Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

sábado, 4 de mayo de 2013

Ocho municipios trabajan para salvar sus 22 barrios costeros

Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, La Matanza, Güímar, Candelaria, El Rosario y Arafo tienen tres meses para intentar justificar la legalización de sus núcleos


Un total de ocho municipios de Tenerife han comenzado a trabajar desde que se aprobó la nueva Ley de Costas en el Senado, el pasado día 24, para intentar legalizar los 22 barrios pesqueros de la Isla afectados por la normativa. Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, La Matanza, Güímar, Candelaria, El Rosario y Arafo deben presentar en tres meses la documentación que demuestre que los núcleos costeros se adaptan a la futura disposición, que se prevé que sea ratificada por el Congreso de los Diputados la próxima semana.

La reforma legislativa plantea la rebaja de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros en casos determinados, de la que podría beneficiarse las poblaciones que cumplan una serie de requisitos, algunos de ellos incorporados ahora. Las alternativas para poder regularizar los terrenos son dos. Primero está el caso de los municipios que no tuvieran planeamiento en 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas que ahora se modifica.

En ese caso, podrán legalizarse los barrios que, a pesar de no estar en una zona clasificada como suelo urbano, cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y que, además, un tercio de su superficie está consolidada. La segunda opción, contemplada por la antigua norma de 1988, estipula que dos terceras partes de estos espacios deben estar edificados en el Plan General de Ordenación de los municipios.

Según explica la senadora del Partido Popular María de Aro, no hace falta cumplir con todas las condiciones, sino que solo bastaría con ajustarse a una de las alternativas. El Estado pretende "flexibilizar" la Ley de Costas, porque los planes generales de ordenación de la mayoría de los municipios de las Islas afectados "no habían declarado esas zonas como suelo urbano", señala De Aro.

Esta reforma "no es automática", ya que los ayuntamientos deben acreditar en tres meses que los núcleos cumplen con los requisitos para que, a continuación, el Gobierno central determine en un plazo de 18 meses si acepta o no la declaración. En caso de que no dé una respuesta, significa que la resolución es favorable para el barrio pesquero. "Tampoco significa que se permite en dominio público cualquier urbanización edificada después de 1988", porque lo que pretende la nueva normativa es "la protección de los núcleos antiguos", agrega la senadora popular.

Esta ley, sin embargo, es igual para todo el país y para hacer la reforma no se ha tenido en cuenta las singularidades históricas, culturales y etnográficas de los barrios costeros del Archipiélago, mientras que la normativa sí ha salvado de las palas a una decena de barrios pesqueros de la Península, según denuncia el presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, y otros senadores isleños, como Narvay Quintero.

Langa defiende no solo la singularidad de los terrenos que hay en el Archipiélago (un total de 672 casas afectadas por la normativa en Tenerife, algunas de ellas con sentencia firme), sino también aboga por "poder contar con la gestión de servicios sobre Costas en Canarias, como ya tienen otras comunidades como Cataluña". La finalidad es que no se repita la misma situación sufrida el pasado 17 de noviembre en Cho Vito (Candelaria), cuando las palas derribaron las últimas nueve viviendas que quedaban en ese núcleo costero.

http://www.laopinion.es/tenerife/2013/05/04/ocho-municipios-salvar-22-barrios-costeros/473534.html



viernes, 3 de mayo de 2013

UNA LEY DE COSTAS, PARA LOS PODEROSOS.El hotel Oliva Beach se salva con la Ley de Costas

El establecimiento de Corralejo obtendrá una nueva concesión de uso de hasta 75 años según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.


La reforma de la Ley de Costas permite que el Hotel Oliva Beach, en Corralejo, obtenga una nueva concesión de uso de hasta 75 años, según ha indicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, al senador por Fuerteventura Claudio Gutiérrez, indica el PP en un comunicado.

Esta posibilidad de la empresa de acogerse a una prórroga la ha conocido el senador majorero en una reunión celebrada en Madrid en la que también estuvo presente el director general de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra.

El PP de Fuerteventura recuerda que el 12 de abril de 2007 se dictó por el Ministerio, de mutuo acuerdo con el concesionario, una resolución que modificaba la Condición Particular 1ª de la Orden Ministerial de 8 de julio de 2003, por la que se otorgó la concesión administrativa, reduciendo la concesión a diez años desde la resolución.

Además, se añadía que los gastos de demolición, levantamiento y desescombro de las instalaciones, objeto de la concesión, correrían a cargo de la entonces Dirección General de Costas y el plazo de vigencia de la concesión vencía el 13 de abril de 2017.

En la reforma de la Ley de Costas, que ya ha sido aprobada por el Senado y remitida al Congreso, el artículo segundo de la ley establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior y que tendrían que expirar a partir del 2018.

Gutiérrez ha señalado que "fue una solicitud hecha al Ministerio desde el primero momento y ahora es la empresa la que debe tramitar ante el Ministerio la ampliación de esta concesión", y espera "que las autoridades locales y regionales no pongan trabas para la ampliación de esta prórroga tan importante para la economía del municipio".

El senador mantuvo ayer miércoles un encuentro con integrantes de la Plataforma Salvar el Oliva Beach para trasladarles la información remitida por el Ministerio cumpliendo "un compromiso que adquirí con estos trabajadores para llevar a Madrid sus reclamaciones e intentar salvar el Hotel Oliva Beach".

En el comunicado, los populares han recordado que este mítico establecimiento hotelero, inaugurado en 1977, emplea a 400 personas y cuenta con casi 2.000 camas y una media de ocupación del 80% anual, con unas 600.000 estancias cada año.

Por otro lado, el Partido Popular de Fuerteventura ha asegurado no olvidarse de los barrios costeros de la isla afectados por la Ley de Costas de 1988 y han indicado que, una vez que se apruebe la reforma de la ley en el Congreso de los Diputados, tienen prevista una reunión con los afectados y los ayuntamientos. (PARA QUE SE REUNEN CON LOS AFECTADOS, CUANDO NO HAN HECHO NADA PARA DEFENDERLOS.)

El objetivo de esta reunión a la que asistirán además del senador majorero, la senadora por La Palma, María de Haro, y la diputada nacional Celia Alberto, es dar a conocer el nuevo texto y las posibilidades que ofrece a los propietarios de las viviendas afectadas por la normativa de 1988.

"A partir de la aprobación de la reforma de la Ley de Costas, los ayuntamientos dispondrán de tres meses para regularizar sus núcleos costeros amenazados", ha asegurado Gutiérrez.

Según los populares, si a los 18 meses de su petición el Ministerio no contesta, se entenderá que es favorable su legalización.

Jacomar, Puerto Lajas, El Puertito, Los Molinos, Majanicho, Pozo Negro, Giniginámar, Las Salinas, Ajuy y Cueva La Negra son los principales pueblos costeros afectados por Ley de Costas del año 1988.

http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/el-hotel-oliva-beach-se-salva-con-la-nueva-ley-de-costas/20130502144938402908.html

NINGUNO DE ESTOS PUEBLOS COSTEROS DE FUERTEVENTURA, SE SALVAN DE LA PIQUETA CON LA NUEVA LEY.

jueves, 2 de mayo de 2013

Todos somos Cho Vito”

Todos somos Cho Vito” fue un eslogan que nació en 2006 cuando se conoció por sentencia firme que el pequeño poblado de la costa de Candelaria tenía que ser demolido por ocupar el dominio marítimo terrestre.


