El mismo juez que ahora ve legal El Algarrobico declaró el terreno no urbanizable en 2010

Las asociaciones contrarias a la construcción del polémico hotel en el paraje de El Algarrobico han presentado otra querella por presunta prevaricación contra los jueces que sorprendieron con las dos últimas sentencias que avalan la legalidad de la obra y contradicen todas las resoluciones anteriores. Uno de esos magistrados dictaminó en 2010 lo contrario de lo que firma ahora: es espacio natural protegido no urbanizable.

 

Tras casi una década de batalla legal, las últimas resoluciones sobre El Algarrobico han virado de forma inesperada contradiciendo a la veintena de sentencias contrarias a la construcción del hotel de Azata del Sol S.L. en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). La Asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense y Ecologistas en Acción han formalizado esta semana otra querella ante el Tribunal Supremo por presunta prevaricación contra los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que firmaron la sentencia del pasado 29 de julio que declaraba legal la licencia de obras del hotel concedida en 2003. Rafael Toledano Cantero, María Torres Donaire y Jorge Muñoz Cortés son los mismos jueces que meses antes dictaminaron que el suelo del paraje, anteriormente calificado como espacio protegido, es ahora urbanizable, decisión por la que la organización en defensa del litoral almeriense interpuso una primera denuncia a finales de marzo. 

Este giro de la justicia resulta aún más llamativo al comprobar que uno de esos tres magistrados, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, Rafael Toledano, es uno de los cuatro jueces que firmaron el auto de 28 de octubre de 2010 en el que se determina la protección del parque (C1) y se establece que "ninguna actuación urbanística puede ser acordada o autorizada en la zona".

El radical cambio de criterio del juez resulta sorprendente, dado que todas las resoluciones anteriores señalaban la construcción como irregular, incluida la que firmó él mismo

En su recurso de súplica, explica el auto, el Ayuntamiento de Carboneras pretendía hacer valer unos planos que encajaban el sector ST-1 conocido como El Algarrobico en una zona de suelo urbanizable denominada D2. Sin embargo, la Sala acordó la suspensión del Decreto 37/08 de 5 de febrero obligando a otorgar al paraje el mismo nivel de protección del que gozaba en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 1994, es decir, "espacio natural protegido no urbanizable".

 

El curioso y radical cambio de criterio del juez resulta sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que todas las resoluciones anteriores señalaban la construcción como irregular, incluida la que firmó él mismo. Los dos últimos fallos eliminaban los obstáculos para continuar la obra, paralizada desde 2006, por lo que el revuelo fue monumental. Al conocerse que tales sentencias avalaban la legalidad de este mastodonte ubicado a apenas 20 metros del mar, las asociaciones conservacionistas criticaron que los jueces hicieran prevalecer el planteamiento urbanístico sobre las normas del parque.

Según argumentan, "nunca puede ser legal una licencia de obras concedida en espacio protegido e invadiendo la servidumbre de protección". Creen que los magistrados "conocían" al dictar sentencia que el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones "vulneraba la Ley de Costas" según tres sentencias en firme del Supremo que se adjuntaron a los autos y concluyen que el Plan Parcial aprobado por el Ayuntamiento de Carboneras para el sector ST-1 "debió de adaptarse a los 100 metros de servidumbre de protección". Se da la circunstancia, además, de que este caso se ha tramitado en la Sección Primera durante cinco años, dado que se trata de un asunto relacionado con el medio ambiente, pero la última parte ha pasado a la Sección Tercera.

Piden su salida del TSJA

Tanto Rafael Toledano como Jorge Muñoz Cortés han solicitado su salida del TSJA. El primero ha pedido ocupar una plaza en la sala Tercera del Tribunal Supremo, vacante a la que aspiran ocho magistrados. Por su parte Muñoz Cortés, hasta ahora miembro de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, ha sido declarado por el Consejo General del Poder Judicial en situación administrativa de excedencia voluntaria.

El juez Toledano aspira a ocupar una plaza vacante en el Tribunal Supremo, algo que las asociaciones anti-Algarrobico quieren evitar para que no influya en los recursos pendientes

Aún quedan recursos pendientes y Salvemos Mojácar no quiere ver a Toledano en el Supremo porque temen que "consiga legalizarlo todo", según explica a Vozpópuli el presidente del colectivo, Jaime del Val. La asociación ha presentado además un escrito en el registro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se ha dirigido por carta a su presidente pidiéndole que no conceda esa plaza al magistrado "porque en ese caso el embrollo judicial del hotel de El Algarrobico se podría complicar aún más".

A todo esto, la Junta de Andalucía decidió recientemente ejercer su derecho de retracto e inscribir los terrenos a su nombre con la intención de derribar el hotel. Sin embargo, para la asociación almeriense la demolición anunciada por el Gobierno regional "sería una sorpresa". Sospechan que haya sido un anuncio únicamente para contentar a la opinión pública y la Junta, a la que acusan de haber torpedeado el proceso legal contra El Algarrobico, deje morir la idea y decida esperar a que se resuelvan todos los pleitos en curso, lo que puede llevar años.

