El abogado José Luis Langa está en contra de que la norma no haga distinción entre hoteles o casas
GORETTI ALONSO / SANTA CRUZ DE TENERIFE
GORETTI ALONSO / SANTA CRUZ DE TENERIFE
Estos días el Parlamento Europeo ha recibido las primeras denuncias desde Canarias en contra de la aplicación retroactiva de la Ley de Costas. Igueste de San Andrés es uno de los núcleos poblacionales que quiere demostrar su condición de zona urbana antes de 1988, año en el que se publicó la normativa. José Luis Langa es el abogado que actualmente defiende sus derechos. También es el portavoz en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas. Asegura que llegará hasta "donde haga falta, pasen los años que pasen", para que estos vecinos conserven su propiedad.
– ¿Está en contra de la Ley de Costas?
– Yo no estoy en contra de la Ley de Costas, al menos de su fondo. Todos debemos estar de acuerdo con ella porque lo que intenta es proteger el medio ambiente y evitar las especulaciones que existen sobre el territorio. Lo que ocurre es que esta normativa afecta a la propiedad privada y tiene carácter retroactivo. Esto significa que las personas que con anterioridad a esta Ley tuvieran sus viviendas registradas, pagaran sus impuestos o las hubieran heredado, se encuentran con un deslinde de 100 metros y la propiedad deja de ser suya, pasa a manos del Estado. Muchos se tienen que marchar de ahí.
– ¿Qué valor tienen enclaves como Cho Vito?
– Creo que el caso de Cho Vito es diferente a cualquier otro. Son viviendas que se dejaron construir y estaban totalmente legitimadas por el propio Ayuntamiento del municipio de Candelaria, aunque no reunían las características que reúnen el resto de núcleos afectados, como pueden ser Igueste de San Andrés, que son poblaciones urbanas consolidadas por el paso de los años. Sin embargo, es cierto que son unas viviendas que se permitieron construir y ahora es difícilmente asumible que se les diga que se van a derribar.
– ¿Se podría haber optado por otra solución para este poblado?
– El primero que tiene que ponerse al frente para defender el interés de los ciudadanos es el propio Ayuntamiento. La ley de Costas, cuando se publicó en 1988, dio la posibilidad a todos los ayuntamientos en ese año de que se dirigieran al Ministerio de Medio Ambiente, para demostrar que eran núcleos urbanos consolidados. Creo que no me equivoco si digo que el 90% de los ayuntamiento no hicieron estos deberes; no hicieron los esfuerzos que tenían que hacer para que se reconociera el carácter de núcleo urbano consolidado.
– ¿Esta norma afecta al turismo que llega a Canarias?
– No tendría que afectar al turismo. Sin embargo sus partidarios alegan que de llegarse a aplicar sí que se vería beneficiado. En los sitios donde se ejecutaría la servidumbre de protección, donde las viviendas afectadas desaparecerían, podrían construirse paseos marítimos, por ejemplo... De todas formas creo que podría existir un equilibrio perfecto entre la protección de la propiedad privada y el incremento de la actividad turística.
– ¿Y afecta a todos por igual?
– De los casos que conozco siempre los afectados suelen ser gente humilde. Puede haber excepciones, pero siempre es gente sencilla, con pocos recursos. La aplicación indiscriminada y arbitraria de la propia ley siempre cae sobre los menos poderosos. Sin embargo, sean poderosos o no, mantengo lo mismo: la Ley no se tiene que aplicar con carácter retroactivo. Si alguien tiene un chalé desde hace 200 años, no tiene por qué aplicarse esta ley; si alguien tiene una casa de pescador, tampoco tiene que aplicarse. Siempre vamos en contra de la aplicación retroactiva de ley, da igual que la propiedad privada sea de un millonario o de una persona sin recursos.
– De todos los casos de la Isla, ¿cuál es el más singular?
– Igueste de San Andrés es de los casos más llamativos que existen actualmente en Canarias. Igueste tiene historia. En este núcleo se llegaron incluso a asentar los guanches. En Igueste, por tradición, se han construido casas, carreteras, todo un pueblo, con su cartel en la entrada y que incluso en su momento tuvo alcalde... Es todo un núcleo urbano consolidado.
– ¿Y cómo es su situación actual?
