Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

sábado, 16 de marzo de 2013

Eurodiputados viajarán a Madrid para estudiar denuncias sobre Ley de Costas

La comisión de peticiones del Parlamento Europeo viajará a Madrid los días 21 y 22 de marzo para analizar las 76 denuncias recibidas en Bruselas sobre la reforma de la Ley de Costas.


Según ha anunciado en un comunicado la oficina del Parlamento Europeo en España, la delegación se reunirá con representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la sociedad civil y de las organizaciones denunciantes.

Su objetivo será estudiar si la reforma de la Ley de Costas, aprobada el 20 de febrero por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de la propiedad privada.

Los seis eurodiputados de la comisión de peticiones pertenecen a cinco grupos políticos, y estarán acompañados por los eurodiputados españoles Carlos Iturgaiz (PP) y Willy Meyer (IU).

Según señala el comunicado, la mayoría de las 76 peticiones recibidas sobre la reforma son de propietarios de viviendas en la costa "insatisfechos con las modificaciones".

También se han recibido denuncias de las organizaciones medioambientales que consideran que la reforma pone obstáculos a la protección de la costa, e informes de ciudadanos "que están mayoritariamente de acuerdo con la propuesta del Gobierno Español".

La norma, que sustituye a la ley del año 1988, salvará del derribo durante 75 años a más de 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la costa.

EFE



jueves, 7 de marzo de 2013

La ley de Costas en Canarias es selectiva

La Ley de Costas en Canarias es selectiva y el ayuntamiento de Tijarafe. Así lo cree, y presenta Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra Costas por querer derribar la zona costera del Proís en Candelaria. Y le da la razón con fecha 4 de marzo de 2013. Lo que demuestra a priori que los derribos de viviendas en las Costas de Canarias, se efectúa por la dejadez o complicidad de ayuntamientos, Cabildos Insulares y Gobierno de Canarias.


En Canarias está previsto derribar 41 núcleos costeros, mientras en el continente indultan a 10 núcleos y en territorio anexo a todas las de la isla de Formentera (Baleares).

Cuarenta y un núcleos costeros quieren derribar en Canarias porque la ley de Costas se aplica selectivamente en Canarias, afectando a más de 1.500 canarios. Atentando a nuestros valores históricos, culturales, etnográficos; tiran nuestras antiguas viviendas hechas con penuria y sudor… por los presentes y fallecidos familiares, alegando que invaden la zona marítimo-terrestre, y, nos dejan en la puta calle. Sin embargo, en el territorio continental y anexo, les garantizan su supervivencia 75 años, porque las instituciones implicadas (Alcaldes, Diputaciones…) han solicitado su indulto.

En Canarias Costas con el silencio cómplice de las instituciones implicadas: alcaldes, presidentes de Cabildos y presidente del Gobierno de Canarias sentencian a la destrucción los siguientes núcleos costeros:

a) En la isla de La Palma 10, El Remo (Los Llanos de Aridane), la Bombilla (entre Los Llanos de Aridane y Tazacorte), Punta Larga, El Faro y La Zamora (Fuencaliente), Puerto Trigo, Puerto Paja y Martín Luís (Puntallana) Las Mretas (Mazo) y Caleta del Palo (Breña Baja).

b) En Tenerife 15 núcleos, como Boca Cangrejo (El Rosario)…

c) La Gomera 1, Puntallana (San Sebastián de la Gomera).

d) Hierro 3, Pozo de la Salud (Frontera)…

e) Gran Canaria 5, Tufia (Telde)…

f) Lanzarote 1, El Golfo (Yaiza).

g) Fuerteventura 6, Puerto Lajas (Puerto de Rosario)…

En la isla de la Graciosa y otras muchas miles de viviendas de Canarias que tiene la zapata sobre la arena de playas, en terrenos de protección…, no las derriban. ¡Qué casualidad! ¿Quiénes serán sus dueños?

Otras comunidades, hacen gestiones administrativas ante Costas y consiguen indultar 10 asentamientos costeros, como en la provincia de Alicante unas 800 viviendas en los edificios de Alacant, Helios y Rocafel y Santa Pola, en Gerona dos núcleos como Empueriabravo y Paja de Aro, Huelva 3, casco urbano de isla Cristina…, Málaga 2, Pedregalejo y El Palo, Valencia 1, Olivares.

Uno dice más, en la isla de Formentera (Baleares), no se derriban los núcleos costeros porque su Comunidad Autónoma ha solicitado el indulto alegando tener identidad propia.

El Gobierno vernáculo ¿Es culpable de los derribos? Uno cree que sí por su silencio cómplice, y pasividad ante la obligación moral de solicitar una merecida prórroga para nuestros emblemáticos núcleos costeros. Y el pueblo, ¿es culpable? A uno no le vale el victimismo ¿No puedo hacer nada? Sí se puede, sí se puede.

¿Usted que ha hecho? Ante la injusticia de destruir nuestras casas en si misma, acrecentada comparativamente (continente y anexo) que, es la mayor de las injusticias que se puede cometer.

El pueblo tiene que usar la palabra, manifestaciones, huelgas y si no es suficiente ante los simios que nos gobiernan; ponernos en huelga de hambre como hicieron los vecinos de Cho Vito en Candelaria (Tenerife), antes de permitir derribar viviendas costeras selectivamente, hechas con sudor de los presentes o de nuestros ancestros comiendo gofio procedente de cereales mezclado con raíz de helecho.

La historia no eximirá de culpabilidad a los ciudadanos que actualmente se escudan en los políticos. La historia dirá: los políticos son unos zánganos representando a un pueblo paquete; donde unos critican a los valientes de Cho Vito, y otros se quedan acojonados en su casa porque les da vergüenza o por precaución ante el trabajito prometido.

Y Las generaciones futuras cuando junto con otros males les asolen; nos maldecirán.

Debemos elegir ante la disyuntiva de ver un partido de fútbol u organizarnos para que no destruyan nuestra cultura… formarnos… y exigir al Gobierno de Canarias, o lo que sea, porque a lo mejor no es gobierno ni nada, sino un enjambre de zánganos, donde pululan como buenos simios en una institución social y donde priva el amiguismo, el nepotismo, el chanchullo, y el comadreo como parte intrínseca de su conducta ética, porque ellos son los principales culpables de dejarnos sin viviendas, porque en vez de defender nuestros entornos costeros ante depredadores medioambientales para su enriquecimiento personal, lo que hacen es culpar al Gobierno de España en vez de solicitar el indulto de nuestros inmuebles como han hecho y conseguido otras comunidades. Con esta guisa; mientras los canarios adormilados crean sus patrañas, difundidas a través de sus medios de comunicación y de otros afines, seguirán derribando viviendas costeras en Canarias.

http://www.gomeranoticias.com/blog/la-ley-de-costas-en-canarias-es-selec

Aunque le faltan por nombrar muchos más pueblos costeros, en realidad son 112, y más de ciento treinta mil afectados en Canarias, este es el SENTIR DE TODOS LOS AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS EN CANARIAS.

miércoles, 6 de marzo de 2013

El Estado retrasa una decisión sobre los hoteles en las dunas de Corralejo

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, no garantiza el futuro del hotel Oliva Beach y de sus 400 trabajadores dado que los propietarios del complejo hotelero, ubicado en el interior del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, tienen hasta 2017 la concesión administrativa del uso y aprovechamiento en terrenos de dominio publico marítimo-terrestre.


