Los afectados alertan del ataque al derecho a la propiedad privada

Miembros de la plataforma de perjudicados por la Ley de Costas de la provincia de Huelva han rechazado la reforma aprobada ayer por el Parlamento, ya que entienden que vulnera la normativa europea de la propiedad privada.


La mayoría de los afectados considera insuficiente el sistema compensatorio de la reforma, que se basa en alargar las concesiones de uso de la vivienda hasta 75 años, en lugar de contemplar una compensación económica.

Los propietarios de las viviendas denuncian que con la nueva ley no se produce ninguna expropiación, lo que conllevaría una compensación económicas, y sí una "confiscación", porque no contempla ni una indemnización ni un justiprecio. La nueva normativa tan solo permite el disfrute de la vivienda; esto es de "algo que ya tengo", como dicen gráficamente los afectados. Y además, "pretenden indemnizarnos con algo que ya es nuestro", añaden.

Los afectados están convencidos que la reforma va contra la propiedad privada, un derecho "sagrado", según la Carta Europea y que se salta la Constitución Española y el Derecho Internacional.

Tampoco aborda, en su opinión, el concepto de dominio público. Así, la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas entiende que con la reforma "se pueden realizar deslinde indefinidamente", ya que permite que en cualquier momento pueda producirse una ampliación.

La Comisión de Peticiones de la Unión Europea estudia ya si la reforma de la Ley de Costas vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de la propiedad privada y redactará un informe de conclusiones antes del verano.

La modificación de la ley podría vulnerar la Carta Europea de Derechos Fundamentales ya que "ataca" al concepto de propiedad privada. Y es que, según la Comisión, las compensaciones a los propietarios afectados por la normativa se han pensado de forma muy extraña, porque el Gobierno español no paga nada, no compensa y se queda con la propiedad, y solo otorga una "concesión, o en tal caso la ampliación de una concesión que no es una compensación económica".
La reforma de la Ley de Costas sigue sin ofrecer la protección jurídica suficiente para los propietarios de casas en la costa y plantea varios interrogante sobre protección medioambiental, según la Comisión. Ésta determina que se necesita una clara definición del concepto dominio público marítimo terrestre y que el registro de la propiedad no es satisfactorio, porque se tendría que saber si una propiedad está afectada o no por la normativa antes de comprar.
La plataforma considera ni de lejos concilia la necesidad de proteger el medio ambiente y la obligación de respetar los derechos y garantías jurídicas de los propietarios de pequeñas casas en la costa.
La nueva normativa obliga por ejemplo a incluir en el registro de la propiedad civil todas las casas que se verían afectadas por el deslinde, para que nadie pueda adquirir una vivienda sin saber que podría ser expropiada en el futuro.
La asociación no está convencida de que la reforma vaya a mejorar las cosas ni logre compensar a los propietarios ya afectados de forma satisfactoria, porque además incluye una cláusula que establece que las concesiones podrían revocarse en cualquier momento sin causa justificada.

Los afectados denuncian también que las líneas de deslinde que definen qué casas expropiar se han fijado de manera muy arbitraria, amnistiando en algunos casos a hoteles o fábricas contaminantes en detrimento de muchos pequeños propietarios, que sí se han visto expropiados.



http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1520086/los/afectados/alertan/ataque/derecho/la/propiedad/privada.html

Dos hoteles canarios esquivan la piqueta

La reforma prorroga la concesión administrativa de dos de los hoteles más polémicos de Canarias


La nueva Ley de Costas, con carácter general, prorroga la concesión administrativa de dos de los hoteles más polémicos de Canarias, aquellos que son propiedad de la Cadena Riu y se encuentran dentro del espacio protegido de las dunas de Corralejo, en Fuerteventura, en dominio público. La ampliación de la concesión se tramitará mediante solicitud, “un automatismo”, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, durante los próximos 75 años.

Son las dos únicas explotaciones hoteleras ubicadas en este Parque Natural y tienen la exclusiva del uso del mismo. La concesión de uno de los hoteles, Oliva Beach, culminaba en 2017 y con la nueva Ley de Costas se amplía también la ausencia de canon por ocupar este espacio. En caso de que se hubiese llegado al final de la concesión administrativa, el Estado podría haber decidido demoler y reponer la zona, tal y como se había planteado en la hoja de ruta inicial.

La cadena hotelera obtuvo en 2007, de acuerdo con la negociación mantenida con el Gobierno de España, un hotel con licencia para 10 años y otro para 30 años; a cambio, el Estado obtenía el islote de Lobos, ahora público y antes propiedad de Riu en su mayoría. Cristina Narbona, entonces ministra de Medio Ambiente, negoció con la cadena hotelera la reducción de la concesión administrativa.

La empresa expresó su deseo de llegar a un acuerdo dado que su negocio “no está en explotar hoteles en dominio público”. El deslinde por el que ambos establecimientos, de repente, se encontraron en terreno público se produjo en 1989 y a pesar de ser recurrido, el Tribunal Supremo dio la razón al Estado en 2003.

José Fernández, director general de Espacios Protegidos del Gobierno de Canarias, ve cómo la nueva ley “desprotege de manera notable la costa y expone al cambio climático a muchas construcciones”. Para otros expertos consultados, se trata de “una transferencia de recursos encubierta” por parte del Estado. Hace dos días, en una reunión de urgencia, el Cabildo se puso en el peor de los casos y propuso compensar a Riu con terrenos en una zona urbana. Todo por no perder esas 436 habitaciones y la actividad que generan.

En España existen otros espacios que también acogen hoteles en dominio público, como El Saler, en Valencia, o en Punta Umbría (Huelva), y cuya concesión, igualmente, se ampliará previsiblemente.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/09/actualidad/1368131003_984418.html

Arucas tramita los catálogos de las casas afectadas por la nueva Ley de Costas en el municipio

 San Andrés, Quintanilla y El Puertillo no están en el anexo de la nueva Ley de Costas.

El Ayuntamiento de Arucas en el Pleno celebrado el pasado lunes, día 6 de mayo, en asuntos de Presidencia y a través del alcalde Ángel Víctor Torres, anunció que la Concejalía de Urbanismo y la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas había recibido una nota interna de fecha 30 de abril, para la elaboración del catálogo de viviendas del municipio afectadas por la nueva Ley de Costas, ya que tras la aprobación definitiva de la nueva Ley de Costas y en el anexo de la misma no constaba como núcleos poblacionales los barrios de San Andrés, Quintanilla y El Puertillo, y así poder ser amnistiados.

Ante tal situación, por parte del Ayuntamiento se han iniciado los trámites internos para que desde los servicios municipales de Urbanismo se realice el catálogo de las viviendas afectadas por la Ley de Costas con el objetivo de intentar que la Administración Central, es decir, el Gobierno de España, considere a los núcleos costeros de San Andrés, Quintanilla y El Puertillo dignos de ser excluidos en la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre y evitar así su demolición.

La nueva Ley aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados tiene un anexo en el que aparecen una serie de núcleos poblacionales entre los que no se incluye ninguno de Canarias y, por tanto, tampoco lo tres núcleos del municipio afectados.

Según esta Ley, que se publicará en el BOE en los próximo días, los ayuntamientos tienen hasta tres meses para presentar sus catálogos, y ante la evidencia de que en el Senado se habían rechazado las enmiendas relativas a los núcleos costeros canarios, el Ayuntamiento de Arucas ha comenzado a realizar el trabajo para llevarlo, si procede, a un próximo Pleno.

