Gente humilde, gente poderosa

Miguel Dueñas Muñoz 11/02/2011 10:11

Vemos continuamente cómo se demuelen viviendas de gentes humildes, ya sea porque se construyeron sin permiso o por la famosa ley de costas. Hace como un año, en Tenerife, concretamente en la población de Candelaria, la Guardia Civil, por orden gubernativa, demolió, sin piedad, un montón de viviendas de pescadores, en las cuales vivían esas personas desde hacía más de cincuenta años, sin especular con ellas, pues los obligaron a irse y destruyeron sus casas. Puedo aseguraros que sentí un tremendo dolor por ellos, y porque aquellas casas eran parte del paisaje de la maravillosa isla de Tenerife.
En Marbella, según he leído, hay como unas tres mil viviendas ilegales, pero pasan los años y, como son casas de lujo, no se destruyen, ni los gubernativos ni los jueces dan la orden de demolición.
Ahora, aquí, en Tarragona, según una sentencia firme del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, se tiene que demoler Marina Port Tarraco, porque según esa sentencia se construyó sin permiso… ¿Se cumplirá dicha sentencia, ya que es firme?
http://www.diaridetarragona.com/opinio/cartasaldirector/052607/gente/humilde/gente/poderosa

Apoyo unánime para salvar el hotel Oliva Beach

La demolición del emblemático establecimiento dejaría sin empleo a 400 personas.

El pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado por unanimidad una moción para salvar el hotel Oliva Beach situado en el municipio de Corralejo, en Fuerteventura, de la demolición que quiere llevar a cabo el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino debido para cumplir con la Ley de Costas.

Un apoyo que ha agradecido el colectivo de trabajadores del hotel, ya que el emblemático establecimiento dejaría sin empleo a 400 personas. El presidente de la Asociación Salva el Oliva Beach, Adrián Fernández, ha manifestado que se encuentra agradecido y que esto es un paso más para salvar el hotel de la demolición.

Otros puntos tratados en el pleno han sido la aprobación definitiva del presupuesto 2011, con los votos a favor del grupo de gobierno y los votos en contra de la oposición. El Pleno ha dado apoyo unánime a la concesión de bienes de dominio público para el parque tecnológico y a la cesión de terrenos para la construcción de la sede que albergará el Instituto Tecnológico de Canarias.
Redacción TelevisiónCanaria

MARM, Dirección de Costas y Gobierno cántabro se reunirán el próximo día 16 en Santander para tratar la Ley de Costas

Revilla explica que habrá desafectaciones para el traspaso de la propiedad en algunos casos y prórrogas del periodo en otros

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS)
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El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado este jueves, tras reunirse en Madrid con la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que una delegación encabezada por la secretaria de Estado, Teresa Ribera, y el director de sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pedro Antonio Ríos, se reunirán el próximo 16 de febrero, en Santander, con el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, con el objetivo de revisar la aplicación de la Ley de Costas en esta comunidad.
En presencia de la ministra, Revilla se ha congratulado por lo que supone el "primer paso" para erradicar la alarma generada entre el empresariado y los trabajadores de empresas cuyo convenio de explotación con el Gobierno expira en 2018. Así, ha señalado que la intención, tanto del Gobierno central como del autonómico, es "solucionar la mayoría de los casos por dos vías: la desafectación de terrenos y la prórroga de las concesiones".
En este sentido, ha explicado que, en el primer caso, la idea es identificar "los casos claros de actividades productivas, incluso de manera inmediata", con el objetivo de proceder a "hacer una desafectación de los terrenos" --los cuales son propiedad del MARM-- para su traspaso en propiedad a los actuales ocupantes de los mismos.
"Naturalmente tendrá un contrapartida económica, pero la voluntad del Ministerio no es pasar por caja sino solucionar el problema", ha dicho Revilla, quien ha subrayado que, "incluso antes del 2018, algunos serán desafectados del dominio de Costas para pasar a ser propiedad de los usuarios". "Eso revalorizará los terrenos y permitirá a los empresarios tener un horizonte de inversiones", de tal forma que no tengan constantemente "la espada de Damocles encima de las concesiones".
Mientras, en el otro supuesto, el mandatario cántabro ha referido que la idea del Ministerio pasa por traspasar los terrenos "del dominio de Costas al dominio portuario", y, en este sentido, "prorrogar" los 30 años de la concesión actual, que vencen en el 2018. No obstante, ha recordado, habrá casos que no se ciñan a estos modelos para los que habrá que buscar "alternativas".