Cabe recordar que fue el propio Gobierno andaluz quien en 1997 modificó la planimetría para calificar la zona como área urbanizable (D2), un proceso calificado años más tarde como dudoso por el propio TSJA, que se encargó de imponer la calificación de "espacio natural protegido".

http://vozpopuli.com/actualidad/48942-el-mismo-juez-que-ahora-ve-legal-el-algarrobico-declaro-el-terreno-no-urbanizable-en-2010

El Estado sigue sin publicar la orden para regular las casas excluidas del dominio público en Moaña

El Ministerio de Medio Ambiente continúa en la fase de respuesta de alegaciones para aprobar de forma definitiva el Reglamento que desarrolle la nueva ley »Los vecinos esperan a inscribir sus casas en el Registro

La zona del paseo con la carpintería de ribeira.

Los vecinos de Moaña cuyas viviendas estaban afectadas, incluso con amenaza de derribo, por la Ley de Costas de 1988 y que se beneficiaron de la modificación aprobada en 2013 al figurar Moaña entre los 12 municipios de España con núcleos excluidos del dominio público, siguen todavía sin poder regularizar sus casas e inscribirlas en el Registro de la Propiedad. El Ministerio de Medio Ambiente todavía no ha aprobado la orden ministerial que anunció para resolver las situaciones particulares de los municipios excluidos del dominio público. La intención era sacar esa orden una vez esté aprobado de forma definitiva el reglamento que desarrolla la nueva Ley de Costas y la previsión era hacerlo si no antes de las vacaciones de agosto, en los primeros días tras la vuelta de las fiestas estivales. Pero ayer el Ministerio de Medio Ambiente no podía precisar una fecha para la aprobación de este reglamento, que se expuso al público en marzo pasado, y que en estos momentos está en fase de respuesta de las alegaciones presentadas desde diferentes colectivos y ayuntamientos.

Hay que recordar que el PSOE también recurrió ante el Tribunal Constitucional la aprobación de la modificación de la Ley de Costas y quizás haya miedo a cómo se resuelve dicho recurso, por eso que se trabaja con cautela. En medio de esto también se produjo la marcha del ministro Arias Cañete a Bruselas y su sustitución por Isabel García Tejerina. En el caso de Moaña, hay que recordar que el alcalde, José Fervenza, tenía prácticamente hilo directo con el hoy exministro, que estuvo varias veces de visita en el municipio, antes de ser nombrado ministro. Fervenza siempre destacó la intermediación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para resolver el conflicto que la Ley de Costas generaba en el municipio, y decía que recorrió casa a casa.

El secretario de la Asociación de vecinos afectados, Pedro Delgado, asegura que la indicación que dan a sus asociados es que sigan a la espera de una resolución definitiva, que la modificación está aprobada y que en este sentido hay que estar tranquilos, si bien reconoce que esa resolución va despacio. De todas formas, asegura que el reflejo de que la modificación esté aprobada son las licencias de rehabilitación de viviendas que se han concedido, como la de una casa junto al emblemático edificio Salitre, emblema de la lucha contra la Ley de Costas. La treintena de propietarios de los pisos vivían con la amenaza de la piqueta.

Es curioso también ver en el conocido como edificio Arenas, afectado por la Ley de Costas, cómo ahora luce un cartel de alquiler del bajo, en el que se anuncia que cuenta con proyecto de reforma "e permiso de Costas do Estado" para café, bar, restaurante.

Como Moaña están pendientes de la orden ministerial los restantes 11 municipios en donde se aprobaron la exclusión de zonas del dominio público como Serra Grossa, en Alicante; Puerto de Santa Pola, poblado marítimo de Xilxes, en Castellón; Empuriabrava, en Castelló dÈmpuries (Gerona), Playa de Aro, Punta Umbría (Huelva), Caño del Cepo y casco urbano de isla Cristina (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (valencia). Sin embargo, el 9 de julio, el ministerio de Medio Ambiente aprobaba una orden ministerial que excluía del domino público la parcela del Hotel Robinson, en Fuerteventura

http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2014/09/05/sigue-publicar-orden-regular-casas/1087838.html

El jefe que hizo su ley de Costas

El ingeniero Antonio Garau ha estado décadas en la sala de máquinas del sistema familiar en red de Baleares SA

 

El ingeniero Antonio Garau Mulet ha estado en la sala de máquinas del sistema familiar de Baleares SA. Ha sido un tapado aunque goza del privilegio de tener (en vida) calles en homenaje, a su nombre. Garau (Inca, 1928) organizó su régimen; controló absolutamente, durante décadas, los deslindes, obras, concesiones y negocios en la costa de las Baleares. A él se debe casi todo lo que se ve junto al mar, lo que se ha alzado.

Su poder nació en la dictadura de Franco y la transición con Suárez, y siguió con el socialista González. Se atribuye la armadura de la ley de Costas. Es prepotente, hábil pero desorganizado y de verbo atrabiliario, para tres personas que le tratan. Informó y otorgó la explotación de los yacimientos de oro sobre la arena y primera línea. Hizo paseos y decidió sobre la explotación de playas. Pautó 1.000 kilómetros de Baleares con mojones. Fijó lo privado y el dominio público, zonas marítimo-terrestres, de protección y servidumbres.

 

Fue un régimen: controló deslindes, concesiones y negocios

El mar acaba tierra adentro, donde alcanzaron las olas en los mayores temporales. La tierra queda recortada y una franja desierta guarda la memoria de la sal de marejadas equinocciales. Una muralla del horror, consentida, de miles de obras, besa el agua, corta el paso, impide vistas y se apropia del común.