Ramos respondió al senador socialista Domingo Fuentes Curbelo, sobre el futuro de los establecimientos hotel Riu Oliva Beach y apartamentos Riu Oliva Beach, señalando, según Fuentes, que no podía aventurar lo que va a ocurrir ya que en estos momentos acaba de entrar la modificación de la Ley de Costas en el Senado. Federico Ramos aseguró que una vez aprobada la Ley, que situó antes del verano, y después de conocer la voluntad de la propiedad, sería el momento de tomar decisiones al respecto. El secretario de Estado aseguró entender la inquietud de las familias afectadas, a las que reiteradamente aludió el senador socialista, sin desvelar en ningún momento si habrá ampliación de la concesión administrativa o no. "Una vez aprobado el nuevo marco normativo, estudiaremos lo que se puede hacer", concluyó Ramos.

Fuentes afirmó "no se trata tanto de indultar un inmueble viejo, de más de 30 años, construido sobre el dominio público marítimo terrestre, que afecta negativamente al Parque Natural de Las Dunas de Corralejo, sino más bien de salvar los más de 400 puestos de trabajo directos y muchísimos indirectos".

http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2013/03/06/retrasa-decision-hoteles-dunas-corralejo/518109.html

Vamos aver si nos aclaramos. Ya me parece raro, que un senador SOCIALISTA,  del mismo signo político de los que crearon esta ley tan confiscatoria, defienda un hotel. Y por supuesto me parece aún más extraño .que hable que se trate de salvar los puestos de trabajo.
   Cosa rara. En pueblos como Cho Vito, ningún senador socialista se preocupo por el estado de las personas con su vivienda alli. no se preocuparon por donde iban a dormir, si perdieron sus puestos de trabajo, o incluso su salud.
    Volvemos a lo mismo, LA LEY NO ES IGUAL PARA TODOS. TIEMPO AL TIEMPO, Y VERÁN COMO ESE HOTEL SE LEGALIZA

domingo, 3 de marzo de 2013

LO ILEGAL Y LO PERMITIDO

  Desde hace muchos años, más de millón y medio de afectados por la ley de Costas, llevan una lucha desigual. La lucha por mantener sus viviendas, legitimamente adquiridas, construidas o heredadas.
   En esa lucha, se ha demostrado la desigual vara de medir de la Dirección General de Costas, y de los tribunales de Justicia, al aplicar la ley, y definir lo legal y lo ilegal. Según quien cometa el supuesto delito, es permitido, aunque sea la mayor aberración urbanistica, sirva para eliminar zonas de costas de gran belleza, o simplemente sea en nombre del turismo, y de un supuesto interés general; mientras pueblos costeros tradicionales, de muchos años, incluso alguno de un siglo de antiguedad son ilegales por la misma norma.
Sirva de ejemplo las siguientes dos noticias .


Anfi inicia en verano su nuevo hotel






El Grupo Anfi prevé comenzar este verano la construcción de Ruby, un hotel de lujo con 600 camas en el Valle de Tauro (Mogán), en cuanto tenga el visto bueno para la construcción del puerto deportivo. El complejo, que cuenta «con todas las bendiciones administrativas», supondrá una inversión de 60 millones.

El Grupo Anfi prevé comenzar a construir el hotel Ruby en paralelo al inicio del puerto deportivo que proyecta a los pies del Valle de Tauro. La cadena no ha querido comenzar la obra de la su nueva joya turística de cinco estrellas en Mogán hasta tener luz verde para la creación de los atraques, pese a contar desde hace años con la licencia para levantar el hotel, incluido en el proyecto turístico de Anfi Tauro que contempla la construcción de un total de 7.500 camas, dos playas artificiales y el mencionado puerto.

Y el momento se acerca, porque el proyecto del muelle está ya «en la fase de información pública», por lo que podría obtener el permiso «a finales de febrero», según explicó a este periódico el director general del Grupo Anfi, José Luis Trujillo. De cumplirse estas expectativas, las obras de este complejo de «lujo» se iniciarían «en verano», con lo que estaría terminado a mediados de 2015

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=291268



Turismo de ruinas en Guardamar
Chalés que nacieron hace un siglo junto a la orilla del mar languidecen por culpa de una Ley de Costas que impide cualquier obra a la espera de que expire en 2018 la concesión de sus propietarios


El estado ruinoso de las viviendas en la orilla de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, sigue copando la mirada ingenua de los turistas en una imagen que se repite de año a año, pero cada vez más degradada a medida que los temporales han ido actuando contra las edificaciones construidas. La actual Ley de Costas no permite a sus propietarios reforma alguna en lo que se refiere a la estructura, sólo pequeños retoques en el interior. Por ese motivo hay quien ya lo ha perdido todo.

Las viviendas se construyeron a principios del siglo pasado. Levantaron sus pilares bajo una concesión administrativa que en el mejor de los casos finaliza en 2018. En un principio, todos los inmuebles del litoral guardamarenco afectados por la estricta ley deben ser derruidos, pero los más optimistas están a la espera de una reforma del Gobierno central que podría concederles otros 75 años más, aunque nadie cree que sea posible.

En estos momentos, y a falta de pocos años para que se finiquiten todas las concesiones, hacer una inversión millonaria en estas casas sería una osadía, y además no se podría al estar sancionado. Costas no les permite ni arreglar ni restaurar las zonas dañadas de sus hogares, tan solo ver cómo todo se echa a perder. Los viandantes se pueden encontrar fácilmente escombros esparcidos a pie de playa. Dicen que la Ley de Costas ha creado una situación disparatada, pues ni ellos ni la administración local pueden actuar sobre estos inmuebles casi derruidos y que son un auténtico peligro para cualquiera que se acerque por allí.

Desde el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, proponen medidas para voltear esta situación que daña la imagen de una localidad costera turística y que, al mismo tiempo, desquicia a los propietarios que ven cómo sus viviendas de playa se caen en pedazos sin poder remediarlo.

Esta legislación no sólo afecta a los propietarios de concesiones en primera línea, también hay 200 familias del municipio que están pendientes del deslinde recientemente aprobado y que ha dejado sus casas dentro del límite marítimo terrestre; es decir, afectadas por la Ley de Costas que limita sus derechos a medio y largo plazo.

Aunar fuerzas

En cualquier caso, la postura del Ayuntamiento es clara en este sentido. Desde hace años se está trabajando para darle un giro a la situación. PSOE y PP han mantenido diversas reuniones para aunar fuerzas y apoyos suficientes en otras administraciones públicas con el fin de respetar estas propiedades.

Mientras, la resignación provoca una imagen sorprendente donde los andamios, bloques de piedra y casas medio derruidas llaman la atención de quienes pasean por esa playa. Se podría hablar de una ciudad perdida del pasado, pero nos encontramos en Guardamar del Segura, un municipio que cada año recorre medio planeta para promocionar su marca turística de sol y playa.

Y toda esta situación se mantendrá un año más. Ahora con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina, que traerá miles de turistas a esta localidad costera en busca, principalmente, de sol y playa. Mientras, el Ayuntamiento se limita a vigilar la seguridad de la zona, pero la imagen que se ofrece en esta zona está lejos de cualquier sello de calidad turística.

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2013/03/03/turismo-ruinas-guardamar/1349505.html





¿QUEDA ALGUIEN QUE CREA QUE LA LEY DE COSTAS ES IGUAL PARA TODOS?

