El Cabildo de Tenerife pide un tratamiento "singular" de Canarias en la aplicación de la Ley de Costas

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha pedido que Canarias tenga un tratamiento "singular" en la aplicación de la Ley de Costas, de manera que se pueda propiciar un "mejor ordenamiento" de su litoral, incluyendo la protección de los valores ambientales y el reconocimiento de los valores históricos, culturales y etnográficos de los núcleos costeros.

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Así lo ha planteado este miércoles en el acto de inauguración de un curso sobre la reforma de la Ley de Costas, organizado por el Cabildo de Tenerife, la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente (RDU) y el Centro de Estudios Jurídicos Superiores (Cejus), y donde estuvo acompañado por la consejera insular de Planificación, Pino de León, y el director de la Revista, Francisco Alegría.

En su intervención, el presidente del Cabildo dijo que cada territorio quiere que la Ley de Costas se aplique de manera específica, un discurso "perfectamente" aplicable a Canarias, ya que la costa es un "elemento fundamental" en la definición del territorio, donde el problema se produce "cerca del mar"; de hecho, sólo hay tres municipios en Tenerife que no disponen de costa: El Tanque, Vilaflor y Tegueste.

Carlos Alonso hizo hincapié en que este hecho hace que la costa sea un "elemento principal" en el desarrollo urbano de las islas, pero también un recurso ambiental "muy importante" y un recurso económico "de relevancia" por su orientación al turismo, lo que, en su opinión, justifica un tratamiento "particular" de Canarias en la Ley de Costas.

Pino de León, por su parte, señaló que esta jornada debe servir para ver si la Ley de Costas es un "instrumento válido" para resolver los problemas de nuestro litoral, sobre todo aquellos que tienen que ver con los núcleos costeros, pues la protección de la costa, en su opinión, es "compatible" con el reconocimiento del valor cultural, histórico y etnográfico de estos núcleos de población.

Por último, Francisco Alegría apuntó que la Ley de Costas ha levantado "bastante polémica" en toda España y ha generado "bastantes problemas" en su aplicación, lo que significa que la Ley presenta "sus más y sus menos", lo que justifica la celebración de esta jornada, que servirá para criticar, reflexionar y debatir sobre la aplicación de esta norma

http://www.gentedigital.es/tenerife/noticia/1274548/el-cabildo-de-tenerife-pide-un-tratamiento-singular-de-canarias-en-la-aplicacion-de-la-ley-de-costas/

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pide una reunión a Costas con habitantes de los núcleos de Anaga

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una reunión con los vecinos de los núcleos costeros de Anaga para tratar el reconocimiento como urbanos de los núcleos de Igueste de San Andrés, Roque de Las Bodegas, Tachero y Almáciga.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompañado del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, se reunió este miércoles con los vecinos de Almáciga, dentro de los encuentros que viene manteniendo con los residentes en estas zonas. En éstas se les explica qué se ha venido haciendo para que, dentro de la nueva ley de Costas, convencer al Ministerio de que los citados asentamientos reúnen todos los requisitos que impone la norma.
Bermúdez les anunció que el Consistorio “va a pedir una reunión en Costas para que asistan los vecinos”, una cita que ya ha sido solicitada al referido departamento de la Administración del Estado. “Este Ayuntamiento no cesará en su empeño para devolver estas casas a la legalidad”, añade el primer edil.
Por su parte, Martín aclara que “el hecho de que estos núcleos cumplan o no los requisitos de la ley es una discusión técnica, no una discusión política, como algunos intentan hacer ver”. El primer teniente de alcalde recuerda que “desde el principio hemos ido de la mano con los vecinos”.

Ya son varias las reuniones que técnicos municipales han mantenido tanto con vecinos como con el organismo autonómico competente: la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Ahora, técnicos municipales irán a Madrid para reunirse con los de Costas y, a partir de ahí, comenzar a reconducir la situación de estos núcleos. El Consistorio mantiene su compromiso de realizar un esfuerzo para que quienes residen en de Igueste de San Andrés, Roque de las Bodegas, Tachero y Almáciga vean reconocidos sus derechos sobre la propiedad.
El Ayuntamiento ya solicitó, cumpliendo con lo dispuesto en la ley, que se reconozca a los cuatro núcleos más afectados por la ley de Costas en la capital la reducción a 20 metros del ancho de la zona de servidumbre de protección. Con los informes que se enviaron se pretende que se apliquen las excepciones previstas en la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley de Costas.

La Cotmac ya reconoció en sendos informes de 2007 que tanto Igueste de San Andrés como Almáciga, Roque de las Bodegas y Tachero contaban con las características de núcleos urbanos consolidados. Los informes municipales también incluyen las referencias a los cuatro núcleos costeros que el planeamiento municipal ha contenido, lo que a juicio del concejal permitiría su inclusión en la vía rápida y una pronta declaración como zonas urbanas.
De no aceptarse lo previsto en la carta del Ayuntamiento, todavía quedará la posibilidad de reconocer el carácter urbano de estos núcleos por la otra vía prevista en la ley, aunque de desarrollo más lento. La diferencia entre las dos vías radica en que en la que ahora está trabajando el Consistorio, sólo basta con una solicitud de declaración de la excepcionalidad, aportando un informe en el que se certifique la delimitación o clasificación como suelo urbano. Sin embargo, en la vía lenta habrá que acreditar que estos núcleos contaban en 1988 con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía  eléctrica, además de otros requisitos referidos a la clasificación del suelo.
El Ayuntamiento recuerda que este paso se podría haber salvado si la ley hubiese previsto la excepcionalidad de Canarias. En esa línea, lamenta que quienes realizaron esta norma no quisieron reconocer las especificidades del Archipiélago, cuando sí lo hacen en el caso de Baleares, con Formentera

 la voz de Tenerife

 

El ayuntamiento de Santiago del Teide obligado a derribar unas obras realizadas sin proyecto de obra ni autorización de Costas

Fumero: "Es lamentable que en la situación actual se tire el dinero público de esta manera. Queremos saber cuánto nos ha costado la nueva metedura de pata de este desgobierno"

 

El gobierno municipal de Santiago del Teide está procediendo a la demolición de las obras comenzadas hace más de tres meses en los bajos de la plaza de Puerto de Santiago. Hay que remarcar que el consistorio comenzó a realizar unas obras de cerramiento de los bajos de la plaza a mitad del mes de agosto anunciando entonces, públicamente, que las obras realizadas consistían en  "la división interna de este amplio espacio que servirá para crear una base para el parking móvil de vehículos municipales, almacenes para el personal y así mismo debido a la demanda existente por parte de las concejalías correspondientes, se dotará de un centro juvenil  y de la sede para la Escuela de Vovinam Viet Vodao municipal".