Garau fue jefe de Costas de 1964 a 1991. Lo removió el exalcalde de Palma del PSOE, Ramon Aguiló, al ser delegado provincial de Obras Públicas. Aguiló en Diario de Mallorca lamenta hoy la “decidida, consentida e impulsada” gran destrucción de la costa por el Estado con sus “singulares virreyes coléricos”.

Nada se movió en calas, muelles, piscinas, embarcaderos, terrazas, chiringuitos, casetas y boyas que le fuera ajeno al ingeniero. Los deslindes en la playa de Muro facilitaron los últimos hoteles en un sistema dunar, un arenal virgen, en la Albufera. Un lacónico atentado. Sin cargo, se hizo director de Servicios Técnicos Jurídicos Europeos, el “mejor consulting” de costas y cooperó con Josep Melià I. Se asoció, en minoría, con el político Juan Verger, en la marina del puerto de Palma con el concesionario Juan Antonio Riutord, una amistad y negocios rotos, a la brava.

Es un litigante al frente de una saga. Polemista en Última Hora, pleiteó y ganó por una carta al director de otro diario donde se le acusó de actos fuera de ley. Debutó en la historia penal al reclamar ante un juez el pago de un soborno a un empresario, una dádiva vitalicia anual de 30.000 euros. El exhotelero y excontrabandista Jaime Moll le retribuyó por asesorías. Moll logró explotaciones playeras y mostró registros con la participación en su compañía de la esposa de Garau, un 2,5%. Durante 23 años, el negociante pagó una mordida al ingeniero. La fiscalía reclamó (en vano) cinco años de cárcel por cohecho, pero el delito caducó. Garau no cobrará más y debe retornar la dádiva.

Una muralla del horror, consentida, de obras besa el agua con destrucción

Se estrenó en el Instituto Nacional de Industria, pasó por Gesa, Butano, una promotora y proyectó embalses. Organizó el paseo y el comercio en la arena de la playa de Palma, una concesión de 15 balnearios hasta 2023 que casi fue eterna. Coleccionó arte y lo puso en el mercado con amistades. Obsequió dibujos de Rivera Bagur como presidente del Fomento de Turismo (1972-79) y lanzó el Musical Mallorca. Logró, con su amigo editor Pedro Serra, que Joan Miró hiciera el cartel El sol de Mallorca. En 2011 se subastó en Londres, por 475.101, euros un miró de 1976, regalo del artista a la hija de Garau, Catalina.

El todopoderoso reformó y habitó la vivienda del faro de l’Avançada, en la Fortalesa de Pollença. Anfitrión de altos cargos, el director general de Costas Fernando Palao (1982-91) fue su protector. El aparato del PSOE tardó una década en derribar a Garau, quien para cobrar el cohecho a Moll fichó de abogado al diputado socialista Antonio Diéguez.

Presidente del Círculo de Bellas Artes —que pugnó con el Ayuntamiento Palma—, lideró la ONG de marginados Es Refugi de Jaume Santandreu y su presencia provocó la fractura de la cúpula. Investigado y desimputado en el caso Andratx, por sus solares de cala Llamp, Antonio Garau, ante el mar de Illetes, es del clan de amistades de la corrupta presa Maria Antònia Munar. Las calles a mayor gloria del jefe de Costas están en cala Bona, s’Estanyol y can Picafort, territorios de poder y negocio a la mallorquina.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/24/catalunya/1408884550_456135.html

 

ESTO ES LO QUE ,HAN PERMITIDO, AQUELLOS QUE DEBEN PROTEGER , VIGILAR Y MANTENER LA COSTA. ESTO SUCEDE TAMBIEN EN CANARIAS. Y TODOS CALLAN.

No habrá desalojos en Benzú para los seis expedientes que quedan abiertos

Delegación asegura que no habrá desalojos en la barriada de Benzú, a pesar de que los expedientes que aún continúan abiertos por la ocupación que se considera ilegal del borde marítimo terrestre continúan adelante con su  tramitación.

Fuentes de la Administración General del Estado en nuestra ciudad han señalado a esta redacción que los ciudadanos que allí habitan no tendrán ningún problema, si al final, por cualquier circunstancia, se derivara del expediente administrativo de que no han aportado la suficiente documentación para acreditar su residencia en esa vivienda concretamente. Y es que al final, tal y como señaló en su día la consejera de Fomento, Susana Román, cuando se reunión con estos vecinos, tanto una como otra administración habían llegado al acuerdo de que la legislación vigente se tiene que cumplir porque no queda otro remedio y es normal, pero que la tramitación de todos los expedientes irá corriendo en paralelo con las gestiones del Gobierno presidido por Juan Vivas para la construcción de viviendas en este núcleo de población. 

 

Hemos de recordar que la edificación de casi cincuenta viviendas en esta barriada, que irían situadas en donde actualmente se encuentra el depósito de vehículos de la Ciudad Autónoma, forma parte de las peticiones realizada por el Gobierno a la Administración General del Estado para la reforma de la frontera del Tarajal y todo su entorno, donde se encuentra, como es lógico, también la barriada de Benzú, porque no olvidemos que allí está también el paso para Beliones. 

 

Cuando se conoció, a primeros de año, la apertura de estos expedientes por parte del área de Fomento de la Delegación del Gobierno, lo cierto es que se produjo un gran revuelo en la barriada, llegando incluso a celebrarse una manifestación en protesta por esta situación, contando los vecinos con el apoyo de especialistas en la materia. Al final, de todos los expedientes abiertos, actualmente nada más que queda unos seis.

