Nuestros pueblos costeros.Canarias

Nuestros pueblos costeros.Canarias
Cho Vito, década de los 60

domingo, 14 de octubre de 2012

Cien núcleos del litoral canario siguen condenados al derribo

La modificación de la Ley de Costas que el Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada ha dado al traste con las esperanzas de muchos canarios que tienen casas en el litoral y que confiaban en que el cambio normativo librase a sus viviendas de la piqueta. Sin embargo, la mayoría de los núcleos afectados en las Islas no reúnen los requisitos para acogerse a la ampliación de la concesión administrativa a 75 años que prevé la Ley. "La razón es que no cuentan con ningún tipo de concesión que se pueda ampliar", expone el senador de Coalición Canaria Narvay Quintero. "En las Islas peligran más de 100 asentamientos costeros que no tiene en cuenta el proyecto de ley", detalla. "Esto significa que 135.000 canarios están amenazados con el derribo de sus viviendas", añade.


Entre ellos, el senador nacionalista cita Igueste de San Andrés, en Tenerife, o el Pozo de las Calcosas, en El Hierro. Además, no se ha dejado abierta ninguna vía para que se salven de la demolición los núcleos grancanarios de Ojos de Garza y Tufia, en Telde.

Junto al socialista Domingo Fuentes Curbelo, Quintero defendió el jueves en la Cámara Alta una moción para que las competencias en la materia pasasen a la Comunidad Autónoma. Entre los argumentos expuestos por los senadores canarios para reclamar para el Gobierno canario la gestión del litoral destaca, justamente, "que el anteproyecto aprobado no recoge ninguna de las especificidades de Canarias que requieren una regulación particular", señala Quintero.

"Habla de las rías de Galicia o de Huelva, de las dunas de Andalucía o de la particular configuración geológica de Formentera, pero no se menciona ninguna de las características especiales de Canarias", apostilla. "La nueva Ley de Costas omite completamente la singularidad y la especificidad de las costas canarias y la forma de vivir de los canarios", agrega.

"Se puede decir sin temor a equivocarse que el cambio normativo ha generado unas expectativas que para nada se van a materializar en los asentamientos canarios", coincide Fuentes Curbelo. "No soluciona en absoluto el caso de las Islas", indica, "la mayoría de los núcleos que están afectados en el Archipiélago no están construidos antes de 1988". "Las viviendas que aquí se van a poder acoger al menos a la prórroga de la concesión administrativa se cuentan con los dedos de una mano", señala. "Son muy pocos los que antes de la anterior Ley de Costas estaban reconocidos por sus ayuntamientos como urbanos, con saneamiento, tendido eléctrico o agua", añade. En cambio, apunta que son muchos los que están construidos "enteramente en dominio público; para esos no hay salvación posible".

En efecto, la propia Ley señala que su propósito es beneficiar "a quienes estaban legítimamente en el litoral, pero no supone una amnistía para las situaciones ilegales".

Además, ambos senadores critican que no se haya previsto para el Archipiélago la excepcionalidad de los 100 metros de servidumbre para aplicar tan solo 20, como sí se hace para el caso de las rías. "En Canarias, sobre un territorio de 7.447 kilómetros cuadrados y 1.583 kilómetros lineales de costa, 100 metros de servidumbre suponen el 2% del total". "En Andalucía, sobre casi 90.000 kilómetros cuadrados, 87.597, representa solo el 0,1%". Quintero destaca que pese a que Canarias "tiene 20 veces más afección, Andalucía sí tiene las competencias en Costas que se le niegan al Archipiélago". "No hubo manera de que el PP aceptara la posibilidad de que se nos reconociesen 20 metros en lugar de 100", reprocha.

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Ángel Lobo hace hincapié en "la necesidad de distinguir entre las edificaciones construidas en terreno de servidumbre y las que se asientan en dominio público". "Estas últimas no hay manera de salvarlas y así debe ser", asevera.

Sin embargo, como ejemplos del primer caso cita Las Eras o El Tablado, en el Sur de Tenerife. "Estos han acudido ante la Audiencia Nacional a pedir que se les apliquen los 20 metros porque antes de 1988 eran suelo urbano consolidado de manera fáctica y se les ha concedido", explica. Para ello, debían cumplir los requisitos establecidos en la Ley del Suelo de 1976: "contar con acceso rodado, sistema de abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica y estar integrados en la malla urbana".

En cuanto a los casos de construcciones levantadas en terreno demanial, apunta: "El dominio público del litoral no es un concepto que se inventase en la Ley de Costas de 1988; antes de ella estaba la de 1969 y antes, la Ley de Puertos, y en todas ellas se contemplaba la titularidad pública". "La costa es un sitio al que todo el mundo debe poder acceder en libertad y cualquier núcleo que cierre ese libre acceso debe ser derribado", destaca.

Lobo ofrece una explicación muy didáctica: "Cuando trato en clase el tema de las construcciones ilegales en la costa, suelo decirles a mis alumnos que la única razón por la que la gente construye pegada al mar en vez de tierra adentro es precisamente que si lo hace en el interior, se va a meter en la finca de alguien que lo va a echar de allí; sin embargo, como el litoral es de todos, al final no es de nadie". Así, critica situaciones como la que se da en Tufia, donde muchas fotografías recogen a los habitantes de las casas "pescando desde sus ventanas".

Con todas estas consideraciones a la vista, el profesor de la ULL señala que el Anteproyecto de modificación de la Ley de Costas "aporta bien poco con respecto a la normativa anterior". "Les servirá, en todo caso, a los hoteles de Corralejo, por las disposiciones que hace respecto a las dunas o al hotel Médano si tiene la concesión en vigor".