Ante la perplejidad de los concejales nacionalistas, puesto que la obra no estaba recogida en el anexo de inversiones del presupuesto municipal y se desarrollaban en zona de dominio marítimo terrestre, solicitaron al alcalde, al día siguiente del anuncio, la ficha financiera, el proyecto de obras y la autorización de la demarcación de Costas para la ejecución de esa actuación, temiéndose que ésta fuera otro error de bulto del equipo de gobierno que dirige Juan Gorrín.

Tras tres  meses de espera, el portavoz nacionalista reiteró la solicitud de la documentación de la obra, respondiendo los funcionarios municipales que la documentación solicitada "no existía", confirmándose así las sospechas de los ediles nacionalistas; la obra se estaba ejecutando de espaldas a la legalidad y de una manera totalmente irresponsable.

Tras la intervención de Costas, la pasada semana operarios municipales comenzaban a demoler las obras realizadas retranqueando los muros del sótano de la plaza hasta la delimitación fijada por la administración dependiente del gobierno del Estado.

El portavoz nacionalista, Jonathan Martín Fumero, manifiesta que "es lamentable que en la situación actual se tire el dinero público de esta manera. Queremos saber cuánto nos ha costado la nueva metedura de pata de este desgobierno. En ninguna administración medianamente seria se ejecuta una obra sin ficha financiera, sin la autorización de la administración competente y, lo que es peor, sin proyecto de obras. Estas cosas esperpénticas, lamentablemente, sólo pasan en Santiago del Teide para desgracia de quienes vivimos aquí y soportamos día tras día la incompetencia de nuestros gobernantes".

A pesar de las obras realizadas, todavía permanecen bajo la plaza centenares de neumáticos apilados fuera de uso, incumpliendo todas las normativas de seguridad y medioambientales, convirtiendo ese sótano en un polvorín del que es único responsable el alcalde, a quien se le ha puesto en conocimiento de la situación sin que tome las medidas oportunas para corregir este riesgo.

http://www.universocanario.com/siete-islas/tenerife/obras-ilegales-santiago-del-teide/322391

Costas abre un expediente sancionador a la empresa de hamacas de Flamingo

La multa por la ocupación del dominio público-terrestre sin las autorizaciones puede llegar a los 300.000 euros

 

La Demarcación de Costas de Canarias ha abierto un expediente sancionador a la empresa Flamibeach por la instalación de hamacas, sombrillas, elementos náuticos y la explotación de un chiringuito en la playa de Flamingo en Playa Blanca (Yaiza). Una sanción que está considerada grave dentro de la Ley de Costas al haber ocupado la playa sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre y no haber atendido los distintos requerimientos de la Demarcación de Costas para que cesara su actividad en la playa.

Según la Ley de Costas la multa puede llegar hasta los 300.000 euros siempre que la empresa hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva. De hecho, desde el pasado mes de mayo el Ayuntamiento de Yaiza ya había presentado un escrito a la Demarcación de Costas exigiendo que requiriera "a los actuales explotadores sin título a que deje la playa en su primitivo estado, esto es, sin ningún tipo o elemento de explotación tales como hamacas, sombrillas y elementos naúticos".

Sin embargo, a pesar de los requerimientos del Ayuntamiento la empresa Flamibeach ha continuado con su negocio de alquiler de hamacas y sombrillas.

El jefe de la Demarcación de Costas de Canarias José María Hernández León destaca que el Ayuntamiento cuenta desde el pasado verano con la autorización para la explotación de los servicios de temporada en la playa de Flamingo por lo que no ha tenido ningún tipo de impedimento para sacar a concurso público este servicio turístico.

Flamibeach ha venido alquilando desde al menos el mes de mayo de este ali en torno a 200 hamacas y sombrillas, ocho patines de agua y un pequeño bar sin las autorizaciones pertinentes. Según las estimaciones de empresarios del sector los ingresos mensuales pueden ser superiores a los 70.000 euros dado que la ocupación de las hamacas está en torno al 80% por los excelentes niveles de ocupación turística de la isla desde el pasado verano.

Los representantes de Flamibeach se enfrentán además a una denuncia presentada el pasado 29 de octubre en la Fiscalía por un grupo de empresarios por los supuestos delitos de cohecho, fraude y exacción ilegal. En la denuncia se pide también a la Fiscalía si ha podido existir connivencia de funcionarios del Ayuntamiento y de Costas con la empresa de las hamacas.

En la denuncia se asegura que los escritos presentados desde el pasado mes de julio al Ayuntamien to y a Costas pidiendo que actuarán contra esta empresa "no tuvo ni ha tenido efecto alguno de momento

http://www.laprovincia.es/lanzarote/2013/11/18/costas-abre-expediente-sancionador-empresa/571964.html

 

IGUALITO,IGUALITO, QUE EN CANDELARIA, DONDE EL AYTO SIGUE COBRANDO EL ACCESO AL DOMINIO PUBLICO, SIN TENER AUTIORIZACION PARA ELLO.

CONNIVENCIA ENTRE FUNCIONARIOS O ENTRE ADMINISTRACIONES?

LA LEY ES LA MISMA. LA APLICACIÓN DE LA MISMA ES IGUAL?

Los propietarios del polémico hotel Papagayo Arena, en busca y captura por la trama de la CAM

El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ordenó la detención la semana pasada a cinco ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM, integrada hoy en el Banco Sabadell) dentro de la Operación Mar Nuestro. Les acusa de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, administración fraudulenta y apropiación indebida.
Estos directivos habrían ideado un plan junto con dos empresarios de Benidorm a los que dieron créditos por más de cien millones para comprar hoteles y terrenos en México y el Caribve, operando mediante una sociedad pantalla alojada en Curacao (Antillas Holandesas) para escapar al control del fisco español.