PP y CiU logran impulsar la reforma de la Ley de Costas desde el Senado

El grupo popular y CiU han logrado impulsar la reforma de la actual Ley de Costas al conseguir que el pleno del Senado aprobara esta tarde la toma en consideración de dos proposiciones, que ahora deberán debatirse en el Congreso de los Diputados.
En su propuesta, establecida antes de la ley, serán mantenidos en tal situación jurídica, "conservando sus condiciones el grupo popular defiende que los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de cláusula y naturaleza temporal, hasta tanto se apruebe y ejecute un instrumento de planificación especifico para dichos terrenos".
El grupo popular ha argumentado que miles de ciudadanos, trabajadores de todos los sectores, obreros y empresarios ven peligrar su futuro como consecuencia de la posibilidad de tener que abandonar sus trabajos y empresas a partir del 2018.
Según la parlamentaria del PP que ha defendido la iniciativa, la senadora por Cantabria Leticia Díaz, la privación de estos bienes se ha llegado a interpretar, yendo más allá de lo dispuesto en la propia ley, al contemplar supuestos sin derecho a indemnización alguna, como consecuencia de una "aplicación irregular" de la ejecución de la Ley de Costas.
Por su parte, los nacionalistas catalanes piden la exclusión de los dictados de la ley de las llamadas "ciudades navegables" y de las áreas urbanas consolidadas como singularidades propias, precisamente por su "peculiaridad y legalidad".
CiU cita concretamente el caso de la Marina d'Empuriabrava (Castelló de Empuries); de Canales y Urbanización de Santa Margarida (Roses) y la Playa de S' Abanell (Blanes).
Para el grupo catalán, estas áreas fueron construidas según la legislación urbanística vigente sobre terrenos privados y los propietarios han consolidado los derechos legalmente adquiridos.
Agrupados en la Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas, unos 70 empresarios de Cantabria han viajada hasta Madrid para seguir en directo el debate de hoy y desde la tribuna del público han saludado con aplausos el resultado.
Aunque el grupo socialista ha votado en contra de ambas iniciativas, no ha podido impedir la aprobación de las dos iniciativas por 127 votos a favor y 125 en contra, en el caso de la propuesta del PP, y de 136 a favor y 112 en contra en el caso de la de CiU.
Durante el debate, la senadora popular Leticia Díaz ha asegurado que son muchas las víctimas de la "aplicación torticera" de la norma, que existe un tejido productivo empresarial en la zona costera, que firmaron concesiones a perpetuidad o por 99 años, e invirtieron en empresas e industrias, y que la norma "condena a muerte" a muchas de ellas.
Por su parte, la senadora de CiU Monserrat Candini ha señalado que no hay nada peor que las lecturas "restrictivas" de determinadas leyes, con una visión poco real y ha "lamentado" la poca sensibilidad que el Gobierno ha mostrado hasta ahora en relación al tema en concreto por ellos defendido, ya que son miles los afectados.
La costa española está ya deslindada en el 93 por ciento de su longitud, según el informe sobre la aplicación de la Ley de Costas de 1988 presentado a finales del 2010 al Consejo de Ministros por Medio Ambiente. EFE-Cantabria