¿LA JUSTICIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS, ACTUA DE LA MISMA MANERA CON GRANDES HOLDINDS HOTELEROS QUE CON PEQUEÑOS PUEBLOS COSTEROS?


domingo, 24 de febrero de 2013

Costas marca la línea

El deslinde costero de Santa Cruz ha traído de cabeza a muchos vecinos, sobre todo de la zona de Anaga. Con la aprobación de la nueva Ley de Costas en el Congreso, esta foto puede volver a cambiar.


Cada vez que la Dirección General de Costas realiza un deslinde, un maremoto remueve la vida de las miles de personas que tienen una casa cerca del mar.

Costas es quien marca la línea que delimita el dominio público marítimo-terrestre, el lugar donde no puede existir ninguna edificación, y también quien aprueba la servidumbre de protección.

Estos términos técnicos, en la práctica, tienen decisivas consecuencias sobre los ciudadanos. La servidumbre de protección se establece desde el lugar donde acaba el dominio público y va desde un máximo de 100 metros, en terrenos no urbanizables, a un mínimo de 20 metros en zonas urbanas.

Si existe una obra o instalación construida antes de 1988 y estas fueron autorizadas por la anterior Ley de Costas de 1969 o las que se aplicara antes, el Gobierno de la nación otorga una concesión. El máximo de dicha concesión es de 30 años prorrogable otros 3o. Cuando finaliza esta concesión, la construcción es demolida.(TAMBIEN PUEDEN RESCATAR LA CONCESIÓN CUANDO COSTAS QUIERA)

También puede darse el caso de que la vivienda esté en servidumbre de protección. La pugna entre propietarios y Costas pasa por delimitar dicha servidumbre. La ley de 1969 la establecía en 20 metros, pero la de 1988 ascendía el máximo a 100.

Si estás en servidumbre de protección también vas a tener problemas. Tu casa está fuera de ordenación y no puedes hacer nada con ella, salvo dejarla caer con el paso del tiempo.

Con una nueva Ley de Costas en ciernes, el deslinde del litoral de Santa Cruz de Tenerife puede volver a cambiar. Pero por ahora esta es la foto fija de cuál es la situación de los 58 kilómetros de costa de la capital.

Donde más vecinos hay afectados por el dominio público es en los núcleos urbanos de Anaga. De hecho, Sí se Puede presentó en noviembre una moción sobre este asunto que fue aprobada por unanimidad. En ella se solicitaba que el proyecto de ley de la nueva Ley de Costas introdujera "una enmienda en la que se reconociera la reducción de la servidumbre de protección a 20 metros para las entidades de población existentes antes de 1988 y cuyas características, por encontrarse en un ámbito rural clasificado como suelo rústico, no justifiquen su clasificación como suelo urbano".

Arcila se mostraba especialmente preocupado por los núcleos de Tachero, Roque de las Bodegas, Almáciga e Igueste de San Andrés, que son los que cuentan con una línea de dominio público más amplia (de 100 metros), a pesar de haber solicitado su reducción a 20 metros.

En el caso del deslinde entre la playa de El Burro y la de Antequera, Costas argumenta que, a la entrada en vigor de Ley de Costas, los terrenos de Igueste de San Andrés no estaban clasificados como suelo urbano en el PGO de 1957. La revisión del PGO de 1992, mantenía la clasificación de dichos terrenos como rústicos.

De hecho, critican que en el informe emitido expresamente en noviembre de 2002 por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no se desprende situación urbana consolidada en el núcleo de Igueste de San Andrés previa vigencia de la Ley de Costas. "Se trata de un informe ad hoc para este procedimiento, que no se apoya en ningún otro informe, certificado y cualquier otro tipo de documento que avale las manifestaciones contenidas en el mismo", asegura el informe.

Costas estima parcialmente las alegaciones de Haineto Príncipe de Anaga y dos vecinos más. Pero desestiman las de más de 35 vecinos.

Se desestiman las alegaciones de cinco elegantes y de otro más sobre los acantilados y de 30 más aparte.

La segunda parte de la moción de Sí se Puede ya se cumplió. Consistía en que el alcalde se reuniera con los parlamentarios canarios para que hicieran frente común para tratar de modificar la nueva Ley de Costas y salvar a los vecinos de Anaga. De poco ha servido.

El Partido Popular, que es quien aprobó en solitario la ley esta semana en el Congreso, asegura que la nueva norma ofrece muchas posibilidades. Ana Zurita, edil popular, reconoce que aún quedan cosas que pulir en el trámite en el Senado, pero incide en la flexibilidad de la nueva ley. Esta recoge en su disposición transitoria segunda la posibilidad de reducir el deslinde hasta 20 metros si se demuestra que los núcleos poblacionales contaban con acceso rodado, agua, evacuación de aguas residuales y energía eléctrica antes de 1988.

Ojalá sea así, porque para un vecino de Santa Cruz de Tenerife estar en dominio público significa que, más tarde o más temprano, Costas se quedara con su casa y la destruirá.

http://www.eldia.es/2013-02-24/SANTACRUZ/7-Costas-marca-linea.htm



miércoles, 20 de febrero de 2013

Este desmán quedó amnistiado

A toda prisa, el Gobierno del PP consiguió sacar adelante ayer la nueva Ley de Costas en comisión del Congreso de los Diputados gracias a su mayoría absoluta. La normativa, polémica, porque salva de la destrucción unas 10.000 viviendas de diez zonas y porque da otros 75 años de moratoria a construcciones condenadas a la piqueta en 2018, entre otros asuntos, tendrá que aprobarse ahora en el Senado.


El PP escuchó críticas de todos los partidos que acusaban al Gobierno de intentar privatizar el litoral, de buscar la última palabra para tumbar proyectos en la costa y de echar en el olvido el cambio climático. Solo incluyó cambios técnicos en un par de artículos y pequeñas modificaciones. La oposición en bloque votó en contra, con la excepción de CiU, que se abstuvo.

Como novedad, el portavoz del PP, Rafael Hernando, anunció que incluirán un “nuevo paquete de enmiendas” sobre cambio climático cuando la ley llegue al Senado.

“Hacen una ley con amnistías de construcciones a 75 años sin prever los efectos del cambio climático en un país tan vulnerable como el nuestro”, reclamó la diputada Laia Ortiz, de ICV. “Es una clara irresponsabilidad”, añadió.

Greenpeace también critica que la norma ignore las proyecciones de subida del mar por el cambio climático. La organización conservacionista cree que las concesiones de las viviendas situadas a la orilla del mar a tan largo plazo pueden hacer que el Estado tenga que indemnizar a los propietarios si el mar se come sus casas. La ley también reduce la servidumbre de protección en las rías de 100 metros a 20. Así salva muchos problemas con los núcleos rurales de Galicia que estaban afectados y ahora quedan eximidos.

Carmen del Amo, presidenta de una asociación de perjudicados por la Ley de Costas, confirmó sus sospechas de que no se iban a introducir grandes cambios en la normativa. “Lo peor es la discriminación y la arbitrariedad con la que se ha redactado”, se quejaba la representante de un grupo de afectados cuyas propiedades fueron construidas legalmente antes de la aprobación de la Ley de Costas de 1988. “A unos les benefician y a otros no (...) todo esto no se entiende”, añadía.

