Canarias pide al Gobierno que la reforma de la Ley de Costas tenga en cuenta el "valor etnográfico" de núcleos costeros

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial de Canarias, Domingo Berriel, le ha trasladado este jueves al Gobierno la necesidad de que en la reforma de Ley de Costas de 1988 se tenga cuenta el "valor etnográfico" e "histórico" de muchos de los núcleos de población costeros canarios ubicados en zona de dominio público para evitar que desaparezcan.


Así lo ha explicado el consejero en rueda de prensa en la sede del Gobierno canario en Madrid, tras reunirse con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y con el director general de Costas, Pablo Saavedra, en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En dicho encuentro, el consejero canario ha pedido a los representantes del Gobierno que apoyen, de cara al debate en comisión que tendrán lugar la próxima semana en el Senado sobre la reforma de la ley, la elaboración de una enmienda transaccional que resuma las enmiendas ya presentadas por el PP y Coalición Canaria.

De este modo, la enmienda transaccional incluiría la posibilidad no establecida en texto que aprobó el Congreso de salvar aquellos núcleos costeros ubicados en zona de dominio público que tengan "valor histórico", "etnográfico" e incluso "atractivo turístico".

"El margen que hay ahora es escaso, pero hay que reconducir la mejora de la ley y las enmiendas ya admitidas. Creemos que hay un espacio para la propuesta que hacemos", ha confesado Berriel, para añadir que de momento no han recibido ninguna respuesta del Ministerio más allá de su compromiso de estudiar dicha propuesta y su postura "receptiva".

Asimismo, ha aclarado que los criterios que proponen introducir en la ley para salvar los núcleos afectados por el texto aprobado por el Congreso no "ampararía en ningún caso al chabolismo" de "última hora" surgido en la costa sino a los núcleos que tienen su origen en los "asentamientos de pescadores" creados hace muchos años.

Por otra parte, Berriel ha explicado que la transaccional también introduciría una modificación de las limitaciones que se establecen para los núcleos ubicados en zonas de servidumbre, en concreto para aquellos que se encuentran entre los 20 y los 100 metros de distancia de la costa; limitaciones que son, a juicio del consejero, "muy fuertes".

Así, solicitan que en un plazo de dos años la administración urbanística pueda determinar aquellos casos en que dichos municipios podrían disfrutar de las mismas posibilidades que el resto.

Según Berriel, lo que buscan con estas medidas es conseguir en Canarias una aplicación "razonable" de la ley, que garantice "la recuperación de la costa" pero sin dejar de tener en cuenta las singularidades del archipiélago. "Tenemos que recuperar la costa y para eso tenemos que contar con los vecinos", ha advertido.

OPORTUNIDAD "HISTÓRICA"

En esta misma línea se ha expresado la consejera de Planificación Territorial del Cabildo de Tenerife, Pino de León, quien además ha avisado de que la reforma de la Ley de Costas supone una oportunidad "histórica" para solucionar los problemas de Canarias en relación a este aspecto, que si se desaprovecha, "generará conflictos".

"Hay que conseguirlo a través de la enmienda transaccional. No es difícil de aceptar porque no se genera ruptura en la filosofía de la ley. Deben reconocerse nuestras características", ha reclamado, para insistir en que si se reconocen sus peticiones será un "momento histórico".

Tras la reunión con los representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Berriel completará mañana su ronda de contactos con el Ejecutivo con una reunión en el Ministerio de Fomento, en la que tiene previsto trasladar este y otros asuntos

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-canarias-pide-gobierno-reforma-ley-costas-tenga-cuenta-valor-etnografico-nucleos-costeros-20130404160441.html

Canarias intenta in extremis salvar los 72 barrios afectados por la Ley de Costas

El consejero Berriel se reúne el viernes con representantes del Ministerio de Medio Ambiente


El Gobierno de Canarias intenta in extremis salvar los 72 poblados isleños amenazados por la Ley de Costas, que actualmente está en trámite en el Senado. El consejero autonómico de Política Territorial, Domingo Berriel, se reunirá el próximo viernes con representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para intentar introducir cambios en la reforma de la legislación que permitan que 1.902 de viviendas en el litoral del Archipiélago se libren de los derribos.

El Ejecutivo regional apura sus últimos cartuchos para procurar corregir la reforma de la ley elaborada en 1988. El PP aprobó en febrero su modificación en solitario en el Congreso de los Diputados sin aceptar enmiendas que contemplaran la singularidad de los enclaves costeros canarios. El documento se someterá a debate en una comisión en el Senado el 11 de abril, donde se estudiarán las enmiendas presentadas y se prevé que la Cámara alta apruebe la norma en su pleno del 23 de abril. Luego se remitirá otra vez al Congreso para su plácet final.


