La piscina de Pedro J. Ramírez en Mallorca es de uso público

El Tribunal Supremo determina que la pileta está en "zona de dominio público marítimo terrestre"

La piscina al borde del mar y ante al chalé que poseen en Mallorca el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez y su mujer, la modista Agatha Ruiz de la Prada, está en zona pública y es de uso público, según dos sentencias del Tribunal Supremo conocidas este jueves. La terraza, escaleras y piscina y muros de mampostería impiden el paso y acceso por el litoral que está privatizado en la práctica. Estas resoluciones del Supremo cierran en la vía contenciosa del largo pleito, paralelo al enfrentamiento público, que contra el editor promovieron los dirigentes de Lobby per la Independencia.

Desde 2003 late la polémica, con manifestaciones, denuncias cruzadas y los pleitos que aún no se han cerrado en el plano penal. Manifestantes del lobby entraron en la piscina en las terrazas del chalé, con incidentes y lesiones leves que llegaron a juicio.

El Supremo rechazó, a la vez, los recursos de casación del activista Jaume Sastre, del editor Ramírez y de la representación de la Administración del Estado sobre una anterior decisión de la Audiencia Nacional: el uso público sigue vivo, las decisiones contrarias de Medio Ambiente se anulan. La concesión no se altera. El lobby celebró como un éxito el pronunciamiento judicial mientras que el propietario de la piscina dijo en su Twitter: “Preferiría que el TS nos diera la razón en todo pero lo esencial es que avala la concesión y señala el camino para adaptarla a la nueva Ley [de Costas ] y en diferentes medios se dijo "razonablemente satisfecho".

La llamada piscina de Pedro J. está ubicada terrenos de la “zona de dominio público marítimo terrestre”, reiteran los magistrados, y se sitúa claramente dentro del dominio público, ratifican. La pileta y las terrazas invaden 350 metros cuadrados de la zona litoral, en la urbanización de lujo de la Costa de los Pinos, en Son Servera, Mallorca. La casa original (la actual es nueva) y la piscina fueron alzadas por su primera propietaria, Giuliana Arioli, que fue esposa del escritor Joaquín Calvo Sotelo.

La Audiencia Nacional determinó en su día que el periodista y su esposa compraron la concesión de la piscina a Arioli, operación que disfrazaron mediante un contrato de gestión. La venta de las concesiones está prohibida. El contrato afectaba a un elemento del dominio público marítimo-terrestre, la concesión la otorgó el Gobierno de José María Aznar en 2001, siendo ministro de Medio Ambiente Jaume Matas. La autorización reconoció el “uso general, público y gratuito” de la piscina.

La propiedad, para garantizar el uso y disfrute veraniego de su solarium y piscina exclusivos, propuso a la Administración que el resto de meses del año estuviera a disposición de los escolares del municipio de Son Servera. Nunca se ejecutó este proyecto de apertura y uso sociales.

Otras piscinas y terrazas de la misma urbanización fueron derribadas por ilegales.

Diferentes miembros de los Gobiernos de José María Aznar del PP y José Luís Rodríguez Zapatero, del PSOE, han intervenido directamente en esta cuestión en ayuda del editor, según miembros de los diferentes Ejecutivos. El periodista reclamó protección y seguridad en Mallorca ante las protestas críticas y por las amenazas terroristas a las que aludió.

En 2007, la dirección general de Costas proyectó un camino litoral en la zona para retomar el uso público en la Costa de los pinos que nunca cuajó. Otras piscinas y terrazas de la misma urbanización fueron derribadas por ilegales

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/14/actualidad/1384465579_467004.html

Costas plantea en Benidorm un nuevo deslinde menos restrictivo y sin derribos

La ribera del mar retrocede desde las fachadas hasta la altura de los paseos marítimos, lo que beneficia a los edificios de Poniente Medio Ambiente descarta demoliciones en la nueva zona de servidumbre pública marítimo-terrestre, muy similar al plan vigente

Un deslinde menos restrictivo y a favor de los afectados, es decir, los propietarios de edificaciones levantadas en la primera línea de playa del Benidorm susceptibles de vulnerar la nueva protección para la zona de dominio público marítimo-terrestre a lo largo de litoral del término del municipal de ciudad, diseñada por el Gobierno.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, presentó ayer a los afectados en el salón de actos del Ayuntamiento, los planos del nuevo deslinde que el organismo plantea para el dominio público marítimo-terrestre de Benidorm . En palabras de un técnico de este departamento, la propuestas «es en un 99% similar a la actual». El técnico señaló que no habrá demoliciones de obras como consecuencia de la aplicación del nuevo deslinde.

