La futura legislación,
todavía por ratificar, contempla la celebración de fiestas en la arena, algo
que quedará a criterio de los ayuntamientos
Las playas naturales podrán tener chiringuitos desmontables de 20 metros
cuadrados y un zona anexa de sillas y sombrillas de 30 metros cuadrados, según
el Reglamento de la Ley de Costas, abierto ayer a consulta pública. Así lo
explicó el Director General de Sostenibilidad de la Costa, Pablo Saavedra, tras
destacar que por primera vez la ley hará una distinción entre playas naturales
y urbanas. Sobre estas últimas y sus chiringuitos fijos, destacó que podrán
tener una superficie cerrada de hasta 150 metros cuadrados, frente a los 100 de
antes, además de otros 50 metros cuadrados más de terraza con cerramiento, 70
metros más de terraza sin cerrar y 30 metros de servicios (baños y duchas) si
quedan abiertos a los usuarios de la playa.
En contraposición con la legislación anterior, se apuesta ahora por un mayor aprovechamiento turístico de las playas, lo que se traducirá en permisos más flexibles para ampliar los restaurantes construidos en los paseos marítimos hasta los 270 metros cuadrados y la celebración de fiestas en la arena, algo que quedará a criterio de los ayuntamientos, que como los empresarios cuentan ahora con una nueva fuente de ingresos.
El Director General de Costas especificó que en la actualidad hay 3.000 chiringuitos de playa en España, y la mitad son fijos, pero de éstos sólo 300 estaban regularizados y el resto permanecían en un «limbo» jurídico, del cual la actual norma les va a permitir salir cumpliendo determinados requisitos.
El reglamento, que deberá pasar ahora por el Consejo de Estado antes de su entrada en vigor este verano, asegura la «continuidad ordenada» de las ocupaciones que había en el dominio público marítimo-terrestre y evita demoliciones masivas de viviendas e industrias, al conceder prórrogas de hasta 75 años más, siempre con criterios medioambientales.
Porque según Saavedra, el objetivo de la norma es garantizar la protección medioambiental y el desarrollo sostenible del litoral y estas prórrogas no son una «amnistía».
Se trata, afirmó, de una norma «compleja» con más de 250 disposiciones, que prohíbe expresamente nuevas construcciones en las costas españolas en lo que es zona de dominio público marítimo terrestre, que es el espacio comprendido entre la línea de bajamar y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos.
Concretamente, el reglamento establece que las instalaciones construidas sin autorización, y con anterioridad a la ley de 1988, serán demolidas, si no procede su legalización por razones de interés público. Otra novedad es que se abre la puerta a revisar los deslindes o mediciones del dominio público marítimo terrestre, porque en algunos casos ha habido problemas «por diferencias de criterios», según Saavedra.
Por otra parte, se establece que los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión, siempre que no perjudiquen el entorno y previa solicitud.
El texto recoge las recomendaciones del Defensor del Pueblo que pidió que la definición de la zona marítimo-terrestre se hiciera con criterios exclusivamente físico-morfológicos y científicos y sin otras consideraciones.
En contraposición con la legislación anterior, se apuesta ahora por un mayor aprovechamiento turístico de las playas, lo que se traducirá en permisos más flexibles para ampliar los restaurantes construidos en los paseos marítimos hasta los 270 metros cuadrados y la celebración de fiestas en la arena, algo que quedará a criterio de los ayuntamientos, que como los empresarios cuentan ahora con una nueva fuente de ingresos.
El Director General de Costas especificó que en la actualidad hay 3.000 chiringuitos de playa en España, y la mitad son fijos, pero de éstos sólo 300 estaban regularizados y el resto permanecían en un «limbo» jurídico, del cual la actual norma les va a permitir salir cumpliendo determinados requisitos.
El reglamento, que deberá pasar ahora por el Consejo de Estado antes de su entrada en vigor este verano, asegura la «continuidad ordenada» de las ocupaciones que había en el dominio público marítimo-terrestre y evita demoliciones masivas de viviendas e industrias, al conceder prórrogas de hasta 75 años más, siempre con criterios medioambientales.
Porque según Saavedra, el objetivo de la norma es garantizar la protección medioambiental y el desarrollo sostenible del litoral y estas prórrogas no son una «amnistía».
Se trata, afirmó, de una norma «compleja» con más de 250 disposiciones, que prohíbe expresamente nuevas construcciones en las costas españolas en lo que es zona de dominio público marítimo terrestre, que es el espacio comprendido entre la línea de bajamar y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos.
Concretamente, el reglamento establece que las instalaciones construidas sin autorización, y con anterioridad a la ley de 1988, serán demolidas, si no procede su legalización por razones de interés público. Otra novedad es que se abre la puerta a revisar los deslindes o mediciones del dominio público marítimo terrestre, porque en algunos casos ha habido problemas «por diferencias de criterios», según Saavedra.
Por otra parte, se establece que los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión, siempre que no perjudiquen el entorno y previa solicitud.
El texto recoge las recomendaciones del Defensor del Pueblo que pidió que la definición de la zona marítimo-terrestre se hiciera con criterios exclusivamente físico-morfológicos y científicos y sin otras consideraciones.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/03/12/nueva-ley-costas-convierte-fuente/1089042.html
