La Ley de Costas no se aplicará en 11 núcleos conflictivos

La reforma de la Ley de Costas que ha preparado el Ejecutivo no solo amplía las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años, a contar a partir de que acabe la prórroga actual, como adelantó este diario, sino que diseña un régimen especial para 11 zonas problemáticas, a las que excluye del dominio público marítimo terrestre. Además, la superficie de la servidumbre de protección en las rías podrá bajar en algunos casos de 100 a 20 metros y se reduce la definición de dominio público.

La ley admite que habrá un deslinde especial más laxo para la isla de Formentera “debido a la especial configuración geológica” de la isla. Además, excluye del dominio público 10 núcleos de población que por su situación entrarían dentro de la definición de la zona pública. Se trata de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d´Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). Estos pasarán a formar parte del Patrimonio del Estado, que se pueden vender. Los ecologistas lo ven como el paso previo para que pasen a manos privadas, ya que si se considera dominio público no se puede vender.



El texto, de 24 folios, justifica la reforma en que la ley vigente, de 1988, ha “tolerado resultados inaceptables medioambientalmente” y añade que el tiempo pasado desde su aprobación “se impone y consolida situaciones”. Así, la norma ha “provocado desconfianza y desconcierto”, que el Ejecutivo quiere recuperar dando seguridad jurídica.

En general, las concesiones de 30 años de uso del dominio público (que eran ampliables a 60) pasarán a tener 75 años ahora. Las concesiones empezaban a caducar en 2018 y se reforma para “evitar el riesgo de que se produzca la pérdida del derecho en un plazo tan breve, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros”. Además, los dueños de las casas en la playa las podrán vender y hacer reformas sin permiso siempre que no aumenten de altura ni volumen.


La ley permite al delegado del Gobierno suspender los planes urbanísticos municipales que invadan el dominio público marítimo-terrestre y fija un régimen distinto para las playas urbanas y las contiguas a espacios protegidos, a las que se les impondrá “un nivel de protección alto” y se limitarán las ocupaciones.

La ley excluye del dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, lo que reducirá la zona pública en lugares como Doñana. Además, limita la definición del alcance de los mayores temporales conocidos parta establecer el dominio público. Hasta ahora, Costas recurría a veces a vestigios fósiles para demostrar que hasta allí llegaba el mar y por lo tanto debía ser dominio público. Ahora solo lo serán si hay “referencias comprobadas” de que allí llegaba el mar.


La ley exime a las marinas artificiales de ser dominio público, como la marina de Empuriabrava (Girona), al señalar que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran”.


La ley obliga a la Administración a incorporar en el Registro de la propiedad todos los deslindes. La falta de ese trámite había generado muchos problemas a los compradores que denunciaban que no habían sido informados.

Medio Ambiente autoriza a reducir en las rías la servidumbre de protección de 20 a 100 metros “en atención a las características topográficas o hidrográficas”. Esgrime que esa es la distancia en los ríos. Así salva muchos problemas en Galicia.

La norma también permite la publicidad en las playas –hasta ahora estaba prohibido- “siempre que sea parte integrante o acompañe a actividades permitidas en el dominio público”.


Las industrias (“extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera”) situadas en dominio público deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión. Este trámite permitiría seguir en la ría de Pontevedra a la polémica papelera de Ence

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/13/actualidad/1342183082_524877.html

BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LEY DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS

¡¡¡BIENVENIDOS A LA REPÚBLICA DE BANANARIA!!!





BORRADOR DEL ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS.


http://ep00.epimg.net/descargables/2012/07/13/228609452cb18bc6b3da057d373a0278.pdf

La reforma de la Ley de Costas que ha preparado el Ejecutivo no solo amplía las concesiones de las casas construidas en la playa hasta 75 años, como adelantó este diario, sino que diseña un régimen especial para 11 zonas problemáticas, a las que excluye del dominio público marítimo terrestre. Además, la superficie de la servidumbre de protección en las rías podrá bajar en algunos casos de 100 a 20 metros y se reduce la definición de dominio público.


La ley admite que habrá un deslinde especial más laxo para la isla de Formentera “debido a la especial configuración geológica” de la isla. Además, excluye del dominio público 10 núcleos de población que por su situación entrarían dentro de la definición de la zona pública. Se trata de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d´Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). Estos pasarán a formar parte del Patrimonio del Estado, que se pueden vender. Los ecologistas lo ven como el paso previo para que pasen a manos privadas, ya que si se considera dominio público no se puede vender.

El texto, de 24 folios, justifica la reforma en que la ley vigente, de 1988, ha “tolerado resultados inaceptables medioambientalmente” y añade que el tiempo pasado desde su aprobación “se impone y consolida situaciones”. Así, la norma ha “provocado desconfianza y desconcierto”, que el Ejecutivo quiere recuperar dando seguridad jurídica.

En general, las concesiones de 30 años de uso del dominio público (que eran ampliables a 60) pasarán a tener 75 años ahora. Las concesiones empezaban a caducar en 2018 y se reforma para “evitar el riesgo de que se produzca la pérdida del derecho en un plazo tan breve, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros”. Además, los dueños de las casas en la playa las podrán vender y hacer reformas sin permiso siempre que no aumenten de altura ni volumen.

La ley permite al delegado del Gobierno suspender los planes urbanísticos municipales que invadan el dominio público marítimo-terrestre y fija un régimen distinto para las playas urbanas y las contiguas a espacios protegidos, a las que se les impondrá “un nivel de protección alto” y se limitarán las ocupaciones.

La ley excluye del dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, lo que reducirá la zona pública en lugares como Doñana. Además, limita la definición del alcance de los mayores temporales conocidos parta establecer el dominio público. Hasta ahora, Costas recurría a veces a vestigios fósiles para demostrar que hasta allí llegaba el mar y por lo tanto debía ser dominio público. Ahora solo lo serán si hay “referencias comprobadas” de que allí llegaba el mar.


La ley exime a las marinas artificiales de ser dominio público, como la marina de Empuriabrava (Girona), al señalar que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran”.


La ley obliga a la Administración a incorporar en el Registro de la propiedad todos los deslindes. La falta de ese trámite había generado muchos problemas a los compradores que denunciaban que no habían sido informados.


Medio Ambiente autoriza a reducir en las rías la servidumbre de protección de 20 a 100 metros “en atención a las características topográficas o hidrográficas”. Esgrime que esa es la distancia en los ríos. Así salva muchos problemas en Galicia.

La norma también permite la publicidad en las playas –hasta ahora estaba prohibido- “siempre que sea parte integrante o acompañe a actividades permitidas en el dominio público”.


Las industrias (“extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera”) situadas en dominio público deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión. Este trámite permitiría seguir en la ría de Pontevedra a la polémica papelera de Ence.


http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/13/actualidad/1342183082_524877.html

SI YA HABÍA INSEGURIDAD JURÍDICA, CON ESTA MODIFICACIÓN LA HAN ELEVADO A LA ENÉSIMA POTENCIA ADEMÁS DE HACERLA DISCRIMINATORIA.


AHORA LA CONFISCACIÓN SERÁ A DEDO.