La concejala de Urbanismo del Consistorio aruquense, Marisol Collado, expuso que “desde la Concejalía de Urbanismo, a través del Plan General, se está trabajando para reservar el suelo necesario por si es necesario el realojo de los vecinos afectados, dejando claro que la prioridad es conseguir la inclusión de los núcleos costeros de Arucas como núcleos poblacionales en la nueva Ley.”

"Canarias no existe para la Ley de Costas"

La reforma de la Ley de Costas salió ayer aprobada del Congreso de los Diputados sin atender las especificidades canarias y sin garantías para los núcleos costeros amenazados de derribo en las Islas. Para la diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NC) Ana Oramas en esta ley «Canarias no existe». La nueva norma únicamente contó con los votos favorables del Partido Popular (PP).


El pleno del Congreso de los Diputados dio ayer el visto bueno definitivo a la reforma de la Ley de Costas en los mismos términos que había sido aprobada en el Senado y por tanto sin incorporar ninguna excepción para salvar aquellos enclaves costeros de las Islas con valores etnográficos, históricos o pintorescos, que ahora pueden quedar condenados a la piqueta.

Aunque la Cámara Baja se limitó a ratificar el texto sin introducir cambio alguno con el único voto a favor del PP, el trámite suscitó un debate encendido. La portavoz de CC-NC, Ana Oramas, calificó de «impresentable» que la reforma no haya tenido en cuenta a las Islas. «Sencillamente en esta ley Canarias no existe, pese a ser la comunidad autónoma con más kilómetros de costa», señaló.

La diputada nacionalista reprochó al PP haber salvado de la piqueta doce enclaves concretos de la Península y Baleares y «olvidarse» de los núcleos canarios.

«¿Ustedes me quieren decir qué diferencia hay entre Formentera y La Palma o Lanzarote? ¿O entre Tenerife y determinadas zonas del Mediterráneo?» preguntó Oramas a los populares, «porque los enclaves canarios tienen las mismas condiciones que esos sitios que sí han recibido el cariñito especial del PP y que se han salvado por compromiso político», añadió.

La diputada nacionalista recordó, además, que los núcleos isleños para los que se pedía consideración especial «no son chalés con piscina ni hoteles en primera línea, sino casas que gente sencilla levantó hace treinta, cincuenta o sesenta años», señaló, al tiempo que sostuvo que «estamos hablando de actividades sostenibles y de valores etnográficos, no de especulación», quiso dejar claro.

La Ley deja ahora la pelota en el tejado de los ayuntamientos, que deben remitir un informe a Medio Ambiente sobre cada enclave, argumentando que se trata de núcleos urbanos. Si el Ministerio entiende que cumplen con todos los requisitos, se los excluirá de la servidumbre, que queda fijada en 20 metros.

Recurso

El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, no fue ayer tan contundente como hace unas semanas en el Parlamento regional, donde anunció que el Gobierno recurriría la reforma de la Ley de Costas «apenas» se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A través de un portavoz autorizado de la Consejería, Berriel manifestó que el Ejecutivo sigue mostrándose «crítico» con la reforma del Partido Popular (PP) y la «rechaza» por cuanto que «no se adapta a la realidad de las Islas».

Sin embargo, ayer indicó que el Gobierno tiene que estudiar «con detenimiento» el documento aprobado ayer, y ver las enmiendas incorporadas, antes de decidir si recurre la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional. En el Parlamento , Berriel aludió a la inconstitucionalidad de la Ley por su retroactividad y por no respetar, dijo, el principio de igualdad

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=300320

PROTESTAS EN EL CONGRESO POR LA APROBACIÓN DE LA LEY DE COSTAS.

Greenpeace escala el Congreso en protesta por la Ley de Costas del PP


Varios activistas consiguen llegar hasta el techo del hemiciclo donde desplegaron una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa"

Varios activistas de Greenpeace han conseguido acceder esta mañana hasta la parte más alta de la fachada del Congreso de los Diputados para protestar por la reforma de la Ley de Costas, que hoy de debate en el hemiciclo.

Durante la acción reivindicativa, en la que han desplegado una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa", ocho activistas han sido detenidos por la Policía, sin que todavía hayan sido puestos en libertad, según ha informado la organización ecologista.

Fuentes policiales han informado de que los arrestados han sido trasladados a comisaría donde se les tomará declaración.

Cinco de los miembros de la ONG intentaron acceder a la puerta principal del edificio para llegar hasta el perímetro interior del Congreso, pero los agentes los desalojaron rápidamente. Dos de ellos, no obstante, consiguieron escalar la fachada principal a través de los andamios que rodean el Congreso por las obras y llegar hasta su parte superior donde desplegaron la pancarta y uno de ellos se descolgó con una cuerda durante unos segundos.

La acción, de carácter pacifico, se ha llevado a cabo mientras en el interior se debate el Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, que previsiblemente será aprobada hoy definitivamente con la mayoría del PP y la abstención de CiU.

"Hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no solo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria" ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

La organización ha criticado reiteradamente las modificaciones previstas para la nueva ley, al considerar que "desprotege y privatiza" el litoral español y que "podría favorecer unos pocos intereses muy cercanos al PP".

Greenpeace ha anunciado que presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si con la reforma se han vulnerado varias directivas europeas sobre protección del medio ambiente

http://www.publico.es/455016/greenpeace-escala-el-congreso-en-protesta-por-la-ley-de-costas-del-pp



La protesta de Greenpeace frente al Congreso contra la Ley de Costas se salda con la detención de ocho activistas


El grupo ecologista presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si se han vulnerado directivas europeas

La protestas realizada a primera hora de este jueves por miembros de Greenpeace en el Congreso de los Diputados se ha saldado con el arresto por parte de la Policía Nacional de los ocho activistas de la organización que han participado en la acción, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Tras una rápida intervención, los agentes lograron neutralizar a todos los activistas, a los que retuvieron en la plaza de las Cortes y les pidieron la documentación. Posteriormente, fueron detenidos y serán trasladados a las dependencias policiales de Moratalaz, según las mismas fuentes consultadas.

Los activistas de Greenpeace, que iban vestidos con monos naranjas, se habían encaramado esta mañana al tejado del Congreso de los Diputados para protestar contra la Ley de Costas y llegaron a mostrar una pancarta en la que se podía leer 'El PP vende nuestras costas', pero fueron desalojados rápidamente por la Policía.

Minutos antes de que esto sucediese, cinco de estos activistas habían intentado acceder al perímetro interior del Congreso, actualmente protegido por las obras que se están realizando en la zona. Pretendían acceder a la puerta principal del edificio, habitualmente cerrada, para lo que llegaron a subirse a las vallas que actualmente rodean el perímetro.

Los agentes reaccionaron con velocidad para bajarlos de la valla, pero al menos dos de ellos consiguieron burlar la acción de la Policía y llegaron a subirse a lo alto del edificio aprovechando el andamiaje que hay en torno al mismo por las citadas obras.

Tras mostrar la pancarta 'El PP vende nuestras costas', uno de ellos llegó a descolgarse con una cuerda por la fachada del edificio durante unos segundos.

SE REBAJA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

A juicio de Greenpeace, durante todo el proyecto de reforma, la estrategia del PP ha consistido en rebajar al máximo la protección ambiental de la costa y ahondar en su privatización.