Plataforma de Castellón pide paralizar ley de Costas para proteger 600 casas

La Plataforma para la Defensa de las Viviendas del Litoral Castellonense, impulsada por la Diputación de Castellón e integrada por ayuntamientos y asociaciones de vecinos, reclamará a la UE la paralización de la aplicación retroactiva de Ley de Costas para proteger las 600 viviendas afectadas por ella.
Así lo ha dado a conocer hoy el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, durante el acto de presentación de la plataforma que ha tenido lugar hoy en el salón de actos de la institución provincial y al que han asistido representantes de los municipios y de las asociaciones de vecinos afectados por la ley.
Fabra ha defendido que la plataforma pretende convertirse en un "referente provincial" y que nace con el "compromiso" de no quedarse con "los brazos cruzados" viendo cómo peligra el "encanto" de la costa de Castellón, que depende "tanto de la naturaleza como de la vida que se construye en torno a ella".
Fabra ha sostenido que la aplicación de la ley es "arbitraria" porque en 1988 la mayoría de las playas castellonenses contaba con 30 metros más de arena y las casas "estaban fuera del límite establecido para ser dominio público".
"El mal hubiese sido menor si Costas hubiese cumplido con la obligación que establece la Ley en sus primeros dos artículos: conservar, proteger y restaurar la costa", ha añadido.
El presidente de la Diputación ha explicado además que para lograr la aplicación de esa ley se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas que se llevará a cabo mediante internet, las redes sociales, y en una exposición fotográfica itinerante.
Asimismo, ha indicado que la costa castellonense es "la más regresiva", junto con la de Huelva, y ha lamentado que cada año en Semana Santa los turistas que visitan Castellón se encuentran con "la misma estampa: excavadoras y operarios con palas en la arena reparando los destrozos de los últimos temporales".
Ha dicho además que con la aplicación de la ley 600 familias perderán sus viviendas sin obtener por ello indemnización alguna y que incluso en el caso de Torrelasal "se hará desaparecer un poblado marítimo entero".
http://www.adn.es/local/valencia/20110209/NWS-0960-Plataforma-Castellon-Costas-paralizar-proteger.html

Dos diputados llevarán al Congreso la reforma de la ley de costas

Los diputados Román Rodríguez (PP) e Ismael Rego (PSdeG) fueron elegidos ayer por el pleno del Parlamento gallego para llevar al Congreso de los Diputados la proposición de ley aprobada por la Cámara -sólo con los votos del PP- para modificar la ley de costas. Por su parte, el BNG renunció a designar a un representante de su grupo al estar "en contra" de los términos en los que se propone este cambio.

El pasado mes de diciembre, los votos de los populares gallegos sirvieron para proponer que se reforme esta ley estatal con el fin de que se "legalicen" núcleos rurales tradicionales asentados en localidades como Moaña o Marín (Pontevedra). Por su parte, socialistas y nacionalistas se opusieron al considerar que la propuesta popular era "electoralista y oportunista".

En este escenario, la Cámara gallega aprobó "por asentimiento" el acuerdo previo de que tres diputados llevasen la proposición de ley al Congreso. Sin embargo, tras celebrarse ayer la votación en urna, sólo dos nombres -Rodríguez y Rego- salieron en las papeletas y hubo 11 en blanco -las correspondientes a los diputados del BNG a excepción de Fernando Blanco, que no participó en la votación-.

La decisión del BNG de no proponer a ningún representante responde a la interpretación por parte de este grupo de que carece de lógica acudir a la Cámara baja, donde los nacionalistas cuentan también con dos diputados, a reiterar su rechazo a esta propuesta de modificación. Pese a su oposición, los socialistas sí han optado por proponer a Rego, quien ratificará en el Congreso su postura contraria.
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2011/02/09/diputados-llevaran-congreso-reforma

«Siendo estrictos casi todo sería ilegal. Pero la ley reconoce derechos»