Todavía no nos lo creemos´

Los residentes del macizo desconfían de la sentencia que evita el derribo de sus viviendas

"Todavía no nos lo creemos del todo que nos hayamos librado de quedarnos sin casa", confiesa Armenia Rodríguez desde detrás del mostrador de la pequeña venta que regenta en Almáciga. A pesar de que la noticia acerca de la salvación por parte del Supremo de 250 inmuebles de este núcleo del litoral de Anaga y de Roque de las Bodegas se ha propagado rápidamente entre los afectados y el resto de vecinos, aún muchos temen que la sombra de la demolición vuelva a planear sobre este barrio costero.

Según confiesan los residentes en Almáciga, las imágenes de los derribos en lugares como Cho Vito permanecen grabadas en sus cabezas con la misma intensidad al miedo a perder sus viviendas. "Aquí la gente lo ha pasado muy mal durante demasiado tiempo. Hemos recibido muchos palos y nos han mentido mucho miedo desde las administraciones y, claro, todo eso hace que la gente desconfíe", explica Ignacio del Castillo, el presidente de la Asociación de Vecinos Virgen de Begoña.


"Los vecinos temen volver a las andadas y se preguntan si basta con la sentencia del Supremo o vendrá luego un nuevo problema. Ahora falta la declaración para Anaga de Reserva de la Biosfera para garantizar que nunca habrá derribos", apunta Guillermo Borges, el responsable del colectivo Amigos de Anaga.

Para disipar todas estas dudas, será el propio abogado de los vecinos el que explique a todos el próximo día 19 los detalles de la sentencia del Tribunal Supremo. Será entonces, prevé Del Castillo, cuando los residentes en Almáciga puedan pasar página y recobrar paulatinamente la tranquilidad perdida hace demasiados años. "Nos ha costado más de 35.000 euros y aún falta. Ahora hemos ganado y todavía necesitamos 6.000 euros más para abonar a nuestro abogado, los viajes, los informes y el papeleo", manifiesta este representante vecinal.

Según explica el presidente de este colectivo vecinal, ni siquiera su propia mujer cree que este David haya podido con su particular Goliat. "No estoy tranquila del todo. Temo que vuelvan a tocarnos las narices cuando pase un tiempo", reconoce Dolores Alonso, la aludida. "Mi marido se lo cree, pero yo tengo mis dudas", añade.

Y es que, según afirma Alonso, los quebraderos de cabeza, las tensiones, las muchas reuniones y el fuerte desembolso realizado por estos chicharreros para defender sus casas no se olvidan de un día para otro. "Cuántas veces nos manifestamos contra los derribos, cuánto dinero hemos invertido para conservar nuestras casas...", afirma con gesto de rabia al recordar vivencias como los derribos en Cho Vito. "Veíamos por la televisión las imágenes y temíamos que cualquier día se presentasen aquí las grúas", rememora.


Norberto Izquierdo sonríe ahora al echar la vista atrás hacia esos instantes especialmente emotivos. La venta que regenta junto con Armenia, su mujer, ha albergado durante mucho tiempo cientos de conversaciones sobre los efectos de la Ley de Costas. Antes apenas nadie en Almáciga sabía que era el dominio marítimo-terrestre ni el deslinde. Ahora es raro el vecino que no haya incorporado estos conceptos técnicos a su vocabulario. "¿Cómo íbamos a saber de cosas así? Aquí sabíamos de cabras y vacas, que son con lo que hemos crecido", se pregunta Benita Sosa, una de las clientas habituales del establecimiento.


Para Izquierdo, la sentencia del Supremo era la única vía posible para garantizar el futuro de Almáciga y el Roque de las Bodegas y, de paso, combatir la progresiva despoblación de estos caseríos de Anaga. "Esto no son segundas residencias como en Cho Vito. Aquí no tenemos otra vivienda, ¿dónde íbamos a ir?", razona. Ahora, Izquierdo, espera que la sentencia se traduzca en una mayor seguridad a la hora de vender o alquilar los inmuebles del barrio. "Eso sí, que no dejen construir más", apostilla.

A sus más de 70 años, Víctor González cuenta que solo la amenaza de que derribaran su casa y lo obligaran a dejar el barrio casi acaba con él. "Si nos hubieran sacado de aquí nos hubiéramos muerto. No podría vivir sin esta tranquilidad y sin estar cerca del mar", afirma. A punto de calzarse las botas para dirigirse a su huerto, este vecino de Anaga cree que la sentencia del Supremo permitirá mantener vivo un modelo de entender la vida que "ya no existe" en otros puntos del municipio capitalino. "En Almáciga vivieron mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres y yo. Ahora podrán hacerlo también mis nietos", explica. No obstante, confiesa que aún recela de la noticia. "¿Qué haría usted si le hubieran mentido tanto como a nosotros?", concluye


http://www.laopinion.es/tenerife/2012/07/07/todavia-creemos/422415

El Supremo salva 250 viviendas de Almáciga y Roque de las Bodegas

El Alto Tribunal legaliza las casas de Anaga al ampliar el deslinde de 20 a 100 metros

El Tribunal Supremo acaba de salvar a cerca de 250 casas de Almáciga y Roque de las Bodegas, en Anaga, que se habían quedado fuera de ordenación. Sus dueños ya no tendrán que esperar a un cambio en la Ley de Costas para saber si las pueden mantener o si van a ser derribadas porque esta decisión las legaliza de forma definitiva.

Una sentencia del Alto Tribunal ha ampliado de 20 a 100 metros el ancho de la costa en el que no se puede construir en 12.722 metros de la costa de Anaga, desde Almáciga hasta Taborno, con lo que esas 250 casas que se encontraban dentro de lo que se conoce técnicamente como deslinde marítimo-terrestre quedan legalizadas e incluso en ellas se podrán hacer obras menores o modificaciones puntuales con el permiso de las administraciones competentes.

El Supremo acepta la ampliación del deslinde en Almáciga, donde se encuentran la mayoría de las casas, y Roque de las Bodegas, pero no así en otro núcleo de Anaga, Tachero, cuyos propietarios también habían pedido que se ampliará la frontera a partir de la cual no se puede construir. La diferencia está en que el Supremo considera acreditado que los dos primeros núcleos tenían características urbanas antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, en el año 1988, mientras que el tercero no reunía esas características por lo que el deslinde quedará en los 100 metros actuales.


La empresa que se encarga del servicio de aguas del municipio, Emmasa, acreditó en un informe que Almáciga y Roque de las Bodegas cuentan con suministro de agua potable desde mucho antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, al menos desde 1980, y que cuentan además con alcantarillado municipal y con carreteras, entre otras infraestructuras.

Además, Endesa señaló en otro informe que puso en marcha el servicio de electricidad en estos dos núcleos de Anaga con la instalación de los centros de distribución en Almáciga en 1968 y en Roque de las Bodegas en 1973. Con estos documentos y las declaraciones de antiguos funcionarios municipales, el Supremo ve corroborada la principal alegación de los demandantes, representados por la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Begoña de Almáciga, de que estos núcleos eran urbanos antes de la puesta en marcha de la Ley de Costas aunque no hubiesen tenido esa catalogación oficial en el Plan General de Ordenación.