Hernando, que también oyó estas quejas durante el debate, explicó los criterios por los que se han seleccionado los 10 núcleos que se beneficiaran de la tan nombrada amnistía. Primero habló de la necesidad de que se tratara de núcleos residenciales, después de que hubieran sido construidos antes de la Ley de 1988 y que los deslindes fueran anteriores también a esta fecha. Para salvarlos, Medio Ambiente también ha tenido en cuenta que la inversión necesaria para recuperar las características naturales del dominio público marítimo terrestre fuera desproporcionada.

El PP se ha amparado en la “mala imagen” de España que se crearía en el exterior si esas viviendas se derriban, ya que muchos de los propietarios de las viviendas son extranjeros. Ayer volvieron a agarrarse a ese argumento, y al de la “inseguridad jurídica”. Ahora, los propietarios de esas construcciones podrán venderlas, hacer obras o transmitirlas a sus herederos, algo que antes no estaba permitido. Entre esas zonas salvadas está el barrio de pescadores de El Palo (Málaga), residencias de Oliva (Valencia), que fueron deslindadas en octubre de 1947, o la marina de Empuriabrava (Girona), construida con canales privados artificiales para extranjeros en los años setenta.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/19/actualidad/1361311273_106777.html

Yaiza reafirma la justificación del carácter urbano de El Golfo y Playa Quemada

El Ayuntamiento de Yaiza aprovecha la Modificación de la Ley de Costas para reafirmar ante el Ministerio de Medio Ambiente el carácter urbano de los núcleos costeros de El Golfo y Playa Quemada y evitar la amenaza de derribo que pesa sobre las edificaciones más próximas al mar. El primer teniente de alcalde, José Antonio Rodríguez, y los concejales Juan Lorenzo Tavío y Roque Herrera solicitaron este jueves al senador por Lanzarote, Óscar Luzardo, su implicación directa en este asunto para facilitar en el Ministerio de Medio Ambiente la consecución del objetivo, según ha adelantado el propio Consistorio sureño en nota de prensa.




La vía de comunicación entre la Oficina Técnica de Yaiza y la Dirección General de Costas, dependiente de Medio Ambiente, permanece abierta con flujo de documentación acreditativa. Ahora de lo que se trata es reforzar la gestión política para demostrar el carácter urbano de los pueblos y enfatizar la importancia que supone para los vecinos y el municipio la normalización de la situación de incertidumbre que viven los habitantes de El Golfo y Playa Quemada.

El senador por Lanzarote, que asume “con gusto” la petición del gobierno municipal, prevé que la modificación de la Ley de Costas comience su tramitación en las Cortes Generales del Estado antes de finalizar el año. En cualquier caso, existe consenso para buscar una solución al problema que permita garantizar la actividad económica de bares y restaurantes.

Según expresó Luzardo, la reforma legislativa pretende compatibilizar la protección de las costas con el crecimiento económico y la seguridad en el empleo, y preservar los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en zonas del litoral.

El gobierno de Yaiza se mantiene firme en su lucha de proteger los intereses de los vecinos afectados y de encontrar una respuesta satisfactoria a los mismos. En un anterior encuentro con el senador, el Ayuntamiento había insistido en la necesidad de flexibilizar los requisitos para favorecer una aplicación homogénea de la ocupación del dominio público marítimo - terrestre por establecimientos de comidas y bebidas en el litoral, teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos.

http://www.cronicasdelanzarote.es/Yaiza-reafirma-la-justificacion,42626.html

Gobierno canario dice que miles de personas se arriesgan a perder la casa

   El Gobierno canario ha criticado hoy que se hayan rechazado en el Congreso de los Diputados las enmiendas relativas al Archipiélago en el proyecto de Ley de Costas, con lo que, ha añadido, se ha dado la "espalda a miles de canarios, que ahora se arriesgan a perder su casa si no se corrige esta injusticia".


En un comunicado, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Rivero, también dice que la norma es "arbitraria e injusta" porque no recoge las condiciones especiales del Archipiélago ni su particular relación con el mar, mientras que, agrega, se permiten excepciones en otras autonomías.

En su opinión, alguien deberá responder por la "arbitrariedad" de no incluir las condiciones de Canarias, y explicar por qué hay excepciones a la obligación de derribo de las construcciones ubicadas en zona de dominio público marítimo-terrestre en lugares como Galicia, Valencia o Baleares.

Martín Marrero lamenta que el Gobierno canario no haya sido consultado en ningún momento para la reforma de la Ley, a pesar de que las competencias de los usos en las playas y las zonas de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre pertenecen a la Comunidad Autónoma.

Recuerda que en Canarias hay más de cien núcleos que se verán afectados por la Ley de Costas y que la ampliación de las concesiones en 75 años, uno de los criterios incorporados en la ley, no garantiza la integridad de todos esas viviendas, destaca.

Martín Marrero indica que, de acuerdo con las estimaciones de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias y dada la configuración urbanística y de propiedad de los actuales núcleos tradicionales afectados por el dominio público marítimo terrestre, en Canarias más del 90 por ciento no podrán acogerse a la solución.

La reforma de la ley de Costas fue aprobada ayer en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja con los votos del grupo Popular, la abstención de CIU y la negativa del PNV, UPyD, grupo Mixto, Izquierda Plural y PSOE, porque la norma, según ha señalado la mayor parte de la oposición, abre el litoral al negocio privado.

EFE

http://www.diariovasco.com/agencias/20130220/mas-actualidad/sociedad/gobierno-canario-dice-miles-personas_201302201417.html

El PP saca adelante la Ley de Costas en solitario en el Congreso

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de la Ley de Costas, con el apoyo del PP, la abstención de CiU y la negativa del PNV, UPyD, grupo mixto, Izquierda Plural y PSOE, porque la norma, según ha señalado la mayor parte de la oposición, abre el litoral al negocio privado.


La norma, que salvará por 75 años más 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la playa, será remitida ahora al Senado, donde el PP ha anunciado que incluirá un grupo de enmiendas para tener en cuenta el cambio climático.

De las 145 enmiendas presentadas a este texto, y en una sesión que se ha alargado tres horas y media, el Grupo Popular ha admitido dos de Coalición Canaria, ha transaccionado una con el PNV, ha aceptado varias de Izquierda Plural y BNG, y ha transaccionado siete, de carácter técnico, con CiU.

El portavoz de este último grupo, Martí Barberá, ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad, "si es necesario", porque considera que la llamada cláusula "antialgarrobico" invade las competencias locales al permitir al Gobierno parar obras en el litoral, previamente aprobadas por los ayuntamientos.

El texto 'amnistía' diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga

No obstante, el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, ha opinado que esta cláusula no vulnera la autonomía local porque permite la posibilidad de recurrir a los ayuntamientos.

Urbanismo salvaje

Hernando ha negado asimismo que la reforma abra la puerta al "urbanismo salvaje", como ha asegurado la oposición, y ha anunciado que presentarán en el Senado un grupo de enmiendas sobre el cambio climático.

Incluye una clausula 'antialgarrobicos' y una prórroga para industrias contaminantes

La ausencia de alusiones al cambio climático en esta reforma y sus consecuencias sobre el litoral había sido objeto de numerosas enmiendas y críticas.

Durante el debate, que se ha celebrado en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Ana Oramas (CC) ha afirmado que la reforma no corrige los problemas del litoral y no cumple con la máxima sostenibilidad.

Legaliza lo ilegal

A juicio de Olaia Fernández Dávila (BNG), la futura ley "soluciona la ilegalidad" y su objetivo es garantizar industrias contaminantes, mientras que el diputado Joan Baldoví (Compromís) ha calificado de "nula" la disposición del PP de aceptar enmiendas, y ha considerado que hay artículos que vulneran la Constitución.

