Arias Cañete anuncia una reforma

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado una reforma "profunda" de la Ley de Costas que pueda "armonizar" el desarrollo económico con la decidida protección de los recursos naturales, así como su intención de colaborar entre las distintas administraciones para tratar de alcanzar un gran pacto nacional del agua.

Durante la toma de posesión de altos cargos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el ministro ha dicho que estos son algunos de los retos más importantes de este departamento, cuyas líneas estratégicas presentará próximamente en sede parlamentaria "con todo detalle".

Respecto a la reforma de la Ley de Costas, ha manifestado que el litoral es "parte muy importante la riqueza económica y medioambiental es el litoral" y que, por ello, el Ministerio pondrá en valor el conjunto de playas y costas de España. "Los ciudadanos tienen que conocer los valores medioambientales de nuestro litoral y el potencial turístico debe siempre desarrollarse en base a los criterios de sostenibilidad ambiental", ha destacado el ministro que ha asegurado que "es compatible el desarrollo turístico con el respeto y la protección ambiental".

Por este motivo, ha explicado que la reforma "muy profunda" de la Ley de Costas partirá de la idea de que es "plenamente compatible" el crecimiento económico, la generacion de empleo y contribuir a la salida de la crisis con la potencialización del litoral. Arias Cañete ha precisado que se hará un análisis "muy riguroso" de los diferentes usos en el mar territorial para armonizar el desarrollo de cuantas actividades contribuyan a generar crecimiento económico, siempre con una decidida protección de los recursos naturales marinos, protección a la que no vamos a renunciar.

Mientras, sobre un pacto del agua, pretende que éste asegure un "abastecimiento de calidad" y el mantenimiento de todos los ecosistemas ligados al agua. Para ello, ha explicado que se fomentará la utilización del agua reciclada, la explotación ordenada del agua subterránea y otras técnicas, que se sumarán a la gestión eficiente de los recursos hídricos superficiales, que son la base actual del suministro.

Además, ha asegurado que la política medioambiental promoverá la participación de las distintas organizaciones y la simplificación de los trámites administrativos, respetando "escrupulosamente" los valores medioambientales.

En su primera intervención en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, ha agradecido al equipo saliente la gestión realizada y a quienes asumen ahora las responsabilidades, les agradece el compromiso en unas "circunstancias enormemente complejas" para España y una "situación económica muy compleja por la restricción presupuestaria evidente".

En todo caso, ha señalado que entre las "improntas" que quiere impulsar en el departamento es que la actividad del hombre y el medio ambiente son conceptos "compatibles" que tiene que constituirse en "instrumentos aliados de progreso". Por ello, ha indicado que quiere encontrar un punto de encuentro de todos los actores implicados en el medio ambiente, desde administraciones, entidades privadas y, por supuesto, las organizaciones ecologistas.

"Vamos a trabajar para que los compromisos que se asuman en materia medioambiental sean compatibles realmente con la sostenibilidad del tejido económico y empresarial", ha apostillado Arias Cañete, que ha agregado que una de las prioridades será la simplificación de la normativa en materia medioambiental para agilizar los trámites administrativos para "que no sean freno de las inversiones" pero "respetando escrupulosamente todas las garantías medioambientales".

Asimismo, ha pedido colaboración de las comunidades autónomas en temas como gestión de residuos, emisiones y calidad del aire y ha prometido prestar "particular atención" a la red de Parques Nacionales, en los que se fomentará su uso y disfrute con actividades turísticas y de ocio "respetuosas" con los valores ambientales porque está "convencido" de que el turismo sostenible "es posible y deseable".

En cuanto a la lucha contra el cambio climático, Arias Cañete ha asegurado que "seguirá siendo otra de las líneas de trabajo fundamentales" porque la UE "y España también" han hecho un esfuerzo sin precedentes en los últimos años y por los avances y compromisos alcanzados en la Cumbre del Clima en Durban (Sudáfrica) en diciembre de 2011. En este sentido, ha dicho que es consciente de que las políticas de reducción de emisiones deben estar "necesariamente bien orientadas" para que su ejecución surtan el efecto deseado.

TOMAS DE POSESIÓN

En el acto presidido por el ministro este viernes han tomado posesión la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Susana Magro Andrade; el director general del Agua, Juan Urbano López de Meneses; y el director general de sostenibilidad de la Costa y del mar, Pablo Saavedra Inaraja.

Los nuevos altos cargos fueron aprobados en el Consejo de Ministros el pasado 5 de enero y ya ocupaban puestos de responsabilidad dentro de la administración central y autonómica y cuentan con experiencia en los ámbitos de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-arias-canete-anuncia-reforma-profunda-ley-costas-20120113140857.html

NO SE VAYAN SIN DESPEDIRSE

Les ha llegado el fin. Ya no son personajes públicos, no ostentan representación alguna, ni la dirección provincial de algún servicio estatal. No. Ahora son como todos. Ciudadanos de a pie, o por lo menos debería ser así. Claro está, que en este país, donde un torero mata a una persona y no pasa nada, donde más de la mitad de los habitantes están a favor de una duquesa, y en contra del Rey, donde los que roban para comer van a la cárcel, y los que roban, prevarican, y especulan, conviven con nosotros en las calles, y donde los jueces que deben velar, por esa utopía llamada justicia, son nombrados por los políticos, pues con todo esto, está por ver si a todos estos que dejan el cargo, no se les coloca en otro más acorde con los tiempos que corren.
Sabemos de antemano que no vendrán a despedirse; no se preocupen, ya lo hacemos nosotros, que a lo largo de vuestros mandatos, hemos demostrado tener unas cualidades, que ustedes no han podido adquirir en sus cargos.
Al ex subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, desearle lo mejor. Sé que añorará muchas cosas en su nueva vida, pero los cargos políticos son así. Durante su mandato, le solicitamos muchas reuniones, que por algún misterioso motivo nunca se produjeron. Quizás sea por un pequeño defecto suyo, de demonizar a un pequeño grupo de ciudadanos, residentes en la costa de Candelaria; de incrementar la “supuesta” peligrosidad de un grupo de personas, que por defender sus viviendas, y sobre todo por defender sus derechos, esos derechos que vienen recogido en la primera ley de este país, la constitución española, que usted juró defender, y que en su articulado expone:…. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España… sufrieron persecución y vigilancia por parte de los servicios que estaban a sus órdenes.
Imagino, que ya se habrá dado cuenta, que no somos los peligrosos delincuentes, creadores y desarrolladores de tácticas terroristas, y que sólo somos lo que toda la ciudadanía entendió al vernos: un grupo de personas, humildes y trabajadores, más preocupada de llegar a fin de mes y de llenar las neveras, que en la elaboración de artefactos explosivos, cócteles molotov, y demás armas, que usted, desafortunadamente, hizo creer a la opinión pública para intentar justificar lo imposible.
En fin, don José Antonio, como dice la canción: “…que le vaya bonito…” Sólo recordarle, que los famosos cócteles, se elaboran con botellas de cristal, no de plástico, e invitarle, a pasar por lo que queda de nuestras casas, y charlar con nosotros, ver como estamos viviendo después de más de tres años, que igual se le desmorona esa idea suya de que somos elementos subversivos.
Queremos despedirnos también, del ex ingeniero jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife, ya que después de una relación de casi cinco años, nos sentíamos obligados.
Decirle, que aunque no lo crea, nosotros lo respetamos por su cargo. Comprendimos sus obligaciones, pero nunca entendimos el enconamiento que obtuvimos de usted con todo nuestro pueblo. No hay que hablar de la ley, pues la ley es claramente injusta, como la define la oficina del defensor del pueblo. La ley debe ser para todos y no disfrazarse al antojo de unos pocos, con términos urbanísticos, que normalmente desembocan en pura especulación. Recuerde que es una ley medioambiental, y que claramente no ha servido a ese fin; si no lo cree, salga a dar un paseo por las aberraciones, que se han construido estando usted en funciones.
Durante años le advertimos, que muchas de las viviendas destruidas, eran la única residencia de personas, que no tenían ni recursos ni medios para adquirir otra, pero usted negó esas afirmaciones, y propició una situación de personas sin hogar, por cierto, contrario a la constitución, y con las obras de un paseo inútil, que se está alargando no en longitud, pero si en el tiempo, permitió que se vulneraran continuamente derechos fundamentales. Incluso poniendo en peligro las vidas de los vecinos.
Le quiero dar las gracias. Gracias, por su incapacidad de diálogo, que propicio que un grupo de ciudadanos se organizara, se defendiera, y logrará que desde la Europa Comunitaria, se investigue todas las nefastas actuaciones que se realizan al amparo de una ley confiscatoria, y totalmente injusta como se ha demostrado ser la Ley de Costas.
A ambos, desde Cho Vito, sólo decirles, que les recordaremos, sin más calificativos.