La sentencia del Tribunal Supremo rechaza una orden del Ministerio de Medio Ambiente a través de la cual fijó el 22 de septiembre de 2006 el deslinde de los bienes marítimo-terrestres en 20 metros a partir del punto máximo que alcanzan las mareas.

La Justicia acepta de esta manera las reclamaciones de los vecinos de Almáciga y Roque de las Bodegas, pero no así las de los vecinos de Tachero o con anterioridad de Igueste de San Andrés. El pasado mes de enero, la Audiencia Nacional ratificaba que 97 fincas y 22 viviendas de Igueste invaden el dominio público, son ilegales y podrían ser eliminadas en aplicación de la actual Ley de Costas, aunque el Gobierno del PP ya ha anunciado que no va a derribar estas casas y va a modificar esta norma para salvar estas y otras edificaciones en todo el litoral nacional.

La magistrada Elisa Veiga avala en la sentencia la orden del Ministerio de Medio Ambiente de 2010 que establece el deslinde del dominio público marítimo terrestre de Igueste en 100 metros, cuando los propietarios afectados pedían que la línea se redujera a 20 metros. Todos los inmuebles y cultivos que se encuentran en los 100 metros a partir de la orilla, esas 97 fincas y 22 viviendas, quedan pues fuera de ordenación. A diferencia de Almáciga y Roque de las Bodegas, el tribunal entiende que este asentamiento no se podía catalogar de urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas.

http://www.laopinion.es/tenerife/2012/07/07/supremo-salva-250-viviendas-almaciga-roque-bodegas/422414.html

La Ley de Costas 'engulle' al Hotel Maritim de Los Realejos

Todo el edificio estará en situación de fuera ordenación, de manera que su valor catastral se reduce.

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado que una parte "mínima" del histórico Hotel Maritim situado en Los Realejos, justo en el límite con el municipio turístico de Puerto de La Cruz, está afectado por la Ley de Costas con las consecuencias que esta legislación trae consigo. Entre ellas que todo el edificio estará en situación de fuera ordenación de manera que su valor catastral se reduce al máximo, se imponen fuertes restricciones a la ejecución de obras e incluso se podría proceder a su derribo si se ejecutara alguna obra de interés general, como por ejemplo un paseo marítimo.

El TS viene así a ratificar un fallo judicial anterior de la Audiencia Nacional (AN) en el que también se argumentaba que la línea del deslinde pasa por una parte del edificio que es propiedad de esta cadena hotelera. Los propietarios del establecimiento no pudieron ir en contra de la zona de servidumbre ya que esta había sido fijada en veinte metros de anchura, que se corresponde a la contemplada en la legislación para los terrenos urbanos. Pero sí se oponían a la delimitación de la ribera del mar a partir de la cual se fija el alcance de esta línea.
Lo curioso es que aunque la propiedad del inmueble denuncia que tan sólo se ve afectada una parte "mínima" del hotel según la Ley de Costas, las consecuencias es que todo el edificio queda afectado. Sin embargo, ni la Audiencia ni el Supremo parecen tener en cuenta estas argumentaciones y plantean que la Orden Ministerial que fijó el deslinde a lo largo de los más de tres kilómetros que discurren entre el Barranco de Playa Gorda y la Playa de Castro es ajustada a derecho. "Tras las pruebas practicadas en el expediente basadas en la observación directa y de los distintos estudios obrantes en el expediente, entre los que está un estudio geomorfológico y estudio fotográfico, ha quedado acreditado que el límite interior del dominio público queda correctamente definido y corresponde situarlo en el punto más interior alcanzado por las olas en los máximos temporales conocidos".
De hecho el tramo que ha sido cuestionado por la propiedad del Hotel se mantiene exactamente igual a como quedó fijado en el año 1964 sin que nunca su trazado hubiese sido puesto en duda hasta ahora. El Abogado del Estado, por su parte, consideró que en realidad los recurrentes no aportaron ninguna prueba para desarmar la orden ministerial sino que hicieron una alegación "abstracta" sobre las consecuencias que iba a traer consigo.

Durante el proceso judicial se pudo también demostrar que ni este hotel, ni el Acapulco III había contado nunca con una licencia por parte de la Dirección General de Costas.

http://www.canariasahora.com/noticia/224941/

El alcalde de Tinajo confía en que la posible modificación de la Ley de Costas resuelva el deslinde de La Santa

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, ha confiado en que la posibe modificación de la Ley de Costas resuelva el deslinde de La Santa. Este mismo martes, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) recogía la sentencia del Tribunal Supremo, que rechazó los recursos de casación interpuestos por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento sobre el deslinde de La Santa. Así, fijó el deslinde marítimo en 100 metros y no en 20 como pretendía el Consistorio.



Aunque Machín ha reconocido que ésta es “una mala noticia para Tinajo”, confía en que pronto existan “buenas noticias”. En este sentido, ha señalado este martes en Radio Lanzarote que el día 4 de julio el alcalde de Haría, José Torres, se reunirá con el director general de Costas para hablar sobre la modificación de la ley. “Parece que hay buena predisposición”, ha afirmado Machín.

De momento, el alcalde ha reconocido que la situación en La Santa “sigue igual” y ha vuelto a insistir en que no comparte la tesis de Costas, ya que considera que este pueblo era un núcleo urbano antes de 1.988, año en el que se aprobó la ley. “Costas entiende que la primera línea de La Santa está en dominio público y yo esto no lo comparto”, ha indicado.

Jesús Machín ha señalado que “no conoce bien” el cambio de normativa que podría sufrir la Ley de Costas, pero “por la información que tiene” cree que “se van a resolver los problemas de todos los núcleos que están constituido antes de la Ley”. “Los pueblos existían antes y eso no se respetó en muchos sitios”, ha criticado.

http://www.lavozdelanzarote.com/article71937.html

El Supremo salva de la Ley de Costas a Almáciga y Roque de Las Bodegas pero condena a Tachero

El Tribunal Supremo (TS) finalmente ha dado su brazo a torcer y reconoce que en dos núcleos situados en el Anaga profundo como son Almáciga y Roque de Las Bodegas la zona de servidumbre debe tener una anchura de 20 metros en vez de los 100 fijados hasta ahora por la Ley de Costas.

Esta resolución ya firme supone que ambos pueblos se salven de los rigores de esta legislación que mantenía a alrededor de 250 viviendas en situación de fuera de ordenación con las limitaciones que este régimen supone a la hora de devaluar el valor de las propiedades, imponer fuertes limitaciones a la realización de obras o incluso la posibilidad de proceder a derribos si se ejecutaran obras de interés general. No ocurre sin embargo así con Tachero donde el Supremo cree que no se dan las condiciones suficientes para calificarlo como núcleo urbano y por lo tanto mantiene la anchura de la zona de servidumbre en cien metros, lo que implica que la práctica totalidad del pueblo se sitúe dentro de terrenos de dominio público.

