El Gobierno ve un "drama" que familias pierdan su casa por deslindes "mal organizados

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado de "drama" que "muchísimas familias" hayan perdido su vivienda en zonas costeras debido a los deslindes "mal organizados" que establecen el dominio público marítimo terrestre.

Así ha respondido al portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional en el Senado, Francesc Antich, que ha mostrado su "preocupación" por la reforma de la Ley de Costas anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. "Es necesario también para el turismo conservar el paisaje", ha aseverado.

Antich ha pedido a la vicepresidenta que espera que con esta iniciativa "no se vuelva a las andadas" porque, a su juicio, las anteriores normativas a la Ley de Costas favorecieron la "desmesurada especulación" en el sector inmobiliario y dieron "rienda suelta" a una también "desmesurada" urbanización del litoral español.

Por su parte, la vicepresidenta ha respondido que al Ejecutivo le "preocupa mucho" la degradación del litoral español, pero también la "seguridad jurídica". A su juicio, existe un "problema real", que es el deslinde: "Si no protegemos nuestras costas, la línea que define la Ley de Costas que marca la pleamar y por la que se fija el dominio público marítimo terrestre, se va metiendo".

Como consecuencia de ello, ha indicado que hay que deslindar, "que significa que lo que antes era propiedad privada ahora se convierte en dominio público". "Eso es un drama para muchísimas familias que tienen su domicilio y sus viviendas en una zona que era propiedad privada y que como consecuencia de no proteger la costa y por deslindes no siempre bien organizados acaba siendo de dominio público", ha argumentado.

Sobre la construcción en el litoral, Sáenz de Santamaría ha recordado al senador socialista que en 2006 hubo 865.561 visados. "No hace falta mirar mucho más atrás", ha advertido la vicepresidenta, para añadir que el Gobierno ha tomado medidas en ese aspecto, ligadas a la reforma del sistema financiero, "a una valoración que ya no es real, que impide que baje el precio y la gente no pueda acceder a una vivienda". "Así damos un paso a clarificar los activos inmobiliarios en este país", ha zanjado
http://www.elsemanaldigital.com/el-gobierno-ve-un-drama-que-familias-pierdan-su-casa-por-deslindes-mal-organizados-147442_noticia.htm

Medio Ambiente señala la transmisión 'inter vivos' de concesiones como posible cambio de la Ley de Costas

El hecho de que las concesiones en las costas no sean transmisibles 'inter vivos', el régimen de compensaciones por la pérdida de propiedades, o la falta de coordinación entre las distintas administraciones públicas, son algunos de los "problemas" que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAAMA) ha observado en la Ley de Costas actual y por lo que "aconseja", además de "flexibilizarla", acometer una reforma de la Ley aprobada en 1988.
Según el informe 'Situación de la aplicación de la Ley de Costas y los posibles ámbitos de mejora' del Ministerio que lidera Miguel Arias Cañete y al que ha tenido acceso Europa Press, el régimen de la citada norma ha provocado un "importante grado de conflictividad, tanto social como jurídica". Por ello, subraya que la reforma debería conciliar la "necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derechos en dominio público, que no restrinja la actividad económica y, por tanto, la generación de empleo".
Además, según ha podido saber Europa Press, el Ministerio analizará el informe el próximo jueves en la primera reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) del nuevo Ejecutivo.
Concretamente, este departamento apunta como los aspectos que contribuyen a "aumentar la inseguridad y cierta sensación de agravio entre no pocos ciudadanos", la acumulación de expedientes de reconocimiento de derechos sin resolver; los aparentes cambios de criterio sobre la ocupación de las playas; el trazado "aparentemente arbitrario de la línea de deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre que, en muchas ocasiones "no se entienden los criterios técnicos" porque esa línea no traza una recta sino que hace 'zig-zag'; y la "falta de homogeneidad" territorial en la aplicación del régimen sancionador.
Respecto a la acumulación de expedientes, apunta a que "parece que" la no tramitación de éstos favorece a los particulares perjudicados por la Ley y que, en este sentido, responsabiliza a los Gobiernos anteriores de que "no ha habido una voluntad de acelerar esta tramitación, lo cual remite a los problemas de la propia Ley, en especial sobre el régimen transitorio".
De este modo, el MAAMA calcula que existen unas 32.000 ocupaciones del Dominio Público Marítimo Terrestre de las que 24.000 están sin resolver. Al mismo tiempo, subraya que los "aparentes cambios" de criterio sobre la ocupación de las playas deriva en una falta de homogeneidad en la aplicación de los criterios de otorgamiento de títulos de ocupación, entre otros.
El documento refleja también los ámbitos que el Ministerio considera que son "objeto de mayor conflictividad" en la Ley de Costas y señala como "algunos" de estos aspectos cuya "posible reforma se está estudiando".
REFORMAS
Entre ellos, figura el régimen de compensaciones de la pérdida de propiedades y otros títulos, porque la ley de 1988 expropia las propiedades privadas en dominio público mediante el sistema de justiprecio y no mediante el abono de una cantidad económica, sino en una concesión de uso de la antigua propiedad por 30 años prorrogables, en su caso, por otros 30. En el caso de las concesiones "indefinidas" para actividades económicas en el litoral también establece un plazo máximo de 30 años.
Por otro lado, sobre el cuestionamiento de que las concesiones "no sean transmisibles inter vivos" el informe considera que genera "problemas" la falta de coordinación entre las administraciones públicas, algo que se hace "más evidente" con los traspasos de funciones a Cataluña y Andalucía tras la modificación de sus respectivos estatutos autonómicos.
Igualmente, sobre el ámbito físico del deslinde, se plantearía en la reforma el "problema" de bienes degradados incluidos en antiguos deslindes que "ahora podrían ser objeto de desafectación" y cita expresamente los casos del Palo y Pedralejo (Málaga), Chilches (Castellón) o Cantabria.
A juicio de Medio Ambiente "merece la pena explorar la introducción de un procedimiento de desafectación más ágil y rápido" para los bienes que han perdido su características naturales de dominio público marítimo terrestre "con el fin de devolverlos al tráfico jurídico" y, aunque indica que la desafectación ya está previsto en la Ley, se posiciona a favor de analizar la "flexibilización de su procedimiento".
Al mismo tiempo, pretende ofrecer "garantías" a los ciudadanos que "denuncian de forma recurrente" que el Registro de la Propiedad no les informa sobre si una finca está afectada por el deslinde del Dominio Público Hidráulico Terrestre o por sus servidumbres, sino que se limita a prever la inmatriculación de los bienes como facultad de la Administración.
En cuanto al régimen de ocupación del dominio público hidráulico terrestre propone analizar "en profundidad la casuística" y revisar "las disposiciones reglamentarias reguladoras de estos aspectos que, sin dudan, han generado gran conflictividad social en los últimos años".
Finalmente, recuerda que se ha solicitado "reiteradamente" la modificación de la Ley de Costas para permitir la transmisibilidad inter vivos de "determinadas" concesiones ordinarias y abre la puerta a una "flexibilización" de las anchuras de la servidumbre de protección, de 20 metros para los suelos que antes de 1988 eran urbanos y de 100 metros para los demás
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3782355/02/12/economia-medio-ambiente-senala-la-transmision-inter-vivos-de-concesiones-como-posible-cambio-de-la-ley-de-costas.html