Es más, el grupo ecologista sostiene que la desprotección ha ido acompañada de grandes dosis de arbitrariedad, que Greenpeace lleva denunciando desde el comienzo de la reforma.

En su opinión, ésta podría favorecer intereses muy concretos cercanos al partido en el Gobierno que han quedado recogidos en el informe 'Amnistía a la Destrucción' y que ocasionó una demanda por parte de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

La organización destaca, como puntos más negativos de esta ley, que una docena de núcleos costeros que quedarán exentos de cumplir la Ley de Costas; la reducción de la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos; la desprotección de los más importantes humedales costeros y dunas, y el desprecio por las consecuencias del cambio climático sobre el litoral español, entre otras muchos recortes a la protección de la costa.

UNA LEY CON FALTA DE RIGOR

"Otra prueba de la falta de rigor de la reforma es que desde el Ministerio de Medio Ambiente se reconoció a Greenpeace que no se habían dado cuenta de que el PP había incluido una enmienda según la cual hubiese sido posible legalizar el hotel de el Algarrobico", alerta la organización ecologista, aunque reconoce que la enmienda se corrijió en último momento.

"Hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no sólo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria", según ha sentenciado la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

La organización ecologista tampoco comprende cómo se puede aprobar una reforma que carece de una memoria económica que analice con rigor el coste económico de lo que va a suponer la reforma, dada la inseguridad jurídica que provocará, ya que dejará sin efecto cientos de sentencias firmes de los tribunales de Justicia que había ganado el Estado.

"Provocará un grave quebranto económico al erario público si ha de indemnizar a todos aquellos que perdieron sus casos durante los 25 años de aplicación de la Ley", ha sentenciado..

Greenpeace presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si se han vulnerado la directiva europea sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la también directiva europea relativa a evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, o la directiva relativa a la conservación de aves silvestres, la directiva Hábitat, relativas a la conservación de Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, el convenio de Aarhus, la Directiva de 2003 de medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.

http://www.eldiario.es/politica/Greenpeace-Congreso-Ley-Costas-activistas_0_130537087.html

La Ley de Costas "salvará" miles de hogares gallegos situados junto al mar

La nueva Ley de Costas, que el Congreso aprobará previsiblemente el próximo jueves, "salvará" miles de hogares gallegos que se sitúan en núcleos rurales tradicionales aunque sobre el dominio marítimo-terrestre.


El pleno del Congreso ha debatido hoy una proposición del Parlamento gallego para modificar la actual Ley de Costas, que pretendía que se tuvieran en cuenta algunas singularidades de Galicia, como los asentamientos tradicionales de población que existen junto al mar, y que forman parte del acervo cultural de una comunidad con profundas tradiciones marítimas y marineras.

La iniciativa ha sido rechazada por todos los grupos, ya que la nueva Ley de Costas que se aprobará el jueves, y que sustituirá la vigente desde 1988, incorpora en gran parte las propuestas que estaban incluidas en la iniciativa del Parlamento gallego.

La proposición de ley para modificar la Ley de Costas de 1988 fue promovida en el Parlamento gallego por el PPdeG en el año 2010, y en ella se reconoce que la ley que se aprobó hace veinticinco años pretendió poner orden al creciente proceso de "privatización y depredación" de la franja costera española.

Según el texto defendido hoy en el Congreso, la Ley de Costas de 1988 no contempló este fenómeno urbanístico "netamente gallego", el de los asentamientos rurales, que además están reconocidos por la legislación urbanística de Galicia.

Plantea además que se están sucediendo situaciones injustas, ya que durante los últimos años se han expropiado viviendas o inmuebles a gente que las construyó o compró de buena fe, y en muchos casos esas propiedades están sujetas a hipotecas o créditos.

La proposición de ley propuesta por el Parlamento Gallego planteaba que se hicieran concesiones de treinta años -prorrogables- para ese tipo de edificaciones, y que si el Estado opta por la expropiación se haga cargo de todas las cargas hipotecarias o financieras o compense a los propietarios con un inmueble similar.

Pero el texto ha decaído ante la oposición unánime de la Cámara, y el portavoz del PP Guillermo Collarte ha justificado el rechazo del grupo mayoritario al señalar que estas demandas están ya, en gran parte, previstas en la nueva Ley.

Los grupos de la oposición han criticado la nueva Ley de Costas por considerar que aumentará la privatización y la sobreexplotación del litoral español, y han advertido de que la nueva norma no tiene en cuenta los efectos del cambio climático.

Han criticado además que se pretenda "salvar" de la demolición "mansiones", "chalets de lujo" y algunas empresas, pero el diputado del PP Guillermo Collarte ha insistido en que se trata de hogares pertenecientes a familias de pescadores y "gente humilde":

EFE

UNA LEY PARA LOS GALLEGOS. EN CANARIAS EXISTEN NUCLEOS COSTEROS TRADICONALES, QUIZAS MAS ANTIGUOS QUE LOS GALLEGOS. DONDE ESTAN LOS POLITICOS CANARIOS?

Alegranza, una vieja expropiacion en litigio

Los dueños de Alegranza pleitean con el Estado en el Tribunal Supremo por una supuesta expropiación en 1889, de 850.000 metros cuadrados de la isla, que al parecer no se efectuó. Los dueños creen que se ha ocupado el suelo por la vía de hecho, al incluirlo en el nuevo deslinde de Costas. Un pleito con mucha historia

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La demanda de uno de los dueños de Alegranza, Eduardo Jordán Martinón, ante el Tribunal Supremo, acaba de ser admitida, y se refiere a una supuesta expropiación por el Estado de 850.000 metros cuadrados de la isla, en 1889 al inicio del reinado de Alfonso XIII.


El pleito se refiere a la inclusión, en 2008, por parte de Costas, en el nuevo deslinde marítimo terrestre, de los citados 850.000 metros cuadrados de suelo que rodean al actual faro de la isla, alegando que es suelo al servicio de dicho faro y basándose en la existencia en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de un expediente de 1889, en el que supuestamente se procedió a expropiar este suelo.


Sin embargo, los dueños han investigado el expediente y llegado a la conclusión de que la expropiación nunca se llevó a efecto, al no existir expediente expropiatorio. Dicen que no consta pago alguno de justiprecio y no existe declaración de utilidad pública de dicha expropiación, como se vendría a demostrar documentalmente en la demanda.


Según la historia de este curioso litigio, en 1860, José García Lugo, dueño de Alegranza cedió al Estado 1.708 metros cuadrados para construir el faro, que se construye en 1865. En él vivieron dos torreros y sus familias; y por entonces se dieron múltiples conflictos con los medianeros de la isla, por el cultivo de amplias zonas en torno al faro.


Por ello, en 1877 el dueño pidió al Estado que delimitara el terreno al servicio del faro. Este es el origen del supuesto expediente expropiatorio al que se refiere la Autoridad Portuaria. A partir de ahí se inicia el expediente de expropiación del los caminos y suelo de servicio del faro, no de los 850.000 metros que ahora ocupa el nuevo deslinde. Un expediente que los dueños dicen, no se culminó, porque no se declaró la utilidad pública, ni se abonó el justiprecio. Razones de nulidad de la expropiación.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=299716

Ocho municipios trabajan para salvar sus 22 barrios costeros

Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, La Matanza, Güímar, Candelaria, El Rosario y Arafo tienen tres meses para intentar justificar la legalización de sus núcleos

Un total de ocho municipios de Tenerife han comenzado a trabajar desde que se aprobó la nueva Ley de Costas en el Senado, el pasado día 24, para intentar legalizar los 22 barrios pesqueros de la Isla afectados por la normativa. Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, La Matanza, Güímar, Candelaria, El Rosario y Arafo deben presentar en tres meses la documentación que demuestre que los núcleos costeros se adaptan a la futura disposición, que se prevé que sea ratificada por el Congreso de los Diputados la próxima semana.

La reforma legislativa plantea la rebaja de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros en casos determinados, de la que podría beneficiarse las poblaciones que cumplan una serie de requisitos, algunos de ellos incorporados ahora. Las alternativas para poder regularizar los terrenos son dos. Primero está el caso de los municipios que no tuvieran planeamiento en 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas que ahora se modifica.

En ese caso, podrán legalizarse los barrios que, a pesar de no estar en una zona clasificada como suelo urbano, cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y que, además, un tercio de su superficie está consolidada. La segunda opción, contemplada por la antigua norma de 1988, estipula que dos terceras partes de estos espacios deben estar edificados en el Plan General de Ordenación de los municipios.

Según explica la senadora del Partido Popular María de Aro, no hace falta cumplir con todas las condiciones, sino que solo bastaría con ajustarse a una de las alternativas. El Estado pretende "flexibilizar" la Ley de Costas, porque los planes generales de ordenación de la mayoría de los municipios de las Islas afectados "no habían declarado esas zonas como suelo urbano", señala De Aro.

Esta reforma "no es automática", ya que los ayuntamientos deben acreditar en tres meses que los núcleos cumplen con los requisitos para que, a continuación, el Gobierno central determine en un plazo de 18 meses si acepta o no la declaración. En caso de que no dé una respuesta, significa que la resolución es favorable para el barrio pesquero. "Tampoco significa que se permite en dominio público cualquier urbanización edificada después de 1988", porque lo que pretende la nueva normativa es "la protección de los núcleos antiguos", agrega la senadora popular.

Esta ley, sin embargo, es igual para todo el país y para hacer la reforma no se ha tenido en cuenta las singularidades históricas, culturales y etnográficas de los barrios costeros del Archipiélago, mientras que la normativa sí ha salvado de las palas a una decena de barrios pesqueros de la Península, según denuncia el presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, y otros senadores isleños, como Narvay Quintero.

Langa defiende no solo la singularidad de los terrenos que hay en el Archipiélago (un total de 672 casas afectadas por la normativa en Tenerife, algunas de ellas con sentencia firme), sino también aboga por "poder contar con la gestión de servicios sobre Costas en Canarias, como ya tienen otras comunidades como Cataluña". La finalidad es que no se repita la misma situación sufrida el pasado 17 de noviembre en Cho Vito (Candelaria), cuando las palas derribaron las últimas nueve viviendas que quedaban en ese núcleo costero.

http://www.laopinion.es/tenerife/2013/05/04/ocho-municipios-salvar-22-barrios-costeros/473534.html

UNA LEY DE COSTAS, PARA LOS PODEROSOS.El hotel Oliva Beach se salva con la Ley de Costas

El establecimiento de Corralejo obtendrá una nueva concesión de uso de hasta 75 años según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.

La reforma de la Ley de Costas permite que el Hotel Oliva Beach, en Corralejo, obtenga una nueva concesión de uso de hasta 75 años, según ha indicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, al senador por Fuerteventura Claudio Gutiérrez, indica el PP en un comunicado.

Esta posibilidad de la empresa de acogerse a una prórroga la ha conocido el senador majorero en una reunión celebrada en Madrid en la que también estuvo presente el director general de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra.

El PP de Fuerteventura recuerda que el 12 de abril de 2007 se dictó por el Ministerio, de mutuo acuerdo con el concesionario, una resolución que modificaba la Condición Particular 1ª de la Orden Ministerial de 8 de julio de 2003, por la que se otorgó la concesión administrativa, reduciendo la concesión a diez años desde la resolución.

Además, se añadía que los gastos de demolición, levantamiento y desescombro de las instalaciones, objeto de la concesión, correrían a cargo de la entonces Dirección General de Costas y el plazo de vigencia de la concesión vencía el 13 de abril de 2017.

En la reforma de la Ley de Costas, que ya ha sido aprobada por el Senado y remitida al Congreso, el artículo segundo de la ley establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior y que tendrían que expirar a partir del 2018.

Gutiérrez ha señalado que "fue una solicitud hecha al Ministerio desde el primero momento y ahora es la empresa la que debe tramitar ante el Ministerio la ampliación de esta concesión", y espera "que las autoridades locales y regionales no pongan trabas para la ampliación de esta prórroga tan importante para la economía del municipio".

El senador mantuvo ayer miércoles un encuentro con integrantes de la Plataforma Salvar el Oliva Beach para trasladarles la información remitida por el Ministerio cumpliendo "un compromiso que adquirí con estos trabajadores para llevar a Madrid sus reclamaciones e intentar salvar el Hotel Oliva Beach".

En el comunicado, los populares han recordado que este mítico establecimiento hotelero, inaugurado en 1977, emplea a 400 personas y cuenta con casi 2.000 camas y una media de ocupación del 80% anual, con unas 600.000 estancias cada año.

Por otro lado, el Partido Popular de Fuerteventura ha asegurado no olvidarse de los barrios costeros de la isla afectados por la Ley de Costas de 1988 y han indicado que, una vez que se apruebe la reforma de la ley en el Congreso de los Diputados, tienen prevista una reunión con los afectados y los ayuntamientos. (PARA QUE SE REUNEN CON LOS AFECTADOS, CUANDO NO HAN HECHO NADA PARA DEFENDERLOS.)

El objetivo de esta reunión a la que asistirán además del senador majorero, la senadora por La Palma, María de Haro, y la diputada nacional Celia Alberto, es dar a conocer el nuevo texto y las posibilidades que ofrece a los propietarios de las viviendas afectadas por la normativa de 1988.

"A partir de la aprobación de la reforma de la Ley de Costas, los ayuntamientos dispondrán de tres meses para regularizar sus núcleos costeros amenazados", ha asegurado Gutiérrez.

Según los populares, si a los 18 meses de su petición el Ministerio no contesta, se entenderá que es favorable su legalización.

Jacomar, Puerto Lajas, El Puertito, Los Molinos, Majanicho, Pozo Negro, Giniginámar, Las Salinas, Ajuy y Cueva La Negra son los principales pueblos costeros afectados por Ley de Costas del año 1988.

http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/el-hotel-oliva-beach-se-salva-con-la-nueva-ley-de-costas/20130502144938402908.html

NINGUNO DE ESTOS PUEBLOS COSTEROS DE FUERTEVENTURA, SE SALVAN DE LA PIQUETA CON LA NUEVA LEY.

Todos somos Cho Vito”

Todos somos Cho Vito” fue un eslogan que nació en 2006 cuando se conoció por sentencia firme que el pequeño poblado de la costa de Candelaria tenía que ser demolido por ocupar el dominio marítimo terrestre.

“Yo también soy Cho Vito” fue una frase que incorporó la entonces presidenta del Partido Popular en Tenerife, Cristina Tavío, y muchos de sus dirigentes, para posicionarse ante lo que ellos, entonces, creían un atropello a una veintena de familias que iban a ser desalojadas por las palas mecánica.

Siete años después, consumado el derribo, solo José Fernando Gómez, portavoz todavía del PP en Candelaria, y afiliados de esa agrupación municipal, mantienen viva la llama de aquel espíritu de resistencia. Precisamente su defensa, ante los últimos derribos en noviembre pasado, le llevó a pedir la dimisión de la delegada y subdelegado del Gobierno, lo que a la postre le ha llevado a ser expulsado -pendiente de su recurso- de un partido que lejos de cambiar la Ley de Costas, como les prometió a muchos vecinos de Tenerife, ha ha dejado en un limbo jurídico que mantiene la incertidumbre entre miles de ciudadanos en Canarias.

Para José Fernando Gómez, el derribo de Cho Vito fue un “engaño, abuso de poder, violación de derechos constitucionales y desamparo” para los afectados. También aseguró, en aquella rueda de prensa que le costó la expulsión del PP, sentir “rabia e impotencia porque su partido se comprometió con el colectivo vecinal a intentar resolver el problema creado por el Gobierno socialista”.

Hoy, paradójicamente, el único cadáver político que puede dejar la sentencia de Cho Vito, es el de José Fernando Gómez; es evidente, que ahora, los otros ya no son Cho Vito.

Pero el ejemplo de resistencia del pequeño núcleo costero de Las Caletillas sigue muy presente entre los afectados por la Ley de Costas y así una disposición transitoria incluida en la nueva Ley abre una esperanza para salvar muchos de los poblados canarios, ahora amenazados por esta normativa, pues contempla la posibilidad de que queden exentos de la servidumbre pública aquellos núcleos que demuestren que cuentan con los servicios mínimos de cualquier población, como alumbrado, alcantarillado e infraestructuras. “Ahora tenemos que demostrar la realidad de Canarias y lo que siempre hemos dicho, su singularidad”, indicó hace unos días el presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa, otro de los que ha quedado desamparado ante el PP, pues en más de una ocasión manifestó que “su llegada nos traerá la luz”.

Pero la reforma de la Ley de Costas ha causado tanta inquietud que incluso en aquellos núcleos con sentencia del Supremo a favor, como es el caso de El Tablado, Punta Prieta, La Caleta y La Puente, en el litoral guimarero de Agache, hoy no están tranquilos. Celso Marrero, vecino de La Puente, recordaba que “el Ayuntamiento tiene que cambiar el mojón de servidumbre que existe desde los años 40, como recoge el PGO de Güímar”.

El alcalde de Güímar, Rafael Yanes, calma a sus vecinos y les recuerda que “el Ayuntamiento derrotó a Costas en el Supremo y no hay problemas”, aunque no esconde su extrañeza al no atenderse “la singularidad canaria” en la reforma de la ley

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La Ley de Costas arrasa Canarias

Decenas de núcleos tradicionales costeros podrían acabar siendo demolidos

La reforma de la Ley de Costas, a punto de ser aprobada tras su paso por el Senado, puede suponer el derribo de al menos setenta núcleos de población canarios, algunos de ellos con casas de más de doscientos años de antigüedad. Mientras que en la península y Baleares se salvarán miles de viviendas irregulares, pueblos enteros y toda la isla de Formentera, la ley se ensaña con Canarias, que no ha conseguido la amnistía para ninguno de sus asentamientos históricos

“Aquí va a pasar como con los desahucios; hasta que no empiece a suicidarse la gente, no cambiarán la ley”. Antonio Alonso, miembro de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), no encuentra mejor manera de ilustrar qué efectos va a tener la modificación de esta norma en las Islas Canarias. Según sus cálculos, en el archipiélago hay unas 10.000 edificaciones afectadas, repartidas en 109 núcleos costeros tradicionales, de los cuales más de setenta están seriamente amenazados por la piqueta. Todos, en mayor o menor medida, incumplen la nueva normativa, cuya modificación más relevante es la reducción de 100 a 20 metros de la zona de servidumbre de protección. Esto, que se ha interpretado como una amnistía para cientos de edificaciones y que puede abrir la puerta a un nuevo ladrillazo en toda España, apenas afectará a los núcleos costeros tradicionales canarios, muchos de los cuales tienen casas construidas dentro del deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, algunas con sentencia firme de derribo dictada por el Tribunal Supremo. Ejemplo de ello son los barrios de Tufia y Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria), donde distintas autoridades canarias están presionando para que al menos se retrase la demolición hasta que los propietarios no sean realojados.

El senador de El Hierro por CC, Narvay Quintero, ha intentado introducir, entre otras enmiendas a la ley, una que recogiera el valor etnográfico, arquitectónico e histórico de muchos de estos núcleos poblacionales, pero no ha conseguido su propósito. “Hay un claro agravio comparativo. En la reforma figuran hasta doce pueblos indultados en la península con similares condiciones que otros canarios. Hace unos días metieron con calzador Moaña, en Pontevedra, y Xilxes, en Castellón, mientras que no se salva ni un solo pueblo del archipiélago. Se están riendo de nosotros”, señala el senador herreño.

  Precisamente, la isla El Hierro reúne similares características que Formentera, ‘amnistiada’ en la nueva normativa “debido a su especial configuración geológica”. “No pretendemos que quiten ese estatus a Formentera, pero también se lo podían dar a El Hierro”, añade Quintero, que no sólo carga las tintas contra el Gobierno central: “Los políticos canarios tenemos nuestra parte de culpa por no haber hecho la defensa necesaria de las poblaciones afectadas”. No duda, por otra parte, que el hecho de que no haya un pacto de Gobierno entre el PP y CC “ha influido decisivamente en que Canarias se vea perjudicada frente a otras comunidades.

Del valor etnográfico de sus casas dan cuenta Montserrat Acosta y Daniel Morales, presidenta y secretario de la Asociación de Vecinos del Pozo de las Calcosas, un asentamiento de El Hierro que cuenta con edificaciones de más de doscientos años de antigüedad a pie de mar y que está condenado a desaparecer si se aprueba la nueva normativa.

“Hemos intentado mantener el estilo arquitectónico tradicional, construyendo las casas con piedra, madera y colmo, la paja del centeno. No son casas de residencia habitual sino que se ocupan un mes al año, en agosto, con la llamada ‘mudada’, un cambio de residencia estacional que se viene practicando en El Hierro desde el siglo XVII”, afirma Montserrat. Salvo dos o tres construcciones, todas datan de antes de 1988, fecha en que se aprobó la Ley de Costas. En principio, deberían quedarse en pie, pero no cumplen ninguno de los dos requisitos que contempla la nueva normativa: que antes de esa fecha tuvieran agua, luz, acceso rodado y sistema de evacuación de aguas residuales; o bien, que al menos un tercio de la zona afectada estuviera considerado como núcleo urbano consolidado. El acceso rodado no existe: “todo lo hemos bajado a mano, durante años, los vecinos del Pozo”, dice Daniel, cuya familia lleva tres generaciones allí instalada. Además, el Pozo está calificado como suelo rústico y ninguna de ellas es primera vivienda. Hay edificios que tienen abierto un expediente de recuperación posesoria, trámite previo a la orden de demolición. Y también otros, que aún siendo legales, rompen con sus paredes de cemento y sus ventanas de aluminio el aspecto tradicional de todo el entorno.

Tenerife, la más afectada


De toda Canarias, la isla de Tenerife es la que cuenta con mayor número de núcleos afectados por la Ley de Costas. Uno de ellos, Bocacangrejo, antiguo barrio pesquero de El Rosario, sigue dando cobijo a 930 vecinos, gente en su mayoría de origen muy humilde que habita en su primera y única vivienda. Todos pagan contribución urbana, muchos tienen escritura de propiedad anterior a 1988 y algunos, como Isaura Cruz, llevan allí más de 70 años. Su casa, una cueva habilitada como vivienda, llega casi al borde del mar. “¿Por qué me van a echar ahora? – se pregunta– Al menos, que me den un cuartito donde no estorbe hasta que me muera”. Más claro lo tiene su vecino Rafael, un pescador retirado que también habita una cueva al pie de una pequeña caleta: “Esta es mi vida. Si me vienen a echar, antes me rajo el cuello y aquí me quedo para siempre”. Muchas de las casas de este enclave invaden el dominio público marítimo terrestre y tienen los días contados. Pero no deja de sorprender que, pese a que lo prohíbe la ley vigente, aún se siguen construyendo casas situadas dentro de la servidumbre de protección. “Les ponen alguna multa, pero no las tiran”, asegura Estéfana, presidenta de la Asociación de Vecinos de Bocacangrejo.

Pocos kilómetros más al sur se alza Radazul, una urbanización de alto ‘standing’ donde cambia totalmente la situación: “Aquí se permitió, pasado 1988, que se echara relleno al mar (una medida prohibida por la Ley), a fin de ganar unos metros y que muchos edificios quedaran fuera del deslinde del DPTM. Costas debería explicar por qué lo autorizó”, asegura Antonio Alonso. Una hábil estrategia a la que hay que sumar la destrucción de medio acantilado para encajar en él diez edificios de más de ocho plantas.

 La mayoría de los afectados se quejan de que, mientras ven peligrar sus casas, decenas de hoteles ubicados por todas las costas canarias podrían ver ampliada a 75 años su concesión. Un caso muy ilustrativo es el del Oliva Beach, en plenas dunas de Corralejo (Fuerteventura), que lleva años pleiteando sobre su legalidad. Y ahora incluso con el apoyo de senadores como el socialista Domingo Fuentes Curbelo, preocupado por salvar “los más de 400 puestos de trabajo directos y muchísimos indirectos” que dependen de este hotel, tal como afirmaba hace unos días en el diario, La Provincia.

Doble Rasero.

En El Médano (Granadilla, Tenerife), se alza el hotel del mismo nombre, con toda su terraza sostenida por unas columnas que se adentran en el mar. Costas dio permiso para arreglarlas ante el riesgo de derrumbe. Así lo afirma el actual dueño del edificio, Álvaro Alcalá Galiano, que alega gozar de una concesión “muy anterior a la ley de Costas y que era por tiempo ilimitado”. Un asunto que tienen recurrido ante los tribunales. “El caso está sub iúdice, y andamos a la espera de lo que ocurra con la reforma de la ley. Se habla de que podrían ampliar la concesión 75 años más. Aparte, aquí nadie quiere que se tire el edificio, pues mantiene comercialmente a todo El Médano”, dice el hotelero.

Unos metros más allá del hotel, en toda la línea de casas que invaden el deslinde del DPTM –y que también podrían ser derribadas–, se puede ver estos días cómo una empresa constructora está rehabilitando una casa recientemente adquirida por una propietaria rusa. Algo que contrasta con muchas otras edificaciones de Tenerife, condenadas a la ruina precisamente por la prohibición de Costas de hacer obras de rehabilitaciónn, con la excusa de que están invadiendo el DPTM.

Es el caso del barrio marinero de El Caletón de La Matanza, donde viven unas 120 familias y donde está planeado, además, la construcción de un paseo marítimo que afectará a casas que, en principio, podrían haberse salvado tras la aprobación de la nueva ley de Costas.

“Nos quieren tirar por feos”, dice Elena Hernández, propietaria de una casa comprada en 2003 y representante vecinal del Caletón. “La casa es anterior a 1988 y se podría salvar, pero ahora, con el proyecto del paseo, y con el deslinde recurrido, puede peligrar nuestro futuro y el de muchas otras edificaciones”, asegura. Frente a su terraza, y literalmente colgadas de un acantilado, se ven las ruinas de un inmenso edificio destinado a apartamentos que no se terminó por la quiebra de la constructora: “Se están cayendo los paneles de hormigón al mar, con el peligro que eso conlleva. Y sin embargo Costas no hace nada”, añade Elena.

Su marido, Eduardo, es abogado y lleva años luchando por defender a las familias de El Caletón. Como tantos otros dueños de casas anteriores a la ley de Costas de 1988, tiene muy claro que el desalojo podría suponer “una vulneración del derecho de propiedad, que es un derecho fundamental

A falta de su definitiva aprobación en el Congreso y el posterior desarrollo del reglamento, la reforma de la Ley de Costas podría suponer una vuelta al ladrillazo en detrimento de muchos de estos núcleos costeros tradicionales. Así lo afirma Carmen del Amo, presidenta de la AEPLC: “Toda la costa está programada. Existen nuevos proyectos en los que es imprescindible la desaparición de los poblados tradicionales costeros”. No parece andar desencaminada. Antonio Alonso asegura tener constancia de distintos proyectos de campos de golf en el litoral norte de Gran Canaria, “que estarán ubicados más allá de los veinte o cien metros que marquen la servidumbre de protección, y serán legales, pero no quieren tener la mala imagen de nuestros viejos poblados costeros en primera línea de playa”.

El triste ejemplo de Cho Vito

El futuro de muchos núcleos costeros canarios se refleja en el triste presente de los vecinos de Cho Vito, un barrio del municipio tinerfeño de Candelaria cuya demolición fue portada de todos los medios informativos.

Las últimas casas fueron derruidas el pasado mes de noviembre; entre ellas la David, tataranieto de Cho Vito, fundador de este enclave. “Mi hijo sigue pagando a duras penas el crédito que pidió por amueblar la casa que le han tirado”, dice José Antonio Luis, su padre, también desalojado de una casa aledaña.

 Mientras las autoridades insulares presumen del nuevo paseo marítimo construído donde se alzaba el barrio marinero, sus antiguos moradores siguen clamando justicia. Como única indemnización solo consiguieron que les pagaran un alquiler social por veinticuatro meses. “Hemos pasado de ser propietarios a vivir de la caridad de la administración”, dice Soledad, una de las desalojadas de lo que fue su primera vivienda, con escritura pública incluida. Como ella, muchos otros vecinos tienen recurrido el derribo de sus casas y han llevado el asunto a la Comisión Europea. Una vez se pronuncie, llevaran su caso al Tribunal de Justicia Europeo.

 No deja de ser chocante que la administración local siga cobrándoles, por su casa derruida, el recibo del IBI, y que tengan que declararlo a Hacienda. “Implícitamente están reconociendo nuestros derechos. Ellos sabrán”, ironiza Sole mientras posa junto a una pequeña gruta en lo que fue la cocina de su casa-cueva.

