El deslinde costero de Santa Cruz ha traído de cabeza a muchos vecinos, sobre todo de la zona de Anaga. Con la aprobación de la nueva Ley de Costas en el Congreso, esta foto puede volver a cambiar.
Cada vez que la Dirección General de Costas realiza un deslinde, un maremoto remueve la vida de las miles de personas que tienen una casa cerca del mar.
Costas es quien marca la línea que delimita el dominio público marítimo-terrestre, el lugar donde no puede existir ninguna edificación, y también quien aprueba la servidumbre de protección.
Estos términos técnicos, en la práctica, tienen decisivas consecuencias sobre los ciudadanos. La servidumbre de protección se establece desde el lugar donde acaba el dominio público y va desde un máximo de 100 metros, en terrenos no urbanizables, a un mínimo de 20 metros en zonas urbanas.
Si existe una obra o instalación construida antes de 1988 y estas fueron autorizadas por la anterior Ley de Costas de 1969 o las que se aplicara antes, el Gobierno de la nación otorga una concesión. El máximo de dicha concesión es de 30 años prorrogable otros 3o. Cuando finaliza esta concesión, la construcción es demolida.(TAMBIEN PUEDEN RESCATAR LA CONCESIÓN CUANDO COSTAS QUIERA)
También puede darse el caso de que la vivienda esté en servidumbre de protección. La pugna entre propietarios y Costas pasa por delimitar dicha servidumbre. La ley de 1969 la establecía en 20 metros, pero la de 1988 ascendía el máximo a 100.
Si estás en servidumbre de protección también vas a tener problemas. Tu casa está fuera de ordenación y no puedes hacer nada con ella, salvo dejarla caer con el paso del tiempo.
Con una nueva Ley de Costas en ciernes, el deslinde del litoral de Santa Cruz de Tenerife puede volver a cambiar. Pero por ahora esta es la foto fija de cuál es la situación de los 58 kilómetros de costa de la capital.
Donde más vecinos hay afectados por el dominio público es en los núcleos urbanos de Anaga. De hecho, Sí se Puede presentó en noviembre una moción sobre este asunto que fue aprobada por unanimidad. En ella se solicitaba que el proyecto de ley de la nueva Ley de Costas introdujera "una enmienda en la que se reconociera la reducción de la servidumbre de protección a 20 metros para las entidades de población existentes antes de 1988 y cuyas características, por encontrarse en un ámbito rural clasificado como suelo rústico, no justifiquen su clasificación como suelo urbano".
Arcila se mostraba especialmente preocupado por los núcleos de Tachero, Roque de las Bodegas, Almáciga e Igueste de San Andrés, que son los que cuentan con una línea de dominio público más amplia (de 100 metros), a pesar de haber solicitado su reducción a 20 metros.
En el caso del deslinde entre la playa de El Burro y la de Antequera, Costas argumenta que, a la entrada en vigor de Ley de Costas, los terrenos de Igueste de San Andrés no estaban clasificados como suelo urbano en el PGO de 1957. La revisión del PGO de 1992, mantenía la clasificación de dichos terrenos como rústicos.
De hecho, critican que en el informe emitido expresamente en noviembre de 2002 por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no se desprende situación urbana consolidada en el núcleo de Igueste de San Andrés previa vigencia de la Ley de Costas. "Se trata de un informe ad hoc para este procedimiento, que no se apoya en ningún otro informe, certificado y cualquier otro tipo de documento que avale las manifestaciones contenidas en el mismo", asegura el informe.
Costas estima parcialmente las alegaciones de Haineto Príncipe de Anaga y dos vecinos más. Pero desestiman las de más de 35 vecinos.
Se desestiman las alegaciones de cinco elegantes y de otro más sobre los acantilados y de 30 más aparte.
La segunda parte de la moción de Sí se Puede ya se cumplió. Consistía en que el alcalde se reuniera con los parlamentarios canarios para que hicieran frente común para tratar de modificar la nueva Ley de Costas y salvar a los vecinos de Anaga. De poco ha servido.
El Partido Popular, que es quien aprobó en solitario la ley esta semana en el Congreso, asegura que la nueva norma ofrece muchas posibilidades. Ana Zurita, edil popular, reconoce que aún quedan cosas que pulir en el trámite en el Senado, pero incide en la flexibilidad de la nueva ley. Esta recoge en su disposición transitoria segunda la posibilidad de reducir el deslinde hasta 20 metros si se demuestra que los núcleos poblacionales contaban con acceso rodado, agua, evacuación de aguas residuales y energía eléctrica antes de 1988.
Ojalá sea así, porque para un vecino de Santa Cruz de Tenerife estar en dominio público significa que, más tarde o más temprano, Costas se quedara con su casa y la destruirá.
http://www.eldia.es/2013-02-24/SANTACRUZ/7-Costas-marca-linea.htm
EL ESPIRITU DE CHO VITO ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS. CANARIAS. AEPLC Presidente. Carmen del Amo.626823246 perjudicadosporcostas@yahoo.es. Vicepresidente. Margarita Garcia.628907856.
Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60
domingo, 24 de febrero de 2013
jueves, 21 de febrero de 2013
miércoles, 20 de febrero de 2013
Este desmán quedó amnistiado
A toda prisa, el Gobierno del PP consiguió sacar adelante ayer la nueva Ley de Costas en comisión del Congreso de los Diputados gracias a su mayoría absoluta. La normativa, polémica, porque salva de la destrucción unas 10.000 viviendas de diez zonas y porque da otros 75 años de moratoria a construcciones condenadas a la piqueta en 2018, entre otros asuntos, tendrá que aprobarse ahora en el Senado.
El PP escuchó críticas de todos los partidos que acusaban al Gobierno de intentar privatizar el litoral, de buscar la última palabra para tumbar proyectos en la costa y de echar en el olvido el cambio climático. Solo incluyó cambios técnicos en un par de artículos y pequeñas modificaciones. La oposición en bloque votó en contra, con la excepción de CiU, que se abstuvo.
Como novedad, el portavoz del PP, Rafael Hernando, anunció que incluirán un “nuevo paquete de enmiendas” sobre cambio climático cuando la ley llegue al Senado.
“Hacen una ley con amnistías de construcciones a 75 años sin prever los efectos del cambio climático en un país tan vulnerable como el nuestro”, reclamó la diputada Laia Ortiz, de ICV. “Es una clara irresponsabilidad”, añadió.
Greenpeace también critica que la norma ignore las proyecciones de subida del mar por el cambio climático. La organización conservacionista cree que las concesiones de las viviendas situadas a la orilla del mar a tan largo plazo pueden hacer que el Estado tenga que indemnizar a los propietarios si el mar se come sus casas. La ley también reduce la servidumbre de protección en las rías de 100 metros a 20. Así salva muchos problemas con los núcleos rurales de Galicia que estaban afectados y ahora quedan eximidos.
Carmen del Amo, presidenta de una asociación de perjudicados por la Ley de Costas, confirmó sus sospechas de que no se iban a introducir grandes cambios en la normativa. “Lo peor es la discriminación y la arbitrariedad con la que se ha redactado”, se quejaba la representante de un grupo de afectados cuyas propiedades fueron construidas legalmente antes de la aprobación de la Ley de Costas de 1988. “A unos les benefician y a otros no (...) todo esto no se entiende”, añadía.
Hernando, que también oyó estas quejas durante el debate, explicó los criterios por los que se han seleccionado los 10 núcleos que se beneficiaran de la tan nombrada amnistía. Primero habló de la necesidad de que se tratara de núcleos residenciales, después de que hubieran sido construidos antes de la Ley de 1988 y que los deslindes fueran anteriores también a esta fecha. Para salvarlos, Medio Ambiente también ha tenido en cuenta que la inversión necesaria para recuperar las características naturales del dominio público marítimo terrestre fuera desproporcionada.
El PP se ha amparado en la “mala imagen” de España que se crearía en el exterior si esas viviendas se derriban, ya que muchos de los propietarios de las viviendas son extranjeros. Ayer volvieron a agarrarse a ese argumento, y al de la “inseguridad jurídica”. Ahora, los propietarios de esas construcciones podrán venderlas, hacer obras o transmitirlas a sus herederos, algo que antes no estaba permitido. Entre esas zonas salvadas está el barrio de pescadores de El Palo (Málaga), residencias de Oliva (Valencia), que fueron deslindadas en octubre de 1947, o la marina de Empuriabrava (Girona), construida con canales privados artificiales para extranjeros en los años setenta.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/19/actualidad/1361311273_106777.html
El PP escuchó críticas de todos los partidos que acusaban al Gobierno de intentar privatizar el litoral, de buscar la última palabra para tumbar proyectos en la costa y de echar en el olvido el cambio climático. Solo incluyó cambios técnicos en un par de artículos y pequeñas modificaciones. La oposición en bloque votó en contra, con la excepción de CiU, que se abstuvo.
Como novedad, el portavoz del PP, Rafael Hernando, anunció que incluirán un “nuevo paquete de enmiendas” sobre cambio climático cuando la ley llegue al Senado.
“Hacen una ley con amnistías de construcciones a 75 años sin prever los efectos del cambio climático en un país tan vulnerable como el nuestro”, reclamó la diputada Laia Ortiz, de ICV. “Es una clara irresponsabilidad”, añadió.
Greenpeace también critica que la norma ignore las proyecciones de subida del mar por el cambio climático. La organización conservacionista cree que las concesiones de las viviendas situadas a la orilla del mar a tan largo plazo pueden hacer que el Estado tenga que indemnizar a los propietarios si el mar se come sus casas. La ley también reduce la servidumbre de protección en las rías de 100 metros a 20. Así salva muchos problemas con los núcleos rurales de Galicia que estaban afectados y ahora quedan eximidos.
Carmen del Amo, presidenta de una asociación de perjudicados por la Ley de Costas, confirmó sus sospechas de que no se iban a introducir grandes cambios en la normativa. “Lo peor es la discriminación y la arbitrariedad con la que se ha redactado”, se quejaba la representante de un grupo de afectados cuyas propiedades fueron construidas legalmente antes de la aprobación de la Ley de Costas de 1988. “A unos les benefician y a otros no (...) todo esto no se entiende”, añadía.
Hernando, que también oyó estas quejas durante el debate, explicó los criterios por los que se han seleccionado los 10 núcleos que se beneficiaran de la tan nombrada amnistía. Primero habló de la necesidad de que se tratara de núcleos residenciales, después de que hubieran sido construidos antes de la Ley de 1988 y que los deslindes fueran anteriores también a esta fecha. Para salvarlos, Medio Ambiente también ha tenido en cuenta que la inversión necesaria para recuperar las características naturales del dominio público marítimo terrestre fuera desproporcionada.
El PP se ha amparado en la “mala imagen” de España que se crearía en el exterior si esas viviendas se derriban, ya que muchos de los propietarios de las viviendas son extranjeros. Ayer volvieron a agarrarse a ese argumento, y al de la “inseguridad jurídica”. Ahora, los propietarios de esas construcciones podrán venderlas, hacer obras o transmitirlas a sus herederos, algo que antes no estaba permitido. Entre esas zonas salvadas está el barrio de pescadores de El Palo (Málaga), residencias de Oliva (Valencia), que fueron deslindadas en octubre de 1947, o la marina de Empuriabrava (Girona), construida con canales privados artificiales para extranjeros en los años setenta.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/19/actualidad/1361311273_106777.html
Yaiza reafirma la justificación del carácter urbano de El Golfo y Playa Quemada
El Ayuntamiento de Yaiza aprovecha la Modificación de la Ley de Costas para reafirmar ante el Ministerio de Medio Ambiente el carácter urbano de los núcleos costeros de El Golfo y Playa Quemada y evitar la amenaza de derribo que pesa sobre las edificaciones más próximas al mar. El primer teniente de alcalde, José Antonio Rodríguez, y los concejales Juan Lorenzo Tavío y Roque Herrera solicitaron este jueves al senador por Lanzarote, Óscar Luzardo, su implicación directa en este asunto para facilitar en el Ministerio de Medio Ambiente la consecución del objetivo, según ha adelantado el propio Consistorio sureño en nota de prensa.
La vía de comunicación entre la Oficina Técnica de Yaiza y la Dirección General de Costas, dependiente de Medio Ambiente, permanece abierta con flujo de documentación acreditativa. Ahora de lo que se trata es reforzar la gestión política para demostrar el carácter urbano de los pueblos y enfatizar la importancia que supone para los vecinos y el municipio la normalización de la situación de incertidumbre que viven los habitantes de El Golfo y Playa Quemada.
El senador por Lanzarote, que asume “con gusto” la petición del gobierno municipal, prevé que la modificación de la Ley de Costas comience su tramitación en las Cortes Generales del Estado antes de finalizar el año. En cualquier caso, existe consenso para buscar una solución al problema que permita garantizar la actividad económica de bares y restaurantes.
Según expresó Luzardo, la reforma legislativa pretende compatibilizar la protección de las costas con el crecimiento económico y la seguridad en el empleo, y preservar los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en zonas del litoral.
El gobierno de Yaiza se mantiene firme en su lucha de proteger los intereses de los vecinos afectados y de encontrar una respuesta satisfactoria a los mismos. En un anterior encuentro con el senador, el Ayuntamiento había insistido en la necesidad de flexibilizar los requisitos para favorecer una aplicación homogénea de la ocupación del dominio público marítimo - terrestre por establecimientos de comidas y bebidas en el litoral, teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos.
http://www.cronicasdelanzarote.es/Yaiza-reafirma-la-justificacion,42626.html
La vía de comunicación entre la Oficina Técnica de Yaiza y la Dirección General de Costas, dependiente de Medio Ambiente, permanece abierta con flujo de documentación acreditativa. Ahora de lo que se trata es reforzar la gestión política para demostrar el carácter urbano de los pueblos y enfatizar la importancia que supone para los vecinos y el municipio la normalización de la situación de incertidumbre que viven los habitantes de El Golfo y Playa Quemada.
