, para vergüenza de muchos.
Y todo motivado por la aplicación de la Ley de Costas; una ley, que desde su tramitación, en el año 1988, ha sido muy polémica; más de 600 enmiendas al articulado y siete a la totalidad; que durante el debate de la misma, en el Congreso, se la denominó una ley “bolchevique”; y su fin, según el ministro del momento, Javier Sáenz de Cosculluela, era proteger el 40% de las costa, que en aquel momento estaba virgen; una norma, que durante los 23 años de vigor de la misma, no ha cumplido sus objetivos; hoy en día, la costa esta en peor estado, de lo que estaba hace dos décadas; se han permitido urbanizaciones, puertos deportivos , hoteles, y hasta alguna casa de ministro, duquesa actor, arquitecto, periodista o simplemente afín al actual gobierno y por supuesto no ha protegido ni el 10% de la costa; eso sí, han desaparecido pueblos enteros que llevaban más de medio siglo de antigüedad, anteriores a cualquier ley de costas, con títulos de propiedad y derechos adquiridos. Ya lo vaticinaba Juan Ramón Calero, diputado de entonces: “ustedes podrán vencer en el debate de esta ley, pero ustedes no podrán convencer, porque les falta, la razón del derecho y el sentido de la justicia”.
Cho Vito, fue castigado con una aplicación brutal de la ley de Costas; fue una lección que quiso dar el Estado a todos los afectados de esta inútil norma en todo el litoral español. Fue un aviso a cada una de las más de cuatrocientas mil familias afectadas en España.
Pero cuando se usa el poder en contra de los ciudadanos, el asunto normalmente acaba mal, y como resultado tuvimos, una desproporcionada y desafortunada acción por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, (que simplemente cumplían ordenes), un alcalde que permitió la acción, y que según iban pasando las horas, se escondía en su despacho, no atendía al teléfono, y decía que “era el peor día de su mandato”. Peor, mucho peor, lo pasaron los vecinos, señor alcalde, y usted, escondido y descompuesto. Y por supuesto, todo un conjunto de políticos canarios, que, mientras los vecinos, clamaban una llamada por parte de alguno de ellos, simplemente, desconectaron el teléfono, se escondieron y abandonaron a un buen número de ciudadanos canarios. Fue lamentable, ver a un gobierno autónomo, no pedir explicaciones al respecto. La ley es una, las aplicaciones de la misma, muchas, y de diversas formas
Días después, llegaron las explicaciones; vamos, si se puede llamar así al sinfín de mamarrachadas, sandeces y estupideces que difundió la administración del estado para “intentar” justificar la acción llevada a cabo; para muestra un botón:”…Se han encontrado cócteles molotov y artefactos incendiarios en las inmediaciones de Cho Vito…..tenemos plenamente identificado…. Debido al gran despliegue no se produjeron más males...” En fin, reitero lo escrito, sandeces y estupideces. Actualmente, no se ha inculpado a nadie, no se ha arrestado a ningún vecino, y por supuesto no hay causas judiciales “criminales” abiertas contra ningún vecino. La administración local, apoya esta teoría cocteliana, y solicita más información al respecto, que nunca llega. Actualmente, existen comparecencias pendientes en el senado, de la ministra de medio ambiente, en aquel momento, Elena Espinosa. Ya podemos seguir esperando…Parece que del puño con la rosa, en Cho Vito, sólo llegó el puño; la rosa, se marchitó por la falta de sensatez y de valentía.
En Canarias, permitimos la desaparición de núcleos costeros, y construimos hoteles y playas artificiales. El resultado, cientos de complejos turísticos, con playas artificiales exclusivas, construidos, recreando la arquitectura canaria, sin darse cuenta que lo que hacen, con esa arquitectura, es un simple decorado, cartón piedra, pues la autentica arquitectura tradicional costera, ya existe y permiten que se destruya. Se permiten aberraciones urbanísticas en la costa, con rellenos al mar, desmontando acantilados, y los únicos que incumplen la ley son los pueblos como Cho Vito, Tufia, Bajo la Cuesta, el Caletón, o el litoral de Anaga o Agache. Esa premisa de la dirección General de Costas, “recuperar lo que es de todos, para el disfrute de todos”, con las urbanizaciones que impiden el acceso al mar, los puertos deportivos, y demás, se queda como un simple deseo, incumplido por quienes tienen que proteger la costa, o sea, por ellos mismos... Esa es la ley, mientras en un hotel del sur, se celebra una boda privada, cerrando los accesos a la costa un fin de semana, se condena a un ayuntamiento,( de distinto color político al del gobierno central) a pagar una multa de varios miles de euros, por una hoguera, la noche de San Juan.; derriban Cho Vito, y el Hotel Papagayo Arena en Lanzarote, con sentencia firme de demolición, mucho antes que Cho Vito, es salvado del derribo, por la mismísima ministra, en un claro ejemplo, de que la justicia es política, y la política, ¿Qué será?
Tres años después, Cho Vito ha pasado por las manos de tres ministras, otros tantos directores generales, y un sólo jefe de demarcación. Han pasado por lo que queda del pueblo, periodistas, nacionales y extranjeros, concejales, consejeros, asesores, historiadores, y cientos, miles, de personas anónimas, que se han acercado a dar su apoyo a los vecinos, a charlar con ellos; y un solo alcalde, que la última vez que se le vio por la zona, comía paella, y bebía vino, en compañía de los vecinos; ironía y cinismo, de aquel que vendió, y abandono a los vecinos.
Cho Vito, no es el lugar pintoresco que era hace tres años. Ni por asomo, se percibe la armonía estética del lugar. Pero se ha convertido, casi sin quererlo, en un referente en la lucha contra la aplicación de la Ley de Costas, a nivel nacional e internacional. Día tras día, se reciben mensajes de ánimo de todas las partes del mundo, y desde Bruselas, se tramita una visita de varios Eurodiputados a la zona, para vivir el día a día de los vecinos; de cómo se accede a sus casas, como tienen que convivir con las obras eternas, del polvo y cortes de agua, pero sobre todo, de cómo se utilizaron fondos europeos para violar derechos fundamentales, como es el derecho a la propiedad de las personas. Europa, no puede se puede permitir “que una ardilla este más protegida, que los derechos de las personas” comentaba el eurodiputado alemán Jarr, cuando le enseñamos las fotografías, planos, escrituras de este núcleo costero.
Y mientras, los vecinos que aun residen en Cho Vito, y los que fueron desalojados, muchos sin hogar ninguno, sin poder recuperar todos sus muebles y enseres, seguimos luchando, como lo haría cualquier canario, cualquier español, en nuestra misma situación, sin que tan siquiera se nos escuche, (por parte de la Dirección General de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, o simplemente por alguno de esa multitud de cargos políticos, puerilmente sectarios de esta ley) tras varios años; seguimos aferrándonos a nuestra razón, a nuestras escrituras legales, al pago de impuestos, tres años después de haber perdido la vivienda; seguimos luchando, pues sólo existía un motivo para derribar Cho Vito: la aplicación caprichosa, retroactiva y confiscatoria de la ley de Costas; y sin embargo existían 31 razones para mantenerlo en pie: la violación de los derechos fundamentales de las 31 familias que residían en Cho Vito, el dejar sin vivienda alguna a varios vecinos, el no tener solución posible sobre el resto de las viviendas, el borrar del litoral, una forma de vida tradicional de los canarios.