 

 

https://www.elfarodigital.es/ceuta/fomento/150040-no-habra-desalojos-en-benzu-para-los-seis-expedientes-que-quedan-abiertos.html

 

COSTAS S.A. saca del dominio público un hotel en Lanzarote "a la chita callando" mientras mantiene entretenido al personal con el Algarrobico y la Junta de Andalucía se gasta una millonada tratando de recuperar los terrenos que les vendió en su día

"Prestar conformidad al plano n.º 1, a escala 1/1.000, fechado en marzo de 2014, en el que se modifica, de manera que se excluye del dominio público marítimo-terrestre la parcela de titularidad del hotel Robinson, la línea de deslinde en el tramo comprendido aproximadamente entre los vértices N-61 a N-65, del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos tres mil setenta y seis (3.076) metros de longitud, comprendido entre la Punta del Matorral y Valluelo de la Cal, término municipal de Pájara, isla de Fuerteventura (Las Palmas), aprobado por O.M. de 27 de mayo de 2009."

 

Madrid, 10 de julio de 2014.- El Coordinador de Área, José Ramón Martínez Cordero.

 

http://boe.es/boe/dias/2014/07/16/pdfs/BOE-B-2014-25617.pdf

 

Si Costas S.A. puede sacar del dominio público un hotel con una simple orden, ¿por qué hay que pagar nada por el Algarrobico? Se hace un nuevo deslinde y se acabó el problema y el tirar el dinero público en juicios, compras y derribos. 

 

En casos como estos es donde se ve la vara de medir de Costas: unos dentro, otros fuera... como y cuando se les antoja.

PUBLICADO POR LA ASOCIACION EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS

La licencia del hotel El Algarrobico es legal, según el TSJA

La licencia municipal de obras concedida en 2003 al Azata del Sol para construir el hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), es conforme a derecho y no viola ni la Ley de Costas ni la normativa que protege los valores medioambientales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

 

Así lo ha dictaminado la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una sentencia que estima los recursos de Ayuntamiento de Carboneras y empresa promotora contra el fallo del juez de Almería, Jesús Rivera, que ordenó en 2008 la revisión de oficio de esa licencia al estimar que el hotel invadía el dominio público marítimo terrestre y se levantaba sobre suelo no urbanizable de especial protección.

La sentencia hecha pública este miércoles por el alto tribunal andaluz sostiene que la resolución de Rivera causa indefensión a las partes demandadas al no haber resuelto de "forma congruente y motivada" sus argumentos contra la revisión de oficio, ni la denuncia del Ayuntamiento de que las asociaciones ecologistas no habían aportado los documentos que exige la Ley para interponer demandas contencioso administrativas".

"Declaraciones más allá de su competencia"

En cuanto al recurso de la Junta de Andalucía, declara que la sentencia "fue incongruente" porque, pese a negar todos los argumentos por los que la Junta pedía la nulidad de la licencia, estimó el recurso del letrado de la administración autonómica "y además, no se limitó a declarar que se iniciara el trámite de revisión de oficio sino que hizo declaraciones que iban más allá de su competencia".

También revoca la sentencia por este motivo aunque entra a resolver el fondo de la demanda y declara que la licencia fue otorgada "con arreglo al planeamiento urbanístico aplicable ya que este planeamiento había sido aprobado por la propia Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento carbonero", contando, según remarca, con "informes previos y favorables" de la Administración del Estado, "que como titular de la defensa de las Costas no opuso ningún inconveniente".

Los planes urbanísticos, de cumplimiento obligatorio

La sentencia de la Sección Tercera, según indica el TSJA en un comunicado, sostiene, asimismo, que el ordenamiento jurídico "debe articular los medios para que los planes urbanísticos sean coherentes con la legislación ambiental y de costas", pero matiza que, una vez aprobados, "su aplicación y la concesión de las licencias de obras previstos en dichos planes es obligatoria para el Ayuntamiento".

"No puede alegarse la nulidad de aquellos planes urbanísticos, que son normas jurídicas vigentes, y su eventual nulidad no constituye causa para la revisión de la licencia urbanística", remarca.

El tribunal argumenta que la propia ley "impide los procedimientos de revisión de oficio de los reglamentos y planes urbanísticos a instancia de particulares, que pueden solicitar su declaración de nulidad si recurren las licencias que los aplican dentro del plazo legal para ello, dos meses desde el otorgamiento de la licencia".

Recuerda, no obstante, que, una vez que dichas licencias alcanzan firmeza, "solo se puede pedir su revisión de oficio por defectos de nulidad de las propias licencias, y no de los planes o reglamentos que definen las condiciones para otorgarlas".

"Por tanto, la clave del litigio es que lo que el juez de instancia --en alusión al magistrado Jesús Rivera-- resolvía como motivo para revisar la licencia eran las supuestas ilegalidades de los planes urbanísticos, y no defectos de nulidad de la propia licencia, que era firme y por tanto inatacable por esta vía".

Defecto de forma

Con respecto a la causa de inadmisión de las impugnaciones de los colectivos ecologistas, señala que la causa de la inadmisión es que quienes comparecieron en nombre de estas asociaciones ecologistas "no acreditaron que existiera un previo acuerdo del órgano competente de las respectivas asociaciones que asumiera la decisión de interponer las demandas" y subraya que es "imprescindible" dicho acuerdo para actuar válidamente en nombre de una persona jurídica como son estas asociaciones privadas.

