Nuestros pueblos costeros.Canarias

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Cho Vito, década de los 60

viernes, 7 de febrero de 2014

Costas descarta habilitar aparcamientos en la zona de El Rincón porque el Parque Natural lo impide


La Demarcación de Costas de Canarias culminó ayer los trabajos de colocación en el barranco de La Poceta de los pivotes de madera, la barrera y el cartel que impiden acceder, por el tramo costero, con vehículos a motor a El Rincón y El Papelillo, que constituyen una parte de la playa de Famara.
 
Los vigilantes de Costas, la Guardia Civil y la Policía Local de Teguise pueden multar con sanciones de entre 50 y 150 euros a los conductores que transiten y estacionen sus utilitarios, del tipo que sea (coches, motos, caravanas y autocaravanas, entre otras unidades motorizadas) en las áreas no permitidas, al tratarse de terrenos que están dentro del dominio público marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre y, por otro lado, en la influencia del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, cuyoS usos regula el Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo (PRUG) de 2006.

El traslado en bicicleta y a pie sí están autorizados, al igual que el tránsito de cualquier vehículo motorizado para actividades de vigilancia, conservación, gestión y por razones relacionadas con la seguridad y el rescate.

Por otro lado, también se prohíbe la acampada, práctica que será multada con un mínimo de 40 euros por metro cuadrado ocupado y día, según establece la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral de 29 de mayo de 2013.

En la trasera de la urbanización Island Homes, conocida como Los Noruegos, a poco más de un kilómetro del barranco de La Poceta, un cartel advierte de que la carretera está cortada, pero se puede circular hasta donde se encuentran los pequeños postes que Costas ha instalado.

El responsable de vigilancia de Costas en Lanzarote, Antonio Martínez, aseguró que la demarcación envió al Cabildo "un proyecto a finales de 2008 principios de 2009, con una delimitación física desde La Poceta hasta el fondo de El Rincón para impedir que los coches se desvíen del camino y circulen por el campo dunar". Sin embargo, explicó Martínez, "el Cabildo consideró que la prohibición estaba establecida por el PRUG desde antes, desde Los Noruegos".

Finalmente, Costas retomó la iniciativa a principios de 2012, que no ha podido materializar hasta ahora por falta de recursos económicos, indicó Martínez.

Indignación


La Asociación de Empresarios de Surf y Kitesurf de Lanzarote, formada por más de 20 empresas, mostró su "enorme indignación" por la medida "sin previo aviso".

El presidente del colectivo, integrada en Aetur, Tim Jones, consideró que el cierre del acceso a la playa, "supone la ruina al colectivo de empresas afectadas, ya que les imposibilita el acceso a la zona de trabajo". El colectivo, "absolutamente consciente de que Famara es un espacio natural protegido", aboga por "la ordenación y regulación de una zona que se ha diferenciado del resto como punto neurálgico de los deportes acuáticos en la Isla".

El representante de Costas negó la posibilidad de habilitar un aparcamiento, como los existentes en Papagayo, porque esa posibilidad, aclaró, "no la contempla el Plan Rector para Famara".


La concejala de Medio Ambiente de Teguise, Cristi Rodríguez, mostró su malestar "por la falta de comunicación de Costas sobre este tema" y apuntó que "hablamos con esa administración para buscar una solución". El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Francisco Fabelo, subrayó que "Costas ha adoptado el cierre de forma unilateral" y se inclinó por "compaginar el uso sostenible de este espacio con el deporte".

El senador por Lanzarote, Óscar Luzardo, ha solicitado un informe a Costas "para conocer qué hay detrás de que se haya producido en este momento la delimitación física de ese espacio".

No solo los deportistas son asiduos a Famara, también muchos residentes que acuden los fines de semana. Una iniciativa popular en la plataforma en Internet change.org reúne firmas para exigir la apertura al acceso a la playa.

http://www.laprovincia.es/lanzarote/2014/02/07/multa-circular-vehiculos-motor-famara/588521.html

jueves, 6 de febrero de 2014

CUANDO EL ESTADO TE ROBA TU CASA.