La recuperación del dominio público marítimo-terrestre es un proceso largo, complejo y en el que, evidentemente, hay que respetar todas las garantías legales. Vamos viendo de forma individualizada si el propietario de cada construcción tiene derecho a treinta más treinta años de concesión, a partir de la aprobación del deslinde de cada tramo de costa», comenta la jefa de la Demarcación Costas en la Región de Murcia, Francisca Baraza.
Ésta apunta que, en cuanto a las terrazas asociadas a viviendas que invaden la línea imaginaria marcada por los mojones, y por lo tanto metros de acceso al mar ganados a costa del disfrute público, «lo lógico es el derribo». Eso, al margen de las compensaciones económicas que se puedan establecer.
De esta forma, el Ministerio de Medio Ambiente busca el difícil y siempre polémico equilibrio entre la recuperación total del dominio público, que exigiría un fuerte desembolso de dinero en expropiaciones y compras, y el poner coto a lo que en este momento parecen playas privadas, puesto que se hace imposible transitar por esos lugares sin tener que rodear las urbanizaciones o meterse en el agua ya que la arena forma parte de casas y recintos de uso privado.
«Este proceso de recuperación del dominio público puede llevar años, porque se trata de mucho papeleo, audiencias, exposiciones públicas e incluso recursos judiciales. Pero lo que está claro es que lo importante es abordar el tema y hacerlo siempre de forma individualizada y velando por el cumplimiento de la legalidad. Los propietarios no tienen por qué tener miedo, porque actuamos con todas las garantías. Eso sí, en las ocupaciones al margen de la legalidad actuamos con firmeza», argumentó Baraza.
La máxima responsable de Costas en la Región invita a reflexionar sobre la moderación con la que debe actuar la Administración en estos casos, «ya que si nos ponemos estrictos, casi toda La Manga podríamos considerarla ilegal a la vista de la actual ley, porque casi todo está construido. Lo que pasa es que la ley no es retroactiva, y por eso reconoce los derechos adquiridos por los propietarios de bienes y derechos de urbanización», concluyó
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110207/cartagena/siendo-estrictos-casi-todo-20110207.html



Eso de que la ley no es retroactiva es dificil de explicar, sobre todo a los que han perdidos sus casas.

La lenta batalla contra las playas 'privadas'

Costas negocia permisos de uso con dueños de 50 chalés y otras edificaciones ubicadas en primera línea de playa

La aplicación de la Ley de Costas en La Manga y Cabo de Palos ha experimentado en las últimas semanas un nuevo avance, gracias a la tramitación de cincuenta expedientes relativos a construcciones que invaden el dominio público marítimo-terrestre y que pueden acabar derribadas, demolidas sólo en parte -en su mayoría- o salvadas para los próximos treinta o sesenta años, gracias a permisos de uso derivados de los derechos adquiridos por los propietarios.
A través de la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino está inmerso en una fase del proceso de recuperación de las playas para el uso público, que tuvo como principal precedente los deslindes aplicados desde hace seis años para delimitar bien qué zona es pública.
La recolocación de mojones permitió establecer las franjas de servidumbre de acceso y tránsito, de seis metros a 20 de distancia al mar, y de protección, de hasta 100, y ahora se trata de ir caso por caso, decidiendo qué pasa con cada edificación.
Como la ley es de 1988, el trato es distinto para lo construido antes o después de esa fecha. Los dueños de construcciones previas pueden acogerse a concesiones de uso de treinta años, prorrogables otros treinta, mientras que el resto pasa a un procedimiento sancionador (multas), que puede desembocar en un derribo. Los cincuenta casos que aborda ya Costas están recogidos en un inventario de bienes integrado ya por trescientas propiedades repartidas por aproximadamente la mitad del litoral de la Región.
En total, según los cálculos de la Demarcación, el inventario tendrá unos seiscientos apuntes, en su mayoría referidos a La Manga, Cabo de Palos y Mazarrón.
Las viviendas individuales (sobre todo, chalés) destacan en el listado, que también incluye terrazas asociadas a esas casas, partes de edificios, muros, cerramientos, clubes náuticos, jardines y porciones de parcelas urbanizables.
El criterio de los responsables del Ministerio en la Región es otorgar las concesiones de uso para las construcciones previas a 1988, siempre que no obstaculicen la zona de tránsito, como ocurre con terrazas situadas en la parte de La Manga que da al Mar Menor, sobre todo en el término municipal de San Javier.
Un ejemplo es la zona cercana al Hotel Doblemar, donde hay un edificio que lleva ya casi cuatro décadas a medio construir.
Medio Ambiente ha ganado numerosos recursos judiciales contra los deslindes interpuestos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por los afectados. Pero hacer efectiva la recuperación de las playas para el disfrute público es una batalla más lenta y complicada. En todo caso, Costas ha ido dando pasos en los últimos años con demoliciones, como las de siete viviendas en Los Urrutias, un muro de cerramiento en el Hotel Cavanna, un pantalán también en la playa del Cavanna o un edificio de 80 viviendas en Playa Honda (pagó por el inmueble 12 millones de euros). Con esto último, tenía como objetivo acometer un proyecto de mejora ambiental en la zona de Playa Paraíso, que espera poner en marcha este año.
En otras zonas, como la playa de Marchamalo, ha habido tiras y aflojas con los dueños de bares y restaurantes, que se oponen a los precios de expropiación fijados por el Gobierno para construir un paseo marítimo. Y en el Vivero, entre Puerto Bello y las salinas de Marchamalo, la victoria judicial de Costas respecto al nuevo deslinde fue sólo un triunfo parcial, puesto que los promotores de una urbanización lograron del Ayuntamiento de Cartagena compensaciones en altura y, por lo tanto, podrán levantar torres de pisos.
Son ejemplos de la complicada aplicación de la ley de Costas en los 272 kilómetros de litoral regional, donde siguen al rojo vivo conflictos como el de las casas del poblado marinero de Puntas de Calnegre, en el término de Lorca, donde la declaración de Bien de Interés Cultural por parte de la Comunidad busca evitar derribos a los que ponen pegas las autoridades locales.
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110207/comarcas/lenta-batalla-contra-playas-20110207.html