Recuperación económica y seguridad jurídica

La necesidad de estimular los mercados y la presión enorme de los agentes económicos sobre los Gobiernos para ampliar cada vez más los márgenes legislativos de la libertad individual, de contratación y de empresa hace más crucial que nunca la seguridad jurídica para el progreso y el crecimiento económico. De hecho, la actual crisis económica y financiera internacional tiene su origen y desencadenante en el problema de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que puso al descubierto las enormes carencias de seguridad jurídica del sistema anglosajón. El gran reto de nuestros gobernantes consiste en que las reformas no impliquen una pérdida de seguridad jurídica, algo inasumible para empresas y ciudadanos.
La máxima seguridad jurídica es el mejor polo de atracción para los inversores
El concepto de seguridad jurídica va asociado a la certeza en la norma y en las relaciones jurídicas y predictibilidad en la aplicación de aquella por el Estado. Entre otras técnicas legislativas desaconsejables, produce inseguridad jurídica el abuso de los efectos retroactivos de la ley, en cuanto puedan afectar a derechos individuales adquiridos. Este fenómeno es demasiado frecuente en nuestro país en la normativa fiscal. Asimismo, la aplicación retroactiva de la Ley de Costas 22/1988 perjudicó los derechos de propiedad de ciudadanos españoles y de otros países de la Unión Europea en diversas zonas de nuestro litoral mediterráneo, con grave descrédito para nuestro sistema de seguridad jurídica. A su vez, la seguridad jurídica debe relacionarse con la idea de justicia, que está situada en un plano incluso superior (sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1981). Cuando la norma es o se convierte en injusta, debe ser derogada o modificada. Tal acontece actualmente en materia de ejecuciones hipotecarias, donde se producen situaciones injustas o abusivas para el consumidor que el legislador deberá corregir.
El Estado garantiza la seguridad imponiendo el imperio de la ley en un doble momento de las relaciones jurídicas y de manera doblemente eficaz: a través de la seguridad jurídica preventiva que ejercen notarios y registradores, lo que garantiza que los negocios jurídicos se ajusten a la norma, y la seguridad jurídica correctiva o sancionadora, que ejercen los jueces y que restablece la paz social cuando ha sido conculcada.
El sistema judicial español es globalmente seguro y de calidad, más allá de cuestiones concretas que puedan afectar a la cúpula en cuanto a la forma de elección. La justicia arrastra problemas históricos de medios y estructura, pero responde plenamente en el día a día de miles de juzgados al modelo de juez constitucional, como titular de un poder del Estado independiente, imparcial, técnicamente preparado y sometido al imperio de la ley, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
La intervención del notario, con su independencia e imparcialidad, el asesoramiento reequilibrador y el control de legalidad que realiza, entre otros valores que aporta, añade un plus de seguridad jurídica y un índice de litigiosidad bajísimo al negocio, lo que objetivamente hace muy superior la escritura sobre el documento privado y a nuestro sistema notarial respecto de otros existentes en derecho comparado, como el del seguro de títulos, difícilmente aceptable por nuestra sociedad.
El notario y la escritura están en el centro mismo del iter transmisivo, en el momento de consumarse el negocio, y garantizan su seguridad y legalidad. Sorprenden por este motivo recientes propuestas legislativas que pretendían excluir la escritura pública de determinados ámbitos negociales. Sería incomprensible que en España ahora se quisiera importar por la puerta de atrás un sistema, el anglosajón, que ha fallado estrepitosamente y está siendo profundamente revisado. Sería prácticamente el mundo al revés.
Nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva, que se asienta en los ámbitos mercantil e inmobiliario en la complementariedad del binomio notaría-registro, tanto en la fase del boom económico y sus excesos como en la actual de crisis aguda, ha demostrado su solidez y ha garantizado satisfactoriamente los derechos de los particulares y las empresas. Los problemas han sido de otro orden, fundamentalmente de tipo económico y financiero, pero no de seguridad jurídica. Constituye un sistema con un alto nivel de excelencia perfectamente homologable con el de los países más avanzados.
Las reformas legislativas que tendrán que acometerse no deberían de afectar a ningún elemento sustancial de los controles jurídicos del Estado que conformen la columna vertebral del sistema, que son indudablemente el poder judicial y las funciones notarial y registral, sin perjuicio de la siempre conveniente modernización y mejora. En particular, constituiría un error que perjudicaría gravemente el normal funcionamiento del mercado introducir elementos de desregulación y liberalización en cualquiera de estas tres instituciones, pues precisamente la seguridad de las relaciones jurídicas exige que el guardabarreras -o gatekeeping, en inglés- esté fuera del mercado y de sus reglas. El árbitro no juega el partido, lo vigila y controla.
El Gobierno y las Cortes, para impulsar el crecimiento y la recuperación económica, deberán promover en los próximos meses importantes reformas legislativas en los ámbitos laboral, fiscal, mercantil y societario, financiero, hipotecario, de la Administración, de la justicia, de protección de los consumidores, de jurisdicción voluntaria, arbitraje, mediación... Una legislación innovadora en estos y otros campos, incluso audaz en las reformas, unidos a un buen sistema judicial y de seguridad jurídica preventiva como el nuestro, asentado en la fe pública notarial y registral, que garantizan la máxima seguridad jurídica, son el mejor polo de atracción para los inversores y los negocios, nacionales e internacionales, y la mejor base para la reactivación económica.

Joan Carles Ollé es vicepresidente del Consejo General del Notariado.
http://www.elpais.com/articulo/empresas/sectores/Recuperacion/economica/seguridad/juridica/elpepueconeg/20120108elpnegemp_7/Tes

Es aberrante lo que han hecho los políticos con Cerrias»

La presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, achaca a la «falta de voluntad política» la 'crisis de los derribos'
La presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, achaca la 'crisis de los derribos' en Cantabria, y más concretamente a la que afecta a Cerrias, a la «falta de voluntad» de los políticos, «que en lugar de articular un plan para salvar las viviendas han articulado otro para derribarlas». Convencida de que «hay otras alternativas» que no sean la piqueta, la presidenta de este colectivo asegura, por otro lado, que los argumentos jurídicos que han condenado a morir a esas casas «son para llorar».
Defensora en el Parlamento Europeo de los derechos de los propietarios de viviendas afectadas por la Ley de Costas en España, Del Amo ha seguido muy de cerca todo lo relacionado con los derribos en Cantabria. Lo ha hecho desde la experiencia personal -«Y con conocimiento de causa»-. En el año 2007 compró una vivienda en Alicante y un mes después «me enteré de que estaba afectada por un deslinde». Desde entonces, y hasta hoy, se ha significado por su lucha constante en una batalla que ha llevado a Bruselas y que ella no cree perdida.
«Lo que ha sucedido en Cantabria no ha ocurrido en ninguna otra parte», dice molesta Del Amo, que sostiene que «los argumentos jurídicos utilizados para ordenar el derribo de las viviendas de Cerrias son para llorar, porque decir que las viviendas estaban estropeando la visión de un paisaje no son argumentos jurídicos que sostengan una orden de derribo». Sobre todo, recuerda, «cuando ese suelo estaba calificado como urbano».
En este sentido, la presidenta señala que en otras sentencias prevalece el principio de confianza legítima y seguridad jurídica. Pero aquí no. «Aquí, los vecinos adquirieron una vivienda legalmente y luego fueron a decirles que esa casa era ilegal». Algo que Del Amo dice que no acaba de entender. «No entiendo qué está pasando allí (en Cerrias). No conozco ningún caso como ese, la verdad. Lo que está sucediendo allí no tiene explicación».
Del Amo, cuyos contactos con los mandatarios tanto españoles como europeos son muy frecuentes, achaca buena parte de la culpa a «la falta de voluntad» de los políticos, «que en lugar de idear un plan para salvar las casas, han ideado otro para derribarlas. Es aberrante», añade la presidenta de la asociación, que asegura que en el Parlamento Europeo el asunto de los derribos en España se mira «como un auténtico escándalo».
http://www.eldiariomontanes.es/v/20111227/cantabria/otras-noticias/aberrante-hecho-politicos-cerrias-20111227.html

El Supremo avala que El Tablado es zona urbana

El Tablado de Güímar es un núcleo urbano y ha dejado de estar amenazado por la pretensión del Estado de recuperar 100 metros desde la línea del mar hacia el interior en toda esa franja costera. El Tribunal Supremo ha dado la razón al Ayuntamiento de Güímar en el contencioso que sostenía con la Dirección General de Costas sobre la servidumbre de protección del poblado de El Tablado.
El alcalde de Güímar, Rafael Yanes, dio a conocer ayer la sentencia del Tribunal Supremo sobre El Tablado. Destacó que es la segunda sentencia que le da la razón en los tres procesos sobre núcleos costeros del municipio en los que se ha enfrentado a la Dirección General de Costas, organismo dependiente de la Administración estatal.
Explicó que la sentencia sobre El Tablado devuelve a este barrio güimarero su condición de núcleo urbano, que podrá mantener en adelante una servidumbre de protección de 20 metros, sin tener que retroceder hasta los 100 metros como pretendía el organismo estatal en aplicación de la Ley de Costas.
El alcalde indicó que las tres sentencias emitidas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la Ley de Costas han sido favorables al Ayuntamiento. En ellas se ratifica que El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente eran núcleos urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. Este criterio, avalado ahora por el Supremo en el caso de El Tablado, respeta a su vez lo establecido en el Plan General de Ordenación del municipio. Además, resaltó que el Plan General fue "aprobado en 2005 con el informe favorable de la propia Dirección General de Costas".
Yanes apuntó que, hasta el momento, todos los recursos presentados por la Dirección General de Costas han sido desestimados y confirman la validez de las actuaciones municipales. Tan solo queda la sentencia correspondiente a los núcleos de Punta Prieta y La Caleta, que el alcalde confía sea similar a las anteriores. Añadió que el fallo judicial sobre El Tablado ha sido el mejor regalo para los vecinos que "llevan seis años sufriendo la incertidumbre generada por Costas". Además, reconoció la lucha tanto del grupo de Gobierno actual como del que presidió la fallecida Vicenta Díaz, para demostrar la legalidad de las viviendas de estos cuatro núcleos del litoral de Agache
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/12/24/supremo-avala-tablado-zona-urbana/387298.html

FELIZ NAVIDAD

La Audiencia Nacional anula la ampliación del deslinde marítimo-terrestre en Órzola

La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la ampliación del deslinde marítimo terrestre en el tramo de costa comprendido entre “El Embarcadero” y la “playa de Caletón”, en Órzola.

La Audiencia ha rechazado así la orden del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, emitida el 21 de febrero de 2010, mediante la cual se ampliaba el deslinde de 20 a 100 metros.
Ante esta orden emitida por el Ministerio, el Ayuntamiento de Haría presentó un recurso contencioso-administrativo pidiendo la nulidad de la misma. Así, alegó la caducidad del procedimiento y defendió que la anchura de la servidumbre de protección debía mantenerse en 20 metros y no en 100 como solicitaba el Ministerio. El Consistorio norteño entendía que se trataba de terrenos clasificados como suelo urbano en el Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano del municipio de Haría al estar las edificaciones de la zona consolidadas.
“El Ayuntamiento se siente respaldado por la resolución dictada por la Audiencia Nacional al reconocer la defensa que la institución norteña ha realizado de los derechos de los vecinos de Órzola”, ha indicado el alcalde de Haría, José Torres Stinga.
http://www.lavozdelanzarote.com/article63421.html

Derribos y engaños

A algunas personas les gusta afirmar “te lo dije”, pero yo no me encuentro entre ellas, sobre todo cuando se demuestra que tengo razón en cuestiones tan tristes y negativas para mis vecinos, como es este el caso.
Les recuerdo que hace algunos artículos afirmé, en un ejercicio premonitorio, que los socialistas no tardarían en exigir soluciones al nuevo Gobierno del Partido Popular para los problemas que ellos solitos han generado, o para las cuestiones que han sido incapaces resolver en ocho años. Y lamentablemente no me he equivocado.
Asimismo, no he dejado de insistir en que en el problema de Costas, los socialistas han demostrado muy poca sensibilidad y una nula predisposición a escuchar el sentir popular que pide una moratoria para la ley, y la paralización de los derribos, al menos hasta el año 2018, fecha límite para buscar una salida para las viviendas amenazadas.
Lo que me lleva a tener que volver a hablar de Costas, de la nefasta gestión del Partido Socialista y de su absoluta hipocresía. Todavía no tenemos presidente del Gobierno, pero los socialistas ya le están pidiendo presupuesto para la ejecución de una opción de protección del litoral que ellos solitos han elegido, de forma unilateral y una vez más sin tener en cuenta a nadie, ni a los ayuntamientos, ni a los vecinos.
Por lo que respecta a Costas, algunos socialistas, porque otros alcaldes de su signo político sí que son partidarios de la unidad, van por libre. Parece que se rían de todos y de todo, dispuestos a demostrar que en política sí que se puede actuar por revanchismo, como empezamos a pensar que se está haciendo en el tema de los derribos.
Estoy convencido de que el nuevo Gobierno afrontará el problema con seriedad y voluntad de consenso pero antes tiene otra prioridad, solucionar la gravísima situación económica que los socialistas han generado.
Los últimos coletazos del Gobierno socialista no podían ser más tristes: derribos y engaños. ¿Aún veremos algún despropósito más? Deseo que no.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/opinion/derribos-y-enganos_706007.html