Poner en valor el litoral

Cuando Arias Cañete, ministro de Agricultura y lo que haga falta, anunció una profunda reforma de la ley de Costas, más de cuatro se echaron a temblar. No ganamos para sustos, oye. No es que la actual ley sea una maravilla, que no lo es y bien lo sabemos, sino que el ministro apuntó como objetivo de la nueva normativa que tiene en la cabeza “poner en valor” las costas que quedan. En ese contexto de “puesta en valor” se habló de la necesidad de acabar con la “inquietud e inseguridad” de los representantes del sector hostelero, “víctimas de la defensa de las costas”, nada menos; un curioso trastrueque de papeles por el que las costas no son las agredidas y sus defensores pasan a ser los agresores de quienes tratan de eso, de “ponerlas en valor”; por puro altruismo, of course. Se culpa a esa misma defensa del descenso de las inversiones extranjeras a las que, por lo visto, no afecta la crisis sino el maldito empeño de defender el litoral. No es necesario subrayar la mentalidad, la ideología, que hay detrás de todo esto.
Los alarmistas, a los que no faltan razones para sentirse aterrorizados, sospechan que quieren cerrar de una maldita vez el proceso de privatización del litoral. No admiten, con su habitual mala leche, que el modo mejor de “ponerlo en valor” es limitar su uso y disfrute por el populacho que se trae de casa la tortilla de papas y las sardinas congeladas; por no hablar de los que pretenden seguir viviendo, los muy antiguos, de su barquillo y la libreta secreta de marcas que les indica dónde paran (o sea, paraban) los cardúmenes.
Los alarmistas pertenecen, sin duda, al género de los del “no a todo” bizarramente denunciados por José Miguel Bravo de Laguna como causantes de tantísimos males. Sin tener en cuenta, faltaría más, que los “noes” rotundos son reflejo de impotencia ante la falta de vías eficaces de participación en las que hacer valer el derecho a la preservación de su entorno del ciudadanaje, al que procuran despistar, mediante la ocultación o la manipulación, para que ni se entere de lo que hay. Y lo que hay en materia de Costas es mandar la piqueta a derruir núcleos marineros populares de larga tradición (Cho Vito o Tufia) mientras se tolera la permanencia de grandes complejos que convierten en papel mojado hasta las sentencias judiciales en contra.
Habrá que ver, en este sentido, a quien pretende favorecer la también anunciada eliminación de la retroactividad establecida por la ley vigente.
¿Será para preservar núcleos de interés etnográfico o para legalizar las tropelías de las “víctimas”? Pienso que la retroactividad fue pensada, en su momento, para calzar por los núcleos tradicionales, así los hubieran fundado los mismísimos Reyes Católicos in person. Vistos los precedentes, no es injusto sospechar lo peor: ahora conviene eliminar la retroactividad para dar por hechos consumados los desmanes de los últimos años. ¿Quiere eso decir que se reparará lo de Cho Vito, en Tenerife, al que cercó la Policía para que pudieran tirarse una veintena de casas? Me temo que no porque se trata con la ley de proteger a las “víctimas” que, obviamente, no lo eran quienes allí vivían: no tenían nivel de renta suficiente para reconocerles esa condición.
Al mismo tiempo, vuelven a oírse voces a favor de que se transfieran a Canarias las competencias de Costas para que todo quede en la familia del conchabo especulativo-cementero tan del gusto de la Administración canaria. Debería aprovecharse la no menos anunciada reforma educativa y definir en adelante “isla” como porción de tierra rodeada de puertos deportivos por todas partes. Y libre de sebadales, claro. Da idea de cómo se percibe lo que mueve a los mandamases isleños que para muchos la negativa del Estado a ceder esas competencias hizo que los daños al litoral canario, con ser graves y sostenidos en el tiempo, resultaran menores de lo que hubieran sido de manejar el bombo manos isleñas, si tenemos en cuenta los proyectos en ciernes que circulaban por ahí.
http://www.canariasahora.com/opinion/7802/

''La modificación no tiene que dar barra libre''

El presidente de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas en Canarias y secretario de Acciíon Jurídica del CCN, José Luis Langa, ha reconocido que el visto bueno del Senado a la reforma de la norma ha sido acogido con "una gran satisfacción" por parte de los afectados. Langa ha puntualizado que la eliminación del carácter retroactivo de la ley podrá "evitar todas las injusticias" que están afectando a núcleos costeros en Canarias, si bien ha advertido que la modificación "no tiene que dar barra libre para todo".
"La línea que hemos mantenido", ha aclarado a CANARIAS AHORA el representante del CCN (formación que ha apoyado la moción presentada por el PP), "es que es perfectamente compatible la reforma con los casos que deben verse afectados de manera positiva y aquellos que deben considerarse de manera negativa conforme a la ley". Langa se ha referido así a las "poblaciones marineras que se estaban destruyendo paulatinamente en el archipiélago", como son los casos de Tufia u Ojos de Garza en Gran Canaria, o Cho Vito en Tenerife.
Para el portavoz de algunos de estos afectados, la eliminación del carácter retroactivo de la Ley de Costas (que fue aprobada en 1988 pero que se impone a las obras construídas antes de esa fecha) es "lógico" y debe llevar a "estudiar cada caso", en referencia a la afectación de edificios cuyas licencias han sido consideradas ilegales.
Tras el visto bueno del Senado, la Cámara Alta deberá ahora instar al Gobierno para que acometa la reforma, que, con toda probabilidad, acabará por aprobar el Ministerio de Medio Ambiente, depués de que el ministro, Miguel Arias Cañete, anunciase a comienzos de este año una modificación "profunda" del texto legal.
http://www.canariasahora.com/noticia/215543/

El Estado decide parar de forma temporal los derribos en la costa

Los expedientes administrativos de sanción y derribo sobre las edificaciones que incumplen la actual Ley de Costas van a quedar paralizados de forma temporal hasta que entre en vigor la nueva legislación que prepara el Gobierno de Rajoy. El PP aceptó la enmienda de CC en esta línea a la moción aprobada este miércoles por el pleno del Senado.
El senador de Coalición Canaria por El Hierro, Narvay Quintero, explicó tras la votación que la iniciativa nacionalista -consensuada también con CiU y PNV- pone freno a los derribos de forma provisional hasta que se conozca la nueva normativa. «Como el Gobierno del Partido Popular ha anunciado su intención de cambiar la Ley de Costas, lo lógico es paralizar de momento los expedientes en curso para revisarlos más tarde a la luz de la nueva ley», señaló.
Quintero puntualizó que no se trata de retirar los recursos administrativos «porque hay casos en los que realmente se ha hecho uso abusivo», sino de frenar los expedientes para no llevar a cabo ninguna acción irreparable antes de saber qué quiere hacer el Gobierno con la nueva Ley de Costas. «En Canarias hay varios ejemplos de poblaciones con interés etnográfico y arquitectónico que están en peligro por expedientes de derribo», recordó el senador.
Una vez incorporada la enmienda nacionalista, el tercer punto de la moción del aprobada ayer por mayoría en la Cámara Alta -con el voto en contra del PSOE- establece que se estudie «la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley 22/1988 hasta que se pueda modificar dicha ley, cancelando todos los actos administrativos».
La moción insta asimismo al Gobierno a flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de dominio público marítimo terrestre, con el objetivo de «favorecer una aplicación homogénea» de las autorizaciones para establecimientos de comidas o bebidas en el litoral. La iniciativa apuesta además por adecuar la compensación de los derechos adquiridos «de buena fe y de forma legítima» con anterioridad a la ley vigente, para restablecer la seguridad jurídica.
Según la senadora del PP por Málaga Patricia Navarro, defensora de la moción, «la peor consecuencia de la aplicación de la ley vigente es el drama personal de los que se ven amenazados con la destrucción de su vivienda o de sus negocios adquiridos años atrás con todos sus derechos». La senadora popular recordó la declaración del Parlamento Europeo del 26 de marzo de 2009, en la que afirmaba que «España estaba aplicando la Ley de Costas de forma retroactiva con arbitrariedad y sin indemnización suficiente».
Valoración. Por su parte, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró este miércoles que los cambios previstos en la ley de Costas no pretenden introducir «desmanes urbanísticos» en el litoral, sino corregir las arbitrariedades que ha originado la actual. Cañete aseguró que se respetará el reparto competencial y se coordinará la política medioambiental, así como las recomendaciones de un informe del Parlamento europeo, que instaba al Gobierno a modificar la ley de Costas, para proteger los derechos legítimos de propietarios de viviendas en el litoral. El ministro precisó que se trata de ciudadanos que poseen pequeñas parcelas en zona de costas que no tienen un impacto negativo en el medio ambiente costero.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=250677