Los empresarios, a los que se acusa de defraudar a Hacienda más de 30 millones de euros, se encuentran fuera de España pero están en busca y captura. Se trata de Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó y son los promotores y propietarios del hotel más polémico de Lanzarote, el Papagayo Arena, de Playa Blanca, que pertenece a la cadena Sandos, la misma que los hoteles comprados con el dinero de la CAM, y que también gestiona el Hotel San Blas en Tenerife.
Ferri y Baldó eran socios de la entidad bancaria a través de la sociedad Valfensal, a la que le concedían los créditos y que hacía, a su vez, las inversiones a través de una sociedad pantalla de Curacao, Jacksonport, que acababa transfiriendo los beneficios a Seabreeze, otra sociedad de Ferri y Baldó. De este modo, la CAM no obtenía ningún beneficio a través de su participación en Valfensal.
Este complejo entramado societario no era nuevo en la manera de hacer negocios de Ferri y Baldó. Basta con ver la estructura de la propiedad del Hotel Papagayo Arena, que consiguió la licencia urbanística a través de la sociedad Explotaciones Hoteleras Nueva Valencia, en la que figura como administrador único Ángel Gómez Navarro.
Sin embargo, el accionariado está repartido en seis sociedades: dos de ellas radicadas precisamente en los Países Bajos (Industrial Waste Management e Interbuilding Investment) y cuatro más (Stonework, Nuevos Proyectos Hoteleros Lanzarote, Promociones Amadorio y Hoteles Costa Mar) que tienen como administradores o accionistas, excepto esta última, a los dos empresarios alicantinos, y tiene participaciones o están participadas entre ellas mismas. Nueva Valencia transmitió su licencia a Papagayo Arena SRL, que es de los mismos accionistas.
Marcado por la polémica
El hotel de cuatro estrellas, enclavado en la Playa de Afe y en el límite del Monumento Natural de Los Ajaches, estuvo marcado por la polémica desde el principio Se llegaron a paralizar las obras de construcción por orden de la Dirección General de Costas porque invadían una parte del dominio público pero se levantó la orden y continuaron hasta construir 747 plazas, que se venden en régimen de todo incluido. La licencia, que está anulada por los tribunales, la concedió el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, en 1998, tres días después de que se presentara su solicitud y sin informe jurídico.
El hotel, además, incumple la normativa del Plan Insular, su propio plan parcial y la autorización turística. Supera el número máximo de plazas que se podían aprobar, incumple la altura y el número de plantas, ocupa 20.000 metros construidos de más e invade una zona verde y un pasillo de acceso a la playa. En resumen: lo que se aprobó no se podía aprobar, pero es que además lo que se construyó no se parece en nada a lo que se aprobó.
En el 2006 el Ministerio de Medio Ambiente inició el expediente de declaración de utilidad pública que debía culminar en la expropiación forzosa del hotel para demolerlo y restaurar el paisaje, pero el proceso no se terminó.
De ex alcalde a ex alcalde
José Francisco Riquelme fue alcalde de la localidad alicantina de Villajoyosa por el PSOE entre 1979 y 1987 y en Lanzarote ejerció como representante de los propietarios del hotel ante el Ayuntamiento de Yaiza para conseguir los permisos necesarios.
El ex alcalde, José Francisco Reyes, para el que la Fiscalía pide 25 años de prisión por conceder decenas de licencias ilegales y al que acusa de prevaricación, cochecho, malversación y blanqueo de capitales le nombró, junto a otros tres empresarios más, como uno de los que le había entregado dinero a cambio de agilizar licencias.
Riquelme declaró en septiembre de 2010 como imputado y negó los hechos, y posteriormente Reyes se desdijo. La Fiscalía acabó por pedir el archivo de las actuaciones contra todos los empresarios nombrados por Reyes.
http://www.diariodelanzarote.com/noticia/los-propietarios-del-pol%C3%A9mico-hotel-papagayo-arena-en-busca-y-captura-por-la-trama-de-la-cam

La piscina de Pedro J. Ramírez en Mallorca es de uso público

El Tribunal Supremo determina que la pileta está en "zona de dominio público marítimo terrestre"

La piscina al borde del mar y ante al chalé que poseen en Mallorca el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez y su mujer, la modista Agatha Ruiz de la Prada, está en zona pública y es de uso público, según dos sentencias del Tribunal Supremo conocidas este jueves. La terraza, escaleras y piscina y muros de mampostería impiden el paso y acceso por el litoral que está privatizado en la práctica. Estas resoluciones del Supremo cierran en la vía contenciosa del largo pleito, paralelo al enfrentamiento público, que contra el editor promovieron los dirigentes de Lobby per la Independencia.

Desde 2003 late la polémica, con manifestaciones, denuncias cruzadas y los pleitos que aún no se han cerrado en el plano penal. Manifestantes del lobby entraron en la piscina en las terrazas del chalé, con incidentes y lesiones leves que llegaron a juicio.

El Supremo rechazó, a la vez, los recursos de casación del activista Jaume Sastre, del editor Ramírez y de la representación de la Administración del Estado sobre una anterior decisión de la Audiencia Nacional: el uso público sigue vivo, las decisiones contrarias de Medio Ambiente se anulan. La concesión no se altera. El lobby celebró como un éxito el pronunciamiento judicial mientras que el propietario de la piscina dijo en su Twitter: “Preferiría que el TS nos diera la razón en todo pero lo esencial es que avala la concesión y señala el camino para adaptarla a la nueva Ley [de Costas ] y en diferentes medios se dijo "razonablemente satisfecho".

La llamada piscina de Pedro J. está ubicada terrenos de la “zona de dominio público marítimo terrestre”, reiteran los magistrados, y se sitúa claramente dentro del dominio público, ratifican. La pileta y las terrazas invaden 350 metros cuadrados de la zona litoral, en la urbanización de lujo de la Costa de los Pinos, en Son Servera, Mallorca. La casa original (la actual es nueva) y la piscina fueron alzadas por su primera propietaria, Giuliana Arioli, que fue esposa del escritor Joaquín Calvo Sotelo.

La Audiencia Nacional determinó en su día que el periodista y su esposa compraron la concesión de la piscina a Arioli, operación que disfrazaron mediante un contrato de gestión. La venta de las concesiones está prohibida. El contrato afectaba a un elemento del dominio público marítimo-terrestre, la concesión la otorgó el Gobierno de José María Aznar en 2001, siendo ministro de Medio Ambiente Jaume Matas. La autorización reconoció el “uso general, público y gratuito” de la piscina.

La propiedad, para garantizar el uso y disfrute veraniego de su solarium y piscina exclusivos, propuso a la Administración que el resto de meses del año estuviera a disposición de los escolares del municipio de Son Servera. Nunca se ejecutó este proyecto de apertura y uso sociales.

Otras piscinas y terrazas de la misma urbanización fueron derribadas por ilegales.

Diferentes miembros de los Gobiernos de José María Aznar del PP y José Luís Rodríguez Zapatero, del PSOE, han intervenido directamente en esta cuestión en ayuda del editor, según miembros de los diferentes Ejecutivos. El periodista reclamó protección y seguridad en Mallorca ante las protestas críticas y por las amenazas terroristas a las que aludió.