El senador por Lanzarote, que asume “con gusto” la petición del gobierno municipal, prevé que la modificación de la Ley de Costas comience su tramitación en las Cortes Generales del Estado antes de finalizar el año. En cualquier caso, existe consenso para buscar una solución al problema que permita garantizar la actividad económica de bares y restaurantes.
Según expresó Luzardo, la reforma legislativa pretende compatibilizar la protección de las costas con el crecimiento económico y la seguridad en el empleo, y preservar los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en zonas del litoral.
El gobierno de Yaiza se mantiene firme en su lucha de proteger los intereses de los vecinos afectados y de encontrar una respuesta satisfactoria a los mismos. En un anterior encuentro con el senador, el Ayuntamiento había insistido en la necesidad de flexibilizar los requisitos para favorecer una aplicación homogénea de la ocupación del dominio público marítimo - terrestre por establecimientos de comidas y bebidas en el litoral, teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos.
http://www.cronicasdelanzarote.es/Yaiza-reafirma-la-justificacion,42626.html
Gobierno canario dice que miles de personas se arriesgan a perder la casa
El Gobierno canario ha criticado hoy que se hayan rechazado en el Congreso de los Diputados las enmiendas relativas al Archipiélago en el proyecto de Ley de Costas, con lo que, ha añadido, se ha dado la "espalda a miles de canarios, que ahora se arriesgan a perder su casa si no se corrige esta injusticia".
En un comunicado, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Rivero, también dice que la norma es "arbitraria e injusta" porque no recoge las condiciones especiales del Archipiélago ni su particular relación con el mar, mientras que, agrega, se permiten excepciones en otras autonomías.
En su opinión, alguien deberá responder por la "arbitrariedad" de no incluir las condiciones de Canarias, y explicar por qué hay excepciones a la obligación de derribo de las construcciones ubicadas en zona de dominio público marítimo-terrestre en lugares como Galicia, Valencia o Baleares.
Martín Marrero lamenta que el Gobierno canario no haya sido consultado en ningún momento para la reforma de la Ley, a pesar de que las competencias de los usos en las playas y las zonas de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre pertenecen a la Comunidad Autónoma.
Recuerda que en Canarias hay más de cien núcleos que se verán afectados por la Ley de Costas y que la ampliación de las concesiones en 75 años, uno de los criterios incorporados en la ley, no garantiza la integridad de todos esas viviendas, destaca.
Martín Marrero indica que, de acuerdo con las estimaciones de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias y dada la configuración urbanística y de propiedad de los actuales núcleos tradicionales afectados por el dominio público marítimo terrestre, en Canarias más del 90 por ciento no podrán acogerse a la solución.
La reforma de la ley de Costas fue aprobada ayer en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja con los votos del grupo Popular, la abstención de CIU y la negativa del PNV, UPyD, grupo Mixto, Izquierda Plural y PSOE, porque la norma, según ha señalado la mayor parte de la oposición, abre el litoral al negocio privado.
EFE
http://www.diariovasco.com/agencias/20130220/mas-actualidad/sociedad/gobierno-canario-dice-miles-personas_201302201417.html
En un comunicado, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Rivero, también dice que la norma es "arbitraria e injusta" porque no recoge las condiciones especiales del Archipiélago ni su particular relación con el mar, mientras que, agrega, se permiten excepciones en otras autonomías.
En su opinión, alguien deberá responder por la "arbitrariedad" de no incluir las condiciones de Canarias, y explicar por qué hay excepciones a la obligación de derribo de las construcciones ubicadas en zona de dominio público marítimo-terrestre en lugares como Galicia, Valencia o Baleares.
Martín Marrero lamenta que el Gobierno canario no haya sido consultado en ningún momento para la reforma de la Ley, a pesar de que las competencias de los usos en las playas y las zonas de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre pertenecen a la Comunidad Autónoma.
Recuerda que en Canarias hay más de cien núcleos que se verán afectados por la Ley de Costas y que la ampliación de las concesiones en 75 años, uno de los criterios incorporados en la ley, no garantiza la integridad de todos esas viviendas, destaca.
Martín Marrero indica que, de acuerdo con las estimaciones de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias y dada la configuración urbanística y de propiedad de los actuales núcleos tradicionales afectados por el dominio público marítimo terrestre, en Canarias más del 90 por ciento no podrán acogerse a la solución.
La reforma de la ley de Costas fue aprobada ayer en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja con los votos del grupo Popular, la abstención de CIU y la negativa del PNV, UPyD, grupo Mixto, Izquierda Plural y PSOE, porque la norma, según ha señalado la mayor parte de la oposición, abre el litoral al negocio privado.
EFE
http://www.diariovasco.com/agencias/20130220/mas-actualidad/sociedad/gobierno-canario-dice-miles-personas_201302201417.html
El PP saca adelante la Ley de Costas en solitario en el Congreso
El Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de la Ley de Costas, con el apoyo del PP, la abstención de CiU y la negativa del PNV, UPyD, grupo mixto, Izquierda Plural y PSOE, porque la norma, según ha señalado la mayor parte de la oposición, abre el litoral al negocio privado.
La norma, que salvará por 75 años más 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la playa, será remitida ahora al Senado, donde el PP ha anunciado que incluirá un grupo de enmiendas para tener en cuenta el cambio climático.
De las 145 enmiendas presentadas a este texto, y en una sesión que se ha alargado tres horas y media, el Grupo Popular ha admitido dos de Coalición Canaria, ha transaccionado una con el PNV, ha aceptado varias de Izquierda Plural y BNG, y ha transaccionado siete, de carácter técnico, con CiU.
El portavoz de este último grupo, Martí Barberá, ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad, "si es necesario", porque considera que la llamada cláusula "antialgarrobico" invade las competencias locales al permitir al Gobierno parar obras en el litoral, previamente aprobadas por los ayuntamientos.
El texto 'amnistía' diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga
No obstante, el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, ha opinado que esta cláusula no vulnera la autonomía local porque permite la posibilidad de recurrir a los ayuntamientos.
Urbanismo salvaje
Hernando ha negado asimismo que la reforma abra la puerta al "urbanismo salvaje", como ha asegurado la oposición, y ha anunciado que presentarán en el Senado un grupo de enmiendas sobre el cambio climático.
Incluye una clausula 'antialgarrobicos' y una prórroga para industrias contaminantes
La ausencia de alusiones al cambio climático en esta reforma y sus consecuencias sobre el litoral había sido objeto de numerosas enmiendas y críticas.
Durante el debate, que se ha celebrado en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Ana Oramas (CC) ha afirmado que la reforma no corrige los problemas del litoral y no cumple con la máxima sostenibilidad.
Legaliza lo ilegal
A juicio de Olaia Fernández Dávila (BNG), la futura ley "soluciona la ilegalidad" y su objetivo es garantizar industrias contaminantes, mientras que el diputado Joan Baldoví (Compromís) ha calificado de "nula" la disposición del PP de aceptar enmiendas, y ha considerado que hay artículos que vulneran la Constitución.
También para Joseba Agirretxea (PNV) han supuesto una "gran decepción" las "pocas ganas" de negociar del PP; y Toni Cantó (UPyD) ha afirmado que se trata de una ley de "resultados inaceptables", y que el litoral está peligro por su "estrechez de miras".
La diputada Laia Ortiz (Izquierda Plural) ha coincidido en que se desprotege el litoral y ha criticado que el texto haya seguido un proceso "tan opaco y acelerado".
Degradación de la costa
Finalmente, María José Rodríguez (PSOE) ha apuntado que se "alienta la degradación de las costas a través de una amnistía ambiental" y se abre la veda a la especulación.
Según el Gobierno, la reforma de la Ley de Costas no permitirá construir donde antes estaba prohibido.(COSA QUE YA ESTABA PROHIBIDO)
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral (casas, restaurantes u hoteles).(TAMBIEN ESTABA PROHIBIDO)
En cuanto a las papeleras u otras industrias ultracontamiantes que están también afectadas debido a su ubicación, se prevé una prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.
Barrios urbanos
El texto prevé además que diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga sean amnistiadas, y que la isla de Formentera tenga un trato especial por su especial configuración geológica.
En sintonía con lo defendido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), CiU ha presentado una enmienda, que no ha prosperado, para que las islas o islotes cuya superficie no excediera de 100 kilómetros cuadrados pudieran beneficiarse también de un deslinde singular como el de Formentera.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/20/suvivienda/1361352719.html
La norma, que salvará por 75 años más 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la playa, será remitida ahora al Senado, donde el PP ha anunciado que incluirá un grupo de enmiendas para tener en cuenta el cambio climático.
De las 145 enmiendas presentadas a este texto, y en una sesión que se ha alargado tres horas y media, el Grupo Popular ha admitido dos de Coalición Canaria, ha transaccionado una con el PNV, ha aceptado varias de Izquierda Plural y BNG, y ha transaccionado siete, de carácter técnico, con CiU.
El portavoz de este último grupo, Martí Barberá, ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad, "si es necesario", porque considera que la llamada cláusula "antialgarrobico" invade las competencias locales al permitir al Gobierno parar obras en el litoral, previamente aprobadas por los ayuntamientos.
El texto 'amnistía' diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga
No obstante, el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, ha opinado que esta cláusula no vulnera la autonomía local porque permite la posibilidad de recurrir a los ayuntamientos.
Urbanismo salvaje
Hernando ha negado asimismo que la reforma abra la puerta al "urbanismo salvaje", como ha asegurado la oposición, y ha anunciado que presentarán en el Senado un grupo de enmiendas sobre el cambio climático.
Incluye una clausula 'antialgarrobicos' y una prórroga para industrias contaminantes
La ausencia de alusiones al cambio climático en esta reforma y sus consecuencias sobre el litoral había sido objeto de numerosas enmiendas y críticas.
Durante el debate, que se ha celebrado en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Ana Oramas (CC) ha afirmado que la reforma no corrige los problemas del litoral y no cumple con la máxima sostenibilidad.
Legaliza lo ilegal
A juicio de Olaia Fernández Dávila (BNG), la futura ley "soluciona la ilegalidad" y su objetivo es garantizar industrias contaminantes, mientras que el diputado Joan Baldoví (Compromís) ha calificado de "nula" la disposición del PP de aceptar enmiendas, y ha considerado que hay artículos que vulneran la Constitución.
También para Joseba Agirretxea (PNV) han supuesto una "gran decepción" las "pocas ganas" de negociar del PP; y Toni Cantó (UPyD) ha afirmado que se trata de una ley de "resultados inaceptables", y que el litoral está peligro por su "estrechez de miras".
La diputada Laia Ortiz (Izquierda Plural) ha coincidido en que se desprotege el litoral y ha criticado que el texto haya seguido un proceso "tan opaco y acelerado".
Degradación de la costa
Finalmente, María José Rodríguez (PSOE) ha apuntado que se "alienta la degradación de las costas a través de una amnistía ambiental" y se abre la veda a la especulación.
Según el Gobierno, la reforma de la Ley de Costas no permitirá construir donde antes estaba prohibido.(COSA QUE YA ESTABA PROHIBIDO)
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral (casas, restaurantes u hoteles).(TAMBIEN ESTABA PROHIBIDO)
En cuanto a las papeleras u otras industrias ultracontamiantes que están también afectadas debido a su ubicación, se prevé una prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.
Barrios urbanos
El texto prevé además que diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga sean amnistiadas, y que la isla de Formentera tenga un trato especial por su especial configuración geológica.
En sintonía con lo defendido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), CiU ha presentado una enmienda, que no ha prosperado, para que las islas o islotes cuya superficie no excediera de 100 kilómetros cuadrados pudieran beneficiarse también de un deslinde singular como el de Formentera.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/20/suvivienda/1361352719.html
domingo, 17 de febrero de 2013
Eurodiputada advierte de posible infracción por la reforma de Ley de Costas
La reforma de la Ley de Costas, tal como está planteada, podría acarrear la apertura de un procedimiento de infracción contra España en la Unión Europea por incumplimiento de hasta cuatro directivas, alerta la eurodiputada de Los Verdes, la danesa Margrete Auken.
Auken es miembro de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) y del grupo que se ha creado dentro del mismo para analizar la nueva de la Ley de Costas española que promueve el Gobierno ante el más de centenar de quejas recibidas, y ha acudido a Madrid esta semana junto a la europarlamentaria austríaca Angelika Werthmann para interesarse por el asunto.
En una entrevista con EFEverde, la veterana política, madre de la actual ministra danesa de Medio Ambiente, asegura que el texto al que previsiblemente dará luz verde el Congreso el próximo martes "viola" hasta cuatro directivas europeas, entre las que cita la de aguas, protección frente a inundaciones, participación pública y tratamiento de aguas.
La eurodiputada se muestra especialmente "indignada" por la "falta de participación y de transparencia" con la que, en su opinión, se ha tramitado la reforma, y critica "las trabas" que ha puesto el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz para que la Comisión de Peticiones del PE acuda en misión oficial a saber más de la ley, como llevan intentando "desde antes del verano".
Auken incide en que si la Ley de Costas se aprueba tal como está planteada el PE pedirá a la Comisión que "analice el incumplimiento de las citadas directivas y abra un procedimiento contra España".