La reforma de la ley ya está prácticamente ultimada en su fase en el Senado y hay "poco margen" para su revisión. De ello es consciente Domingo Berriel, aunque aspira a que el departamento de Miguel Arias Cañete "sea sensible y se pueda corregir este agravio que tienen los ciudadanos que viven en el litoral canario".


Tras una reunión del presidente canario, Paulino Rivero, con la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas en Santa Cruz de Tenerife, el consejero confió ayer en que en su cita del viernes con miembros del Ministerio se logre recuperar algunas de las enmiendas que no han sido introducidas por ahora en su tramitación y que "favorezcan un mejor tratamiento" a las Islas.

Competencias


Al titular regional de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno canario le extraña la actitud del PP, que en la anterior legislatura fue "muy beligerante" con la Ley de 1988. "Siempre prometía que iba a cambiar todo esto y salvar los barrios costeros, pero ha hecho todo lo contrario", aseveró. De hecho, para el Gobierno autónomo la reforma "en muchos de los casos empeora la situación", de tal manera que incluso entiende que invade determinadas competencias de la Comunidad Autónoma, en relación a la zona de servidumbre de protección.


Precisamente, el Ejecutivo canario quiso regularizar en 2009 las casas costeras a través de una ley canaria, pero fue recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional, al entender que la Administración regional se arrogaba competencias que no le corresponden.


Los senadores del PP sólo han logrado registrar enmiendas al proyecto de ley en las que se prevé el 'indulto' a los núcleos construidos con anterioridad a la entrada de la ley en vigor y que dispongan de carreteras, abastecimiento de agua, alcantarillado y suministro eléctrico, entre otros requisitos. Aún así, esta fórmula dejaría fuera al 90% de los núcleos en el Archipiélago.


Por ello, Berriel reivindica ir más allá y detallar -a través de enmiendas transaccionales- un trato específico para Canarias aprovechando la oportunidad "histórica" del cambio en la ley.

En esta línea, quiso resaltar la importancia de los "típicos pueblos de pescadores" que, aunque invaden la zona de dominio público marítimo-terrestre, tienen "antigüedad y valor etnográfico suficiente" como para proteger su pervivencia. Estas edificaciones "nada tienen que ver con la ocupación ilegal del litoral", remarcó Berriel.

Además, la mayoría de las viviendas costeras están levantadas en zona de servidumbre de protección y quedan "fuera de ordenación por una interpretación estricta de las condiciones de suelos urbanos que hace el Estado", protestó Berriel, partidario de resolver este conflicto junto con el Estado.


En esa búsqueda de consenso, y el mismo día que el consejero capta aliados en Madrid, los grupos con representación en el Parlamento canario participarán en una mesa redonda en la capital tinerfeña. Convocados por la Plataforma de Afectados, el objetivo es acercar posturas y crear un "frente común

http://www.laprovincia.es/canarias/2013/04/02/canarias-in-extremis-salvar-72-barrios-afectados-ley-costas/523165.html

Propietarios de viviendas en pie de guerra contra la Ley de Costas

Pensaba el Partido Popular que con la reforma emprendida para reformar la Ley de Costas iba a calmar los ánimos de los miles de propietarios de viviendas que llevan toda la vida ocupando sus casas junto al litoral, y la verdad, a la vista de las movilizaciones que, dentro y fuera de España, se están llevando a cabo, no parece que, si esa era la intención, se hubiera conseguido. Todo lo contrario.(,NO  NOS OLVIDEMOS QUE EN LAS ULTIMAS ELECCIONES GENERALES, EL PP PROMETIO SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA LEY DE  COSTAS, CONSIGUIENDO UN MILLON Y MEDIO DE VOTOS MÁS)




“El único fin que se persigue es meramente especulativo. Quitar a la gente su casa de toda la vida para crear playas artificiales, puertos deportivos y urbanizaciones privadas”, denuncia Carmen del Amo, presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC). Europea porque, entre los perjudicados, figuran familias de otros países que llevan décadas viviendo en casas afectadas por esta indefinición jurídica en la que se hallan.