“Yo también soy Cho Vito” fue una frase que incorporó la entonces presidenta del Partido Popular en Tenerife, Cristina Tavío, y muchos de sus dirigentes, para posicionarse ante lo que ellos, entonces, creían un atropello a una veintena de familias que iban a ser desalojadas por las palas mecánica.



Siete años después, consumado el derribo, solo José Fernando Gómez, portavoz todavía del PP en Candelaria, y afiliados de esa agrupación municipal, mantienen viva la llama de aquel espíritu de resistencia. Precisamente su defensa, ante los últimos derribos en noviembre pasado, le llevó a pedir la dimisión de la delegada y subdelegado del Gobierno, lo que a la postre le ha llevado a ser expulsado -pendiente de su recurso- de un partido que lejos de cambiar la Ley de Costas, como les prometió a muchos vecinos de Tenerife, ha ha dejado en un limbo jurídico que mantiene la incertidumbre entre miles de ciudadanos en Canarias.

Para José Fernando Gómez, el derribo de Cho Vito fue un “engaño, abuso de poder, violación de derechos constitucionales y desamparo” para los afectados. También aseguró, en aquella rueda de prensa que le costó la expulsión del PP, sentir “rabia e impotencia porque su partido se comprometió con el colectivo vecinal a intentar resolver el problema creado por el Gobierno socialista”.

Hoy, paradójicamente, el único cadáver político que puede dejar la sentencia de Cho Vito, es el de José Fernando Gómez; es evidente, que ahora, los otros ya no son Cho Vito.

Pero el ejemplo de resistencia del pequeño núcleo costero de Las Caletillas sigue muy presente entre los afectados por la Ley de Costas y así una disposición transitoria incluida en la nueva Ley abre una esperanza para salvar muchos de los poblados canarios, ahora amenazados por esta normativa, pues contempla la posibilidad de que queden exentos de la servidumbre pública aquellos núcleos que demuestren que cuentan con los servicios mínimos de cualquier población, como alumbrado, alcantarillado e infraestructuras. “Ahora tenemos que demostrar la realidad de Canarias y lo que siempre hemos dicho, su singularidad”, indicó hace unos días el presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa, otro de los que ha quedado desamparado ante el PP, pues en más de una ocasión manifestó que “su llegada nos traerá la luz”.

Pero la reforma de la Ley de Costas ha causado tanta inquietud que incluso en aquellos núcleos con sentencia del Supremo a favor, como es el caso de El Tablado, Punta Prieta, La Caleta y La Puente, en el litoral guimarero de Agache, hoy no están tranquilos. Celso Marrero, vecino de La Puente, recordaba que “el Ayuntamiento tiene que cambiar el mojón de servidumbre que existe desde los años 40, como recoge el PGO de Güímar”.

El alcalde de Güímar, Rafael Yanes, calma a sus vecinos y les recuerda que “el Ayuntamiento derrotó a Costas en el Supremo y no hay problemas”, aunque no esconde su extrañeza al no atenderse “la singularidad canaria” en la reforma de la ley

http://www.facebook.com/#!/groups/134037370116792/141830586004137/?notif_t=group_activity

La Ley de Costas arrasa Canarias

Decenas de núcleos tradicionales costeros podrían acabar siendo demolidos



La reforma de la Ley de Costas, a punto de ser aprobada tras su paso por el Senado, puede suponer el derribo de al menos setenta núcleos de población canarios, algunos de ellos con casas de más de doscientos años de antigüedad. Mientras que en la península y Baleares se salvarán miles de viviendas irregulares, pueblos enteros y toda la isla de Formentera, la ley se ensaña con Canarias, que no ha conseguido la amnistía para ninguno de sus asentamientos históricos


“Aquí va a pasar como con los desahucios; hasta que no empiece a suicidarse la gente, no cambiarán la ley”. Antonio Alonso, miembro de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), no encuentra mejor manera de ilustrar qué efectos va a tener la modificación de esta norma en las Islas Canarias. Según sus cálculos, en el archipiélago hay unas 10.000 edificaciones afectadas, repartidas en 109 núcleos costeros tradicionales, de los cuales más de setenta están seriamente amenazados por la piqueta. Todos, en mayor o menor medida, incumplen la nueva normativa, cuya modificación más relevante es la reducción de 100 a 20 metros de la zona de servidumbre de protección. Esto, que se ha interpretado como una amnistía para cientos de edificaciones y que puede abrir la puerta a un nuevo ladrillazo en toda España, apenas afectará a los núcleos costeros tradicionales canarios, muchos de los cuales tienen casas construidas dentro del deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, algunas con sentencia firme de derribo dictada por el Tribunal Supremo. Ejemplo de ello son los barrios de Tufia y Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria), donde distintas autoridades canarias están presionando para que al menos se retrase la demolición hasta que los propietarios no sean realojados.

El senador de El Hierro por CC, Narvay Quintero, ha intentado introducir, entre otras enmiendas a la ley, una que recogiera el valor etnográfico, arquitectónico e histórico de muchos de estos núcleos poblacionales, pero no ha conseguido su propósito. “Hay un claro agravio comparativo. En la reforma figuran hasta doce pueblos indultados en la península con similares condiciones que otros canarios. Hace unos días metieron con calzador Moaña, en Pontevedra, y Xilxes, en Castellón, mientras que no se salva ni un solo pueblo del archipiélago. Se están riendo de nosotros”, señala el senador herreño.

  Precisamente, la isla El Hierro reúne similares características que Formentera, ‘amnistiada’ en la nueva normativa “debido a su especial configuración geológica”. “No pretendemos que quiten ese estatus a Formentera, pero también se lo podían dar a El Hierro”, añade Quintero, que no sólo carga las tintas contra el Gobierno central: “Los políticos canarios tenemos nuestra parte de culpa por no haber hecho la defensa necesaria de las poblaciones afectadas”. No duda, por otra parte, que el hecho de que no haya un pacto de Gobierno entre el PP y CC “ha influido decisivamente en que Canarias se vea perjudicada frente a otras comunidades.

Del valor etnográfico de sus casas dan cuenta Montserrat Acosta y Daniel Morales, presidenta y secretario de la Asociación de Vecinos del Pozo de las Calcosas, un asentamiento de El Hierro que cuenta con edificaciones de más de doscientos años de antigüedad a pie de mar y que está condenado a desaparecer si se aprueba la nueva normativa.

“Hemos intentado mantener el estilo arquitectónico tradicional, construyendo las casas con piedra, madera y colmo, la paja del centeno. No son casas de residencia habitual sino que se ocupan un mes al año, en agosto, con la llamada ‘mudada’, un cambio de residencia estacional que se viene practicando en El Hierro desde el siglo XVII”, afirma Montserrat. Salvo dos o tres construcciones, todas datan de antes de 1988, fecha en que se aprobó la Ley de Costas. En principio, deberían quedarse en pie, pero no cumplen ninguno de los dos requisitos que contempla la nueva normativa: que antes de esa fecha tuvieran agua, luz, acceso rodado y sistema de evacuación de aguas residuales; o bien, que al menos un tercio de la zona afectada estuviera considerado como núcleo urbano consolidado. El acceso rodado no existe: “todo lo hemos bajado a mano, durante años, los vecinos del Pozo”, dice Daniel, cuya familia lleva tres generaciones allí instalada. Además, el Pozo está calificado como suelo rústico y ninguna de ellas es primera vivienda. Hay edificios que tienen abierto un expediente de recuperación posesoria, trámite previo a la orden de demolición. Y también otros, que aún siendo legales, rompen con sus paredes de cemento y sus ventanas de aluminio el aspecto tradicional de todo el entorno.