No hay que escribir nada... Una imagen vale más que mil palabras.
 
Denuncia por invadir el dominio publico marítimo terrestre. Incoación del expediente de recuperación posesoria del dominio publico en 1993
 
 
Deslinde marítimo terrestre, de 1969, vigente hasta 2000.
 
¿DONDE ESTA EL DELITO?
¿DONDE ESTA LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO?
 
 
CIENTOS DE VIVIENDAS LEGALES, HAN SIDO ROBADAS, CONFISCADAS POR UN ESTADO ENCUBRIDOR DE ESTOS HECHOS.
 
POR ESTO, LUCHAMOS.
 



miércoles, 5 de febrero de 2014

Benzú, ( Ceuta) reflejo de Cho Vito


El pueblo marinero de Cho Vito en el municipio de Candelaria (Tenerife, Canarias), el cual databa de mediados del siglo XX, según las escrituras de propiedad tanto del suelo como de las viviendas de este asentamiento, estaba compuesto por casas-cueva dada la orografía del terreno y donde, originariamente, los pescadores almacenaban sus herramientas y embarcaciones. Cuando la Ley de Costas se cernió sobre esta idílica estampa, la Administración exigió a sus dueños –descendientes de aquellos hombres de mar– que aportaran unas licencias de obra que en 1945 no se expedían, especialmente, si se tiene en cuenta que Canarias, dada su extrapeninsularidad, vivía sumida en cierto aislamiento ante el menor desarrollo de los medios de transporte. Sin embargo, los inquilinos sí disponían de otros documentos como las hipotecas contraidas con los bancos, señal de que la titularidad estaba reconocida


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Tras la primera denuncia en 1995 en la que se acusaba a los habitantes de Cho Vito de invadir el dominio público-terrestre, y tras recurrir su caso ante todas las instancias posibles, las excavadoras entraron en las casas arrasando con todo, primero en 2008 y después en 2012, bajo un fuerte dispositivo de la Guardia Civil. Estos recuerdos y reflexiones corresponden a Antonio Alonso, responsable en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, además de ser uno de los propietarios del extinto pero célebre Cho Vito.
 

Alonso sigue de cerca el caso de los vecinos de Benzú cuyas viviendas se encuentran a expensas de la resolución de los expedientes del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno que determinará si vulneran la Ley de Costas. De ser así, su final será la demolición de estos hogares siempre que carezcan de una concesión administrativa o los juzgados no resuelvan a su favor. De lo contrario, podrán continuar en la ubicación que ocupan en la actualidad.

Este portavoz de Asociación Europea de Perjudicados, como su presidenta, Carmen Del Amo, ya se puso en contacto con Rahma Mokhlis, presidenta de la plataforma en defensa de Benzú creada por los propios residentes, para expresarles su apoyo en la reivindicación de permanecer en el lugar que les vio nacer. Una representación del colectivo local tiene previsto asistir al Pleno de este jueves, mientras que el resto seguirá los acontecimientos en los exteriores del Palacio Autonómico.


Benzú

La organización propuso a Mokhlis que los residentes presenten de forma colectiva una queja ante el Comité de Peticiones de la Unión Europea (UE) y que puede contar con la rúbrica de los partidos políticos. “En algún pueblo canario logramos que también nos respaldara el Ayuntamiento”, añadió
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Canarias es la autonomía con más kilómetros de costa, los cuales comprenden a 107 pueblos influidos por esta Ley. Alonso, conocedor de las “irregularidades” en su aplicación, identifica varias similitudes entre Benzú y Cho Vito en el “modus operandi” de la Administración. El primer rasgo de semejanza se encuentra, a juicio del canario, en la “negativa” de la Delegación del Gobierno a ofrecer información sobre los expedientes a los vecinos.
“En España, los poderes fácticos impiden que demostremos la verdad a pesar de que contamos con los documentos que la acreditan. Por eso luchamos en Bruselas desde 2008”, explicó el encargado de la entidad en las islas.