Un nuevo deslinde condena a Tufia entera

Costas no sólo no perdona, sino que en sitios como Tufia demuestra que su sed de derribos no se saciará con tirar la primera línea de casas. Días atrás efectuaron un nuevo deslinde de un tramo de 90 metros y dejaron al barrio entero a expensas de la piqueta.
La Demarcación de Costas de Canarias ya había ordenado la demolición de 17 de las viviendas de este pintoresco caserío de Telde. Son todas las que dan fachada a la misma orilla de esta pequeña cala que en los mapas figura como playa de La Marina. Pero ahora Costas le ha puesto el gran angular y con un nuevo deslinde marítimo-terrestre en la mano ha metido en su particular catálogo de casitas en extinción a casi todo el poblado de Tufia.
La operación se fraguó el pasado 23 de noviembre en presencia de 300 personas. El barrio en peso no quiso perderse ripio de las maniobras de los técnicos de Costas para trazar la nueva frontera de Tufia con el mar, aquel punto donde la ley dice que no puede haber viviendas. Se trata de un tramo de 90 metros que coincide con la parte central de la playa y que estaba sin deslindar. Los propios afectados por las primeras órdenes de derribo de Costas le habían hecho ver al Ministerio de Medio Ambiente el contrasentido de expedientarles por un deslinde que no existía.
El problema es que esta nueva marca corre la línea roja 100 metros más atrás. Es más, de los tres hitos que Costas tenía que marcar para fijar el nuevo deslinde, sólo pudo pintar uno. Los otros dos coinciden con casas. Pese a esta nueva medición, las viviendas que están situadas en suelo de dominio público marítimo-terrestre, es decir, el suelo donde de ninguna manera puede haber casas, siguen siendo las mismas, que son además aquellas que ya cuentan con una orden de derribo de Costas. Pero ahora casi todo el resto del poblado, unas 42 viviendas, pasan a ocupar suelo de servidumbre de tránsito y de protección, donde también la ley prohíbe casas.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=242221

Costas ha demolido casi 700 edificaciones en dominio público

Casi 700 edificaciones que se encontraban en suelo de dominio público marítimo-terrestre han sido demolidas en la isla de Tenerife en los últimos años. En concreto, se trata de 679, de las que la mayoría, 418, corresponden a una actuación ejecutada en el municipio de El Sauzal. Además, otras actuaciones que han supuesto el derribo de edificaciones han tenido lugar en Puerto Trigo-El Confital, en Granadilla; Diego Hernández, en Adeje, y El Puertito, Cangrejillo y Rojas, también en El Sauzal.
Estos datos están recogidos en la memoria de actuaciones del servicio provincial de Costas de 2009 y 2010, que fue presentada ayer por el subdelegado del Gobierno en Canarias, José Antonio Batista, y el jefe del servicio, Carlos González. Esta cifra de demoliciones se incluye en los 1.373 expedientes de sanciones llevados a cabo este bienio en las cuatro islas occidentales, de las cuales la gran mayoría se sitúan en Tenerife. Destaca, desde el punto de vista numérico, localidades como Bocacangrejo con 120 sanciones y El Muerto, con 80 expedientes.
Durante la rueda de prensa, Batista destacó que entre 1993 y 2010 se han invertido en la provincia casi 107 millones de euros. De esta inversión, unos 12 millones se ejecutaron en 2009 y 2010. Además de este dato, más de la mitad, siete millones, fueron destinados a Tenerife. Del mismo modo, el subdelegado recordó que el objetivo de las actuaciones es “recuperar los espacios costeros de dominio público , mejorar el acceso y disfrute, su acondicionamiento y construir más lugares de baño”.
Asimismo, hizo hincapié en que todas las actuaciones llevadas a cabo están consensuadas con otras administraciones públicas, como el Gobierno de Canarias. Así, puso como ejemplo las demoliciones de Chovito, “que estaban recogidas en el convenio de Costas , pero luego se mostraron en contra”.

San Andrés
En cuanto a las obras de la escollera de San Andrés, en la capital tinerfeña, el subdelegado insistió, primero, en que la mejora que se está llevando a cabo es una actuación a corto plazo, para subsanar los defectos provocados por el oleaje del pasado septiembre y evitar, de momento, más inundaciones.
Estos trabajos provocaron el rechazo vecinal puesto que la escollera tenía una altura mayor de la anterior y limitaba la vista al mar, por lo que reclamaron que se rebajara. Al respecto, Batista exigió una solicitud formal al Ayuntamiento de Santa Cruz para evitar posibles consecuencias provocadas por nuevas inundaciones en un futuro. Además, el subdelegado confirmó que hasta la fecha, la Corporación local no ha solicitado de forma explícita la corrección del muro levantado.

Los datos de la memoria de 2009-2010

Kilómetros de costa. La provincia tinerfeña es la cuarta de toda España en el tamaño de su costa, con más de 716 kilómetros de longitud. De esta cifra, casi 80 kilómetros son de playa. Asimismo, en la actualidad se ha deslindado en las cuatro islas occidentales el 96,6%, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Costas de 1988. Esto supone que casi la totalidad de expedientes de deslinde tramitados están ya concluidos.
Inversión. En los últimos dos años Costas ha invertido en el litoral de la provincia 12,2 millones de euros, de los cuales 6,8 se han destinado a Tenerife. A ello se suma 1,2 millones invertidos en El Hierro, los más de 800.000 euros de La Palma y los 260.000 de La Gomera.Si los datos se remontan hasta 1993, la cifra de inversión total en las cuatro islas asciende a más de 106 millones de euros. Entre las ejecutadas en el último bienio destaca La Nea, Punta Larga y Playa San Juan, en Tenerife; Puerto Espíndola y Los Guirres (La Palma); Las Puntas (El Hierro) y Playa Santiago, en La Gomera.
Proyectos de futuro. Dentro de las obras previstas para el futuro, que dependerán de la financiación, está la playa de Valleseco, playa Martiánez, La Jaquita, Valle Gran Rey o el frente litoral de Santa Cruz de La Palma.
http://www.diariodeavisos.com/2011/12/10/actualidad/costas-ha-demolido-casi-700-edificaciones-en-dominio-publico/

Costas mantiene la presión y prevé otro derribo en Moncofa en un mes

La dirección provincial da un mes de plazo a una familia para que desaloje su casa pese a que trabajan de forma interina en el Ejecutivo
La casa amenazada por la normativa fue construida en 1932 por una familia de la localidad de Moncofa
Hace apenas quince días Costas ya derribó una vivienda en Almenara pese a los recursos
La polémica de Costas sigue en la provincia de Castellón pese a que en la actualidad están trabajando de forma interina ante la llegada del nuevo Gobierno. Así las cosas, el Boletín Oficial de la Provincia ha dado un plazo de un mes a una familia de Moncofa para que desaloje una vivienda de la playa para proceder a su demolición.
La casa en cuestión se construyó el 19 de julio de 1932, mucho tiempo antes de que se aprobara la Ley de Costas. Sin embargo, en 1977 se pidió permiso para construir una vivienda en este suelo junto al paseo marítimo de Moncofa. Según el servicio provincial de Costas, este permiso quedó extinguido en 2009 y entonces se inició el proceso para su demolición.
Según el escrito público, pasado un mes (el plazo empezó a correr el pasado sábado) se ejecutará la ocupación forzosa del edificio. Y todo pese a que el nuevo Ejecutivo tiene la intención de replantear esta política de derribos en la costa de Castellón, tal y como manifestaba el diputado en el Congreso, Manuel Cervera, que cuenta con el apoyo de la Diputación.
Cabe recordar que a los tres días de ganar el PP las elecciones generales, se inició el proceso para derribar una casa en Almenara. Pese a que los dueños contaban con un escrito de la dirección general de Costas en el que se garantizaba que la vivienda seguiría en pie hasta resolverse los recursos pendientes, la dirección provincial procedió a la demolición de la casa.
Al mismo tiempo, cabe recordar que la Diputación de Castellón ya ha entregado más de 15.000 firmas recogidas por la Plataforma en Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense a la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Erminia Mazzoni.
Con este trámite se culmina el trabajo desarrollado conjuntamente desde la Diputación Provincial con la Plataforma, en la que están integradas las asociaciones de vecinos de los municipios afectados por la Ley de Costas.
Con estas firmas se quiere refrendar una petición que apela a la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, por la que se garantiza la «protección de la vida privada y familiar, incluido el domicilio privado, destacando que no podrá haber injerencia pública en el ejercicio de este derecho». En base a este principio fundamental y a que no se puede aplicar la ley con carácter retroactivo, la petición plantea instar al Gobierno de España a realizar una «profunda revisión y modificación» de la Ley de Costas
http://www.lasprovincias.es/v/20111208/castellon/costas-mantiene-presion-preve-20111208.html