Tenerife, la más afectada


De toda Canarias, la isla de Tenerife es la que cuenta con mayor número de núcleos afectados por la Ley de Costas. Uno de ellos, Bocacangrejo, antiguo barrio pesquero de El Rosario, sigue dando cobijo a 930 vecinos, gente en su mayoría de origen muy humilde que habita en su primera y única vivienda. Todos pagan contribución urbana, muchos tienen escritura de propiedad anterior a 1988 y algunos, como Isaura Cruz, llevan allí más de 70 años. Su casa, una cueva habilitada como vivienda, llega casi al borde del mar. “¿Por qué me van a echar ahora? – se pregunta– Al menos, que me den un cuartito donde no estorbe hasta que me muera”. Más claro lo tiene su vecino Rafael, un pescador retirado que también habita una cueva al pie de una pequeña caleta: “Esta es mi vida. Si me vienen a echar, antes me rajo el cuello y aquí me quedo para siempre”. Muchas de las casas de este enclave invaden el dominio público marítimo terrestre y tienen los días contados. Pero no deja de sorprender que, pese a que lo prohíbe la ley vigente, aún se siguen construyendo casas situadas dentro de la servidumbre de protección. “Les ponen alguna multa, pero no las tiran”, asegura Estéfana, presidenta de la Asociación de Vecinos de Bocacangrejo.

Pocos kilómetros más al sur se alza Radazul, una urbanización de alto ‘standing’ donde cambia totalmente la situación: “Aquí se permitió, pasado 1988, que se echara relleno al mar (una medida prohibida por la Ley), a fin de ganar unos metros y que muchos edificios quedaran fuera del deslinde del DPTM. Costas debería explicar por qué lo autorizó”, asegura Antonio Alonso. Una hábil estrategia a la que hay que sumar la destrucción de medio acantilado para encajar en él diez edificios de más de ocho plantas.


 La mayoría de los afectados se quejan de que, mientras ven peligrar sus casas, decenas de hoteles ubicados por todas las costas canarias podrían ver ampliada a 75 años su concesión. Un caso muy ilustrativo es el del Oliva Beach, en plenas dunas de Corralejo (Fuerteventura), que lleva años pleiteando sobre su legalidad. Y ahora incluso con el apoyo de senadores como el socialista Domingo Fuentes Curbelo, preocupado por salvar “los más de 400 puestos de trabajo directos y muchísimos indirectos” que dependen de este hotel, tal como afirmaba hace unos días en el diario, La Provincia.

Doble Rasero.

En El Médano (Granadilla, Tenerife), se alza el hotel del mismo nombre, con toda su terraza sostenida por unas columnas que se adentran en el mar. Costas dio permiso para arreglarlas ante el riesgo de derrumbe. Así lo afirma el actual dueño del edificio, Álvaro Alcalá Galiano, que alega gozar de una concesión “muy anterior a la ley de Costas y que era por tiempo ilimitado”. Un asunto que tienen recurrido ante los tribunales. “El caso está sub iúdice, y andamos a la espera de lo que ocurra con la reforma de la ley. Se habla de que podrían ampliar la concesión 75 años más. Aparte, aquí nadie quiere que se tire el edificio, pues mantiene comercialmente a todo El Médano”, dice el hotelero.


Unos metros más allá del hotel, en toda la línea de casas que invaden el deslinde del DPTM –y que también podrían ser derribadas–, se puede ver estos días cómo una empresa constructora está rehabilitando una casa recientemente adquirida por una propietaria rusa. Algo que contrasta con muchas otras edificaciones de Tenerife, condenadas a la ruina precisamente por la prohibición de Costas de hacer obras de rehabilitaciónn, con la excusa de que están invadiendo el DPTM.


Es el caso del barrio marinero de El Caletón de La Matanza, donde viven unas 120 familias y donde está planeado, además, la construcción de un paseo marítimo que afectará a casas que, en principio, podrían haberse salvado tras la aprobación de la nueva ley de Costas.

“Nos quieren tirar por feos”, dice Elena Hernández, propietaria de una casa comprada en 2003 y representante vecinal del Caletón. “La casa es anterior a 1988 y se podría salvar, pero ahora, con el proyecto del paseo, y con el deslinde recurrido, puede peligrar nuestro futuro y el de muchas otras edificaciones”, asegura. Frente a su terraza, y literalmente colgadas de un acantilado, se ven las ruinas de un inmenso edificio destinado a apartamentos que no se terminó por la quiebra de la constructora: “Se están cayendo los paneles de hormigón al mar, con el peligro que eso conlleva. Y sin embargo Costas no hace nada”, añade Elena.

Su marido, Eduardo, es abogado y lleva años luchando por defender a las familias de El Caletón. Como tantos otros dueños de casas anteriores a la ley de Costas de 1988, tiene muy claro que el desalojo podría suponer “una vulneración del derecho de propiedad, que es un derecho fundamental

A falta de su definitiva aprobación en el Congreso y el posterior desarrollo del reglamento, la reforma de la Ley de Costas podría suponer una vuelta al ladrillazo en detrimento de muchos de estos núcleos costeros tradicionales. Así lo afirma Carmen del Amo, presidenta de la AEPLC: “Toda la costa está programada. Existen nuevos proyectos en los que es imprescindible la desaparición de los poblados tradicionales costeros”. No parece andar desencaminada. Antonio Alonso asegura tener constancia de distintos proyectos de campos de golf en el litoral norte de Gran Canaria, “que estarán ubicados más allá de los veinte o cien metros que marquen la servidumbre de protección, y serán legales, pero no quieren tener la mala imagen de nuestros viejos poblados costeros en primera línea de playa”.

El triste ejemplo de Cho Vito

El futuro de muchos núcleos costeros canarios se refleja en el triste presente de los vecinos de Cho Vito, un barrio del municipio tinerfeño de Candelaria cuya demolición fue portada de todos los medios informativos.

Las últimas casas fueron derruidas el pasado mes de noviembre; entre ellas la David, tataranieto de Cho Vito, fundador de este enclave. “Mi hijo sigue pagando a duras penas el crédito que pidió por amueblar la casa que le han tirado”, dice José Antonio Luis, su padre, también desalojado de una casa aledaña.

 Mientras las autoridades insulares presumen del nuevo paseo marítimo construído donde se alzaba el barrio marinero, sus antiguos moradores siguen clamando justicia. Como única indemnización solo consiguieron que les pagaran un alquiler social por veinticuatro meses. “Hemos pasado de ser propietarios a vivir de la caridad de la administración”, dice Soledad, una de las desalojadas de lo que fue su primera vivienda, con escritura pública incluida. Como ella, muchos otros vecinos tienen recurrido el derribo de sus casas y han llevado el asunto a la Comisión Europea. Una vez se pronuncie, llevaran su caso al Tribunal de Justicia Europeo.
 No deja de ser chocante que la administración local siga cobrándoles, por su casa derruida, el recibo del IBI, y que tengan que declararlo a Hacienda. “Implícitamente están reconociendo nuestros derechos. Ellos sabrán”, ironiza Sole mientras posa junto a una pequeña gruta en lo que fue la cocina de su casa-cueva.


REPORTAJE DE CARLOS BARRIO.
INTERVIU. 29 ABRIL 2013

 

























































martes, 30 de abril de 2013

LE MONDE..ESPAÑA, UNA PROTECCION DEL LITORAL A LA CARTA

Antonio Banderas puede respirar. El municipio de Marbella, Andalucía, ha acordado modificar su plan urbano,peotegiendo a la casa del famoso actor español , que se convierte en términos legales. A cambio, él le dará una parte de su "jardín" de 1.200 m2, situado en la playa. La casa suntuosa que compró en 1997 se había construido dos años antes con una licencia ilegal concedida por un alcalde corrupto.