Finalmente, Lobo tilda de "brindis al sol populachero para quedar bien con las asociaciones de afectados" la modificación del decreto legislativo 1/2000 llevada a cabo por el Parlamento de Canarias. "Solo tiene tres artículos y en uno de ellos habla de crear un catálogo de núcleos con valor etnográfico o pintoresco que, entre otras cosas, nunca se ha elaborado", sentencia el experto.

http://www.laopinion.es/canarias/2012/10/14/cien-nucleos-litoral-canario-siguen-condenados-derribo/440077.html

El Estado se apropia de competencias autonómicas en la nueva ley de costas

Canarias acusa al Ministerio de recuperar la figura de los gobernadores civiles. El delegado del Gobierno podrá suspender los planeamientos municipal e insular si afectan a la integridad del dominio público y la zona de servidumbre. Esta última es competencia de la Comunidad. Unos 130.000 isleños están afectados.


¿En qué cambia el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas la situación de los canarios que tienen viviendas en el litoral y viven bajo la amenaza del derribo? Pues la conclusión es que aún no está muy claro, dada la falta de desarrollo del texto, aprobado recientemente en Consejo de Ministros, y, sobre todo, el amplio margen de maniobra que concede a la Administración central. En ello, y en el malestar por la ausencia de un reconocimiento a las singularidades del Archipiélago -que sí se ha dado a otras regiones españolas-, coinciden los representantes de los afectados y el Gobierno autónomo.

Este último, además, no ve con buenos ojos la importancia que, según lo dispuesto en el texto, adquieren los delegados del Gobierno. Tal relevancia alcanza, a ojos del Ejecutivo regional, que da la sensación de que, con la reforma, el Ministerio de Medio Ambiente quisiera "recuperar la figura de los gobernadores civiles", sostiene Mario Pérez, viceconsejero de Política Territorial.

La última palabra

Lo cierto es que el anteproyecto concede a la representación en las Islas de la Administración General del Estado la potestad de suspender los acuerdos adoptados por las entidades locales -ayuntamientos y cabildos- que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección. Es decir, les da la posibilidad de dejar sin efecto el planeamiento y, con ello, pueden tener la última palabra sobre las demoliciones.

La que ha sido definida como "cláusula antialgarrobicos" -en alusión al hotel de la costa almeriense autorizado por las administraciones pero declarado ilegal por la Justicia- no convence al Gobierno de Canarias, que la considera una injerencia en las competencias autonómicas, a las que se les atribuye control sobre la zona de servidumbre.

"No vamos a renunciar bajo ningún concepto a competencias propias. Las diferencias entre administraciones deben resolverse mediante la cooperación y el diálogo, no con la imposición y volviendo a los gobernadores civiles", advierte Pérez, alarmado ante lo que considera una "marcha atrás".

En cualquier caso, el Gobierno canario confía en que el trámite parlamentario permita incorporar mejoras para que la ley recoja las especificidades del Archipiélago, tal y como ha hecho con otras zonas. "Debe ser una norma que no favorezca a determinadas comunidades y a otras no", apunta el viceconsejero, que recuerda que cien asentamientos y más de 135.000 ciudadanos esperan una ley que les proporcione seguridad jurídica.

La isla balear de Formentera, en atención a su "especial configuración geológica", ha sido exceptuada de la aplicación de la ley. También se han librado otros diez enclaves -en Alicante, Gerona, Huelva, Málaga y Valencia-, pero no hay mención alguna a los asentamientos canarios. Y eso pese a que el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, aseguró que habría una regulación particular para el Archipiélago.

"Canarias es la región más afectada y no se la cita, aunque tenga núcleos tan llamativos como Igueste de San Andrés o Valle Gran Rey que, al menos, deberían tener el mismo trato que otras zonas desafectadas", señala el abogado José Luis Langa, representante en las Islas de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas. A su juicio, la mayoría de asentamientos son "pueblos pesqueros, donde está la historia y la tradición de Canarias".

El viceconsejero de Política Territorial comparte esta postura. "Por supuesto que está justificada una excepción para Canarias". El valor etnográfico de muchos núcleos debe ser el argumento que se esgrima para obtener una consideración particular para la región.

Propiedad y concesión

El anteproyecto de reforma de la Ley de Costas contiene algunos aspectos que pueden arrojar algo de esperanza a los afectados en Canarias. Es el caso de la posibilidad de transformar propiedades en concesiones administrativas -como ya ha ocurrido en otros puntos del país-, lo que permitiría salvar las viviendas durante 75 años más. De hecho, unas 260 casas del norte de Gran Canaria, que ya disfrutan de esta condición, se beneficiarán de esta medida, salvarán el derribo previsto para 2018 y sobrevivirán hasta 2093. Aunque deja claro que la principal reivindicación de los afectados sigue siendo el reconocimiento de las singularidades canarias, José Luis Langa admite que esta opción podría ser "un mal menor". Advierte, no obstante, de que aún no está claro en qué condiciones podría accederse a ella y que habrá que esperar a que se desarrolle la norma reglamentariamente. "Los reglamentos son los que desarrollan la ley y a través de ellos veríamos qué posibilidades tenemos de reconducir los problemas de los afectados", dice. Otro elemento de incertidumbre -y en esto coincide con la Consejería de Política Territorial- es el "amplio margen de discrecionalidad" que la reforma concede a la Administración del Estado. Esta asume "unas competencias tremendas", lo que deja en el aire otras posibilidades, como la de que, en determinadas condiciones, se reduzca de cien a veinte metros la anchura de la servidumbre de protección

http://eldia.es/2012-10-14/CANARIAS/4-Estado-apropia-competencias-autonomicas-nueva-ley-costas.htm