La luz de este amanecer, proyecta diferentes recuerdos entre los hoy, solares, que fueron antiguas viviendas, y entre las piedras y escombros, y regados por la memoria de los moradores, florecen imágenes de antiguas costumbres; de integración con el paisaje costero, sin dañarlo, mimándolo; de la tradición, reflejada en la mirada triste de la imagen de la Virgen del Carmen, que aún mora en su pequeña oquedad; florece el sentimiento de unidad ante la adversidad, de compartir el sufrimiento, para hacer esta lucha desigual, más soportable. Hoy hace tres años. Tres años de destrucción; de esa destrucción silenciosa, que lo asola todo a su paso, pero que sólo derriba lo físico. El alma de este pueblo, de sus vecinos, sigue intacto; y seguirá así, grabada en la historia del municipio de Candelaria, de Tenerife, y de Canarias, para vergüenza de muchos.
Y todo motivado por la aplicación de la Ley de Costas; una ley, que desde su tramitación, en el año 1988, ha sido muy polémica; más de 600 enmiendas al articulado y siete a la totalidad; que durante el debate de la misma, en el Congreso, se la denominó una ley “bolchevique”; y su fin, según el ministro del momento, Javier Sáenz de Cosculluela, era proteger el 40% de las costa, que en aquel momento estaba virgen; una norma, que durante los 23 años de vigor de la misma, no ha cumplido sus objetivos; hoy en día, la costa esta en peor estado, de lo que estaba hace dos décadas; se han permitido urbanizaciones, puertos deportivos , hoteles, y hasta alguna casa de ministro, duquesa actor, arquitecto, periodista o simplemente afín al actual gobierno y por supuesto no ha protegido ni el 10% de la costa; eso sí, han desaparecido pueblos enteros que llevaban más de medio siglo de antigüedad, anteriores a cualquier ley de costas, con títulos de propiedad y derechos adquiridos. Ya lo vaticinaba Juan Ramón Calero, diputado de entonces: “ustedes podrán vencer en el debate de esta ley, pero ustedes no podrán convencer, porque les falta, la razón del derecho y el sentido de la justicia”.
Cho Vito, fue castigado con una aplicación brutal de la ley de Costas; fue una lección que quiso dar el Estado a todos los afectados de esta inútil norma en todo el litoral español. Fue un aviso a cada una de las más de cuatrocientas mil familias afectadas en España.
Pero cuando se usa el poder en contra de los ciudadanos, el asunto normalmente acaba mal, y como resultado tuvimos, una desproporcionada y desafortunada acción por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, (que simplemente cumplían ordenes), un alcalde que permitió la acción, y que según iban pasando las horas, se escondía en su despacho, no atendía al teléfono, y decía que “era el peor día de su mandato”. Peor, mucho peor, lo pasaron los vecinos, señor alcalde, y usted, escondido y descompuesto. Y por supuesto, todo un conjunto de políticos canarios, que, mientras los vecinos, clamaban una llamada por parte de alguno de ellos, simplemente, desconectaron el teléfono, se escondieron y abandonaron a un buen número de ciudadanos canarios. Fue lamentable, ver a un gobierno autónomo, no pedir explicaciones al respecto. La ley es una, las aplicaciones de la misma, muchas, y de diversas formas
Días después, llegaron las explicaciones; vamos, si se puede llamar así al sinfín de mamarrachadas, sandeces y estupideces que difundió la administración del estado para “intentar” justificar la acción llevada a cabo; para muestra un botón:”…Se han encontrado cócteles molotov y artefactos incendiarios en las inmediaciones de Cho Vito…..tenemos plenamente identificado…. Debido al gran despliegue no se produjeron más males...” En fin, reitero lo escrito, sandeces y estupideces. Actualmente, no se ha inculpado a nadie, no se ha arrestado a ningún vecino, y por supuesto no hay causas judiciales “criminales” abiertas contra ningún vecino. La administración local, apoya esta teoría cocteliana, y solicita más información al respecto, que nunca llega. Actualmente, existen comparecencias pendientes en el senado, de la ministra de medio ambiente, en aquel momento, Elena Espinosa. Ya podemos seguir esperando…Parece que del puño con la rosa, en Cho Vito, sólo llegó el puño; la rosa, se marchitó por la falta de sensatez y de valentía.
En Canarias, permitimos la desaparición de núcleos costeros, y construimos hoteles y playas artificiales. El resultado, cientos de complejos turísticos, con playas artificiales exclusivas, construidos, recreando la arquitectura canaria, sin darse cuenta que lo que hacen, con esa arquitectura, es un simple decorado, cartón piedra, pues la autentica arquitectura tradicional costera, ya existe y permiten que se destruya. Se permiten aberraciones urbanísticas en la costa, con rellenos al mar, desmontando acantilados, y los únicos que incumplen la ley son los pueblos como Cho Vito, Tufia, Bajo la Cuesta, el Caletón, o el litoral de Anaga o Agache. Esa premisa de la dirección General de Costas, “recuperar lo que es de todos, para el disfrute de todos”, con las urbanizaciones que impiden el acceso al mar, los puertos deportivos, y demás, se queda como un simple deseo, incumplido por quienes tienen que proteger la costa, o sea, por ellos mismos... Esa es la ley, mientras en un hotel del sur, se celebra una boda privada, cerrando los accesos a la costa un fin de semana, se condena a un ayuntamiento,( de distinto color político al del gobierno central) a pagar una multa de varios miles de euros, por una hoguera, la noche de San Juan.; derriban Cho Vito, y el Hotel Papagayo Arena en Lanzarote, con sentencia firme de demolición, mucho antes que Cho Vito, es salvado del derribo, por la mismísima ministra, en un claro ejemplo, de que la justicia es política, y la política, ¿Qué será?
Tres años después, Cho Vito ha pasado por las manos de tres ministras, otros tantos directores generales, y un sólo jefe de demarcación. Han pasado por lo que queda del pueblo, periodistas, nacionales y extranjeros, concejales, consejeros, asesores, historiadores, y cientos, miles, de personas anónimas, que se han acercado a dar su apoyo a los vecinos, a charlar con ellos; y un solo alcalde, que la última vez que se le vio por la zona, comía paella, y bebía vino, en compañía de los vecinos; ironía y cinismo, de aquel que vendió, y abandono a los vecinos.
Cho Vito, no es el lugar pintoresco que era hace tres años. Ni por asomo, se percibe la armonía estética del lugar. Pero se ha convertido, casi sin quererlo, en un referente en la lucha contra la aplicación de la Ley de Costas, a nivel nacional e internacional. Día tras día, se reciben mensajes de ánimo de todas las partes del mundo, y desde Bruselas, se tramita una visita de varios Eurodiputados a la zona, para vivir el día a día de los vecinos; de cómo se accede a sus casas, como tienen que convivir con las obras eternas, del polvo y cortes de agua, pero sobre todo, de cómo se utilizaron fondos europeos para violar derechos fundamentales, como es el derecho a la propiedad de las personas. Europa, no puede se puede permitir “que una ardilla este más protegida, que los derechos de las personas” comentaba el eurodiputado alemán Jarr, cuando le enseñamos las fotografías, planos, escrituras de este núcleo costero.
Y mientras, los vecinos que aun residen en Cho Vito, y los que fueron desalojados, muchos sin hogar ninguno, sin poder recuperar todos sus muebles y enseres, seguimos luchando, como lo haría cualquier canario, cualquier español, en nuestra misma situación, sin que tan siquiera se nos escuche, (por parte de la Dirección General de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, o simplemente por alguno de esa multitud de cargos políticos, puerilmente sectarios de esta ley) tras varios años; seguimos aferrándonos a nuestra razón, a nuestras escrituras legales, al pago de impuestos, tres años después de haber perdido la vivienda; seguimos luchando, pues sólo existía un motivo para derribar Cho Vito: la aplicación caprichosa, retroactiva y confiscatoria de la ley de Costas; y sin embargo existían 31 razones para mantenerlo en pie: la violación de los derechos fundamentales de las 31 familias que residían en Cho Vito, el dejar sin vivienda alguna a varios vecinos, el no tener solución posible sobre el resto de las viviendas, el borrar del litoral, una forma de vida tradicional de los canarios.
jueves, 6 de octubre de 2011
YA LO RECONOCEN ABIERTAMENTE; LA LEY DE COSTAS ES INJUSTA
Lo que todos los afectados por la ley de Costas en España y en Europa sabemos, hoy ha sido reconocido por la Oficina del Defensor del Pueblo Español, en Europa, y ante todos los europarlamentarios. El marco, el seminario sobre los derechos humanos en Europa, donde la ley de costas española, fue el tema estrella.