En segundo lugar, Alonso entiende que, en función del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Benzú está fuera del dominio público marítimo-terrestre y correspondería a otro organismo –Defensa o Ciudad Autónoma– dirimir sobre su derribo en caso de que proceda.

 
“Hay que dar un trato específico en casos como Canarias, Ceuta o Melilla porque tienen una superficie limitada y hay que contemplar sus singularidades”, señaló el portavoz; “si Canarias está rodeada de agua por todos sus flancos; el 70 por ciento es terreno protegido como parque natural y reserva. Entonces, ¿dónde vamos a vivir los canarios?”, se preguntó. Alonso estableció la analogía con las ciudades autónomas: “Por un lado está el mar y por el otro la frontera”.


Como documento que justifica la existencia de Benzú como barriada, el equipo de la Asociación remite al Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) de 14 de junio de 1956, en el cual queda recogido que en una moción se solicitó que la escuela que existía en el lugar fuera trasladada “desde su actual emplazamiento hasta el centro de la barriada” además de la “construcción de viviendas para maestros”.


Alonso aludió al “mal uso” que se da a la Ley de Costas, “como fue el caso de Cho Vito”, y sospechó que en la ciudad autónoma podría ocurrir lo mismo. Junto al poblado de pescadores derribado en Tenerife, “estaba contemplada la construcción de 15 adosados de lujo y, claro está, su precio disminuía con Cho Vito al lado en vez de revalorizarse con un paseo marítimo”, argumentó este integrante de la Asociación. Su directiva consideró que en la barriada ceutí podría reproducirse el mismo escenario. “Si la Administración tuviera que expropiar a los legítimos propietarios de las casas en toda la costa española, el Estado no tendría suficiente dinero y por eso recurre a los cambios en el deslinde”, valoró.
“Primero hablamos de personas”, puntualizó Alonso, “y en segundo lugar del medio ambiente. Pero si se les ha permitido estar durante todo este tiempo y se les ha dotado de servicios, de buenas a primeras no se les puede echar porque se les condena a vivir de los servicios sociales”, lamentó.


http://www.elfarodigital.es/ceuta/sociedad/140033-benzu-reflejo-de-cho-vito-.html#

martes, 4 de febrero de 2014

El Consistorio confía en que la nueva ley de Costas legalice los núcleos de Agache


El Ayuntamiento pretente que Santa Lucía, La Morra de El Tablado y La Balandra se consideren asentamientos urbanos y limitar la protección marítima a 80 metros

El Ayuntamiento de Güímar pretende legalizar los núcleos de Agache aferrándose a la nueva ley de Costas. El concejal de Costas, Domingo del Rosario, asegura que los técnicos municipales están recopilando información sobre estos barrios del litoral que con la anterior normativa sobre Costas no habían sido reconocidos como urbanos. Se trata de los barrios de Santa Lucía, la Morra de El Tablado y La Balandra, que el edil cree que podrían cumplir los requisitos fijados por la nueva norma, aprobada en mayo del año pasado, para ser considerados asentamientos urbanos, lo que provocaría que la servidumbre de protección marítima se reduzca en 80 metros al pasar 100 a 20. Esto haría posible legalizar las viviendas levantadas en primera línea.

En esta servidumbre se permiten solo las obras de reparación, mejora, modernización y consolidación de las construcciones ya existentes, siempre que no impliquen un aumento de volumen, altura ni superficie. Por tanto, no se podrá construir nada nuevo ni ampliar la vivienda. La nueva norma establece que ya no hace falta una autorización administrativa autonómica, que se sustituye por una declaración responsable del propietario, en la que tendrá que incluir que las obras cumplen con los requisitos de eficiencia energética y ahorro de agua.