También expone que este defecto de comparecencia, que se les puso de manifiesto por la defensa del Ayuntamiento de Carboneras, pudo haber sido subsanado en toda la tramitación ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería pero que "no aportaron el acuerdo, ni alegaron nada sobre la razón de no hacerlo".

La Sección Tercera estima, así, que hay un "incumplimiento consciente" de este requisito que la ley exige para garantizar que las asociaciones privadas asumen la responsabilidad de los actos y demandas de quien comparece en el proceso, "lo que el juez Rovera debería haber declarado y no entrar a enjuiciar los recursos así interpuestos".

http://www.expansion.com/2014/07/30/empresas/inmobiliario/1406738540.html

 

El Cabildo desafía a Costas al negarse a limitar el acceso a las Cuevas de Ajuy

La autorización del Ministerio de Medio Ambiente para la explotación privada de las visitas al paraje provoca la movilización de los vecinos y de las autoridades

 

Los turistas circulaban ayer libremente por las cuevas y senderos de Ajuy sin pagar entrada después de que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Demarcación de Costas de Canarias, anunciara la autorización para explotar las visitas guiadas a una empresa. La misma que fue denunciada en 2013 por la ocupación y el uso irregular del dominio público marítimo terrestre.

Muchos de los turistas y visitantes que disfrutaban de este entorno desconocían la problemática pero confesaron que "pagarían si fuera necesario porque el lugar es maravilloso". Los vecinos en cambio no están conformes con la decisión y consideran que este espacio forma parte de la localidad y siempre ha estado abierto.

"Los vecinos acuden a pescar y los turistas a pasear y no se debe pagar por entrar a ver estas cuevas que son de todos", apostillan los residentes enfadados con la solución de Costas.

El plazo de la autorización es de un año y al titular de la misma se le exige, previamente a la ejecución de las obras, abonar al Tesoro Público una tasa de canon por ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre de 1.343 euros anuales. El terreno ocupado será de 120 metros cuadrados.

El entorno de las cuevas de Ajuy tiene las consideraciones de Espacio Natural Protegido, Zona Especial de Protección para las Aves, Área de Sensibilidad Ecológica, Dominio Público Marítimo Terrestre y Zona de tránsito de seis metros a partir del Dominio Público Marítimo Terrestre.

El presidente del Cabildo majorero, Mario Cabrera, ha insistido en que sobre todo es "un área por la que transitan desde hace muchas décadas vecinos y visitantes, con un importante valor social y patrimonial que debemos respetar", por lo que "difícilmente se justifica la limitación del libre tránsito y el cobro de entradas". La institución insular ha recordado que las actividades a desarrollar, además de la concesión de Costas, requieren de proyecto o documentación física relativa, estudio de impacto ambiental por ser un Área de Sensibilidad Ecológica, informe de compatibilidad con espacio natural y licencia de actividad económica.

El Cabildo, en coordinación con el Ayuntamiento de Pájara, se ha dirigido por escrito al Ministerio reclamando toda la información relacionada con esta resolución, los requisitos, condiciones particulares, terreno a ocupar, posibles instalaciones y obras para poder actuar en consecuencia.

Cabrera ha adelantado que "aún no se ha recibido la respuesta del Ministerio con la información solicitada" y ha considerado "cuanto menos preocupante que se actúe de esta forma, sin consultar previamente a las administraciones locales, más aún sabiendo los problemas que se han generado con los precedentes recientes de este tipo de actividades en el entorno de las Cuevas de Ajuy".

"Queremos esperar a tener toda la información, pero si se trata del mismo tipo de actuación que el año pasado, volveremos a actuar para frenarla", ha añadido el nacionalista.

El 1 de julio de 2013, agentes de Medio Ambiente del Cabildo remitieron a Costas varias denuncias relativas a la ocupación y utilización irregular del dominio público marítimo terrestre por una empresa que impedía el libre acceso a las Cuevas de Ajuy, cobrando entradas a los visitantes.

La Ley de Costas establece que "la utilización del dominio público marítimo-terrestre será libre, pública y gratuita para los usos comunes acordes con la naturaleza de aquel", salvo que hubiera existido una concesión de uso, concesión que en 2013 no existía en las Cuevas de Ajuy.

Se advertía de que, ante tales denuncias y, visto que la parte denunciada no aporta justificación para su actuación, Costas debía proceder al precintado de las obras o instalaciones y hacer efectiva esta paralización, prohibición o suspensión.

Además, para la recuperación de oficio del dominio público, Costas podía recurrir si era necesario a la colaboración de la fuerza pública.

Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio, el Cabildo optó el 15 de julio de 2013 por trasladar la información a la Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias, tras lo que finalmente se suspendió

http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2014/08/11/cabildo-desafia-costas-negarse-limitar/626196.html

BENZU GANA,,,,

Fomento explica a Benzú que el nuevo PGOU incluye la construcción de casas en la barriada

 

Román trasladó a Mokhlis que existe presupuesto para la promoción, aunque no tiene fecha de inicio.

Aunque la reunión entre la consejera de Fomento, Susana Román, y la presidenta tanto de la Plataforma en Defensa de Benzú como de la Asociación de Vecinos de esta barriada, Rahma Mokhlis, “debió mantenerse antes”, la cita quedó pospuesta por motivos de agenda y hasta que el Ejecutivo local tuviese ultimados los detalles. Un encuentro finalmente celebrado ayer y que fue valorado como “muy positivo” por la portavoz de los afectados por la aplicación de la Ley de Costas. La presidenta se llevó un mensaje “tranquilizador” que trasladará a los residentes.