Veamos el asunto con calma. El ministerio, otorga las concesiones(que luego recupera en la mayoría de los caso al año) compra los terrenos" que ya son dominio público",NEGOCIA con los propietarios.........

¿QUE LEY DE COSTAS APLICARON EN CHO VITO?.

¿QUE VERSIÓN DE LA LEY APLICARAN EN EL GOLFO, EN EL CALETON O EN BOCACANGREJO?

¿TENDRÁ ALGO QUE VER, QUE SON CHALETS,PANTALANES, Y EMBARCADEROS Y NO CASAS HUMILDES?

La reforma de la Ley de Costas, al pleno del Senado

Madrid, 6 feb (EFE).-
La Ley de Costas irá al Senado la próxima semana porque el Grupo Popular y CIU defienden que hay que modificar la norma para establecer determinadas excepciones.
Con este fin, ambos grupos han presentado sendas proposiciones de ley, que de acuerdo con lo previsto serán debatidas el miércoles en el pleno de la Cámara Alta.
En su exposición de motivos, los catalanes sostienen que resulta necesario excluir de los dictados de la ley las llamadas "ciudades navegables" y las áreas urbanas consolidadas como singularidades propias, precisamente por su "peculiaridad y legalidad".
CIU cita concretamente el caso de la Marina d'Empuriabrava (Castelló de Empuries); de Canales y Urbanización de Santa Margarida (Roses) y la Playa de S' Abanell (Blanes) Para el grupo catalán estas ciudades y áreas fueron construidas según la legislación urbanística vigente sobre terrenos privados y los propietarios han consolidado los derechos legalmente adquiridos.
Por su parte, el Grupo Popular defiende que los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de cláusula establecida antes de la ley, serán mantenidos en tal situación jurídica, "conservando sus condiciones y naturaleza temporal, hasta tanto se apruebe y ejecute un instrumento de planificación especifico para dichos terrenos".
En su exposición de motivos, el Grupo Popular argumenta que miles de ciudadanos, trabajadores de todos los sectores, obreros y empresarios ven peligrar su futuro como consecuencia de la posibilidad de tener que abandonar sus trabajos y empresas a partir del 2018.
Añade que la privación de estos bienes se ha llegado a interpretar, yendo más allá de lo dispuesto en la propia ley, al contemplar supuestos sin derecho a indemnización alguna, como consecuencia de una "aplicación irregular" de la ejecución de la citada Ley de Costas.
La costa española está ya deslindada en el 93 por ciento de su longitud, según el informe sobre la aplicación de la Ley de Costas de 1988 presentado a finales del 2010 al Consejo de Ministros por Medio Ambiente. EFE
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=680782

EL PODER DE LA HIPOCRESÍA.