También para Joseba Agirretxea (PNV) han supuesto una "gran decepción" las "pocas ganas" de negociar del PP; y Toni Cantó (UPyD) ha afirmado que se trata de una ley de "resultados inaceptables", y que el litoral está peligro por su "estrechez de miras".

La diputada Laia Ortiz (Izquierda Plural) ha coincidido en que se desprotege el litoral y ha criticado que el texto haya seguido un proceso "tan opaco y acelerado".

Degradación de la costa

Finalmente, María José Rodríguez (PSOE) ha apuntado que se "alienta la degradación de las costas a través de una amnistía ambiental" y se abre la veda a la especulación.

Según el Gobierno, la reforma de la Ley de Costas no permitirá construir donde antes estaba prohibido.(COSA QUE YA ESTABA PROHIBIDO)

Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral (casas, restaurantes u hoteles).(TAMBIEN ESTABA PROHIBIDO)

En cuanto a las papeleras u otras industrias ultracontamiantes que están también afectadas debido a su ubicación, se prevé una prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.

Barrios urbanos

El texto prevé además que diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga sean amnistiadas, y que la isla de Formentera tenga un trato especial por su especial configuración geológica.

En sintonía con lo defendido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), CiU ha presentado una enmienda, que no ha prosperado, para que las islas o islotes cuya superficie no excediera de 100 kilómetros cuadrados pudieran beneficiarse también de un deslinde singular como el de Formentera.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/20/suvivienda/1361352719.html

domingo, 17 de febrero de 2013

Eurodiputada advierte de posible infracción por la reforma de Ley de Costas



La reforma de la Ley de Costas, tal como está planteada, podría acarrear la apertura de un procedimiento de infracción contra España en la Unión Europea por incumplimiento de hasta cuatro directivas, alerta la eurodiputada de Los Verdes, la danesa Margrete Auken.

Auken es miembro de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) y del grupo que se ha creado dentro del mismo para analizar la nueva de la Ley de Costas española que promueve el Gobierno ante el más de centenar de quejas recibidas, y ha acudido a Madrid esta semana junto a la europarlamentaria austríaca Angelika Werthmann para interesarse por el asunto.

En una entrevista con EFEverde, la veterana política, madre de la actual ministra danesa de Medio Ambiente, asegura que el texto al que previsiblemente dará luz verde el Congreso el próximo martes "viola" hasta cuatro directivas europeas, entre las que cita la de aguas, protección frente a inundaciones, participación pública y tratamiento de aguas.

La eurodiputada se muestra especialmente "indignada" por la "falta de participación y de transparencia" con la que, en su opinión, se ha tramitado la reforma, y critica "las trabas" que ha puesto el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz para que la Comisión de Peticiones del PE acuda en misión oficial a saber más de la ley, como llevan intentando "desde antes del verano".

Auken incide en que si la Ley de Costas se aprueba tal como está planteada el PE pedirá a la Comisión que "analice el incumplimiento de las citadas directivas y abra un procedimiento contra España".

La eurodiputada, autora de un informe contra el "urbanismo salvaje" en España que lleva su nombre y que fue aprobado por el PE en 2009, está "furiosa" porque el Gobierno cite ese documento en el preámbulo de su norma para justificar la reforma de la Ley de Costas del año 88.

"Quiero decirle al Gobierno español que no en mi nombre ni en el del Parlamento Europeo, ya que en el informe subrayábamos que la ley del 88 era buena, pero que su aplicación era un desastre o porque no se llevaba a cabo o porque se hacía arbitrariamente", subraya.

El llamado 'Informe Auken' decía que "había que dar más seguridad jurídica a los propietarios individuales para que siguieran en sus casas si no tenían otro lugar donde ir. Es lógico que ellos y sus hijos tengan derecho a estar ahí treinta años más por ejemplo", indica.

El problema, según la coordinadora de Los Verdes en el PE, es que el texto del Gobierno "renueva las concesiones durante nada menos que 75 años y usa el mismo lenguaje para los pequeños propietarios cuyos padres y abuelos han tenido una casa en el litoral toda la vida, y por supuesto tienen derecho a estar ahí, que para las empresas".

"Si la distinción entre esas personas y el sector privado no la dejan clara, están abriendo la puerta a la destrucción urbanística de la costa en los últimos paraísos costeros de España", afirma.

A Auken no le cabe duda de que cuando el Gobierno habla de "poner al mismo nivel las oportunidades económicas y la protección ambiental" con la nueva Ley de Costas, "están queriendo decir que van a dar prioridad a que las empresas saquen dinero fácil en el bien público más preciado de los españoles: su línea costera".

"Esta ley abre las puertas a un nuevo boom inmobiliario en la costa", clama la eurodiputada, quien en su informe de 2009 ponía de manifiesto datos como que en España se gastaba más cemento que en Italia, Alemania, Francia y Reino Unido juntos.

A juicio de Auken, la "destrucción" del litoral es mayor en España que en ningún otro país de la Unión Europea, y, de continuar, "puede decir adiós al turismo y prepararse para el dramático coste que tendría restaurar lo dañado".

En ese sentido, la eurodiputada lanza un mensaje claro a los españoles: "Miren lo que ha pasado con su estupenda costa, que fue vendida sin que se dieran cuenta y sin que ustedes recibieran beneficio alguno. Esta nueva ley es un engaño, la crisis no se resuelve destruyendo el litoral que queda en buen estado".

(Agencia EFE)



viernes, 15 de febrero de 2013

Eurodiputadas, "preocupadas", pedirán a la CE que investigue si la futura Ley de Costas vulnera la directiva europea

La eurodiputada liberal, Angelika Werthmann, y la parlamentaria danesa de 'Los Verdes' y responsable del 'informe Auken' de 2009 (que cuestionaba la especulación inmobiliaria en España y el modelo económico sobre el que se basaba), Margret Auken, han visitado el Congreso de los Diputados este jueves "preocupadas" por la futura modificación de la Ley de Costas y pedirán a la CE que investigue si la normativa que planea el Gobierno vulnera directivas europeas.


Las parlamentarias han visitado Madrid y han mantenido una reunión informal con el Grupo Socialista, el Grupo Mixto, CiU, UPyD, IU-ICV-CHA, con el objetivo de demostrar su "inquietud" frente al texto que prepara el Ejecutivo en materia de Costas que, en su opinión, mantiene abierta la puerta a la especulación inmobiliaria en las costas españolas.

En un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, admiten que "lamentablemente" la modificación planteada "bajo ningún concepto" va a proteger el litoral español. "En todo caso debilita su protección abriendo la puerta a nuevas construcciones en áreas protegidas del litoral. Es más, no resolverá los problemas de los pequeños propietarios de la costa (uno de los principales objetivos de la modificación)", según agregan.

En este sentido, subrayan que el texto presentado por el Gobierno sigue sin aclarar la protección de los pequeños propietarios del litoral, como por ejemplo la de aquellos procedentes de pueblos costeros.

A juicio de la parlamentaria liberal, la modificación de la ley es "inaceptable" porque va en contra de los intereses de los ciudadanos y no sólo eso, sino que da pie un nuevo 'boom inmobiliario'.