La eurodiputada, autora de un informe contra el "urbanismo salvaje" en España que lleva su nombre y que fue aprobado por el PE en 2009, está "furiosa" porque el Gobierno cite ese documento en el preámbulo de su norma para justificar la reforma de la Ley de Costas del año 88.
"Quiero decirle al Gobierno español que no en mi nombre ni en el del Parlamento Europeo, ya que en el informe subrayábamos que la ley del 88 era buena, pero que su aplicación era un desastre o porque no se llevaba a cabo o porque se hacía arbitrariamente", subraya.
El llamado 'Informe Auken' decía que "había que dar más seguridad jurídica a los propietarios individuales para que siguieran en sus casas si no tenían otro lugar donde ir. Es lógico que ellos y sus hijos tengan derecho a estar ahí treinta años más por ejemplo", indica.
El problema, según la coordinadora de Los Verdes en el PE, es que el texto del Gobierno "renueva las concesiones durante nada menos que 75 años y usa el mismo lenguaje para los pequeños propietarios cuyos padres y abuelos han tenido una casa en el litoral toda la vida, y por supuesto tienen derecho a estar ahí, que para las empresas".
"Si la distinción entre esas personas y el sector privado no la dejan clara, están abriendo la puerta a la destrucción urbanística de la costa en los últimos paraísos costeros de España", afirma.
A Auken no le cabe duda de que cuando el Gobierno habla de "poner al mismo nivel las oportunidades económicas y la protección ambiental" con la nueva Ley de Costas, "están queriendo decir que van a dar prioridad a que las empresas saquen dinero fácil en el bien público más preciado de los españoles: su línea costera".
"Esta ley abre las puertas a un nuevo boom inmobiliario en la costa", clama la eurodiputada, quien en su informe de 2009 ponía de manifiesto datos como que en España se gastaba más cemento que en Italia, Alemania, Francia y Reino Unido juntos.
A juicio de Auken, la "destrucción" del litoral es mayor en España que en ningún otro país de la Unión Europea, y, de continuar, "puede decir adiós al turismo y prepararse para el dramático coste que tendría restaurar lo dañado".
En ese sentido, la eurodiputada lanza un mensaje claro a los españoles: "Miren lo que ha pasado con su estupenda costa, que fue vendida sin que se dieran cuenta y sin que ustedes recibieran beneficio alguno. Esta nueva ley es un engaño, la crisis no se resuelve destruyendo el litoral que queda en buen estado".
(Agencia EFE)
viernes, 15 de febrero de 2013
Eurodiputadas, "preocupadas", pedirán a la CE que investigue si la futura Ley de Costas vulnera la directiva europea
La eurodiputada liberal, Angelika Werthmann, y la parlamentaria danesa de 'Los Verdes' y responsable del 'informe Auken' de 2009 (que cuestionaba la especulación inmobiliaria en España y el modelo económico sobre el que se basaba), Margret Auken, han visitado el Congreso de los Diputados este jueves "preocupadas" por la futura modificación de la Ley de Costas y pedirán a la CE que investigue si la normativa que planea el Gobierno vulnera directivas europeas.
Las parlamentarias han visitado Madrid y han mantenido una reunión informal con el Grupo Socialista, el Grupo Mixto, CiU, UPyD, IU-ICV-CHA, con el objetivo de demostrar su "inquietud" frente al texto que prepara el Ejecutivo en materia de Costas que, en su opinión, mantiene abierta la puerta a la especulación inmobiliaria en las costas españolas.
En un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, admiten que "lamentablemente" la modificación planteada "bajo ningún concepto" va a proteger el litoral español. "En todo caso debilita su protección abriendo la puerta a nuevas construcciones en áreas protegidas del litoral. Es más, no resolverá los problemas de los pequeños propietarios de la costa (uno de los principales objetivos de la modificación)", según agregan.
En este sentido, subrayan que el texto presentado por el Gobierno sigue sin aclarar la protección de los pequeños propietarios del litoral, como por ejemplo la de aquellos procedentes de pueblos costeros.
A juicio de la parlamentaria liberal, la modificación de la ley es "inaceptable" porque va en contra de los intereses de los ciudadanos y no sólo eso, sino que da pie un nuevo 'boom inmobiliario'.
"No deja lugar para la participación ciudadana en la tramitación de la ley. No puede considerarse transparente", ha agregado, a la vez que lamenta que el propio informe Auken sea citado en el preámbulo de la futura Ley española como justificación de la misma, cuando en realidad pretende todo lo contrario.
Por su parte, Margret Auken subraya que, en la actualidad, todas las recomendaciones recogidas en el informe que ella misma elaboró en 2009 no se recogen en la ley que prepara el Ejecutivo español.
Al mismo tiempo, critica que esta modificación normativa deja la puerta abierta a la especulación inmobiliaria en la costa, a la vez que conculca varias directivas europeas, como la directiva marco de Agua o la de Consultas públicas.
"Lamento igualmente que las nuevas previsiones de modificación de la ley abran la puerta a nuevos casos de corrupción inmobiliaria", sentencia la experta.
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-eurodiputadas-preocupadas-pediran-ce-investigue-si-futura-ley-costas-vulnera-directiva-europea-20130214183206.html
Las parlamentarias han visitado Madrid y han mantenido una reunión informal con el Grupo Socialista, el Grupo Mixto, CiU, UPyD, IU-ICV-CHA, con el objetivo de demostrar su "inquietud" frente al texto que prepara el Ejecutivo en materia de Costas que, en su opinión, mantiene abierta la puerta a la especulación inmobiliaria en las costas españolas.
En un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, admiten que "lamentablemente" la modificación planteada "bajo ningún concepto" va a proteger el litoral español. "En todo caso debilita su protección abriendo la puerta a nuevas construcciones en áreas protegidas del litoral. Es más, no resolverá los problemas de los pequeños propietarios de la costa (uno de los principales objetivos de la modificación)", según agregan.
En este sentido, subrayan que el texto presentado por el Gobierno sigue sin aclarar la protección de los pequeños propietarios del litoral, como por ejemplo la de aquellos procedentes de pueblos costeros.
A juicio de la parlamentaria liberal, la modificación de la ley es "inaceptable" porque va en contra de los intereses de los ciudadanos y no sólo eso, sino que da pie un nuevo 'boom inmobiliario'.
"No deja lugar para la participación ciudadana en la tramitación de la ley. No puede considerarse transparente", ha agregado, a la vez que lamenta que el propio informe Auken sea citado en el preámbulo de la futura Ley española como justificación de la misma, cuando en realidad pretende todo lo contrario.
Por su parte, Margret Auken subraya que, en la actualidad, todas las recomendaciones recogidas en el informe que ella misma elaboró en 2009 no se recogen en la ley que prepara el Ejecutivo español.
Al mismo tiempo, critica que esta modificación normativa deja la puerta abierta a la especulación inmobiliaria en la costa, a la vez que conculca varias directivas europeas, como la directiva marco de Agua o la de Consultas públicas.
"Lamento igualmente que las nuevas previsiones de modificación de la ley abran la puerta a nuevos casos de corrupción inmobiliaria", sentencia la experta.
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-eurodiputadas-preocupadas-pediran-ce-investigue-si-futura-ley-costas-vulnera-directiva-europea-20130214183206.html
El Parlamento Europeo recibe más de cien quejas contra la Ley de Costas
El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha recibido más de un centenar de quejas contra la reforma de la Ley de Costas lo que ha motivado la creación de un grupo de trabajo específico sobre el asunto y la visita a España de dos europarlamentarias del mismo.
Angelika Werthmann (austríaca, del Partido Liberal) y Margrete Auken (danesa, de Los Verdes) se han reunido hoy en el Congreso con diputados de cinco grupos parlamentarios de la oposición y, más tarde, con portavoces de las cinco principales organizaciones ecologistas.
Tras los encuentros, las parlamentarias han declarado a Efe que su impresión es que la reforma legislativa, que en breve aprobará el Congreso, no tiene como objetivo proteger el litoral ni proporcionar más seguridad jurídica a los pequeños propietarios sino "abrir la puerta a un nuevo boom de la construcción en la costa".
"La modificación de la Ley de Costas es inaceptable, y creemos que va contra el interés ciudadano", ha subrayado Werthmann, quien ha denunciado que la reforma "se ha llevado a cabo con falta de transparencia y sin la debida participación de la ciudadanía".
En esa línea, la parlamentaria danesa ha criticado que el Gobierno no haya consultado al grupo de trabajo sobre la Ley de Costas española, a pesar de que menciona uno de sus informes en el preámbulo de la nueva ley.
Auken ha asegurado que sospecha que la reforma que promueve el Gobierno pueden incumplir "hasta cinco directivas europeas".
Por este motivo, las europarlamentarias han avanzado que si su aprobación se lleva a cabo sin cambios sustanciales, la Comisión de Peticiones del PE solicitará una comparecencia de la Comisión Europea y de la autoridades españolas para investigar posibles incumplimientos del derecho comunitario.
Fuentes de las cinco principales ONG ecologistas nacionales, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han explicado que sus portavoces en materia de costas han alertado a las parlamentarias de la "inseguridad jurídica y la vulnerabilidad" que, a su juicio, traerá la reforma de la Ley de Costas.
Los ecologistas les han transmitido que la nueva norma legaliza construcciones ilegales y reduce la zona de servidumbre a proteger; que no tiene en cuenta las previsiones de impacto climático en el litoral identificadas por los científicos, y que no ha seguido los convenientes procesos de transparencia con la sociedad civil.
http://noticias.terra.es/ciencia/el-parlamento-europeo-recibe-mas-de-cien-quejas-contra-la-ley-de-costas,d639a798579dc310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
Angelika Werthmann (austríaca, del Partido Liberal) y Margrete Auken (danesa, de Los Verdes) se han reunido hoy en el Congreso con diputados de cinco grupos parlamentarios de la oposición y, más tarde, con portavoces de las cinco principales organizaciones ecologistas.
Tras los encuentros, las parlamentarias han declarado a Efe que su impresión es que la reforma legislativa, que en breve aprobará el Congreso, no tiene como objetivo proteger el litoral ni proporcionar más seguridad jurídica a los pequeños propietarios sino "abrir la puerta a un nuevo boom de la construcción en la costa".
"La modificación de la Ley de Costas es inaceptable, y creemos que va contra el interés ciudadano", ha subrayado Werthmann, quien ha denunciado que la reforma "se ha llevado a cabo con falta de transparencia y sin la debida participación de la ciudadanía".
En esa línea, la parlamentaria danesa ha criticado que el Gobierno no haya consultado al grupo de trabajo sobre la Ley de Costas española, a pesar de que menciona uno de sus informes en el preámbulo de la nueva ley.
Auken ha asegurado que sospecha que la reforma que promueve el Gobierno pueden incumplir "hasta cinco directivas europeas".
Por este motivo, las europarlamentarias han avanzado que si su aprobación se lleva a cabo sin cambios sustanciales, la Comisión de Peticiones del PE solicitará una comparecencia de la Comisión Europea y de la autoridades españolas para investigar posibles incumplimientos del derecho comunitario.
Fuentes de las cinco principales ONG ecologistas nacionales, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han explicado que sus portavoces en materia de costas han alertado a las parlamentarias de la "inseguridad jurídica y la vulnerabilidad" que, a su juicio, traerá la reforma de la Ley de Costas.
Los ecologistas les han transmitido que la nueva norma legaliza construcciones ilegales y reduce la zona de servidumbre a proteger; que no tiene en cuenta las previsiones de impacto climático en el litoral identificadas por los científicos, y que no ha seguido los convenientes procesos de transparencia con la sociedad civil.
http://noticias.terra.es/ciencia/el-parlamento-europeo-recibe-mas-de-cien-quejas-contra-la-ley-de-costas,d639a798579dc310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
jueves, 7 de febrero de 2013
miércoles, 6 de febrero de 2013
NARBONA, LA EXMNISTRA DE COSTAS, RECONOCE INJUSTICIAS.EN LA LEY DE COSTAS
EL DÍA 5 DE FEBRERO (martes) de 2013, en el Aula Magna del Rectorado de la Universidad de Valencia.
SE PRESENTA EL LIBRO “No es Economía, es Ideología”, editorial Deusto 2012.
Autores del libro: Grupo de Economistas contra la crisis.
Entre los ponentes de la presentación: Cristina Narbona, el vicerrector de Cultura de la Universidad, catedráticos de economía, director de agencia EFE, un exdirector de red Eléctrica Española, y exsecretaria de estado de empleo e igualdad última legislatura Zapatero.
Entre los asistentes: Chimo PUIG (portavoz PSPV-PSOE en Cortes Valencianas, varios representantes sindicales, mucho simpatizante/afiliados del PSOE, colegio de economistas de valencia, mucha gente del departamento de Económicas de la Universidad y resto de sociedad valenciana de ambiente de izquierdas. Media edad en torno a los 60 años.
A las 21:00 (tras 2 horas en el Foro), llega mi intervención (el último del turno de 4 palabras y SIN derecho a réplica).
Bona nit a tots i a totes, Buenas noches. En primer lugar felicitar a los organizadores y a los ponentes por el esfuerzo que han hecho por venir aquí a Valencia, muchos de ellos de lugares lejanos.
Como tenía preparada por escrito mi pregunta, para no enrollarme, se la voy a leer.
Aprovecharé mi intervención repitiendo una reciente afirmación de Cristina Narbona, ya que creo que es muy adecuada para lo que a continuación les voy a exponer: “los ciudadanos, cuando más informados y formados estén, más podrán exigir a sus gobernantes”.
y comienza mi intervención:
Yo entiendo que ninguna economía y ninguna ideología puede ir en contra de los Derechos Humanos.
Recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite (y créanme que es muy difícil), tras 20 años de litigios, una causa contra la aplicación retroactiva, arbitraria e injusta y confiscatoria (¡que no expropiatoria!) de la Ley de Costas defendida por Cristina Narbona y distintos gobiernos del Partido Popular.
Por otra parte, unas 20.000 quejas se han admitido a trámite en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (y también créanme que no es nada fácil).
Una Comisión de Investigación está a punto de visitar España (tampoco nada fácil) debido a la gestión y aplicación confiscatoria (insisto que NO expropiatoria) de la Ley de Costas de Cristina Narbona y distintos gobiernos del PP.
Los afectados por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas que aquí defiende la señora Narbona y distintos gobiernos del PP, agrupados en varias plataformas por toda España, NO somos especuladores del territorio, ustedes pueden por ejemplo, obtener información en internet. Vean por ejemplo cómo sobre el barrio marinero de Cho-Vito en Tenerife se ha construido un paseo marítimo con fondos europeos, tirando a la gente y construyendo detrás de ese paseo una promoción inmobiliaria.
Este tipo de actuaciones está suponiendo que por parte de oficinas antifraude de la unión europea se investigue la utilización de fondos europeos, con toda la trascendencia de primer nivel que supone para este país.
Vean en internet más información sobre la aplicación de la Ley de Costas.
Ante esta situación, mi pregunta es: ¿está la ideología, o la economía, reñida con los derechos humanos?
Muchas gracias.
(HUBIERON UNOS CUANTOS APLAUSOS!)
Narbona, en resumen indica:
Se ha aplicado puntualmente la ley de costas con alguna injusticia, pero los ciudadanos hemos sido engañados por alcaldes a nivel local.
Algarrobico es un ejemplo en el que participó un alcalde y la Junta de Andalucía.
El Tribunal de Derechos Humanos dio la razón a Francia en una sentencia sobre este asunto.
La Comisión de Investigación sabe lo que tiene que hacer porque el gobierno puntualmente ya le ha informado.
En el Informe Auken se alaba la Ley de Costas española.
Sin dejarme turno de réplica (aunque ya me acostumbré hace tiempo), se cierra la sesión a las 21:15.
GUILLERMO C.
Afectado por la ley de Costas. Valencia.
Sra Narbona, es cierto, que el informe AUKEN habla de la ley de costas, pero tambien habla de la protección de los derechos humanos, del derecho de la propiedad. En este informe, que causa quebraderos de cabeza de este pais, condena a este pais por la urbanización mavisa del litoral español, pero defiende que las propiedades privadas legitimamente construidas, no pueden ser confiscadas por la ley de costas española.
Referente a los engaños de los alcaldes y de muchos, muchos políticos de todos los colores y partidos, usted habla del hotel Algarrobico, cuya construccion fue avalada por usted, por su partido el PSOE, por la Junta de ändalucia, del PSOE,por los alcaldes de los pueblos cercanos del PSOE, Y LE ASEGURO QUE EL HOTEL NO SERA DEMOLIDO, ESO ESTA CLARO.
En contra, la actuación en el pueblo de Cho Vito, auspiciada por un alcalde del PSOE, con el beneplacito del ministerio, del cual, usted era cabeza visible, del PSOE, y con unos errores tan claros en la actuación, que vulnera los derechos de las personas, al estar el deslinde maritimo terrestre mal elaborado, y introducir en el mismo a viviendas que no estaban en zona pública. Eso ya esta demostrado.
El parlamento europeo, esta investigando la situación de Cho Vito, en diferentes organos, desde el comite de investigación de la ley de costas, el comíté de peticiones y la misma Comisión europea. y todo por la vulneración reiterada de la legislación europea, y de las dotaciones de fondos europeos a este proyecto, y a muchos más en el estado español.
PACIENCIA ES LO QUE ME SOBRA. DESTAPANDO LA VERDAD.
martes, 5 de febrero de 2013
El paseo marítimo de Tacoronte supera su último escollo judicial
IMPLICA EL DERRIBO DE 20 CONSTRUCCIONES
El alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila, se lamenta de que una vez que el proyecto ha superado sus últimos escollos judiciales ahora tengan que enfrentarse a las restricciones presupuestarias del Gobierno central y a la necesidad de proceder a una revisión de los precios. “Después de más de diez años de tener el proyecto sobre la mesa listo para ejecutarlo ahora habrá que ponerlo a la cola de todas las obras que se van a hacer en el litoral en España”, dice el alcalde. Balten ha perdido todos los recursos que ha presentado ante las diferentes instancias judiciales y también se rechazó su propuesta para que el futuro paseo pasara por encima del depósito dado el incremento de costes que traería consigo.
Balten quería acogerse a las excepciones recogidas en la Ley de Costas que permite la ubicación de determinadas instalaciones en la zona de servidumbre siempre que sean de interés público lo que en su caso considera que quedaba acreditado. Sin embargo, el Supremo indica que la construcción de un paseo marítimo “no constituye una actuación llevada a cabo con finalidades meramente estéticas sino que con tal proyecto se persigue la defensa de un interés público específicamente protegido”.
Recuerda el TS que la Ley de Costas garantiza el uso sin restricciones de las zonas de servidumbres de tránsito y el acceso al mar con el fin de garantizar su disfrute por parte de todos los ciudadanos. Con esta finalidad la propia legislación contempla la adopción de diversas medidas como son precisamente la construcción de paseos. Sostiene además el Supremo que Balten “no ha justificado la existencia de otro interés público que deba prevalecer sobre el definido legalmente y protegido” en la ley de Costas. Aunque el TS no cuestiona el servicio que presta el depósito de agua para el riego, “no encontramos una normal legal de la que deducir una excepción a la preservación de la zona de servidumbre de tránsito para mantener unas instalaciones ubicadas en la misma”.
Tampoco se comparte el punto de vista defendido por Balten en el sentido de que las instalaciones se encuentran en perfecto estado de funcionamiento y el TS considera que tampoco se ha acreditado “la realidad del servicio que dice prestar ni la imposibilidad de mantenerlo en otra ubicación y ni siquiera su estado de conservación”. Los informes emitidos en este sentido están firmados por un ingeniero de Caminos que ostenta el cargo de presidente de la Comunidad de Aguas El Pris, “de forma que carecen totalmente de la necesaria objetividad para hacer pruebas en contra de lo recogido en la resolución impugnada”.
Los dictámenes suscritos por el ingeniero técnico agrícola municipal de Tacoronte y por el arquitecto de este Ayuntamiento resultaron “contradictorios”, aunque en todo caso el Supremo apunta que Costas tiene vía libre para recuperar medioambientalmente este borde costero “y la eliminación de todas las construcciones que invaden el dominio público”.
http://www.canariasahora.es/articulo/tenerife/el-paseo-de-tacoronte-supera-su-ultimo-escollo/20130205150850395714.html
El TS confirma la sentencia que vetó un centro comercial en Tauro
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia que denegó al grupo turístico Anfi la autorización para construir un centro comercial en la playa de Tauro, en Gran Canaria, al considerar que pretendía valerse de una política de "hechos consumados" para eludir la Ley de Costas.
El Supremo confirma en todos sus extremos el fallo dictado en 2009 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, que determinó que el proyecto de Anfi para el centro comercial de la playa de Tauro no solo infringía la Ley de Costas, sino que además se apoyaba en unos instrumentos de planeamiento declarados ilegales.
Este pleito parte de la decisión del Gobierno canario de declarar caducado el procedimiento por el que Anfi solicitó, en 2003, permiso para levantar ese complejo comercial en los 100 primeros metros de costa, en la franja de servidumbre de protección del litoral.
El TSJC revocó esa decisión, pero no para autorizar el centro comercial, sino para denegarlo expresamente, porque consideraba que el Gobierno de Canarias estaba incurriendo en un "fraude de ley" al optar por la declarar caducado el expediente, en un intento de obviar que lo que realmente ocurría es que existían "informes que imposibilitan del todo la concesión de la autorización".
"La autorización que se pide no solo es contraria a la Ley de Costas, y también al planeamiento vigente, sino que además el planeamiento que la ampara fue anulado por esta Sala. Aunque ambas partes silencien la cuestión, o no lo consideren de interés a los efectos del recurso, los planes invocados que preveían el uso el uso comercial se encuentran anulados por la Sala", decía el TSJC.
Los promotores del centro comercial sostenían que el emplazamiento elegido "era en el mejor sitio posible para favorecer por un lado locales comerciales al uso y disfrute de los usuarios de la playa de Tauro y del Cura y, por otro lado, favorecer a los clientes del resort de Anfi Tauro" y alegaban, asimismo, que no era posible ponerlo en otro lugar, debido al diseño del campo de golf ya construido para entonces en esa zona del sur de Gran Canaria.
Con esos argumentos, pretendían beneficiarse de la excepción prevista en la Ley de Costa que permite autorizar dentro de la zona de protección aquellas construcciones que, por sus características, no puedan tener otra ubicación que la elegida junto al mar.
Sin embargo, el TSJC rechazó ese planteamiento por entender que "no es admisible" conceder tal excepción a la protección del litoral invocando "el agotamiento de la edificabilidad consumida en otros usos turísticos, o de otro tipo"; algo que equivalía, en sus propias palabras, a validar una política de "hechos consumados".
El Supremo coincide de pleno con esa tesis: "La justificación no puede ser la de los hechos consumados, es decir, que no exista otra ubicación para el uso comercial porque los emplazamientos ya están ejecutados, pues la justificación debe establecerse desde la génesis de la decisión, esto es, desde que se hizo la planificación".
El Alto Tribunal rechaza además que Anfi alegase que se habían concedido autorizaciones similares a la que pedía, no solo porque no concretó a cuáles se refería, sino porque es doctrina constitucional que solo es posible exigir igualdad dentro de la legalidad: "Dicho de otro modo, no hay igualdad contra la ley", remacha
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=291460
El Supremo confirma en todos sus extremos el fallo dictado en 2009 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, que determinó que el proyecto de Anfi para el centro comercial de la playa de Tauro no solo infringía la Ley de Costas, sino que además se apoyaba en unos instrumentos de planeamiento declarados ilegales.
Este pleito parte de la decisión del Gobierno canario de declarar caducado el procedimiento por el que Anfi solicitó, en 2003, permiso para levantar ese complejo comercial en los 100 primeros metros de costa, en la franja de servidumbre de protección del litoral.
El TSJC revocó esa decisión, pero no para autorizar el centro comercial, sino para denegarlo expresamente, porque consideraba que el Gobierno de Canarias estaba incurriendo en un "fraude de ley" al optar por la declarar caducado el expediente, en un intento de obviar que lo que realmente ocurría es que existían "informes que imposibilitan del todo la concesión de la autorización".
"La autorización que se pide no solo es contraria a la Ley de Costas, y también al planeamiento vigente, sino que además el planeamiento que la ampara fue anulado por esta Sala. Aunque ambas partes silencien la cuestión, o no lo consideren de interés a los efectos del recurso, los planes invocados que preveían el uso el uso comercial se encuentran anulados por la Sala", decía el TSJC.
Los promotores del centro comercial sostenían que el emplazamiento elegido "era en el mejor sitio posible para favorecer por un lado locales comerciales al uso y disfrute de los usuarios de la playa de Tauro y del Cura y, por otro lado, favorecer a los clientes del resort de Anfi Tauro" y alegaban, asimismo, que no era posible ponerlo en otro lugar, debido al diseño del campo de golf ya construido para entonces en esa zona del sur de Gran Canaria.
Con esos argumentos, pretendían beneficiarse de la excepción prevista en la Ley de Costa que permite autorizar dentro de la zona de protección aquellas construcciones que, por sus características, no puedan tener otra ubicación que la elegida junto al mar.
Sin embargo, el TSJC rechazó ese planteamiento por entender que "no es admisible" conceder tal excepción a la protección del litoral invocando "el agotamiento de la edificabilidad consumida en otros usos turísticos, o de otro tipo"; algo que equivalía, en sus propias palabras, a validar una política de "hechos consumados".
El Supremo coincide de pleno con esa tesis: "La justificación no puede ser la de los hechos consumados, es decir, que no exista otra ubicación para el uso comercial porque los emplazamientos ya están ejecutados, pues la justificación debe establecerse desde la génesis de la decisión, esto es, desde que se hizo la planificación".
El Alto Tribunal rechaza además que Anfi alegase que se habían concedido autorizaciones similares a la que pedía, no solo porque no concretó a cuáles se refería, sino porque es doctrina constitucional que solo es posible exigir igualdad dentro de la legalidad: "Dicho de otro modo, no hay igualdad contra la ley", remacha
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=291460
domingo, 3 de febrero de 2013
Dueños de casas ilegales urgen a la Xunta que emule a Andalucía con una ley de regularización
Le piden que paralice las órdenes de demolición mientras sus concellos tramitan el plan urbanístico EAseguran que más del 95% de viviendas en suelo rústico se pueden legalizar
A CORUÑA
No son villas ni caseríos. La práctica totalidad de las miles de viviendas en suelo rústico amenazadas por la excavadora son casas unifamiliares levantadas hace décadas "con los ahorros de muchos años de trabajo", según aseguran sus propietarios. Aunque la Xunta se resiste a regularizar la situación de las edificaciones sobre las que pesa una orden de derribo, los dueños afectados no tiran la toalla y urgen a la Xunta que busque alternativas para evitar que "miles de familias" se queden sin hogar. "Somos gente humilde, muchas casas aún están con el ladrillo, ni se le ha dado la cal por fuera. Lo único que pedimos es que se busque una fórmula para evitar la demolición", defiende un propietario afectado. Entre las fórmulas que podría aplicar el Ejecutivo gallego, según apuntan, está el decreto que la Junta de Andalucía pondrá en marcha el próximo día 1 de marzo y con el que prevé legalizar unas 250.000 viviendas edificadas en suelo no urbanizable.