La lucha de estos vecinos junto con los de Igueste, también en Anaga, en contra de la ley de Costas se remota ha hace ya casi una década momento en el que el Estado comenzó a notificarles las consecuencias que la entrada en vigor de la ley iba a traer consigo. En el caso de Igueste hasta ahora todas las batallas judiciales se han saldado con un sonoro fracaso, pero sin embargo finalmente al menos Almáciga y Roque de Las Bodegas ha podido ver como sus argumentos salían adelante. El Supremo anula así en parte una sentencia anterior de la Audiencia Nacional que imponía que a lo largo de los más de 12 kilómetros de este tramo del litoral la zona de servidumbre tuviera una anchura de cien metros.

El recurso fue interpuesto por la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Begoña, en Almáciga, y dirigido por el letrado Juan José Rodríguez, después de haber acusado al Ayuntamiento de no haber elaborado con suficiente precisión los informes que probaran que antes de la entrada en vigor de la ley de Costas en el año 1988 estos núcleos contaban con las características suficientes para ser considerados urbanos. Estos es, que disponían de servicio eléctrico, alcantarillado, suministro y abastecimiento de agua, acerado, consolidación edificatoria y acceso rodado en condiciones. Finalmente, el Supremo estima que ocurría así en Almáciga y Roque de Las Bodegas pese a que los informes aportados por la Gerencia de Urbanismo y las empresas concesionarias de cada uno de estos servicios no resultaron siempre lo suficientemente claros. Pero no ocurre lo mismo con Tachero en el que ninguno de los documentos demostró de forma clara que se trataba de un núcleo urbano consolidado.


Así la empresa concesionaria del servicio de Aguas, Emmasa, apuntó que Tachero no contaba con servicio de alcantarillado. Un extremo negado por estos vecinos y por un antiguo directivo de la compañía quien testificó que los núcleos disponían de un precario sistema de agua potable. Otro informe encargado por la Corporación local a un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, determinó que antes de la entrada en vigor de la ley se habían realizado obras básicas de infraestructura. La Concejalía de Servicios municipales tampoco fue muy concreta y en el informe elaborado no concluyó "de forma fehaciente" si el Ayuntamiento durante la década de los años setenta realizaba el suministro de agua potable, saneamiento y alumbrado en estos núcleos. La compañía eléctrica Unelco sí certificó que había instalado este servicio en 1968 en Almáciga, en 1973 en Roque de La Bodega pero no ocurrió así hasta 1994 en Tachero.

http://www.sanborondon.info/content/view/45030/1/

UN EJEMPLO MÁS DE ESTADO BANANERO:Detenido con droga cuando le multaban por dañar piedras de un parque natural

Una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil detuvo ayer a un hombre al que estaba multando por infringir la Ley de Costas por tallar una escultura con varias piedras del Parque Natural de Ses Salines, después de encontrarle marihuana y hachís en una bolsa.



El hombre, José F.M., de 52 años, fue detenido ayer por unos agentes que realizaban la vigilancia rutinaria en el parque natural, ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los agentes le encontraron tallando una escultura en la playa con varias herramientas, comprobaron que las piedras que utilizaba habían sido extraídas de la zona costera de Dominio Público Marítimo Terrestre, por lo que identificaron al hombre para denunciarle por realizar una extracción de áridos y modificar el estado natural del paisaje, infracciones que contempla la Ley de Costas.

Posteriormente, los agentes registraron la bolsa de tela que portaba el hombre, en la que hallaron cogollos de marihuana y pastillas de hachís, por lo que procedieron además a detenerle por un delito contra la salud pública.

Los agentes se incautaron de 198 gramos de hachís y 278 gramos de cogollos de marihuana, así como de 1.145 euros en metálico.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1194441



HASTA AQUI, LA NOTICIA.
      Puede que esta noticia, sea una más del moton, uno de los delitos comunes que se comenten en este país diariamente. Por eso
 PIDO A LAS AUTORIDADES DE LA GUARDIA CIVIL, (a la que tengo respeto, por su trabajo) Y A LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y POLÍTICAS, QUE DETENGAN A TODAS LAS PERSONAS QUE ACTUAN EN OBRAS SUPUESTAMENTE LEGALES, PROMOVIDAS POR ESTE ESTADO, LAS QUE HAN DAÑANDO PLAYAS CON CALLADOS TRITURADOS, LAS QUE HAN CAMBIANDO LA MORFOLOGIA DE LAS PLAYAS, SIN PERMISO  NO SOLO DE LAS AUTORIDADES DE COSTAS, SINO DE INDUSTRIA Y MINAS, LAS QUE UTILIZAN LOS CALLADOS Y ARENAS DE LAS PLAYAS EN MUROS Y RELLENOS,
PIDO QUE SE LES DETENGA, SE LES ARRESTE,  Y SE LES CONDENE, POR EL BIEN DE UNA JUSTICIA, QUE ENTRE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN, Y  DE JUECES INMORALES.
LO PIDO, PARA QUE LA JUSTICIA DE ESTE PAIS, NO SEA SIMILIAR, SI NO LO ES YA, AL DE UNA REPUBLICA BANANERA.

El Estado mantiene el recurso contra la ley canaria que protege los enclaves litorales

El recurso que el anterior gobierno del Estado, del Partido Socialista, presentó contra la ley autonómica que protege los núcleos urbanos situados en la costa no ha sido retirado por el actual Ejecutivo, del Partido Popular, pese a las quejas que la cuestión de inconstitucionalidad suscitó entre los representante de esta formación en las Islas.


Tanto el consejero de Política Territorial del Gobierno regional, Domingo Berriel, como el diputado socialista Manuel Fajardo se refirieron ayer, durante el pleno del Parlamento canario, a las diferencias entre la postura de los populares antes y después de las últimas elecciones generales, cuando alcanzaron el poder en España. "Los ciudadanos que viven en estos núcleos siguen recibiendo resoluciones de Costas", expuso Fajardo, mientras que Berriel apuntó que "sería bueno que el PP cumpliera su compromiso y retirase el recurso".

Desde que el Gobierno socialista llevara al Tribunal Constitucional la ley canaria, permanece suspendido su artículo 1, que considera áreas urbanos los núcleos costeros que, aun careciendo de planeamiento, contaran con acceso rodado, abastecimiento y evacuación de agua y suministro de energía eléctrica antes de julio de 1988, cuando entró en vigor la ley de costas nacional. Tampoco el PSOE retiró el recurso pese a que Canarias se lo solicitó.

http://eldia.es/2012-06-13/CANARIAS/0-Estado-mantiene-recurso-ley-canaria-protege-enclaves-litorales.htm

Más de 40 núcleos costeros podrían evitar los derribos por la "moratoria"

Un total de 46 núcleos costeros de Canarias podrían evitar los derribos de sus edificaciones gracias a la "moratoria" de Costas, que determina que aquellas zonas que no tengan sentencia firme para demoler sus construcciones podrían evitarlo. La zona de Cho Vito, en Candelaria, cuenta con resolución judicial firme.





Hasta 46 núcleos costeros de Canarias podrían verse beneficiados por la "moratoria" que se ha aprobado a la espera de la nueva Ley de Costas y evitar las demoliciones de sus edificaciones, según explicó ayer el abogado y representante de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas en Canarias, José Luis Langa.