Senado pide cambiar la Ley de Costas para aplicar de forma homogénea las concesiones a chiringuitos

El pleno del Senado ha aprobado por 177 votos a favor y 75 en contra, los del PSOE, una moción presentada por el PP por la que insta al Gobierno a modificar la Ley de Costas de 1988 para que sea compatible proteger las costas con el crecimiento económico y la seguridad del empleo y con los derechos de los propietarios en estas zonas, y que permita una aplicación homogénea en las concesiones para los chiringuitos.
La iniciativa es resultado de una enmienda transaccional de una moción inicial por la que se reclama flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de ocupación del dominio público marítimo terrestre para favorecer una aplicación homogénea de los mismos a las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio publico marítimo terrestre de los establecimientos de venta de comidas y bebidas teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos.
Asimismo, la moción pide adecuar la compensación de los derechos adquiridos "de buena fe y de forma legítima" con anterioridad a la aplicación de la vigente ley, "restableciendo seguridad jurídica" que la mayoría de grupos han manifestado, en el pleno del Senado, que falta en la actualidad.
Igualmente, propone que se estudie la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Costas hasta que se pueda modificar la ley 22/1988, cancelando "todos" los actos administrativos. Durante la defensa de la moción, la senadora del PP Patricia Navarro ha denunciado la "aplicación injusta y arbitraria" de la actual normativa vigente que ha llevado al anterior Gobierno socialista a poner "en vilo a propietarios de viviendas y negocios".
Así, ha dicho que mientras que la Ley de 1988 llegó para "poner freno" a los abusos en las costas, en todo el litoral se observan "ejemplos de la depravación medioambiental (...) pero que, aprovechando sus ambigüedades o vacíos, ha servido al Gobierno del PSOE para vulnerar los derechos" de ciudadanos españoles y extranjeros y a violar el principio de no retroactividad de las normas.
A su juicio, la peor consecuencia de esta tropelía no es la legal, sino el drama personal y familiar de quienes ven la expropiación o demolición de su vivienda o negocio sin poder hacer nada, al tiempo que ha añadido que otros "grandes afectados" son los dueños de los chiringuitos. "Ellos han sido víctimas de los arrebatos del Gobierno. Nunca la aplicación de una ley sembró tanta incertidumbre 20 años después de ser aprobada", ha apostillado.
PSOE ANUNCIA QUE LA REFORMA SERÁ EN 15 DÍAS
Por su parte, el senador socialista Miguel Fidalgo ha asegurado que el Gobierno del PP llevará "el 2 o el 9 de marzo al Consejo de Ministros" una reforma de la Ley de Costas por lo que ha criticado la "precampaña que está realizando", ya que cada reunión del Ejecutivo es "una sorpresa de contrarreformas, retrocesos en los avances y libertades con la disculpa de la crisis".
Por ello, ha defendido que la Ley de Costas "no tiene nada que ver con la crisis" ya que ha funcionado "perfectamente" durante 24 años en los que también ha habido gobiernos del PP. "Me da la sensación de que este gobierno nos va a hacer bueno hasta a (el expresidente José María) Aznar", ha criticado.
LOS CHIRINGUITOS, "UNA EXCUSA"
Por otro lado, los senadores socialistas andaluces han criticado que, con esta propuesta, el PP "no sólo va en contra del camino emprendido por la UE, sino que además va en contra de la gestión de la Junta de Andalucía, que ha resuelto el 80 por ciento de los expedientes en tan sólo ocho meses".
Los parlamentarios del PSOE han subrayado, una vez más y de manera rotunda, su apoyo a los chiringuitos y al valor que tienen para el empleo y la economía andaluza, "chiringuitos que están siendo utilizados por el Partido Popular como una excusa para modificar la ley", han afirmado.
Además, han añadido que el Gobierno de Andalucía mantiene un diálogo permanente con el sector al que apoya totalmente. "El verdadero problema, han puntualizado, es la preservación del ecosistema, el riesgo de convertir la costa mediterránea en una sucesión de cemento", han mantenido los socialistas andaluces, que también han abogado por la protección de las costas españolas aduciendo que "la playa es de todos".
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-msenado-pide-cambiar-ley-costas-aplicar-forma-homogenea-concesiones-chiringuitos-20120222155214.html

El PP cambiará la Ley de Costas para legalizar las casas anteriores a 1988

El grupo popular en el Senado debatirá hoy la moción que en la provincia de Málaga afectaría a los chiringuitos, además de las viviendas de la zona de El Palo, la residencia Marymar o el barrio de Lagos


Todas las construcciones levantadas sobre dominio público marítimo-terrestre antes de la entrada en vigor en 1988 de la actual Ley de Costas podrían ser legalizadas si el Gobierno central lleva a cabo la modificación que el grupo parlamentario popular ya ha anunciado que pedirá. Si la controvertida legislación es revisada, las más de 400 casas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital malagueña, la residencia Marymar propiedad de Unicaja en Benalmádena, la zona de El Copo de Torre del Mar y las 50 viviendas de Lagos y Mezquitilla en Vélez-Málaga serán regularizadas. A las que se sumarán los chiringuitos del litoral malagueño que aún están pendientes de obtener una concesión que acabe con su situación de alegalidad.

Es el primer paso dado por los populares después de que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunciara en sus primeros días de mandato su voluntad de acometer "una profunda" reforma de la Ley de Costas, una intención que reiteró durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, el pasado 1 de febrero. Entonces, adelantó que la modificación pretenderá la protección del dominio público marítimo-terrestre, pero compatibilizando la protección del litoral con "las actividades económicas no perjudiciales".

Según Arias Cañete, modificar la norma de 1988 será un "vehículo eficaz para mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa", justo lo que defenderá hoy la senadora del PP por Málaga, Patricia Navarro, en el Pleno de la Cámara para lograr "conciliar el interés público con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta ley".

Esta modificación beneficiaría, según dijo, a los chiringuitos de playa y a los propietarios y afectados por la aplicación "arbitraria, deficiente y errática" llevada a cabo por el anterior Gobierno del PSOE de esta ley. Para defender la propuesta, Navarro argumentará que el Parlamento europeo ya advirtió a España en 2009 que estaba aplicando la norma en materia de costas "de forma retroactiva, con arbitrariedad y sin indemnización suficiente para los afectados".

Desde finales de los años 80 cuando el entonces jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Luis López Peláez, decidió retirar unos 390 chiringuitos irregulares de las playas, el Gobierno central no volvió a plantear la posibilidad de recuperar parte del dominio público ocupado sin pudor durante años hasta 2004. Fue entonces cuando la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció un plan que pretendía demoler más de un centenar de construcciones ilegales levantadas sobre la arena durante décadas aprovechando la ausencia de legislación específica. Pero los interminables procesos administrativos y judiciales que conlleva la resolución de estos complejos expedientes, que pueden durar más de diez años, y el retraso que acumula el deslinde que Costas lleva años haciendo en toda la línea de costa de Málaga han hecho que la intención de la ministra cayera en saco roto.