Los afectados piden al alcalde que dimita por permitir obras en el poblado

El poblado costero de Cho Vito quiere aprovechar el periodo de tregua de seis meses que le otorga una nueva resolución judicial que paraliza los desalojos y derribos para continuar con su lucha, bajo el convencimiento de que el próximo paso será "la reconstrucción" y que "no se volverá a repetir un capítulo similar en ningún otro enclave costero de las Islas".
En una rueda de prensa celebrada en los restos que quedan del barrio, y con el sonido de la maquinaria que realiza las obras del paseo marítimo de fondo, los afectados aseguraron que con ellos se han vulnerado todas las normas internacionales y los derechos humanos. Así, Tomás González, portavoz de los vecinos, manifestó que "todas las administraciones han actuado mal con Cho Vito, sobre todo el máximo responsable del territorio en el municipio, que es el alcalde", al que le pidió, "por primera vez por parte de los afectados, que, si tiene lo que tiene que tener y un poco de dignidad, que dimita de su cargo".
En este sentido, lo responsabilizó de que "permitan las obras que se están haciendo, en las que no se respetan los más mínimos conceptos de seguridad". Señaló que "es lamentable que a estas alturas de siglo se permita esta situación de humillación a los vecinos, donde no se respeta ni la ley ni el más mínimo impacto ambiental".
Por ello, amparado en que "la Comisión de Derechos Humanos ha reconocido que en Cho Vito se ha vulnerado la norma fundamental del derecho a la vivienda y la propiedad, por lo que se le ha pedido a España que revise la Ley de Costas, porque se aplica con carácter retroactivo", anunció que emprenderán acciones en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la vez que solicitarán al Consejo General de Poder Judicial que investigue el trabajo de la juez que decidió los derribos, así como que el futuro gobierno del PP haga lo propio sobre la acción del delegado y subdelegado del Gobierno y de los responsables de Costas
http://eldia.es/2011-12-02/sur/8-afectados-piden-alcalde-dimita-permitir-obras-poblado.htm

Lo ocurrido en Cho Vito es una vulneración a los más simples derechos humanos”

los vecinos afectados por los derribos no pararán hasta conseguir hacer realidad el objetivo de reconstruir el poblado que se marcaron en 2008 “porque es de justicia que así suceda”

Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito, explicó en rueda de prensa que pasado más de un año desde que seis familias pusieran en riesgo su vida en la huelga de hambre llevada a cabo el pasado año se ha logrado no sólo que las viviendas del poblado marinero no fueran destruidas en aquel momento, sino que sigan en pie a día de hoy con una resolución judicial que da garantías de supervivencia al menos seis meses más en los que se tiene que buscar una solución definitiva a este problema.
Tomás González dijo que la resolución judicial que impide que se tiren las casas de Cho Vito en los próximos seis meses ha dado pie a seguir trabajando en todos y cada uno de los frentes que los vecinos tienen abiertos para la reconstrucción de Cho Vito, un objetivo que se marcaron en 2008 y sobre el que no pararán hasta conseguir hacerlo realidad porque es de justicia que así suceda.

Desde su punto de vista, lo ocurrido en Cho Vito es una vulneración a los más simples derechos humanos y un quebrantamiento de las normas internacionales en las cuales está acogida España, por lo que estos seis meses que concede el juzgado da pie a los vecinos para seguir defendiendo sus derechos.

Explicó que el camino recorrido hasta este punto en todos estos años de lucha sin cuartel contra el poder de las administraciones no ha sido fácil, no ha sido una tarea que haya contado con un recorrido llano, sino todo lo contrario, por lo que el trabajo realizado tiene mucho más mérito puesto que hablamos de una lucha desigual entre David y Goliat, lo que ha conllevado un gran esfuerzo por parte de las nuevas familias que viven aún en Cho Vito, sino de conjunto de familias que vivían en el poblado y que en su día vieron como las palas les arrebataba lo que era suyo.

Visiblemente emocionado, González dijo que está muy orgulloso del comportamiento de sus convecinos, que no han desfallecido en su lucha a pesar de la desigualdad real, pero por ello esta Navidad podrán pasarla en sus casas, al tiempo que esperan pasar las navidades que la vida les permita vivir en sus casas.
http://www.sanborondon.info/content/view/39383/1/

“No pararemos hasta que Cho Vito sea reconstruido”

Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito afectados por la Ley de Costas, se mostró contento en Radio San Borondón porque la lucha iniciada en octubre del 2008 cuando empezaron a caer las primeras casas esté sirviendo no sólo para mantener en pie lo que queda del barrio marinero, sino que la Justicia termine por darle la razón a los vecinos de forma definitiva y así poder seguir luchando por el otro gran objetivo, que no es otro que la reconstrucción, una lucha que no parará hasta lograrlo.
Tomás González explicó que la última resolución judicial por la que se aplazan la entrada en los domicilios y la demolición de Cho Vito por cuestión social, dado que se trata de primeras viviendas de los vecinos afectados, es la misma situación que sin embargo no fue respetada en octubre de 2008 cuando el barrio fue atacado por las palas y se destrozaron muchas de las viviendas del poblado.

En este sentido, destaca que hoy expiraba el plazo que las administraciones habían dado sobre el derribo de Cho Vito, por lo que los vecinos están satisfechos por esta nueva resolución judicial que les sigue dando aire, pero considera que no es lo ideal que se siga dilatando una solución definitiva, dicho lo cual advierte que los vecinos van a seguir luchando para que se siga manteniendo el barrio marinero y para que se acometa la reconstrucción de las casas derribadas.

El portavoz vecinal es consciente de que es muy difícil doblegar a la administración de Costas y a unos dirigentes que en el caso de Cho Vito han actuado con premeditación y alevosía en contra de los intereses de los ciudadanos, como pueden ser el subdelegado del Gobierno, José Antonio Batista, así como la anterior delegada, Carolina Darias, conjuntamente con el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, pero no van a cejar en su empeño de hacer valer sus derechos frente al deseo de las instituciones de especular con los terrenos.

González advierte que el hecho de construir el paseo en la zona sólo busca que si al final se produce la victoria de los vecinos, ya no se pueda hacer nada por la aplicación de la política de hechos consumados tan característica de nuestros dirigentes cuando quieren llevar a cabo algún proyecto que encuentra contestación social, sin embargo los hechos están constatando cada día que la razón en toda esta problemática está del lado de los más débiles, en este caso los vecinos afectados.