En 2007, la dirección general de Costas proyectó un camino litoral en la zona para retomar el uso público en la Costa de los pinos que nunca cuajó. Otras piscinas y terrazas de la misma urbanización fueron derribadas por ilegales

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/14/actualidad/1384465579_467004.html

Costas plantea en Benidorm un nuevo deslinde menos restrictivo y sin derribos

La ribera del mar retrocede desde las fachadas hasta la altura de los paseos marítimos, lo que beneficia a los edificios de Poniente Medio Ambiente descarta demoliciones en la nueva zona de servidumbre pública marítimo-terrestre, muy similar al plan vigente

Un deslinde menos restrictivo y a favor de los afectados, es decir, los propietarios de edificaciones levantadas en la primera línea de playa del Benidorm susceptibles de vulnerar la nueva protección para la zona de dominio público marítimo-terrestre a lo largo de litoral del término del municipal de ciudad, diseñada por el Gobierno.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, presentó ayer a los afectados en el salón de actos del Ayuntamiento, los planos del nuevo deslinde que el organismo plantea para el dominio público marítimo-terrestre de Benidorm . En palabras de un técnico de este departamento, la propuestas «es en un 99% similar a la actual». El técnico señaló que no habrá demoliciones de obras como consecuencia de la aplicación del nuevo deslinde.

La principal novedad de la propuesta del Gobierno es el retranqueo, entre 10 y 15 metros, de la actual línea de la denominada ribera del mar, o sea, el punto máximo al que puede llegar el agua del mar en caso de temporal.

Esa línea estaba fijada en el vigente deslinde a la altura de las fachadas de la primera línea de la playa, pero en el nuevo diseño se ha hecho coincidir con los paseos marítimos, en caso de la playa de Poniente con la pasarela de madera que bordea todo el paseo, construido hace apenas tres años.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benidorm, Vicente Juan Ivorra, del Centro Democrático Liberal (CDL), destacó la importancia de esta decisión de Costas, «porque beneficiará a muchas obras que en la playa de Poniente pudieran estar dentro del vigente zona de protección y que, ahora, al retirarse hacia el mar quedaran fuera», puntualizó el edil.

Ivorra indicó que, en líneas general, el deslinde que plantea Costas «es mucho menos restrictivo que actual».

Junto a los técnicos del Ministerios también estuvieron presentes sus homólogos de la Dirección General de Costas de la Generalitat Valenciana y del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

El expediente de deslinde que ha abierto la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y Mar afecta al tramo del municipio comprendido entre Punta Escalera y el límite con el término municipal de Finestrat.

Sobre las paredes del salón de actos del Consistorio se expusieron los planos comparativos entre el deslinde vigente y el actual. Los funcionarios públicos fueron atendiendo a las reclamaciones de los afectados, que se distribuyeron básicamente en dos bloques: los propietarios de la zona del Rincón de Loix, al final de la playa de Levante, y los de la Cala, en el extremo más oriental de la playa de Poniente.

Los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente estiman que los trabajos para llevar a la práctica el nuevo deslinde en la costa de Benidorm se prolongarán por espacio de un año.

Durante este lapso de tiempo, la actividad de la construcción tampoco cesará por completo en el tramo litoral del municipio. El Ayuntamiento no decretará una suspensión general de licencias de obras por el nuevo deslinde.

La suspensión cautelar de las licencias de obras es de obligado cumplimiento de acuerdo con el reglamento de la Ley Costas, al quedar condicionada la competencia urbanística en beneficio de la protección del dominio público marítimo-terrestre y la defensa del interés general.

Modulación de las licencias

No obstante, el Ayuntamiento no aplicará a las bravas esta posibilidad y, a propuesta del concejal Ivorra, la comisión informativa de Urbanismo ya aprobó las pasadas semanas la concesión de licencias de «manera atemperada y siempre que cuenten con el visto bueno previo de las direcciones generales de Costas del Gobierno y de la Generalitat».

De esta forma, los permisos de obras se estudiarán caso por caso y se podrán otorgar licencias para obras de reparación, mejora, consolidación y modernización y siempre que no impliquen un aumento del volumen, altura ni superficie de las construcciones preexistentes

http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2013/11/15/costas-plantea-benidorm-nuevo-deslinde/1437989.html

Donde la costa ya no es un problema

Su singularidad le valió a Ampuria Brava, en Gerona, regularizar su situación como núcleo, mientras que el mismo argumento falló a la hora de hacerlo con el litoral pontevedrés

.  Agosto del 2004, Loira, Marín. Una manifestación de vecinos portando cruces fue la primera señal de la larga lucha, todavía pendiente de concluir, porque Costas les reconociese su singularidad y rebajase la línea de protección de los cien a los veinte metros. Año 2008, Ampuria Brava, en Gerona, al otro lado de la Península. El Ayuntamiento de Castelló de Empuries y sus vecinos se movilizan para que se les reconozca a los particulares los títulos de propiedad de amarres y la ocupación del dominio marítimo terrestre en 23 kilómetros de canales en un núcleo consolidado. Acababan de descubrir que el Estado tenía derecho a esas parcelas.

Noviembre del 2013. Ampuria Brava ha logrado todas sus aspiraciones y sobre todo la seguridad jurídica reclamada. Medio Ambiente ha reformado la ley y los ha incluido en un anexo con mención expresa. Amarres y fincas en el dominio marítimo terrestre pasarán a manos particulares salvo una franja de servicio de un metro. Al otro lado de España, en Loira, la mitad del núcleo, ya reconocido por Xunta y Estado, ha encajado en el PXOM y la línea se ha rebajado a los veinte metros., liberando a bastantes viviendas de las restricciones urbanísticas que imponía Costas. Pero todavía la mitad del núcleo, así como los de A Teoira, Casás y parte de Aguete, mantienen la franja de l00 metros, pendientes de que Costas acepte su preexistencia antes de 1988 con los servicios adecuados.

Comparaciones

La gallega, fruto de una forma de poblar durante siglos, y la catalana, una marina de 5.700 amarres que data de 1967, son dos realidades distintas, pero afectadas por la misma ley estatal. En los dos casos se apeló a la singularidad de sus circunstancias, pero en uno las reivindicaciones vecinales tuvieron éxito y en el otro no. La cuestión es por qué.

En el caso marinense, los afectados han hecho bandera muchas veces de la situación del Mediterráneo, con torres al pie de la playa, contrastándola con la de las rías de Pontevedra y Arousa, donde los núcleos son tradicionales, con casas unifamiliares. No entienden por qué, salvando las diferentes normativas autonómicas, el Estado les trata tan diferente a unos y a otros.