Crecen las críticas por la demolición de un hotel para hacer casas para judíos
“Las condenas por la demolición del histórico hotel Shepherd, en un barrio árabe de Jerusalén Este, iniciada por Israel como el primer paso para un proyecto privado de construcción de viviendas para judíos no deja de levantar críticas.”….
“…el Gobierno español ha condenado la demolición y ha recordado que los asentamientos construidos en los territorios palestinos ocupados son ilegales según el derecho internacional”
“La titular de la política exterior de la UE, Catherine Ashton, recordó a Israel que construir asentamientos en territorio palestino es ilegal. "Condeno fuertemente la demolición esta mañana del hotel Shepherd y la planeada construcción de un nuevo asentamiento ilegal"”

, Demolida un ala del histórico hotel Shepherd
Este domingo, excavadoras privadas israelíes demolieron una de las alas del histórico hotel Shepherd para habilitar el terreno con vistas a la creación de un nuevo asentamiento judío en la parte este de Jerusalén.
Situado en el barrio de Sheij Jarrah, en territorio ocupado por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967, la demolición de una parte del hotel y la creación del nuevo barrio han sido objeto de duras críticas
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/10/internacional/1294688116.html

Cae Cho Vito
http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008100800_2_174725__Tenerife-Vito

…“Al hilo de lo anterior, cabe reseñar las quejas por el derribo de unas viviendas en el pueblo canario de Cho-Vito, municipio de Candelaria, en la isla de Tenerife. Se inició una investigación de oficio, sin concluir a finales de 2008, con motivo de estos hechos. ( Esta investigación sigue sin concluir, por la negativa de la Dirección General de Costas a entregar la documentación)Al parecer ese derribo pudo producirse en contra de un compromiso asumido por el Gobierno estatal, adoptado mediante acuerdos del Senado en sesiones plenarias del 26 de abril de 2005 y del 7 de febrero de 2007, por el que no se procedería a la demolición de una edificación en el litoral de Canarias, sin antes haber tratado la cuestión en el seno de una comisión formada por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, los ayuntamientos y cabildos correspondientes y el Gobierno de Canarias... http://biblioteca.defensordelpueblo.es/ABSYS/AomCli.exe?MLKOB=5147465757

Europa dice que se mantiene 'vigilante' ante los derribos de viviendas en España

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/22/suvivienda/1285180314.html

España, bajo investigación por abusos urbanísticos
El Parlamento Europeo carga contra la Ley de Costas por "abusiva"
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Parlamento/Europeo/carga/Ley/Costas/abusiva/elpepusoc/20100323elpepisoc_6/Tes

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA

Artículo 17. Derecho a la propiedad
1.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en los casos y condiciones previstos por la ley y a cambio de una justa indemnización. El uso de los bienes podrá regularse en la medida que resulte necesario para el interés general.
2.- Se protegerá la propiedad intelectual.

Los derechos humanos, son los mismos para todas las personas. Da igual que se vulneren en Palestina, en Israel, en Ampuria Brava, Bocangrejo,Formentera,o Cho Vito. Da igual. SE VULNERAN.

En Israel tiran un hotel para hacer viviendas, y en Cho Vito,,,,, lo mismo, y todo legal...

La hipocresía anida cuando vemos el problema en otros, y no lo vemos en nosotros.