"No deja lugar para la participación ciudadana en la tramitación de la ley. No puede considerarse transparente", ha agregado, a la vez que lamenta que el propio informe Auken sea citado en el preámbulo de la futura Ley española como justificación de la misma, cuando en realidad pretende todo lo contrario.

Por su parte, Margret Auken subraya que, en la actualidad, todas las recomendaciones recogidas en el informe que ella misma elaboró en 2009 no se recogen en la ley que prepara el Ejecutivo español.

Al mismo tiempo, critica que esta modificación normativa deja la puerta abierta a la especulación inmobiliaria en la costa, a la vez que conculca varias directivas europeas, como la directiva marco de Agua o la de Consultas públicas.

"Lamento igualmente que las nuevas previsiones de modificación de la ley abran la puerta a nuevos casos de corrupción inmobiliaria", sentencia la experta.

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-eurodiputadas-preocupadas-pediran-ce-investigue-si-futura-ley-costas-vulnera-directiva-europea-20130214183206.html

El Parlamento Europeo recibe más de cien quejas contra la Ley de Costas

El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha recibido más de un centenar de quejas contra la reforma de la Ley de Costas lo que ha motivado la creación de un grupo de trabajo específico sobre el asunto y la visita a España de dos europarlamentarias del mismo.


Angelika Werthmann (austríaca, del Partido Liberal) y Margrete Auken (danesa, de Los Verdes) se han reunido hoy en el Congreso con diputados de cinco grupos parlamentarios de la oposición y, más tarde, con portavoces de las cinco principales organizaciones ecologistas.

Tras los encuentros, las parlamentarias han declarado a Efe que su impresión es que la reforma legislativa, que en breve aprobará el Congreso, no tiene como objetivo proteger el litoral ni proporcionar más seguridad jurídica a los pequeños propietarios sino "abrir la puerta a un nuevo boom de la construcción en la costa".

"La modificación de la Ley de Costas es inaceptable, y creemos que va contra el interés ciudadano", ha subrayado Werthmann, quien ha denunciado que la reforma "se ha llevado a cabo con falta de transparencia y sin la debida participación de la ciudadanía".

En esa línea, la parlamentaria danesa ha criticado que el Gobierno no haya consultado al grupo de trabajo sobre la Ley de Costas española, a pesar de que menciona uno de sus informes en el preámbulo de la nueva ley.

Auken ha asegurado que sospecha que la reforma que promueve el Gobierno pueden incumplir "hasta cinco directivas europeas".

Por este motivo, las europarlamentarias han avanzado que si su aprobación se lleva a cabo sin cambios sustanciales, la Comisión de Peticiones del PE solicitará una comparecencia de la Comisión Europea y de la autoridades españolas para investigar posibles incumplimientos del derecho comunitario.

Fuentes de las cinco principales ONG ecologistas nacionales, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han explicado que sus portavoces en materia de costas han alertado a las parlamentarias de la "inseguridad jurídica y la vulnerabilidad" que, a su juicio, traerá la reforma de la Ley de Costas.

Los ecologistas les han transmitido que la nueva norma legaliza construcciones ilegales y reduce la zona de servidumbre a proteger; que no tiene en cuenta las previsiones de impacto climático en el litoral identificadas por los científicos, y que no ha seguido los convenientes procesos de transparencia con la sociedad civil.

http://noticias.terra.es/ciencia/el-parlamento-europeo-recibe-mas-de-cien-quejas-contra-la-ley-de-costas,d639a798579dc310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html

miércoles, 6 de febrero de 2013

NARBONA, LA EXMNISTRA DE COSTAS, RECONOCE INJUSTICIAS.EN LA LEY DE COSTAS



EL DÍA 5 DE FEBRERO (martes) de 2013, en el Aula Magna del Rectorado de la Universidad de Valencia.


SE PRESENTA EL LIBRO “No es Economía, es Ideología”, editorial Deusto 2012.

Autores del libro: Grupo de Economistas contra la crisis.

Entre los ponentes de la presentación: Cristina Narbona, el vicerrector de Cultura de la Universidad, catedráticos de economía, director de agencia EFE, un exdirector de red Eléctrica Española, y exsecretaria de estado de empleo e igualdad última legislatura Zapatero.

Entre los asistentes: Chimo PUIG (portavoz PSPV-PSOE en Cortes Valencianas, varios representantes sindicales, mucho simpatizante/afiliados del PSOE, colegio de economistas de valencia, mucha gente del departamento de Económicas de la Universidad y resto de sociedad valenciana de ambiente de izquierdas. Media edad en torno a los 60 años.
A las 21:00 (tras 2 horas en el Foro), llega mi intervención (el último del turno de 4 palabras y SIN derecho a réplica).
Bona nit a tots i a totes, Buenas noches. En primer lugar felicitar a los organizadores y a los ponentes por el esfuerzo que han hecho por venir aquí a Valencia, muchos de ellos de lugares lejanos.

Como tenía preparada por escrito mi pregunta, para no enrollarme, se la voy a leer.

Aprovecharé mi intervención repitiendo una reciente afirmación de Cristina Narbona, ya que creo que es muy adecuada para lo que a continuación les voy a exponer: “los ciudadanos, cuando más informados y formados estén, más podrán exigir a sus gobernantes”.

   y comienza mi intervención:
Yo entiendo que ninguna economía y ninguna ideología puede ir en contra de los Derechos Humanos.

Recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite (y créanme que es muy difícil), tras 20 años de litigios, una causa contra la aplicación retroactiva, arbitraria e injusta y confiscatoria (¡que no expropiatoria!) de la Ley de Costas defendida por Cristina Narbona y distintos gobiernos del Partido Popular.

Por otra parte, unas 20.000 quejas se han admitido a trámite en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (y también créanme que no es nada fácil).

Una Comisión de Investigación está a punto de visitar España (tampoco nada fácil) debido a la gestión y aplicación confiscatoria (insisto que NO expropiatoria) de la Ley de Costas de Cristina Narbona y distintos gobiernos del PP.

Los afectados por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas que aquí defiende la señora Narbona y distintos gobiernos del PP, agrupados en varias plataformas por toda España, NO somos especuladores del territorio, ustedes pueden por ejemplo, obtener información en internet. Vean por ejemplo cómo sobre el barrio marinero de Cho-Vito en Tenerife se ha construido un paseo marítimo con fondos europeos, tirando a la gente y construyendo detrás de ese paseo una promoción inmobiliaria.

Este tipo de actuaciones está suponiendo que por parte de oficinas antifraude de la unión europea se investigue la utilización de fondos europeos, con toda la trascendencia de primer nivel que supone para este país.

Vean en internet más información sobre la aplicación de la Ley de Costas.

Ante esta situación, mi pregunta es: ¿está la ideología, o la economía, reñida con los derechos humanos?

Muchas gracias.



(HUBIERON UNOS CUANTOS APLAUSOS!)



Narbona, en resumen indica:

Se ha aplicado puntualmente la ley de costas con alguna injusticia, pero los ciudadanos hemos sido engañados por alcaldes a nivel local.

Algarrobico es un ejemplo en el que participó un alcalde y la Junta de Andalucía.

El Tribunal de Derechos Humanos dio la razón a Francia en una sentencia sobre este asunto.

La Comisión de Investigación sabe lo que tiene que hacer porque el gobierno puntualmente ya le ha informado.

En el Informe Auken se alaba la Ley de Costas española.


Sin dejarme turno de réplica (aunque ya me acostumbré hace tiempo), se cierra la sesión a las 21:15.