Explicó por último que este jueves ofrecen una rueda de prensa desde Santa Cruz de Tenerife con la que los vecinos de Cho Vito quieren poner al descubierto todas las incongruencias que han rodeado a este problema, pero también denunciar todo lo que está pasando en relación con el sistema judicial, con el proyecto, con los “chanchullos” de Costas, con lo que sucedió recientemente en la Comisión de Peticiones de la PE, al igual que lo ocurrido en la Comisión de derechos humanos, así como lo relativo al Defensor del Pueblo europeo, para que la ciudadanía sepa quienes han sido los que han estado engañando para “seguir mamando de la teta” de Europa y para seguir aplastando al pueblo que tan dignamente se ha sabido defender.
http://www.sanborondon.info/content/view/39353/1/

El Parlamento Europeo aconsejará al Gobierno que cambie la ley de Costas

Es “consciente” de que la nueva administración será “más sensible” a los problemas del litoral castellonense. Creará un grupo de trabajo especial, tras revisar las 15.000 firmas y el estudio aportado por los afectados

La lucha para evitar los derribos de viviendas en la costa ya ha llegado a Europa y ha obtenido sus frutos. Y es que el Parlamento Europeo aconsejará al Gobierno central que modifique la ley de Costas del año 1988. Así se lo hizo saber la presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni, a los diputados Vicent Sales y Mario García, quienes le entregaron ayer en Bruselas las más de 15.000 firmas recogidas por la Plataforma en Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense con las que se reclama la modificación de la actual normativa estatal.
García explicó que “el ente europeo no puede obligar al Estado a cambiar la ley, pero es consciente de nuestro problema y de la posibilidad de derribos, por lo que elaborará un informe del encuentro y lo remitirá al Gobierno recomendando la variación del reglamento”. Asimismo, incidió en que Mazzoni es “consciente de que la futura administración del PP es más sensible a este tema”.
Asimismo, en la reunión se pactó la creación de un grupo de trabajo especial sobre el problema del litoral, ya que Mazzoni dio a conocer que había recibido multitud de protestas de diversas partes de España en este sentido. “Este colectivo estudiará las afecciones de la costa y sus posibles soluciones y pediremos formar parte de él”, indicó García. Aunque, eso sí, el también alcalde de Nules aseguró que “no bajaremos la guardia y seguiremos reivindicando, sea quien sea el ministro de Medio Ambiente, una actuación integral sobre el litoral y la modificación de la normativa”.
Esta reclamación, acompañada de un informe con más de 15.000 firmas, fue lo que presentaron ayer García y Sales ante Mazzoni. En el documento se defiende la legitimidad de los inmuebles que se construyeron antes de la ley vigente y que ahora se encuentran en dominio público terrestre debido a la imparable regresión.
Uno de los argumentos más contundentes es el de la aplicación de la norma con carácter retroactivo. En este sentido, se denuncia que esta decisión ha tenido como consecuencia las “demoliciones arbitrarias de casas adquiridas legítimamente”.
DERECHOS //
El informe también denuncia que “los propietarios pasan a ser titulares de un derecho de ocupación del dominio público y, una vez finalizada la concesión, se extingue sin indemnización alguna”. El diputado de Promoción Económica y Relaciones Internacionales, Vicente Sales, indicó que “el primer paso ya está dado y seguiremos en este camino hasta lograr nuestro fin”, a lo que añadió que “aunque estamos convencidos de que la sensibilidad del nuevo Gobierno será muy distinta a la que se ha mantenido hasta ahora, no hay que abandonar nuestras reivindicaciones”. Por su parte, García, aseguró que “lo hemos visto en Almenara hace unos días y la amenaza de derribo es real. La defensa de estas viviendas pasa por la protección del litoral, ya que, de lo contrario, el mar seguirá ganándole terreno a la costa”. H
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/el-parlamento-europeo-aconsejara-gobierno-que-cambie-ley-de-costas_702110.html

Cho Vito sigue en pie

Para hoy, 30 de noviembre, estaba fijado el desalojo de las nueve casas que siguen en pie en el poblado, pero una resolución judicial da otra tregua de 6 meses.
Una nueva resolución judicial ha transformado lo que hoy, día 30 de noviembre, se esperaba como un "ultimátum" para el enclave costero de Cho Vito en una nueva "tregua", ya que las dificultades para reubicar a las personas que aún permanecen en las nueve casas que no fueron derribadas han demorado, de momento, el desalojo y derribo, hasta dentro de otros seis meses.
No obstante, este nuevo aplazamiento genera entre los afectados la sensación de que el lema "Cho Vito sigue en pie" sea una circunstancia que se podrá prolongar en el tiempo. En este sentido, Tomás González, portavoz de los vecinos, aseguró ayer que "el barrio no se va a tirar" cuando expire esta nueva circunstancia.
Así, señaló que Costas ha comunicado al juzgado que instruye el caso que no se va a actuar en Cho Vito, lo que es considerado como la constatación de que "aquí se han equivocado y que hablamos de personas", algo que justifica, a juicio de González, "la huelga de hambre ante el derribo inminente, con lo que se ha logrado paralizar la situación en un año. Ha llegado el momento de que alguien explique lo que ha pasado", añadió.
El portavoz de los vecinos dijo que ahora se constata, en el tiempo de espera antes de constituirse el nuevo Gobierno central y la campaña previa, que se paraliza el derribo, y que "Cho Vito es una víctima del juego político, confirmándose que hemos despertado las conciencias por llegar a donde hemos llegado; siendo los artífices de la destitución de tres ministras, dos directores generales de Costas y confirmando ante Europa que ha habido un atropello de los derechos fundamentales".
Al respecto, señaló que también se ha demostrado en la UE que la Ley de Costas se aplica con carácter retroactivo y que "ni siquiera se están respetando los derechos humanos en la realización de las obras del paseo marítimo en el barrio, pues no se guarda un mínimo de medidas de seguridad para los vecinos ni los propios trabajadores".
El representante de los afectados aseveró que "Cho Vito no lo van a tirar" y advirtió de que cuentan con documentación que va a suponer un giro en el conflicto, además de anunciar que las movilizaciones del movimiento vecinal seguirán su curso, solicitando al nuevo Gobierno central que se abra una investigación "sobre todo lo que se esconde detrás de Cho Vito, tanto desde el punto de vista jurídico, como en las declaraciones del subdelegado del Gobierno para justificar el despliegue policial en la zona, asegurando que en el barrio había cócteles molotov, así como sobre la actuación del responsable de Costas".
http://eldia.es/2011-11-30/SUR/2-Cho-Vito-sigue-pie.htm

A "NUESTRA COSTA" SE PRESENTO CON ÉXITO EN FUERTEVENTURA

Ayer se presentó en Fuerteventura ‘A Nuestra Costa’, trabajo que expone el distinto uso de la normativa para favorecer los grandes complejos turísticos y eliminar núcleos costeros emblemáticos como Los Molinos, Chovito, Ojos de Garza o El Golfo
La arbitrariedad en la aplicación de la Ley de Costas es la temática principal de ‘A Nuestra Costa’, trabajo documental en que el periodista Yeray González Nuez se estrena como realizador abordando distintos casos particulares que en Canarias ponen de manifiesto el diferente uso que se hace de la normativa para favorecer los grandes complejos turísticos que pueblan el litoral, por un lado, y por otro para eliminar núcleos costeros emblemáticos y de tradición pesquera como Los Molinos y El Puertito de Jandía en Fuerteventura, Chovito en Tenerife, Ojos de Garza en Gran Canaria o El Golfo en Lanzarote.
La presentación de ayer, celebrada en el Centro Bibliotecario Insular, contó con la introducción al documental por parte de su autor, y con la asistencia de numerosos colectivos vecinales que en la Isla majorera se encuentran afectados por la problemática de Costas, como los mencionados Los Molinos y El Puertito, o Majanicho. En representación del Cabildo de Fuerteventura, que cedió las instalaciones del centro para la ocasión, acudió el consejero de Cultura y Patrimonio Histórico, Juan Jiménez.
“Lo que queremos es denunciar el doble rasero que existe entre los asentamientos costeros de Canarias, algunos de ellos centenarios, y los complejos turísticos y hoteleros que de la mano del poder económico encuentran cabida para ocupar el litoral, obviando en muchos casos la presencia de elementos medioambientales, etnográficos o patrimoniales”, relata el propio Yeray González al inicio de la cinta
El rodaje del documental se llevó a cabo durante seis meses de 2010, utilizando otros cuatro meses para la edición del material recopilado. Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, las cuatro islas del archipiélago con mayor masificación urbanística en el litoral, acogen los cuatro capítulos y escenarios principales del trabajo. Una quinta localización fue Madrid, donde se entrevista al director General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pedro Antonio Ríos.
Por parte de los principales afectados, innumerables vecinos y representantes de las asociaciones que defienden los derechos de los asentamientos costeros aparecen en el documental denunciando los hechos. El presidente del Cabildo, Mario Cabrera, y el alcalde de Puerto del Rosario, Marcial Morales, son otros dos de los testimonios que en representación de las instituciones públicas aparecen en el documental, en este caso apoyando a los colectivos vecinales.
Todos estos diferentes puntos tratan de ofrecer una visión lo más objetiva posible de un problema que afecta en mayor medida a la sociedad canaria, por tener ésta un contacto directo y continuado con la costa y el mar.
Además, este trabajo también pone de manifiesto el deterioro del actual modelo turístico implantado en las Islas Canarias, y que basa casi toda su desarrollo en la costa, produciendo un gran desgaste en la misma. Como alternativa, se ofrece la posibilidad de desarrollar la actividad turística en el litoral de una manera más sostenible y en consonancia con el medio ambiente. En este sentido, los pequeños y tradicionales pueblos pesqueros suponen un atractivo reclamo para el turista del siglo XXI, el cual busca un destino diferenciado del resto, y cada vez más alejado de la masificación hotelera reinante en el archipiélago.
En definitiva, este documental intenta ofrecer una visión diferente sobre la aplicación de la Ley de Costas en Canarias, sus consecuencias y su influencia en la idiosincracia de la sociedad canaria. Así como en el actual modelo de desarrollo económico de las islas: el turismo.