"LA LEY ES LEGAL, PERO ES INJUSTA PARA LOS CIUDADANOS"
"LA LEY ES LEGAL, PERO ES INJUSTA PARA LOS CIUDADANOS"
miércoles, 5 de octubre de 2011
¿QUE DIFERENCIA EXISTE?
La actual ley de Costas Española, esta siendo una verdadera pesadilla para los más de un millón y medio de afectados que existen en España. Afecta a ciudadanos de todas las nacionalidades. Pero desde el Gobierno de España, se siguen permitiendo verdaderas atrocidades, y se vulnera y se viola reiteradamente el derecho a la propiedad privada, recogido en la Carta Europea de los Derechos Humanos, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dicho esto, en esta imagén ¡VES ALGUNA DIFERENCIA?
martes, 4 de octubre de 2011
Los vecinos recurren el decreto de desalojo y el deslinde de Costas
Finales de septiembre era la fecha fijada por Costas para establecer medidas para las obras en la ladera en la que se produjo el desprendimiento que originó el desalojo de 40 viviendas. La ausencia de respuesta y las evasivas de la Dirección General obligan a los vecinos a recurrir a la vía de los tribunales.
El barrio de Santa Lucía, en el litoral de Agache, ha decidido esta semana pasada tomar la senda de la ofensiva en varios aspectos que mantienen a este enclave paralizado. Por una parte, se ha adoptado la decisión de recurrir en los tribunales el decreto del alcalde, Rafael Yanes, por el que se determinó el desalojo de más de 40 casas tras el desprendimiento ocasionado el pasado mes de junio. Por otra parte, también se ha decidido acudir a los tribunales para recurrir el deslinde establecido por la Dirección General Costas para esa franja del litoral.
Ambas acciones fueron acordadas en una asamblea promovida por la asociación de vecinos, toda vez que a finales de septiembre "no se han obtenido respuestas desde Costas a las autorizaciones para realizar las obras que afiancen la zona de la cueva, donde cayeron las piedras sobre las viviendas".
José Antonio Herrera, presidente del colectivo vecinal, explicó que "ante la falta de soluciones y novedades" sobre la realidad que vive este barrio del litoral de Agache, "hemos adoptado la decisión de recurrir el decreto por la vía contencioso-administrativo del primer mandatario municipal, ya que no se ha decidido ninguna actuación por parte de la corporación que preside".
Además, Herrera añade que también se ha recurrido este acto "por los defectos de forma que presenta y por el procedimiento empleado en las notificaciones de dicha decisión a los propios afectados".
En cuanto a la situación del conflicto abierto con Costas por el deslinde del espacio marítimo-terrestre, los habitantes de Santa Lucía acudirán a los tribunales para que la Dirección General "revise la línea de demarcación", pues asegura que "en el barrio estamos como si aquí no ha pasado nada, a pesar de que recientemente se mantuvo un encuentro en Madrid".
Nuevas competencias
En este sentido, Herrera añadió que en los últimos días, con ocasión de la finalización del plazo dado por Costas para adoptar una decisión sobre las obras a acometer, en función de un estudio geotécnico de la zona, y los permisos pertinentes para su desarrollo, "es lo que nos han hecho dar los primeros pasos, ya que a nosotros se nos ha respondido con largas, evasivas y evitando que los responsables de la Dirección General atiendan nuestras llamadas".
Así, el dirigente vecinal de la localidad costera de Agache señaló que "también hemos tomado la postura de acudir a los tribunales para frenar cualquier medida que se quiera adoptar por parte de Costas, una vez que el Parlamento de Canarias aprobó recientemente una Proposición no de Ley para reclamar las competencias en materia de Costas para el Archipiélago".
Los 705 metros de la franja costera de Santa Lucía, comprendida entre el barranco de Abajo y Punta del Jurado, es la que forma parte desde el año 2007 del proceso de recuperación del espacio público marítimo-terrestre que afecta a 40 propiedades.
http://www.eldia.es/2011-10-04/sur/3-vecinos-recurren-decreto-desalojo-deslinde-Costas.htm
El barrio de Santa Lucía, en el litoral de Agache, ha decidido esta semana pasada tomar la senda de la ofensiva en varios aspectos que mantienen a este enclave paralizado. Por una parte, se ha adoptado la decisión de recurrir en los tribunales el decreto del alcalde, Rafael Yanes, por el que se determinó el desalojo de más de 40 casas tras el desprendimiento ocasionado el pasado mes de junio. Por otra parte, también se ha decidido acudir a los tribunales para recurrir el deslinde establecido por la Dirección General Costas para esa franja del litoral.
Ambas acciones fueron acordadas en una asamblea promovida por la asociación de vecinos, toda vez que a finales de septiembre "no se han obtenido respuestas desde Costas a las autorizaciones para realizar las obras que afiancen la zona de la cueva, donde cayeron las piedras sobre las viviendas".
José Antonio Herrera, presidente del colectivo vecinal, explicó que "ante la falta de soluciones y novedades" sobre la realidad que vive este barrio del litoral de Agache, "hemos adoptado la decisión de recurrir el decreto por la vía contencioso-administrativo del primer mandatario municipal, ya que no se ha decidido ninguna actuación por parte de la corporación que preside".
Además, Herrera añade que también se ha recurrido este acto "por los defectos de forma que presenta y por el procedimiento empleado en las notificaciones de dicha decisión a los propios afectados".
En cuanto a la situación del conflicto abierto con Costas por el deslinde del espacio marítimo-terrestre, los habitantes de Santa Lucía acudirán a los tribunales para que la Dirección General "revise la línea de demarcación", pues asegura que "en el barrio estamos como si aquí no ha pasado nada, a pesar de que recientemente se mantuvo un encuentro en Madrid".
Nuevas competencias
En este sentido, Herrera añadió que en los últimos días, con ocasión de la finalización del plazo dado por Costas para adoptar una decisión sobre las obras a acometer, en función de un estudio geotécnico de la zona, y los permisos pertinentes para su desarrollo, "es lo que nos han hecho dar los primeros pasos, ya que a nosotros se nos ha respondido con largas, evasivas y evitando que los responsables de la Dirección General atiendan nuestras llamadas".
Así, el dirigente vecinal de la localidad costera de Agache señaló que "también hemos tomado la postura de acudir a los tribunales para frenar cualquier medida que se quiera adoptar por parte de Costas, una vez que el Parlamento de Canarias aprobó recientemente una Proposición no de Ley para reclamar las competencias en materia de Costas para el Archipiélago".
Los 705 metros de la franja costera de Santa Lucía, comprendida entre el barranco de Abajo y Punta del Jurado, es la que forma parte desde el año 2007 del proceso de recuperación del espacio público marítimo-terrestre que afecta a 40 propiedades.
http://www.eldia.es/2011-10-04/sur/3-vecinos-recurren-decreto-desalojo-deslinde-Costas.htm
sábado, 1 de octubre de 2011
Acusan a los técnicos de Costas de querer derribar el barrio
Un documento presentado por Costas fuera del proceso judicial del deslinde ha suscitado la indignación de los vecinos, que creen que "hay una obsesión en Madrid por tirar Bajo La Cuesta".