El letrado explicó que aquellos núcleos costeros del Archipiélago que no tengan sentencia firme para la demolición de sus construcciones podrían evitar esta acción legal, al menos hasta que esté aprobada la nueva norma.

Así, todos aquellos que hayan recurrido sus sentencias y aún estén pendientes de la determinación de la Justicia sobre ese recurso podrían conseguir que los derribos no se produzcan.

Por contra, aquellos núcleos que tengan sentencia firme verán ejecutadas las demoliciones, pues "poco se puede hacer contra esa decisión judicial".

Así, de los 47 núcleos isleños afectados por la Ley de Costas solo en Cho Vito, que Langa tenga conocimiento, se ejecutarán los derribos, pues ya existe sentencia firme sobre este asunto. En igual situación se encuentran algunos de los afectados de Igueste de San Andrés, quienes tras recurrir a la Audiencia Nacional "se aburrieron de tanto luchar y no acudieron al Tribunal Supremo". El resto de los afectados de este núcleo costero, señaló Langa, tienen hasta el 15 de junio para recurrir ante el TS.

Respecto a la nueva ley, Langa señaló que esperará a que se publique el proyecto de la misma en julio para estudiarla, y "luchar para que estos derribos no se efectúen en ningún momento".

Pese a que José Luis Langa desconoce el total de núcleos afectados por esta ley en las Islas, pues la "defensora del Pueblo me ha negado esta información", sí tiene constancia de un total de 47.

En Tenerife, las zonas afectadas son Las Resbaladas, Boca Cangrejo, Playa de la Viuda, Playa de Lima, Las Galletas, El Médano, Mesa del Mar, Igueste de San Andrés, El Caletón de la Matanza, Bajo La Cuesta, Cho Vito, El Varadero, Santa Lucia, Agache, San Juan de la Rambla, Almáciga-Taganana-Roque Bermejo, Los Cristianos, La Caleta-Adeje, Guía de Isora y Playa San Juan.

En La Palma lo están El Rem, La Bombilla y Puntalarga, mientras que en La Gomera las zonas afectadas están ubicadas en Valle Gran Rey, Playa Santiago y San Sebastián, y en El Hierro, Las Calcosas y El Golfo.


En Gran Canaria están afectados Tufia, Ojos de Garza, Bañaderos, San Andrés, San Felipe, Quintanilla, Caleta de Soria, Los Dos Roques, Montaña del Clavo, Agaete y Aldea de Maspalomas, y en Fuerteventura, Jacomar, Puerto Lajas, El Puertito, Los Molinos, Majanicho y Cueva La Negra, y en Lanzarote, Famara, Pedro Barba, La Graciosa y Caleta Caballo

http://eldia.es/2012-06-13/canarias/1-nucleos-costeros-podrian-evitar-derribos-moratoria.htm

Costas advierte de que no detendrá los derribos ordenados por la Justicia

El Ministerio de Medio Ambiente estudiará la suspensión de las actuaciones administrativas hasta que se apruebe la nueva ley, pero matiza que no puede hacer nada en el caso de resoluciones judiciales firmes. Los afectados de Canarias piden que los abogados del Estado no insten la ejecución de las sentencias.



Las buenas noticias con las que los afectados por la Ley de Costas en Canarias volvieron el pasado jueves de su reunión en el Ministerio de Ambiente solo lo son a medias. El abogado José Luis Langa, representante en las Islas de la asociación de perjudicados por esta norma, aclaró ayer que el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, les advirtió de que la "receptividad" de la Administración central a la hora de suspender derribos no alcanzará a aquellos que sean objeto de una resolución judicial firme.

En el encuentro, Saavedra se comprometió a estudiar el aplazamiento, hasta que se apruebe la nueva ley, de aquellas actuaciones administrativas que "representen un perjuicio para las propiedades y los negocios en Canarias", pero matizó que "no puede entrar" en las decisiones judiciales.

Sin embargo, y pese a reconocer la buena voluntad del alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente, Langa -que acudió a la reunión junto a las senadoras del Partido Popular (PP) Luz Marina Socas y Meluca Suárez- recordó que son los abogados del Estado quienes deben instar a la ejecución de las resoluciones de los jueces, por lo que demandó que no se dé este paso mientras no haya luz verde para la nueva ley.

Ante esta solicitud, el secretario general de Costas replicó que dar esas directrices a los abogados del Estado no depende del Ministerio. "Pensamos que debe articularse algún procedimiento entre varios ministerios para que no se materialicen esas ejecuciones si van contra la nueva ley, que será totalmente contraria a la actual", expuso el representante del colectivo de afectados.

A juicio de José Luis Langa, es "de sentido común" que se haga todo lo posible para no aplicar la norma vigente si en breve se promulgará otra que en gran parte la contradice. De acuerdo con la información que el Ministerio le ha facilitado, el anteproyecto de la nueva ley de Costas será presentado en julio, de forma que la ley entrará en vigor antes de que finalice el año.

En cuanto a la intervención del Gobierno canario, Langa lamentó las contradicciones entre los ejecutivos central y autonómico, dado que el primero sostiene que Canarias no ha pedido que se convoque la comisión mixta para la discusión de las competencias en materia de costas y la Administración regional asegura que sí lo ha hecho. La asociación de perjudicados por la ley urge a que se impulse esta mesa de negociación y que se tengan en cuenta las aspiraciones de Canarias y su conocimiento de esta realidad.

En las Islas -con alrededor de 7.000 kilómetros de litoral- hay cerca de cincuenta zonas afectadas por los posibles derribos, entre ellas Igueste de San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), Santa Lucía (Güímar) y Los Roques, (Fasnia), en Tenerife: Ojos de Garza (Telde) y La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria; Valle Gran Rey, en La Gomera; Fuencaliente, en La Palma, y El Golfo, en Lanzarote.

http://eldia.es/2012-06-12/CANARIAS/0-Costas-advierte-detendra-derribos-ordenados-Justicia.htm#eldiacomentarios

Medio Ambiente muestra "gran receptividad" ante la suspensión de los actos administrativos relativos a deslindes

El director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, ha mostrado este jueves "gran receptividad" ante la posibilidad de suspender los actos administrativos respecto a los deslindes hasta la promulgación de una nueva ley de costas.


Así lo ha anunciado el representante de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas en Canarias, José Luis Langa, al término de una reunión con dicho responsable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En la reunión, donde también han participado las senadoras canarias del Centro Canario Nacionalista (CCN), Luz Marina Socas y Meluca Suárez, el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha descartado, sin embargo, la posibilidad de una moratoria de la ley vigente, del año 88. Langa ha explicado que mientras una moratoria puede tener una duración de hasta diez años, una suspensión tiene una duración "limitada" de "uno, dos o cuatro años".

Langa había pedido que el Gobierno "no inste" la ejecución de las sentencias actuales, ante lo que Saavedra respondió que "es complicado no hacerlo". No obstante, el representante de los afectados por la ley de costas en Canarias ha valorado que la suspensión es "un avance importante en cuanto a todos aquellos que estén afectados". Según sus cálculos, en Canarias hay 200.000 afectados directos y más de dos millones de damnificados, contando los indirectos.