También se intentó en 2009 al pretender quitar los chiringuitos de la arena y fue tal la polémica surgida que al final las competencias terminaron transferidas a la Junta. Sólo el caso de las 400 viviendas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital ha avanzado en este tiempo, ya que el Gobierno autorizó hace un año su deslinde, un trámite que podría durar más de dos años y que además no despeja la incertidumbre sobre la necesaria desafectación de los terrenos que permitiría a los inquilinos hacerse con la propiedad.

En Vélez-Málaga, también luchan por la permanencia de sus viviendas, los vecinos de Lagos, Mezquitilla y San Daniel, además de gran parte de la zona de El Copo de Torre del Mar. Unas 50 casas centenarias están dentro del dominio público marítimo terrestre y desde hace años buscan una solución para el deslinde con la Dirección General de Costas. El expediente fue iniciado por la Asociación La Bajamar que defendía que la línea de costa había sido modificada tras la construcción del puerto de Caleta que había llevado aparejada la degradación de la playa.

El derribo del antiguo hotel Marymar de Benalmádena, adquirido y convertido posteriormente por Unicaja en una residencia de ancianos que fue cerrada el año pasado por su mal estado. La demolición de este edificio, levantado en 1961 sobre miles de metros cuadrados en la playa de Arroyo de la Miel y que constituye una barrera para el paseo marítimo del municipio, ha sido un reto de Costas durante varias décadas aunque nunca ha tenido éxito.

Pero la propuesta del PP cuenta con el rechazo total del coordinador provincial de Izquierda Unida y número 1 por Málaga en las elecciones autónomicas del 25 de marzo, José Antonio Castro, quien alertó del "deterioro y el retroceso de 30 años" que supondrá la modificación de la Ley de Costas. Así, acusó al Gobierno central de querer "dar una vuelta de tuerca para garantizar el uso privado del dominio público y recalcó que la situación del litoral "no puede permitir una nueva ofensiva del ladrillo en las costas".

La Costa del Sol tiene una ocupación superior al 90% en los primeros 100 metros de costa.

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1191398/pp/cambiara/la/ley/costas/para/legalizar/las/casas/anteriores.htm

El Senado aprobará instar al Gobierno a modificar la Ley de Costas

El Partido Popular ha presentado en el Senado una moción para que la cámara inste al Gobierno de Mariano Rajoy a modificar la Ley de Costas con el fin de conciliar la defensa del uso público del dominio público marítimo terrestre y los derechos de quienes construyeron sus casas antes de la entrada en vigor de la misma.
El PP explica en su moción que “durante las dos últimas legislaturas ha habido una aplicación deficiente, errática y arbitraria dela Ley de Costas por parte del anterior ejecutivo” que ha generado controversia e inseguridad jurídica para los ciudadanos que se vieron afectados.
En la actualidad medio millón de propietarios han visto en los últimos años cómo sus viviendas pasaban al dominio público. Por otro lado, recalca la moción popular, “los aparentes cambios de criterio sobre la ocupación de las playas han llenado de inquietud e inseguridad a los representantes del sector hostelero”.
El ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que una reforma integral de la Ley de Costas impulsaría el Sector. Cree que se debe hacer una “utilización no abusiva” de las costa españolas pero al mismo tiempo “incorporar el valor” de las mismas.
La moción será discutida y aprobada el próximo martes en el Senado.
http://www.mallorcadiario.com/politica/el-senado-aprobara-instar-al-gobierno-a-modificar-la-ley-de-costas-92767.html

Cañete:"Ley de costas". Se garantizarán actividades turísticas en el litoral de modo sostenible

El ministro asegura que "vamos a poner sentido común en las costas españolas"

Canarias/El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha manifestado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno va a introducir en la reforma de la Ley de Costas "un procedimiento de desafectación más ágil y se introducirán mecanismos de coordinación entre las distintas Administraciones públicas para garantizar, de modo sostenible, la actividad turística en el litoral".

El ministro ha dicho que abordará el nuevo texto "con la mejor técnica jurídica, con la experiencia
adquirida en la aplicación de la vigente ley y, por supuesto, preservando los valores ambientales del litoral español".

"Vamos a poner sentido común en las costas españolas", ha añadido.

En lo referente al deslinde administrativo, Arias Cañete ha explicado que "se estudiará, con el máximo rigor, los criterios técnicos y jurídicos con arreglo a los cuales se resuelve la inclusión de un bien en el dominio público marítimo terrestre".

El ministro ha contestado así a la diputada socialista Leire Pajín, en la primera sesión de control al Gobierno, que "lo preocupante es la aplicación errática, arbitraria y deficiente que de la Ley de Costas ha hecho el gobierno socialista".

"Lo preocupante son casos como el Algarrobico, aprobado por ayuntamientos socialistas y bendecido por comunidades autónomas socialistas. Lo preocupante es que ustedes crean que las leyes no hay que modificarlas nunca porque las hicieron los socialistas", ha dicho.

El ministro ha explicado que la reforma de la Ley de Costas se va a centrar en dos objetivos fundamentales: "mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y compatibilizar la protección del espacio natural con actividades económicas".

Arias Cañete ha avanzado que se está estudiando la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones aproximando en este ámbito la legislación de costas a las normas que regulan las concesiones de otros bienes de dominio público".

Además, el ministro ha explicado que se van a analizar "los requisitos para la realización de determinadas obras, necesarias para dotar de sentido y utilidad las ocupaciones, y para el mantenimiento y conservación del buen estado del litoral. También estamos analizando la posibilidad de
transmisión de los derechos de ocupación".

Asimismo, ha anunciado que se quiere resolver "la inquietud en los propietarios de viviendas y de los que poseen pequeñas parcelas en la costa, sin impacto negativo sobre el medio ambiente costero, cuyos plazos concesionales de 30 años empezarán a expirar a partir de 2018".

Arias Cañete ha recordado cómo esta polémica ha llevado al Parlamento Europeo a pedir en el informe AUKEN que se modifique la Ley de Costas, "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un
impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

Finalmente, ha descrito la situación que se han encontrado en el Ministerio en tres parámetros que hay que resolver y terminar, como son la acumulación de hasta 24.500 expedientes de reconocimiento de derechos sin resolver, los cambios de criterio sobre la ocupación de las playas, que han creado
inseguridad en el sector hostelero, y el deslinde administrativo del dominio público marítimo-terrestre, "incompleto y, muchas veces, acusado de caprichoso y arbitrario".
http://canarias24horas.com/index.php/2012020990243/turismo/canete-ley-de-costas-.-se-garantizaran-actividades-turisticas-en-el-litoral-de-modo-sostenible.html

Arias canete reprocha al psoe su uso "arbitrario y deficiente" de la ley de costas

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, acusó al PSOE de haber hecho una aplicación "arbitraria y deficiente" de la Ley de Costas mientras estaba en el Gobierno y justificó la necesidad de reformarla para "poner sentido común".
En respuesta a una pregunta de la portavoz del PSOE en la Comisión de Medio Ambiente, Leire Pajín, Arias Cañete dijo que el Gobierno socialista ha hecho una aplicación "errática, arbitraria y deficiente" de la Ley de Costas, con casos como el de "El Algarrobico". Según el ministro, es "preocupante" que el PSOE piense que las leyes no hay que modificarlas nunca porque las ha hecho este partido.
Explicó que la reforma de la ley es necesaria para mejorar la seguridad jurídica y compabitilizar la protección del espacio natural con las actividades económicas, estudiando la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones para aproximar la legislación de costas a las normas que regulan las de otros bienes de derecho público.
Arias Cañete indicó que también hay que resolver la acumulación de expedientes sin resolver y, en este sentido, reprochó a los socialistas que hayan dejado 24.500 documentos en estas condiciones. "No han hecho nada en siete años, y vamos a poner sentido común en las costas españolas", apostilló el titular de Medio Ambiente.
Por su parte, Pajín aseguró que la Ley de Costas actual es garantista, equilibrada y busca preservar los recursos naturales sin perjuicio de disfrutar de la costa. "Lo que queremos es un modelo turístico que perdure en el tiempo y conservar nuestro principal atractivo, que es la costa", añadió.
En opinión de la portavoz socialista, lo que pretende el PP es volver al espíritu de la Ley del Suelo, aprobada por el Gobierno de José María Aznar, que trajo después especulación inmobiliaria y "una burbuja que hoy nos está costando muchos empleos y un modelo económico de pies de barro".
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/3734323/02/12/Arias-canete-reprocha-al-psoe-su-uso-arbitrario-y-deficiente-de-la-ley-de-costas.html

La capital se une a los vecinos afectados por la Ley de Costas

El gobierno local apoya en los juzgados a los residentes de Igueste
Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento defenderán en los tribunales a los vecinos de Igueste de San Andrés para evitar que las casas afectadas por la Ley de Costas sean demolidas.

El alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, junto al primer teniente de alcalde, Julio Pérez, y el concejal del Distrito de Anaga, Fernando Ballesteros, se reunieron ayer con los vecinos de este pueblo costero para tratar la sentencia de la Audiencia Nacional que ha ratificado que 97 parcelas y 22 viviendas del barrio incumplen la actual Ley de Costas porque invaden los 100 metros fijados dentro de los límites del dominio público marítimo.

Los representantes de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga y la Asociación Cultural y Medioambiental El Asío, ambas de Igueste de San Andrés, fueron Yolanda Déniz, Camilo León y José María Alberto. Déniz se mostró "muy satisfecha" tras el encuentro ya que, sea cual sea el resultado final, al menos "el Ayuntamiento ha escuchado todo lo que teníamos que decir". Bermúdez se comprometió a ofrecerles "toda la ayuda posible" y les aseguró que tendrán "la información del proceso que necesiten a través del abogado que lleva el caso en el Ayuntamiento", añadió Yolanda Déniz.

Durante la reunión se informó a los portavoces vecinales que en estos momentos los servicios jurídicos municipales defienden en los tribunales la misma posición que ellos. Además, aseguraron que sienten la misma preocupación que los residentes afectados por el futuro de todas las parcelas que se encuentran en dominio público. Pérez, Bermúdez y Ballesteros insistieron en que están en total sintonía con los vecinos del pueblo y esperan que se resuelva una sentencia favorable para la tranquilidad de todos sus habitantes.

Ambas partes se mostraron esperanzadas con la posibilidad de la aprobación de la nueva normativa en materia de Costas que ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy, que suavice la actual legislación y les permita "respirar un poco más tranquilos", explicó la portavoz de los vecinos. Lo que sí tienen muy claro todos los habitantes de Igueste de San Andrés es que llegarán "hasta el final, cuesta lo que cueste". "Nadie va a dejar que entre una pala en el pueblo o que sus casas queden fuera de ordenación", concluyó Déniz.
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/02/09/capital-une-vecinos-afectados-ley-costas/395894.html

LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS.

El reciente anuncio del nuevo Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre la intención del Gobierno popular de revisar y reformar la vigente Ley de Costas ha hecho abrigar esperanzas positivas a los miles de afectados por la misma. La aplicación de la vigente Ley de Costas que data de 1988 afecta a unos 1.600.000 ciudadanos tanto españoles como extranjeros y ha sido a lo largo de los años objeto de numerosas críticas, controversias y resoluciones judiciales incluso fuera de nuestras fronteras.
La necesidad de proteger y de recuperar el deteriorado litoral español no es puesta en duda por nadie con un mínimo sentido común. Pero, simultáneamente, nadie debería cuestionar la necesidad de compatibilizar con esa necesidad la de preservar la actividad económica y los miles de puestos de trabajo que pueden verse afectados o incluso desaparecer como consecuencia de una aplicación errática y errónea de la legislación actual. Del mismo modo, deberían ser objetivos irrenunciables para cualquier responsable político preservar de una manera clara y nítida la seguridad en el tráfico jurídico de la propiedad, la primacía de la fe pública registral, la irretroactividad de las normas desfavorables y el principio de equidad y justicia en las compensaciones económicas que hubiesen de producirse como consecuencia de la aplicación de la norma en su actual configuración.
Una reforma de la vigente Ley de Costas debe hacerse contemplando todos estos parámetros y en modo alguno puede desviarse de los principios constitucionales en los que ha de inspirarse.
Las diferentes situaciones de afección del litoral marítimo que la realidad presenta deben contemplarse de manera bien diferenciada considerando aspectos muy diversos: el carácter urbano o no de las mismas, la fecha de su aparición anterior o posterior a la Ley de 1988, el grado de protección medioambiental de los distintos emplazamientos, el carácter de los titulares sean personas físicas o jurídicas, la naturaleza de las anotaciones registrales, los deslindes efectuados y los parámetros físicos usados que, hasta el día de hoy, provocan diferencias notables de tratamiento, etc.
Transformar sin más, como hasta ahora, el derecho de propiedad adquirido de forma absolutamente legítima y legal con anterioridad a 1988 en un simple derecho de concesión, sin más compensación que el propio valor que a la misma concesión arbitrariamente se confiere, constituye un auténtico ataque al derecho de propiedad y a la seguridad del tráfico jurídico, al margen de la evidente inconstitucionalidad que la retroactividad supone. Diferente alcance, aunque igual de negativas consecuencias para los propietarios, supone la aplicación de la misma técnica a propiedades adquiridas con posterioridad a la aprobación de la Ley pues se produjeron mediando fedatarios públicos obligados por Ley a prevenir a los adquirientes de los condicionantes legales nuevos. Distinta es, igualmente, la situación de todos los inmuebles construidos en el dominio público después de 1988 en la que la intervención de las administraciones públicas con responsabilidades urbanísticas es la única responsable de las transgresiones de la norma y, por tanto, quienes deberían asumir las consecuencias que pudieran derivarse.
En todo caso, la problemática es tremendamente variada y la reforma de la Ley anunciada va a ser compleja, pero por mucha dificultad que entrañe debe abordarse con urgencia, con rigor, con diálogo con los afectados y tratando de conjugar los diferentes intereses contrapuestos.

Por fin la nueva ley de costas

Después de muchos años de reivindicaciones, de exigencias y de malas noticias, por fin los vecinos del litoral de la provincia pueden dormir tranquilos, sin la incertidumbre de sentir que sus propiedades, las que heredaron de sus familias, estaban en manos de políticos que nunca han tenido intención de escucharles. No era tan difícil. El nuevo ministro de Medio Ambiente lo ha demostrado en apenas dos meses.
Solo hacía falta escuchar y ver. Porque no se puede decidir el futuro de cientos de personas sobre un plano. No se pueden obviar las circunstancias ambientales, ni obcecarse en que lo que era bueno en 1988 es necesariamente bueno en 2012. Por fin, los municipios afectados hemos recibido un compromiso firme de un responsable político de cambiar una ley de costas que tiene muchas cosas buenas, pero otras malas. Porque las leyes no pueden dar la espalda a los ciudadanos, sino que deben defender sus derechos.
Lo más frustrante es que no era tan difícil. Escuchar y decidir. Hasta ahora las únicas decisiones que se habían tomado eran dibujar deslindes sobre un mapa y derribar viviendas e infraestructuras. Estas últimas decisiones irreparables. Por eso es imprescindible que se paralice cualquier expediente administrativo abierto contra las propiedades del litoral hasta que la nueva ley se haya modificado.
La semana pasada recibimos una excelente noticia fruto del sentido común, el que ha demostrado el nuevo ministro y que no fueron capaces de aplicar sus antecesores en el cargo. Ahora pedimos diálogo, que nos tengan en cuenta a los municipios a la hora de dar forma a esa nueva ley, dado que nosotros conocemos los problemas que sufre el litoral y sabemos cuáles son las sensibilidades de la ciudadanía. Esta decisión es la culminación de un intenso trabajo, junto a la plataforma, que nos llevó incluso a reivindicar ante Bruselas y ante quien hoy es vicepresidenta, Soraya Sánchez de Santamaría. Por eso van a permitirnos que respiremos tranquilos, por fin.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/opinion/por-fin-nueva-ley-de-costas_716025.html