Román explicó ayer a Mokhlis, como los representantes vecinales reclamaban, que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla la construcción de unas 40 viviendas donde se alojará a aquellos vecinos cuyas casas recibieron la notificación de recuperación posesoria por ocupar el dominio público marítimo terrestre y cuyos expedientes quedaron archivados por su caducidad. Es decir, que los vecinos no tendrán que abandonar la barriada porque “se les alojará en esta nueva promoción en Benzú”, como reivindicaba el colectivo.  

 
En cuanto a la financiación, el PGOU incorpora una memoria económica en la que figura el presupuesto para este fin. No obstante, como paso previo, el Pleno de la Asamblea tiene que aprobar este documento.

“Román me comunicó que los vecinos de Benzú no tienen por qué preocuparse ya que pueden quedarse en sus casas hasta que se formalice todo y eso es para largo”, reprodujo Mokhlis tras la conversación con Román.

Sin fecha aún para la ejecución de este proyecto, la retirada de vehículos del depósito de Benzú –donde se construirá– ya ha comenzado a pesar de que es a “cuentagotas”. Esta promoción tendrá que adaptarse a las características del terreno ya que esta zona comprende parte de la Red Natura 2000 o la cantera, lo que requiere la realización de un estudio técnico previo.

Una cuestión que va por el “buen camino” pero, señaló Mokhlis, “si volvemos a las mismas, nos volveremos a manifestar y lo haremos aunque sea solo por un vecino”. La presidenta de la barriada se preguntó por qué cinco expedientes abiertos por supuesta usurpación del espacio público continúan adelante en Madrid, mientras que el resto fue archivado por su caducidad. “Esperamos que todos se paralicen y sigan el mismo cauce ya que se tramitaron en la misma fecha”, indicó. 

http://elfarodigital.es/ceuta/fomento/146533-fomento-explica-a-benzu-que-el-nuevo-pgou-incluye-la-construccion-de-casas.html#

Solicitan la declaración de área urbana de los núcleos poblacionales del litoral de Anaga

El grupo de gobierno del Cabildo presentará una moción en el Pleno del próximo lunes para que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente reconozca la situación de Igueste de San Andrés, Almáciga, Roque de las Bodegas y Tachero

El grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife integrado por CC-PNC-CCN y PSOE presentará una moción en el Pleno del Cabildo del próximo lunes, 2 de junio, en la que instan al Gobierno de España a que declare como área urbana los los asentamientos rurales del litoral de Anaga: Igueste de San Andrés, Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero.

La consejera de Planificación Territorial, Pino de León, señala que dicha declaración “conlleva unos importantísimos efectos respecto a las vidas y a las propiedades de estos vecinos. Como se sabe, por el hecho o no de ser calificados de tal manera, sobre aquello que estuviera comprendido en la franja entre los 20 metros y los 100 metros medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar, se daría  solución a una lucha y unas reivindicaciones que ya duran demasiado en el tiempo  y se daría respuesta al reconocimiento de una realidad fáctica que no puede ser obviada de forma injusta y desproporcionada”.

La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, estableció la posibilidad de  que los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la Ley estuvieran sujetos a las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la anchura de la servidumbre de protección será de 20 metros. Por su parte, la Disposición Transitoria Novena, apartado 3 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para su desarrollo y ejecución,  estableció que "3. A los efectos de la aplicación del apartado 1 anterior, sólo se considerará como suelo urbano el que tenga expresamente establecida esta clasificación en los instrumentos de ordenación vigentes en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas, salvo que se trate de áreas urbanas en las que la edificación estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislación urbanística vigente en  la citada fecha y la Administración urbanística competente les hubiera reconocido expresamente ese carácter”

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Pino de León explica que “la Dirección General de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente siempre ha sido reticente a rectificar esa anchura de la zona de servidumbre de protección del dominio marítimo terrestre al límite exterior de esas áreas urbanas, lo que salvaría esta situación. Eso es debido al desconocimiento de la existencia de unos núcleos que incluso mucho antes que en el año 1988, ya tenían esa condición real de "área urbana", lo que permitiría acogerse a las disposiciones transitorias de la citada Ley de Costas”.

La consejera nacionalista explica que “en virtud de estas  disposiciones normativas, desde tiempo atrás, los núcleos del litoral de Anaga, vienen luchando para su reconocimiento como suelos urbanos y por tanto, por  la aplicación de la anchura de 20 metros  de la zona de servidumbre. Los vecinos tienen nuestro apoyo y el del Ayuntamiento de Santa Cruz y vamos a luchar para que se haga justicia y se reconozca su situación”.

Por todo ello, el grupo de gobierno del Cabildo solicitará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que, en virtud de la documentación ya existente en el mismo, reconozca que, en la fecha de entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, los asentamientos rurales del litoral de Anaga: Igueste de San Andrés, Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero, tenían la condición de áreas urbanas a los efectos de aplicación de la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la  citada Ley 22/1988.