En Ardán, por ejemplo, muchos vecinos pueden enseñar a los visitantes los dinteles de los portales, con fechas tan lejanas como la década del 1840. Allí, esculpido en piedra del país, se refleja la preexistencia de su núcleo mucho antes de 1988. En Ampuria Brava, o en la también cercana marina de Santa Margarida (Roses), no se ve nada anterior al bum urbanístico de los años sesenta del siglo XX.

La singularidad ganó en el caso catalán, según admiten tanto sus concellos como el Estado, con el ingrediente a mayores de que se trata no ya de una ocupación de los cien metros como en las rías gallegas, sino del dominio público marítimo terrestre.

Peso de los extranjeros

Para catalanes como el alcalde de Castelló de Empuries, el municipio donde está Ampuria Brava, su caso no es comparable con nada en España, aludiendo a que se trata de marinas interiores, aunque los canales den al mar. Para los gallegos, permanece la duda sobre el hecho diferencial porque tan propio es para la Costa Brava una marina como para la ría de Pontevedra un núcleo de litoral.

En ambos casos, las reivindicaciones vecinales contaron con los apoyos de los concellos y de las comunidades autónomas. Al hecho singular, sin embargo, se suma en el caso de Ampuria Brava una circunstancia que no se dio en las rías pontevedresa ni arousana. Entre los afectados en el litoral catalán hay una importante presencia de extranjeros -alemanes y franceses sobre todo-. Es un factor a tener en cuenta y no pequeño.

Organizados también en asociaciones y con mayor experiencia a la hora de llamar a la puerta de las instituciones europeas, los residentes extranjeros actuaron como grupo de presión ante los eurodiputados en el Parlamento Europeo de Estrasburgo y después ante Bruselas. Quizás aquí esté una de las claves de su éxito, una cuestión que se comenta abiertamente en los lugares afectados. La UE, una de las instituciones a las que los gallegos no acudieron o que no tuvo peso en su negociación con Costas, sí la tuvo en el caso del litoral gerundense. Y otro factor a mayores, la economía. En la Costa Brava, estaban en juego inversiones infinitamente más cuantiosas que las del litoral pontevedrés.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/11/10/costa-problema/0003_201311P10C8991.htm

El TS acepta un recurso contra el deslinde de El Saler para dirimir si se ciñe a las dunas

Devuelve el caso a la Audiencia Nacional para que investigue si se trata de "cordón dunar" o de "depósito de materiales sueltos"

El Tribunal Supremo (TS) ha estimado un recurso contra el deslinde realizado en una amplia franja litoral de El Saler y ha devuelto la causa a la Audiencia Nacional, que ahora deberá pedir a las partes -propietarios y Ministerio de Medio Ambiente- que se pronuncien sobre la naturaleza de los terrenos en litigio -si es un cordón dunar o no-para posteriormente tomar una decisión definitiva.

El deslinde al que hace referencia el fallo del Supremo lo realizó el anterior Gobierno Socialista en el año 2008 y afecta a una franja de litoral de 3.900 metros de longitud entre el Camino de la Rambla y la Gola de Pujol, en el entorno de El Saler. Esa delimitación del dominio público marítimo terrestre llega en algunos casos hasta 500 metros tierra adentro, por lo que la totalidad de los terrenos afectados supera los 400.000 metros cuadrados, con el agravante de que dentro de este espacio hay construcciones como el hotel Sidi-Saler o la urbanización Casbah, que pasarían de ser propiedad a ser concesión sometida a los criterios de la administración.

Precisamente, ese deslinde fue duramente criticado por los afectados y también por el Ayuntamiento de Valencia, que es el propietario de los terrenos desde el año 1911.

Su recurso, sin embargo, no fue aceptado por la Audiencia Nacional, que en julio de 2010 confirmó esos deslindes con la excepción de dos parcelas de 80.000 metros cuadrados que hay en los extremos del tramo en litigio. Los 400.000 metros restantes siguen siendo dominio marítimo terrestre, incluidas las propiedades antes mencionadas. De ahí que esos propietarios hayan recurrido en casación al Supremo y uno de ellos, la mercantil Miratres S. L., haya conseguido este éxito momentáneo, ya que la decisión final está por venir.

Según la sentencia del TS, en este proceso hay tres conceptos científicos a tener en cuenta. El Ministerio de Medio Ambiente justificó el deslinde alegando que se trata de un "cordón dunar" que la Ley de Costas incluye en el dominio público marítimo terrestre.

Los propietarios, por contra, entienden que se trata de "terrenos forestales", en concreto "una restinga forestal, manga, cordón litoral o barra de separación entre la Albufera de Valencia y el mar perteneciente al monte denominado Dehesa de la Albufera".

Y durante el proceso y también en la sentencia se consideró que parte de estos terrenos puede que no sean dunas, sino "depósitos de materiales sueltos depositados por la acción del mar o los vientos marinos".

La tercera opción

Pues bien, esa tercera opción es la que ha terminado siendo la base del fallo. Para la Abogacía del Estado no es importante que se trate de un cordón dunar o de un depósito de materiales sueltos, pues ambos casos están considerados dominio público marítimo terrestre en la Ley de Costas.

Los recurrentes, sin embargo, no entienden que no se dé trascendencia jurídica a esta nueva teoría cuando "la catalogación de los terrenos como dunares se erige como único fundamento de la orden aprobatoria del deslinde y dio lugar a su inclusión en el dominio público marítimo terrestre".

Es más, creen que "si la sala no considera suficientemente acreditado que dichos terrenos tienen la consideración científica de cordón dunar (y no lo hace porque no lo asegura), debería haber estimado el recurso contencioso administrativo anulando el deslinde practicado y ordenando, en su caso, la práctica de uno nuevo que confirmara esta tesis de los materiales sueltos".

En su recurso de casación, los propietarios enumeran varios argumentos más, pero la sala del Supremo se queda con éste por considerarlo suficiente para estimar el recurso. "La delimitación del dominio público contenido en la orden aprobatoria del deslinde se justifica -dice- en un criterio particular y específico, a saber, que los terrenos objeto de examen pertenecían a un sistema dunar y no a que se tratase de una zona de depósitos de materiales sueltos".

Y aunque los informes delimitan claramente lo que es una cosa y otra y ambos están protegidos por la Ley de Costas, el Supremo recuerda que "el carácter científico de los dictámenes no excluye su valoración por los tribunales en el sentido de que éstos han de otorgarles en todo caso un grado de confirmación".

Así pues, la sala de lo contencioso acepta el recurso y ordena "reponer las actuaciones a fin de que la sala de instancia -la Audiencia Nacional- confiera traslado a las partes para que aleguen cuanto estimen conveniente sobre la posible pertenencia de los terrenos litigiosos al dominio público marítimo terrestre por tratarse de una zona de materiales sueltos". A continuación y "salvo que sea precisa la práctica de diligencia finales", se dictará sentencia "con libertad de criterio".