"No se trata de una amnistía general, será una regularización que dará respuestas a los ayuntamientos a través del planeamiento urbanístico en unos casos o mediante expediente iniciado a solicitud de cada propietario", argumentó el presidente andaluz, José Antonio Griñán (PSOE), al anunciar este decreto el pasado mes de diciembre.
Ese es precisamente el modelo que piden los afectados en Galicia. Y a la espera de que la Xunta evalúe a la posibilidad de desarrollar un decreto para regularizar las miles de viviendas levantadas hace décadas en suelo rústico y sobre las que pesa un expediente de derribo, los afectados en la comunidad piden al Ejecutivo autonómico que se paralicen las órdenes de demolición en aquellos concellos que ya han iniciado los trámites para aprobar su plan general de ordenación municipal. "La aprobación de los nuevos planeamientos urbanísticos permitiría legalizar más del 95% de las viviendas afectadas", asegura un propietario. "Si quieren se puede hacer, ejemplos los hay en otras comunidades y también en el Gobierno central", destaca otro afectado que echa mano de la reforma de la Ley de Costas acometida por el Ejecutivo de Rajoy en octubre del año pasado y que permitirá indultar miles de viviendas al ampliar las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años. Esta ampliación de las concesiones de uso de dominio público, que empezaban a caducar en 2018, permitirá a los dueños vender los inmuebles y hacer reformas siempre que no aumenten de altura ni volumen.
A pesar de que la Xunta ya manifestó su rechazo a dar moratorias de derribo en los concellos sin PXOM, tal y como aseguraron desde la Consellería de Medio Ambiente, los dueños de viviendas ilegales en Galicia no se dan por vencidos y esperan que el Ejecutivo gallego les de una solución. "Han sido muchos años de trabajo y sacrificio para que vengan ahora y nos tiren nuestra casa", se lamenta un propietario de una vivienda levantada en suelo rústico. Prácticamente ningún ayuntamiento gallego se salva de la amenaza de la piqueta. Desde Foz hasta A Guarda. Las excavadoras de la Xunta recorren Galicia de norte a sur. Uno de las últimas órdenes de derribo dictados por la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de Medio Ambiente y creada en 2008 por el bipartito, afecta a una casa unifamiliar del municipio lucense de Becerreá. Desde que el mes pasado se ordenó el derribo, los vecinos hacen guardia para evitarlo e incluso están coordinados para tocar las campanas de la iglesia por si intentan ejecutar la demolición.
http://www.farodevigo.es/galicia/2013/02/03/duenos-casas-ilegales-urgen-xunta-emule-andalucia-ley-regularizacion/751383.html
A CORUÑA
No son villas ni caseríos. La práctica totalidad de las miles de viviendas en suelo rústico amenazadas por la excavadora son casas unifamiliares levantadas hace décadas "con los ahorros de muchos años de trabajo", según aseguran sus propietarios. Aunque la Xunta se resiste a regularizar la situación de las edificaciones sobre las que pesa una orden de derribo, los dueños afectados no tiran la toalla y urgen a la Xunta que busque alternativas para evitar que "miles de familias" se queden sin hogar. "Somos gente humilde, muchas casas aún están con el ladrillo, ni se le ha dado la cal por fuera. Lo único que pedimos es que se busque una fórmula para evitar la demolición", defiende un propietario afectado. Entre las fórmulas que podría aplicar el Ejecutivo gallego, según apuntan, está el decreto que la Junta de Andalucía pondrá en marcha el próximo día 1 de marzo y con el que prevé legalizar unas 250.000 viviendas edificadas en suelo no urbanizable.
"No se trata de una amnistía general, será una regularización que dará respuestas a los ayuntamientos a través del planeamiento urbanístico en unos casos o mediante expediente iniciado a solicitud de cada propietario", argumentó el presidente andaluz, José Antonio Griñán (PSOE), al anunciar este decreto el pasado mes de diciembre.
Ese es precisamente el modelo que piden los afectados en Galicia. Y a la espera de que la Xunta evalúe a la posibilidad de desarrollar un decreto para regularizar las miles de viviendas levantadas hace décadas en suelo rústico y sobre las que pesa un expediente de derribo, los afectados en la comunidad piden al Ejecutivo autonómico que se paralicen las órdenes de demolición en aquellos concellos que ya han iniciado los trámites para aprobar su plan general de ordenación municipal. "La aprobación de los nuevos planeamientos urbanísticos permitiría legalizar más del 95% de las viviendas afectadas", asegura un propietario. "Si quieren se puede hacer, ejemplos los hay en otras comunidades y también en el Gobierno central", destaca otro afectado que echa mano de la reforma de la Ley de Costas acometida por el Ejecutivo de Rajoy en octubre del año pasado y que permitirá indultar miles de viviendas al ampliar las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años. Esta ampliación de las concesiones de uso de dominio público, que empezaban a caducar en 2018, permitirá a los dueños vender los inmuebles y hacer reformas siempre que no aumenten de altura ni volumen.
A pesar de que la Xunta ya manifestó su rechazo a dar moratorias de derribo en los concellos sin PXOM, tal y como aseguraron desde la Consellería de Medio Ambiente, los dueños de viviendas ilegales en Galicia no se dan por vencidos y esperan que el Ejecutivo gallego les de una solución. "Han sido muchos años de trabajo y sacrificio para que vengan ahora y nos tiren nuestra casa", se lamenta un propietario de una vivienda levantada en suelo rústico. Prácticamente ningún ayuntamiento gallego se salva de la amenaza de la piqueta. Desde Foz hasta A Guarda. Las excavadoras de la Xunta recorren Galicia de norte a sur. Uno de las últimas órdenes de derribo dictados por la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de Medio Ambiente y creada en 2008 por el bipartito, afecta a una casa unifamiliar del municipio lucense de Becerreá. Desde que el mes pasado se ordenó el derribo, los vecinos hacen guardia para evitarlo e incluso están coordinados para tocar las campanas de la iglesia por si intentan ejecutar la demolición.
http://www.farodevigo.es/galicia/2013/02/03/duenos-casas-ilegales-urgen-xunta-emule-andalucia-ley-regularizacion/751383.html
domingo, 27 de enero de 2013
Tres núcleos se podrán certificar como urbanos.SI A LOS POLITICOS LES APETECE.
Tres de los cuatro núcleos de Anaga afectados por el deslinde de Costas, como son Tachero, Roque de las Bodegas y Almáciga, se podrán consolidar como núcleo urbano en la tramitación del proyecto de ley de Costas impulsado por el Gobierno del PP, mediante un certificado, y conforme a la calificación de la Cotmac.
Así lo informó el abogado de los vecinos de estos emplazamientos, Juan José Rodríguez, que dijo que el texto legal "se supone que se aprobará, ya que hasta ahora no se ha producido ninguna modificación en su tramitación parlamentaria". Rodríguez dijo, no obstante, que el caso de Igueste de San Andrés "es más complejo, ya que no tiene certificado de la Cotmac y requiere de otro procedimiento". Señaló que los núcleos con certificado anterior al año 1988, como los tres primeros emplazamientos, "lo tienen muy fácil, ya que solo se necesita que dicho organismo acredite su certificación". No obstante, el letrado reprochó las dificultades pasadas por sus defendidos en este proceso, porque, según afirma, "Costas estuvo más de tres años reclamando la documentación, tanto al Ayuntamiento de Santa Cruz como a la Cotmac, con la advertencia de que se perdería la condición de urbano, pero no respondieron".
http://eldia.es/2013-01-27/SANTACRUZ/8-Tres-nucleos-podran-certificar-urbanos.htm.
Si aplicaramos la logíca y el sentido común, cosas ambas, de las que carecen, estos núcleos de Anaga, ya estarían salvados.Simplemente, con la aplicación de la ley, 7/2009, del Parlamento de Canarias, esots pueblos, llevarían tranquilos, casi tres años.
Pero, si el censo de pueblos del litoral de Canarias, (según unos no se ha realizado, pero parece que esta publicado y guardado en algún oscuro despacho, no se por que malintencionado motivo, ) según los responsables políticos de realizarlo, no lo exigen, y quienes los exigen son aquellos, que saben que esta realizado, pero lo niegan, pues estamos en un periodo de tensa espera, sin importales para nada las propiedades de las personas que viven en esos pueblos.
La pregunta a realizar, POR QUE?
NOTA: las imagenes son del censo de poblaciones del litoral de Canarias.
Proverbio. NO HAY MÁS CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER,
Así lo informó el abogado de los vecinos de estos emplazamientos, Juan José Rodríguez, que dijo que el texto legal "se supone que se aprobará, ya que hasta ahora no se ha producido ninguna modificación en su tramitación parlamentaria". Rodríguez dijo, no obstante, que el caso de Igueste de San Andrés "es más complejo, ya que no tiene certificado de la Cotmac y requiere de otro procedimiento". Señaló que los núcleos con certificado anterior al año 1988, como los tres primeros emplazamientos, "lo tienen muy fácil, ya que solo se necesita que dicho organismo acredite su certificación". No obstante, el letrado reprochó las dificultades pasadas por sus defendidos en este proceso, porque, según afirma, "Costas estuvo más de tres años reclamando la documentación, tanto al Ayuntamiento de Santa Cruz como a la Cotmac, con la advertencia de que se perdería la condición de urbano, pero no respondieron".
http://eldia.es/2013-01-27/SANTACRUZ/8-Tres-nucleos-podran-certificar-urbanos.htm.
Si aplicaramos la logíca y el sentido común, cosas ambas, de las que carecen, estos núcleos de Anaga, ya estarían salvados.Simplemente, con la aplicación de la ley, 7/2009, del Parlamento de Canarias, esots pueblos, llevarían tranquilos, casi tres años.
La pregunta a realizar, POR QUE?
NOTA: las imagenes son del censo de poblaciones del litoral de Canarias.
Proverbio. NO HAY MÁS CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER,
Descubrir el engaño. Respetar la historia y tradición.
Las mentiras y engaños, que han sufrido los habitantes de los ciento once núcleos costeros de Canarias, amenazados por la tan absurda ley de Costas y por su anunciada y publicitada modificación, ya no causan el efecto deseado por parte de este grupo de alcaldes, consejeros, técnicos adjuntos y adjuntos a los técnicos. Ya simplemente, el engaño, elaborado a lo largo de muchos años con una precisión maquiavélica, no funciona.
Cada día, se alzan voces de protesta, que han dejado de lado la lucha individual para levantarse en una lucha conjunta, de todos los afectados, contra esta Ley, que vulnera derechos a los menos pudientes, y dota de supuesta legalidad, pero nunca de moralidad a complejos y grandiosos proyectos urbanísticos, a hoteles y apartamentos, a puertos deportivos y clubs náuticos elitistas, a “beach clubs” de moda (dícese de esas playas con música, tumbonas balinesas, y camareros/as, con cuerpos esculturales, ataviados con biquinis y tangas, normalmente, una talla menos de la indicada) de playas artificiales, creadas muchas de ellas, en lugares de interés científico (Lics) y con arena y materiales traídos desde el Caribe, y al servicio de grandes intereses económicos y en contra del sentido medioambiental más sencillo,” destruir la naturaleza para el servicio del hombre”.
Canarias, también llamada, el Archipiélago Afortunado, con sus más de mil quinientos kilómetros de costas, es un objetivo prioritario de planes, proyectos e informes, destinados a la desaparición sistemática de los pueblos del litoral, en virtud, de una idea equivocada y nada sostenible de desarrollo turístico.
Lo lamentable, es que en ese desarrollo, no tienen cabida pueblos del litoral, ni su historia, ni su identidad, que existen desde mucho antes de la ley de costas. Esos pueblos, por donde hace poco paseaban los niños y niñas de Rajoy, ellos, de sport, ellas de zapato de verano y de tacón apropiado para caminar por callaos y arenas, repartiendo besos y promesas, abrazos y mentiras, falsas ilusiones y malogradas esperanzas. Pueblos, donde los herederos del salinismo moderno, copados del socialismo histórico, e histérico, trazan sus proyectos grandiosos y pioneros, ilusorios, sin importar a cuantas personas van a dejar en la calle, en virtud de la Ley, y justificando la protección de la costas, con teorías claramente ambiguas, falsas y totalmente desmontables, simplemente con el uso del sentido común. Pueblos, donde los nacionalistas van a comer el pescadito fresco, la viejita y el sargito, llevando las estrellas verdes, en la solapa de la chaqueta, y obviando la realidad de los habitantes de estos pueblos, más preocupados por evitar que las jodidas líneas de los caprichosos deslindes, no pasen por su propiedad, que por recibir los abrazos y saludos de estos ilustres visitantes. Núcleos costeros, que reciben las visitas, de los políticos, practicantes del eco socialismo, que llena de pintadas muros y paredes, más preocupados por sumar votos para las próximas elecciones, que por los problemas de los vecinos. Pueblos, donde los abogados sin escrúpulos, claros herederos de la usura, hacen su agosto, a costa de personas humildes, que en muchos casos se hipotecan para poder abonar, las infladas facturas de los largos litigios contra la Dirección General de Costas.
