Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

viernes, 18 de mayo de 2012

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acepta la queja de los vecinos de Cho Vito ante la vulneración de sus derechos por parte de Tragsa

Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito, afectados por las obras que Tragsa realiza en la zona explicó en La Trapera de Radio San Borondón que han recurrido la sentencia que les condena a pagar una multa por las protestas realizadas para que se crearan accesos a sus casas y denuncia la injusticia sufrida porque la realidad es que los vecinos del barrio marinero se vieron encerrados por esa empresa como si estuvieran en un campo de concentración como castigo por su resistencia de tantos años.


Cabe recordar que hace algunas semanas tuvo lugar un juicio contra algunos vecinos de Cho Vito tras la denuncia de la constructora por la paralizaron las obras del paseo de Caletillas al considerar que se estaban destrozando los accesos a las viviendas sin que se hubieran dotados a las mismas de accesibilidad y cuya sentencia determinó una sustancial multa a la familia de Tomás González.

El portavoz vecinal explicó que han recurrido dicha sentencia al considerarla injusta y explica que los vecinos no se han opuesto nunca a que se realizaran las obras, pero sí a las formas y a los métodos utilizados a la hora de llevar a cabo los trabajos, ya que lo cierto es que los vecinos de Cho Vito se vieron encerrados como si estuvieran en un campo de concentración como castigo por su resistencia de tantos años.

En aquellos días todo el mundo pudo comprobar que Tragsa cerró Cho Vito a cal y canto, de modo que quienes estaban dentro del poblado no podían salir y quienes estaban fuera, no podían acceder a sus viviendas, lo que motivó la movilización y la polémica, que finalmente condujo a una miserable denuncia de Tragsa, causante de todos los males y la posterior sentencia que castiga a quienes ya estaban siendo castigados, dijo González.

Desde su punto de vista, lo preocupante de la sentencia es que la Justicia comete una injusticia, ya que no les condenan por paralizar las obras, que en todo caso sería un delito de faltas y, por tanto, menor, sino por los costes derivados de la parada y retirada de las palas, sin tener en cuenta que la protesta básicamente se hizo cuando ya no estaban trabajando y, sobre todo, cuando al día siguiente Tragsa se vio obligada a llevar nuevamente la maquinaria al lugar para arreglar los destrozos causados en los accesos de las viviendas, lo cual pone de manifiesto la total incongruencia de la sentencia.

Tomás González no tiene ninguna duda de que esta sentencia es un tributo que tiene que pagar por tantos años de lucha y resistencia contra los abusos que se querían cometer en Cho Vito, dicho lo cual anuncia que han presentado una queja formal en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) que ha sido aceptada por la vulneración de sus derechos en este problema.

Además, han denunciado ante el Parlamento Europeo que Tragsa trabaja para el Gobierno español a través de encomiendas, las cuales son “troceadas” para evitar que salgan a libre concurrencia, con lo que solicitan a Bruselas que investigue a dicha empresa, que factura muchos miles de millones de euros cada año, los contratos a dedo que recibe de la administración para que realice obras con su personal y con personal subcontratado sin que haya por tanto libre concurrencia como se requiere para la obra pública.

http://www.canariasactual.com/2012/05/16/la-comision-de-peticiones-del-parlamento-europeo-acepta-la-queja-de-los-vecinos-de-cho-vito-ante-la-vulneracion-de-sus-derechos-por-parte-de-tragsa/

martes, 15 de mayo de 2012

El Parlamento pedirá la anulación del deslinde en Famara, que se adentra “hasta tres kilómetros” desde la costa

La proposición no de ley ha sido planteada por el diputado Juan Pedro Hernández, antiguo alcalde de Teguise. En la iniciativa recalca que se trata del “primer deslinde que se realiza en España a una distancia tan distante de la costa”.



El deslinde aprobado por Costas afecta a una zona del litoral de más de 16.000 metros de la zona de Los Dises, en Caleta de Caballo, hasta el pueblo de Caleta de Famara.

El diputado nacionalista resalta que “los criterios en los que se ha basado Costas para justificar este nuevo deslinde” son “arbitrarios y poco razonables”.

Hernández destaca la existencia de “diversos errores en el documento” como es la procedencia del jable, que se ha tenido como fundamento para trazar la línea del deslinde del dominio público marítimo terrestre y la zona de servidumbre.

Desde el final de la Caleta de Famara hacia Caleta de Caballo la línea del deslinde se aleja de la zona más próxima a la costa y se adentra prácticamente hasta la carretera de Soo.


Tierra adentro

Son numerosas las propiedades privadas afectadas por este deslinde que ahora son del Estado y no de sus verdaderos titulares”, destaca el diputado nacionalista en la iniciativa parlamentaria.

Recalca que las fincas incluidas dentro del área del deslinde, buena parte “están en explotación agrícola, con cultivos específicos del jable como batatas, sandías o melones”, que constituyen una “fuente de ingresos de los habitantes de los núcleos cercanos”.

Hernández denuncia que aplicando la Ley de Costas, “estas fincas pierden su carácter privado y, después de la declaración de posesión y titularidad dominical, pasan a favor del Estado”.

Deslinde criticado

El Parlamento de Canarias, con seguridad al ser una propuesta de CC, instará al Gobierno de Canarias, para que éste, a su vez, solicite al Gobierno de España la anulación de este deslinde y se mantenga el vigente, que no afecta a propietarios particulares.

En la iniciativa se pide que el deslinde definitivo coincida con el planeamiento vigente en la zona, recogido en el plan rector del parque natural del Archipiélago Chinijo, o que se haga “con unos criterios más razonables”.



redaccion@diariodelanzarote.com