Con este fallo, el Supremo resuelve un recurso de los afectados, pero hay varios más que van en la misma dirección pero que no han sido acumulados en un único procedimiento. De ahí que ya se haya resuelto alguno en contra y que estén pendientes al menos dos más

http://www.levante-emv.com/valencia/2013/11/07/ts-acepta-recurso-deslinde-saler/1048600.html

No es broma, el PSOE pregunta por la afección de la Ley de Costas en Guadalajara

¿Qué se puede pensar de los políticos cuando uno se topa con que un grupo de diputados se interesa por la afección de la Ley de Costas en la provincia de Guadalajara? No es broma. Ha ocurrido en realidad. En casos como estos, lo mejor es trasladar literalmente el contenido de la pregunta para que todo el mundo lo pueda comprobar.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

¿Cuántas concesiones que amparen ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, existen en la provincia de Guadalajara?

¿Cuántas concesiones que amparen ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, existentes en la provincia de Guadalajara serán susceptibles de prórroga según la reforma de la Ley de Costas actualmente en trámite parlamentario?

¿Cuántas construcciones o instalaciones tienen concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre o se encuentran en la servidumbre de protección en la provincia de Guadalajara?

¿Cuántas construcciones o instalaciones sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas han sido legalizadas por razones de interés público en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en la provincia de Guadalajara?

¿Cuántas construcciones o instalaciones situadas en dominio público marítimo-terrestre sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas tiene constancia que existen en la provincia de Guadalajara?

¿Cuántas obras e instalaciones sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas vigente han sido demolidas en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en la provincia de Guadalajara?

¿Cuántas construcciones o instalaciones sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas en vigor, situadas en dominio público marítimo-terrestre en la provincia de Guadalajara, podrán ser legalizadas con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Costas actualmente en trámite parlamentario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—José Luis Ábalos Meco y Magdalena Valerio Cordero, Diputados.

Y a una pregunta de tal calibre, una respuesta a la altura

RESPUESTA

Como Su Señoría sabe, Guadalajara es una provincia de interior que se encuentra a más de 300 kilómetros del mar y en la que, en consecuencia, no existe zona de Dominio Público Marítimo Terrestre ni, tampoco, concesiones que amparen ocupaciones de dicho Dominio Público.

Madrid, 2 de septiembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

http://www.inmodiario.com/169/17925/broma-psoe-pregunta-afeccion-costas.html

LO BUENO HUBIERA SIDO QUE EL MINISTERIO LE CONTESTARÁ CON DATOS,,,,, QUE CAPACES SON,...

Bruselas da un nuevo tirón de orejas a las leyes españolas de costas

Una resolución del Parlamento Europeo remarca la "indefensión" que sufren los propietarios de dos edificaciones de Bizkaia; los molinos Portu Errota y Arbina

La Ley de Costas de 1988 no contentó a ecologistas ni propietarios. Su renovada versión, alumbrada en marzo de ese año por el Gobierno español, ha tenido igual efecto. La torticera aplicación de una normativa que nació con el objetivo de preservar las costas españolas del ladrillo -propósito no cumplido, además- en forma de sucesivos deslindes sigue siendo motivo de conflictos. Con un descontento generalizado en ambas partes, esas normativas han recibido serios varapalos del Parlamento Europeo. El primero fue el Informe Auken, de 2009, al que recientemente le ha seguido otra recomendación de Bruselas para mejorar la inseguridad jurídica que está generando, sobre todo, a los ciudadanos que han perdido los derechos sobre sus inmuebles situados dentro del dominio público marítimo-terrestre por concesiones temporales. La costa vizcaina tiene dos casos ejemplarizantes a este respecto: el de los molinos Portu Errota, en Gautegiz Arteaga, y Arbina, en Gatika.

Analizados ambos casos, junto a otras 60 situaciones en el litoral del Estado español, la Eurocámara ha emitido recientemente una orden directa a la Comisión Europea para que investigue "si esta nueva legislación -aprobada en por el Gobierno de Rajoy en mayo- se ajusta al derecho europeo". Lo ha hecho después de que una delegación de europarlamentarios visitara el Estado en marzo para conocer la posición de las autoridades, los afectados y las organizaciones conservacionistas y emitiera un crítico informe con 19 recomendaciones -no vinculantes, eso sí- de cara a mejorar una normativa que, pese a su revisión, entra de lleno en una de las reclamaciones de los propietarios de viviendas que, situadas en dominio público marítimo-terrestre, han visto cómo perdían su titularidad a favor de una concesión de uso de hasta 75 años, según la remozada ley, sin opción a una compensación económica que ellos consideran justa.

De facto

"Ejecuta confiscaciones de facto", argumentan los representantes en el País Vasco de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC). "Las concesiones no son ninguna indemnización", aluden haciendo una clara lectura del último informe europeo: "lo que pide al España es que deje de confiscar propiedades legítimas anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Costas". Es más, "supone un serio varapalo" al Gobierno del PP ya que la nueva normativa "vulnera el derecho fundamental a la propiedad y no ha seguido las directrices que el Parlamento Europeo le instó en su día el informe Auken", que denunciaba "la retroactividad en su aplicación y la violación del derecho fundamental a la propiedad", inciden. Es decir, "la modificación de la ley no ha resuelto ningún problema".

"Resulta deplorable que no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica con respecto a los derechos de propiedad", además del hecho de que "en su caso, la línea de demarcación pueda revisarse cada vez que se produce un cambio en la línea de la costa -debido a la erosión costera o la construcción de un nuevo puerto deportivo, por ejemplo- genera una inseguridad adicional, pues lo que es legal hoy podría dejar de serlo mañana" certifica el informe del grupo de trabajo liderado por la eurodiputada liberal austriaca Angelika Werthmann, que ha emitido unas recomendaciones no vinculantes destinadas a mejorar una normativa española que, a miles de kilómetros de los que se cuece en el hemiciclo de Bruselas tiene dos víctimas en Bizkaia.

El caso más conocido es el del molino de mareas de Portu Errota, en Urdaibai. "A siete kilómetros de la línea del mar", indica Jon de Iturribarria, asegura que su edificación -que data del siglo XVII protegida por la ley de patrimonio- le ha sido quitada mediante "una confiscación, que no una expropiación. Esto es, no he recibido ninguna compensación económica por la pérdida de los legítimos derechos de la propiedad mía y de mi familia", asegura. Con una larga batalla judicial a cuestas, Europa sigue siendo la última estación de su lucha. En una parecida situación está el molino Arbina, construido en el año 1506 en Gatika y escriturado por una familia en 1985 -tres años antes de entrar en vigor la ley de Costas elaborada por el PSOE-, pero sobre el que actualmente pesa un usufructo como compensación tras deslindes posteriores que incluyeron la propiedad en dominio publico maritimo-terrestre, según refleja el informe Werthmann.