http://lookfuerteventura.com/2011/11/el-periodista-yeray-gonzalez-denuncia-en-un-documental-la-aplicacion-arbitraria-de-la-ley-de-costas-en-canarias/

Costas muestra sobre el terreno la delimitación del dominio público marítimo terrestre en Tufia (Telde

Los afectados por la delimitación del dominio marítimo-terrestre realizada en Tufia, en Telde, por la Demarcación de Costas de Canarias, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, tienen 15 días para presentar alegaciones.

Costas mostró este miércoles 23 de noviembre sobre el terreno la delimitación provisional del dominio público marítimo - terretre, mediante su apeo, a los titulares de fincas colindantes en la Playa de Tufia.

El pasado 8 de agosto se publicó en el Boletín Oficial de La Provincia el anuncio por el que se incoó el expediente sobre el deslinde de un tramo de costa en la Playa de Tufia, de conformidad con la autorización de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Ello en relación a la tramitación de incoación del expediente autorizado con fecha 30 de abril de 2009 del deslinde de los bienes de dominio público marítimo- terrestre del tramo de costa de unos 90 metros de longitud en la Playa de Tufia, en la zona Barranco Hondo-Ámbar.

Así pues hasta que se dictara resolución del expediente quedaba suspendido el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre y en la zona de servidumbre de protección. Durante un mes cualquier interesado podía comparecer en el expediente, examinar el plano de delimitación provisional del dominio público marítimo-terrestre y de la servidumbre de protección y formular las alegaciones que considerara oportunas.

Una vez finalizado el primer plazo, la Demarcación de Costas realizó este miércoles una delimitación provisional sobre el terreno ante los afectados y colindantes, quienes tendrán unos 15 días para presentar nuevas alegaciones o proponer una delimitación alternativa.


http://www.teldeactualidad.com/noticias.php?area=politica&id=7999

Costas desoye la orden de Madrid y derriba una vivienda en Almenara

Los propietarios hablan de «venganza» aunque lograron frenar la demolición al poder afectar a otra casa anexa en la playa

CASTELLON.

La dirección provincial de Costas inició ayer el derribo de una vivienda en Almenara, pese a contar los propietarios de esta casa de la playa una orden de la dirección nacional en la que se garantizaba que se paralizaba el proceso hasta que se resolvieran los recursos pendientes.
Tal y como señalaba el propietario de la vivienda, Fernando Ramia, «al menos nos queda el consuelo de que no la han podido derribar del todo» puesto que se ha organizado una manifestación espontánea de la plataforma de la localidad y, al mismo tiempo, han aparecido los afectados con la documentación y, además, se han dado cuenta de que demoler esta casa afectaba a la propiedad anexa.
Justamente esta vivienda se ha convertido en los últimos años en todo un símbolo de la batalla de estos propietarios con la Ley de Costas ya que sus propietarios han ido ganando recursos puesto que los dueños han alegado que es la única residencia que tienen y la construcción data de mucho antes de la entrada en vigor de la polémica normativa nacional.
Hace ya un par de años, los propietarios se encontraron un día con que los accesos (puerta y ventanas) estaban tapiadas para impedir la entrada. Este hecho ya motivó recursos de los propietarios de esta casa, que no es el único caso similar en la playa de Almenara. Fernando Ramia explicaba ayer que la situación es «extraña» ya que han procedido al derribo dos días después de perder el PSOE las elecciones, con los sustanciales cambios que se prevén en la dirección provincial de Costas en Castellón (que depende del Ministerio de Medio Ambiente). «Justo dos días después esto suena un poco a venganza», dijo.
De hecho, los propietarios ya denunciaron que durante los primeros derribos, los responsables municipales de Almenara (con el alcalde, el socialista Vicent Gil a la cabeza) «brindaron con champán» por lo que ellos consideran que ha sido «una lucha en la que no hemos tenido ningún tipo de apoyos» por parte del Consistorio «a diferencia de lo que ocurre en otras localidades», lamentaban.
De hecho, desde el PP y siguiendo el anuncio del ya diputado popular Manuel Cervera, una de las cuestiones que el nuevo Gobierno central iba a modificar era justo estos derribos previstos. De ahí que ayer los propietarios vieran «venganza» en el inicio de la demolición de la casa.
Justamente ayer el Bloc recordaba que la moción que presentaron para que la Diputación pida al Gobierno la transferencia de Costas para que el futuro de la costa de Castellón se decida desde la Generalitat y no desde Madrid
La propuesta presentada por Nomdedéu y apoyada por el resto de grupos insta a la reforma urgente de la Ley de Costas para acabar con su retroactividad y una reforma integral posterior para proteger las viviendas tradicionales. Se trata de iniciar también una modificación integral más amplia de la Ley de Costas, con el objetivo de que se proteja la particularidad de las más de 600 viviendas tradicionales que se quieren derribar

EN CHO VITO, TENERIFE, SE DEMOLIERON CASAS ANTERIORES A LA LEY DE COSTAS, CASAS CON HIPOTECAS, CASAS CON AYUDAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

!! Y AQUI, SEGURO QUE TAMBIEN BRINDARON ALGUN QUE OTRO RESPONSABLE MUNICIPAL,

http://www.lasprovincias.es/v/20111123/castellon/costas-desoye-orden-madrid-20111123.html