Costas atiende a los vecinos y corrige la obra que impedía el acceso a las viviendas

La Dirección General de Costas ordenó a la empresa que realiza el paseo peatonal de Cho Vito a que cubriera de inmediato el socavón provocado por dicha actuación que impedía el acceso de los vecinos a sus viviendas durante el lunes pasado. Una vez que el hoyo quedó debidamente cubierto, los habitantes de este poblado marinero pueden entrar en sus casas por la zona frontal del lugar con seguridad.
Cabe recordar que la apertura de ese hoyo y el uso de un andamio como paso peatonal provisional por la franja trasera del poblado generó la queja y protesta de los vecinos, que demandaron la intervención de las autoridades para resolver este problema. De hecho, anteayer presentaron una queja formal en el Cuartel de la Guardia Civil contra uno de sus efectivos por una presunta falta de respeto hacia una de las vecinas.
De lo sucedido el lunes en Cho Vito hay constancia documental (en forma de escrito y fotografías) en el Parlamento Europeo, donde algunos representantes españoles "tomaron cartas en el asunto" y "otros dirigentes de otros países nos han trasladado su preocupación por lo que aquí nos siguen haciendo", dijo ayer el portavoz del colectivo vecinal, Tomás González, quien destacó que ha sido nombrado un interlocutor de la empresa con los residentes
http://www.eldia.es/2012-02-03/sur/0-Costas-atiende-vecinos-corrige-obra-impedia-acceso-viviendas.htm

Cho Vito resiste, como El Álamo

El Ayuntamiento de Candelaria tuvo que interceder martes ante la Dirección General de Costas y la empresa Tragsa, encargada de las obras, para mantener abierto el acceso por la playa a las nueve viviendas que aún permanecen en pie en Cho Vito.
Una medida que se tomó en respuesta a las peticiones de los vecinos afectados por las obras que se ejecutan en la zona y que explotaron el lunes por la tarde cuando una pala mecánica cortó la entrada por la playa, dejando un gran hueco que imposibilita el tránsito a las viviendas.
La plataforma vecinal que lidera Tomás González, uno de los afectados que todavía man tiene su casa en pie -hay una prórroga hasta mayo-, invitó entonces al alcalde a acudir ayer a primera hora a inspeccionar las obras, y éste, acompañado por el concejal de Urbanismo, Domingo Ramos, se trasladó a las ocho y media de la mañana a la zona.
Ambos, junto a representantes de la empresa adjudicataria de la actuación que Costas lleva a cabo en Cho Vito, se reunieron con los vecinos con el objetivo de conocer sus quejas sobre los accesos a las viviendas.
Quejas como las que relataba Montserrat Mejías, una de las vecinas, quien aseguraba “no he podido bajar la compra del coche”, aludiendo a la inseguridad que representa entrar por la parte alta en donde han situado una escalera, al estilo de un andamio, que ayer pudimos comprobar apenas reúne medidas de seguridad.
Tras las tensas conversaciones iniciales entre políticos y vecinos, se decidió solicitar a Costas la petición de los vecinos de que se mantuviera abierto el acceso por la playa hasta que se terminen los trabajos en la parte superior, pendiente aún de si finalmente habrá más derribos o no en Cho Vito, como califica el abogado José Luis Langa, defensor de los afectados por la Ley de Costas, el nuevo Álamo, por la tenaz resistencia de los vecinos a todo tipo de obstáculo que le están poniendo en el camino.
http://www.diariodeavisos.com/2012/01/31/actualidad/cho-vito-logra-un-compromiso-de-costas-tras-la-mediacion-de-garcia-para-solucionar-el-acceso-al-poblado/

Gabriel Mato (PP) expone a Arias Cañete la necesidad de defender los intereses de los productores canarios en la UE

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y el eurodiputado canario del PP, Gabriel Mato, han destacado este martes la necesidad de intensificar esfuerzos con el fin de garantizar los intereses de los productores españoles, en general, y canarios, en particular, de cara a los acuerdos agrícolas y pesqueros que se están debatiendo en estos momentos en el seno de la Unión Europea.
En la entrevista que mantuvieron esta mañana, Mato trasladó al ministro algunos de los aspectos claves para el futuro agrícola y pesquero ante las negociaciones que se están desarrollando en estos momentos.
A la salida del encuentro, Matos expresó su "satisfacción" por el resultado y destacó el avance que supone contar en el ministerio con un interlocutor que conoce tanto los asuntos sobre los que se habla, como puede ser la reforma del Posei, como las particularidades de Canarias.
En este sentido, destacó la colaboración expresada por parte del ministro para hacer llegar a las instancias comunitarias el mensaje de que tengan en cuenta los intereses de los productores comunitarios, a quienes entiende y comprende, al mismo tiempo que manifestó su apoyo ante las acciones planteadas al respecto por parte del eurodiputado canario.
Asimismo, valoró la sensibilidad mostrada por Arias Cañete respecto a los productores canarios, que por su propia condición de región ultraperiférica necesita contar con herramientas que permitan la viabilidad del sector agrícola y pesquero, así como el desarrollo de su actividad comercial.
Entre los aspectos abordados, Mato hizo hincapié en asuntos como la reforma del Reglamento del Programa de Opciones Específicas para la Lejanía y la Insularidad (Posei), informe del que ha sido ponente y que se encuentran en la fase final para su tramitación, a la espera del trílogo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo el próximo mes de febrero.
En dicho documento, Mato ha recogido aspectos fundamentales para el desarrollo de la actividad económica de las nueve regiones afectadas, entre las que se encuentran Canarias, Azores, Madeira, Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, San Bartolomé y San Juan.
Entre los principales aspectos planteados se incluye el incremento de 70 millones de euros de la actual ficha financiera, elevándola a los 723 millones de euros, y que repercute en cultivos claves en el desarrollo de las islas como el plátano.
Precisamente, sobre el futuro del sector platanero tanto en lo que a la reforma del Posei se refiere como a las ayudas al transporte, el ministro Arias Cañete reiteró su compromiso con el sector y garantizó que en ningún caso le falta la ayuda del Gobierno central cuando lo necesita.
ACUERDOS INCUMPLIDOS
La negociación de los acuerdos agrícolas y pesqueros con países terceros como Marruecos y Mauritania han sido otros asuntos abordados en el encuentro. Al respecto, Mato ha hecho hincapié en que no se puede tolerar que se suscriban acuerdos perjudiciales para los intereses de los productores europeos y, en especial, de los españoles.
Mato ha criticado que el actual acuerdo agrícola suscrito con Marruecos ha sido objeto de reiterados incumplimientos por parte de este último en lo que a contingentes y precios se refiere, en especial en el caso de los tomates.
En este sentido, señaló que no se está en contra de un acuerdo con Marruecos que, insistió, "es y debe seguir siendo un socio privilegiado", aunque reiteró que es el momento de que la Comisión Europea afronte sin dilación la reforma del reglamento regulador de los precios de entrada, sobre todo teniendo en cuenta que el actual sistema es el que está propiciando los fraudes.
En cuanto al acuerdo pesquero, Mato ha defendido un nuevo documento pero distinto al actual con nuevos requisitos que permitan contar con un protocolo que sea económica, ecológica y socialmente sostenible y mutuamente beneficioso.
Otro de los puntos abordados se centró en el acuerdo con Mauritania, ya que el eurodiputado canario ha dejado patente que es necesario trabajar por conseguir un acuerdo que no perjudique los intereses de Canarias, sobre todo teniendo en cuenta que las capturas mauritanas representan el 70% del pescado manipulado en el Puerto de la Luz y de Las Palmas.
Añadió que este será uno de los ejes del informe del que será ponente y que se debatirá en el seno de la Comisión de Pesca en torno a la renovación de dicho acuerdo a partir del próximo 31 de julio. Mato expresó también al ministro su preocupación por el frente marítimo de Santa Cruz de La Palma, e insistió en la necesidad de que no sufra retrasos ni recortes.
CHO VITO Y LA LEY DE COSTAS
La situación de los vecinos de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, fue abordada también en el encuentro y Arias Cañete apostó por que se lleve a cabo la reforma de la Ley de Costas para que se garantice el dominio público y el derecho de todas las partes.
En el encuentro mantenido por Arias Cañete y Gabriel Mato se habló, además, de la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC). En este punto, Mato mantuvo que además de contemplar un presupuesto insuficiente para poder alcanzar los objetivos planteados, será fuente de conflicto al eliminar el criterio histórico de reparto de las ayudas y deja en mano de los estados miembros la distribución de las partidas.
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3711290/01/12/gabriel-mato-pp-expone-a-arias-canete-la-necesidad-de-defender-los-intereses-de-los-productores-canarios-en-la-ue.html