El informe Werthmann, precisamente, alerta sobre estas situaciones. Entre otros preceptos, solicita a las autoridades españolas que apliquen "un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación", además de reclamar "una moratoria o paralización de todos los casos pendientes ante los tribunales" sobre viviendas en zonas costeras que puedan ser "objeto de una modificación de la línea de demarcación para salvar del derribo aquellos edificios que después podrían quedar fuera del terreno público". Y es que, pese al "esfuerzo" realizado desde el Gobierno español aprobando una nueva legislación, estima que "la protección de la zona costera española y de las propiedades en ella asentadas ha de basarse en un equilibrio proporcional entre intereses jurídicamente protegidos".

"El derecho de propiedad, en estos casos, pasa a tener una fecha de caducidad. Y a un precio vergonzoso. No se respetan los títulos legítimos", detalla Jon Iturribarria sobre una práctica de las administraciones estatales que, según alude, "se resume con un a palabra de seis letras: estafa. En Urdaibai, por ejemplo, la muchos vecinos de Murueta, Gautegiz Arteaga, Kortezubi o Forua compraron en el siglo XIX terrenos a la administración de entonces. Pero ahora es la administración la que no les reconoce sus títulos de propiedad. Dos millones de metros cuadrados de terreno han sido confiscados", agrega. No obstante, los denunciantes -desde AEPLC aseguran que son más de 20.000 personas afectadas- continuarán mirando a Bruselas para obtener unas respuestas a las reclamaciones que no encuentran en Madrid.

http://www.deia.com/2013/10/28/sociedad/euskadi/bruselas-da-un-nuevo-tiron-de-orejas-a-las-leyes-espanolas-de-costas

140.000 casas podrán acogerse a la amnistía de obras de la Ley de Costas

Medio Ambiente eleva en 15.000 viviendas la estimación de posibles beneficiarios

900 hoteles pueden tramitar una remodelación de sus instalaciones

La nueva Ley de Costas puede acabar teniendo más beneficiados de los que se esperaban y, en consecuencia, un mayor impacto en el litoral español. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, estima que unas 140.000 viviendas del litoral están situadas en zona de servidumbre —una especie de segunda línea de playa de las infracciones urbanísticas— por lo que podrían acogerse a una reducción de 100 a 20 metros de esta zona de protección, y pasar de estar sometidas a controles rigurosos para hacer obras, a tener vía libre para construir si cuentan con los permisos de sus Ayuntamientos o comunidades.

El Gobierno no ha reforzado el equipo que debe responder las peticiones

El cálculo ha subido en 15.000 construcciones desde mayo, cuando se aprobó la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litorial, que modifica la Ley de Costas de 1988. Entonces se decía que en esa zona de protección había unas 125.000 edificaciones. “Ha aumentado porque faltaban algunos datos por recabar”, (LA REALIDAD ES QUE NO TIENEN NI IDEA DE CUANTAS PROPIEDADES AFECTADAS EXISTEN)explica un portavoz del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las comunidades autónomas han redondeado la cifra, aseguran, ya que de ellas depende el control de las construcciones situadas en zona de servidumbre. Con todo, el Gobierno subraya que estas 140.000 viviendas no terminarán beneficiándose de la reducción de protección, sino que la medida tendrá un alcance “muy limitado”. Medio Ambiente siempre ha insistido en que no se permitirá aumentar el volumen, ni la altura, ni la superficie de las construcciones existentes. Esos controles quedarán en manos de los municipios y las comunidades, algo que ha hecho que muchos expertos recelen de que se aproveche para rellenar de cemento el poco hueco que queda en el litoral español.

Con esta medida, introducida cuando la ley estaba en el Senado, el Gobierno pretendía responder a las reclamaciones de Canarias y Galicia. Afectaría a núcleos de población preexistentes a la Ley de Costas de 1988, que no tenían calificación de suelo urbano entonces, pero cumplían con algunos de los requisitos que ahora se contemplan. Para beneficiarse, los propietarios de las casas deben acreditar que sus construcciones cumplían en esa fecha uno de los siguientes requisitos: tener acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. O bien, estar “en áreas consolidadas por la edificación, al menos en un tercio de su superficie”.

18 meses de silencio administrativo implican autorizar las reformas

Los Ayuntamientos tenían hasta finales de agosto para recabar toda esta documentación y presentarla al Ministerio. El secretario de Estado alegó el jueves en el Senado que todavía no cuentan con datos globales de los núcleos que lo han tramitado. Tras una pregunta del senador Miguel Fidalgo, del PSOE, Ramos aseguró que todavía tienen que llegar las solicitudes y estudiar caso por caso. “Es un trabajo que se está elaborando en estos momentos”, explicó.

El senador socialista mostró su inquietud por los equipos con los que cuenta la secretaría de Estado de Medio Ambiente para estudiar todas estas peticiones, ya que la nueva Ley de Costas da un plazo de 18 meses para resolverlas y contempla el silencio administrativo como una aprobación de las solicitudes. “La administración trabaja con los equipos que tiene la dirección general de Costas y con las distintas demarcaciones que tiene por todas las provincias del litoral”, comentó el secretario de Estado.

Los expertos temen que se aproveche la medida para añadir cemento al litoral

El trabajo de Medio Ambiente es ingente. Quieren tener listo para finales de año o inicios del 2014 el reglamento que desarrolle la Ley de Costas. Entre otros aspectos, se desarrollarán los criterios para conceder concesiones administrativas a las viviendas más cercanas al mar, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.

El Gobierno ha vuelto a presentar de forma general el número total de afectados por el cambio legislativo. En cifras totales, habló de 12.800 viviendas regularizadas en dominio público, prácticamente metidas en la playa, y cuyas concesiones administrativas se pueden prolongar hasta 75 años y vender o legar. La amnistía de los 12 núcleos costeros salvará otras 3.400 viviendas que también se enfrentaban a la piqueta. También pegados al mar hay otros 3.000 restaurantes y chiringuitos, 1.700 industrias y 100 hoteles que también podrán seguir trabajando.

El Constitucional ha admitido tres recursos contra la norma

En la segunda línea, la denominada zona de servidumbre de protección, están las 140.000 construcciones citadas y unos 900 hoteles que, si pasan los filtros impuestos, podrán renovarse haciendo obras. “Son cifras muy altas que merecían una respuesta y dar seguridad jurídica, dado que el limbo jurídico en el que estaban, o la falta de respuesta de la administración no beneficiaba a nadie, ni protegía el medio ambiente ni tampoco protegía a ellos”, comentó el secretario de Estado.