Los vecinos del barrio costero de Bajo La Cuesta, en Candelaria, señalan, a pesar de que aún están inmersos en pleno proceso de negociación con la Dirección General de Costas, para aclarar el contencioso sobre el deslinde que afecta a sus viviendas, que frente a la buena voluntad de los máximos responsables de este ente y del ayuntamiento, "los técnicos son los que siguen empeñados en derribar este enclave".
En este sentido, el abogado de los afectados, José Ortega, ha señalado que al margen de los recursos que se han presentado para la recuperación posesoria y el replanteo, se ha iniciado una nueva vía que posibilita discutir el deslinde, lo que ha dado como fruto la elaboración de unos informes que describen todos los errores de Costas. Al respecto, el letrado señala que los procesos mencionados están a punto de finalizar, y que a pesar de que no hay opción para presentar escritos, "el abogado del Estado quiere que se admita una nueva documentación fuera del procedimiento", algo que Ortega rechaza de manera rotunda.
Aunque la posibilidad de presentar diligencias finales lo permite la ley, y es un trámite que ha utilizado el abogado de los vecinos, Ortega señala que Costas, "sin pedirlo, sin plazos y sin ningún tipo de finalidad, presenta su escrito", al cual le reprochan "un error al replanteo de 1969, en el cálculo de un ángulo", así como que el deslinde tiene la línea dentro del mar, porque no han tenido en cuenta el cambio internacional de coordenadas de 2005.
En este sentido, el abogado ha señalado que su postura es que la Sala devuelva esta intención de incorporar nueva documentación, y comentó que, a pesar de que ahora se trata de discernir sobre un complejo asunto con muchos matices técnicos, "nosotros hemos logrado localizar un plano elaborado por el ayuntamiento en donde se ven las casas y la explanada con la línea por delante de estas".
No obstante, Ortega explica que "en Costas lo que hacen es ningunear ese plano, a pesar de que se trata de un levantamiento que hacen los servicios técnicos municipales a la vista del plano de Costas y cuando ya estaban hechas las viviendas, además de una declaración notarial del redactor diciendo que había visto los mojones por delante de las viviendas".
Así, señala que "aunque el director general quiere ayudar, "los técnicos están poniendo todas las trabas posibles, sin querer hacer una valoración". Añade que "ahora hay una lucha entre los técnicos y los políticos, porque los primeros están empeñadísimos en echar el barrio abajo".
Es más, señala que "llegan a insistir en que ahí había una berma natural, cuando siempre han sostenido que se construyó en unos terrenos ganados al mar tras las obras de la autopista del Sur, lo que demuestra que hay una obsesión en Madrid por tirar Bajo la Cuesta".
http://www.eldia.es/2011-10-01/sur/4-Acusan-tecnicos-Costas-querer-derribar-barrio.htm
Los vecinos del barrio costero de Bajo La Cuesta, en Candelaria, señalan, a pesar de que aún están inmersos en pleno proceso de negociación con la Dirección General de Costas, para aclarar el contencioso sobre el deslinde que afecta a sus viviendas, que frente a la buena voluntad de los máximos responsables de este ente y del ayuntamiento, "los técnicos son los que siguen empeñados en derribar este enclave".
En este sentido, el abogado de los afectados, José Ortega, ha señalado que al margen de los recursos que se han presentado para la recuperación posesoria y el replanteo, se ha iniciado una nueva vía que posibilita discutir el deslinde, lo que ha dado como fruto la elaboración de unos informes que describen todos los errores de Costas. Al respecto, el letrado señala que los procesos mencionados están a punto de finalizar, y que a pesar de que no hay opción para presentar escritos, "el abogado del Estado quiere que se admita una nueva documentación fuera del procedimiento", algo que Ortega rechaza de manera rotunda.
Aunque la posibilidad de presentar diligencias finales lo permite la ley, y es un trámite que ha utilizado el abogado de los vecinos, Ortega señala que Costas, "sin pedirlo, sin plazos y sin ningún tipo de finalidad, presenta su escrito", al cual le reprochan "un error al replanteo de 1969, en el cálculo de un ángulo", así como que el deslinde tiene la línea dentro del mar, porque no han tenido en cuenta el cambio internacional de coordenadas de 2005.
En este sentido, el abogado ha señalado que su postura es que la Sala devuelva esta intención de incorporar nueva documentación, y comentó que, a pesar de que ahora se trata de discernir sobre un complejo asunto con muchos matices técnicos, "nosotros hemos logrado localizar un plano elaborado por el ayuntamiento en donde se ven las casas y la explanada con la línea por delante de estas".
No obstante, Ortega explica que "en Costas lo que hacen es ningunear ese plano, a pesar de que se trata de un levantamiento que hacen los servicios técnicos municipales a la vista del plano de Costas y cuando ya estaban hechas las viviendas, además de una declaración notarial del redactor diciendo que había visto los mojones por delante de las viviendas".
Así, señala que "aunque el director general quiere ayudar, "los técnicos están poniendo todas las trabas posibles, sin querer hacer una valoración". Añade que "ahora hay una lucha entre los técnicos y los políticos, porque los primeros están empeñadísimos en echar el barrio abajo".
Es más, señala que "llegan a insistir en que ahí había una berma natural, cuando siempre han sostenido que se construyó en unos terrenos ganados al mar tras las obras de la autopista del Sur, lo que demuestra que hay una obsesión en Madrid por tirar Bajo la Cuesta".
http://www.eldia.es/2011-10-01/sur/4-Acusan-tecnicos-Costas-querer-derribar-barrio.htm
jueves, 29 de septiembre de 2011
El Parlamento reclama las costas con el pretexto de Cho Vito y Tufia
La Cámara regional exige al Estado que retire el recurso contra la ley autonómica
La gestión de las costas canarias concitó ayer la unanimidad del Parlamento. Los cuatro grupos representados en la Cámara apoyaron la transferencia de esta competencia por parte del Estado cuando lo permita el Estatuto de Autonomía aunque, mientras tanto, solicitan la cogestión con el Estado para ordenar y regular los asentamientos poblacionales costeros y frenar los derribos promovidos por la Dirección General de Costas en lugares como Cho Vito o Tufia.
La Cámara autonómica también exige al Gobierno central que retire el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2009 contra la llamada ley canarias de costas, por la cual se pretendía preservar los núcleos situados en el litoral anteriores a la aprobación de la ley estatal, en 1988. La parlamentaria del PP, Cristina Tavío, se mostró contraria a entrar en un proceso de traspaso de competencias "a la carta" y aseguró que si el Estado retira su recurso no hará falta esperar a que se constituya el próximo Gobierno central para buscar soluciones prácticas a los asentamientos que se encuentran amenazados por la piqueta.
El proponente, el nacionalista Ignacio González, buscó el consenso desde el principio con todos los grupos parlamentarios. "No podemos esperar a la reforma del Estatuto para iniciar el mecanismo previsto en el actual texto para que se inicie el proceso de traspaso de las funciones y servicios en materia de costas", aseguró González. El dirigente del CCN criticó los deslindes "disparatados" realizados.
Fue el portavoz del PSC en la Cámara, Manuel Fajardo, el impulsor de la enmienda aceptada por los nacionalistas para que se impulse la cogestión del litoral hasta que se pueda producir la transferencia en su totalidad. Para Fajardo, la asunción de las competencias debe realizarse en el Estatuto, de forma que la cogestión "allana el camino".
El portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, advirtió que "no son buenos tiempos para la reforma del Estatuto" y dudó que si el PP alcanza el Gobierno tras el 20-N se pueda aprobar un nuevo texto. Según la asociación de afectados por la Ley de Costas, cuyos representantes estuvieron ayer en el Parlamento, son 160.000 los canarios pendientes de esta problemática.
http://www.laopinion.es/canarias/2011/09/29/parlamento-reclama-costas-pretexto-cho-vito-tufia/371168.html
La gestión de las costas canarias concitó ayer la unanimidad del Parlamento. Los cuatro grupos representados en la Cámara apoyaron la transferencia de esta competencia por parte del Estado cuando lo permita el Estatuto de Autonomía aunque, mientras tanto, solicitan la cogestión con el Estado para ordenar y regular los asentamientos poblacionales costeros y frenar los derribos promovidos por la Dirección General de Costas en lugares como Cho Vito o Tufia.
La Cámara autonómica también exige al Gobierno central que retire el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2009 contra la llamada ley canarias de costas, por la cual se pretendía preservar los núcleos situados en el litoral anteriores a la aprobación de la ley estatal, en 1988. La parlamentaria del PP, Cristina Tavío, se mostró contraria a entrar en un proceso de traspaso de competencias "a la carta" y aseguró que si el Estado retira su recurso no hará falta esperar a que se constituya el próximo Gobierno central para buscar soluciones prácticas a los asentamientos que se encuentran amenazados por la piqueta.
El proponente, el nacionalista Ignacio González, buscó el consenso desde el principio con todos los grupos parlamentarios. "No podemos esperar a la reforma del Estatuto para iniciar el mecanismo previsto en el actual texto para que se inicie el proceso de traspaso de las funciones y servicios en materia de costas", aseguró González. El dirigente del CCN criticó los deslindes "disparatados" realizados.
Fue el portavoz del PSC en la Cámara, Manuel Fajardo, el impulsor de la enmienda aceptada por los nacionalistas para que se impulse la cogestión del litoral hasta que se pueda producir la transferencia en su totalidad. Para Fajardo, la asunción de las competencias debe realizarse en el Estatuto, de forma que la cogestión "allana el camino".
El portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, advirtió que "no son buenos tiempos para la reforma del Estatuto" y dudó que si el PP alcanza el Gobierno tras el 20-N se pueda aprobar un nuevo texto. Según la asociación de afectados por la Ley de Costas, cuyos representantes estuvieron ayer en el Parlamento, son 160.000 los canarios pendientes de esta problemática.
http://www.laopinion.es/canarias/2011/09/29/parlamento-reclama-costas-pretexto-cho-vito-tufia/371168.html
miércoles, 28 de septiembre de 2011
El Parlamento canario pide por unanimidad las competencias en costas o su cogestión
El Parlamento de Canarias ha solicitado hoy por unanimidad al Gobierno central el traspaso de las competencias en materia de costas, o al menos que la Comunidad Autónoma pueda participar conjuntamente con el Estado en su gestión.
La Cámara regional ha reclamado también unánimemente al Gobierno de España que retire su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Canaria de Costas, aprobada en 2009 para evitar la aplicación de la Ley de Costas estatal a los asentamientos costeros en el litoral de las islas.
La iniciativa fue promovida por Ignacio González, portavoz adjunto de CC-PNC-CCN, y apoyada por el resto de los grupos, con enmiendas incorporadas de PSOE y PP.
El Gobierno central recurrió la Ley de Costas de Canarias al considerar que invadía competencias del Estado en su intento de proteger del derribo de asentamientos urbanos consolidados junto al mar.
En la proposición no de ley aprobada, el Parlamento insta al Gobierno de Canarias a que pida una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias con el Estado para el traspaso de funciones y servicios en materia de costas.
Si eso no fuera posible, añade el acuerdo parlamentario, se pide al menos la participación de la Comunidad Autónoma junto con el Estado en la gestión de costas para adecuarla “a las especificidades de las islas”.
Este matiz fue introducido por el PSOE, al considerar que la asunción de las competencias en costas podría ser sólo posible con una reforma del Estatuto de Autonomía.
Por iniciativa del PP se pide al Gobierno central que retire su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas Canarias, que establece como áreas urbanas en el litoral todas las que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
El diputado de CC-PNC-CCN Ignacio González valoró el consenso de la Cámara, al tratarse de un asunto competencial, y recordó que el acuerdo del Gobierno canario con el PSOE incluye la cogestión en materia de costas con el Estado.
Desde hace 30 años Canarias tiene competencias exclusivas en la ordenación de su litoral, por lo que para Ignacio González es una contradicción que se pueda ordenar, pero no gestionar las costas.
Subrayó que otras comunidades en las que las costas no son tan importantes tienen las competencias, como Cataluña y Andalucía.
La falta de acuerdo para la reforma del Estatuto de Autonomía en la pasada legislatura impidió que se traspasara la competencia a la Comunidad Autónoma, indicó.
Pero “no podemos esperar a la reforma del Estatuto para iniciar el mecanismo previsto en la disposición transitoria tercera para que se inicie el proceso de traspaso de lasa funciones y servicios en materia de costas”, afirmó.
Para González, es importante que Canarias gestione sus costas para evitar que la Ley de Costas estatal se aplique en las islas sin tener en cuenta sus particularidades, lo que lleva a deslindes “disparatados” como en Famara (Lanzarote) y a que se derriben poblados como el de Cho Vito, en Tenerife.
La diputada del PP Cristina Tavío consideró que si el Gobierno central retira su recurso de inconstitucionalidad no hará falta esperar a que se constituya un nuevo Gobierno central para buscar soluciones a los asentamientos.
“No hay que esperar las competencias en costas para resolver el problema”, dijo Tavío.
Manuel Fajardo, del PSOE, consideró apropiada la iniciativa por “la preocupación general” en la aplicación en de la Ley de Costas estatal en Canarias, y defendió la cogestión de las competencias con el Estado.
Para Fajardo, la asunción de las competencias debe realizarse en el Estatuto de Autonomía, de manera que la cogestión “allana el camino” mientras tanto.
Román Rodríguez, de Nueva Canarias, advirtió de que “no son buenos tiempos para la reforma del Estatuto de Autonomía a juzgar por el mapa político que se puede generar en España” tras el 20 de noviembre.
http://www.diariodeavisos.com/2011/09/28/actualidad/el-parlamento-canario-pide-por-unanimidad-las-competencias-en-costas-o-su-cogestion
La Cámara regional ha reclamado también unánimemente al Gobierno de España que retire su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Canaria de Costas, aprobada en 2009 para evitar la aplicación de la Ley de Costas estatal a los asentamientos costeros en el litoral de las islas.
La iniciativa fue promovida por Ignacio González, portavoz adjunto de CC-PNC-CCN, y apoyada por el resto de los grupos, con enmiendas incorporadas de PSOE y PP.
El Gobierno central recurrió la Ley de Costas de Canarias al considerar que invadía competencias del Estado en su intento de proteger del derribo de asentamientos urbanos consolidados junto al mar.
En la proposición no de ley aprobada, el Parlamento insta al Gobierno de Canarias a que pida una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias con el Estado para el traspaso de funciones y servicios en materia de costas.
Si eso no fuera posible, añade el acuerdo parlamentario, se pide al menos la participación de la Comunidad Autónoma junto con el Estado en la gestión de costas para adecuarla “a las especificidades de las islas”.
Este matiz fue introducido por el PSOE, al considerar que la asunción de las competencias en costas podría ser sólo posible con una reforma del Estatuto de Autonomía.
Por iniciativa del PP se pide al Gobierno central que retire su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas Canarias, que establece como áreas urbanas en el litoral todas las que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
El diputado de CC-PNC-CCN Ignacio González valoró el consenso de la Cámara, al tratarse de un asunto competencial, y recordó que el acuerdo del Gobierno canario con el PSOE incluye la cogestión en materia de costas con el Estado.