GUILLERMO C.
Afectado por la ley de Costas. Valencia.


 Sra Narbona, es cierto, que el informe AUKEN habla de la ley de costas, pero tambien habla de la protección de los derechos humanos, del derecho de la propiedad. En este informe, que causa quebraderos de cabeza de este pais, condena a este pais por la urbanización mavisa del litoral español, pero defiende que las propiedades privadas legitimamente construidas, no pueden ser confiscadas por la ley de costas española.
  Referente a los engaños de los alcaldes y de muchos, muchos políticos de todos los colores y partidos, usted habla del hotel Algarrobico, cuya construccion fue avalada por usted, por su partido el PSOE, por la Junta de ändalucia, del PSOE,por los alcaldes de los pueblos cercanos del PSOE, Y LE ASEGURO QUE EL HOTEL NO SERA DEMOLIDO, ESO ESTA CLARO.
   En contra, la actuación en el pueblo de Cho Vito, auspiciada por un alcalde del PSOE, con el beneplacito del ministerio, del cual, usted era cabeza visible, del PSOE, y con unos errores tan claros en la actuación, que vulnera los derechos de las personas, al estar el deslinde maritimo terrestre mal elaborado, y introducir en el mismo a viviendas que no estaban en zona pública. Eso ya esta demostrado.
   El parlamento europeo, esta investigando la situación de Cho Vito, en diferentes organos, desde el comite de investigación de la ley de costas, el comíté de peticiones y la misma Comisión europea. y todo por la vulneración reiterada de la legislación europea, y de las dotaciones de fondos europeos a este proyecto, y a muchos más en el estado español.

PACIENCIA ES LO QUE ME SOBRA. DESTAPANDO LA VERDAD.
   





“La ley de Costa del 88 ha confiscado el derecho de propiedad

RTVC.es - Radiotelevisión Canaria - Noticias

martes, 5 de febrero de 2013

El paseo marítimo de Tacoronte supera su último escollo judicial

IMPLICA EL DERRIBO DE 20 CONSTRUCCIONES

El paseo marítimo de Tacoronte que discurrirá a lo largo de dos kilómetros entre El Pris y Mesa del Mar tiene ya vía libre para su ejecución. El Tribunal Supremo (TS) acaba de rechazar el recurso presentado por el Organismo Autónomo Balsas de Tenerife (Balten) dependiente del Cabildo que se oponía a que se derribara un depósito de agua de riego que se encuentra a lo largo de este trazado diseñado por el Ministerio de Medio Ambiente. Este era el último escollo para desbloquear al menos sobre el papel la obra dado que ya se han cerrado el resto de ocupaciones que invaden los terrenos de Costas y que suman una veintena de propiedades.




El alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila, se lamenta de que una vez que el proyecto ha superado sus últimos escollos judiciales ahora tengan que enfrentarse a las restricciones presupuestarias del Gobierno central y a la necesidad de proceder a una revisión de los precios. “Después de más de diez años de tener el proyecto sobre la mesa listo para ejecutarlo ahora habrá que ponerlo a la cola de todas las obras que se van a hacer en el litoral en España”, dice el alcalde. Balten ha perdido todos los recursos que ha presentado ante las diferentes instancias judiciales y también se rechazó su propuesta para que el futuro paseo pasara por encima del depósito dado el incremento de costes que traería consigo.

Balten quería acogerse a las excepciones recogidas en la Ley de Costas que permite la ubicación de determinadas instalaciones en la zona de servidumbre siempre que sean de interés público lo que en su caso considera que quedaba acreditado. Sin embargo, el Supremo indica que la construcción de un paseo marítimo “no constituye una actuación llevada a cabo con finalidades meramente estéticas sino que con tal proyecto se persigue la defensa de un interés público específicamente protegido”.



Recuerda el TS que la Ley de Costas garantiza el uso sin restricciones de las zonas de servidumbres de tránsito y el acceso al mar con el fin de garantizar su disfrute por parte de todos los ciudadanos. Con esta finalidad la propia legislación contempla la adopción de diversas medidas como son precisamente la construcción de paseos. Sostiene además el Supremo que Balten “no ha justificado la existencia de otro interés público que deba prevalecer sobre el definido legalmente y protegido” en la ley de Costas. Aunque el TS no cuestiona el servicio que presta el depósito de agua para el riego, “no encontramos una normal legal de la que deducir una excepción a la preservación de la zona de servidumbre de tránsito para mantener unas instalaciones ubicadas en la misma”.

Tampoco se comparte el punto de vista defendido por Balten en el sentido de que las instalaciones se encuentran en perfecto estado de funcionamiento y el TS considera que tampoco se ha acreditado “la realidad del servicio que dice prestar ni la imposibilidad de mantenerlo en otra ubicación y ni siquiera su estado de conservación”. Los informes emitidos en este sentido están firmados por un ingeniero de Caminos que ostenta el cargo de presidente de la Comunidad de Aguas El Pris, “de forma que carecen totalmente de la necesaria objetividad para hacer pruebas en contra de lo recogido en la resolución impugnada”.



Los dictámenes suscritos por el ingeniero técnico agrícola municipal de Tacoronte y por el arquitecto de este Ayuntamiento resultaron “contradictorios”, aunque en todo caso el Supremo apunta que Costas tiene vía libre para recuperar medioambientalmente este borde costero “y la eliminación de todas las construcciones que invaden el dominio público”.

http://www.canariasahora.es/articulo/tenerife/el-paseo-de-tacoronte-supera-su-ultimo-escollo/20130205150850395714.html

El TS confirma la sentencia que vetó un centro comercial en Tauro

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia que denegó al grupo turístico Anfi la autorización para construir un centro comercial en la playa de Tauro, en Gran Canaria, al considerar que pretendía valerse de una política de "hechos consumados" para eludir la Ley de Costas.


El Supremo confirma en todos sus extremos el fallo dictado en 2009 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, que determinó que el proyecto de Anfi para el centro comercial de la playa de Tauro no solo infringía la Ley de Costas, sino que además se apoyaba en unos instrumentos de planeamiento declarados ilegales.

Este pleito parte de la decisión del Gobierno canario de declarar caducado el procedimiento por el que Anfi solicitó, en 2003, permiso para levantar ese complejo comercial en los 100 primeros metros de costa, en la franja de servidumbre de protección del litoral.

El TSJC revocó esa decisión, pero no para autorizar el centro comercial, sino para denegarlo expresamente, porque consideraba que el Gobierno de Canarias estaba incurriendo en un "fraude de ley" al optar por la declarar caducado el expediente, en un intento de obviar que lo que realmente ocurría es que existían "informes que imposibilitan del todo la concesión de la autorización".

"La autorización que se pide no solo es contraria a la Ley de Costas, y también al planeamiento vigente, sino que además el planeamiento que la ampara fue anulado por esta Sala. Aunque ambas partes silencien la cuestión, o no lo consideren de interés a los efectos del recurso, los planes invocados que preveían el uso el uso comercial se encuentran anulados por la Sala", decía el TSJC.

Los promotores del centro comercial sostenían que el emplazamiento elegido "era en el mejor sitio posible para favorecer por un lado locales comerciales al uso y disfrute de los usuarios de la playa de Tauro y del Cura y, por otro lado, favorecer a los clientes del resort de Anfi Tauro" y alegaban, asimismo, que no era posible ponerlo en otro lugar, debido al diseño del campo de golf ya construido para entonces en esa zona del sur de Gran Canaria.