ANC lamenta y denuncia un nuevo agravio hacia el pueblo pesquero de Cho Vito

ANC lamenta y denuncia un nuevo agravio hacia el pueblo pesquero de Cho Vito
La maquinaria que se está usando para la realización de una obra cercana impedía el acceso de los vecinos a sus casas

Candelaria/Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) se posiciona una vez más a favor de los habitantes de Cho Vito, esta vez se trata de un corte en el acceso del poblado. Tomás González, portavoz vecinal, informó que tres vecinos se colocaron delante de la maquinaria para impedir que sigan destruyendo la entrada del barrio, por lo que se requirió la actuación de la policía que efectuó varias detenciones.
Esta obra impide la normal convivencia, ya que los residentes de esta zona costera de Caletillas, tienen que saltar vallas y pasar entre la maquinaria, con el peligro que eso conlleva.

El partido condena la actuación del alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, que no acudió a la zona para defender los derechos de sus convecinos. Aunque según González, se ha comprometido para dar hoy una rueda de prensa y explicar la situación.

ANC quiere recordar todas las injusticias que han sufrido los habitantes de Cho Vito, al igual que otros pueblos hermanos, por la ley de costas. Y pide al Ayuntamiento que solucione el acceso al barrio lo más pronto posible.

http://canarias24horas.com/index.php/2012013190031/tenerife/anc-lamenta-y-denuncia-un-nuevo-agravio-hacia-el-pueblo-pesquero-de-cho-vito.html

Gracias, Defensor del Pueblo

El pasado 6 de noviembre el Defensor del Pueblo Español intervino ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a las 11 horas y 31 minutos y manifestó refiriéndose a la Ley de Costas: "Es una situación legal (la Ley de Costas) aunque injusta para los ciudadanos …" . Luego manifestó que él no tiene capacidad para cambiar dicha ley pero que se dirigirá a los grupos parlamentarios de España instándoles a que lo hagan. Son tantos los problemas que sacuden a esta afligida España que es muy comprensible que el ciudadano español, abrumado por un exceso de cuestiones angustiosas que diariamente nos presentan los medios de comunicación no conozca de tal injusta ley más allá de lo que la propaganda del Estado quiere que conozca. Hay excepciones, entre las que se encuentran los afectados por tal Ley, y que tienen el apoyo de muchos parlamentarios que saben que es intolerable mantener una ley que actúa siguiendo los antiguos principios del viejo comunismo con un desprecio total a la propiedad privada. Quizá lo más vergonzoso sea la manera ruin de querer encubrir su perfidia, por supuesto, sin conseguirlo. España ya ha salido de los primeros años del siglo XXI. Es muchísimo lo que se ha escrito hasta el momento sobre la Ley de Costas y son muchas las denuncias presentadas ante los tribunales, tanto españoles como europeos y si este gobierno no actúa con ecuanimidad y justicia, se seguirá escribiendo y denunciando por los siglos de los siglos. Pienso que el principio de la Constitución Española es "todo para el pueblo y con el pueblo", a diferencia del Despotismo Ilustrado cuyo principio era "todo para el pueblo pero sin el pueblo".

Convertir una ley en legal, aunque se sepa que es injusta, es una de las mayores aberraciones existentes; si es injusta va contra el pueblo por mucho que la hayan aprobado "altas instancias de la magistratura". Las leyes injustas se pueden cambiar en cualquier momento dejando en entredicho a quienes las hicieron mal, tanto si fue con buena como con mala intención. La Constitución solo la debe cambiar el pueblo, aunque todos sabemos que hay excepciones con la que no todo el mundo está de acuerdo. Me viene a la memoria la ley de la II República Española por la que el gobierno podía soslayar la Constitución si ello era necesario para salvar la República. Cuando se leen estas cosas uno piensa que si para salvar la República hay situaciones en las que se puede y debe dejar a un lado la constitución, algo falla: o el articulado de su constitución no es correcto, bien por artículos deficientes, por falta de algunos imprescindibles o bien por exceso de los mismos, o el gobierno es incompetente. Debo recordar al hablar de la II República que no se aprobó la confiscación de las tierras cuando trataron de arreglar la distribución de las mismas. Hubo quienes sí propusieron la confiscación, personajes como Largo Caballero; afortunadamente no prosperaron sus sinrazones.

Quizá para terminar deba hacer un rápido recordatorio de lo que es la Ley de Costas. Propiedades legítimamente adquiridas y registradas en el Registro de la Propiedad, muchas veces adquiridas a Ayuntamientos, son expoliadas por el Gobierno mediante la siguiente maniobra legal: el gobierno se queda con la propiedad y a cambio da una concesión sobre la misma por 30 años gratis y otros 30 con un canon simbólico. Nada más otorgar la concesión expropia la tierra pagando un precio irrisorio, ya que lo que expropia es una simple concesión y no una propiedad. Cualquier construcción que haya en la propiedad es asfixiada para pasarla a un valor mínimo prohibiendo cualquier acción sobre la misma: no se puede pintar ni hacer cualquier otro trabajo de mantenimiento. Muchas de las casas tienen como legítimos propietarios a gente modesta que se ve avasallada y amedrentada por los "valientes" técnicos de costas que no vacilan en utilizar medios poco éticos para "convencer" a estos modestos propietarios de que ya no son dueños de lo que por derecho propio les pertenece porque la Constitución Española admite y protege la propiedad privada.

Algunos aplauden esta ley al amparo de ideas ecologistas olvidando que hay leyes de Espacios Protegidos que protegen el territorio español con total garantía. Pero también hay muchos ecologistas que piensan que la administración no siempre protege los espacios naturales sino que no duda en actuar sobre ellos cuando conviene a otros intereses. Muchos de los espacios que se han confiscado o se pretende confiscar estaban y están más cuidados y generando puestos de trabajo en manos de sus propietarios, propiedad que les fue otorgada legalmente y que deben conservar por encima de cualquier ley que pisotee la ética, la moral y la Constitución. Esperemos que el gobierno actual nos proteja de tantas injusticias y le propongo que llegue a conversaciones con los afectados a través de sus asociaciones y gremios, que no dudo le ayudarán a crear una ley justa que protegerá sobradamente los espacios naturales.
http://www.diariodecadiz.es/article/opinion/1171883/gracias/defensor/pueblo.html

Pánico a los derribos

Los vecinos de Igueste de San Andrés viven con el temor a que Costas elimine las 22 casas y 97 fincas del pueblo costero declaradas ilegales por la Audiencia Nacional
Los vecinos de Igueste de San Andrés no duermen tranquilos. Temen que, en cualquier momento, una pala aparezca por la carretera principal del pueblo y derribe sus casas. Nadie les ha informado de lo que puede pasar. No saben si sus viviendas acabarán como solares derruidos, si les prohibirán hacer arreglos en el futuro o si todo pasará sin que ocurra nada.