Abogados, políticos, políticos abogados, e iluminados y profetas que van surgiendo en esta lucha contra la Ley de costas, representan un peligro similar al que representa el trazado de los deslindes, repletos de intereses, llenos de arbitrariedad y diseñados por ingenieros, que desconocen por completo la realidad social, cultural e histórica de estos pueblos del litoral de Canarias.
Pero, el cambio es real. El primer paso lo dio el desapareció pueblo de Cho Vito, pero el testigo, lo han recogido otros pueblos.
Es el momento de luchar, con información, y trabajo, con ilusión y con coraje, para que la historia de estos pueblos, llena de sufrimiento y penurias, de salinas y mar, de costumbres y tradición, no desaparezca bajo la piqueta de la Ley de Costas.
Antonio Alonso.
Cada día, se alzan voces de protesta, que han dejado de lado la lucha individual para levantarse en una lucha conjunta, de todos los afectados, contra esta Ley, que vulnera derechos a los menos pudientes, y dota de supuesta legalidad, pero nunca de moralidad a complejos y grandiosos proyectos urbanísticos, a hoteles y apartamentos, a puertos deportivos y clubs náuticos elitistas, a “beach clubs” de moda (dícese de esas playas con música, tumbonas balinesas, y camareros/as, con cuerpos esculturales, ataviados con biquinis y tangas, normalmente, una talla menos de la indicada) de playas artificiales, creadas muchas de ellas, en lugares de interés científico (Lics) y con arena y materiales traídos desde el Caribe, y al servicio de grandes intereses económicos y en contra del sentido medioambiental más sencillo,” destruir la naturaleza para el servicio del hombre”.
Canarias, también llamada, el Archipiélago Afortunado, con sus más de mil quinientos kilómetros de costas, es un objetivo prioritario de planes, proyectos e informes, destinados a la desaparición sistemática de los pueblos del litoral, en virtud, de una idea equivocada y nada sostenible de desarrollo turístico.
Lo lamentable, es que en ese desarrollo, no tienen cabida pueblos del litoral, ni su historia, ni su identidad, que existen desde mucho antes de la ley de costas. Esos pueblos, por donde hace poco paseaban los niños y niñas de Rajoy, ellos, de sport, ellas de zapato de verano y de tacón apropiado para caminar por callaos y arenas, repartiendo besos y promesas, abrazos y mentiras, falsas ilusiones y malogradas esperanzas. Pueblos, donde los herederos del salinismo moderno, copados del socialismo histórico, e histérico, trazan sus proyectos grandiosos y pioneros, ilusorios, sin importar a cuantas personas van a dejar en la calle, en virtud de la Ley, y justificando la protección de la costas, con teorías claramente ambiguas, falsas y totalmente desmontables, simplemente con el uso del sentido común. Pueblos, donde los nacionalistas van a comer el pescadito fresco, la viejita y el sargito, llevando las estrellas verdes, en la solapa de la chaqueta, y obviando la realidad de los habitantes de estos pueblos, más preocupados por evitar que las jodidas líneas de los caprichosos deslindes, no pasen por su propiedad, que por recibir los abrazos y saludos de estos ilustres visitantes. Núcleos costeros, que reciben las visitas, de los políticos, practicantes del eco socialismo, que llena de pintadas muros y paredes, más preocupados por sumar votos para las próximas elecciones, que por los problemas de los vecinos. Pueblos, donde los abogados sin escrúpulos, claros herederos de la usura, hacen su agosto, a costa de personas humildes, que en muchos casos se hipotecan para poder abonar, las infladas facturas de los largos litigios contra la Dirección General de Costas.
Abogados, políticos, políticos abogados, e iluminados y profetas que van surgiendo en esta lucha contra la Ley de costas, representan un peligro similar al que representa el trazado de los deslindes, repletos de intereses, llenos de arbitrariedad y diseñados por ingenieros, que desconocen por completo la realidad social, cultural e histórica de estos pueblos del litoral de Canarias.
Pero, el cambio es real. El primer paso lo dio el desapareció pueblo de Cho Vito, pero el testigo, lo han recogido otros pueblos.
Es el momento de luchar, con información, y trabajo, con ilusión y con coraje, para que la historia de estos pueblos, llena de sufrimiento y penurias, de salinas y mar, de costumbres y tradición, no desaparezca bajo la piqueta de la Ley de Costas.
Antonio Alonso.
jueves, 10 de enero de 2013
Cofete se queda sin camping
Costas reclama la zona de acampada que funciona desde hace 30 años en el Parque Natural de Jandía
Cofete, en pleno corazón del Parque Natural de Jandía, carece provisionalmente de camping. La Demarcación de Costas reclama al Cabildo la zona de acampada usada desde hace 30 años por encontrarse dentro del dominio público marítimo terrestre. Medio Ambiente busca alternativas.
A Costas, lo que es de Costas. El Ministerio de Medio Ambiente reclama al Cabildo Insular el suelo usado como camping de Cofete durante tres décadas por situarse dentro del dominio público marítimo terrestre. La Consejería de Medio Ambiente busca un nuevo emplazamiento que permita montar la caseta o estacionar la caravana en el Parque Natural de Jandía de forma reglada.
El camping de Cofete, cerca del cementerio y del asentamiento, era hasta ahora el único lugar donde se permitía la acampada en todo el espacio protegido.
Desde hace un mes, explica Natalia Evora, consejera de Medio Ambiente, Costas viene comprobando las zonas de dominio público y ha señalado la zona de acampadas de Cofete como afectada, «por lo que informó de que no se podrían seguir autorizando acampadas allí». Ya hizo lo mismo antes en Lobos y en Punta Salinas, que sumaban 100 plazas.
las acampadas en la zona habilitada de Cofete se venían haciendo con autorizaciones al menos desde los 80. Hasta el 98, la gestión corría a cargo del Gobierno de Canarias y desde ese año se transfirió al Cabildo. Desde entonces, ha sido la misma zona y la misma capacidad máxima: 110 personas.
«No hay forma». Evora no entiende «por qué ahora dicen no a lo que se lleva haciendo desde hace 30 años. Más aún cuando ahora el número de campistas es menor al estar más controlado y cuando hay mejores sistemas de recogida de residuos y más concienciación con el cuidado del entorno». La primera institución majorera asegura que ha tratado de dialogar con Costas para explicarles este punto de vista, «pero no hay forma».
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=287530
LA VERDAD ES QUE LA DIRECCION GRAL. DE COSTAS, PRACTICA LA CONTRADICCIÓN DE UNA MANERA HABITUAL.
Cierto es, que la aberrante ley de costas, prohibe las acampadas en dominio público, pero tambien, los hoteles, los numerosos clubs nauticos, que ni tan siquiera tienen barcos y lo que es peor, los parkins públicos, que cobran a los usuarios, sin permiso, sin concesión, y sobre todo sin verguenza.
Para estar rodeados de agua, los canarios, tendremos que pagar hasta por ir a la playa.
Cofete, en pleno corazón del Parque Natural de Jandía, carece provisionalmente de camping. La Demarcación de Costas reclama al Cabildo la zona de acampada usada desde hace 30 años por encontrarse dentro del dominio público marítimo terrestre. Medio Ambiente busca alternativas.
A Costas, lo que es de Costas. El Ministerio de Medio Ambiente reclama al Cabildo Insular el suelo usado como camping de Cofete durante tres décadas por situarse dentro del dominio público marítimo terrestre. La Consejería de Medio Ambiente busca un nuevo emplazamiento que permita montar la caseta o estacionar la caravana en el Parque Natural de Jandía de forma reglada.
El camping de Cofete, cerca del cementerio y del asentamiento, era hasta ahora el único lugar donde se permitía la acampada en todo el espacio protegido.
Desde hace un mes, explica Natalia Evora, consejera de Medio Ambiente, Costas viene comprobando las zonas de dominio público y ha señalado la zona de acampadas de Cofete como afectada, «por lo que informó de que no se podrían seguir autorizando acampadas allí». Ya hizo lo mismo antes en Lobos y en Punta Salinas, que sumaban 100 plazas.
las acampadas en la zona habilitada de Cofete se venían haciendo con autorizaciones al menos desde los 80. Hasta el 98, la gestión corría a cargo del Gobierno de Canarias y desde ese año se transfirió al Cabildo. Desde entonces, ha sido la misma zona y la misma capacidad máxima: 110 personas.
«No hay forma». Evora no entiende «por qué ahora dicen no a lo que se lleva haciendo desde hace 30 años. Más aún cuando ahora el número de campistas es menor al estar más controlado y cuando hay mejores sistemas de recogida de residuos y más concienciación con el cuidado del entorno». La primera institución majorera asegura que ha tratado de dialogar con Costas para explicarles este punto de vista, «pero no hay forma».
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=287530
LA VERDAD ES QUE LA DIRECCION GRAL. DE COSTAS, PRACTICA LA CONTRADICCIÓN DE UNA MANERA HABITUAL.
Cierto es, que la aberrante ley de costas, prohibe las acampadas en dominio público, pero tambien, los hoteles, los numerosos clubs nauticos, que ni tan siquiera tienen barcos y lo que es peor, los parkins públicos, que cobran a los usuarios, sin permiso, sin concesión, y sobre todo sin verguenza.
Para estar rodeados de agua, los canarios, tendremos que pagar hasta por ir a la playa.
sábado, 22 de diciembre de 2012
!QUE ASCO DE PAIS.!!QUE ASCO DE JUSTICIA!
ESTOY TAN CANSADO DE ESTE PAIS, QUE POSEE LA TASA DE CORRUPCIÓN SIMILIAR A LA DE CUALQUIER REPUBLICA BANANERA, QUE NOTICIAS COMO LAS SIGUIENTES, ME PRODUCEN NAUSEAS Y VOMITOS.
Y es que las siguientes noticias, reflejasdas en la prensa canaria, no traspasa fornteras, pero si lo hicieran, serían motivo de quejas de todos los tribunales de justicia del mundo.
En el mismo Plan general de Ordenación de que va a legallizar todas las ilegalidades posibles, se deja fuera de ordenación, por culpa de un deslinde del dominio publico maritimo terrestre, las dos unicas poblaciones, que reflejan parte de la identidad canaria y el mar, y que estaban antes que nadie en la costa, El Golfo y Playa Quemada.
Para esto hacen y utilizan los politicos las leyes: una para confiscar la propiedad y la otra para hacer favores a la gente poderosa que, en vez de llevarles a la cárcel, les premian con recalificaciones. La podrefumbre y la corrupcion de este pais no para de asombrarme.
La Alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, acompañada de una cohorte de "técnicos", ha defendido públicamente la "legalización" de los establecimientos hoteleros anulados por los Tribunales de Justicia, dentro del todavía no aprobado Plan General de Yaiza, a cambio de "una compensación económica" que rondaría los 4 millones de euros. En la misma comparecencia, el Vicenconsejero Autonómico de Política Territorial, Mario Pérez, defendió la "resurrección" del Plan Parcial Playa Blanca, ilegalizado por la Justicia. Un plan que, irónicamente, había impugado en su época de Presidente del Cabildo. Ninguno de los dos políticos explicó como iban a "incumplir" las Sentencias Judiciales Firmes.
En una rueda de prensa en la que Gladys Acuña (PIL) apareció "escoltada" por el Viceconsejero de Política Territorial del Gobierno Canario, el lanzaroteño Mario Pérez (CC); el Director General de Ordenación Territorial, Juan José Santana; el redactor del todavía no aprobado Plan General, Jorge Cordech; y el concejal de Urbanismo, Juan Antonio Rodríguez; la primera edil defendió "las excelencias" del nuevo documento de ordenación del municipio. Para seguidamente sugerir que el consistorio tiene previsto "regularizar" a las veintena de establecimientos hoteleros, cuyas licencias están anuladas por la justicia y los que tienen que derribar parte de sus infraestructuras. Eso sí, a cambio de una "compensación económica" de unos 4 millones de euros: es decir, que cada complejo deberá pagar "unos 200.000 euros" a cambio de "adaptarse a la normativa urbanística del nuevo Plan General".
Para "engodar" a los presentes, los redactores aseguraron que "los hoteles ilegales (pues lo son) tendrían que destinar cerca del 35% de su superficie edificatoria a zonas comunes", aunque ello significara "eliminas camas turísticas". Pero no coló, pues el redactor del aún no aprobado Plan, reconoció que se permitirá a las plantas hoteleras (las ilegales, para ser más claros), "aumentar un 50% su edificabilidad", lo que a su vez redundaría en "una compensación económica de un 15% al Ayuntamiento por el aprovechamiento de esa mayor edificabilidad".
- Mario Pérez quiere legalizar lo que previamente había impugnado
El Viceconsejero de Política Territorial, Mario Pérez, aseguró sin ruborizarse, que "el Plan aporta Seguridad Jurídica", añadiendo que "contribuye a generar economía". Pero se olvidó de decirle a los presentes (y a toda la opinión pública) que cuando había sido Presidente del Cabildo (accidental), impugnó el Plan Parcial Playa Blanca; el mismo Plan Parcial que ahora pretende "resucitar", pese a que está anulado por la Justicia.
De la misma forma, Gladys Acuña anunció que pretende "recalificar" el suelo donde se encuentra construida la "gran mansión" del arquitecto Carlos Morales (imputado por el escándalo de las licencias ilegales); Gladys olvidó que hace años denunció ese mismo terreno, cuando era Concejal de la oposición... Y en la rueda de prensa permaneció callado el concejal Jose Antonio Rodríguez (PNL), el mismo que había sido Concejal de Urbanismo cuando se denunciaron las licencias ilegales a complejos hoteleros (hoy anuladas por Justicia).