Con esos argumentos, pretendían beneficiarse de la excepción prevista en la Ley de Costa que permite autorizar dentro de la zona de protección aquellas construcciones que, por sus características, no puedan tener otra ubicación que la elegida junto al mar.

Sin embargo, el TSJC rechazó ese planteamiento por entender que "no es admisible" conceder tal excepción a la protección del litoral invocando "el agotamiento de la edificabilidad consumida en otros usos turísticos, o de otro tipo"; algo que equivalía, en sus propias palabras, a validar una política de "hechos consumados".

El Supremo coincide de pleno con esa tesis: "La justificación no puede ser la de los hechos consumados, es decir, que no exista otra ubicación para el uso comercial porque los emplazamientos ya están ejecutados, pues la justificación debe establecerse desde la génesis de la decisión, esto es, desde que se hizo la planificación".

El Alto Tribunal rechaza además que Anfi alegase que se habían concedido autorizaciones similares a la que pedía, no solo porque no concretó a cuáles se refería, sino porque es doctrina constitucional que solo es posible exigir igualdad dentro de la legalidad: "Dicho de otro modo, no hay igualdad contra la ley", remacha

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=291460



domingo, 3 de febrero de 2013

Dueños de casas ilegales urgen a la Xunta que emule a Andalucía con una ley de regularización

Le piden que paralice las órdenes de demolición mientras sus concellos tramitan el plan urbanístico EAseguran que más del 95% de viviendas en suelo rústico se pueden legalizar


A CORUÑA

No son villas ni caseríos. La práctica totalidad de las miles de viviendas en suelo rústico amenazadas por la excavadora son casas unifamiliares levantadas hace décadas "con los ahorros de muchos años de trabajo", según aseguran sus propietarios. Aunque la Xunta se resiste a regularizar la situación de las edificaciones sobre las que pesa una orden de derribo, los dueños afectados no tiran la toalla y urgen a la Xunta que busque alternativas para evitar que "miles de familias" se queden sin hogar. "Somos gente humilde, muchas casas aún están con el ladrillo, ni se le ha dado la cal por fuera. Lo único que pedimos es que se busque una fórmula para evitar la demolición", defiende un propietario afectado. Entre las fórmulas que podría aplicar el Ejecutivo gallego, según apuntan, está el decreto que la Junta de Andalucía pondrá en marcha el próximo día 1 de marzo y con el que prevé legalizar unas 250.000 viviendas edificadas en suelo no urbanizable.

"No se trata de una amnistía general, será una regularización que dará respuestas a los ayuntamientos a través del planeamiento urbanístico en unos casos o mediante expediente iniciado a solicitud de cada propietario", argumentó el presidente andaluz, José Antonio Griñán (PSOE), al anunciar este decreto el pasado mes de diciembre.

Ese es precisamente el modelo que piden los afectados en Galicia. Y a la espera de que la Xunta evalúe a la posibilidad de desarrollar un decreto para regularizar las miles de viviendas levantadas hace décadas en suelo rústico y sobre las que pesa un expediente de derribo, los afectados en la comunidad piden al Ejecutivo autonómico que se paralicen las órdenes de demolición en aquellos concellos que ya han iniciado los trámites para aprobar su plan general de ordenación municipal. "La aprobación de los nuevos planeamientos urbanísticos permitiría legalizar más del 95% de las viviendas afectadas", asegura un propietario. "Si quieren se puede hacer, ejemplos los hay en otras comunidades y también en el Gobierno central", destaca otro afectado que echa mano de la reforma de la Ley de Costas acometida por el Ejecutivo de Rajoy en octubre del año pasado y que permitirá indultar miles de viviendas al ampliar las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años. Esta ampliación de las concesiones de uso de dominio público, que empezaban a caducar en 2018, permitirá a los dueños vender los inmuebles y hacer reformas siempre que no aumenten de altura ni volumen.

A pesar de que la Xunta ya manifestó su rechazo a dar moratorias de derribo en los concellos sin PXOM, tal y como aseguraron desde la Consellería de Medio Ambiente, los dueños de viviendas ilegales en Galicia no se dan por vencidos y esperan que el Ejecutivo gallego les de una solución. "Han sido muchos años de trabajo y sacrificio para que vengan ahora y nos tiren nuestra casa", se lamenta un propietario de una vivienda levantada en suelo rústico. Prácticamente ningún ayuntamiento gallego se salva de la amenaza de la piqueta. Desde Foz hasta A Guarda. Las excavadoras de la Xunta recorren Galicia de norte a sur. Uno de las últimas órdenes de derribo dictados por la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de Medio Ambiente y creada en 2008 por el bipartito, afecta a una casa unifamiliar del municipio lucense de Becerreá. Desde que el mes pasado se ordenó el derribo, los vecinos hacen guardia para evitarlo e incluso están coordinados para tocar las campanas de la iglesia por si intentan ejecutar la demolición.

http://www.farodevigo.es/galicia/2013/02/03/duenos-casas-ilegales-urgen-xunta-emule-andalucia-ley-regularizacion/751383.html

domingo, 27 de enero de 2013

Tres núcleos se podrán certificar como urbanos.SI A LOS POLITICOS LES APETECE.

Tres de los cuatro núcleos de Anaga afectados por el deslinde de Costas, como son Tachero, Roque de las Bodegas y Almáciga, se podrán consolidar como núcleo urbano en la tramitación del proyecto de ley de Costas impulsado por el Gobierno del PP, mediante un certificado, y conforme a la calificación de la Cotmac.

 Así lo informó el abogado de los vecinos de estos emplazamientos, Juan José Rodríguez, que dijo que el texto legal "se supone que se aprobará, ya que hasta ahora no se ha producido ninguna modificación en su tramitación parlamentaria". Rodríguez dijo, no obstante, que el caso de Igueste de San Andrés "es más complejo, ya que no tiene certificado de la Cotmac y requiere de otro procedimiento". Señaló que los núcleos con certificado anterior al año 1988, como los tres primeros emplazamientos, "lo tienen muy fácil, ya que solo se necesita que dicho organismo acredite su certificación". No obstante, el letrado reprochó las dificultades pasadas por sus defendidos en este proceso, porque, según afirma, "Costas estuvo más de tres años reclamando la documentación, tanto al Ayuntamiento de Santa Cruz como a la Cotmac, con la advertencia de que se perdería la condición de urbano, pero no respondieron".


http://eldia.es/2013-01-27/SANTACRUZ/8-Tres-nucleos-podran-certificar-urbanos.htm.

  Si aplicaramos la logíca y el sentido común, cosas ambas, de las que carecen, estos núcleos de Anaga, ya estarían salvados.Simplemente,  con la aplicación de la ley, 7/2009, del Parlamento de Canarias, esots pueblos, llevarían tranquilos, casi tres años.

    Pero, si el censo de pueblos del litoral de Canarias, (según unos no se ha realizado, pero parece que esta publicado y guardado en algún oscuro despacho, no se por que malintencionado motivo, ) según los responsables políticos de realizarlo, no lo exigen, y quienes los exigen son aquellos, que saben que esta realizado, pero lo niegan, pues estamos en un periodo de tensa espera, sin importales para nada las propiedades de las personas que viven en esos pueblos.
    La pregunta a realizar, POR QUE?

NOTA: las imagenes son del censo de poblaciones del litoral de Canarias.
Proverbio. NO HAY MÁS CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER,