Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

viernes, 26 de julio de 2013

El alcalde de Guía se reunió con los vecinos de Caleta de Arriba


El alcalde  de  Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, se reunió en la tarde del pasado miércoles, con los vecinos de Caleta de Arriba, para explicarles como estaba la situación del barrio ante la nueva Ley de Costas
El alcalde de Guía quiso transmitir tranquilidad a los vecinos, informándoles que el Ayuntamiento, había hecho los deberes, ya que en el año 2005, dentro del Planeamiento General, se había declarado núcleo urbano el barrio, y que tenía informe positivo de Costas.

De todas maneras, aclaró, que la nueva Ley no varía mucho con respecto a la anterior, ya que el barrio sigue manteniendo igual situación, estando la línea de costa en los mismos 20 metros.
Y ante la nueva Ley, que da un plazo hasta el 31 de agosto para alegaciones, explicó que  el Ayuntamiento  el pasado día 12 de julio, había enviado ya dichas alegaciones al Ministerio, para su estudio.
También expresó su plena disposición a seguir informando de cualquier novedad sobre este asunto a los vecinos.

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/9-sociedad/24041-el-alcalde-de-guia-se-reunion-con-los-vecinos-de-caleta-de-arriba

jueves, 25 de julio de 2013

El ayuntamiento de Gáldar remite toda la documentación para consolidar los barrios costeros

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El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, ha informado que desde el ayuntamiento ha sido remitida toda la documentación de los barrios costeros de La Furnia, Los Dos Roques, Punta de Gáldar y Barranquillo El Vino, tanto al Ministerio de Medio Ambiente, como a la Demarcació de Costas de Canarias y a la Viceconsejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, para justificar que estos núcleos costeros del municipio son urbanos y consolidar las viviendas de estos núcleos costeros con la nueva Ley de Costas.

A esta documentación se une también la solicitud de desafectación de los terrenos situados al interior de los paseos marítimos de El Agujero y Los Dos Roques, para que el establecimiento de las servidumbres de Costas se adelante al borde del paseo o  las avenidas, que constituye la nueva ribera del mar.
Estas iniciativas, cabe recordar, le fueron expuestas a los vecinos que viven en los núcleo costeros en la reunión mantenida con ellos recientemente en el Teatro Consistorial.

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/6-interes/24021-el-ayuntamiento-de-galdar-remite-toda-la-documentacion-para-consolidar-los-barrios-costeros-

miércoles, 24 de julio de 2013

El Gobierno autónomo solicita al Consultivo un dictamen para recurrir la Ley de Costas

Los gobiernos vasco y andaluz inician los trámites para pedir la suspensión cautelar de la norma al Tribunal Constitucional
  El Gobierno de Canarias ya ha iniciado los trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. El Ejecutivo ha solicitado recientemente al Consejo Consultivo de Canarias un dictamen, un primer paso para después presentar la reclamación ante el Tribunal Constitucional, ya que considera que varios puntos recogidos en ella van en contra de la Carta Magna.
. La Junta de Andalucía también acordó ayer interponer un recurso ante el Constitucional contra la llamada Ley de Costas y pedir al alto tribunal su suspensión cautelar para evitar "daños irreparables". Por su parte, el Gobierno vasco va a presentar un recurso por considerar que la norma "legisla demasiado extensamente y no deja" margen para las autonomías El pasado 1 de julio, representantes de los Gobiernos de las comunidades autónomas cuyas costas suponen más de la mitad del litoral español, – Canarias, Andalucía, Asturias, Cataluña y el País Vasco–, se reunieron en Madrid y anunciaron su intención de recurrir la normativa aprobada en mayo por el Gobierno de Mariano Rajoy
Apenas tres semanas después, las autonomías empiezan a poner en marcha los procedimientos por separado, –ya que la norma jurídica imposibilita que los gobiernos autónomos recurran al Constitucional de manera conjunta–, porque el plazo para presentar los recursos al Constitucional es de tres meses después de la publicación de la norma.
El Gobierno de Canarias entiende que al menos cuatro aspectos recogidos nueva Ley de Costas podrían ir en contra de la Carta Magna. Por un lado, consideran que la norma vulnera la autonomía local, ya que el texto otorga a los delegados de gobierno la posibilidad de suspender la iniciación de las obras en las zonas de servidumbre, que son competencia de Autonomías, una competencia que el Ejecutivo regional entiende que solo deben tener los Tribunales de Justicia.
Por otro lado, un punto que también considera inconstitucional es la excepción que la norma estatal hace con doce núcleos costeros peninsulares. Sin embargo, no establece ninguna salvedad para núcleos tradicionales canario con valor etnográfico, una demanda que el Ejecutivo autonómico hacía ya con la anterior normativa y además ha incluido otros que antes no estaban afectados. Por todo esto, el Gobierno entiende que se vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos.
Otro punto de conflictividad es que el Ejecutivo de Paulino Rivero considera que la norma otorga facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre, que corresponden exclusivamente a las comunidades autónomas, mientras que el Estado solo puede fijar unos máximos y mínimos para su uso.
Por último, la norma también impone a los ayuntamientos la obligación de presentar en un plazo de tres meses al Ministerio de Agricultura la relación de sus núcleos urbanos, aunque ya estén ordenados por el planteamiento en vigor. La administración deberá pronunciarse sobre la extensión que debe tener la zona de servidumbre de protección en cada uno de estos núcleos del litoral. Si el informe es desfavorable, dejaría de ser suelo urbano y la zona de servidumbre de protección pasaría de 20 a 100 metros. Por esto, el ejecutivo considera que debido a su retroactividad la norma es inconstitucional y que además provoca inseguridad jurídica para aquellos vecinos que dispongan de una vivienda o terreno en estas zonas
http://www.laopinion.es/canarias/2013/07/24/gobierno-autonomo-solicita-consultivo-dictamen/488984.html

22 barrios costeros reclaman a Madrid que mantenga su condición de urbanos

Ocho municipios de Gran Canaria y Lanzarote remiten la documentación para evitar que queden fuera de ordenamiento
Ocho ayuntamientos de Gran Canaria y Lanzarote ya han presentado la documentación requerida por el Ministerio de Medio Ambiente para consolidar a 22 barrios costeros como núcleos urbanos y evitar que pierdan esta catalogación. El Gobierno de Canarias se está encargando de recabar los informes de los municipios con litoral, que ha de enviar a Madrid antes del 31 de agosto. En ambas islas, los ayuntamientos han remitido una extensa documentación para justificar que esos núcleos son urbanos, y el Ejecutivo canario la reenviará tal cual al Ministerio de Medio Ambiente ante el escaso tiempo que les ha dado Madrid pra unificarla: sólo tres meses.

El Ejecutivo está recogiendo la información también de los municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero el volumen de trabajo está impidendo que puedan determinar a qué preceptos se acogen los ayuntamientos para mantener su 'estatus' como suelo urbano después de 1988.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, recordó que el planeamiento de estos emplazamientos fue aprobado por las administraciones canarias en el 99% de los casos con informes positivos de Costas y del Ministerio, por lo que criticó que Madrid reclame otra vez esta documentación invadiendo competencias locales y autonómicas. "La nueva Ley de Costas es técnicamente un desastre", subrayó, lo que ha provocado que tres comunidades de las cinco que lo anunciaron ya hayan aprobado presentar recursos de inconstitucionalidad. En concreto, Canarias, País Vasco y Andalucía han acordado ir al Tribunal Constitucional.

Siete son los ayuntamientos de Gran Canaria que han presentado su documentación al Ejecutivo para mantener el ordenamiento como urbano de once núcleos costeros. Ingenio ha remitido los informes sobre El Burrero; Agüimes (Playa de Arinaga y Muelle Viejo); San Bartolomé de Tirajana (Salinas del Matorral ); La Aldea de San Nicolás (Playa de La Aldea); Agaete (Puerto de las Nieves), Guía ( San Felipe y Caleta) y Arucas (San Andrés, El Puertillo, Quintanilla y Chacón-Las Coloradas).

En Lanzarote sólo Teguise ha remitido informes, si bien de 11 emplazamientos del litoral, entre ellos dos del Archipiélaho Chinijo (Pedro Barba y Caleta de Sebo). Los nueve restantes son El Perejil son Caleta de Famara, Island Home, El Francés, Costa Teguise, Charco del Palo, Los Cocoteros, Las Caletas y Caleta Caballo.

La ley afecta en total a 80 emplazamientos, con unas 1.800 viviendas de las cuales en torno a 500 están en dominio público.

Domingo Berriel criticó que el Ministerio de Medio Ambiente haya excluido en esta legislación a 12 núcleos costeros situados en dominio público en toda España "y todos son de alto estanding. Han salvado a sus amigos". Con respecto a la zona de servidumbre, la nueva legislación ha empeorado la situación de núcleos urbanos cuya planificación está aprobada, ya que abre la puerta a que se queden fuera de ordenamiento, que no puedan regularizar sus fachadas o construir en solares que han adquirido dentro de las normas para este tipo de suelos costeros
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/07/24/22-barrios-costeros-reclaman-madrid/546907.html

lunes, 22 de julio de 2013

Reactivar Canarias a toda costa

La nueva ley de Costas concibe el litoral como un espacio productivo y establece usos y ocupaciones más permisivas
"La seguridad jurídica es el pilar que sustenta esta reforma". Con esta declaración de principios, la exposición de motivos de la nueva Ley de Costas trata de acabar con la "litigiosidad crónica" que provocó la aplicación de la legislación de 1988, una norma que supuso un significativo cambio de concepción de las zonas marítimo-terrestres españolas y que fue objeto de un buen número de recursos. Sin embargo, el 97% se resolvieron a favor de esta ley que trataba de controlar tardíamente la ocupación masiva de las costas por el impacto del ´boom´ urbanístico y turístico de los 60.
Veinticinco años después, España vuelve a dar un giro a la ordenación de sus áreas costeras, con la Ley 2/2013 de Protección y Uso Sostenible del Litoral, aprobada solo con los votos del PP y que nace igualmente con una significativa contestación jurídica: cinco comunidades autónomas -entre ellas Canarias-, así como el PSOE, han anunciado la presentación de recursos de inconstitucionalidad. Y se han presentado, además, numerosas quejas ante la Unión Europea, cuya Comisión de Peticiones ha anunciado que emitirá un informe el próximo mes de septiembre. YA PRESENTADO EL BORRADOR, MUY CRITICO CON LA LEY DE COSTAS DE 1988 Y CON SU REFORMA .
Pero en el espíritu de la nueva ley no sólo está la búsqueda de la mencionada seguridad jurídica. También reconoce, en su preámbulo, que "el litoral español, que se caracteriza por ser una de las zonas más densamente pobladas, es un recurso estratégico de crucial importancia para el país".

Añade que "el reto" está en mantener "el equilibrio de la relación recíproca entre la actividad económica y la calidad ambiental", equilibrio que los actuales legisladores entienden que se desniveló por un exceso de protección medioambientalista con la Ley de 1988, por lo que sostiene que "aquella concepción debe ser corregida".
Los numerosos afectados por la legislación de los ochenta, que amplió la zona de dominio público marítimo-terrestre, transformando propiedades privadas en concesiones de ocupación o cuestionando la continuidad de determinados núcleos costeros, llevan décadas organizados en diversas asociaciones o han litigiado individualmente por recuperar sus derechos. A la presión que vienen ejerciendo desde hace años para lograr una modificación de aquella normativa, que los despojó o amenaza sus propiedades, se ha sumado ahora el peso de la propia crisis y la necesidad de reactivar la economía a toda costa.

Impacto sobre las dunas

En Canarias, la entrada en vigor de la nueva ley de costas ha sido sobre todo cuestionada por dejar a unos sesenta núcleos costeros fuera de la excepcionalidad, que sí permite salvar de la piqueta a una docena de estos núcleos de la Península. La Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas (Pcalc) eleva a 150.000 el número de personas afectadas en el Archipiélago y promueve la creación de una comisión mixta para tratar de regularizar su situación al amparo de la nueva ley: sus respectivos ayuntamientos tienen hasta el 31 de agosto, para presentar un informe que recoja el cumplimiento de determinados requisitos exigidos para iniciar su legalización.
Pero la ley puede tener en Canarias otros significativos impactos durante su aplicación. Entre ellos, sobre las 1.877 hectáreas de dunas que existen en las Islas, y que sufren ya un nivel de deterioro significativo: sólo el 33% se conserva en buen estado. Así, la Ley de Costas introduce un significativo cambio en el articulo 1.1.b), al señalar que "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa". El precepto significa que "la protección de las dunas se vincula a una concepción utilitarista de las mismas, es decir en la medida en que garantizan la estabilidad de las playas, y no por su valor como un ecosistema que es preciso conservar en su totalidad", según explica el director general de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias.
José Fernández advierte que este es "uno de los tres mecanismos de reducción del dominio público marítimo-terrestre, protegido en la propia Constitución, que contempla la ley". El efecto de esta reducción del ámbito de protección puede significar que áreas que ahora se encuentran bajo titularidad estatal, como bienes públicos, pueden revertir a manos privados. De tal forma que parte de las Dunas de Maspalomas o de Corralejo podrían quedar afectada por este proceso una vez se realice el nuevo deslinde que anuncia la norma. Y LO DICE  UNO QUE FUE DIRECTOR GENERAL DE COSTAS, Y QUE PERMITIO DESAGUISADOS COMO EL ALGARROBICO, Y ALGUNO QUE OTRO MAS.Ambos espacios dunares han vivido azarosos procesos de recuperación y conservación que aún no han culminado. En el caso de Maspalomas, se ha reabierto con las peticiones de incorporación del palmeral al régimen de protección que se aplica a las dunas, que fueron propiedad de la familia del Conde de la Vega Grande.
Las dunas del norte de Fuerteventura han sido, por su parte, protagonistas de un largo proceso de negociación con los propietarios de los hoteles instalados en ella desde la aprobación de la Ley de 1988 y, sobre todo, desde que se realizara un nuevo deslinde en los años 90. Se llegó a iniciar un expediente de rescate del Hotel Oliva Beach, por su impacto en la evolución natural de las dunas, que finalmente se cerró en 2007 con acuerdo con la cadena RIU por el cual la concesión para este hotel se extinguía el próximo año 2017, mientras que para el Hotel Tres Islas la concesión concluiría en 2037. Sin embargo, la nueva Ley de Costas no sólo amplía el plazo de concesión de 30 a 75 años, sino que además convierte el dominio público marítimo en un objeto de tráfico comercial al permitir su transmisión. Además de reducir los espacios de dominio público, la actual legislación reduce las limitaciones a la propiedad en las zonas colindantes, reduciendo la anchura de la servidumbre de 100 a 20 metros, y permitiendo además más usos a los que admitían hasta ahora.
El 60% de los humedales del país desaparecieron a consecuencia de la concepción economicista y privatizadora que tuvo la Ley Cambó, aprobada en 1918 y que premiaba a quienes desecaban las marismas y riberas concediéndoles derechos privados sobre las mismas. Y la Ley de Costas de 1969 promovió también la ocupación del litoral en pleno periodo de expansión económica. El resultado ha sido que el 40% de la costa está urbanizada, el 16% a consecuencias de intervenciones artificiales.
Tampoco la legislación más conservacionista que ha tenido España, la de 1988, impidió que en estos veinticinco años se hayan producido intervenciones dañinas en el litoral. En primer lugar porque se aprobó cuando el desarrollo turístico y urbanístico está ya muy avanzado y con un amplio horizonte de aplicación transitoria, precisamente por los notables cambios que introducía. Pero también porque, al igual que ocurrió cuando comenzó a elaborarse la denominada moratoria, muchos ayuntamientos aceleraron la aprobación de sus planes parciales antes del 1 de enero de 1988 para quedar fuera de su régimen.

Autismo administrativo
El exdirector general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente entre 2004 y 2008, José Fernández, explica que "se aprovechó hasta el último resquicio para soslayar la ley,
pero a partir de 1988 no se produjo ya ninguna nueva ocupación en dominio público". Aquel récord de aprobación masiva de planes parciales tuvo un capítulo singular en Canarias, ya que pese a ser aprobado un buen número de planes parciales el 4 de enero, es decir fuera del plazo legal, logró quedar fuera de la normativa alegando que habían sido aprobados en comisión antes de esa fecha. Para Fernández Pérez, a la ordenación del litoral español le ha faltado una gestión integral, a través de un pacto nacional que permita conciliar los diferentes intereses contrapuestos y que ponga fin a lo que denomina "la cultura autista de las administraciones", en referencia a la tolerancia mostrada por las instituciones frente a las infracciones de la Ley de Costas.
http://www.laopinion.es/economia/2013/07/22/reactivar-canarias-costa/488538.html

domingo, 21 de julio de 2013

Costas pone trabas al parque infantil de la playa de Las Teresitas

El nuevo parque infantil que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiere instalar en la playa de Las Teresitas sigue en el aire debido a las trabas que está poniendo la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. El concejal de Obras y Servicios Públicos de la Corporación local, Dámaso Arteaga, informó de que Costas considera que dicha instalación es “un servicio de temporada, cuando nosotros entendemos que es un equipamiento público como pueden ser las papeleras o los baños, y no temporal como, por ejemplo, un servicio de sombrillas o motos acuáticas”.

El edil señaló que, además, Costas valora que uno de los tres juegos que componen el parque debe de ir fuera de playa “y eso no lo vamos a hacer porque no tiene sentido”, enfatizó. “Y los otros dos -continuó explicando- sí pueden ir en playa pero Costas interpreta que tienen que ser vía solicitud de temporada”.
Esto significa que el parque infantil solo podría estar instalado unos meses del año, con la complejidad y los costes que esto conllevaría ya que se trata de una estructura con anclajes a la tierra. “Seguiremos discutiendo con ellos y, mientras, el parque sigue sin ponerse”, lamentó Arteaga. Este conflicto con el organismo público estatal es un ejemplo de la tensa relación que hay entre ambas administraciones, ya que después de muchos meses, la Dirección General dio permiso para la sustitución del parque y ahora exige más requisitos.
SAN ANDRÉS Y VALLESECO
Otros puntos del litoral de Santa Cruz también están a la espera de una decisión de Costas. En la misma playa de Las Teresitas el principal problema, y que se remonta ya a hace años, gira torno al deslinde. Costas aún no ha contestado si acepta la decisión de los tribunales sobre el deslinde de la playa, que pone el límite del dominio público marítimo terrestre en el muro de la playa y que permitiría al Ayuntamiento actuar sobre los aparcamientos sin tener que pedir permiso. Un asunto sin aclarar que paraliza y complica cualquier actuación que se quiera acometer en la zona, como la realización de un paseo marítimo.
El Ayuntamiento está, asimismo, a la espera de que, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente y la propia Dirección General de Costas, se pronuncie sobre la petición que ha hecho Santa Cruz para que se declare de emergencia las obras del dique semisumergido del núcleo de San Andrés, lo que permitiría iniciar las obras en breve plazo. Esta infraestructura tiene como fin evitar las inundaciones que de forma periódica afectan a este pueblo costero y dispone ya, además, del presupuesto necesario para iniciar el proyecto. Igualmente, Valleseco también sigue esperando por que Costas envíe una orden concreta a la Autoridad Portuaria para desafectar los terrenos de la playa y empezar así con la obras del proyecto de desarrollo de dicha costa, tal y como se ha pedido desde el Consistorio capitalino.
LA NUEVA LEY
Y, por supuesto, no hay que olvidar la nueva Ley de Costas. Los núcleos costeros de Anaga llevan luchando muchos años para demostrar su legalidad. Ante la nueva ley, Almáciga, Roque de las Bodegas, Tachero e Igueste de San Andrés confían en que el Ayuntamiento cumpla la palabra dada y emita las certificaciones de que tienen luz, agua y acceso rodado, como exige la norma, aunque, mientras tanto, los que tienen sentencias favorables ya han iniciado los trámites
http://www.diariodeavisos.com/2013/07/costas-pone-trabas-al-parque-infantil-playa-teresitas/

martes, 16 de julio de 2013

El ayuntamiento de Gáldar busca fórmulas para legalizar las 200 viviendas afectadas por la Ley de Costas

El ayuntamiento de Gáldar celebró este lunes una reunión con los vecinos de los núcleos costeros del municipio, en la que el alcalde, Teodoro Sosa explicó las distintas fórmulas que el Consistorio está barajando para conseguir la legalización de las viviendas afectadas por la Ley de Costas, unas 200 edificaciones en total.
Según explicó Teodoro Sosa, con la nueva Ley de Costas en la mano, el ayuntamiento dispone hasta el próximo 31 de agosto, para presentar su propuesta y solicitar al Ministerio un informe que avale la legalización.

En concreto, el ayuntamiento planteará que los núcleos costeros de Sardina, El Agujero y Caleta de Arriba, aparecen como suelos urbanos desde el año  85, a través de las normas subsidiarias, mientras que los núcleos de La Punta, Los Dos Roque y La Furnia, se contemplaron como suelos urbanos en el año 97, y el Barranquillo del Vino obtuvo esa calificación a través del Plan General de 2006.
Según Teodoro Sosa, aunque la Ley de Costas no es muy clara, se abre un resquicio a la legalización de las viviendas si se consigue demostrar que esos núcleos tienen la consideración de suelos urbanos, informando que el ayuntamiento ha estado años trabajando en este tema por lo que ya tienen los deberes hechos.
Además, el regidor galdense indicó, que para los barrios de El Agujero y Los Dos Roque, se va a proponer al Ministerio que modifique los actuales mojones, pasándolos por delante de las respectivas avenidas.
Teodoro Sosa manifestó que esperan lograr que las viviendas afectadas por la Ley de Costas en el municipio, queden en la línea de 20 metros y no de cien metros, ya que si es esta última tendrían un grave problema de suelo y además no se conseguiría legalizar las viviendas.
El alcalde de Gáldar recordó que la actual Ley de Costas ha permitido cambiar los mojones en distintos núcleos costeros de la península, por lo que espera que se tenga en cuenta las particularidades y singularidades de la costa canaria, y se acepte la propuesta del Consistorio galdense.
Para el alcalde de Gáldar lo idóneo sería que el Gobierno Canario y el Cabildo liderarán esta iniciativa, ya que son varios los municipios que se encuentran en la misma situación que Gáldar

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/1-actualidad/23847-el-ayuntamiento-de-galdar-busca-formulas-para-legalizar-las-200-viviendas-afectadas-por-la-ley-de-costas

lunes, 15 de julio de 2013

La Audiencia Nacional anula el deslinde de 34 kilómetros de costa en Doñana

Da la razón a un propietario del parque y considera que la tramitación administrativa no ha cumplido los plazos establecidos El Gobierno tardó tres años en aprobar el expediente
Audiencia Nacional ha anulado la orden ministerial 23 de agosto de 2010 por la que se aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 34.730 metros de longitud en el Espacio Natural de Doñana, por advertir caducidad en el procedimiento.

Ese deslinde, que afecta a unas 9.200 hectáreas, comprende el brazo arenoso existente entre la zona urbana de Matalascañas y la desembocadura del Guadalquivir, en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). La delimitación de ese espacio como dominio público marítimo-terrestre provocó un enfrentamiento entre el Gobierno central que efectuaba la separación, y la Junta de Andalucía, que entendía que se estaban invadiendo sus competencias como titular de la gestión del Espacio Natural. Con las dos administraciones gobernadas por el PSOE, el acuerdo era obligado y llegaba de la mano de la transferencia de determinadas competencias sobre la gestión del litoral.

Así se evitaba un contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Andalucía, pero un propietario interponía su propio recurso, que ahora se ha resuelto. En una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional estima el recurso del propietario de una finca enclavada dentro del coto del Palacio de Doñana, afectada por esta orden, en el que, entre otros motivos, alegaba caducidad del procedimiento por haber pasado más de dos años desde su inicio el 27 de septiembre de 2007 hasta su conclusión en 2010, a pesar de haberse aprobado un plazo de ampliación de 12 meses por resolución de 2 de septiembre de 2009.
La Audiencia Nacional, analizados los hechos, estima esta excepción de caducidad opuesta por el recurrente en su demanda, al no haberse cumplido, en la ampliación del plazo acordado "los requisitos y exigencias previstos por ley".
En este sentido, explica que no consta en la resolución ampliatoria "que se hayan tratado de habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo del expediente de deslinde, ni tampoco que, con carácter, se hayan agotado los medios a disposición posibles". Además, tampoco ha habido ni "propuesta razonada del órgano instructor" ni, en su caso, propuesta del superior del órgano competente para resolver, requisito de procedibilidad exigido por la norma y también incumplido en el caso".

Según la sentencia, el incumplimiento del plazo máximo para resolver solo puede derivarse del número de solicitudes formuladas o del número de personas afectadas por el procedimiento, y en la resolución de ampliación evidencia que "la misma no se justifica por tal número de personas afectas" sino que se sustenta, "en la escasez de medios y el gran número de expedientes que se tramitan simultáneamente por el servicio competente".

En definitiva, al ser improcedente la ampliación del plazo de doce meses acordado en el expediente de deslinde, procede declarar la caducidad del mismo, pues incoado el procedimiento de deslinde mediante providencia de fecha 27 de septiembre de 2007 había incurrido en caducidad cuando se dictó la orden de deslinde en fecha 23 de diciembre de 2010, lo que conduce a su anulación.

http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1564816/la/audiencia/nacional/anula/deslinde/kilometros/costa/donana.html

domingo, 14 de julio de 2013

La Ley de Costas “nos discrimina”

La comunidad de propietarios de la parcela PUC1 de El Portil (Punta Umbría), ha denunciado sentirse “agraviada” tras la aprobación de la actual Ley de Costas, con la que el Gobierno ha sustituido definitivamente la famosa y polémica Ley de Costas de 1988, por “indultar” no sólo en Huelva, sino en todo el litoral español, miles de edificaciones construidas en primera línea de playa, “en muchos casos mucho más cerca que las nuestras”, dejando fuera las nuestras.
Así lo ha puesto de manifiesto a VIVA LA COSTA José Luis Velasco, secretario de dicha comunidad de propietarios de El Portil, que ha añadido que en total están afectados por la Nueva ley de Costas en esta zona unos 300 propietarios, sumando los 108 de esta comunidad, los 120 de la Urbanización Puerta Mar, también en Punta Umbría, y los 70 de La Barra, en Cartaya.

También exigen que el Ministerio de Medio Ambiente les dé “inmediatamente” una respuesta, ya que “antes de entrar en vigor la nueva Ley mantuvimos un encuentro con el Director General de Costas, quien nos dijo que esperásemos a su aprobación”. Según lamenta, la Ley se ha aprobado y “no hemos tenido ninguna respuesta sobre cómo queda nuestra situación”.
Según ha apuntado, “creemos que sufrimos un agravio comparativo” frente a otras situaciones similares en nuestro litoral, como La Antilla, Punta Umbría o El Rompido, y con otras muchas en el litoral español, “donde hay construcciones indultadas a menor distancia de la línea de costa (en algunos casos hasta a menos de 20 metros) que en El Portil, donde la zona afectada oscila entre esa distancia y los 600 metros”. Según asegura, en esta zona del litoral onubense “el deslinde de 1994 al amparo de la Ley del 88 se separa de la costa y se mete tierra adentro”.
Todo ello con el “agravante” de que “estamos en una ría, la del Piedras, mientras que en otras rías como la del Carreras (Isla cristina) o la de Punta Umbría, se ha indultado a las edificaciones ubicadas en sus márgenes”.

Larga historia

La historia de estos 300 propietarios viene de lejos y como explica Velasco, según reflejó el Boletín Oficial del Estado del 1/6/66, con esa fecha fue aprobada la planificación turística de la zona de El Portil, lo cual se refrendó dos años más tarde con su declaración como Centro de Interés Turístico Nacional (BOE del 22/01/68).
Una vez los ayuntamientos de Cartaya y Punta Umbría contaron con estas aprobaciones, iniciaron su Plan de Ordenación Urbana de El Portil de forma conjunta, aprobado el 18 de febrero de 1969.
“A partir de ahí -relata- se construye la urbanización con todos los requisitos legales aprobados, cumpliendo los estrictos controles establecidos en el plan, y abonando los propietarios todos los impuestos exigidos”.
No obstante, señala, en 1994 se aprobó un deslinde al amparo de la polémica Ley del 88, “que dejó en el dominio público marítimo terrestre las viviendas de los afectados”, que perdieron unos años más tarde sus derechos como propietarios de  las parcelas, para pasar a ser concesionarios. Fueron los propietarios los que pudieron comprobar cómo en 2007, los que habían adquirido “de forma legal” una parcela y habían edificado en ella, “hasta ese año constaban en el Registro de la Propiedad como propietarios, y a partir de ese año pasó a ser según el mismo Registro titularidad del Estado”.
“Las parcelas dejaron de ser nuestras para estar concesionadas por el Estado, por lo que en ellas no se nos permiten ahora tocar un ladrillo por haber quedado tras el deslinde dentro del dominio público marítimo terrestre”.
“Es incongruente -se queja- que el mismo Estado que nos vendió unos terrenos dentro del marco de una declaración de Interés Turístico Nacional, venga ahora a decirnos que esto no es nuestro”.
Además, en las actuales circunstancias, los terrenos tampoco pueden venderse y “con la Ley en la mano sólo se podría vender las concesiones, que es lo que nos ha quedado. Pero nadie está interesado en adquirir concesiones, que además tienen una fecha de caducidad de 30 años que finaliza en 2024”. Y pese a que ésta puede ampliarse por otros 30 años, “eso hay que solicitarlo y puede que te la renueven, o no, y hasta incluso puede que te la expropien por alguna causa que ellos consideren oportuna”.
Piden que se aplique la Ley estudiando “caso por caso”
Esta situación ha sido denunciada en numerosas ocasiones por la comunidad de propietarios de la parcela PUC1 de Punta Umbría  en distintas instancias a lo largo de los últimos años,  llegando incluso en 2010 hasta el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que incluso emitió in informe en el que decía que apreciaba “disfunciones” en la Ley de Costas de 1988.
“Los deslindes -dice literalmente dicho informe- son una constante en las reclamaciones de los ciudadanos, y los criterios necesarios para hacer dichos deslindes, deberían aplicarse con igualdad en toda la costa española”.
Igualmente argumenta que “La Ley de Costas de 1988 no respeta las situaciones de propiedad privada  anteriores a ella, y creemos que no debieran pasarse por alto las situaciones de propiedad u ocupación preexistentes durante a los y años”.
Por otra parte asegura que “la ausencia de claridad de las instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988, ha tenido como consecuencia que las líneas de deslindes sean trazadas, por ejemplo, en zigzag”, motivo por el que se queja esta comunidad de propietarios, cuya línea de deslinde se introduce tierra adentro al menos en unos 600 metros en algunos tramos.
El informe también pone en duda la anulación, gracias a la Ley del 88, del registro de propiedad de los inmuebles incluidos tras la misma en zona de dominio público marítimo terrestre.
Judicialmente, estos propietarios también iniciaron un pleito en 1994, cuando se produjo el deslinde, que perdieron. También han pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz.
Finalmente, Velasco asegura que su único objetivo es que la nueva Ley del Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete, “se aplique estudiando razonadamente caso por caso porque nos sentimos discriminados frente a otras zonas del litoral español”.

http://andaluciainformacion.es/andalucia/324882/la-ley-de-costas-nos-discrimina/


sábado, 13 de julio de 2013

Una sentencia obliga al Estado a arreglar la carretera de Las Gaviotas

Los ciudadanos se quejan del mal estado de la vía pero el Ayuntamiento indica que la competencia es del Gobierno central tras ser condenado por el accidente de 1994
Tras poner fin al peligro por desprendimientos en Las Gaviotas, aunque de momento solo se puede utilizar el 70% de la playa, ahora los ciudadanos exigen al Ayuntamiento de Santa Cruz que acondicione y mejore la carretera de acceso a la misma. Sin embargo, y según una sentencia de la Audiencia Nacional, el mantenimiento de esta vía no es competencia del Consistorio chicharrero, sino del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno central, y en concreto, de la Dirección General de Costas. Dicha sentencia se produjo a raíz de la denuncia presentada por dos de los cinco ocupantes del vehículo que el 5 de julio de 1994 se precipitó por el barranco cuando se dirigía a esta playa. La Audiencia Nacional establece que la conservación de la vía de acceso a Las Gaviotas es responsabilidad del Estado y por eso lo condenó a indemnizar a estos dos ciudadanos, ya que el accidente se produjo por el deficiente estado en el que se encuentra la carretera.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, atendiendo a las quejas de los ciudadanos, ha solicitado a Costas que acondicione la vía, en la que también existe peligro por caídas de piedras, o que por lo menos la limpie. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente ha manifestado a la Corporación local que las competencias no están claras. Para el Consistorio chicharrero, la sentencia de la Audiencia Nacional ha despejado cualquier duda sobre este asunto, pues en ella se establece que el responsable de la conservación de la carretera de Las Gaviotas es el Estado. Aquellos que suelen disfrutar de esta playa de la capital esperan que no tenga que producirse otra tragedia para que se actúe, "sea la administración que sea".
El accidente del que se deriva esta sentencia se produjo a las 14:05 horas del 5 de julio de 1994. En el coche se encontraban cinco personas. Una de ellas, Cristina, perdió la vida, y los demás resultaron heridos. José Pablo, dueño del vehículo, y Agustín, otro pasajero, decidieron reclamar una indemnización ante la administración por lo ocurrido, ya que estos alegaron que el coche se precipitó por el barranco, con una caída de unos 150 metros, debido a la ausencia de señalización indicativa de peligro y al deficiente estado de conservación de la vía de acceso a Las Gaviotas, lo que determinó que la rueda delantera derecha del vehículo quedara atrapada en un bache existente en el firme.
Tras aceptarse la demanda de estos dos ciudadanos, se acordó emplazar al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Cruz para que aportasen información relativa a la titularidad de la carretera de acceso a la playa de Las Gaviotas y sobre la intervención que hubiesen podido tener en la construcción, reparación y mantenimiento de la vía. Previamente, el Ministerio de Medio Ambiente había declarado "inadmisible" la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado presentada por José Pablo y Agustín, alegando "incompetencia" del citado Ministerio al no ser el titular de la carretera.
Una vez que se comprobó que el accidente efectivamente se había producido por el mal estado de la vía, pues la propia Policía Local indicó en un informe que "no tiene arcén, el pavimento asfáltico está muy deteriorado, la valla al borde de la calzada se encuentra en malas condiciones y su anclaje está muy oxidado y sujeto a tierra", se tenía que averiguar a cuál de las administraciones correspondía el mantenimiento de la vía.
El Ayuntamiento de Santa Cruz dejó claro en un decreto firmado por el alcalde en 1996 que la carretera no era de propiedad municipal. El Consistorio, el Cabildo y el Gobierno canario demostraron que la vía no figuraba en sus respectivos inventarios de bienes y redes de carreteras. Por lo tanto, "y a falta de su entrega o adscripción formal a otra administración territorial", la Audiencia Nacional establece que incumbe al Estado su mantenimiento y conservación en virtud de lo dispuesto en la Ley de Costas con respecto al acceso público al mar. Además, hay constancia de que Costas sí realizó actuaciones por ejemplo en el acceso a la playa de Igueste de San Andrés.
"Una vez establecido que el accidente se produjo por el mal estado de la vía y que correspondía al Ministerio su mantenimiento", la Justicia obliga al Estado a indemnizar con 88.846 euros a Agustín y con 12.052 euros a Jose Pablo
http://www.laopinion.es/tenerife/2013/07/12/sentencia-obliga-arreglar-carretera-gaviotas/486973.html

viernes, 12 de julio de 2013

Los ayuntamientos inician la defensa de sus barrios costeros ante Madrid

El Gobierno canario remitirá al Ministerio los informes municipales. El Ejecutivo pone marcha el recurso contra la nueva Ley de Costas
. Los ayuntamientos canarios afectados por la nueva Ley de Costas han iniciado los trámites demandados por el Ministerio de Medio Ambiente para consolidar sus barrios costeros como núcleos urbanos. El Gobierno de Canarias reunió ayer a los técnicos en materia de ordenación del territorio de los municipios para unificar los criterios en la documentación que han de presentar a Madrid antes del 31 de agosto y solucionar eventuales dudas sobre este proceso.

Dicha reunión técnica de los municipios de la provincia de Las Palmas, presidida por el viceconsejero de Política Territorial, Mario Pérez, se repite hoy con los ayuntamientos de la provincia de Tenerife. Como conclusión del encuentro, será el Gobierno canario quien se encargue de remitir al Ministerio la documentación que le aporten los ayuntamientos la próxima semana, a más tardar, para el reconocimiento de los núcleos costeros, construidos después de 1988, como urbanos. El Ejecutivo regional recuerda que el planeamiento de estos emplazamientos fue aprobado por las administraciones canarias en el 99% de los casos con informes positivos de Costas y del propio Ministerio, por lo que no entiende que Madrid pida de nuevo esta documentación en un plazo de tres meses y, encima, el Gobierno central tenga 18 meses para responder. La nueva Ley de Costas afecta a 80 emplazamientos, con unas 1.800 viviendas de las cuales en torno a 500 están en dominio público, indicó Mario Pérez. Al respecto, criticó que el Ministerio de Medio Ambiente haya excluido en esta legislación a 12 núcleos costeros situados en dominio público en toda España, "sin criterio alguno para hacerlo y rompiendo el principio de igualdad con respecto a otras comunidades", como Canarias, a la que no se le ha salvado ningún emplazamiento costero sito en dominio público aunque sea pintoresco o tenga valores históricos. Por tanto, los barrios costeros en dominio público que no han sido excluidos de la nueva Ley con 'nombres y apellidos' mantienen la misma consideración que en la legislación de Costas de 1988 y son susceptibles de ser derribados. En cuanto a los emplazamientos urbanos en zonas de servidumbre, de cumplirse la nueva Ley "se causan mayores perjuicios a los ciudadanos porque empeora sus condiciones ", explicó el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, quien no dudó en calificar la actual reforma de la Ley de Costas de 1988 como "un disparate" e inconstitucional. De hecho, el Consejo de Gobierno aprobó ayer iniciar el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Costas solicitando, como paso previo, el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/07/12/ayuntamientos-inician-defensa-barrios-costeros/544189.html

Informe Wertmann sobre la Ley de Costas.Parlamento Europeo julio 2013


Notas Introductorias

Este informe se centrará en la visita realizada por los miembros de la Comisión de Peticiones a Madrid en marzo de 2013, pero que abarcara cuestiones que han sido objeto de discusión y debate dentro de la Comisión de Peticiones durante muchos años. De hecho, va al corazón de lo que la mayoría de los ciudadanos y residentes europeos sienten que son sus derechos esenciales y fundamentales a sus hogares y propiedades, por una parte, y para el medio ambiente en el que viven, por otra parte. La lista de las peticiones recibidas, que describen la injusticia, la arbitrariedad y la irregularidad en la aplicación de la Ley de Costas española de 1988, es bastante larga y se adjunta al presente informe.

De hecho, fue hacia el final de la legislatura anterior que las pretensiones bien documentadas comenzaron a llegar al Parlamento, mientras que el Comité estaba en el proceso de preparación de lo que se convertiría en el Informe Auken. En la resolución al informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en España, que fue aprobada abrumadoramente por el Parlamento en marzo de 2009, fue el siguiente párrafo sustantivo:

22. Reconoce y apoya los esfuerzos de las autoridades Españolas de proteger el medio ambiente costero y, cuando sea posible, restaurar el medio ambiente costero de una manera que permite biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de flora y fauna y, en este contexto les apelan de revisar con urgencia y si es necesario revisar la Ley de Costas con el fin de proteger los derechos de los propietarios de viviendas legítimos y los que poseen pequeñas parcelas de terreno en las zonas costeras que no afectan negativamente en el medio ambiente costero; acentúa en que dicha protección no debe concederse a los desarrollos que están diseñados como empresas especulativas que no son propicias para el respeto de las Directivas Medioambientales de la UE; se propone revisar las peticiones que se han recibido sobre este tema a la luz de las respuestas de las autoridades españolas autoridades1;
Las narraciones del mismo informe proporcionado el contexto para esto, afirman:
O. Mientras que el año pasado las autoridades Españolas aprobaron unas instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988, que había sido abandonada por muchos años durante los cuales se produjeron grandes daños al medio ambiente en las zonas costeras de España, y mientras que ni las instrucciones actuales no proporcionan medidas de ejecución claras a seguir por las autoridades locales y regionales implicadas, y que muchas nuevas peticiones recibidas atestiguan el contenido retro-activo de las instrucciones y la destrucción arbitraria y demolición de propiedades adquiridas legítimamente, sus derechos a las propiedades y su capacidad de transferir sus derechos a través de la herencia,
P. Mientras que en vista del camino actual de la línea de demarcación, los afectados tienen la firme impresión de que se ha establecido de forma arbitraria, a las expensas de los propietarios extranjeros, por ejemplo en la isla de Formentera,
Q. Considera que esta Ley de Costa impacta desproporcionadamente en propietarios individuales que deberían tener sus derechos completamente respetados, y a la misma vez insuficientemente en los perpetradores reales de destrucción costal quienes han sido responsables en muchos instantes por desarrollos urbanos excesivos a lo largo de costas incluyendo zonas turísticas  y quienes tenían buenas razones para saber que estaban actuando inversamente contra las provisiones de la ley en cuestión.
La Comité de Peticiones invito a peticionarios a tener reuniones para discutir su caso en dos ocasiones: 2010 y otra vez en 2011, reuniones en las que las autoridades Españoles participaron. Una respuesta por escrito del 6 de julio de 2010, del entonces ministro responsable, María Elena Espinosa Mangana, a una serie de preguntas sobre la aplicación de la ley de 1988, no fue considerado satisfactorio por el Comité, que continuó con su trabajo sobre el tema.

Estos debates y discusiones se llevan a cabo en el Comité contra un telón de fondo de la crisis financiera internacional, la caída en el mercado inmobiliario español y el colapso de gran parte del sistema bancario español, en particular a nivel regional. Por lo tanto, era muy sensible y conflictivo, pero esto no impidió la continuación de la Comisión de Peticiones. Sin embargo, dada la complejidad y la sensibilidad de los expedientes en discusión, el Comité decidió, en su reunión de los días 21-22 noviembre de 2011 al crear un grupo de trabajo informal especial sobre los derechos de propiedad de España y la Ley de Costas. El Grupo de Trabajo inició sus trabajos en marzo de 2012 y se ha reunido ya en 8 ocasiones.

El presidente de la Comisión escribió al nuevo ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D. Miguel Arias Cañete, en enero de 2012, informándole de los intereses y las preocupaciones de la Comisión con respeto a las propuestas del nuevo gobierno para reformar la Ley de Costas, que había anunciado el 13 de enero 20121.

En abril de 2012, el Director General del Ministerio responsable de la Ley de Costas hizo una declaración en la reunión del grupo de trabajo informal, en la que expone las propuestas del Gobierno para la reforma y respondió a preguntas de los miembros. Esto fue seguido en julio con una carta que contenía el nuevo anteproyecto de ley, que se distribuyó a los miembros del grupo de trabajo.

Dado el número de cuestiones planteadas se decidió preparar un cuestionario, que reflejaba muchos de los puntos expresados ​​por los peticionarios, para enviar a la Secretaría por sus comentarios y reacciones como miembros mantuvieron varias áreas clave de preocupación. Después de haber sido examinado por el grupo de trabajo y los coordinadores de la comisión, el cuestionario se envió el 25 de junio 2012. Las respuestas se consideran más adelante en este documento.

Los miembros del grupo de trabajo fueron animados por la aparente voluntad de las autoridades españolas para entablar un diálogo con ellos sobre este tema. Sin embargo, a pesar de los muchos intentos para iniciar nuevas conversaciones con las autoridades, apenas existió contacto antes de la respuesta al cuestionario que fue finalmente recibida el 26 de febrero 2013. Mientras tanto, los peticionarios habían estado manteniendo sus contactos con el Comité y el grupo de trabajo, y garantizando que los miembros fuesen informados de los avances y las negociaciones sobre el proyecto de ley en España, especialmente de cómo les afectaba, ya que tenían una serie de ONG medioambientales.
También llegaron noticias a la Comisión de la demolición de viviendas en algunas zonas costeras (Cho Vito) en virtud de la aplicación de la ley de 1988. El Comité había solicitado una moratoria, pero sin embargo la ley fue aplicada y ejecutada por los tribunales, sin la intervención del ministerio.
Las Propuestas de Reforma
El propósito de la reforma de la Ley de Costas 1988 es proporcionar una mayor seguridad jurídica a las personas que tenían propiedades en las zonas costeras españolas, y una mayor protección del medio ambiente costero. Esto siempre ha sido un tema clave para la Comisión, ya que la ley de 1988 había sido notoriamente mal y arbitrariamente aplicada - de ahí la necesidad de la reforma, según las autoridades. En su anteproyecto, el gobierno español proporcionó lo que ellos consideraban una definición más precisa de "dominio público", lo cual es otro elemento fundamental que condiciona los derechos reconocidos a las personas respeto a su propiedad. El proyecto también propone conectar las muchas deficiencias en el registro de la propiedad y también "para mejorar las condiciones que rigen tanto los plazos para la posesión y la transferencia de los derechos de propiedad".

El Secretario de Estado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente proporcionó a los miembros con una exposición de motivos claros según la cual era necesaria una "revisión profunda del sistema actual". La previa (1988) ley "a veces toleraba resultados que eran inaceptables desde el punto de vista ambiental", en la exposición de motivos  se lee que la reforma pretende ser "un medio eficaz para la conservación del dominio público marítimo-terrestre y asegurar su uso por el público en general". La declaración proporcionaba medidas que permitían a las autoridades centrales a intervenir y bloquear efectivamente las medidas que las autoridades locales harían que podría "poner en peligro la integridad del dominio público marítimo-terrestre o la zona de servidumbre." Se propuso diferenciar entre playas urbanas y playas naturales próximos a las áreas protegidas o terrenos rurales. Las medidas también figuraban en el anteproyecto de ley que tiene el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la conservación del agua de las viviendas en las zonas afectadas.

Se reconoció en el proyecto de ley que habían surgido problemas con respeto a la seguridad jurídica de la propiedad que había, a su vez, "dado lugar a la desconfianza y la confusión".

Desde la perspectiva de los peticionarios y la mayoría de los miembros del Comité, éste era un eufemismo. Sigue siendo también una cuestión política y constitucional difícil. La descentralización de la autoridad y el poder excesivo tácitamente pero visiblemente otorgado durante muchos años a las autoridades municipales, los gobiernos regionales, permitió a muchos ayuntamientos para abusar de su papel mediante la aceptación de programas masivos de construcción, que no prevé la supervisión adecuada o suficiente y, al final, dejó muchos compradores de vivienda inocentes maltratados y traicionados por empresas inmobiliarias y sus asesores. Esto va de la mano con lo que muchos ven como una corrupción y la colusión entre las autoridades políticas y de la industria de la construcción.

Se alentó a los miembros a aprender que el nuevo proyecto de ley contribuiría a la finalización de dicha negligencia - al menos dentro de los perímetros estrechos cubiertos por la Ley de Costas, - mediante la creación de nuevos y más claro directrices a seguir por todos. Esto sería en beneficio de los propietarios de viviendas, a los posibles compradores y para la industria de la construcción que debe ser capaz de embarcarse en un camino de desarrollo más sostenible. Por otra parte, las disposiciones ambientales que se describen al parecer destinados a preservar y proteger lo que zonas del medio natural se mantuvo después de los años de destrucción sin trabas.

Queda sin embargo una consideración importante que aún está sin resolver en parte, y que se relaciona con el derecho fundamental de la misma propiedad. En pocas palabras, la cuestión se enfrenta a dos conceptos diametralmente opuestos de los derechos de propiedad: el gobierno español no concede la propiedad de las viviendas construidas en las zonas costeras, pero en cambio considera que son las concesiones. Considerando que en virtud de la legislación de 1988, las concesiones se prolongó durante treinta años bajo la nueva propuesta que se extenderán en determinadas circunstancias a setenta y cinco años. Peticionarios, muchos de los cuales habían comprado su propiedad antes de 1988, o era propiedad  legada a la familia durante generaciones, sin embargo, consideran que se deben conservar los derechos de propiedad completa, sancionada por los hechos de la venta. Por lo tanto, los solicitantes no encontraron a ninguna propuesta aceptable que se retractaba de tales derechos adquiridos, y tanto más cuando sus efectos serían retroactivos.

El sistema de otorgamiento de concesiones se ha revisado y ampliado, como se ha mencionado,  hasta setenta y cinco años, y la transferencia de las concesiones será ahora autorizada por herencia legal o como un regalo durante la vida del propietario, siempre y cuando la notificación se realiza dentro de un período de cuatro años de limite. (mortis causa and inter vivos).

En su respuesta a las preguntas de los miembros sobre este punto, el Ministerio aclaró su razonamiento de la siguiente manera: "la demarcación asigna la propiedad y los derechos de propiedad al Estado, la creación de la demarcación de tal manera que la inscripción en el registro de la propiedad no puede prevalecer sobre el carácter de dominio público del demarcada propiedades". Indemnización a los propietarios privados que reclaman derechos de propiedad preexistentes por lo tanto sólo se proporciona como una concesión, el interés público prevalece sobre los derechos de ciudadanos privados. Los titulares de terreno dentro del DPMT, tienen, por esta razón, de acuerdo con la nueva ley, derecho de usufructo y deben de pedir autorización para hacer uso de la concesión, para lo cual deberán, además, pagar una cuota.

Protección se introducen contra industrias contaminantes potenciales establecidas en las zonas de costa, que sólo pueden obtener extensiones de sus concesiones existentes cuando subyugados a un informe favorable de la Agencia de Medio Ambiente regional.

La ley tiene el objetivo de establecer límites claros y será obligatorio para registrar el terreno en el dominio público marítimo-terrestre para que el registro de la propiedad refleja la realidad física de la costa, algo que la ley de 1988 manifiestamente no logró. Se propone la anotación en el margen del registro relativo a las viviendas afectadas por el deslinde que se ha diseñado para garantizar una mayor transparencia.

Los dueños de la propiedad en las zonas de servidumbre podrán ahora realizar mejoras y modernización de la propiedad, siempre que no aumenten el tamaño del edificio, la superficie o la altura. Estarían obligados a hacer declaraciones con respecto a su conformidad con los requisitos de ahorro de agua, eficiencia energética y. Un marco jurídico específico que se crea para los sitios de interés cultural y que son de dominio público. Unas zonas construidas dentro de dichas áreas permanecerían como tales y la prohibición se estableció para cualquier nuevo residencial u hotel propuesto

La legislación revisada tiene también como objetivo la "protección sostenible y la mejora de la línea de costa". El Gobierno se compromete a respetar no sólo los términos de la Convención de Barcelona que tiene por objeto la protección del medio ambiente marino del Mediterráneo, sino también la Convención RAMSAR y las Directivas de la UE, en particular la Directiva sobre hábitats y la red de Natura 2000.

Las organizaciones ambientales sin embargo expresaron su preocupación de que la nueva ley, de hecho, representa un importante retroceso en la protección del litoral, que potencialmente permitiese la destrucción de importantes ecosistemas tales como marismas y sistemas de dunas y reducir el margen o la protección permitida por estuarios y ríos de 100 metros con sólo 20 metros.
Misión de Madrid
El 21 de noviembre de 2012, el grupo de trabajo informal envió una carta al presidente de la Comisión que se indica el alcance de su trabajo realizado en los nueve meses transcurridos desde su creación, y pidió una visita de investigación urgente a Madrid. Sin embargo, no fue hasta el 21 a 22 marzo 2013 que una visita oficial fue autorizada.
Cuando la delegación llegó a Madrid, el nuevo proyecto de ley ya había sido aprobado por el gobierno, había sido objeto de debate en la cámara baja y se esperaba su aprobación por la Cámara Alta del Parlamento español. Las solicitudes para reunirse con el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente no fueron respondidas por el Parlamento español. Sin embargo, los amplios debates fueron capaces de proceder con muchos peticionarios, quienes hicieron su camino a Madrid para reunirse con la delegación, con el señor Pablo Saavedra Inaraja y sus colegas de alto nivel en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, así como con las asociaciones ecologistas, agrupados dentro de la plataforma "No a Nuestra Costa" que habían estado previamente en contacto sobre este tema con la Comisión de Peticiones.
Los Peticionarios

El 21 de marzo de 2013, la delegación organizó una reunión abierta con los muchos peticionarios, algunos de los cuales ya habían mantenido un contacto permanente con el Comité, después de haber comparecido ante la Comisión en Bruselas. El objetivo en esta ocasión fue más para formular una evaluación y medir la reacción de los peticionarios a la nueva legislación, que mirar más profundamente en cada caso - aunque, inevitablemente, también era necesario con el fin de destacar las denuncias que se ejercidas sobre la reforma de la Ley de Costas.

Todos los peticionarios consideran que tenían títulos legales de sus propiedades, y se estima que entre 200 y 400 mil personas podrían verse afectadas por esta legislación. Los peticionarios señalaron que el medio ambiente costero español ha sido espectacular e irremediablemente destruido más extensos tramos, sobre todo a lo largo de la costa mediterránea y las islas, no por los individuos que poseían propiedades pequeñas, sino debido a la construcción especulativa que había tenido lugar durante los muchos años después de la original Ley de Costas se había adoptado en 1988, impulsado por la complacencia y, a veces las prácticas corruptas de las autoridades políticas.

La ley original no fue vista como apta para el propósito de su aplicación y las dudas más graves se expresaron de que su sucesora sería de alguna manera capaz de cumplir con su tarea en materia de protección del medio ambiente costero, y menos aún en cuanto a la legítima los derechos de los pequeños propietarios, muchos de los cuales eran ciudadanos no españoles de la UE que habían optado por beneficiarse del derecho a la libertad de circulación y de establecimiento concedido conforme a la legislación comunitaria.

Varios de los peticionarios españoles señalaron las graves anomalías que se han producido en las zonas cercanas a sus hogares, donde se han construido nuevas urbanizaciones, sin embargo una casa que había permanecido en la misma familia durante seis generaciones y estaba más lejos de la costa fue objeto de demolición (petición 395/2010). En otro caso, el Estado había vendido propiedades confiscadas.

La mayor parte de los peticionarios presentes confirmaron su oposición a que una concesión proporcionándoles el derecho a usar su propiedad, o a mejorarlo, aunque se amplíe a setenta y cinco años, no era el equivalente al pleno respeto de sus derechos y que les negaban el derecho a vender su propiedad con el valor de mercado original. Por otra parte, la legislación proporcionaba a las autoridades el derecho de rescindir la concesión de una manera que se podría ver totalmente arbitraria, y la propiedad aún podría ser demolida sin ninguna razón justificable. Los peticionarios presentaron ejemplos de propiedades costeras privadas que se demolieron para construir una zona de paseo a lo largo de la costa, que destruyó el entorno natural de toda la zona.
           
Otro se refirió a su casa familiar, construida en un terreno costero en 1899 a lo largo de un promontorio de catorce kilómetros, que ahora es objeto de demolición. Será expropiado sin una compensación adecuada (petición 174/2008). Otro demandante indicó que su casa, así como la de sus vecinos, han acabado entro de los límites de la zona costera como consecuencia de la extracción de la arena costera y otras obras hidráulicas a lo largo de la zona de playa, financiado por la Unión Europea, además. Por lo tanto han pasado a formar parte del dominio público que no era el caso cuando legalmente compraron sus propiedades con vista al mar en la década de 1980 (petición 119/2009). También corren el riesgo de demolición y sin compensación.