La Audiencia Nacional ha ratificado que 97 parcelas y 22 viviendas de este pueblo costero invaden los 100 metros fijados dentro de los límites del dominio público marítimo. Por tanto son propiedades ilegales y podrían ser eliminadas si se aplica la actual Ley de Costas.
Los representantes de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga y la Asociación Cultural y Medioambiental El Asío, ambas de Igueste de San Andrés, aseguran que llegarán hasta el final, "cuesta lo que cueste". Este viernes su abogado, José Luis Langa, se reunirá con ellos en su local social para informarles de los siguientes pasos que seguirá para defender los intereses de estos santacruceros. Langa, por lo pronto, ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo.

José María Alberto, presidente de Haineto, denunció ayer "la escasa atención que prestan a Igueste los políticos de Santa Cruz". Aseguró que tras las elecciones por el pueblo "no ha aparecido ningún concejal para, al menos, darnos algo de seguridad a los vecinos".
Esperanzados, estos portavoces vecinales plantean la posibilidad de organizar manifestaciones "donde más ruido se haga" para denunciar su situación.

La pregunta que se plantean siempre es la misma: "¿Por qué nosotros?", expone Paco Sáez, presidente de Asío. Playas como Las Gaviotas o El Balayo, con casas en zonas cercanas y a escasos kilómetros de Igueste, no están afectadas. "No pretendemos que les hagan nada pero no llegamos a comprender cómo esto solo nos ocurre a nosotros cuando por cercanía somos iguales", manifestó Sáez. "No hemos hecho mucho ruido porque siempre hemos confiado en el sentido común", apuntó José María. Además, "la desinformación que sufrimos es enorme y solo nos enteramos de lo que ocurre por lo que aparece publicado en los medios de comunicación", añadió.

Ambos colectivos entregaron en nombre de todos los vecinos afectados toda la documentación necesaria, al menos la que se les requirió, para demostrar su condición de zona urbana anterior a la aprobación de la Ley de Costas en 1988. Sin embargo, a la magistrada que llevó el caso en la Audiencia Nacional, Elisa Veiga, no le parecieron suficientes argumentos.

"Está claro que las casas que están a menos de 20 metros no se podrán salvar. Nuestra única aspiración es que no las derriben, algo por lo que lucharemos sin parar", señaló Yolanda Déniz, vocal de Asío. "Hay que tener en cuenta que muchas personas, la mayoría, viven en estas casas y no tienen otra a donde ir", remarcó. Algunas viviendas en el pueblo han pasado de una generación a otra. Abuelos, padres y ahora hijos o nietos disfrutan de ellas. En esta misma línea pusieron de manifiesto que de nuevo, por falta de explicaciones de las administraciones públicas implicadas, no saben si les darán "algún tipo de compensación económica" por tener que abandonar o no poder reformar sus casas en el futuro. "Las viviendas pierden valor y eso nadie lo pagará", dijo.

Estos vecinos afirmaron que ya son muchos años los que llevan luchando. Hay cartas dirigidas a los propietarios con remite de la Dirección General de Costas del año 2002. Tras una década parece que "nada ha cambiado", remarcó José María Alberto. Ahora tendrán que empezar de nuevo en el Tribunal Supremo, presentar una vez más toda la documentación necesaria y continuar con la tensa espera
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/01/25/panico-derribos/392862.html

Costas explica que con la reforma ´lo que era ilegal aún lo es´

Los afectados por la actual Ley de Costas consideran que una reforma de la norma no les garantizará que sus viviendas se mantendrán en pie. Para que eso ocurriese la "revisión profunda" anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, tendría que incluir un cambio en el trazado de los deslindes que definen el dominio público marítimo terrestre. Y no les falta razón. De hecho, la responsable de la Delegación de Costas en Canarias, Esther Ruiz, advierte que aunque se lleve a cabo la reforma legislativa "lo que está en dominio público sigue estando en dominio público, y lo que era ilegal lo sigue siendo porque es algo que viene recogido en la Constitución".

"No hay que presuponer que la presunta próxima Ley de Costas vaya a ser más laxa", subrayó Ruiz.

De hecho, el anuncio de la reforma legal no ha despertado el optimismo entre los afectados."Una modificación de la ley no nos dice nada a los dueños de viviendas afectadas porque ya hay sentencias que avalan la demolición y lo que nosotros intentamos es que se paralicen esas actuaciones hasta que se produzca una reubicación de los vecinos", explica Juan Pedro Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de la playa de Ojos de Garza, una localidad en la que 54 de sus 144 viviendas están afectadas.

Convencidos de que "la nueva ley no va a anular lo que la Justicia ha dictaminado con respecto a las órdenes de demolición aceptadas" y de que el Estado no va a invertir para cambiar los deslindes, los vecinos de Ojos de Garza luchan por buscar alternativas que aseguren su futuro. "Hemos solicitado una reunión con la nueva Dirección General de Costas para ver si logramos activar un acuerdo por el que nuestra situación se prolongue durante 12 años, hasta que finalice la reubicación de toda la playa en un edificio de nueva construcción cuyos costes soportaremos los vecinos", señala Juan Pedro.

Modificaciones

Desde la Demarcación de Costas de Canarias, y a la espera de que se defina el contenido de la reforma anunciada por Arias Cañete, se cree que las modificaciones en la ley pueden ir en dirección a las reubicaciones. "Creo que se puede contemplar la opción de establecer convenios para retrasar demoliciones y proceder a reubicaciones de los vecinos afectados", señala Ruiz.

La actual Ley de Costas fue aprobada en julio de 1988, sustituyendo así a la existente desde 1969. Desde entonces los afectados luchan para cambiar su carácter retroactivo "al aplicar una ley de 1988 a unas casas que en muchos de los casos ya existían desde hacía décadas atrás. Consideramos que se vulnera el derecho constitucional de los vecinos a la propiedad privada", afirma José Luis Langa, representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (Aeple).

A lo largo de los aproximadamente 1.600 kilómetros de costa que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias hay un millar de afectados directos y con orden de derribo de sus viviendas por estar por debajo de la línea de deslinde que separa las zonas de propiedad pública de la privada (398 en la provincia de Las Palmas y 551 en la de Santa Cruz de Tenerife). Pueblos como Tufia o San Felipe, en Gran Canaria; Majanicho, en Fuerteventura; La Santa, en Lanzarote, La Caleta, en Tenerife o Valle Gran Rey, en La Gomera, viven bajo la amenaza de la demolición.

Con la ley de 1969 la zona de servidumbre era la comprendida dentro de los 20 metros de ancho desde el deslinde, ahora son 100 metros. El mantenimiento de este cambio podría hacer que El Golfo, en Lanzarote, o Los Molinos, en Fuerteventura, desaparecieran por completo.

Los afectados piden que se aprecie el valor etnográfico . "Los pueblos costeros son vestigios de nuestros antepasados que vivían de la pesca", explica Miguel Cerdeña, de Los Molinos

http://www.laprovincia.es/canarias/2012/01/24/costas-explica-reforma-ilegal/432921.html