Su caso no es aislado. Miles de casas en la costa española, también en el ámbito de una orden de demolición  se salvaran . Pretexto para no aumentar aún más los problemas económicos del país, el parlamento español aprobará la próxima semana una profunda reforma de la Ley de Costas de 1988.


La reducción de la franja de costa protegida, que pasa de 100 metros a 20 metros de la orilla, la amnistía o la extensión de la moratoria sobre las casas costeras ilegales, el aumento de la protección de solución salina o el aumento de la duración de las licencias concedidas a algunas cabañas son algunas de las disposiciones de esta nueva ley. "Estamos ciegos si no vemos que la costa es un motor de inversión", Cortes, 24 de abril, el senador del PP Enrique López Veiga.

FIN DE ESCUDOS

Aprobado bajo el gobierno socialista de Felipe González, la "Ley de Costas" de 1988 prohíbe la construcción de una franja apartir de 100 metros de la orilla. Sin embargo, ha estado  siendo violadda hasta que en 2004, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la puso en uso y decidió aplicar la expropiación sin indemnización de los propietarios afectados. Aquellos que adquirieron sus hogares antes de 1988, legalmente, han perdido su título, conservando el derecho a residir allí todavía sesenta años, Mientras que las casas construidas despues de 1988 comenzó a ser simplemente destruidas

.Decir que la ley ha suscitado la protesta de los propietarios a menudo alemanes, británicos y suecos ... Apelaciones se presentaron ante los tribunales españoles, sino también ante el Parlamento Europeo. Pero si el objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy era resolver este problema, que afecta a cerca de 250.000 hogares, sin embargo, parece haber fracasado.

Su reforma no sólo afecta  a los propietarios de las casas construidas en el dominio público, lo que sin duda tiene una nueva moratoria de setenta y cinco años máximo, pero no va a conseguir su título. "Para nosotros, esta ley no cambia el problema principal, la confiscación de la propiedad privada, lo dice Carmen del Amo, Presidente de la Asociación Europea de Víctimas de la Ley de Costas (AEPLC). En cambio, ha aumentado nuestra inseguridad jurídica, dejando al gobierno decidir  que casas libra de la ley y el tiempo antes de la destrucción de los demás ".


"AÑOS DE LUCHA EN BASURA"

La nueva ley prevé una serie de amnistías en condiciones consideradas opaca por las asociaciones. Doce áreas marinas serán amnistiados, incluyendo la marina de Empuriabrava, Girona (Cataluña), Moana Pontevedra (Galicia) o Punta Umbría, en Huelva (Andalucía). La razón dada por el Ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, Ángel? "Son núcleos completamente urbanizada viviendas, las tierras que han perdido sus características naturales del espacio y de la costa."


"El gobierno ofrece amnistía a la salvaje destrucción, Greenpeace denuncia Pilar Marcos. Fueron años de control del medio ambiente a la basura." Greenpeace ha elaborado un informe con la relación de los diferentes cuadros del PP con las empresas que se benefician de los cambios legislativos. Otros se preocupan por la rentabilidad del modelo de crecimiento basado en la especulación inmobiliaria que llevó a la crisis. Y recuerda que casi el 44% de los españoles ya están presionando al 7% del territorio que representan las zonas costeras.


Pero la ecología no es una prioridad para el gobierno, que se ha derretido el Ministerio de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura. Lo demuestra reciente proyecto para construir un gasoducto bajo el Parque Natural de Doñana, Andalucía, la exploración de petróleo en las Islas Canarias o de la venta de 57 montañas y colinas públicas en Castilla-La Mancha



jueves, 25 de abril de 2013

UN SINCERO APOYO, UNA GRAN VERDAD.

Estimado José Fernando:



En nombre de la Asoc. Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), quiero hacerte llegar nuestra solidaridad y nuestro mayor agradecimiento por la valentía y la hombría de defender a las familias de Cho Vito, y por extensión a todos nosotros, ante el mayor abuso de poder que haya existido en España.


El derribo de Cho Vito no ha supuesto solamente la desaparición de un poblado. Su demolición se llevó consigo el Estado de Derecho que todos creíamos que existía hasta ese momento. Ahora sabemos que estamos a niveles de Zimbawue o Afganistán donde defender los Derechos Humanos puede acarrear la pena de muerte.

En España no pueden condenarte a la muerte física, pero si a la moral o a la social y eso es lo que intentan hacer cuando alguien se rebela contra la injusticia y el silencio impuesto por ley. Pero no debemos permitirlo. Tantas veces como uno caiga, tantas veces hay que levantarse y seguir.

El mirar para otro lado, la falta de solidaridad, la cobardía al esconderse para no dar la cara cuando se están vulnerando los derechos de otros, lleva indefectiblemente a que acabarán vulnerando los de todos. La frase "Cho Vito somos todos" no es un slogan, es la cruda realidad.

José Fernándo, esta sociedad sólo podrá salvarse si siguen existiendo lo que antiguamente se llamaban "hombres buenos" o "hombres justos".

Hombres de honor como tú y que fueron a los que Alfonso IX llamó para constituir las primeras Cortes del mundo y los que proclamaron la primera Constitución "La Carta Magna Leonesa" de 1188, hecha precisamente para impedir el abuso de poder.

Es increíble que en el siglo XXI estemos hayamos perdido los derechos alcanzados en la Edad Media

Te transcribo unos párrafos de la misma muy relacionados con el tema de Cho Vito.

Prometo también que no haré guerra ni paz ni tomaré acuerdos sin reunir a los obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo guiarme.

Establezco además que ni yo ni nadie de mi reino destruiremos o invadiremos casa ajena ni cortaremos viñedos o árboles de otros. El que tenga quejas contra alguien acuda a mí o al señor de la tierra o a los justicias establecidos por mí, por el obispo, o por los señores. Y si aquel contra quien se dirige la queja quisiera dar fiador o prenda de que estará a derecho según su fuero, no padezca daño alguno. Pero si no quisiera hacerlo, el señor de la tierra o los justicias oblíguenlo (a estar a derecho), según fuere justo. Si el señor de la tierra o los jueces se negaran, denúncieseme con el testimonio del obispo y de los buenos hombres, y yo haré justicia.

Ordeno también que nadie se atreva a apoderarse por fuerza de bienes muebles o inmuebles poseídos por otro. Quien se apoderara de ellos, restitúyalos doblados al que padeció violencia.

Ten siempre presente que somos miles de personas los que pertenecemos a esa mayoría silenciosa a los que se nos niega la voz y que tú, un día, nos la distes, porque tus palabras fueron el fiel reflejo de la nuestras. ¡¡Gracias de todo corazón por tu HOMBRÍA Y DIGNIDAD!!



Recibe un fuerte abrazo de parte de todos.



Carmen del Amo

Pte de la Asoc. Europea de Perjudicados por la Ley de Costas

http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com.es/



miércoles, 24 de abril de 2013

El PP expulsa a su presidente local tras su defensa de Cho Vito

El Comité Regional de Derechos y Garantías del PP en Canarias acordó, por unanimidad, "la expulsión" de su presidente del Comité Local y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Candelaria, José Fernando Gómez.