La principal novedad de la propuesta del Gobierno es el retranqueo, entre 10 y 15 metros, de la actual línea de la denominada ribera del mar, o sea, el punto máximo al que puede llegar el agua del mar en caso de temporal.

Esa línea estaba fijada en el vigente deslinde a la altura de las fachadas de la primera línea de la playa, pero en el nuevo diseño se ha hecho coincidir con los paseos marítimos, en caso de la playa de Poniente con la pasarela de madera que bordea todo el paseo, construido hace apenas tres años.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benidorm, Vicente Juan Ivorra, del Centro Democrático Liberal (CDL), destacó la importancia de esta decisión de Costas, «porque beneficiará a muchas obras que en la playa de Poniente pudieran estar dentro del vigente zona de protección y que, ahora, al retirarse hacia el mar quedaran fuera», puntualizó el edil.

Ivorra indicó que, en líneas general, el deslinde que plantea Costas «es mucho menos restrictivo que actual».

Junto a los técnicos del Ministerios también estuvieron presentes sus homólogos de la Dirección General de Costas de la Generalitat Valenciana y del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

El expediente de deslinde que ha abierto la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y Mar afecta al tramo del municipio comprendido entre Punta Escalera y el límite con el término municipal de Finestrat.

Sobre las paredes del salón de actos del Consistorio se expusieron los planos comparativos entre el deslinde vigente y el actual. Los funcionarios públicos fueron atendiendo a las reclamaciones de los afectados, que se distribuyeron básicamente en dos bloques: los propietarios de la zona del Rincón de Loix, al final de la playa de Levante, y los de la Cala, en el extremo más oriental de la playa de Poniente.

Los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente estiman que los trabajos para llevar a la práctica el nuevo deslinde en la costa de Benidorm se prolongarán por espacio de un año.

Durante este lapso de tiempo, la actividad de la construcción tampoco cesará por completo en el tramo litoral del municipio. El Ayuntamiento no decretará una suspensión general de licencias de obras por el nuevo deslinde.

La suspensión cautelar de las licencias de obras es de obligado cumplimiento de acuerdo con el reglamento de la Ley Costas, al quedar condicionada la competencia urbanística en beneficio de la protección del dominio público marítimo-terrestre y la defensa del interés general.

Modulación de las licencias

No obstante, el Ayuntamiento no aplicará a las bravas esta posibilidad y, a propuesta del concejal Ivorra, la comisión informativa de Urbanismo ya aprobó las pasadas semanas la concesión de licencias de «manera atemperada y siempre que cuenten con el visto bueno previo de las direcciones generales de Costas del Gobierno y de la Generalitat».

De esta forma, los permisos de obras se estudiarán caso por caso y se podrán otorgar licencias para obras de reparación, mejora, consolidación y modernización y siempre que no impliquen un aumento del volumen, altura ni superficie de las construcciones preexistentes

http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2013/11/15/costas-plantea-benidorm-nuevo-deslinde/1437989.html

Donde la costa ya no es un problema

Su singularidad le valió a Ampuria Brava, en Gerona, regularizar su situación como núcleo, mientras que el mismo argumento falló a la hora de hacerlo con el litoral pontevedrés

.  Agosto del 2004, Loira, Marín. Una manifestación de vecinos portando cruces fue la primera señal de la larga lucha, todavía pendiente de concluir, porque Costas les reconociese su singularidad y rebajase la línea de protección de los cien a los veinte metros. Año 2008, Ampuria Brava, en Gerona, al otro lado de la Península. El Ayuntamiento de Castelló de Empuries y sus vecinos se movilizan para que se les reconozca a los particulares los títulos de propiedad de amarres y la ocupación del dominio marítimo terrestre en 23 kilómetros de canales en un núcleo consolidado. Acababan de descubrir que el Estado tenía derecho a esas parcelas.