- ¿Legalizar lo ilegalizado jurídicamente?
Lo más irónico de la comparecencia público fue que el Director General de Ordenación del Territorio, Juan José Santana, insistió en que había que "regularizar los hoteles", amparándose en la Ley de Modernización Turística del Gobierno Canario. Pero olvidó señalar (todos olvidaron algo ese día) que el borrador de dicha "ley" fue elaborado (entre otros) por Ignacio Díaz de Aguilar: aquel letrado imputado por el ANULADO Plan Parcial Playa Blanca, y representante de algunas de las sociedades a las que se anularon las licencias de sus hoteles.
Eso sí, ninguno de los presentes supieron (o quisieron) decir, ¿cómo van a legalizar, lo que ya ha sido ilegalizado por los Tribunales de Justicia...? En una isla donde los desahucios están al orden del día, y donde Costas amenaza a núcleos urbanos como El Golfo o Tenézera, los empresarios ricos siempre tendrán cabida para determinadas instituciones...
http://www.laverdaddelanzarote.com/articulo/economia/el-plan-de-yaiza-quiere-legalizar-los-hoteles-anulados-por-la-justicia-a-cambio-de-4-millones-de-euros/20121108151521000897.html
El chalé de Morales y Alexia de Grecia que investiga el juez cuesta 3,8 millones
El matrimonio compró los terrenos en 2005 e inició en 2007 las obras que han sido denunciadas por la Guardia Civil - La casa tiene 1.200 metros construidos, tres plantas y ocupa suelo no urbanizable
El chalé que está a punto de sentar en el banquillo al esposo de la princesa Alexia de Grecia, el arquitecto lanzaroteño Carlos Morales, tiene una superficie de 1.200 metros cuadrados y está valorado en 3.823.000 euros, según el atestado elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). La casa, que es investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, es propiedad a partes iguales de la pareja.
El matrimonio compró la finca en abril de 2005 por 257.000 euros, y en octubre de 2007 "iniciaron una construcción destinada al uso de vivienda que ocupa 1.200 metros cuadrados". La obra nueva, que asciende a 925.000 euros, se levanta en un solar de 5.100 metros y se distribuye en tres plantas. Sin embargo, la tasación total y final del inmueble es de 3.823.000, según el crédito hipotecario investigado por la UCO. El chalé no está terminado en la actualidad, en parte por la intervención de la Guardia Civil.
Los agentes del Grupo Especial de Delitos Urbanísticos concluyen en su informe que la vivienda "ocupa a todas luces" la servidumbre de la línea de costa, pues el muro más próximo al mar está a poco más de 20 metros. El suelo es no urbanizable y también podría ocupar una zona verde de especial protección en Puerto Calero (Yaiza).
La investigación comenzó el 5 de junio de 2008 gracias a una conversación telefónica intervenida por la UCO. Los interlocutores, el político Carlos Espino y el empresario Fernando Becerra, hablan del chalé que se está construyendo Morales en Puerto Calero. Los agentes se enteran de que la casa ocupa suelo no urbanizable e inician las pesquisas para comprobarlo.
La Guardia Civil considera que Morales ha podido cometer un delito contra la ordenación del territorio, y los agentes ponen la información en conocimiento del juez César Romero Pamparacuatro, que lleva meses investigando una supuesta trama de cobro masivo de comisiones en diferentes instituciones de la Isla (caso Unión).
Lo primero que hace el magistrado es abrir una pieza separada para instruir la denuncia sobre el chalé porque la superficie construida "contraviene" todas las normas urbanísticas aplicables. Los informes emitidos por los diferentes organismo públicos sostienen que la propiedad ocupa suelo no urbanizable e invade el dominio público marítimo-terrestre. Por tanto, la licencia concedida por José Francisco Reyes, ex alcalde de Yaiza, "sería en todo caso manifiestamente ilegal y nula de pleno derecho".
Por todo ello, a principios de esta semana, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas ha solicita al juez que transforme esas diligencias en procedimiento abreviado para formular acusación contra Morales y Reyes
http://www.laprovincia.es/lanzarote/2011/01/29/chale-morales-alexia-grecia-investiga-juez-cuesta-38-millones/349983.html
Y AHORA VIENE LO BUENO
Yaiza recalifica la casa de Carlos Morales como urbana en el nuevo planeamiento
El arquitecto lanzaroteño está acusado de prevaricación urbanística en el 'caso Unión' por su vivienda, que fue paralizada
El nuevo Plan General de Yaiza, aprobado de forma inicial, propone la recalificación como suelo urbano de una franja de 85.489 metros cuadrados situada en Puerto Calero, que denomina Puerto Calero 2, zona en la que el arquitecto lanzaroteño Carlos Morales, marido de la princesa Alexia de Grecia, comenzó la construcción de su vivienda familiar en una parcela de unos 4.500 metros, cuyas obras fueron paralizadas en 2009 tras el estallido de la operación 'Unión'.
Morales está acusado en este procedimiento, que instruye el Juzgado de Instrucción nº 5 de Arrecife, de un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística. El exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes otorgó a finales de 2006 a Morales la licencia de construcción del inmueble en suelo no urbanizable al tratarse de un área rústica de protección territorial, según las investigaciones de la Guardia Civil.
El informe elaborado al respecto por el Grupo Especial de Delitos Urbanísticos de la Benemérita, señala, además, que la casa "ocupa a todas luces" la servidumbre de la línea de costa, ya que el muro más próximo al mar está a poco más de veinte metros.
Puerto Calero 2 se ubica entre los sectores turísticos residenciales de Puerto Calero, al este, y el de Cortijo Viejo al oeste. Al norte limita con suelo rústico y al sur con la zona portuaria.
Los redactores del nuevo planeamiento de Yaiza, el equipo de la empresa pública del Gobierno de Canarias Gesplan, justifican el cambio de uso de la bolsa de suelo Puerto Calero 2, en que el objeto principal de la misma es "servir de articulación entre los dos ámbitos de Puerto Calero y Cortijo Viejo, actualmente separados, mediante la creación de una vía interior y una rotonda en su lindero norte". Asimismo, el equipo redactor afirma que "este ámbito está en parte edificado, restando áreas por ocupar que carecen de valor ambiental alguno al estar completamente antropizadas".
http://www.laprovincia.es/lanzarote/2012/10/19/yaiza-recalifica-casa-carlos-morales-urbana-nuevo-planeamiento/491369.html
Y YO VIVIA EN CHO VITO
Y es que las siguientes noticias, reflejasdas en la prensa canaria, no traspasa fornteras, pero si lo hicieran, serían motivo de quejas de todos los tribunales de justicia del mundo.
En el mismo Plan general de Ordenación de que va a legallizar todas las ilegalidades posibles, se deja fuera de ordenación, por culpa de un deslinde del dominio publico maritimo terrestre, las dos unicas poblaciones, que reflejan parte de la identidad canaria y el mar, y que estaban antes que nadie en la costa, El Golfo y Playa Quemada.
Para esto hacen y utilizan los politicos las leyes: una para confiscar la propiedad y la otra para hacer favores a la gente poderosa que, en vez de llevarles a la cárcel, les premian con recalificaciones. La podrefumbre y la corrupcion de este pais no para de asombrarme.
El Plan de Yaiza quiere "legalizar" los hoteles anulados por la Justicia, a cambio de 4 millones de euros
La Alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, acompañada de una cohorte de "técnicos", ha defendido públicamente la "legalización" de los establecimientos hoteleros anulados por los Tribunales de Justicia, dentro del todavía no aprobado Plan General de Yaiza, a cambio de "una compensación económica" que rondaría los 4 millones de euros. En la misma comparecencia, el Vicenconsejero Autonómico de Política Territorial, Mario Pérez, defendió la "resurrección" del Plan Parcial Playa Blanca, ilegalizado por la Justicia. Un plan que, irónicamente, había impugado en su época de Presidente del Cabildo. Ninguno de los dos políticos explicó como iban a "incumplir" las Sentencias Judiciales Firmes.
En una rueda de prensa en la que Gladys Acuña (PIL) apareció "escoltada" por el Viceconsejero de Política Territorial del Gobierno Canario, el lanzaroteño Mario Pérez (CC); el Director General de Ordenación Territorial, Juan José Santana; el redactor del todavía no aprobado Plan General, Jorge Cordech; y el concejal de Urbanismo, Juan Antonio Rodríguez; la primera edil defendió "las excelencias" del nuevo documento de ordenación del municipio. Para seguidamente sugerir que el consistorio tiene previsto "regularizar" a las veintena de establecimientos hoteleros, cuyas licencias están anuladas por la justicia y los que tienen que derribar parte de sus infraestructuras. Eso sí, a cambio de una "compensación económica" de unos 4 millones de euros: es decir, que cada complejo deberá pagar "unos 200.000 euros" a cambio de "adaptarse a la normativa urbanística del nuevo Plan General".
Para "engodar" a los presentes, los redactores aseguraron que "los hoteles ilegales (pues lo son) tendrían que destinar cerca del 35% de su superficie edificatoria a zonas comunes", aunque ello significara "eliminas camas turísticas". Pero no coló, pues el redactor del aún no aprobado Plan, reconoció que se permitirá a las plantas hoteleras (las ilegales, para ser más claros), "aumentar un 50% su edificabilidad", lo que a su vez redundaría en "una compensación económica de un 15% al Ayuntamiento por el aprovechamiento de esa mayor edificabilidad".
- Mario Pérez quiere legalizar lo que previamente había impugnado
El Viceconsejero de Política Territorial, Mario Pérez, aseguró sin ruborizarse, que "el Plan aporta Seguridad Jurídica", añadiendo que "contribuye a generar economía". Pero se olvidó de decirle a los presentes (y a toda la opinión pública) que cuando había sido Presidente del Cabildo (accidental), impugnó el Plan Parcial Playa Blanca; el mismo Plan Parcial que ahora pretende "resucitar", pese a que está anulado por la Justicia.
De la misma forma, Gladys Acuña anunció que pretende "recalificar" el suelo donde se encuentra construida la "gran mansión" del arquitecto Carlos Morales (imputado por el escándalo de las licencias ilegales); Gladys olvidó que hace años denunció ese mismo terreno, cuando era Concejal de la oposición... Y en la rueda de prensa permaneció callado el concejal Jose Antonio Rodríguez (PNL), el mismo que había sido Concejal de Urbanismo cuando se denunciaron las licencias ilegales a complejos hoteleros (hoy anuladas por Justicia).
- ¿Legalizar lo ilegalizado jurídicamente?
Lo más irónico de la comparecencia público fue que el Director General de Ordenación del Territorio, Juan José Santana, insistió en que había que "regularizar los hoteles", amparándose en la Ley de Modernización Turística del Gobierno Canario. Pero olvidó señalar (todos olvidaron algo ese día) que el borrador de dicha "ley" fue elaborado (entre otros) por Ignacio Díaz de Aguilar: aquel letrado imputado por el ANULADO Plan Parcial Playa Blanca, y representante de algunas de las sociedades a las que se anularon las licencias de sus hoteles.
Eso sí, ninguno de los presentes supieron (o quisieron) decir, ¿cómo van a legalizar, lo que ya ha sido ilegalizado por los Tribunales de Justicia...? En una isla donde los desahucios están al orden del día, y donde Costas amenaza a núcleos urbanos como El Golfo o Tenézera, los empresarios ricos siempre tendrán cabida para determinadas instituciones...
http://www.laverdaddelanzarote.com/articulo/economia/el-plan-de-yaiza-quiere-legalizar-los-hoteles-anulados-por-la-justicia-a-cambio-de-4-millones-de-euros/20121108151521000897.html
El chalé de Morales y Alexia de Grecia que investiga el juez cuesta 3,8 millones
El matrimonio compró los terrenos en 2005 e inició en 2007 las obras que han sido denunciadas por la Guardia Civil - La casa tiene 1.200 metros construidos, tres plantas y ocupa suelo no urbanizable
El chalé que está a punto de sentar en el banquillo al esposo de la princesa Alexia de Grecia, el arquitecto lanzaroteño Carlos Morales, tiene una superficie de 1.200 metros cuadrados y está valorado en 3.823.000 euros, según el atestado elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). La casa, que es investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, es propiedad a partes iguales de la pareja.
El matrimonio compró la finca en abril de 2005 por 257.000 euros, y en octubre de 2007 "iniciaron una construcción destinada al uso de vivienda que ocupa 1.200 metros cuadrados". La obra nueva, que asciende a 925.000 euros, se levanta en un solar de 5.100 metros y se distribuye en tres plantas. Sin embargo, la tasación total y final del inmueble es de 3.823.000, según el crédito hipotecario investigado por la UCO. El chalé no está terminado en la actualidad, en parte por la intervención de la Guardia Civil.
Los agentes del Grupo Especial de Delitos Urbanísticos concluyen en su informe que la vivienda "ocupa a todas luces" la servidumbre de la línea de costa, pues el muro más próximo al mar está a poco más de 20 metros. El suelo es no urbanizable y también podría ocupar una zona verde de especial protección en Puerto Calero (Yaiza).
La investigación comenzó el 5 de junio de 2008 gracias a una conversación telefónica intervenida por la UCO. Los interlocutores, el político Carlos Espino y el empresario Fernando Becerra, hablan del chalé que se está construyendo Morales en Puerto Calero. Los agentes se enteran de que la casa ocupa suelo no urbanizable e inician las pesquisas para comprobarlo.