El edil explica que el expediente "ya está casi completo y que esta actuación obedece a una demanda vecinal, de modo que nosotros aportaremos toda la información sobre accesos rodados, abastecimiento de agua y conexiones eléctricas, aunque la última palabra la tiene Costas". Los documentos se enviarán a la mayor celeridad posible. No obstante, la Administración estatal tiene un plazo de año y medio para responder.

Del Rosario advierte que cambiar la calificación de suelo a urbano no implica que las infracciones urbanísticas prescriban. La Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral prevé que se reduzca el ancho de la servidumbre de protección en los núcleos de población que no están en suelo considerado urbano, pero que con anterioridad a 1988 ya tenían características propias de esta calificación urbanística.

Según la norma, son los que, en ese momento, reunieran "alguno" de los requisitos para ser recalificados ya sea porque "cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenación de aplicación".

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente deberá pronunciarse sobre la delimitación y compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre. Este informe deberá emitirse en el plazo de 18 meses desde que haya sido solicitado por el Ayuntamiento de Güímar.

En caso de que el Gobierno central no emitiera ningún documento en este plazo, el silencio administrativo será entendido como una respuesta favorable.

http://www.laopinion.es/tenerife/2014/02/04/consistorio-confia-nueva-ley-costas/523899.html?utm_source=rss

 

lunes, 3 de febrero de 2014

Un empresario denuncia en Fiscalía el contrato de servicios de playa de Pájara


El concurso de los servicios de playa del municipio de Pájara ha llegado a la Fiscalía Provincial de Las Palmas. El empresario Gregory Daniel Miechiels ha denunciado ante el citado órgano judicial un presunto delito de prevaricación, cohecho, fraude y exacción ilegal al considerar que se han cometido serias irregularidades en la explotación del litoral sureño. Más grave es la afirmación del denunciante al acusar a los adjudicatarios que explotan y han explotado el bien de dominio público en Pájara de hacerlo" con el consentimiento informal de funcionarios públicos de la Demarcación de Costas de Canarias, previo pago de la correspondiente dávida, y en connivencia con personal del Ayuntamiento de Pájara".

El texto de la denuncia recoge que el Consistorio majorero convocó en 1993 un concurso público para adjudicar distintas licencias municipales de instalación y explotación de los servicios de temporada en las playas de Pájara, sectores de hamacas y chiringuitos, y que el plazo de vigencia de las licencias era de ocho años por lo que en el 2002 se produjo la caducidad automática de las autorizaciones. Sin embargo, estos servicios de playa siguieron realizandose hasta finales de 2008 al prorrogarse la adjudicación " sin que se sepa a dónde fueron a parar las cantidades que en concepto de canon se continuaban abonando ni tampoco las razones por la que dicha situación se consentía".

El denunciante también expone en su escrito que el Ayuntamiento, tras haber aprobado en febrero de 2012 el expediente para la explotación de los sectores de hamacas y chiringuitos, acordó un año más tarde modificar la autorización administrativa para estos servicios " redundo la superficie de los lotes alegando, de forma genérica e injustificada, causas ambientales".

Miechiels pide a la Fiscalía que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estrado identifiquen a las personas que explotan las playas en Pájara. También apunta en su denuncia hacia la Demarcación de Costas de Canarias y demanda al Fiscal que identifique a los funcionarios que se encuentran relacionados con los procedimientos relativos a la adjudicación y licitación de la explotación de los bienes de dominio público del litoral de Pájara, así como las razones que han llevado a Costas, " a pesar de haber sido requerida para que investigara las irregularidades acaecidas respecto a la explotación de las playas de Pájara, nada al respecto ha realizado, permitiendo que terceras personas explote el dominio público al margen de la ley".

http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2014/02/03/empresario-denuncia-fiscalia-contrato-servicios/587566.html

 
OTRA VEZ, COSTAS Y UN AYUNTAMIENTO..