Sostienen que ningún boletín publicó la orden y, por tanto, no puede entrar
en vigor. Sin éste, “ni hay recuperación ni derribo”.
Los abogados de los residentes en Benzú
afectados por los expedientes que tratan de determinar si sus viviendas ocupan
terreno de dominio público y, por tanto, vulneran la Ley de Costas de 1988
–modificada en 2003–, sostienen que el deslinde al que apela la Delegación del
Gobierno para la recuperación del espacio marítimo-terrestre es “inexistente”.
Un portavoz de los asesores de los vecinos en sus respectivos trámites avanzó
que este intento de derribo de las viviendas “podría constituir una infracción
penal”.
El Área Funcional de Fomento recurre al “vigente” deslinde aprobado por Orden Ministerial (OM) de 29 de mayo de 1985, entre la escollera de ampliación del Puerto en la playa de Benítez y la frontera con el reino de Marruecos, la cual desarrolla la normativa de 1969. Los representantes legales de los inquilinos de las 15 casas que, presuntamente, infringen la Ley de Costas, aseguran que tras buscar en todos los boletines oficiales el anuncio del deslinde, comprobaron que esta OM “no se ha publicado”. Entienden que para su aplicación es obligatorio que se notifique por algunas de las vías establecidas para su entrada en vigor. Esta ausencia expuesta por los abogados se extiende al Registro de la Propiedad donde, añadieron, tampoco hay constancia de esta línea imaginaria que marca dónde se puede edificar y la cual la Administración General del Estado esgrime en su intento de obtener la franja más próxima a la costa de Benzú. “Luego sin deslinde, no hay recuperación posesoria ni derribo”, concluyen desde el grupo de letrados.
Un portavoz del colectivo que asesora a los perjudicados –calculan que unas 25 familias– indica que el conflicto de competencias con el Ministerio de Defensa empeora la situación ya que algunas disponen de concesión de esta cartera. Otras de las razones con la que los letrados argumentan esta supuesta irregularidad en la pretensión del Gobierno de la Plaza de los Reyes de derribar estas casas enlaza con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1992. “Se le dio traslado al Gobierno central para que hiciera las alegaciones que considerara oportunas. Sin embargo, no hizo nada y, por tanto, queda de manifiesto que tampoco hay delimitación y Benzú es un centro urbano”, explica uno de los juristas que median en este conflicto.
También hubo espacio para la crítica en la batería de explicaciones sobre la postura que mantienen los residentes en Benzú que temen la demolición de sus hogares. “¿Por qué notifican la recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre?”, se preguntó uno de los representantes legales de los componentes de la Plataforma de Afectados de Benzú, cuya oposición a la materialización de esta medida se hace extensible a todo el vecindario.
Los expedientes que gestiona el Área de Fomento de la Delegación del Gobierno se encuentran en distintas fases de tramitación y, como ya advirtiera Bharat Bhagwandas, director general del departamento, los interesados cuentan con todas las garantías en las distintas etapas del proceso. Algunas se encuentran a la espera de la respuesta a sus alegaciones; otras resueltas de forma desfavorable para los usuarios que acabarán en recurso de alzada ante el Ministerio competente y, en el caso de que no reciban la razón, anuncian que acudirán al Contencioso Administrativo.
El Área Funcional de Fomento recurre al “vigente” deslinde aprobado por Orden Ministerial (OM) de 29 de mayo de 1985, entre la escollera de ampliación del Puerto en la playa de Benítez y la frontera con el reino de Marruecos, la cual desarrolla la normativa de 1969. Los representantes legales de los inquilinos de las 15 casas que, presuntamente, infringen la Ley de Costas, aseguran que tras buscar en todos los boletines oficiales el anuncio del deslinde, comprobaron que esta OM “no se ha publicado”. Entienden que para su aplicación es obligatorio que se notifique por algunas de las vías establecidas para su entrada en vigor. Esta ausencia expuesta por los abogados se extiende al Registro de la Propiedad donde, añadieron, tampoco hay constancia de esta línea imaginaria que marca dónde se puede edificar y la cual la Administración General del Estado esgrime en su intento de obtener la franja más próxima a la costa de Benzú. “Luego sin deslinde, no hay recuperación posesoria ni derribo”, concluyen desde el grupo de letrados.
Un portavoz del colectivo que asesora a los perjudicados –calculan que unas 25 familias– indica que el conflicto de competencias con el Ministerio de Defensa empeora la situación ya que algunas disponen de concesión de esta cartera. Otras de las razones con la que los letrados argumentan esta supuesta irregularidad en la pretensión del Gobierno de la Plaza de los Reyes de derribar estas casas enlaza con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1992. “Se le dio traslado al Gobierno central para que hiciera las alegaciones que considerara oportunas. Sin embargo, no hizo nada y, por tanto, queda de manifiesto que tampoco hay delimitación y Benzú es un centro urbano”, explica uno de los juristas que median en este conflicto.
También hubo espacio para la crítica en la batería de explicaciones sobre la postura que mantienen los residentes en Benzú que temen la demolición de sus hogares. “¿Por qué notifican la recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre?”, se preguntó uno de los representantes legales de los componentes de la Plataforma de Afectados de Benzú, cuya oposición a la materialización de esta medida se hace extensible a todo el vecindario.
Los expedientes que gestiona el Área de Fomento de la Delegación del Gobierno se encuentran en distintas fases de tramitación y, como ya advirtiera Bharat Bhagwandas, director general del departamento, los interesados cuentan con todas las garantías en las distintas etapas del proceso. Algunas se encuentran a la espera de la respuesta a sus alegaciones; otras resueltas de forma desfavorable para los usuarios que acabarán en recurso de alzada ante el Ministerio competente y, en el caso de que no reciban la razón, anuncian que acudirán al Contencioso Administrativo.
La queja por la explosión en la cantera de
agosto
Vecinos de Benzú presentaron una
reclamación el 20 de agosto de 2013 en Delegación del Gobierno en la que
solicitaban que las instancias competentes controlen, más si cabe, las
detonaciones en la cantera de Benzú ya que además de las “alergias y picores” derivados
de la polvareda que se produce cada vez que haya una explosión, provoca el
“destrozo” de las viviendas –grietas, cristales rotos...–. Muestra de los
efectos del barreno puede verse en un vídeo grabado por un vecino el 15 de
agosto. Los residentes en la barriada piensan que esta queja ante el Gobierno
de la Plaza de los Reyes está relacionada con el envío en noviembre del año
pasado de los expedientes de recuperación.
Carece de esta línea divisoria, según la
UCA
La Universidad de Cádiz publicó en 2004 un
estudio titulado Las áreas litorales de España: del análisis geográfico a la
gestión integrada, cuyo autor es Juan Manuel Barragán. En el texto incluye un
cuadro sobre la situación de los deslindes del dominio público marítimo
terrestre aprobados –en kilómetros– apuntando como fuente a la Dirección
General de Costas a partir de datos de mayo de 2000. La figura muestra que
Ceuta suma 17,62 kilómetros pero en su totalidad carece de deslinde. Los
propios vecinos de Benzú son quienes han consultado este documento en el
transcurso de sus investigaciones para encontrar una explicación a la
notificación de derribo remitida por el Área Funcional de Fomento de la
Delegación del Gobierno. Hasta el momento, lo recibieron 15 viviendas que
corresponden a unas 25 familias.
http://www.elfarodigital.es/ceuta/sociedad/140973-los-letrados-de-los-vecinos-de-benzu-defienden-que-el-deslinde-no-existe.html