Desde hace 30 años Canarias tiene competencias exclusivas en la ordenación de su litoral, por lo que para Ignacio González es una contradicción que se pueda ordenar, pero no gestionar las costas.
Subrayó que otras comunidades en las que las costas no son tan importantes tienen las competencias, como Cataluña y Andalucía.
La falta de acuerdo para la reforma del Estatuto de Autonomía en la pasada legislatura impidió que se traspasara la competencia a la Comunidad Autónoma, indicó.
Pero “no podemos esperar a la reforma del Estatuto para iniciar el mecanismo previsto en la disposición transitoria tercera para que se inicie el proceso de traspaso de lasa funciones y servicios en materia de costas”, afirmó.
Para González, es importante que Canarias gestione sus costas para evitar que la Ley de Costas estatal se aplique en las islas sin tener en cuenta sus particularidades, lo que lleva a deslindes “disparatados” como en Famara (Lanzarote) y a que se derriben poblados como el de Cho Vito, en Tenerife.
La diputada del PP Cristina Tavío consideró que si el Gobierno central retira su recurso de inconstitucionalidad no hará falta esperar a que se constituya un nuevo Gobierno central para buscar soluciones a los asentamientos.
“No hay que esperar las competencias en costas para resolver el problema”, dijo Tavío.
Manuel Fajardo, del PSOE, consideró apropiada la iniciativa por “la preocupación general” en la aplicación en de la Ley de Costas estatal en Canarias, y defendió la cogestión de las competencias con el Estado.
Para Fajardo, la asunción de las competencias debe realizarse en el Estatuto de Autonomía, de manera que la cogestión “allana el camino” mientras tanto.
Román Rodríguez, de Nueva Canarias, advirtió de que “no son buenos tiempos para la reforma del Estatuto de Autonomía a juzgar por el mapa político que se puede generar en España” tras el 20 de noviembre.
http://www.diariodeavisos.com/2011/09/28/actualidad/el-parlamento-canario-pide-por-unanimidad-las-competencias-en-costas-o-su-cogestion
Costas
CUANDO se publique este artículo en EL DÍA espero que el Parlamento de Canarias haya aprobado ya la Proposición No de Ley, PNL, que presenté el 26 de agosto, para que Canarias asuma las competencias sobre sus costas. Porque, según la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, en su contestación en el Congreso al diputado nacionalista Fernando Ríos, el 14 de septiembre, el Estado no tenía ningún inconveniente en transferir a Canarias las competencias en costas si? se las hubiéramos pedido. Ríos interpeló a la ministra para solicitarle que el Gobierno adoptara medidas urgentes y definitivas para evitar nuevas inundaciones en el barrio pesquero de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, y le recriminó que si no era capaz de hacerlo transfiriera a Canarias las competencias en costas. Sorprendentemente, la ministra respondió a un abochornado Ríos que "es tan sencillo como que lo hubieran incluido en el Estatuto de Autonomía", y remató: "No hay ningún problema, estamos encantados de transferir esa competencia mañana mismo". Porque, aunque parezca mentira, el Gobierno de Canarias tenía que haber pedido al Estado que nos transfiriera nuestras propias costas, como si en algún momento hubieran dejado de estar aquí, a través de la reforma del Estatuto de Autonomía o mediante un acuerdo con el Estado, adoptado en el seno de la Comisión Mixta Paritaria Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, contemplada en la Disposición Transitoria Tercera del actual Estatuto. Y todo esto aunque la gestión y ordenación del litoral son supuestamente competencias de la Comunidad Autónoma que se recogen en el artículo 30.15 del Estatuto. Pero, en la práctica, Canarias, como reconoce inocentemente en su interpelación el propio Ríos, no ha tenido hasta hoy competencias en sus costas, que han sido gestionadas exclusivamente por el Gobierno del Estado, porque, como le respondió tajante la ministra, sencillamente, no las habíamos pedido. Y por eso las decisiones sobre los deslindes, a veces disparatadas, como en Famara, Lanzarote, donde llegó a los dos kilómetros tierra adentro, o los derribos salvajes de casas en Cho Vito (Tenerife), se adoptaron en un despacho de Madrid.
El CCN lleva muchos años luchando contra la Ley de Costas y reclamando que Canarias asuma las competencias sobre sus costas, porque somos una Comunidad Autónoma archipielágica, con 1.583 kilómetros de costas, por lo que debemos gestionar esa franja tan importante de nuestro territorio. Así que no fue una casualidad que fuese yo el diputado que presentó en el Parlamento de Canarias la PNL para que el Gobierno de Canarias pida, de una vez, al del Estado las competencias en costas. Ni tampoco que el representante de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas sea el director de los servicios jurídicos del partido y vocal del Comité Federal, José Luis Langa, el jurista que más recursos ha presentado, y por ahora ganado, contra las órdenes de derribo de casas, en defensa de los afectados por la Ley de Costas.
Creemos que en Canarias la aplicación de la Ley de Costas de 1988 se ha hecho mal y ha perjudicado a miles de familias que han visto cómo sus casas eran incluidas, unilateralmente y sin expropiación, y por tanto ninguna indemnización previa, en una zona de protección del dominio marítimo terrestre, ampliada a los cien metros desde los anteriores veinte. Pueblos de toda la vida, de gran valor histórico, cultural, sentimental y etnográfico, fueron ignorados por la Ley de Costas y ahora mantienen enconados pleitos en los tribunales para que el Estado no derribe sus casas.
Si la PNL que presenté fue ya aprobada en el último Pleno del Parlamento de Canarias, celebrado los días 27 y 28 de septiembre, se iniciará, a partir de ahora, por fin, el procedimiento previsto en el Estatuto de Autonomía de Canarias para la transferencia a Canarias de los servicios y funciones del Estado en materia de costas. Y si además hubiese sido aprobada por unanimidad, aunque cambie el Gobierno del Estado, tras las elecciones generales del 20 de noviembre, el proceso continuará imparable con el nuevo Gobierno y culminará con la transferencia de nuestras costas a Canarias, de donde nunca debieron haber salido.
* Presidente federal del Centro Canario Nacionalista, CCN
http://www.eldia.es/2011-09-28/criterios/12-Costas.htm
El CCN lleva muchos años luchando contra la Ley de Costas y reclamando que Canarias asuma las competencias sobre sus costas, porque somos una Comunidad Autónoma archipielágica, con 1.583 kilómetros de costas, por lo que debemos gestionar esa franja tan importante de nuestro territorio. Así que no fue una casualidad que fuese yo el diputado que presentó en el Parlamento de Canarias la PNL para que el Gobierno de Canarias pida, de una vez, al del Estado las competencias en costas. Ni tampoco que el representante de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas sea el director de los servicios jurídicos del partido y vocal del Comité Federal, José Luis Langa, el jurista que más recursos ha presentado, y por ahora ganado, contra las órdenes de derribo de casas, en defensa de los afectados por la Ley de Costas.
Creemos que en Canarias la aplicación de la Ley de Costas de 1988 se ha hecho mal y ha perjudicado a miles de familias que han visto cómo sus casas eran incluidas, unilateralmente y sin expropiación, y por tanto ninguna indemnización previa, en una zona de protección del dominio marítimo terrestre, ampliada a los cien metros desde los anteriores veinte. Pueblos de toda la vida, de gran valor histórico, cultural, sentimental y etnográfico, fueron ignorados por la Ley de Costas y ahora mantienen enconados pleitos en los tribunales para que el Estado no derribe sus casas.
Si la PNL que presenté fue ya aprobada en el último Pleno del Parlamento de Canarias, celebrado los días 27 y 28 de septiembre, se iniciará, a partir de ahora, por fin, el procedimiento previsto en el Estatuto de Autonomía de Canarias para la transferencia a Canarias de los servicios y funciones del Estado en materia de costas. Y si además hubiese sido aprobada por unanimidad, aunque cambie el Gobierno del Estado, tras las elecciones generales del 20 de noviembre, el proceso continuará imparable con el nuevo Gobierno y culminará con la transferencia de nuestras costas a Canarias, de donde nunca debieron haber salido.