La causa es que en el PP se sienten dañados por las palabras de su concejal cuando, el 17 de noviembre pasado, José Fernando Gómez compareció en rueda de prensa y pidió la dimisión, entre otros, de la delegada y del subdelegado del Gobierno, María del Carmen Bento y Guillermo Díaz Guerra, respectivamente, por el derribo de las últimas casas del poblado marinero de Cho Vito.

En una resolución de ocho páginas, el PP considera probado que José Fernando Gómez actuó consciente de que sus palabras dañaban al PP y que había sido advertido de que no hiciera las manifestaciones que, finalmente, realizó.

José Fernando Gómez, que ayer no quiso pronunciarse (tampoco lo hizo el resto del grupo municipal) y que recibió la notificación después de que la conocieran los medios de comunicación, dijo entonces que el derribo de Cho Vito fue un "engaño, abuso de poder, violación de derechos constitucionales y desamparo" para los afectados. También aseguró sentir "rabia e impotencia porque su partido se comprometió con el colectivo vecinal a, si conseguíamos gobernar, intentar resolver el problema creado por el Gobierno socialista".

El 20 de mayo de 2006 y el 3 de diciembre de 2008 Cho Vito recibió la visita de dirigentes del PP en la Isla. Prometieron ayudarles

http://eldia.es/sur/2013-04-24/1-PP-expulsa-presidente-local-defensa-Cho-Vito.htm

martes, 23 de abril de 2013

Canarias recurrirá la nueva Ley de Costas

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha afirmado que el ejecutivo regional recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Costas, en trámite en las Cortes, en cuanto se apruebe.


En una respuesta en el pleno del Parlamento al diputado del PSOE Julio Cruz, el consejero dijo que lejos de mejorar la situación de los núcleos costeros canarios, se ponen más requerimientos y limitaciones para poder salvarlos, pese a sus valores etnográficos y culturales.

Según el consejero, la reforma legal se ha limitado a amnistiar urbanizaciones y hoteles en zonas concretas del Mediterráneo y Galicia de forma arbitraria, ignorando el principio de igualdad y sin justificación.

Además, se prevé una aplicación retroactiva de la reforma legal, lo que la hace inconstitucional.

Según Domingo Berriel, en la zona de servidumbre de protección se empeoran las cosas, ya que anteriormente se entendía que en la zona de servidumbre de protección a veinte metros de la costa se podrían hacer excepciones siempre que estuvieran urbanizados los núcleos de población, ahora se incluyen más requerimientos y limitaciones.

El diputado del PSOE Julio Cruz apoyó el recurso anunciado por el Gobierno de Canarias, y acusó al PP de haber engañado a los habitantes de los 87 núcleos costeros canarios.

"El PP les dijo que iba a solucionar sus problemas y no lo ha hecho", pero en cambio beneficia a hoteles, apartamentos y chalés, "a intereses particulares concretos de su amigos".

Según Cruz, el PP "ha fastidiado a conciencia miles de ciudadanos de Canarias" al excluir de las excepciones a la Ley de Costas a los núcleos costeros canarios con valores culturales y etnográficos

http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/canarias-recurrira-la-nueva-ley-de-costas/20130423144111402056.html


De verguenza. Lo mejor de tener a estos politicos en Canarias, es que como son los mismos de hace muchos años, ya los conocemos,
  Hablan con total desconocimiento, no saben ni el numero de núcleos costeros afectados, y por supuesto, no conocen ni la reforma propuesta, ni la ley anterior.
   No han escuchado a los afectados, y asi, no se puede comprender el problema.
   Estos no lamentan nada, Ellos no tienen su casa en peligro, sólo van a la costa, a comer pescado o a un beach club , y por supuesto, asi no solucionan nada

sábado, 20 de abril de 2013

Crucifixiones» contra la Ley de Costas en Vilaboa

El alcalde, la portavoz del PP y dos afectados denuncian en el «patíbulo» el desamparo de sus núcleos del litoral





El alcalde de Vilaboa, el socialista José Luis Poceiro, la portavoz municipal del PP, Beatriz Rosendo, y dos afectados de la plataforma Salvemos Vilaboa «se crucificaron» esta tarde como muestra del rechazo vecinal a una reforma de la Ley de Costas que supone un nuevo mazazo a los núcleos del litoral.
Ante cerca de un centenar de vecinos, el regidor, la edila popular y los directivos de la plataforma, exhibieron la unidad de criterio en la corporación local y entre los afectados para reclamar que la Ley de Costas, cuya reforma se está tramitando en el Senado, sea más sensible con Vilaboa y tenga en cuenta sus características peculiares a la hora de proteger sus núcleos del litoral.
El debate del Senado de esta semana dio un giro desfavorable a las pretensiones de Vilaboa al incrementar de un tercio a la mitad de su superficie la consolidación exigible a los núcleos de este municipio para ser reconocido, además de que tendrían que demostrar tener todos los servicios en 1988.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/04/19/crucifixiones-contra-ley-costas-vilaboa/00031366391682475472347.htm

lunes, 15 de abril de 2013

El Supremo anula el deslinde de casi 16.000 metros de costa en Almerí

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 15.766 metros de longitud, ubicados en los términos municipales de El Ejido y Roquetas de Mar (Almería), tras anular una orden del Ministerio de Medio Ambiente de 2007.


El Supremo ha adoptado esta medida al admitir dos recursos de casación interpuestos por Claudia Sol S.L. y por un grupo de particulares, entre los que se incluyen sociedades cooperativas agrícolas, contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 18 de abril de 2011, que había fallado en contra de la parte privada, según consta en sendas sentencias a las que ha tenido acceso Efe.

De esta forma queda anulado el deslinde aprobado para la zona comprendida entre el aparcamiento de vehículos a levante de la primera fase del Apartotel Aguamarina de la Urbanización Almerimar y la Urbanización de Playa Serena -excluida en el deslinde-, en los términos municipales de El Ejido y Roquetas de Mar.

Ambos recursos de casación pedían la nulidad de la orden del Ministerio de Medio Ambiente y fueron admitidos a trámite en marzo de 2010 y febrero de 2011, respectivamente.

En su demanda, Claudia Sol alegó que era propietaria por compra a Unión Salinera de España S.A. del tramo incluido en los vértices M- 113 a M-214 del deslinde, y que este expediente no fue notificado a los interesados de forma correcta, así como que se había realizado sin ajustarse a la Ley de Costas al incluirse distintas unidades geomorfológicas sin justificación, según la mercantil.

El segundo recurso cuestiona la delimitación recogida en el importe pericial elaborado por Tragsatec, al entender que se había practicado un número insuficiente de calicatas, que habrían abarcado menos de la mitad de la superficie de la zona de estudios y no se habrían realizado en aquellos terrenos que resultaba interesante establecer el límite del deslinde

¿CUANTOS DESLINDES ESTAN MAL REALIZADOS?
¿CUANTOS, SE HICIERON AL ANTOJO DE LOS TÉCNICOS?

http://www.ideal.es/agencias/20130415/local/almeria/costa-supremo-anula-deslinde-casi_201304151747.html

domingo, 14 de abril de 2013

Berriel(Gobierno de Canarias) acusa a Cañete de legalizar “solo chalés de ricos” en el litoral

El litoral es escenario predilecto de polémicas entre CC y PP. Si ya las prospecciones de petróleo frente a las islas orientales crea tensión entre cargos públicos de ambos partidos, no lo es menos la reforma de la Ley de Costas, de cuyo trámite en las Cortes están pendientes en Canarias 72 caseríos en 1.872 viviendas.(EN REALIDAD, 109 NUCLEOS COSTEROS Y MUCHAS MÁS PROPIEDADES)


El último motivo de fricción tiene que ver con la intervención del ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, esta semana en el Senado, donde reprochó que desde Canarias se haya pedido una “amnistía general” a las casas ilegales en las Costas, algo que además el alto cargo estatal del PP consideró “inasumible en un Estado de derecho”.( ME PREGUNTO, QUE HAN PROPUESTO CON FORMENTERA CON 11 SENTENCIAS FIRMES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, O CON EL PALO O AMMPURIA BRAVA)

Ante estas palabras, el consejero canario de Medio Ambiente, Domingo Berriel, ha negado que esta fuera la pretensión del Gobierno regional y, en declaraciones a este diario, replica al ministro que “lo que hace la ley es mucho peor que una amnistía general: una amnistía parcial, pues coge un a serie de bungalows, de chalés, de personas de alto standing en distintos sitios de la Península y los legaliza”.