Langa ha constatado ante el responsable ministerial que Canarias es la comunidad autónoma más afectada por la ley de costas, al ser la que tiene más kilómetros de litoral. Además, ha señalado que "Canarias se ha construido de cara al mar, vive en el mar y morirá en el mar", y que "los núcleos poblacionales urbanos son pueblos marineros", luego, a su juicio, esta cuestión requiere "la sensibilidad con la que hasta ahora no se ha tratado".

Así, ha pedido un "trato diferencial" para Canarias, frente a lo que Saavedra ha indicado que la ley debe ser de carácter general, pero que "Canarias se verá beneficiada igual que el resto con una nueva aplicación". Con todo, Langa se ha manifestado "optimista" ante la nueva ley, y ha calificado de "receptivo" el talante del director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

CANARIAS, OBSERVATORIO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY


Por otra parte, la senadora por Gran Canaria Meluca Suárez, ha destacado que "aunque no va a haber una disposición concreta hacia Canarias dentro de la ley de costas", Saavedra ha dicho que "Canarias va a ser un observatorio de primer orden por su especificidad y por la longitud de sus costas a la hora de implementar la nueva ley". "Eso para los canarios es importante, porque acorta bastante la distancia que hay entre Canarias y Madrid por el desconocimiento que hay hacia las islas", ha apostillado.

Suárez ha solicitado al responsable ministerial que "desbloquee" el proyecto de la escollera de la playa de la Aldea, que cuenta con financiación; y se ha interesado por el realojo de los vecinos de las poblaciones de Ojos de Garza y Tufia, un tema que se encuentra en los servicios jurídicos, según le ha trasladado Saavedra.


Por su parte, la senadora por Tenerife Luz Marina Socas ha planteado la necesidad de "proteger sí o sí" el pueblo de San Andrés mediante una escollera, ya que "siempre ha estado amenazado por el oleaje, que todos los años se mete en el pueblo". También se ha interesado por el estado de algunos informes dependientes de esta dirección general sobre San Miguel de Abona. A su juicio, el director general ha demostrado que está "muy interesado" por los problemas de Canarias.

http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-medio-ambiente-muestra-gran-receptividad-suspension-actos-administrativos-relativos-deslindes-20120607184231.html

El barrio de Santa Lucía celebra su victoria judicial contra el ayuntamiento

El barrio costero de Santa Lucía celebró este pasado fin de semana un almuerzo de convivencia y con ánimos festivos, tras la reciente victoria obtenida por los vecinos en los tribunales.

Esta localidad de la comarca de Agache, en Güímar, sufrió hace un año las consecuencias de unos desprendimientos, lo que obligó a desalojar la mayor parte de las viviendas de la zona.

En concreto, fueron nueve las familias que tuvieron que ser acogidas de manera provisional en un establecimiento alojativo abonado por el ayuntamiento, por espacio de algo más de un mes. Sin embargo, la corporación local limitó sus gastos económicos con los damnificados, y el supuesto regreso a sus casas de algunas personas fue lo que motivó la presentación de una denuncia por parte del Ayuntamiento de Güímar en los juzgados.

Lo que celebraron los vecinos el pasado domingo fue la decisión del juzgado de Güímar, que decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa que consistió en la denuncia por presunto delito de usurpación por parte del propio Ayuntamiento güimarero, contra cinco vecinos que volvieron a sus viviendas después de haber sido desalojados de ellas.

Por ello, se realizó una gran paella para compartir, y durante la jornada festiva también se rindió un homenaje al abogado José Luis Langa, por su labor de defensa del barrio en su contencioso con la Dirección General de Costas.

El barrio de Santa Lucía aún sigue pendiente de unas obras que aseguren la parte de la ladera que sufrió el desprendimiento, para lo que incluso los vecinos han encargado un estudio a una empresa especializada. Sin embargo, aún no se ha garantizado la financiación, algo para lo que trabajarán de manera conjunta con la corporación municipal ante las administraciones.

http://www.eldia.es/2012-05-24/sur/3-barrio-Santa-Lucia-celebra-victoria-judicial-ayuntamiento.htm

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acepta la queja de los vecinos de Cho Vito ante la vulneración de sus derechos por parte de Tragsa

Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito, afectados por las obras que Tragsa realiza en la zona explicó en La Trapera de Radio San Borondón que han recurrido la sentencia que les condena a pagar una multa por las protestas realizadas para que se crearan accesos a sus casas y denuncia la injusticia sufrida porque la realidad es que los vecinos del barrio marinero se vieron encerrados por esa empresa como si estuvieran en un campo de concentración como castigo por su resistencia de tantos años.


Cabe recordar que hace algunas semanas tuvo lugar un juicio contra algunos vecinos de Cho Vito tras la denuncia de la constructora por la paralizaron las obras del paseo de Caletillas al considerar que se estaban destrozando los accesos a las viviendas sin que se hubieran dotados a las mismas de accesibilidad y cuya sentencia determinó una sustancial multa a la familia de Tomás González.

El portavoz vecinal explicó que han recurrido dicha sentencia al considerarla injusta y explica que los vecinos no se han opuesto nunca a que se realizaran las obras, pero sí a las formas y a los métodos utilizados a la hora de llevar a cabo los trabajos, ya que lo cierto es que los vecinos de Cho Vito se vieron encerrados como si estuvieran en un campo de concentración como castigo por su resistencia de tantos años.

En aquellos días todo el mundo pudo comprobar que Tragsa cerró Cho Vito a cal y canto, de modo que quienes estaban dentro del poblado no podían salir y quienes estaban fuera, no podían acceder a sus viviendas, lo que motivó la movilización y la polémica, que finalmente condujo a una miserable denuncia de Tragsa, causante de todos los males y la posterior sentencia que castiga a quienes ya estaban siendo castigados, dijo González.

Desde su punto de vista, lo preocupante de la sentencia es que la Justicia comete una injusticia, ya que no les condenan por paralizar las obras, que en todo caso sería un delito de faltas y, por tanto, menor, sino por los costes derivados de la parada y retirada de las palas, sin tener en cuenta que la protesta básicamente se hizo cuando ya no estaban trabajando y, sobre todo, cuando al día siguiente Tragsa se vio obligada a llevar nuevamente la maquinaria al lugar para arreglar los destrozos causados en los accesos de las viviendas, lo cual pone de manifiesto la total incongruencia de la sentencia.

Tomás González no tiene ninguna duda de que esta sentencia es un tributo que tiene que pagar por tantos años de lucha y resistencia contra los abusos que se querían cometer en Cho Vito, dicho lo cual anuncia que han presentado una queja formal en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) que ha sido aceptada por la vulneración de sus derechos en este problema.