El 'tsunami' de la Ley de Costas

«Cuando alquilé la finca en el año 1985 no existía ninguna ley que dijera que tenía que desalojarla», dice Jesús

Los afectados califican de «salvajada» que cientos de talleres y estabulaciones ganaderas vayan a desaparecer el 29 de julio de 2018 al caducar las concesiones

«Hay gente que tiene negocios, ganaderías... es como si te obligan a dejar de trabajar»

A Toñín, a Jesús o a Luis, la fecha del 29 de julio de 2018 no les parece tan lejana. Quedan siete años para que llegue ese día en que todas las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre caducarán y revertirán al Estado, en aplicación de la Ley de Costas. Eso afecta a sus viviendas y a sus negocios, que tendrán que abandonar en ese plazo si antes nadie lo remedia. La ley no establece ni indemnización ni compensación para ellos: sólo la renuncia. Por eso la fecha no les parece tan distante.
Mucho más inmediato es un debate en el Senado, que tendrá lugar el próximo miércoles 9, día en que se discutirán dos proposiciones de ley sobre la normativa. Una será defendida por la senadora cántabra Leticia Díez (del PP) y persigue que se garantice la situación jurídica de todas las concesiones de suelo anteriores a su aprobación, en 1988, hasta que se elabore un instrumento de planificación específica.
Porque la simple cesión, a los afectados, les parece demasiado. Los terrenos sobre los que se asientan sus casas y sus negocios fueron ganados al mar hace cien años. «Esta finca era de los padres de mi mujer. Cuando ellos fallecieron, nos quedamos con ella», explica Toñín. Años antes, desde la Administración se habían promovido concesiones administrativas destinadas a desecar marismas y zonas de ribera con el fin de destinarlas a tierra de cultivo. Durante décadas se trazaron diques y malecones, se desecaron los cierres, se parcelaron los terrenos... Cientos de familias ocuparon aquellas parcelas situadas por debajo del nivel del mar, construyeron sus casas y acondicionaron sus explotaciones. Muchos, con los años, promovieron otro tipo de negocios: pequeños talleres o pequeñas naves industriales. Todo se perderá en el año 2018.
En Cantabria, miles de personas están abocadas a afrontar esta pérdida. La Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas (Acalco), que agrupa a gran parte de ellos, habla de 1.200 empresas y 25.000 trabajadores, sin incluir las ganaderías. Semejante cifra no se refiere exclusivamente a los propietarios de terrenos ganados al mar que, con el tiempo, dieron a las fincas otros usos diferentes a los puramente agrícolas, sino también a cientos de naves industriales acondicionadas en polígonos que se asientan sobre rellenos de marismas, como el de Raos (Camargo) o el de Santoña, con todos sus trabajadores.
Toñín, Jesús y Luis no son los únicos afectados por la Ley de Costas. En otras zonas de España, como el Mediterráneo, la mayor amenaza recae sobre cientos de chiringuitos y establecimientos hosteleros a pie de playa, aunque no se ha generado tanto impacto en el sector industrial. En Cantabria, donde numerosos polígonos se acondicionaron sobre terrenos ganados al mar, la industria se verá muy directamente perjudicada.
Finca y casa
El municipio de Bárcena de Cicero, en la zona oriental de la región, es muy representativo de hasta dónde pueden llegar los efectos de esta medida. Muchos de sus vecinos son conscientes de en qué situación se encuentran. Jesús es un hombre que trabajó toda su vida como ganadero, aunque lleva un tiempo jubilado. Eso no le impide supervisar el negocio, dirigirlo y tomar algunas decisiones que le corresponden como empresario. Tiene 116 vacas.
«Cuando yo la alquilé en el año 1985 -se refiere a una finca de Cicero en la que vive y trabaja, pero que no es de su propiedad- no existía ninguna ley que dijera que tenía que desalojarla», explica. Ahora, no sólo se ve abocado a dejar la explotación, sino también la casa que habita. «Vivimos en ella siete personas: cuatro hijos, la mujer mía, mi hermano y yo», dice. Todo ese terreno -«cuatro mil y pico carros»- quedará inundado.