* Presidente federal del Centro Canario Nacionalista, CCN
http://www.eldia.es/2011-09-28/criterios/12-Costas.htm
domingo, 25 de septiembre de 2011
La herencia verde que deja el PSOE: otro vendrá que bueno me hará
“Espero que acabemos con El Algarrobico en este mandato”, tituló a toda pastilla el diario El País una entrevista de una página y media, publicada el 13 de noviembre de 2010, citando palabras casi textuales de la actual ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, pocos días después de tomar posesión del cargo.
Desde entonces, la responsable ministerial ha introducido matices, dilaciones, precisiones, comas, puntos y coma y puntos seguidos en su discurso para acabar afirmando el pasado lunes que el Gobierno espera una resolución judicial firme para echar abajo el desgraciadamente famoso hotel de la costa del Parque Natural de Cabo de Gata, “si efectivamente la sentencia da lugar a ello”, según recogió la Agencia Efe en Almería, provincia en cuyo municipio de Carboneras sigue enclavado ese atentado hotelero a tantas cosas.
¿Se excusa Rosa Aguilar, ahora que termina su mandato, en que la legislatura se ha acortado cuatro meses para justificar su inacción sobre El Algarrobico, a pesar de las palabras antes reseñadas? No. Le basta simplemente con remitirse a la falta de firmeza de una sentencia emitida el 5 de septiembre de 2008 que establece la ilegalidad del hotel y la necesidad de derribarlo.
¿Por qué razón, entonces, no ha actuado el triple ministerio como acaba de hacer Ecologistas en Acción que pidió una semana después de cumplirse el tercer aniversario de la emisión de la sentencia su ejecución forzosa al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería?
Esa ejecución podría haber sido solicitada por el ministerio de Rosa Aguilar el mismo día, o antes, en que se publicaron sus contundentes palabras sobre el hotel erigido en una playa de Carboneras invadiendo el dominio público marítimo e infringiendo las normas de protección del Parque Natural de Cabo de Gata.
Podría pensarse que la ministra no ha hecho nada porque la adopción por su ministerio de una postura verdaderamente firme, como sugerían sus palabras, sobre el caso dejaría en muy mal lugar a la Junta de Andalucía, lugar de paso de Aguilar tras su abandono de IU y su salto a la cartera ministerial, puesto que la sentencia del Juzgado mencionado acusaba al gobierno regional andaluz de “la burda maniobra de sustituir la planimetría del PORN oficialmente publicada por otra en la que se ubicaba los terrenos en una zona, la D2, en la que no resultaba incompatible el uso urbanístico, permitiendo, de esta guisa, la construcción de un hotel en suelo de especial protección y con laminación de la servidumbre de protección estatuida en la Ley de Costas”.
Es decir, no sólo José Antonio Griñán, actual presidente, sino su antecesor Manuel Chaves, quedarían en muy mal lugar. Pero este caso no deja de ser más que un botón de muestra de la inexistente política realizada por la ministra Rosa Aguilar. Pues el viejo Ministerio de Medio Ambiente perdió buena parte de su sentido cuando al presidente Rodríguez Zapatero se le ocurrió crear el nuevo de Medio Ambiente, Rural y Marino. Así, la inoperancia de Aguilar no nos ha pillado por sorpresa, habida cuenta de los resultados obtenidos por su antecesora al frente del nuevo triple departamento, Elena Espinosa.
La ex alcaldesa de IU en Córdoba y ex consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta socialista de Andalucía, por orden cronológico, no ha hecho más que seguir directrices emanadas de otras parcelas de poder estatal o regional, como ya hizo su predecesora. Otra muestra de esto en la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Aguas, en pleno mes de agosto, que ha conseguido lo que hasta ahora ningún otro ministro del ramo había logrado: unir a los ecologistas y a los regantes en la protesta contra la nueva norma.
Y así sucesivamente, incluyendo la política nuclear, la de eliminación de residuos… Para qué seguir con Rosa Aguilar, si en realidad el personaje determinante en cuestiones ambientales desde el año 2004 se llama Miguel Sebastián, como acabamos de ver con la decisión de prorrogar diez años la vida de la central nuclear de Ascó (Tarragona).
No obstante, justo es señalar que, al final de la abreviada legislatura, el PP le ha hecho un gran favor a la ministra y al partido de Rodríguez Zapatero gracias al rechazo derechista en el Congreso, el martes pasado, a aprobar una reducción drástica de las emisiones de CO2. Merced al cerrilismo medioambiental del Partido Popular, la ministra Aguilar y el PSOE pueden entonar el “otro vendrá que bueno me hará”. País de locos.
http://www.cuartopoder.es/planetaherido/la-herencia-verde-que-deja-el-psoe-otro-vendra-que-bueno-me-hara/1443
Desde entonces, la responsable ministerial ha introducido matices, dilaciones, precisiones, comas, puntos y coma y puntos seguidos en su discurso para acabar afirmando el pasado lunes que el Gobierno espera una resolución judicial firme para echar abajo el desgraciadamente famoso hotel de la costa del Parque Natural de Cabo de Gata, “si efectivamente la sentencia da lugar a ello”, según recogió la Agencia Efe en Almería, provincia en cuyo municipio de Carboneras sigue enclavado ese atentado hotelero a tantas cosas.
¿Se excusa Rosa Aguilar, ahora que termina su mandato, en que la legislatura se ha acortado cuatro meses para justificar su inacción sobre El Algarrobico, a pesar de las palabras antes reseñadas? No. Le basta simplemente con remitirse a la falta de firmeza de una sentencia emitida el 5 de septiembre de 2008 que establece la ilegalidad del hotel y la necesidad de derribarlo.
¿Por qué razón, entonces, no ha actuado el triple ministerio como acaba de hacer Ecologistas en Acción que pidió una semana después de cumplirse el tercer aniversario de la emisión de la sentencia su ejecución forzosa al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería?
Esa ejecución podría haber sido solicitada por el ministerio de Rosa Aguilar el mismo día, o antes, en que se publicaron sus contundentes palabras sobre el hotel erigido en una playa de Carboneras invadiendo el dominio público marítimo e infringiendo las normas de protección del Parque Natural de Cabo de Gata.
Podría pensarse que la ministra no ha hecho nada porque la adopción por su ministerio de una postura verdaderamente firme, como sugerían sus palabras, sobre el caso dejaría en muy mal lugar a la Junta de Andalucía, lugar de paso de Aguilar tras su abandono de IU y su salto a la cartera ministerial, puesto que la sentencia del Juzgado mencionado acusaba al gobierno regional andaluz de “la burda maniobra de sustituir la planimetría del PORN oficialmente publicada por otra en la que se ubicaba los terrenos en una zona, la D2, en la que no resultaba incompatible el uso urbanístico, permitiendo, de esta guisa, la construcción de un hotel en suelo de especial protección y con laminación de la servidumbre de protección estatuida en la Ley de Costas”.
Es decir, no sólo José Antonio Griñán, actual presidente, sino su antecesor Manuel Chaves, quedarían en muy mal lugar. Pero este caso no deja de ser más que un botón de muestra de la inexistente política realizada por la ministra Rosa Aguilar. Pues el viejo Ministerio de Medio Ambiente perdió buena parte de su sentido cuando al presidente Rodríguez Zapatero se le ocurrió crear el nuevo de Medio Ambiente, Rural y Marino. Así, la inoperancia de Aguilar no nos ha pillado por sorpresa, habida cuenta de los resultados obtenidos por su antecesora al frente del nuevo triple departamento, Elena Espinosa.