Dicho esto, el consejero explica que lo que pretende el Ejecutivo canario “no es una amnistía general, sino la consideración de lo que significan los bienes de interés etnográfico en las Islas y los poblados de pescadores, que deberían tener un tratamiento, no digo adecuado, sino singular, en este proyecto de ley”.

En el Senado, el PP ha introducido una enmienda, con las miras puestas en Canarias, para reducir los requisitos que permiten aplicar 20 metros de servidumbre de protección del dominio público, en lugar de 100. Una medida que Berriel reconoce que “mejora” el proyecto de ley pero que es “todavía insuficiente” para dar “un trato adecuado a Canarias”, por lo que juzgó de “cuanto menos demagógica” la respuesta de Arias Cañete a una pregunta del senador herreño Narvay Quintero, de AHI-CC.

La enmienda presentada por el PP en el Senado permite que la servidumbre de protección quede fijada 20 metros, en lugar de los cien que se aplican con carácter general, en aquellos caseríos que cumplan cualquiera de los dos requisitos que ahora se exigía cumplir conjuntamente: bien tener acceso rodado y servicios de agua, alcantarillado y luz, o bien estar en áreas consolidadas por la edificación al menos en un tercio de su superficie.(QUE TENDRÁN QUE AUTORIZAR LOS AYUNTAMIENTOS, CON LO CUAL, TENEMOS MAS PROBLEMAS)

Una medida que “flexibiliza” los criterios criterios para legalizar los núcleos afectados en el Archipiélago, según explicó la pasada semana la senadora del PP María Rosa de Haro, en una mesa redonda celebrada en el Parlamento autonómico junto a representantes de otros partidos, organizada por la Plataforma canaria de Afectados por la Ley de Costas. De Haro precisó que se han presentado más de cien enmiendas, incluyendo tres del PP pensadas para Canarias.

La senadora aclaró además que no todos los poblados costeros afectados por la ley vigente en las Islas están amenazados con la piqueta y se quejó de que el Gobierno regional no haya hecho el censo de estos núcleos previsto desde el año 2009

http://www.diariodeavisos.com/berriel-acusa-canete-legalizar-solo-chales-ricos-en-litoral/



Un nuevo ladrillazo para el litoral

Tres padres de la actual Ley de Costas, vigente desde 1988, ven en los cambios introducidos por el PP en esta norma una oportunidad clara para rellenar de cemento los pocos huecos que quedan en el litoral español. Los autores de la norma actual, creada durante un Gobierno socialista, advierten de que se está desprotegiendo una franja de 80 metros, casi la longitud mínima de un campo de fútbol, y que se abrirá la posibilidad de edificar muchos tramos de costa para usos residenciales que ahora no son edificables. Los guardianes de esta nueva oportunidad de negocio serán los Ayuntamientos, eso sí, con el control de las comunidades.


Las novedades se han colado de forma sibilina en la reforma de la Ley de Costas, denominada proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Tanto juristas como abogados inciden en que las enmiendas “esconden en cada palabra un juego” y dejan interrogantes por resolver sobre la puesta en práctica. Sin decirlo de forma expresa, la disposición transitoria primera reduce de 100 a 20 los metros de la zona de servidumbre de protección, en la que no puede edificarse. Actualmente, las viviendas levantadas en esta franja están sometidas a numerosos controles. Aunque estas construcciones son privadas, sus dueños prácticamente no pueden modificarlas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, no se atreve a estimar cuántas viviendas quedarán fuera de protección. “No hay cálculos, pero entre los 600 municipios costeros será un porcentaje no pequeño”, estima. La zona más beneficiada, según el ministerio, será Galicia.

La futura norma se debatirá y votará los días 23 y 24 de abril en el Senado. Sobre el papel, la desprotección afectará a construcciones levantadas antes de 1988 y que no fueron legalizadas porque no cumplían con todas las exigencias para considerarlas suelo urbano, como gozar de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. “Ahora basta con acreditar que en 1998 había edificaciones en al menos un tercio de la superficie a considerar”, explica Ángel Menéndez Rexach, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la Autónoma de Madrid. El profesor, autor de la Ley de Costas de 1988 y toda una autoridad en este asunto, subraya que este criterio es “mucho más permisivo” que el de la legislación urbanística autonómica, que exige la consolidación de la edificación en 2/3 de la superficie (en algún caso ½) para que el suelo se pueda considerar urbano.

La zona más beneficiada será Galicia, según Medio Ambiente

“El legislador está abriendo la mano de forma tácita a una clasificación de suelo encubierta”, deduce Miriam García, autora de numerosos trabajos de planeamiento territorial como directora de Urbanismo del Gobierno de Cantabria entre 2002 y 2007. Esta arquitecta critica que la Ley de Costas, que supuestamente debe preservar el litoral, establezca un sistema de silencio positivo, es decir, que quienes quieran regularizar su situación solicitan los informes a Medio Ambiente y si en 18 meses no reciben informe se entiende que es favorable. “Lo que dicta el sentido común es que el silencio sea negativo”, contempla.

El Ministerio de Medio Ambiente defiende que esas casas solo podrán hacer reformas y no obra nueva. También que la fotografía se detendrá en 1988, por lo que no se regularizarán aquellas que estén en situación similar y se hayan construido después de esta fecha. Pero quien tendrá las competencias sobre lo que ocurra en esos lugares cuando se apruebe la reforma vuelven a ser los Ayuntamientos. La historia se repite. “Un Ayuntamiento puede chapucear muchísimo (...), a ver quién es el alcalde que se atreve a negar certificados de que las construcciones contaban con todos los servicios en 1988”, considera Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF.

El Gobierno insiste en que solo podrán hacerse obras de remodelación

“Es de esperar que la Administración de Costas no será demasiado exigente con la certificación de que los terrenos tenían todos los servicios hace 25 años”, añade Fernando Palao, otro de los autores de la norma vigente. “No solo se les legaliza, sino que se premia a quienes han corrido más en el desarrollo de estas urbanizaciones ilegales”, subraya. El también exsecretario de Estado con el PSOE, entiende asimismo que en los 80 metros que quedarán fuera de la zona de servidumbre se podrá además edificar, “de acuerdo con los planes urbanísticos municipales, y sin que les sea aplicable la legislación de Costas”.

“Va a ser muy difícil distinguir ahora entre unas y otras y calcular con precisión si las condiciones establecidas se verificaban realmente en aquella fecha”, aporta José Fernández, director general de Costas en la etapa de la ministra Cristina Narbona (PSOE). “Visto el comportamiento de las Administraciones territoriales durante los últimos 25 años, de enorme tolerancia con las infracciones de la Ley de Costas, concretamente en la gestión de la zona de protección, es fácil prever cuál va a ser el resultado”, vaticina.