REPORTAJE DE CARLOS BARRIO.
INTERVIU. 29 ABRIL 2013

 

LE MONDE..ESPAÑA, UNA PROTECCION DEL LITORAL A LA CARTA

Antonio Banderas puede respirar. El municipio de Marbella, Andalucía, ha acordado modificar su plan urbano,peotegiendo a la casa del famoso actor español , que se convierte en términos legales. A cambio, él le dará una parte de su "jardín" de 1.200 m2, situado en la playa. La casa suntuosa que compró en 1997 se había construido dos años antes con una licencia ilegal concedida por un alcalde corrupto.

Su caso no es aislado. Miles de casas en la costa española, también en el ámbito de una orden de demolición  se salvaran . Pretexto para no aumentar aún más los problemas económicos del país, el parlamento español aprobará la próxima semana una profunda reforma de la Ley de Costas de 1988.


La reducción de la franja de costa protegida, que pasa de 100 metros a 20 metros de la orilla, la amnistía o la extensión de la moratoria sobre las casas costeras ilegales, el aumento de la protección de solución salina o el aumento de la duración de las licencias concedidas a algunas cabañas son algunas de las disposiciones de esta nueva ley. "Estamos ciegos si no vemos que la costa es un motor de inversión", Cortes, 24 de abril, el senador del PP Enrique López Veiga.

FIN DE ESCUDOS

Aprobado bajo el gobierno socialista de Felipe González, la "Ley de Costas" de 1988 prohíbe la construcción de una franja apartir de 100 metros de la orilla. Sin embargo, ha estado  siendo violadda hasta que en 2004, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la puso en uso y decidió aplicar la expropiación sin indemnización de los propietarios afectados. Aquellos que adquirieron sus hogares antes de 1988, legalmente, han perdido su título, conservando el derecho a residir allí todavía sesenta años, Mientras que las casas construidas despues de 1988 comenzó a ser simplemente destruidas

.Decir que la ley ha suscitado la protesta de los propietarios a menudo alemanes, británicos y suecos ... Apelaciones se presentaron ante los tribunales españoles, sino también ante el Parlamento Europeo. Pero si el objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy era resolver este problema, que afecta a cerca de 250.000 hogares, sin embargo, parece haber fracasado.

Su reforma no sólo afecta  a los propietarios de las casas construidas en el dominio público, lo que sin duda tiene una nueva moratoria de setenta y cinco años máximo, pero no va a conseguir su título. "Para nosotros, esta ley no cambia el problema principal, la confiscación de la propiedad privada, lo dice Carmen del Amo, Presidente de la Asociación Europea de Víctimas de la Ley de Costas (AEPLC). En cambio, ha aumentado nuestra inseguridad jurídica, dejando al gobierno decidir  que casas libra de la ley y el tiempo antes de la destrucción de los demás ".


"AÑOS DE LUCHA EN BASURA"

La nueva ley prevé una serie de amnistías en condiciones consideradas opaca por las asociaciones. Doce áreas marinas serán amnistiados, incluyendo la marina de Empuriabrava, Girona (Cataluña), Moana Pontevedra (Galicia) o Punta Umbría, en Huelva (Andalucía). La razón dada por el Ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, Ángel? "Son núcleos completamente urbanizada viviendas, las tierras que han perdido sus características naturales del espacio y de la costa."


"El gobierno ofrece amnistía a la salvaje destrucción, Greenpeace denuncia Pilar Marcos. Fueron años de control del medio ambiente a la basura." Greenpeace ha elaborado un informe con la relación de los diferentes cuadros del PP con las empresas que se benefician de los cambios legislativos. Otros se preocupan por la rentabilidad del modelo de crecimiento basado en la especulación inmobiliaria que llevó a la crisis. Y recuerda que casi el 44% de los españoles ya están presionando al 7% del territorio que representan las zonas costeras.


Pero la ecología no es una prioridad para el gobierno, que se ha derretido el Ministerio de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura. Lo demuestra reciente proyecto para construir un gasoducto bajo el Parque Natural de Doñana, Andalucía, la exploración de petróleo en las Islas Canarias o de la venta de 57 montañas y colinas públicas en Castilla-La Mancha

http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/04/29/en-espagne-une-protection-du-littoral-a-la-carte_3168126_3214.html

UN SINCERO APOYO, UNA GRAN VERDAD.

Estimado José Fernando:



En nombre de la Asoc. Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), quiero hacerte llegar nuestra solidaridad y nuestro mayor agradecimiento por la valentía y la hombría de defender a las familias de Cho Vito, y por extensión a todos nosotros, ante el mayor abuso de poder que haya existido en España.

El derribo de Cho Vito no ha supuesto solamente la desaparición de un poblado. Su demolición se llevó consigo el Estado de Derecho que todos creíamos que existía hasta ese momento. Ahora sabemos que estamos a niveles de Zimbawue o Afganistán donde defender los Derechos Humanos puede acarrear la pena de muerte.

En España no pueden condenarte a la muerte física, pero si a la moral o a la social y eso es lo que intentan hacer cuando alguien se rebela contra la injusticia y el silencio impuesto por ley. Pero no debemos permitirlo. Tantas veces como uno caiga, tantas veces hay que levantarse y seguir.

El mirar para otro lado, la falta de solidaridad, la cobardía al esconderse para no dar la cara cuando se están vulnerando los derechos de otros, lleva indefectiblemente a que acabarán vulnerando los de todos. La frase "Cho Vito somos todos" no es un slogan, es la cruda realidad.

José Fernándo, esta sociedad sólo podrá salvarse si siguen existiendo lo que antiguamente se llamaban "hombres buenos" o "hombres justos".

Hombres de honor como tú y que fueron a los que Alfonso IX llamó para constituir las primeras Cortes del mundo y los que proclamaron la primera Constitución "La Carta Magna Leonesa" de 1188, hecha precisamente para impedir el abuso de poder.

Es increíble que en el siglo XXI estemos hayamos perdido los derechos alcanzados en la Edad Media

Te transcribo unos párrafos de la misma muy relacionados con el tema de Cho Vito.

Prometo también que no haré guerra ni paz ni tomaré acuerdos sin reunir a los obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo guiarme.

Establezco además que ni yo ni nadie de mi reino destruiremos o invadiremos casa ajena ni cortaremos viñedos o árboles de otros. El que tenga quejas contra alguien acuda a mí o al señor de la tierra o a los justicias establecidos por mí, por el obispo, o por los señores. Y si aquel contra quien se dirige la queja quisiera dar fiador o prenda de que estará a derecho según su fuero, no padezca daño alguno. Pero si no quisiera hacerlo, el señor de la tierra o los justicias oblíguenlo (a estar a derecho), según fuere justo. Si el señor de la tierra o los jueces se negaran, denúncieseme con el testimonio del obispo y de los buenos hombres, y yo haré justicia.

Ordeno también que nadie se atreva a apoderarse por fuerza de bienes muebles o inmuebles poseídos por otro. Quien se apoderara de ellos, restitúyalos doblados al que padeció violencia.

Ten siempre presente que somos miles de personas los que pertenecemos a esa mayoría silenciosa a los que se nos niega la voz y que tú, un día, nos la distes, porque tus palabras fueron el fiel reflejo de la nuestras. ¡¡Gracias de todo corazón por tu HOMBRÍA Y DIGNIDAD!!



Recibe un fuerte abrazo de parte de todos.