Desde el Gobierno se defiende la reforma que se está tramitando –tras pasar por el Congreso ha sido remitida al Senado para que en abril salga definitivamente adelante– porque, en contra de las críticas vertidas, la reforma permitirá salvar por un plazo de 75 años más de 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas en la playa, además de evitar la ejecución de obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral.(esto último , ya figuraba en el anterior ley)



Entre sus alegaciones, los afectados entienden que, tras esa concesión de hasta 75 años, lo que ha querido el Gobierno es volver a evitar reconocer la propiedad de estos inmuebles, y no tener que, por ello, llevar a cabo las expropiaciones pertinentes caso de que exista interés general, por parte de las administraciones, a la hora de proyectar una obra. “Estamos discriminados respecto al resto de ciudadanos. Fuera de toda norma por vivir en la costa. A los demás se les expropia y se les da la indemnización correspondiente, a nosotros no”, apunta Del Amo.



Una concesión sobre la que los afectados muestran suspicacias por las cláusulas abusivas que encierra. “En el fondo lo que buscan es que se pueda retirar dicha concesión, por mil y un motivos, sin recibir indemnización alguna”, subraya.



Los indultos tampoco han pasado desapercibidos, en relación a que hayan quedado fuera del dominio marítimo terrestre y la zona de servidumbre –cien metros a contar desde la línea de mar– diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, así como la isla de Formentera, lo mismo que es probable que ocurra, en el trámite final en el Senado, con el núcleo urbano de Moaña y con la isla de Arosa, en Galicia.



El escaso eco que desde hace años han tenido en los tribunales españoles las denuncias relativas a lo que está sucediendo en múltiples zonas del litoral, ha llevado a los afectados a trasladar sus reivindicaciones ante el Parlamento Europeo. En este sentido, acaba de recalar en España una delegación de la Comisión de Peticiones para evaluar, sobre el terreno, el alcance de las demandas.



A algunos de los europarlamentarios, como la danesa Margrete Auken, se les hace complicado comprender lo que sucede. “No se entiende cómo, con la Ley de Costas, se pueden expropiar y demoler casas y luego volver a construir”, expresaba. Y otros, como el alemán Peter Jahr, se mostraba convencido de que el Gobierno español “no paga nada, no compensa y se queda con la propiedad, porque una concesión, o la ampliación de una concesión no es una compensación”, sentenciaba.



http://www.inmodiario.com/144/16418/propietarios-viviendas-guerra-contra-costas.html

Medio Ambiente autorizó un edificio en suelo de Costas

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado de forma definitiva la licencia concedida por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en el año 2008 para construir un edificio de seis viviendas en playa San Juan, en Guía de Isora que invadía la zona de servidumbre de Costas. El ejecutivo autónomo defendía que esta obra estaba amparada por el Plan General de Ordenación (PGO) y el Plan Insular de Turismo en cuanto que iba a permitir alinear la fachada marítima de este enclave.

Sin embargo, Costas recurrió desde un primer momento la licencia que fue anulada en principio por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y ahora por el Supremo. Desde 2007 el organismo estatal advirtió al Gobierno canario que la actuación incumplía la Ley de Costas en cuanto que en la zona de servidumbre están prohibidos “expresamente” los usos residenciales.

Sin embargo, el ejecutivo autónomo alegó que en la propia legislación se incluye algunas excepciones como es permitir edificios que sirvan para homogeneizar la fachada marítima, lo que según afirmaba se pretendía en este caso. El TSJC consideró que no se había justificado y razonado en ningún momento que esta edificación pudiera acogerse al carácter “excepcional” que recoge la Ley y que además el ejecutivo estaba intentando “pervertir” la aplicación de la normativa. El TSJC, por lo tanto, dictaminó que la resolución de Medio Ambiente no contenía ningún argumento sólido que avalara el carácter excepcional de esta obra que invadía, aunque sólo fuese una parte ínfima, la zona de servidumbre que en este tramo está fijada en 20 metros de anchura.

Además, el TSJC también indicaba que el argumento de que iba a servir para alinear la fachada marítima no tenía fundamento en cuanto que el inmueble se iba a situar en la parte trasera de la misma. Aunque el Supremo admite alguno de los argumentos del ejecutivo autónomo mantiene la anulación de la licencia que ya había sido determinada por el tribunal canario en el año 2010.

El proyecto tenía un presupuesto de casi medio millón de euros y se sitúa en otro de los enclaves más controvertidos de Tenerife por la aplicación de la Ley de Costas. Hay que recordar que en este mismo tramo se dio el caso de un vecino que vio como su vivienda era derribada pese a situarse a 16 metros de la línea del deslinde y sin embargo no recibió indemnización alguna por no tener inscrita la casa en el Registro de la Propiedad

http://www.canariasahora.es/articulo/tenerife/el-gobierno-autorizo-un-edificio-en-suelo-de-costas-en-playa-san-juan/20130330105131399997.html