La ley ha sido muy criticada por la oposición, que ve en ella una nueva oportunidad para enladrillar la costa. Se han presentado cinco recursos ante el Tribunal Constitucional contra ella. El alto tribunal ha admitido a trámite los presentados por Andalucía, Canarias, Asturias y el PSOE, pero no se ha pronunciado todavía sobre los tramitados por el País Vasco y Cataluña.

Entre la protección de la costa y la de los propietarios

La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, aprobada el 29 de mayo, amplía hasta 75 años las concesiones administrativas de viviendas o negocios a pie de costa que debían ser devueltas al Estado en 2018, regulariza hasta 12.800 viviendas en dominio público, casi metidas en el mar, o abre la posibilidad de otras construcciones situadas en la zona de servidumbre de protección o hagan obras, algo hasta ahora muy controlado.

La oposición y los ecologistas la han criticado duramente por desproteger el litoral, justo lo contrario de lo que presume su título. El Gobierno defiende que refuerza la protección de la costa y al tiempo aporta seguridad jurídica a los que se relacionan con el litoral. Destaca otros aspectos como la exigencia de un informe medioambiental de las comunidades cuando exista un ámbito industrial potencialmente contaminante, o cláusulas, como la anti-Algarrobico, con las que el Estado se reserva la potestad de suspender licencias urbanísticas que atenten contra la protección del litoral.

La norma contempla soluciones ideadas para dar respuesta a numerosas quejas de ciudadanos extranjeros que adquirieron sus viviendas en primerísima línea de playa y que se sentían perjudicados por la anterior Ley de Costas, aprobada en 1988 por un Gobierno socialista, y que les privó de su propiedad privada. “Evita el llamado efecto 2018”, puntualiza Ramos. Prorroga hasta 75 años la concesión de 1.108 viviendas que habrían pasado a manos del Estado dentro de cinco años. En esa fecha se cumplían los 30 años del permiso administrativo fijado por la ley de 1988. A esta prórroga también se pueden acoger otros 96 hoteles, 211 industrias incluidas salinas y establecimientos de cultivos marinos, además de 89 restaurantes y chiringuitos, que también habrían tenido que entregar las llaves en esta fecha. Todos seguirán operando a cambio de un canon que justifique la ocupación de dominio público.

El PSOE critica que las concesiones se hagan infinitas. “Algo que es público se le da a un particular para que lo pueda transmitir a otros hasta 75 años”, critica el senador Miguel Fidalgo. Creen que el Gobierno busca solucionar la vida a negocios muy destacados como la papelera Ence, las eléctricas, los grupos hoteleros y otra serie de propietarios.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/25/actualidad/1382729888_740242.html

El reglamento de la Ley de Costas estará listo a final de año, según Medio Ambiente

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha señalado que está trabajando en el borrador del reglamento que desarrolla la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988 y que prevé que esté listo a finales de este año o, a más tardar, a principios de 2014.

En declaraciones a los medios al término de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, Ramos ha apuntado que está "muy avanzado" por lo que estará en diciembre o en enero. Una vez se conozca, se teme "otra vez la bronca por pretender ordenar el desorden", aunque ha recordado que un reglamento no puede ir más allá de la ley.

En este sentido, ha augurado que no va a haber muchas sorpresas y ha añadido que a veces en la definición concreta hay expectativas no colmadas, pero ha recordado que las competencias urbanísticas corresponden a los municipios mientras que las de defensa del litoral son estatales y considera que en 1988 el legislador debería haber establecido un régimen transitorio para los municipios que tuvieran en marcha sus planes de ordenación urbana.

Además, Ramos ha defendido que el Gobierno no pretende menoscabar la protección del litoral sino ordenar y aclarar la situación. Por eso, ha asegurado que la ley pone la "foto fija" en 1988, de modo que "sin construir nada nuevo" se ofrece a estos municipios la posibilidad de que se ordenen porque, a su juicio, es "estúpido", seguir pensando que 25 años después esos suelos son rústicos y "seguir manteniendo la ficción de que ahí no hay nada". "Nadie los ha querido tirar, nosotros queremos ordenarlos", ha apostillado.

Asimismo, en respuesta a la pregunta del senador del grupo parlamentario socialista Miguel Fidalgo al número de industrias, instalaciones hoteleras y otras instalaciones que el Gobierno prevé que se beneficiarán de la "rebaja" en la protección con la modificación de la Ley de Costas, el secretario de Estado ha reiterado que la nueva ley no reduce "un ápice" la protección de la costa, sino que se otorga mayor seguridad jurídica a quienes se relacionan con el litoral.

Concretamente, ha defendido que se ha buscado una "solución equilibrada" entre la protección de la costa y la protección de las personas y su patrimonio y ha agregado que con la ley aprobada el pasado mes de mayo se evita el "efecto 2018", es decir, la extinción de las concesiones que sustituyen desde 1988 a la propiedad privada sobre el dominio público.

El secretario de Estado ha dicho que con el nuevo marco se podrán acoger los titulares de estas concesiones a cambio de un canon que justifique la ocupación del dominio público y pasar de 30 años prorrogables a 60 hasta un total de 75 años de concesión, de acuerdo con los plazos que fija la ley general.

Concretamente, ha dicho que esto afecta, "en principio", a 96 hoteles, 211 industrias incluidas, 89 restaurantes y chiringuitos, 1.108 viviendas.

Mientras, las construcciones, edificaciones e instalaciones afectadas por la nueva regulación asciende a 12.800 viviendas ubicadas en el dominio público marítimo terrestre y 140.000 en zona de servidumbre de protección. Al mismo tiempo, ha agregado que hay 3.000 restaurantes y chiringuitos en dominio público marítimo terrestre, algo más de 100 hoteles en dominio público marítimo terrestre y unos 900 en la zona de servidumbre de protección así como 1.700 industrias en el dominio público marítimo terrestre.

Finalmente, sobre el número de núcleos con zonas en tramos que aspiran a ser regulados, ha dicho que "ahora mismo no es posible precisar" el total porque es necesario que lleguen las solicitudes y estudiar caso a caso. En España hay un total de 800 municipios en el litoral.

http://noticias.lainformacion.com/politica/vivienda-y-planificacion-urbana/el-reglamento-de-la-ley-de-costas-estara-listo-a-final-de-ano-segun-medio-ambiente_g03Fs9VYXL2f60aS6MaBM6/