“El PP tiene el síndrome de quien conduce en sentido contrario”, dice un letrado medioambientalista

Medio Ambiente estima que hay unas 250.000 construcciones con problemas legales en la costa española. En este cálculo se incluyen las viviendas consideradas ilegales porque contravienen planeamientos urbanísticos, las que ocupan zonas de servidumbre y las que invaden dominio público.

Fernando Prieto, doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid y también autor de la norma de 1988, vaticina más “caos” para el litoral español. “Todos los catedráticos están indignados”, afirma el abogado medioambientalista Manuel Marraco. “El Gobierno tiene el síndrome del que se mete a contramano en una autopista, piensa con horror que todos los demás están locos”, añade.



Una reforma orgullosa de la "tolerancia cero"

• ‘Antialgarrobicos’. La reforma a la Ley de Costas vigente, de 1998, presume de “tolerancia cero” ante las agresiones al litoral esgrimiendo su cláusula antialgarrobicos, en referencia al famoso hotel de Carboneras (Almería), y que permitirá a la Administración parar obras contrarias a la ley.

• Amnistías. Sin embargo, la norma, actualmente en el Senado, incluye otras muchas medidas que consolidan los desmanes vigentes o abren la puesta a otros. Por ejemplo, salva a 12 núcleos de viviendas que invaden dominio público: Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d’Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo o El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). Las dos últimas en formar parte del grupo son Xilxes (Castellón) y Moaña (Pontevedra).

• Concesiones de hasta 75 años. En nombre de la seguridad jurídica de los compradores, muchos de ellos extranjeros, y para dar buena imagen de España, se establece un sistema de concesiones hasta 75 años para unas 10.000 viviendas levantadas dentro del dominio público y que deberían comenzar a demolerse en 2018.

• Chiringuitos. Los negocios playeros obtendrán concesiones de cuatro años, en vez de anuales, como ocurría hasta ahora.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/13/actualidad/1365878046_838466.html





sábado, 13 de abril de 2013

Las construcciones del litoral posteriores a 1988 no serán amnistiadas

El secretario de Estado de Medio Ambiente asegura que la reducción de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros solo afectará a edificaciones anteriores a la ley vigente


El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, insistió este viernes en que la reforma de la ley de Costas pretende dotar de seguridad jurídica a las viviendas construidas en el litoral antes de 1988 -momento de la aprobación de la normativa vigente-. De esta forma aclaró que la polémica reducción de la zona de servidumbre de 100 metros a 20 para los núcleos que cumplan una serie de requisitos solo afectarán a los ya existentes antes de la entrada en vigor de la actual ley de Costas.

«Nuestra postura es que la fotografía se congela en el año 1988», explicó Ramos, aunque reconoció que la medida todavía se está discutiendo en el Senado. Precisamente una enmienda del PP en la Cámara alta desató la polémica. La modificación hace referencia a una disposición transitoria en la que se permite que los núcleos o áreas que antes de la ley de 1988 no estuvieran declarados como suelo urbano y se encontrasen en la zona de servidumbre quedaran amnistiados si reunían algunos requisitos como contar con un acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica.

La única variación entre el proyecto de ley y la enmienda popular tiene que ver con el requisito de que estas áreas consolidadas por la edificación se reducen de la mitad a un tercio. Es decir, que bastará con que un tercio de la zona de servidumbre esté edificada para poder reducirse la protección de 100 metros a 80 metros si cumple con el resto de requisitos. En cualquier caso para que se produzca esa nueva delimitación será necesario contar con el visto bueno del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente mediante un informe favorable.

Además, Ramos resaltó que esta posibilidad solo será válida para edificaciones anteriores a 1988. «Hay que ser muy restrictivos . No queremos que se interprete como una amnistía. Situaciones ilegales posteriores al 88 no pueden ser amparadas», aseguró Ramos.

Presiones desde Europa

El ministerio estima que existen unas 250.000 viviendas en suelo público marítimo-terrestre y en zona de servidumbre. Y es que la inseguridad jurídica del litoral español ha sido objeto de críticas constantes desde la UE, como se comprobó con la reciente visita de una comisión de europarlamentarios a España para analizar la reforma de la ley. Una parte de los representantes europeos pidieron al Gobierno que las viviendas en régimen de concesión desde 1988 -por encontrarse en suelo de dominio marítimo-terrestre- volviesen a un régimen de propiedad. Hay que tener en cuenta que una parte importante de los afectados son ciudadanos británicos o alemanes que adquirieron una casa en el litroral español y en 1988 pasaron de ser propietarios a concesionarios. Sin embargo, Ramos explicó que la nueva legislación logrará un «punto de equilibrio» gracias, entre otras iniciativas, a la prórroga de la concesión durante 75 años con la posibilidad de transmitir e hipotecar las posesiones.

Por otra parte, Ramos también despejó cualquier duda sobre la posibilidad de que el hotel de la playa de Algarrobico (Almería), símbolo del exceso urbanístico en el litoral, pueda ser indultado con las modificaciones legales. «No va a poder ser legalizado, porque entre otras cosas tiene dos sentencias firmes que declaran su ilegalidad», recordó el secretario de Estado. Además, insistió en que la nueva normativa permitirá al Gobierno paralizar automáticamente una obra por vía administrativa y suspender el permiso concedido por un ayuntamiento si detecta que incumple la ley. «El objetivo del Gobierno es que no vuelva a ocurrir casos como ese», aseguró el número dos del departamento que dirige Miguel Arias Cañaete

http://www.diariovasco.com/rc/20130412/mas-actualidad/sociedad/construcciones-litoral-posteriores-1988-201304121406.html

miércoles, 10 de abril de 2013

Cañete dice que la nueva Ley de Costas favorecerá a muchos núcleos canarios

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha señalado hoy que muchos núcleos costeros canarios se van a ver beneficiados por la reforma de la Ley de Costas, que prevé reducir de 100 a 20 metros la zona del litoral protegido.



Así lo ha afirmado hoy el ministro en respuesta a una pregunta sobre este tema formulada en el pleno de la Cámara Alta por el senador de Coalición Canaria Narvay Quintero Castañeda.

Según este senador, la nueva reforma de la ley no considera la sensibilidad canaria y "obvia la singularidad" de su larga costa y sus núcleos pesqueros tradicionales.

A juicio del ministro, en esta reforma de la ley de 1988 el Gobierno ha aportado una solución razonable y realista tendente a reducir la zona servidumbre para este tipo de núcleos.

Lo que se plantea, ha concluido Cañete, es que se excluyan núcleos, sin precisar cuáles ni aportar criterios técnicos que lo fundamenten, porque no se ha presentado ni una sola petición concreta sino una reivindicación general de una amnistía de situaciones irregulares que "no es asumible" por el objeto de la reforma de esta ley ni por un Gobierno en un Estado de derecho.

http://www.eldiario.es/politica/Canete-Ley-Costas-favorecera-canarios_0_120038887.html


SIGUEN SIN COMPRENDER LA REALIDAD CANARIA.
  Estas islas, cuentan con 109 nucleos costeros, de los que la primera linea essta practicamente en dominio público.Lo que se salva es la tercera linea de casas.
   Hay que preguntarse, el por qué no tenemos un trato diferencial como Formentera, o se libran pueblos enteros como Isa Cristina, o barrios pescasdores como El Palo o Pedregalego.
  

martes, 9 de abril de 2013

SIN ENGAÑOS. MOSTRANDO LA REALIDAD

   Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario," la Ley de Costas Canaria", una norma  aprobada en el Parlamento de Canarias, y suspendia, cautelarmente en su art.1 por la justicia nacional, ha pasado mucho tiempo.