Noviembre del 2013. Ampuria Brava ha logrado todas sus aspiraciones y sobre todo la seguridad jurídica reclamada. Medio Ambiente ha reformado la ley y los ha incluido en un anexo con mención expresa. Amarres y fincas en el dominio marítimo terrestre pasarán a manos particulares salvo una franja de servicio de un metro. Al otro lado de España, en Loira, la mitad del núcleo, ya reconocido por Xunta y Estado, ha encajado en el PXOM y la línea se ha rebajado a los veinte metros., liberando a bastantes viviendas de las restricciones urbanísticas que imponía Costas. Pero todavía la mitad del núcleo, así como los de A Teoira, Casás y parte de Aguete, mantienen la franja de l00 metros, pendientes de que Costas acepte su preexistencia antes de 1988 con los servicios adecuados.

Comparaciones

La gallega, fruto de una forma de poblar durante siglos, y la catalana, una marina de 5.700 amarres que data de 1967, son dos realidades distintas, pero afectadas por la misma ley estatal. En los dos casos se apeló a la singularidad de sus circunstancias, pero en uno las reivindicaciones vecinales tuvieron éxito y en el otro no. La cuestión es por qué.

En el caso marinense, los afectados han hecho bandera muchas veces de la situación del Mediterráneo, con torres al pie de la playa, contrastándola con la de las rías de Pontevedra y Arousa, donde los núcleos son tradicionales, con casas unifamiliares. No entienden por qué, salvando las diferentes normativas autonómicas, el Estado les trata tan diferente a unos y a otros.

En Ardán, por ejemplo, muchos vecinos pueden enseñar a los visitantes los dinteles de los portales, con fechas tan lejanas como la década del 1840. Allí, esculpido en piedra del país, se refleja la preexistencia de su núcleo mucho antes de 1988. En Ampuria Brava, o en la también cercana marina de Santa Margarida (Roses), no se ve nada anterior al bum urbanístico de los años sesenta del siglo XX.

La singularidad ganó en el caso catalán, según admiten tanto sus concellos como el Estado, con el ingrediente a mayores de que se trata no ya de una ocupación de los cien metros como en las rías gallegas, sino del dominio público marítimo terrestre.

Peso de los extranjeros

Para catalanes como el alcalde de Castelló de Empuries, el municipio donde está Ampuria Brava, su caso no es comparable con nada en España, aludiendo a que se trata de marinas interiores, aunque los canales den al mar. Para los gallegos, permanece la duda sobre el hecho diferencial porque tan propio es para la Costa Brava una marina como para la ría de Pontevedra un núcleo de litoral.

En ambos casos, las reivindicaciones vecinales contaron con los apoyos de los concellos y de las comunidades autónomas. Al hecho singular, sin embargo, se suma en el caso de Ampuria Brava una circunstancia que no se dio en las rías pontevedresa ni arousana. Entre los afectados en el litoral catalán hay una importante presencia de extranjeros -alemanes y franceses sobre todo-. Es un factor a tener en cuenta y no pequeño.

Organizados también en asociaciones y con mayor experiencia a la hora de llamar a la puerta de las instituciones europeas, los residentes extranjeros actuaron como grupo de presión ante los eurodiputados en el Parlamento Europeo de Estrasburgo y después ante Bruselas. Quizás aquí esté una de las claves de su éxito, una cuestión que se comenta abiertamente en los lugares afectados. La UE, una de las instituciones a las que los gallegos no acudieron o que no tuvo peso en su negociación con Costas, sí la tuvo en el caso del litoral gerundense. Y otro factor a mayores, la economía. En la Costa Brava, estaban en juego inversiones infinitamente más cuantiosas que las del litoral pontevedrés.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/11/10/costa-problema/0003_201311P10C8991.htm