– Costas ha aprobado un deslinde cuya resolución de 100 metros hemos recurrido a la Audiencia Nacional. En estos momentos estamos en la fase probatoria, que consiste en demostrar ante la Audiencia Nacional que Igueste de San Andrés tenía la condición de núcleo urbano consolidado antes de 1988. Ya el Cabildo nos ha aportado toda la documentación sobre el servicio de carreteras. Ahora estoy pendiente de que Endesa y Unelco me faciliten también documentación relativa al pueblo, sobre todo porque el Ayuntamiento, aunque se lo pedimos en 2009, nunca nos los ha facilitado.
– ¿Y por qué no los ha dado?
– No quiero decir que el Ayuntamiento no nos los quiera dar, solo que nos está costando ciertos esfuerzos para que los facilite. Por eso me he tenido que dirigir a Unelco y Endesa, porque nos urge tenerlos. De todas formas el Ayuntamiento, a instancias de la Audiencia Nacional, se ha personado en el procedimiento como parte interesada. No me cabe duda de que van a apoyar al cien por cien lo que los vecinos están diciendo en relación con el deslinde que se le ha aplicado.
– ¿Hay unanimidad de opiniones sobre la Ley de Costas?
– Desde un punto de vista político estoy convencido de que nuestros representantes en Madrid, José Luis Perestelo y Ana Oramas, están intentando que la aplicación de la Ley de Costas no afecte a los intereses canarios. Ahora, más que nunca, puede decir que ese apoyo lo tienen por parte del Centro Canario Nacionalista (CCN), partido del que soy secretario federal. Ni en el Gobierno de Canarias, ni en el CCN, existen fisuras para que la Ley de Costas no afecte a los intereses de los canarios. Lo que me gustaría es que esa claridad que tiene CC y CCN también la tuvieran el resto de los partidos políticos.
– ¿Qué ocurre con el Hotel de El Médano?
– Para todas las propiedades que estén afectadas y que supongan la aplicación de esta Ley de forma retroactiva, sin distinción de pobres o ricos, me posiciono en contra, sean hoteles o casas. Lo que ocurre es que es más llamativo de cara al ciudadano que afecte a gente sencilla; que le toque a otros propietarios, como hoteles, es mucho menos habitual. Sin embargo la propiedad privada siempre ha de respetarse.
– ¿Y con el mamotreto de San Andrés o el caso de Las Teresitas?
– De esos casos solo conozco lo que ha salido en la prensa y no puedo ir más allá. Lo importante es ver a quien afecta para que cuando venga Costas y aplique el deslinde y la servidumbre de protección, se tenga bien claro cuando estaban esas propiedades construidas, antes o después de 1988. Detrás de todo eso, se mezclan cuestiones jurídicas, casos particulares , que tendría que conocer con más profundidad.
– ¿Cuál es la posición de Europa?
– La Asociación Europea de perjudicados por la Ley de Costas aboga porque en Canarias, en España, se respeten las situaciones de propiedad privada y no se aplique con carácter retroactivo la norma para evitar crear esa indefensión jurídica. Cuantas más denuncias existan, más denuncias se presentarán ante el Parlamento Europeo. Nosotros vamos de manera gradual, por goteo, ante el comité de peticiones, para que se haga eco de la situación que soportan estos núcleos urbanos. Aunque su informe no es vinculante logra ejercer una fuerte presión sobre todos los estados miembros, aunque hay que tener claro que en ninguno se ejecuta la Ley como se hace en nuestro país.
– ¿Existe miedo entre los vecinos afectados?
– Todavía existe una enorme pasividad en la gente. Todo el mundo cree que no le va a tocar y al que le ha tocado ve nuestro mensaje como alarmista. Sin embargo, hay que ser prudentes porque sí que hay casas que se pueden derribar. Si existe un deslinde y no se denuncia en los juzgados, esas casas se derriban. Tiene que dejar de existir esta enorme pasividad y producir una movilización a gran escala. Si hubiera energía, todo sería diferente. Hay que conseguir que la gente se vaya enterando, que se les demuestre, que denuncien ante el Parlamento Europeo, en los juzgados, en todos aquellos estamentos en los que se puede denunciar, que se presenten mociones, que hubiera un deseo unánime de todas las administraciones para apoyar que en Canarias se busque un equilibrio entre propiedad privada y protección del medio ambiente.
– ¿Hay esperanza?
– Siempre. Hay que dar un rayo de esperanza a todos los vecinos que están afectados, pero hay que recalcar que todos deben denunciar su situación para que se traslade hasta Europa, con independencia de los esfuerzos que hagan los gobiernos respectivos para resolver las situaciones individuales.