De igual forma, el área de Planificación Territorial del Cabildo Insular de Tenerife, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz, aportará todos aquellos informes, datos, mapas e información gráfica de toda índole existente en la Corporación y evacuará los informes  que se estimen oportunos para justificar que los citados núcleos, en ese momento, disponían de los servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y que, además, estaban consolidados por la edificación.

http://www.eldiario.es/tenerifeahora/santa_cruz/Solicitan-declaracion-poblacionales-litoral-Anaga_0_265623767.htm

Yaiza espera que el dictamen definitivo de Costas sea favorable para "salvar" Playa Quemada

El Ayuntamiento de Yaiza confía en que se produzca un dictamen definitivo de Costas favorable a los intereses de Playa Quemada, con una servidumbre de protección a 20 metros del litoral y no de 100 metros. El Consistorio quiere que este dictamen posibilite la ordenación propuesta por el Plan General de  Ordenación Supletorio del municipio para dicho núcleo costero en el documento corregido que se encuentra en exposición pública.

La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, acompañados de técnicos municipales, explicaron este lunes a los vecinos de Playa Quemada, en un encuentro mantenido en Uga, la nueva situación del pueblo en el Plan General de Yaiza, que no es otra que “reconocerlo como núcleo urbano consolidado”.

     

       

 

En la última reunión en Madrid entre Costas y el Ayuntamiento, el pasado mes de marzo, representantes de la administración local entregaron dos nuevos informes encargados por Yaiza que demuestran que “ya en el año 85 el 52 por ciento de Playa Quemada estaba edificado”. Por tanto, Gladys Acuña, en consonancia con el equipo redactor del Plan General y los vecinos de Playa Quemada, espera “el visto bueno de Costas para respetar lo existente con un deslinde de 20 metros y evitar un desarrollo turístico desmedido en el pueblo”.

“No estamos de acuerdo en que Playa Quemada se convierta en núcleo turístico y menos con un desarrollo brutal”, afirmó la alcaldesa, algo que fue “aplaudido” por los vecinos presentes en la reunión, según ha señalado el Ayuntamiento. Después de la exposición de Acuña, los vecinos se interesaron en la situación particular de sus parcelas y las dudas fueron aclaradas por los técnicos. El Consistorio ha recordado que también pueden conseguir información en las oficinas del Ayuntamiento y consultar el Plan General en la  web municipal. 

 

La “lucha” de esta legislatura

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El Ayuntamiento ha asegurado que durante esta legislatura ha tenido una “lucha” con el apoyo del senador por Lanzarote, Óscar Luzardo, para acreditar con documentos antes Costas y justificar que Playa Quemada “reúne los requisitos establecidos en la Ley de Costas, de 1988, tanto en su clasificación como en los servicios requeridos para su consideración como núcleo urbano a los efectos de aplicarle una servidumbre de protección  a 20 metros del litoral”.

Además, ha afirmado que en febrero de 2013, la subdirectora de domino público del ente dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Raquel Orts, avanzó que el informe de Costas “sería positivo”. El Ayuntamiento también ha recordado que en su momento Playa Quemada quedó excluido de la aprobación inicial del Plan General de Yaiza porque Costas rechazó la ordenación propuesta por el equipo redactor, negando su carácter urbano.

“No aparecía ni en el avance que salió en 2010 ni en el documento publicado en 2012. Teniendo en cuenta todas las gestiones que hemos adelantado ante Costas, es la primera vez que Playa Quemada está reflejada en el documento de aprobación inicial del Plan General de Yaiza redactado por el Gobierno de Canarias con el apoyo del Ayuntamiento”, ha subrayado Gladys Acuña.

 

Nuevo encuentro con Costas

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En dos semanas, responsables municipales tendrán un nuevo encuentro con Costas en Madrid a fin de traerse “el sí definitivo”. Entre tanto, la alcaldesa recomendó a los vecinos de Playa Quemada presentar todas las alegaciones al Plan General que estimen oportunas para que sean resueltas por el equipo redactor. Lo que resolverá Costas es si considera Playa Quemada como núcleo consolidado para la determinación del deslinde y no entrará en la ordenación interior del pueblo.

El actual grupo de gobierno de Yaiza siempre ha pedido la reducción del deslinde tanto en Playa Quemada como en El Golfo, “acreditando con documentos que son núcleos consolidados antes del año de aplicación de la Ley de Costas del 88”. Aunque el caso de El Golfo es distinto a Playa Quemada al estar afectado por el Parque Natural de Los Volcanes, el Ayuntamiento continúa pidiendo a Costas una decisión que no perjudique a los vecinos del pueblo. 

http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/yaiza-espera-dictamen-definitivo-costas-sea-favorable-intereses-playa-quemada/20140508125441089264.html

Ley de Costas, ¡qué gran negocio!

Hace ya un tiempo que se aprobó una reforma en la Ley de Costas, la cual le ha dado unos cuantos metros más de nuestro litoral canario a la corporación que supuestamente protege y cuida nuestras costas. 

Pero esto, que en un principio parece tan bueno y de tanto corazón se ha convertido en parte de la gran especulación que existe y existirá en Canarias. Digo existirá porque hasta que este pueblo no se levante un día y diga: ¡Hasta aquí hemos llegado! No se va a conseguir terminar con ella

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Ya sé que hay mucha gente luchando por la causa, como es el pueblo de Cho-Vito en Tenerife, la gente que ama el Confital en Gran Canaria, o Puerto Lajas y Los Molinos en Fuerteventura, entre otros muchos más. Todo este revuelo que se cuece por nuestras islas y de los que pocos se enteran, ya que los medios de comunicación se encargan de ello, son las llamadas expropiaciones, a las que muchos designamos “las expropiaciones de Costas”.