Cuenta José Luis Thomas, presidente de la asociación de afectados y empresario cuya nave ocupa una vieja concesión en la Junta de Voto, que la Demarcación de Costas en Cantabria ya ha previsto cómo actuar cuando llegue la fecha. Sus propósitos aparecerían recogidos en el plan 'Santoña 2018', que contempla abrir diques, inundar terrenos y devolver algunas zonas de marisma a la situación previa a la construcción de la carretera Santoña-Cicero, que en su día dio origen a los cierres de Cicero, Gama y Escalante.
Luis, con dudas
Puede que, en efecto, los responsables de la Demarcación de Costas y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) tengan claro el futuro. Quienes no lo ven claro son aquellos que, como Luis, nacieron y vivieron siempre en esas casas, y ahora se ven abocados a abandonarlas.
Luis tiene 22 años y echa una mano en la estabulación. Si opta por la ganadería, no podrá hacerlo en la finca en que la está hoy («muy buena y toda llana») y que «coge desde la carretera que va a Santoña hasta la vía». Luis cree que «los pájaros necesitan sitios de este tipo. Necesitan el ganado, para que esté el campo como está. Si lo abren, y es agua, no sirve ni para ellos». Algunas de las actuaciones de la Demarcación de Costas han provocado críticas por este motivo.
Igual que en la zona de Cicero en la que viven Jesús y Luis, en Treto también se desecaron fincas a raíz de las obras de construcción del ferrocarril entre Santander y Bilbao. De hecho, de abrirse aquellos diques, la vía misma correría peligro como consecuencia de la inundación de los terrenos. En ese área vive Toñín, que en los años setenta acondicionó un taller de reparación de maquinaria en el que hoy trabajan su hijo Luis y un empleado.
La primera escritura de propiedad data de 1913. La Ley de Costas sólo reconoce los derechos del primer concesionario, pero «¡Claro! Han pasado cien años y el que lo cerró ya no está».
«Esta concesión la solicitó un señor de Bilbao. El Estado se la concedió a perpetuidad, a condición de que la cerrara por su cuenta. Están dedicadas todas a la ganadería, menos la de Robert Bosch», explica. Esta factoría -antigua Femsa- es la principal fábrica de la zona, con un millar de obreros. Sus terrenos no serán inundados, pero sí todos los circundantes, lo que, a juicio de Toñín, amenaza de hecho su continuidad. Él mismo trabajó en ella.
«El tren, la tubería del Plan Asón, la tubería del teléfono, la línea de eléctrica de 15.000 voltios... todo pasa por aquí». Con esto, añade, «Robert Bosch cierra la fábrica y se la lleva a Túnez o Argelia de la noche a la mañana». Como Toñín, su hijo Luis también han sido mañoso con las máquinas. Tiene 39 años y ahora es él quien dirige el negocio. La situación le parece «una salvajada», porque «le quitan a la gente el modo de vivir». «Te estás haciendo aquí un futuro para el día de mañana y resulta que vienen y te lo quitan», lamenta.
Tiene un empleado con él, al que tratará de recolocar «porque lleva con nosotros diez años». Para él tiene pensadas «varias opciones», que irá valorando a medida que llegue la fecha. Una cosa es segura: el cierre del taller a partir del 29 de julio de 2018. Una fecha que a cualquiera parece lejana, pero que no lo es tanto para Toñín, Jesús y Luis, a quienes, si nadie lo evita, les pasará por encima el 'tsunami' de la Ley de Costas.
LAS CLAVES
Ley de Costas
Fue aprobada en 1988. El reglamento que la desarrolla se aprobó en diciembre de 1989. Estableció entonces que, en 30 años, todas las concesiones administrativas en el dominio público máritimo-terrestre caducarían
Dominio público
Durante los últimos 23 años, técnicos de Costas vienen realizando deslindes del dominio público marítimo-terrestre para determinar qué zonas se encuentran sometidas a la influencia de la marea
Concesiones administrativas
Todas las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre caducarán a los 30 años de la aprobación de la ley, es decir, en el año 2018.
Propiedades
Todas las propiedades incluidas en el dominio público se convertirán en concesiones administrativas al cumplirse el plazo de 30 años a partir de la entrada en vigor de la ley. La vigencia máxima de tales concesiones queda establecida en otros 30 años.

http://www.eldiariomontanes.es/local/cantabria-general/