Carmen del Amo

Pte de la Asoc. Europea de Perjudicados por la Ley de Costas

http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com.es/

El PP expulsa a su presidente local tras su defensa de Cho Vito

El Comité Regional de Derechos y Garantías del PP en Canarias acordó, por unanimidad, "la expulsión" de su presidente del Comité Local y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Candelaria, José Fernando Gómez.

La causa es que en el PP se sienten dañados por las palabras de su concejal cuando, el 17 de noviembre pasado, José Fernando Gómez compareció en rueda de prensa y pidió la dimisión, entre otros, de la delegada y del subdelegado del Gobierno, María del Carmen Bento y Guillermo Díaz Guerra, respectivamente, por el derribo de las últimas casas del poblado marinero de Cho Vito.

En una resolución de ocho páginas, el PP considera probado que José Fernando Gómez actuó consciente de que sus palabras dañaban al PP y que había sido advertido de que no hiciera las manifestaciones que, finalmente, realizó.

José Fernando Gómez, que ayer no quiso pronunciarse (tampoco lo hizo el resto del grupo municipal) y que recibió la notificación después de que la conocieran los medios de comunicación, dijo entonces que el derribo de Cho Vito fue un "engaño, abuso de poder, violación de derechos constitucionales y desamparo" para los afectados. También aseguró sentir "rabia e impotencia porque su partido se comprometió con el colectivo vecinal a, si conseguíamos gobernar, intentar resolver el problema creado por el Gobierno socialista".

El 20 de mayo de 2006 y el 3 de diciembre de 2008 Cho Vito recibió la visita de dirigentes del PP en la Isla. Prometieron ayudarles

http://eldia.es/sur/2013-04-24/1-PP-expulsa-presidente-local-defensa-Cho-Vito.htm

Canarias recurrirá la nueva Ley de Costas

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha afirmado que el ejecutivo regional recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Costas, en trámite en las Cortes, en cuanto se apruebe.


En una respuesta en el pleno del Parlamento al diputado del PSOE Julio Cruz, el consejero dijo que lejos de mejorar la situación de los núcleos costeros canarios, se ponen más requerimientos y limitaciones para poder salvarlos, pese a sus valores etnográficos y culturales.

Según el consejero, la reforma legal se ha limitado a amnistiar urbanizaciones y hoteles en zonas concretas del Mediterráneo y Galicia de forma arbitraria, ignorando el principio de igualdad y sin justificación.

Además, se prevé una aplicación retroactiva de la reforma legal, lo que la hace inconstitucional.

Según Domingo Berriel, en la zona de servidumbre de protección se empeoran las cosas, ya que anteriormente se entendía que en la zona de servidumbre de protección a veinte metros de la costa se podrían hacer excepciones siempre que estuvieran urbanizados los núcleos de población, ahora se incluyen más requerimientos y limitaciones.

El diputado del PSOE Julio Cruz apoyó el recurso anunciado por el Gobierno de Canarias, y acusó al PP de haber engañado a los habitantes de los 87 núcleos costeros canarios.

"El PP les dijo que iba a solucionar sus problemas y no lo ha hecho", pero en cambio beneficia a hoteles, apartamentos y chalés, "a intereses particulares concretos de su amigos".

Según Cruz, el PP "ha fastidiado a conciencia miles de ciudadanos de Canarias" al excluir de las excepciones a la Ley de Costas a los núcleos costeros canarios con valores culturales y etnográficos

http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/canarias-recurrira-la-nueva-ley-de-costas/20130423144111402056.html


De verguenza. Lo mejor de tener a estos politicos en Canarias, es que como son los mismos de hace muchos años, ya los conocemos,
  Hablan con total desconocimiento, no saben ni el numero de núcleos costeros afectados, y por supuesto, no conocen ni la reforma propuesta, ni la ley anterior.
   No han escuchado a los afectados, y asi, no se puede comprender el problema.
   Estos no lamentan nada, Ellos no tienen su casa en peligro, sólo van a la costa, a comer pescado o a un beach club , y por supuesto, asi no solucionan nada

Crucifixiones» contra la Ley de Costas en Vilaboa

El alcalde, la portavoz del PP y dos afectados denuncian en el «patíbulo» el desamparo de sus núcleos del litoral





El alcalde de Vilaboa, el socialista José Luis Poceiro, la portavoz municipal del PP, Beatriz Rosendo, y dos afectados de la plataforma Salvemos Vilaboa «se crucificaron» esta tarde como muestra del rechazo vecinal a una reforma de la Ley de Costas que supone un nuevo mazazo a los núcleos del litoral.
Ante cerca de un centenar de vecinos, el regidor, la edila popular y los directivos de la plataforma, exhibieron la unidad de criterio en la corporación local y entre los afectados para reclamar que la Ley de Costas, cuya reforma se está tramitando en el Senado, sea más sensible con Vilaboa y tenga en cuenta sus características peculiares a la hora de proteger sus núcleos del litoral.
El debate del Senado de esta semana dio un giro desfavorable a las pretensiones de Vilaboa al incrementar de un tercio a la mitad de su superficie la consolidación exigible a los núcleos de este municipio para ser reconocido, además de que tendrían que demostrar tener todos los servicios en 1988.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/04/19/crucifixiones-contra-ley-costas-vilaboa/00031366391682475472347.htm

El Supremo anula el deslinde de casi 16.000 metros de costa en Almerí

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 15.766 metros de longitud, ubicados en los términos municipales de El Ejido y Roquetas de Mar (Almería), tras anular una orden del Ministerio de Medio Ambiente de 2007.


El Supremo ha adoptado esta medida al admitir dos recursos de casación interpuestos por Claudia Sol S.L. y por un grupo de particulares, entre los que se incluyen sociedades cooperativas agrícolas, contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 18 de abril de 2011, que había fallado en contra de la parte privada, según consta en sendas sentencias a las que ha tenido acceso Efe.

De esta forma queda anulado el deslinde aprobado para la zona comprendida entre el aparcamiento de vehículos a levante de la primera fase del Apartotel Aguamarina de la Urbanización Almerimar y la Urbanización de Playa Serena -excluida en el deslinde-, en los términos municipales de El Ejido y Roquetas de Mar.

Ambos recursos de casación pedían la nulidad de la orden del Ministerio de Medio Ambiente y fueron admitidos a trámite en marzo de 2010 y febrero de 2011, respectivamente.

En su demanda, Claudia Sol alegó que era propietaria por compra a Unión Salinera de España S.A. del tramo incluido en los vértices M- 113 a M-214 del deslinde, y que este expediente no fue notificado a los interesados de forma correcta, así como que se había realizado sin ajustarse a la Ley de Costas al incluirse distintas unidades geomorfológicas sin justificación, según la mercantil.

El segundo recurso cuestiona la delimitación recogida en el importe pericial elaborado por Tragsatec, al entender que se había practicado un número insuficiente de calicatas, que habrían abarcado menos de la mitad de la superficie de la zona de estudios y no se habrían realizado en aquellos terrenos que resultaba interesante establecer el límite del deslinde

¿CUANTOS DESLINDES ESTAN MAL REALIZADOS?
¿CUANTOS, SE HICIERON AL ANTOJO DE LOS TÉCNICOS?

http://www.ideal.es/agencias/20130415/local/almeria/costa-supremo-anula-deslinde-casi_201304151747.html