– ¿Cuáles serán los próximos núcleos afectados?
– No hay nadie que se escape, porque vivimos en una isla. Estos días me han llamado desde Santiago del Teide, que por lo visto hay unas 200 personas, con sus respectivas viviendas, que están afectadas. Nadie se escapa. Este es un problema de todos.
– ¿Está en contra de la Ley de Costas?
– Yo no estoy en contra de la Ley de Costas, al menos de su fondo. Todos debemos estar de acuerdo con ella porque lo que intenta es proteger el medio ambiente y evitar las especulaciones que existen sobre el territorio. Lo que ocurre es que esta normativa afecta a la propiedad privada y tiene carácter retroactivo. Esto significa que las personas que con anterioridad a esta Ley tuvieran sus viviendas registradas, pagaran sus impuestos o las hubieran heredado, se encuentran con un deslinde de 100 metros y la propiedad deja de ser suya, pasa a manos del Estado. Muchos se tienen que marchar de ahí.
– ¿Qué valor tienen enclaves como Cho Vito?
– Creo que el caso de Cho Vito es diferente a cualquier otro. Son viviendas que se dejaron construir y estaban totalmente legitimadas por el propio Ayuntamiento del municipio de Candelaria, aunque no reunían las características que reúnen el resto de núcleos afectados, como pueden ser Igueste de San Andrés, que son poblaciones urbanas consolidadas por el paso de los años. Sin embargo, es cierto que son unas viviendas que se permitieron construir y ahora es difícilmente asumible que se les diga que se van a derribar.
– ¿Se podría haber optado por otra solución para este poblado?
– El primero que tiene que ponerse al frente para defender el interés de los ciudadanos es el propio Ayuntamiento. La ley de Costas, cuando se publicó en 1988, dio la posibilidad a todos los ayuntamientos en ese año de que se dirigieran al Ministerio de Medio Ambiente, para demostrar que eran núcleos urbanos consolidados. Creo que no me equivoco si digo que el 90% de los ayuntamiento no hicieron estos deberes; no hicieron los esfuerzos que tenían que hacer para que se reconociera el carácter de núcleo urbano consolidado.
– ¿Esta norma afecta al turismo que llega a Canarias?
– No tendría que afectar al turismo. Sin embargo sus partidarios alegan que de llegarse a aplicar sí que se vería beneficiado. En los sitios donde se ejecutaría la servidumbre de protección, donde las viviendas afectadas desaparecerían, podrían construirse paseos marítimos, por ejemplo... De todas formas creo que podría existir un equilibrio perfecto entre la protección de la propiedad privada y el incremento de la actividad turística.
– ¿Y afecta a todos por igual?
– De los casos que conozco siempre los afectados suelen ser gente humilde. Puede haber excepciones, pero siempre es gente sencilla, con pocos recursos. La aplicación indiscriminada y arbitraria de la propia ley siempre cae sobre los menos poderosos. Sin embargo, sean poderosos o no, mantengo lo mismo: la Ley no se tiene que aplicar con carácter retroactivo. Si alguien tiene un chalé desde hace 200 años, no tiene por qué aplicarse esta ley; si alguien tiene una casa de pescador, tampoco tiene que aplicarse. Siempre vamos en contra de la aplicación retroactiva de ley, da igual que la propiedad privada sea de un millonario o de una persona sin recursos.
– De todos los casos de la Isla, ¿cuál es el más singular?
– Igueste de San Andrés es de los casos más llamativos que existen actualmente en Canarias. Igueste tiene historia. En este núcleo se llegaron incluso a asentar los guanches. En Igueste, por tradición, se han construido casas, carreteras, todo un pueblo, con su cartel en la entrada y que incluso en su momento tuvo alcalde... Es todo un núcleo urbano consolidado.
– ¿Y cómo es su situación actual?
– Costas ha aprobado un deslinde cuya resolución de 100 metros hemos recurrido a la Audiencia Nacional. En estos momentos estamos en la fase probatoria, que consiste en demostrar ante la Audiencia Nacional que Igueste de San Andrés tenía la condición de núcleo urbano consolidado antes de 1988. Ya el Cabildo nos ha aportado toda la documentación sobre el servicio de carreteras. Ahora estoy pendiente de que Endesa y Unelco me faciliten también documentación relativa al pueblo, sobre todo porque el Ayuntamiento, aunque se lo pedimos en 2009, nunca nos los ha facilitado.