 

Mi causa y mi dolor en todo esto es la gente, las personas canarias, mi pueblo. Porque señores, en qué cabeza cabe que una Ley deje sin nada a nuestra gente. En qué cabeza cabe que lleves viviendo en tu casa desde hace veinte o treinta años y venga un señor a decirte que te tienes que ir porque van a tirarla para construir una avenida con unos hoteles y apartamentos para que así, vengan turistas a pasear y pisar la tierra en la que tú creciste, en la que viviste y en la que luchaste para poder vivir en los años malos, y en la que disfrutaste cuando fueron buenos. En qué cabeza cabe, señores, porque sí, de eso tratan las expropiaciones.

Esto me lleva a hablar de las acampadas, tradición sin igual en nuestra tierra. El que conoce Canarias lo sabe muy bien. Y en este caso, me van a permitir que centre mi atención en mi isla, en Fuerteventura. Para nuestros políticos es la “Isla Tranquila”, con la que cambian oro por nuestra arena, nuestra brisa, nuestro sol y nuestra hospitalidad. Pero la paciencia de los majoreros también se colma. Es bien conocido que Fuerteventura tiene unas playas preciosas, las cuales nuestros políticos, Costas y todos los demás explotadores de turno pueden vender al precio que quieran. Los majoreros, no pintamos nada, más bien, molestamos y perjudicamos la visión de las mismas.

 

Pero señores, nosotros no acampamos en esas playas idílicas que sacan en sus propagandas el Cabildo de Fuerteventura o el Gobierno de Canarias. Nosotros acampamos en otras, que para mi gusto, son más idílicas todavía y para más inri no existen hoteles cercanos. Prácticamente desde que nacemos, estamos en la playa, en las vacaciones vamos para la playa, un domingo soleado vamos a la playa, si nos apetece hace surf vamos a la playa, y así podría seguir enumerando y no pararía. El caso, es que según Costas ahora no podemos acampar.

Señores, nuestras vacaciones son esas. Unos pueden decir, no tenemos un sueldo suficiente para irnos de viaje como hacen otros. Yo digo que probablemente tengan razón. Pero además lo que no me llego a explicar es cómo tienen la desfachatez de no poner un camping, ya que no existe.

 

Sabemos que hay uno en Pozo Negro, pero su capacidad me da hasta risa. Bueno y hace unos años se propuso hacer uno a casi un kilómetro de la playa y en el malpei... Lo único que hacían los Ayuntamientos de Pájara y La Oliva era darnos un permiso, nosotros pagábamos 60 euros y si estaba todo limpio cuando te fueras, te los devolvía. Una medida que nos parecía muy adecuada. Pero como cambió la Ley, a los Ayuntamientos no les corresponde hacer esta tarea, le correspondería a Costas. Y le pregunto a Costas, ¿no se puede acampar pero sí tirar lo que quedaban de casas antiguas, que eran recuerdos de nuestro pasado y que se encontraban deshabitadas en nuestro litoral? Porque eso es lo único que he visto que se ha hecho.

Señores, los campistas no molestan, los campistas sólo quieren disfrutar de su costa, de su playa, de su tiempo libre y sin hacerle mal a nadie. Pero claro, ahora Costas quiere hasta cerrar la carretera de tierra que une El Cotillo con Majanicho (en la costa norte) para que los campistas no puedan entrar.

No se pide una acampada constante durante todo el año, sólo se pide el tiempo de Semana Santa y verano, y poder acceder al sitio cuando se desee, pues los majoreros tienen el derecho de conocer y disfrutar de su isla. Para quien no conozca el lugar, es un sitio que está deshabitado, no hay casas, no hay hoteles, no hay nada, sólo playas, caletas y el malpei. Pero parece que esta Ley de Costas llega a Canarias con reformas, ya que los hoteles no se tiran y pueden incumplir la Ley, pero unos ciudadanos, un pueblo, el pueblo canario, el pueblo majorero, no. A nosotros si se nos aplica la Ley hasta de forma cruel y sin razones lógicas. Pero yo encuentro una... no somos un negocio, no les damos dinero a cambio de nada.

 

Y ya la conclusión y el futuro lo vemos todos... Nadie mira nuestra cultura, nadie se preocupa en echar la vista atrás y volver a nuestros orígenes costeros que todavía, menos mal, perduran en algunos rincones. Nadie quiere ver que nosotros somos de la mar, nacemos, vivimos y morimos en ella. Nadie se da cuenta de que ese sentimiento de nuestro ancianos de nostalgia hacia mar existe, y está vivo en cada uno de nosotros. Nadie se da cuenta de que el mar nos da todo, y que sobretodo, que sin él no seríamos lo que somos, siete islas que se bañan por el Atlántico, siete islas con un aroma que eclipsa a quien las conoce, siete islas que siempre han estado unidas en su corazón y que nadie, absolutamente nadie, puede cambiar.

Canarias, un sólo pueblo para la explotación de los políticos y adinerados, que abusan de nuestra tierra, de nuestro litoral. Canarias, un sólo pueblo, gobernado por el interés. Canarias, un sólo pueblo oprimido, a merced de unos valientes que en las olas de la corrupción no se ocupan de su trabajo de cuidar a su pueblo, protegerlo, escucharlo y atenderlo

 

Omaira Darias

http://fuerteventuralimpia.blogspot.com.es/2008/05/opinin-ley-de-costas-qu-gran-negocio.html