Prácticas arbitrarias bajo la ley de 1988 también fueron denunciados a través de ejemplos de las Islas Canarias, en Tenerife Cho Vito (petición 274/2009), donde una comunidad local entera viviendo en casas antiguas de pescadores había sido desalojada y sus hogares destruidos sin ningún beneficio tangible a nadie o el medio ambiente. Sus derechos habían sido abusados y negados, motivado por decisiones burocráticas y políticas, y sostenidos por documentación falsa, según dijeron. En tales circunstancias, sigue siendo muy difícil de poner cualquier confianza en las leyes de los países y su aplicación justa.

Como resultado de la extensión del puerto de Valencia, viviendas en El Saler ahora estaban sujetos a las disposiciones de la Ley de Costas después de la eliminación de las dunas de arena que desembocaría a sus hogares siendo inundados, confiscados y destruidos (peticiones 606/2009 y 1499/2009). Otro autor describió cómo su comunidad se sentía impotente ante el peso de los abogados poderosos empleados por empresas con intereses en la zona costera y su desarrollo, que buscan la eliminación de sus pequeñas casas de la zona costera (petición 881/2009). En Santa Pola, las protestas surgieron porque las personas estaban perdiendo sus hogares mientras que los bares y restaurantes estaban autorizados a permanecer. Los tribunales no intervinieron para proteger los derechos de los propietarios de viviendas, bajo la presión de los intereses financieros locales en la industria del turismo. Se dieron varios ejemplos en que la ley de 1988 no había impedido la demolición de sus casas y se construyeran hoteles en su lugar, sobre todo en las islas Baleares y en Cho Vito,las islas Canarias (peticiones 494/2010 y 678/2012)  En Murcia, en la Isla de Mazarrón, habían otros ejemplos donde las casas locales habían entrado en el dominio público porque el desarrollo portuario había borrado la playa y las 39 viviendas afectadas ahora habían perdido su valor de mercado y con sujeción a las condiciones establecidas con carácter retroactivo del dominio público.

Desde el País Vasco a Cádiz, los peticionarios describieron cómo las costas eran, de hecho, mantenidas y limpias, y las playas limpiadas por las personas del lugar que ahora se encontraban con que sus casas iban a formar parte del dominio público con un grave riesgo de que las concesiones se retirarían. Viviendas familiares privadas que anteriormente tenían un valor de mercado € 500.000 se perderían  virtualmente todo su valor, temieron (petición 103/2009). Los tribunales parecen haber dejado de intervenir para proteger los derechos de los ciudadanos en muchas de esas circunstancias.

El único grupo de peticionarios que parecían ser capaces de beneficiarse de la nueva legislación eran los de Empuriabrava (petición 296/2009) como su sitio muy específico donde las casas están construidas alrededor de las zonas de navegación interior junto a la costa, debían ser objeto de una excepción especial, el concedido a otras once áreas especificadas. Sin embargo, algunos peticionarios consideraron que la identificación de estas áreas sin criterios claros podría ser discriminatorio.

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Las Autoridades:

El 22 de marzo por la mañana, la delegación se reunió con autoridades del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En su declaración de apertura, el Director General de Asuntos Costal Pablo Saavedra indicó que la fuerza impulsora detrás de la nueva legislación es la necesidad de resolver los problemas y malas experiencias que había ocurrido bajo la ley de 1988. Afirmó que se habían tenido en cuenta las opiniones del Parlamento Europeo por el Ministerio en la elaboración de la nueva legislación, para el que también había habido consultas públicas.

Sr. Saavedra indicó que, una vez que la nueva ley de la revisión de la Ley de Costas se aprobó a finales de mayo, tras el examen de las enmiendas presentadas en el Parlamento, una disposición adicional, actualmente en preparación, sería entonces necesario examinar, definiendo más 'legal certeza "de la propiedad. No dio más detalles más allá de esto, excepto para decir que el reglamento debe ser aprobado antes de finales de 2013, momento en el que uno debe "ser capaz de considerar este tema como resuelto".

El gobierno había intentado, según el Sr. Saavedra, de encontrar un equilibrio entre los distintos intereses que protegiera la costa y dejaría a todos disfrutar de ella como de dominio público. Sr. Saavedra reiteró mucho que se ha mencionado anteriormente en este informe, en relación con las propuestas de reforma, y elaboró ​​más sobre algunas de las principales cuestiones, en particular la distinción entre playas urbanas y naturales - que algunos miembros pusieron en duda debido a la falta de criterios utilizados para las áreas de servidumbre de 20 metros e indicadores de cambio climático. Reconoció que la ley no podía esperar obtener 100% de satisfacción de todas las partes.

En cuanto a la cuestión de la indemnización, el Sr. Saavedra se refirió a una resolución de 1991 por el Tribunal Constitucional español, que de hecho confirmaron que las concesiones otorgadas a los dueños de propiedades en el DPMT pueden considerarse compensatoria. Según él, el gobierno había mejorado, sin embargo en esta ampliando considerablemente el período de concesión y garantizar los derechos de herencia.

La actividad económica también se encuentra una mayor seguridad jurídica en la nueva legislación, agregó, lo que beneficiaría a algunas de las concesiones, principalmente para el turismo y la industria cultural. Protección del medio ambiente se ha mejorado, según él, por la introducción de evaluaciones de impacto específicas para las zonas industriales y grandes instalaciones en el dominio público.

En sus comentarios, los miembros plantean una serie de cuestiones que siguen siendo motivo de preocupación. Los miembros no estaban convencidos, por ejemplo, la referencia a la resolución 1991, y consideraron que una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta cuestión podría ser útil para todos los interesados. Los criterios para la retirada de una concesión tampoco estaban claros para muchos de ellos, que temían que serian de carácter arbitrario como lo habían sido desde 1988. La misma línea de demarcación también fue aparentemente abierto a la manipulación, y había expresado su preocupación de que los grandes intereses podrían "comprar por sí mismos" del dominio público.

Al concluir el debate, el Director General indicó que, en el pasado, la falta de seguridad jurídica había surgido en parte debido a los límites de demarcación incorrectos, debido a los derechos de propiedad y por la parte de acumulación en los registros de propiedad y registro. La legislación revisada fue diseñada para hacer frente a estos aspectos. La intención del Ministerio es hacer compatible la ley para proteger el dominio público y asegurar que las actividades sostenibles pudieron llevarse a cabo dentro de esa área.

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Los ONG Ambientales:

El 22 de marzo por la tarde, la delegación se reunió con varias asociaciones ecologistas. Los miembros fueron capaces de centrarse más específicamente en las alegaciones sobre el impacto ambiental de la Ley de Costas revisado. Las ONGs (WWF, Greenpeace, EA, Birdlife) fueron profundamente críticos con el hecho de que la ley anterior no se había respetado o aplicado correctamente y que las autoridades locales y regionales habían ignorado conscientemente sus disposiciones cuando urbanizando la costa y destruyendo toda los eco-sistemas, que enfatizaban deberían haber permanecido protegidas.

La nueva ley, temían, bien podría empeorar la situación debido a las numerosas excepciones políticos que se estaban negociando en su interior. Protección del medio ambiente costero, o lo que queda del medio ambiente natural, sería aún más problemático, dando menos protección general de las zonas costeras y el aumento de la explotación económica, y cuestionaron la compatibilidad de la legislación con la propuesta de Directiva estableciendo un marco de espacio marítimo planificación y gestión integrada de las costas.

Las asociaciones ecologistas señalaron que, como en el pasado, no habían garantías de que todos las autoridades regionales o locales realmente respetarían o aplicarían esta revisión de la legislación, ya que no tenían ni los medios ni incentivos adecuados para hacerlo. Esto implica que la ley revisada se beneficiará muy pocas personas y sólo muy grandes intereses. Asociaciones ambientalistas temen que ciertas nuevas urbanizaciones - originalmente construido en zonas protegidas o restringido bajo la antigua ley se eliminarán de dominio público, ya que ahora se considera que caen dentro de las áreas urbanas costeras, y alertaron que esto se está haciendo en un momento en las áreas marinas de los espacios Natura 2000 aún no han sido designados. Por lo tanto, los que violaron la ley en el pasado, cuando cientos de kilómetros del entorno costero se destruyeron efectivamente por el frenesí de construcción, están ahora protegidos por la nueva ley y no tienen nada que temer, está cubierto por una amnistía de facto en construcciones ilegales. Los ecologistas alertaron de que no se ha considerado el impacto masivo que ha tenido en la frágil costa mediterránea y atlántica y sus bio-sistemas.

Observaciones finales

Como resultado de estas reuniones y también las discusiones celebradas en el grupo de trabajo informal, los miembros siguen teniendo un gran escepticismo sobre el grado en que la versión revisada de la Ley de Costas, que ha sido aprobada por el Parlamento español y convertirse en ley, se llevará a cabo coherentemente y esté a la altura de los objetivos del Ministerio para mejorar la protección concedida al medio ambiente costero.