La Guardia Civil considera que Morales ha podido cometer un delito contra la ordenación del territorio, y los agentes ponen la información en conocimiento del juez César Romero Pamparacuatro, que lleva meses investigando una supuesta trama de cobro masivo de comisiones en diferentes instituciones de la Isla (caso Unión).
Lo primero que hace el magistrado es abrir una pieza separada para instruir la denuncia sobre el chalé porque la superficie construida "contraviene" todas las normas urbanísticas aplicables. Los informes emitidos por los diferentes organismo públicos sostienen que la propiedad ocupa suelo no urbanizable e invade el dominio público marítimo-terrestre. Por tanto, la licencia concedida por José Francisco Reyes, ex alcalde de Yaiza, "sería en todo caso manifiestamente ilegal y nula de pleno derecho".
Por todo ello, a principios de esta semana, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas ha solicita al juez que transforme esas diligencias en procedimiento abreviado para formular acusación contra Morales y Reyes
http://www.laprovincia.es/lanzarote/2011/01/29/chale-morales-alexia-grecia-investiga-juez-cuesta-38-millones/349983.html
Y AHORA VIENE LO BUENO
Yaiza recalifica la casa de Carlos Morales como urbana en el nuevo planeamiento
El arquitecto lanzaroteño está acusado de prevaricación urbanística en el 'caso Unión' por su vivienda, que fue paralizada
El nuevo Plan General de Yaiza, aprobado de forma inicial, propone la recalificación como suelo urbano de una franja de 85.489 metros cuadrados situada en Puerto Calero, que denomina Puerto Calero 2, zona en la que el arquitecto lanzaroteño Carlos Morales, marido de la princesa Alexia de Grecia, comenzó la construcción de su vivienda familiar en una parcela de unos 4.500 metros, cuyas obras fueron paralizadas en 2009 tras el estallido de la operación 'Unión'.
Morales está acusado en este procedimiento, que instruye el Juzgado de Instrucción nº 5 de Arrecife, de un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística. El exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes otorgó a finales de 2006 a Morales la licencia de construcción del inmueble en suelo no urbanizable al tratarse de un área rústica de protección territorial, según las investigaciones de la Guardia Civil.
El informe elaborado al respecto por el Grupo Especial de Delitos Urbanísticos de la Benemérita, señala, además, que la casa "ocupa a todas luces" la servidumbre de la línea de costa, ya que el muro más próximo al mar está a poco más de veinte metros.
Puerto Calero 2 se ubica entre los sectores turísticos residenciales de Puerto Calero, al este, y el de Cortijo Viejo al oeste. Al norte limita con suelo rústico y al sur con la zona portuaria.
Los redactores del nuevo planeamiento de Yaiza, el equipo de la empresa pública del Gobierno de Canarias Gesplan, justifican el cambio de uso de la bolsa de suelo Puerto Calero 2, en que el objeto principal de la misma es "servir de articulación entre los dos ámbitos de Puerto Calero y Cortijo Viejo, actualmente separados, mediante la creación de una vía interior y una rotonda en su lindero norte". Asimismo, el equipo redactor afirma que "este ámbito está en parte edificado, restando áreas por ocupar que carecen de valor ambiental alguno al estar completamente antropizadas".
http://www.laprovincia.es/lanzarote/2012/10/19/yaiza-recalifica-casa-carlos-morales-urbana-nuevo-planeamiento/491369.html
Y YO VIVIA EN CHO VITO
viernes, 21 de diciembre de 2012
La nueva Ley de Costas del PP salva de la demolición al 95% de las casas de Anaga
Y CON LA ANTERIOR LEY DE COSTAS, TAMBIEN.....
Tavío insta al alcalde a que certifique la situación de las viviendas para legalizarlas. Bermúdez convoca a los diputados y senadores canarios para buscar una solución
El Partido Popular de Santa Cruz aseguró ayer que está en las manos del grupo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital, formado por Coalición Canaria y Partido Socialista, salvar de la demolición al 95% de las viviendas que se encuentran en los núcleos costeros de Anaga. Por ello, la portavoz del PP en el Consistorio, Cristina Tavío, exigió al alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, que aproveche la nueva Ley de Costas para ayudar a las familias afectadas ya que esta normativa "da la oportunidad de legalizar las casas siempre y cuando el Ayuntamiento haga su trabajo".
Sra, Tavio, si los ayuntamientos hicieran su trabajo, nigún nucleo costero, estaria afectado por la ley de costas y por la ineficaz reforma que se ha aprobado recientemente
Según explicó Tavío, el proyecto de esta nueva ley, pues aún no está aprobada, permite salvar a los núcleos costeros aunque no se encuentren en suelo urbano, pero para eso antes el Ayuntamiento debe delimitar y certificar las condiciones urbanísticas que faciliten su legalización. "Estas condiciones, recogidas en la disposición transitoria segunda del proyecto legislativo, establecen la posibilidad de reducir la línea de 100 metros de servidumbre a 20 metros para aquellos núcleos que cuando entró en vigor la Ley de 1988 contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica", añadió.
Todo eso, en el plazo de dos años, a partir de la aprobacion de esta norma Sra Tavio, y siempre que el ayuntamiento, certifique que eso es asi, y que el ministerio lo apruebe, pues existen casos de que el ayutnamiento certifica y el ministerio deniega, o sea, según criterios y color político.Lo mismo, MAS INSEGURIDAD. MAS ARBITRARIEDAD.
El PP ha realizado un estudio sobre la situación de las viviendas de Almáciga, Roque de Las Bodegas, Benijo, Igueste y Las Gaviotas, en el que se concluye que en prácticamente todas estas zonas se cumplen dichos requisitos, tal y como indicó la edil del PP en la capital Ana Zurita. "Por lo que el alcalde nacionalista y el concejal de Urbanismo, el socialista José Ángel Martín, lo que tienen que hacer ahora es iniciar de forma inmediata el expediente para certificar todos los casos, pues una vez que se apruebe la Ley de Costas tendrán un plazo de dos años para resolver esta situación", manifestó la concejal.
Les falta hablar de Roque Bermejo, pero claro esta, eso lo demuelen completo
Para el PP ahora, con el nuevo proyecto legislativo, se podrían salvar el 95% de las viviendas afectadas, algo que no hubiese podido ocurrir con la anterior Ley (1988), ya que ésta obligaba a que los núcleos estuviesen construidos en suelo urbano y que tuviesen aceras y alumbrado público, entre otros requisitos. Con respecto al 5% restante, Zurita comentó que dichas casas se encuentran en el dominio público terrestre, por lo que su salvación es más difícil. Aún así, la concejal aseguró que el PP está intentando buscar una solución también para estos casos.
Si estan buscando una solución a los casos de los pueblos costeros tradicionales, ¿como prometieron en la oposición, como es que no se refleja en la nueva norma?
Por su parte, el alcalde de Santa Cruz ha convocado para esta tarde a los diputados y senadores canarios para poder llegar a un acuerdo y buscar una solución a los núcleos costeros de Anaga, "promoviendo, en su caso, la modificación de este proyecto de Ley" en el caso de que los perjudique. Bermúdez recuerda que el pasado 30 de octubre el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción "en defensa de los pueblos de Igueste de San Andrés, Tachero, Almáciga y Roque de las Bodegas", que fue apoyada por todos los grupos políticos en la Corporación local, incluido el PP.
Pero el PP no considera que el camino adecuado sea el de presentar una enmienda a este proyecto de Ley , como propondrá hoy el alcalde nacionalista a los senadores y diputados. "Batallas, las justas. En este caso no es necesario porque está en las manos del propio Ayuntamiento solucionar este asunto, ya que la nueva Ley de Costas da la posibilidad de legalizar estos núcleos si el Consistorio delimita y certifica las condiciones urbanísticas de las casas que se encuentran en el litoral de Anaga. Lo que ocurre es que parece que Bermúdez y Martín no se han leído el proyecto de Ley o no lo entienden", declaró ayer la portavoz del PP en la Corporación chicharrera.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife pide a los senadores y diputados canarios que, "independientemente de legítimas visiones personales o de partido, e incluso de posibles discrepancias en la interpretación jurídica o los antecedentes históricos", tengan un interés común en hallar una solución para las personas directamente afectadas, que les proporcione la tranquilidad y la seguridad jurídica que se merecen.
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/12/21/nueva-ley-costas-pp-salva-demolicion-95-casas-anaga/451666.html
Que poco respeto me merecen aquellos políticos, que no defienden los problemas de su tierra, máxime, cuando lo han prometido, lo han defendido desde la oposición y al llegar al poder, esconden la mano.
Lo dicho, mas de lo mismo.
Tavío insta al alcalde a que certifique la situación de las viviendas para legalizarlas. Bermúdez convoca a los diputados y senadores canarios para buscar una solución
El Partido Popular de Santa Cruz aseguró ayer que está en las manos del grupo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital, formado por Coalición Canaria y Partido Socialista, salvar de la demolición al 95% de las viviendas que se encuentran en los núcleos costeros de Anaga. Por ello, la portavoz del PP en el Consistorio, Cristina Tavío, exigió al alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, que aproveche la nueva Ley de Costas para ayudar a las familias afectadas ya que esta normativa "da la oportunidad de legalizar las casas siempre y cuando el Ayuntamiento haga su trabajo".
Sra, Tavio, si los ayuntamientos hicieran su trabajo, nigún nucleo costero, estaria afectado por la ley de costas y por la ineficaz reforma que se ha aprobado recientemente
Según explicó Tavío, el proyecto de esta nueva ley, pues aún no está aprobada, permite salvar a los núcleos costeros aunque no se encuentren en suelo urbano, pero para eso antes el Ayuntamiento debe delimitar y certificar las condiciones urbanísticas que faciliten su legalización. "Estas condiciones, recogidas en la disposición transitoria segunda del proyecto legislativo, establecen la posibilidad de reducir la línea de 100 metros de servidumbre a 20 metros para aquellos núcleos que cuando entró en vigor la Ley de 1988 contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica", añadió.
Todo eso, en el plazo de dos años, a partir de la aprobacion de esta norma Sra Tavio, y siempre que el ayuntamiento, certifique que eso es asi, y que el ministerio lo apruebe, pues existen casos de que el ayutnamiento certifica y el ministerio deniega, o sea, según criterios y color político.Lo mismo, MAS INSEGURIDAD. MAS ARBITRARIEDAD.
El PP ha realizado un estudio sobre la situación de las viviendas de Almáciga, Roque de Las Bodegas, Benijo, Igueste y Las Gaviotas, en el que se concluye que en prácticamente todas estas zonas se cumplen dichos requisitos, tal y como indicó la edil del PP en la capital Ana Zurita. "Por lo que el alcalde nacionalista y el concejal de Urbanismo, el socialista José Ángel Martín, lo que tienen que hacer ahora es iniciar de forma inmediata el expediente para certificar todos los casos, pues una vez que se apruebe la Ley de Costas tendrán un plazo de dos años para resolver esta situación", manifestó la concejal.
Les falta hablar de Roque Bermejo, pero claro esta, eso lo demuelen completo
Para el PP ahora, con el nuevo proyecto legislativo, se podrían salvar el 95% de las viviendas afectadas, algo que no hubiese podido ocurrir con la anterior Ley (1988), ya que ésta obligaba a que los núcleos estuviesen construidos en suelo urbano y que tuviesen aceras y alumbrado público, entre otros requisitos. Con respecto al 5% restante, Zurita comentó que dichas casas se encuentran en el dominio público terrestre, por lo que su salvación es más difícil. Aún así, la concejal aseguró que el PP está intentando buscar una solución también para estos casos.
Si estan buscando una solución a los casos de los pueblos costeros tradicionales, ¿como prometieron en la oposición, como es que no se refleja en la nueva norma?
Por su parte, el alcalde de Santa Cruz ha convocado para esta tarde a los diputados y senadores canarios para poder llegar a un acuerdo y buscar una solución a los núcleos costeros de Anaga, "promoviendo, en su caso, la modificación de este proyecto de Ley" en el caso de que los perjudique. Bermúdez recuerda que el pasado 30 de octubre el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción "en defensa de los pueblos de Igueste de San Andrés, Tachero, Almáciga y Roque de las Bodegas", que fue apoyada por todos los grupos políticos en la Corporación local, incluido el PP.
Pero el PP no considera que el camino adecuado sea el de presentar una enmienda a este proyecto de Ley , como propondrá hoy el alcalde nacionalista a los senadores y diputados. "Batallas, las justas. En este caso no es necesario porque está en las manos del propio Ayuntamiento solucionar este asunto, ya que la nueva Ley de Costas da la posibilidad de legalizar estos núcleos si el Consistorio delimita y certifica las condiciones urbanísticas de las casas que se encuentran en el litoral de Anaga. Lo que ocurre es que parece que Bermúdez y Martín no se han leído el proyecto de Ley o no lo entienden", declaró ayer la portavoz del PP en la Corporación chicharrera.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife pide a los senadores y diputados canarios que, "independientemente de legítimas visiones personales o de partido, e incluso de posibles discrepancias en la interpretación jurídica o los antecedentes históricos", tengan un interés común en hallar una solución para las personas directamente afectadas, que les proporcione la tranquilidad y la seguridad jurídica que se merecen.
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/12/21/nueva-ley-costas-pp-salva-demolicion-95-casas-anaga/451666.html
Que poco respeto me merecen aquellos políticos, que no defienden los problemas de su tierra, máxime, cuando lo han prometido, lo han defendido desde la oposición y al llegar al poder, esconden la mano.
Lo dicho, mas de lo mismo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)