Además, han denunciado ante el Parlamento Europeo que Tragsa trabaja para el Gobierno español a través de encomiendas, las cuales son “troceadas” para evitar que salgan a libre concurrencia, con lo que solicitan a Bruselas que investigue a dicha empresa, que factura muchos miles de millones de euros cada año, los contratos a dedo que recibe de la administración para que realice obras con su personal y con personal subcontratado sin que haya por tanto libre concurrencia como se requiere para la obra pública.

http://www.canariasactual.com/2012/05/16/la-comision-de-peticiones-del-parlamento-europeo-acepta-la-queja-de-los-vecinos-de-cho-vito-ante-la-vulneracion-de-sus-derechos-por-parte-de-tragsa/

El Parlamento pedirá la anulación del deslinde en Famara, que se adentra “hasta tres kilómetros” desde la costa

La proposición no de ley ha sido planteada por el diputado Juan Pedro Hernández, antiguo alcalde de Teguise. En la iniciativa recalca que se trata del “primer deslinde que se realiza en España a una distancia tan distante de la costa”.

El deslinde aprobado por Costas afecta a una zona del litoral de más de 16.000 metros de la zona de Los Dises, en Caleta de Caballo, hasta el pueblo de Caleta de Famara.

El diputado nacionalista resalta que “los criterios en los que se ha basado Costas para justificar este nuevo deslinde” son “arbitrarios y poco razonables”.

Hernández destaca la existencia de “diversos errores en el documento” como es la procedencia del jable, que se ha tenido como fundamento para trazar la línea del deslinde del dominio público marítimo terrestre y la zona de servidumbre.

Desde el final de la Caleta de Famara hacia Caleta de Caballo la línea del deslinde se aleja de la zona más próxima a la costa y se adentra prácticamente hasta la carretera de Soo.

Tierra adentro

“Son numerosas las propiedades privadas afectadas por este deslinde que ahora son del Estado y no de sus verdaderos titulares”, destaca el diputado nacionalista en la iniciativa parlamentaria.

Recalca que las fincas incluidas dentro del área del deslinde, buena parte “están en explotación agrícola, con cultivos específicos del jable como batatas, sandías o melones”, que constituyen una “fuente de ingresos de los habitantes de los núcleos cercanos”.

Hernández denuncia que aplicando la Ley de Costas, “estas fincas pierden su carácter privado y, después de la declaración de posesión y titularidad dominical, pasan a favor del Estado”.

Deslinde criticado

El Parlamento de Canarias, con seguridad al ser una propuesta de CC, instará al Gobierno de Canarias, para que éste, a su vez, solicite al Gobierno de España la anulación de este deslinde y se mantenga el vigente, que no afecta a propietarios particulares.

En la iniciativa se pide que el deslinde definitivo coincida con el planeamiento vigente en la zona, recogido en el plan rector del parque natural del Archipiélago Chinijo, o que se haga “con unos criterios más razonables”.



redaccion@diariodelanzarote.com

El Juzgado de Güímar (Tenerife) avala que la vuelta de los vecinos de Santa Lucía a sus casas fue legal

El Juzgado de Güímar (Tenerife) ha dado la razón a los vecinos del barrio de Santa Lucía y ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia del Ayuntamiento por presunto delito de usurpación contra cinco vecinos que volvieron a sus viviendas después de haber sido desalojados de ellas hacía casi dos años.



La resolución judicial, del 7 de mayo de 2012, afirma textualmente que "de las declaraciones de los imputados se infiere que no ha podido incurrirse en un delito de usurpación por cuanto éstos son los legítimos ocupantes de las viviendas".

El auto también indica que "se infiere que cuando acudieron a las viviendas [los imputados] ya no existía precinto alguno y lo hicieron en conciencia por estimar que al haberse efectuado las obras por el Ayuntamiento ya era posible ocupar nuevamente sus viviendas; no entendiendo que exista una actitud deliberada y consciente de incumplir con una orden de la autoridad".

El abogado de los vecinos imputados y también representante de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, destaca la "inmediatez" de la resolución por parte del Juzgado de Güímar y asegura que "es una victoria más de la razón y de la justicia sobre una denuncia injusta, especialmente porque hace años que el Consistorio tendría que haber hecho las obras de rehabilitación necesarias para que estas situaciones no se produjeran".

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3960705/05/12/el-juzgado-de-guimar-tenerife-avala-que-la-vuelta-de-los-vecinos-de-santa-lucia-a-sus-casas-fue-legal.html

El Supremo contradice al Gobierno y ratifica la zona de servidumbre de Costas para Pedro Barba en 100 metros

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por un grupo de afectados del pueblo de Pedro Barba, en la isla de La Graciosa, que impugnaron el deslinde del dominio público marítimo terrestre establecido por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en 2008.

 El Supremo ha ratificado el criterio de Costas de que la localidad, con apenas una veintena de edificaciones construidas en la costa este de La Graciosa, no tenía la consideración de suelo urbano cuando entró en vigor la Ley de Costas en el año 1988. La consecuencia es que la zona de servidumbre de protección, que establece limitaciones para los propietarios de suelo, como no aumentar el volumen de los inmuebles existentes o no construir edificaciones de nueva planta, se ha fijado en 100 metros desde el deslinde del dominio público marítimo terrestre.
 El Supremo acogió el criterio de la Dirección General de Costas de que, cuando entró en vigor la ley, Pedro Barba no estaba clasificado como suelo urbano. El núcleo fue calificado como tal por el planeamiento de Teguise en 2001 aunque luego, en el plan rector del Archipiélago Chinijo, de 2005, se reclasifica a rústico de asentamiento rural. El Gobierno de Canarias emitió un informe para respaldar la consideración de urbano del pueblo de Pedro Barba y que de esta manera la servidumbre de protección se redujera a 20 metros, pero el Tribunal Supremo considera que ni se aportaron planos ni documentación que acreditase que lo fuese.
 Deslinde
El deslinde de Costas en Pedro Barba afecta a un tramo de litoral de unos 675 metros de longitud. La Dirección General señaló que el paseo marítimo “se construyó sobre terrenos ganados al mar” y, por tanto, lo incluyó dentro de los terrenos de dominio público. http://www.diariodelanzarote.com/2012/05/10/lanzarote08.htm

Tufia pierde el derecho a luchar por sus casas ante el Tribunal Supremo

El Alto Tribunal se niega a admitir a trámite los recursos que presentaron cuatro vecinos porque el valor de sus viviendas es inferior a los 120.000 euros