– ¿Y por qué no los ha dado?
– No quiero decir que el Ayuntamiento no nos los quiera dar, solo que nos está costando ciertos esfuerzos para que los facilite. Por eso me he tenido que dirigir a Unelco y Endesa, porque nos urge tenerlos. De todas formas el Ayuntamiento, a instancias de la Audiencia Nacional, se ha personado en el procedimiento como parte interesada. No me cabe duda de que van a apoyar al cien por cien lo que los vecinos están diciendo en relación con el deslinde que se le ha aplicado.
– ¿Hay unanimidad de opiniones sobre la Ley de Costas?
– Desde un punto de vista político estoy convencido de que nuestros representantes en Madrid, José Luis Perestelo y Ana Oramas, están intentando que la aplicación de la Ley de Costas no afecte a los intereses canarios. Ahora, más que nunca, puede decir que ese apoyo lo tienen por parte del Centro Canario Nacionalista (CCN), partido del que soy secretario federal. Ni en el Gobierno de Canarias, ni en el CCN, existen fisuras para que la Ley de Costas no afecte a los intereses de los canarios. Lo que me gustaría es que esa claridad que tiene CC y CCN también la tuvieran el resto de los partidos políticos.
– ¿Qué ocurre con el Hotel de El Médano?
– Para todas las propiedades que estén afectadas y que supongan la aplicación de esta Ley de forma retroactiva, sin distinción de pobres o ricos, me posiciono en contra, sean hoteles o casas. Lo que ocurre es que es más llamativo de cara al ciudadano que afecte a gente sencilla; que le toque a otros propietarios, como hoteles, es mucho menos habitual. Sin embargo la propiedad privada siempre ha de respetarse.
– ¿Y con el mamotreto de San Andrés o el caso de Las Teresitas?
– De esos casos solo conozco lo que ha salido en la prensa y no puedo ir más allá. Lo importante es ver a quien afecta para que cuando venga Costas y aplique el deslinde y la servidumbre de protección, se tenga bien claro cuando estaban esas propiedades construidas, antes o después de 1988. Detrás de todo eso, se mezclan cuestiones jurídicas, casos particulares , que tendría que conocer con más profundidad.
– ¿Cuál es la posición de Europa?
– La Asociación Europea de perjudicados por la Ley de Costas aboga porque en Canarias, en España, se respeten las situaciones de propiedad privada y no se aplique con carácter retroactivo la norma para evitar crear esa indefensión jurídica. Cuantas más denuncias existan, más denuncias se presentarán ante el Parlamento Europeo. Nosotros vamos de manera gradual, por goteo, ante el comité de peticiones, para que se haga eco de la situación que soportan estos núcleos urbanos. Aunque su informe no es vinculante logra ejercer una fuerte presión sobre todos los estados miembros, aunque hay que tener claro que en ninguno se ejecuta la Ley como se hace en nuestro país.
– ¿Existe miedo entre los vecinos afectados?
– Todavía existe una enorme pasividad en la gente. Todo el mundo cree que no le va a tocar y al que le ha tocado ve nuestro mensaje como alarmista. Sin embargo, hay que ser prudentes porque sí que hay casas que se pueden derribar. Si existe un deslinde y no se denuncia en los juzgados, esas casas se derriban. Tiene que dejar de existir esta enorme pasividad y producir una movilización a gran escala. Si hubiera energía, todo sería diferente. Hay que conseguir que la gente se vaya enterando, que se les demuestre, que denuncien ante el Parlamento Europeo, en los juzgados, en todos aquellos estamentos en los que se puede denunciar, que se presenten mociones, que hubiera un deseo unánime de todas las administraciones para apoyar que en Canarias se busque un equilibrio entre propiedad privada y protección del medio ambiente.
– ¿Hay esperanza?
– Siempre. Hay que dar un rayo de esperanza a todos los vecinos que están afectados, pero hay que recalcar que todos deben denunciar su situación para que se traslade hasta Europa, con independencia de los esfuerzos que hagan los gobiernos respectivos para resolver las situaciones individuales.
– ¿Cuáles serán los próximos núcleos afectados?
– No hay nadie que se escape, porque vivimos en una isla. Estos días me han llamado desde Santiago del Teide, que por lo visto hay unas 200 personas, con sus respectivas viviendas, que están afectadas. Nadie se escapa. Este es un problema de todos.