Además, los miembros siguen preocupados por las importantes mejoras que aún se necesitan en términos de los derechos de propiedad y la adquisición con el fin de cumplir con las normas europeas comunes. ¿Por qué es verdad que el Comité ha pasado tanto tiempo tratando con las preocupaciones de los ciudadanos de la UE sobre sus derechos de propiedad en España y prácticamente en ningún otro país de la UE? En cierta medida, el auge de la construcción y el número de casas que se compran y se venden podría explicar esto, pero la abrumadora evidencia sugiere que las peticiones se presentaron porque algo está seriamente mal con el enfoque de las autoridades españolas y abogados españoles. El número de peticiones que llegan al Parlamento Europeo son de ciudadanos españoles como de los ciudadanos no españoles. Esto sugiere que el acceso a una revisión efectiva de las decisiones administrativas, a la protección legal y la compensación de daños efectivos en un plazo razonable sigue siendo a menudo insatisfactoria.

En sentido estricto, en los términos del Tratado de la UE, nada obliga a España a modificar su posición y está claro que el Gobierno español y el Parlamento tienen competencia plena, constitucionalmente y políticamente, para decidir y adoptar las medidas legislativas. El "sistema de la propiedad" sigue siendo de competencia del Estado miembro. Sin embargo, el Tratado de la UE en virtud del artículo 6 y en la Carta de los Derechos Fundamentales, el artículo 17, también contienen disposiciones relativas a los derechos de la gente a su propiedad. Por lo tanto, la gente tiene expectativas legítimas de que la UE y el Parlamento, en particular, deben defender estos derechos en su nombre cuando se ven socavados o violados. Por otra parte, el artículo 3 del Tratado de la UE obliga a todos los estados miembros de la UE a un nivel elevado de protección y mejora del medio ambiente. El artículo 191 del TFUE refuerza este compromiso y obliga a los Estados miembros a adoptar los principios de precaución y tomar medidas preventivas cuando sea necesario. El hecho de que en el preámbulo de la nueva legislación, se hace referencia al informe aprobado por el Parlamento Europeo como detonante de esta reforma, es muestra de que lo que las instituciones de la UE y el Parlamento, en particular, dicen, es de importancia para el legislador español.
Es discutible si estos compromisos y disposiciones han sido plenamente reconocidos por las autoridades españolas en la Ley de Costas revisada y si la justicia ha sido finalmente establecida tanto para los propietarios de los bienes o el medio ambiente. La consulta pública fue organizada por el Ministerio y esto era importante; pero si tenía un impacto real en el resultado está mucho más abierto, teniendo en cuenta las reacciones de los peticionarios y de las asociaciones de los que ha oído el Comité.

Es lamentable el hecho de que esta revisión de la Ley de Costas ha fallado en gran medida a aumentar la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad, que es un requisito indispensable de cualquier mercado de la vivienda sostenible. Además, el hecho de que la línea de demarcación está potencialmente sujeto a revisión cada vez que hay un cambio en la línea de la costa (a partir de la erosión costera, por ejemplo, o de la construcción de un nuevo puerto deportivo) crea incertidumbre adicional, lo que puede ser legal hoy puede quizás no serlo mañana.

Aunque la ley indica que el registro de la propiedad debe ser actualizado, hay poca evidencia de cualquier avance en este sentido por las autoridades regionales y locales, y este sigue siendo un serio problema. Cuando esto se evalúa en el contexto de una ampliación del plazo concesional, que a su vez queda menos clara en cuanto a la fijación de períodos de tiempo específicos (en qué criterios es una concesión otorgada por 75 años, y cuando no lo es?). Entonces, miembros consideran, todavía hay demasiadas incertidumbres para los ciudadanos europeos para hacer frente en relación con sus derechos de propiedad. Como se ha dicho también, las concesiones no están consideradas por la mayoría de los miembros como una compensación justa por la posible pérdida de valor de las propiedades privadas de propiedad de dominio público de reciente creación.

En cuanto al objetivo esencial de la protección del medio ambiente de las zonas costeras, los miembros consideran que todavía hay demasiadas deficiencias y ambigüedades de la nueva legislación, a pesar de las ambiciones originales del Ministerio de Medio Ambiente a este respecto. La reducción de las zonas de servidumbre de las rías costeras parece particularmente injustificada. Hay que reconocer con mayor claridad que el "desarrollo económico" - que es principalmente sinónimo de la industria de la construcción, lamentablemente, es fundamentalmente incompatible con la protección de una zona costera muy vulnerable y frágil ecológicamente. La nueva ley ha perdido la oportunidad de garantizar que la nueva Directiva Marco de la UE sobre la Gestión Integrada de Zonas Costeras está claramente aceptada, y no ha reconocido plenamente tanto las Recomendaciones del Consejo de la UE de 2002 o el Protocolo del Convenio de Barcelona, ​​ratificado en 2010, sobre el mismo tema. Los miembros siguen siendo inciertas que se respeten plenamente una serie de directivas de la UE.

Teniendo en cuenta estas conclusiones, y teniendo en cuenta los amplios debates en el seno del grupo de trabajo y entre los miembros de la delegación que visitó Madrid en la materia se hacen las siguientes recomendaciones.

Recomendaciones para el Borrador

            •          Pide a la Comisión Europea, debido a las preocupaciones expresadas contenidas en el presente informe en relación con la nueva Ley de Costas, a participar en un examen exhaustivo de la conformidad de la nueva legislación a las directivas relacionadas con la UE, en particular con la Directiva Hábitats, la Directiva Aves , la Directiva Marco del Agua, la Directiva de las aguas de baño, la Directiva sobre las aguas residuales urbanas, la Directiva de evaluación ambiental estratégica, la Directiva sobre inundaciones, así como la nueva Directiva marco sobre la Directiva de Gestión integrada de Zonas Costeras y otras normas relacionadas, aplicables en el Europeo Unión y que informe a esta Comisión en diciembre de 2013.
            •          Alienta a las autoridades españolas a nivel nacional para trabajar a través de una mayor cooperación con las Comunidades Autónomas con el fin de promover y preservar, y en lo posible para regenerar las áreas ambientales costeras, que en muchos casos han sido seriamente degradadas como consecuencia a la construcción excesiva frecuente, así como los proyectos de construcción, algunos de los cuales tienen dudosa legalidad. Las áreas costeras protegidas deben dejar de utilizarse para la construcción de nuevos inmuebles, edificios o viviendas.
            •          En este mismo contexto, insta a las autoridades responsables a nivel nacional y regional para aclarar y defender los derechos de todos los ciudadanos de la UE afectados y residentes a su propiedad legítimamente adquirida. Recomienda que las autoridades españolas establezcan un sistema completo y justo de compensación financiera para todos los propietarios legales cuyos hogares pueden ser objeto de demolición o expropiación como consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas.
            •          En cuanto a las propiedades que se han descrito como "edificios ilegales en o cerca de las zonas costeras, y por los que muchos ciudadanos europeos, incluidos los españoles, se han convertido en víctimas involuntarias, exhorta a las autoridades judiciales españolas de investigar y perseguir a los agentes privados o autoridades públicas que han actuado fuera del marco legal formal en la atribución de derechos de construcción y llevarlos más rápido a la justicia, al tiempo que garantiza que las víctimas de este tipo de operaciones, que compraron sus propiedades de buena fe, tengan derecho a una compensación completa y justa.
            •          Hace un llamamiento a las autoridades para emitir directrices claras a todas las autoridades regionales y locales, sobre la base de criterios objetivos y no discrecionales, en cuanto a la atribución de las concesiones a los propietarios legítimos existentes que son dueños de las viviendas dentro de las zonas costeras, garantizando una aplicación justa y uniforme de la ley. Reitera sin embargo, fuertes reservas de la Comisión sobre la existencia de tales concesiones.
            •          En cuanto a la delimitación del dominio público, insta a las autoridades a aplicar criterios técnicos objetivos que no deben discriminar entre los propietarios como resultado de su condición o nacionalidad, y para garantizar que, cuando puede ser necesario aplicar excepciones, que estén justificadas de manera clara y transparente, que en todo caso tiene que ver con la protección y mejora del medio ambiente y no a los intereses financieros o comerciales.
            •          Llama para una moratoria o paralización de todos los casos pendientes ante los tribunales en relación con las viviendas situadas en las zonas costeras sujetas a posibles modificaciones de la línea de demarcación con el fin de preservar la demolición de los edificios posibles que después se puedan caer fuera del dominio público.
            •          Exhorta al registro de la propiedad y los registros catastrales para ser actualizar al día con rapidez y precisión, garantizando que todos los dueños de propiedad dentro de las zonas de demarcación estén debidamente informados sobre sus derechos y los medios de acceso a la justicia en caso de que crean que esto es necesario con el fin de proteger sus intereses legítimos.
            •          Llama a las autoridades para aclarar la distinción entre playas naturales y urbanas, y de adoptar medidas para prevenir eficazmente la invasión de las playas urbanas a las zonas clasificadas playas naturales.
            •          Reitera su llamada para que la justicia sea efectiva y oportuna, teniendo en cuenta que las demoras excesivas en la administración de justicia es en sí misma una injusticia inaceptable. Dentro de este contexto, donde  los procedimientos judiciales sean empezados, insta a todas las partes a tener en cuenta la posible utilidad de peticiones para decisiones prejudiciales dirigidas al Tribunal de Justicia Europeo donde cuestiones de legislación de la UE están en peligro y donde no hay acte claire.
            •          Al acoger  el reconocimiento de cambio climático en la nueva legislación costera, y la necesidad de adaptar la gestión costera a sus efectos inevitables, pide una mayor claridad en las disposiciones relacionadas con esto en términos de criterios específicos, mecanismos de aplicación y normas de aplicación.