Las vías abiertas por los vecinos de Tufia para intentar salvar sus casas siguen agotándose. Mientras los residentes esperan a que el Ministerio de Medio Ambiente autorice una moratoria para la reconstrucción de las 17 viviendas que ocupan suelo de dominio público marítimo-terrestre en la cala, varios de los propietarios afectados han continuado sus litigios en los tribunales.
 La última noticia al respecto, todo un revés para los residentes, es que el mismísimo Tribunal Supremo (TS) se ha negado a admitir a trámite los recursos que cuatro de ellos presentaron después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avalase las pretensiones de la Demarcación de Costas de meter la piqueta y derribar los inmuebles que están junto al mar. La razón que esgrime el Alto Tribunal para ello es que la cuantía de los procedimientos -o dicho de otra manera, el valor de las casas- es inferior a 120.000 euros, y por debajo de esa cantidad, al parecer, no merecen la atención de sus magistrados.
El caso es que alguno de estos vecinos se ha tenido que gastar del orden de 7.000 euros para mantener vivo el pleito ante la administración de Justicia, y se desconoce ahora si al menos podrán recuperar este importe, total o parcialmente. Hace ya más de un año que el TSJC desestimó varios de los recursos contenciosos administrativos que los vecinos presentaron como respuesta a la intención del Estado de tirar sus moradas. El indulto temporal de Madrid, que debiera ser concedido al mismo tiempo que el Ayuntamiento consigue terrenos para reconstruir estas casas, o la opción de que el caserío sea declarado núcleo pintoresco son ya las únicas salidas que permanecen abiertas.
 A todas estas, el drama también asuela a los vecinos de la playa de Ojos de Garza. Estos días han vuelto a recibir otra sentencia que respalda la orden de derribo de otra de las 21 casas que están asentadas sobre suelo de dominio público marítimo-terrestre. Con esta ya son 15 las notificadas a los vecinos. Todos siguen esperando a que Madrid conteste sobre una prórroga que facilite su reconstrucción
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2012/05/07/tufia-pierde-derecho-luchar-casas-supremo/455791.html

El TSJC suspende los derribos en Bajo La Cuesta

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el expediente incoado por la Demarcación de Costas contra propietarios de viviendas de Bajo La Cuesta, para recuperar el dominio público marítimo terrestre. Una sentencia fechada el pasado 29 de marzo da este procedimiento administrativo por caducado, debido a que se notificó a los afectados fuera del plazo aplicable en estos casos. El fallo lo dictó la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, tras un recurso interpuesto por ocho vecinos de este barrio de Candelaria, representados por el abogado Pedro Fernández Arcila, aunque sólo se estimaron las pretensiones de dos demandantes.
Al resto se les desestimó, pues apelaron contra la inadmisión de sus respectivos recursos del alzada por parte de Costas, al ser presentados fuera de plazo. El TSJC sostiene en los fundamentos de derecho que “al no haber ninguna norma de este concreto procedimiento que establezca un plazo, ha de tramitarse y resolverse en tres meses”, por lo que “de esta forma se llega a la conclusión de que se ha producido caducidad en el procedimiento de recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre seguido por la Administración” contra estos vecinos candelarieros.
Y ello es así porque “incoado este procedimiento en la fecha de 26 de diciembre de 2007, y notificados los interesados de la resolución del expediente en 28 de marzo de 2008, obvio es que la tramitación administrativa sobrepasó el plazo perentorio de tres meses que era aplicable al caso” de Bajo La Cuesta. La sentencia -dictada por los magistrados Angel Acevedo (en calidad de presidente del tribunal), Rafael Alonso y María del Pilar Alonso- no entra en el fondo del litigio, sino aborda la cuestión formal de los plazos que deben cumplir la Administración, y en este sentido invoca la la Ley 30/1992 que fija una “regla general” de seis meses para adoptar y notificar resoluciones expresas, con dos excepciones: puede ser mayor de un semestre si así lo establece una norma con rango de ley o de aplicación en la Unión Europea, o bien de tres meses cuando las normas reguladoras de los procedimientos administrativos no prevean un tiempo máximo.
 Unas 30 familias de este núcleo llevan cuatro años reclamando que se revise el trazado del nuevo deslinde, de 2006. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha sostenido que, si bien las viviendas son anteriores a 1988 – cuando entró en vigor la Ley- se construyeron ya de forma ilegal dentro del deslinde existente desde 1969 http://www.diariodeavisos.com/2012/05/04/actualidad/el-tsjc-suspende-los-derribos-en-bajo-la-cuesta/

El Ayuntamiento se moja con Igueste

El gobierno local exige a Costas una moratoria para evitar el derribo de las casas que incumplen la Ley

El grupo de gobierno de Santa Cruz propondrá durante el próxima pleno un mensaje de apoyo "rotundo y sin fisuras" a los vecinos de Igueste de San Andrés en su pugna con la Dirección General de Costas para mantener sus viviendas. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha encargado la redacción de una moción institucional contra los derribos de los inmuebles afectados por la Ley de Costas en este enclave del litoral chicharrero. Una vez aprobada la moción, algo que no ofrece dudas por el apoyo ya comprometido de la totalidad de los grupos políticos a los afectados de Igueste, la propia administración capitalina remitirá el documento al Parlamento Europeo.
De este modo, el gobierno local pretende evitar la aplicación de la normativa de Costas en este núcleo poblacional. En la elaboración del texto colaborará el abogado y portavoz en Canarias de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, según se acordó en un encuentro que este mantuvo con Bermúdez y al que también asistieron el primer teniente alcalde y edil de Economía, Julio Pérez, el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, y el responsable del Distrito Anaga, Fernando Ballesteros, así como varios técnicos municipales
. Langa considera que la apertura de esta vía por parte de la administración municipal "facilitar mucho" la lucha de los vecinos para preservar sus casas y fincas. "Se trata de buscar soluciones para que los vecinos no pierdan sus inmuebles y que prime el interés general", señaló Langa.
El abogado y portavoz de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas apuntó que la aprobación de la moción institucional busca que el Ministerio de Medio Ambiente respete este enclave costero. "Buscamos dar tranquilidad a los propietarios afectados. Nuestra intención es que, al igual que sucede en otros puntos de Canarias como Valle Gran Rey o Los Roques, la normativa no suponga una condena para la historia y la tradición de las Islas", añadió La futura moción institucional se suma a otras acciones por parte del Ayuntamiento en favor de los vecinos de Igueste de San Andrés afectados por la normativa de Costas.
 En la última, hace apenas dos meses, la administración capitalina ya ofreció sus servicios jurídicos para defender los inmuebles situados dentro de los límites del dominio público marítimo terrestre. Por aquel entonces, Bermúdez se comprometió en una reunión con los afectados y con varios colectivos de la zona a poner a su disposición toda la ayuda posible. Sentencia La última sentencia de la Audiencia Nacional establece que 97 parcelas y 22 viviendas del barrio se encuentran dentro de los 100 metros fijados como los límites del dominio público marítimo y que, por lo tanto, podrían ser eliminadas en aplicación de la actual Ley de Costas.
La sentencia avala la postura de Medio Ambiente de establecer el deslinde del dominio público marítimo terrestre en 100 metros, y no en los 20 que solicitaban los propietarios afectados por la normativa de costas. Según el documento de la magistrada Elisa Veiga, los terrenos afectados, que constituyen prácticamente la mitad de todas las edificaciones de esta localidad, no estaban calificados como suelo urbano en el Plan General de Ordenación de 1957. Del mismo modo, recuerda que en la reforma del planeamiento de 1992 dichos terrenos figuran como rústicos. Durante la última reunión, el equipo de gobierno local también informó a José Luis Langa de que la actual revisión del PGO no modificará la calificación de estos terrenos. "Sabía que el Ayuntamiento no podría realizar este cambio, pero quería conocer cuál era su postura sobre Igueste", explicó para recordar que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para defender los intereses de estos propietarios.
 http://www.laopinion.es/tenerife/2012/05/02/ayuntamiento-moja-igueste/411048.html