EL PUERTITO DE LOS MOLINOS, PUEBLO MARINERO

Durante siglos, la jurisdicción administrativa fue única para Fuerteventura; se habilitaron puertos o embarcaderos próximos a nacientes de aguas con abundantes tarajales, ideales para hacer aguada los barcos y para la pesca y marisqueo estacional complementarios a la economía insular; otros se asocian a la presencia de algún horno cercano (de otra forma no se podrían explicar los que hoy vemos alejados de poblaciones) y otros para burlar prohibiciones de saca de granos decretadas por el cabildo. Más tarde Puerto Cabras luchó por que su embarcadero fuese habilitado para el embarque y desembarque de mercancías; máxime cuando la hacienda municipal cobraba un canon establecido sobre dichas operaciones.
Fueron muchas las denuncias formuladas desde Puerto Cabras, sobre todo cuando en 1894 implantó su impuesto municipal sobre carga y descarga en las playas de su jurisdicción, por la costumbre de algunos patrones de barcos que practicaban “ilegalmente” sus operaciones en caletas como las de Jablito o Puerto Lajas.
El Ayuntamiento de Casillas del Ángel logró recuperar un caserío instalado en su jurisdicción. El Puertito de Los Molinos fue uno de aquellos rincones de nuestra costa occidental que siguió usándose que basculaban su residencia desde Tostón (El Cotillo) hasta Puerto de la Cruz y Morro Jable, pasando además por los de Ajuy, Amanay o Terife, barrancos todos ellos con agua dulce y abundante tarajal.
El Puertito está en la desembocadura del Barranco de Los Molinos, donde se forma una especie de laguna con las aguas permanentes que por allí discurren, y que sirvió en su momento para el lavado de barrillas; al lado norte, se forma una plataforma de terrenos de avenida y sobre los cuales se consolidó un pequeño caserío.
Administrativamente el Puertito de Los Molinos estaba, y está enclavado, en terreno de Mancomún de pastos y leña; más tarde la jurisdicción eclesiástica primero y la municipal después, lo hicieron depender de la parroquia y municipio de Casillas del Ángel. Por tanto, a partir de 1.835 y durante toda la vida de aquel municipio, los vecinos de los caseríos de Casillas, Ampuyenta, Llanos de la Concepción o Tefía, gozaron de derechos específicos sobre aquella zona. Mientras los comisionados de costas administraron la cuestión ganadera.
Cuando Casillas del Ángel decidió fusionarse a Puerto Cabras en 1926, dejó bien claros los extremos señalados sobre la zona de mancomún y el uso exclusivo de los ganaderos y, aunque para nada se menciona el uso por los pescadores de la zona, es de suponer que la combinación de ambas actividades se daba por supuesta, máxime cuando los que allí inicialmente se asentaron fueron gentes de la mar. Hasta hace no mucho, algunas de las casas conservaban su ancha puerta para guardar las embarcaciones entre garrafones de brea y otros aperos.
Pocas noticias hemos encontrado sobre el número de edificios en pasadas centurias; algunos viejos hablan de más de doscientos años. La documentación manejada y los testimonios de algunos ancianos, junto a los vestigios conservados, hacen suponer que fue entre 1920 y 1930, cuando se desarrolló allí la más importante actividad: la exportación de piedra de cal y sus derivados. Allí se construyó un horno que aún se conserva; los camelleros habilitaron casetones de piedra seca que evocan la descarga de
piedra hasta la arena, desde donde, a hombros era subida a los lanchones para trasladarla a los veleros que fondeaban en la rada.
La importancia de la actividad mencionada quedó reflejada al plasmarse en los Nomenclátor de 1920 y 1930 la Entidad de Población de Los Molinos. El propio Puerto Cabras, con la comisión liquidadora del Ayuntamiento de Casillas del Ángel, contempló la riqueza tributaria de la zona con un total de 15 casas en pie, en el Registro Fiscal que formaron para el año 1928 y el nomenclátor de 1930 recoge 13 edificios destinados a vivienda y uno a otros usos (horno), olvidándose de los casetones de camelleros habilitados ocasionalmente en lo alto, en el tablero.
Podemos establecer tres momentos en la evolución del pago de Los Molinos: el uso inmemorial por gentes de la mar o gentes de los lugares aledaños que combinaron las actividades pesquera y ganadera tradicionales de nuestra Isla marcaría una primera fase con construcciones de piedra, enfoscadas con torta interiormente y cubiertas de tarajal y torta. El comercio de la piedra de cal y derivados marcaría un segundo momento desarrollando una actividad económica entre 1920 y 1930 tan importante que sirvió de base al Ayuntamiento de Casillas del Ángel para la elevación de Los Molinos a la categoría de Entidad de Población; cal y arena rehabilitaron las antiguas casas de pescadores y se ejecutaron nuevas construcciones, entre ellas un horno. Para el período 1930-1947, los viejos pescadores son la historia aún viva de entonces. A partir de 1947-50, la industria calera rehabilita el Puertito de Los Molinos, construyéndose nuevos hornos y rampas para echar la piedra de cal y el ripio; es entonces cuando nuevas construcciones llegan a delimitar una pequeña calle al norte del pueblito. Son momentos en los que el General Francisco García Escámez, proyectaba la construcción de la Presa, mientras el ayuntamiento de Puerto Cabras desafecta el terreno del Mancomún para formar el pueblo de Las Parcelas.
Abandonado el lugar en lo que a actividad económica con proyección exterior se refiere, es sólo el uso de los pescadores el que se mantiene con vida. Algunos se desplazaban desde El Cotillo: en barca el marido y los varones; por tierra, sin perderles de vista, la mujer y los niños, así recalando en todos los embarcaderos de nuestra costa occidental más arriba señalados.
El momento actual quiere ser más ingrato con nuestro entorno etnográfico, pues si bien se lucha por rescatar una naturaleza que, en aquel sitio ha sido necesariamente modificada por el hombre; no es menos cierto el que las actividades humanas imprimen en la naturaleza una impronta que refleja a las claras un actividad económica relativamente importante de nuestro pasado. No es acertada la destrucción de las huellas que un pueblo, en su devenir histórico deja a las generaciones venideras.
Efectivamente, la Demarcación de Costas de Canarias anuncia en el Boletín Oficial de La Provincia, fecha 11 de agosto de 1993, el proyecto de Acondicionamiento y mejora de la Playa del Puerto del Los Molinos, donde se contempla, entre otros aspectos, el derribo de las construcciones existentes y la construcción de miradores, kioscos y paseos. Ello merece algunas puntualizaciones.
Primero, no olvidar que de lo que se está hablando es de un pueblo estacionalmente habitado y consagrado en el Nomenclátor de Pueblos de España desde al menos 1920, y ratificado como tal entidad de población en el de 1991.
Segundo, el Puertito de Los Molinos no es un conjunto de casetas o chabolas, chiringuitos, como se pretende insinuar en la memoria del proyecto. Son algo más; mucho más, diríamos que son parte de nuestra historia reciente, un testimonio físico al que no deberían estar dispuestos a renunciar los vecinos del territorio que antes ocupó el Municipio de Casillas del Ángel en particular ni los de Fuerteventura en general.
Hoy día, que tanto se masacran nuestros valores históricos y etnográficos, hoy en día que se pone el grito en el cielo cuando se encuentra un trocito de muralla que antaño circundó una ciudad; hoy en día que se escuda por todas partes la rehabilitación de pueblitos abandonados, restaurándolos,… hora es ya que también la industria de la piedra de cal merezca su reconocimiento: algunos ejemplos son las formidables instalaciones de Ajuy y Puerto de la Peña (Pájara), como testimonio de un pasado reciente; en el propio Puerto del Rosario, diversos hornos de la zona de El Charco, merecerían ser rescatados como monumentos e introducidos en el mobiliario urbano como plazoletas y rincones.
Y ahora el Puertito de Los Molinos, rescatado como pueblo estacionalmente habitado por el propio Ayuntamiento de Puerto del Rosario desde noviembre de 1990; ya con esta categoría, merece, cuando menos, que se rescate la traza de los años cincuenta y, con el empedrado de sus callejas y plaza, con el acondicionamiento de las rampas que antaño trepaban al acantilado en busca de piedra de cal, se ofrezca al turismo, no como una tierra virgen que se puede destrozar desde un organizado safari, no un punto de descanso a los isleños en sus rallyes todoterreno, sino un entorno histórico y etnográfico chiquitito, próximo a las inquietantes olas del mar del norte que lo han sabido respetar en su rincón desde hace más de un siglo.
Francisco J. Cerdeña Armas
Puerto del Rosario