La ex alcaldesa de IU en Córdoba y ex consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta socialista de Andalucía, por orden cronológico, no ha hecho más que seguir directrices emanadas de otras parcelas de poder estatal o regional, como ya hizo su predecesora. Otra muestra de esto en la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Aguas, en pleno mes de agosto, que ha conseguido lo que hasta ahora ningún otro ministro del ramo había logrado: unir a los ecologistas y a los regantes en la protesta contra la nueva norma.
Y así sucesivamente, incluyendo la política nuclear, la de eliminación de residuos… Para qué seguir con Rosa Aguilar, si en realidad el personaje determinante en cuestiones ambientales desde el año 2004 se llama Miguel Sebastián, como acabamos de ver con la decisión de prorrogar diez años la vida de la central nuclear de Ascó (Tarragona).
No obstante, justo es señalar que, al final de la abreviada legislatura, el PP le ha hecho un gran favor a la ministra y al partido de Rodríguez Zapatero gracias al rechazo derechista en el Congreso, el martes pasado, a aprobar una reducción drástica de las emisiones de CO2. Merced al cerrilismo medioambiental del Partido Popular, la ministra Aguilar y el PSOE pueden entonar el “otro vendrá que bueno me hará”. País de locos.
http://www.cuartopoder.es/planetaherido/la-herencia-verde-que-deja-el-psoe-otro-vendra-que-bueno-me-hara/1443
sábado, 24 de septiembre de 2011
A NUESTRA COSTA
El pasado día 21 de Septiembre, tuvo lugar la presentación en Tenerife del documental “A NUESTRA COSTA”, un trabajo del joven realizador canario Yeray González Nuez, en las instalaciones del Centro de la Cultura Popular Canaria.
El acto, retransmitido en directo por Radio San Borondón, representó la puesta de largo de un trabajo serio y riguroso de este realizador, basado en los efectos negativos, y en la realidad de la aplicación arbitraria y caprichosa de la Ley de Costas en Canarias.
Este trabajo, en cuya realización, han invertido muchos meses, destaca por las diferentes versiones dadas, no sólo por las autoridades nacionales competentes, sino por políticos canarios, y por supuesto por las numerosos canarios afectados, reflejando en imágenes, lo que la mayoría de canarios vienen denunciando reiteradamente sobre la aplicación de esta ley confiscatoria.
Yeray González, supo reflejar en su trabajo, el sentimiento de los canarios que viven en núcleos costeros de todas las islas; su preocupación por esta norma; el modo de vivir, bajo esta espada de Damocles, que ha llevado a la desaparición de muchos asentamientos tradicionales del litoral canario y por supuesto las claras arbitrariedades de esta Ley.
Después de la proyección, el público asistente participó en un pequeño debate, donde no faltaron los mensajes de apoyo, no sólo para el realizador de esta magnífica obra, sino para todos los colectivos de las islas.
Desde esta página, ante todo, felicitar a Yeray González Nuez, a sus colaboradores y a su familia, por este trabajo, y desearle el mayor éxito del mismo, y en su incipiente carrera profesional, de la que ya ha dado más que suficientes muestras de integridad, profesionalidad, rigurosidad, y de un marcado compromiso con estas Islas.
Gracias, Yeray.
BAJO LA CUESTA, EL CALETÓN DE LA MATANZA, AGACHE, ANAGA, FASNIA, IGUESTE DE SAN ANDRES., VALLE GRAN REY, EL REMO, LA BOMBILLA, EL PORIS DE CANDELARIA, LOS MOLINOS, EL GOLFO, OJOS DE GARZA, TUFIA, CALETA DE CABALLO, PLAYA LA NEGRA, GALDAR, LA VIUDA, EL MÉDANO,EL PRIS, ALMACIGA,PUERTITO DE LA CRUZ, FAMARA, ASOCIACIÓN EUROPEA DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS, Y MUCHOS MAS …….. Y POR SUPUESTO, TU SEGUNDA CASA, CHO VITO.
Los perjudicados por la Ley de Costas en Canarias piden una moratoria mientras se tramita la transferencia de competencias
El representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas(Aeplc), José Luis Langa, ha pedido este viernes al Gobierno regional que solicite al Ministerio de Medio Ambiente que, hasta que se consiga asumir las competencias sobre Costas, se conceda una moratoria a las personas afectadas por la ejecución de los deslindes practicados en el Archipiélago. Además, ha solicitado que se paralicen los que se encuentren pendientes de realización.
Langa González ha manifestado en un comunicado su satisfacción por la noticia de que Coalición Canaria en el Congreso haya instado al Gobierno central al traspaso de las competencias sobre los espacios marítimos de Canarias, ”igual que sucedió en Cataluña y Andalucía”.
Asimismo, el letrado ha destacado que el pasado mes de agosto se presentó en el Parlamento canario, por parte del diputado Ignacio González, presidente Federal del Centro Canario Nacionalista (CCN), una Proposición No de Ley en este sentido.
Según ha recordado el representante de la asociación, dicha solicitud de transferencias de competencias sobre Costas es “una aspiración que se viene reclamando desde hace tiempo”. De hecho, la última vez fue en una rueda de prensa, celebrada el pasado 14 de septiembre, en la que se conoció que la ministra de Medio Ambiente había manifestado que "si no se habían aún transferido las competencias sobre Costas era porque no se habían solicitado formalmente”.
Langa ha asegurado que dicha transferencia de competencias es una de las vías, puesto que, a su juicio, la otra seria la modificación de la citada ley, para poder solucionar la problemática creada por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas de 1988 que, según la asociación, “está creando una evidente inseguridad jurídica a los ciudadanos afectados en sus propiedades y un ataque frontal a la historia y cultura del pueblo canario”.
Esta situación se ha trasladado al Parlamento Europeo para que en octubre preste su apoyo en conseguir una solución “a una la realidad injusta que viene padeciendo el pueblo canario, cuyo horizonte en todo su territorio es el mar”, ha afirmado el representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas.
ACN Press
http://www.lavozdelanzarote.com/article59773.html
Langa González ha manifestado en un comunicado su satisfacción por la noticia de que Coalición Canaria en el Congreso haya instado al Gobierno central al traspaso de las competencias sobre los espacios marítimos de Canarias, ”igual que sucedió en Cataluña y Andalucía”.
Asimismo, el letrado ha destacado que el pasado mes de agosto se presentó en el Parlamento canario, por parte del diputado Ignacio González, presidente Federal del Centro Canario Nacionalista (CCN), una Proposición No de Ley en este sentido.
Según ha recordado el representante de la asociación, dicha solicitud de transferencias de competencias sobre Costas es “una aspiración que se viene reclamando desde hace tiempo”. De hecho, la última vez fue en una rueda de prensa, celebrada el pasado 14 de septiembre, en la que se conoció que la ministra de Medio Ambiente había manifestado que "si no se habían aún transferido las competencias sobre Costas era porque no se habían solicitado formalmente”.
Langa ha asegurado que dicha transferencia de competencias es una de las vías, puesto que, a su juicio, la otra seria la modificación de la citada ley, para poder solucionar la problemática creada por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas de 1988 que, según la asociación, “está creando una evidente inseguridad jurídica a los ciudadanos afectados en sus propiedades y un ataque frontal a la historia y cultura del pueblo canario”.
Esta situación se ha trasladado al Parlamento Europeo para que en octubre preste su apoyo en conseguir una solución “a una la realidad injusta que viene padeciendo el pueblo canario, cuyo horizonte en todo su territorio es el mar”, ha afirmado el representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas.
ACN Press
http://www.lavozdelanzarote.com/article59773.html
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