    Ha pasado tanto tiempo, que ha desaparecido todo un pueblo costero, con años de historia. Ha pasado el tiempo, y otros pueblos, un mínimo de tres, desapareran bajo la fuerza de las excavadoras antes de que acabe este año.

    Y es que esta ley canaria, tenia muy buenas intenciones en su texto, pero poca voluntad y fuerza, y sobre todo, mucho miedo, en los políticos que tenían que trabajar para que se aplicara.
     Uno de los objetivos de esta Ley, era la creación de un censo de poblaciones afectadas en el litoral de la Comunidad Autonoma de Canarias. Dicho censo, si existe, esta oculto; quizás, aquellos que encargaron  la elaboración del mismo, se acordaron de la frase que decían los vecinos de Cho Vito, "sólo somos la punta del iceberg" y simplemente se acongojaron (que no acojonaron; o tal vez sí) con la visión real del problema que se les venía encima.
       Y asi, nuestros polñiticos, de todos los rediles, se dedicaron a ocultar el problema, dejando a miles de afectados a la espera de la piqueta, del miedo y de la desesperación.. Sólo sse dedicaron a esperar el cambio en el timón, en el gobierno nacional, suplicando que la reforma de la Ley de Costas, tantas veces prometida en campaña electoral, por los chicos y chicas de Rajoy, defendiera lo que ellos, nunca han defendido; Una singularidad Canaria, un diferente trato en materia de Costas, motivado por nuestra singularidad, identidad, etc. etc.
        En la actualidad, y a pocos días de la finalización del estudio de las enminedas presentadas por los diferentes rebaños políticos,poco  nos va a beneficiar la reforma de la Ley de Costas a los canarios.Se salvarán lo que ellos quieran, y el resto, más de la mitad de pueblos, simplemente desaparecerán.
        Han tenido más de seis meses, para ver la realidad en conjunto, no tratar temas aislados; ver la realidad de las personas afectadas, de trabajar conjuntamente con los afectados, no con abogados-políticos o políticos abogados, que carecen de conocimientos del litoral canario,  pero sí poseen una cantidad indecente de euros, que plantean soluciones y al mismo tiempo, pactan quién se salva y quien no, por un puñado de votos o por simple poder político.
         Por tal motivo, y ante la pasividad de los rebaños politicos, los afectados, los que tienen la soga al cuello,los que han sido vendidos, han realizado un informe, un censo de nucleos costeros en el litoral de Canarias; un trrabajo, que consta de dos partes; una primera, con datos de cada nucleo costero afectado  en cada isla, con el grado de afección de la Ley de Costas, y número de habitantes afectados, y una segunda parte, con datos de deslindes, catastros, informes urbanisticos, proyectos de litoral, obras y paseos, sentencias firmes, contenciosos administrativos, y recursos que les afectan o que estan planeados en cada uno de esos lugares.
          Este trabajo, que recientemente se ha entregado en el Parlamento Europeo, muestra la realidad del litoral canario; sin engaños. Más de cien núcleos costeros, pueblos con encanto, historia e identidad propia; pueblos habitados por personas, no por cifras ni números; pueblos con un atractivo turístico claramente,potenciable( si lo desean nuestros rebaños) que no constituyen, un peligro para el paisaje del litoral de nuestras islas.
           Cuando, se darán cuenta, que los afectados, son aquellos a los que usteden vetan; aquellos a los que ustedes no escuchan. Son afectados, no compañeros en la política, ni abogados usureros.
           Les recomiendo, que si quieren hablar con ellos, se den una vuelta por esos pueblos con encanto, y escuchen a cualquier vecino. Seguro, que les explica, claramente, el engaño, a los que ustedes, señorías, lo tienen acostumbrado.
          

viernes, 5 de abril de 2013

Canarias pide al Gobierno que la reforma de la Ley de Costas tenga en cuenta el "valor etnográfico" de núcleos costeros

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial de Canarias, Domingo Berriel, le ha trasladado este jueves al Gobierno la necesidad de que en la reforma de Ley de Costas de 1988 se tenga cuenta el "valor etnográfico" e "histórico" de muchos de los núcleos de población costeros canarios ubicados en zona de dominio público para evitar que desaparezcan.


Así lo ha explicado el consejero en rueda de prensa en la sede del Gobierno canario en Madrid, tras reunirse con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y con el director general de Costas, Pablo Saavedra, en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En dicho encuentro, el consejero canario ha pedido a los representantes del Gobierno que apoyen, de cara al debate en comisión que tendrán lugar la próxima semana en el Senado sobre la reforma de la ley, la elaboración de una enmienda transaccional que resuma las enmiendas ya presentadas por el PP y Coalición Canaria.

De este modo, la enmienda transaccional incluiría la posibilidad no establecida en texto que aprobó el Congreso de salvar aquellos núcleos costeros ubicados en zona de dominio público que tengan "valor histórico", "etnográfico" e incluso "atractivo turístico".

"El margen que hay ahora es escaso, pero hay que reconducir la mejora de la ley y las enmiendas ya admitidas. Creemos que hay un espacio para la propuesta que hacemos", ha confesado Berriel, para añadir que de momento no han recibido ninguna respuesta del Ministerio más allá de su compromiso de estudiar dicha propuesta y su postura "receptiva".

Asimismo, ha aclarado que los criterios que proponen introducir en la ley para salvar los núcleos afectados por el texto aprobado por el Congreso no "ampararía en ningún caso al chabolismo" de "última hora" surgido en la costa sino a los núcleos que tienen su origen en los "asentamientos de pescadores" creados hace muchos años.

Por otra parte, Berriel ha explicado que la transaccional también introduciría una modificación de las limitaciones que se establecen para los núcleos ubicados en zonas de servidumbre, en concreto para aquellos que se encuentran entre los 20 y los 100 metros de distancia de la costa; limitaciones que son, a juicio del consejero, "muy fuertes".

Así, solicitan que en un plazo de dos años la administración urbanística pueda determinar aquellos casos en que dichos municipios podrían disfrutar de las mismas posibilidades que el resto.

Según Berriel, lo que buscan con estas medidas es conseguir en Canarias una aplicación "razonable" de la ley, que garantice "la recuperación de la costa" pero sin dejar de tener en cuenta las singularidades del archipiélago. "Tenemos que recuperar la costa y para eso tenemos que contar con los vecinos", ha advertido.

OPORTUNIDAD "HISTÓRICA"

En esta misma línea se ha expresado la consejera de Planificación Territorial del Cabildo de Tenerife, Pino de León, quien además ha avisado de que la reforma de la Ley de Costas supone una oportunidad "histórica" para solucionar los problemas de Canarias en relación a este aspecto, que si se desaprovecha, "generará conflictos".

"Hay que conseguirlo a través de la enmienda transaccional. No es difícil de aceptar porque no se genera ruptura en la filosofía de la ley. Deben reconocerse nuestras características", ha reclamado, para insistir en que si se reconocen sus peticiones será un "momento histórico".

Tras la reunión con los representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Berriel completará mañana su ronda de contactos con el Ejecutivo con una reunión en el Ministerio de Fomento, en la que tiene previsto trasladar este y otros asuntos

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-canarias-pide-gobierno-reforma-ley-costas-tenga-cuenta-valor-etnografico-nucleos-costeros-20130404160441.html