La ley de costas y los grandes desastres

En un país donde la llamada del seductor turismo ha provocado un urbanismo descontrolado y especulador a lo largo de la costa durante muchos años, se ha descuidado el medio ambiente y el respeto a la naturaleza y el mar, por lo que ha sido necesaria la implantación de una ley de costas que evitara los grandes desastres en el paisaje costero.
Ahora, ¿ha evitado los desastres o ha creado otros?

 Urbanismo desbocado
 España vive del turismo. Sin duda, nadie puede discutir esta afirmación, ya que es ésta la principal actividad económica de este país, gracias, principalmente, o así ha sido al menos durante muchos años, antes de la llegada del turismo más intelectual llamado por la apertura de grandes museos, al sol que baña sus costas durante unos cuantos meses del año. No obstante, los constructores españoles, movidos por la ambición de la llamada del turismo, no dudaron en levantar grandes urbanizaciones y hoteles a pocos metros de la costa, provocando un desastre medioambiental que la ley de costas trata de evitar. Así, no sólo se ha prohibido construir a menos de 200 metros, sino que todo lo que hasta ahora había levantado dentro de este límite, debe desaparecer. ¿Es justo?
De esta forma, no resulta raro ver en muchas playas españolas, hoteles o apartamentos a medio construir, pendientes de una orden de demolición avalada por la ley de costas. Los ecologistas aplauden esta decisión, pero, ¿es justo en todos los casos?. Por ejemplo, ha ocurrido a lo largo de toda la costa que molinos de agua que habían sido declarados como patrimonio histórico y sirven actualmente de vivienda para muchas familias también se hayan visto afectados y tengan ahora que desaparecer…
Adiós a los chiringuitos
Otros que también se han visto afectados por la ley de costas han sido los chiringuitos de las playas españolas, que ven peligrar el negocio que sustenta también a familias enteras, e incluso a municipios enteros. No obstante, su lucha por evitar la desaparición puede que les dé algún resultado y finalmente puedan aguantar. http://www.itweek.es/2012/04/la-ley-de-costas-y-los-grandes-desastres/

Los derribos de la costa del Norte, en manos de los ayuntamientos

Más de 250 viviendas situadas en dominio marítimo terrestre están afectadas por la Ley de Costas El futuro de las viviendas ilegales en la costa de Arucas, Moya, Guía y Gáldar queda en manos de los ayuntamientos.

Ésa es la principal modificación en el Plan de Ordenación del Litoral del Norte (PTP-15), según adelantó ayer la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Ana Kursón, tras entrevistarse con representantes de esos cuatro municipios. El documento inicial, elaborado en la etapa del gobierno del PSOE y NC, contemplaba un paseo marítimo único desde El Puertillo a San Felipe y el consiguiente derribo de las edificaciones que incumplen la Ley de Costas, pero los actuales responsables del PP en la corporación insular ceden ese planeamiento a cada uno de los ayuntamientos, que decidirán junto a la Demarcación de Costas qué viviendas se pueden salvar de la piqueta. Kursón explicó que el Plan del Litoral del Norte se podrá aprobar de forma provisional en un plazo de 15 días, después de que el Tribunal Supremo anulara la variante de Bañaderos y obligara a cambiar toda la planificación de las carreteras en esa zona de la isla. Respecto al futuro de las más de 250 viviendas que invaden el dominio marítimo-terrestre e impiden la construcción de una avenida, la consejera dijo que el PTP-15 "ya no va a recoger la ordenación de los paseos marítimos, sino que simplemente incluirá las determinaciones obligatorias de la Ley de Costas y serán los ayuntamientos los que hagan la ordenación pormenorizada de los dichos paseos". Consenso vecinal El presidente de la Mancomunidad del Norte y alcalde de Arucas, Ángel Víctor Torres, precisó que la demolición de las edificaciones ilegales es una competencia de la Demarcación de Costas, por lo que las casas que están en dominio público seguirán afectadas mientras no cambie la ley.

"Mientras tanto" -añadió el regidor de Arucas- "somos nosotros los que tenemos que definir en nuestro planeamiento lo que queremos hacer en las costas, así como buscar la financiación, porque es complicado lograr el dinero". Torres abogó por ordenar el litoral con el consenso de los vecinos, "lo que no siempre es fácil". Al respecto, recordó que en la creación del paseo marítimo de El Puertillo se vieron afectadas algunas viviendas, como ocurrió en su momento para construir el paseo de Las Canteras de la capital". "Hay un interés público básico, pero pensamos que se podrá hacer por consenso", apuntó. Ni Kursón ni Torres se aventuraron a calcular cuántas casas tendrán que ser derribadas para hacer los paseos marítimos. Antes que nada, comentaron, habrá que esperar a las modificaciones anunciadas en la Ley de Costas. "Hay que decir a los vecinos que estén tranquilos", agregó Torres http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2012/04/21/derribos-costa-norte-manos-ayuntamientos/452651.html

Cabildo Gran Canaria y ayuntamientos del Norte esperan que el documento para solventar el PTP-15 esté aprobado en verano

La consejera de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, Ana Kurson, tras mantener este viernes un encuentro con los alcaldes de la Mancomunidad del Norte para analizar el Plan Territorial Parcial, PTP-15 (Litoral del Norte), indicó que espera que dicho plan esté aprobado en verano. El encuentro que respondía a una petición de la Mancomunidad se ha centrado en la valoración de los trabajos del PTP-15, que en el tramo dos fue suspendido por una sentencia del Tribunal Supremo (TS), y será ahora el PTP-15 el documento que recoja la modificación de esa carretera con un nuevo trazado de la autovía que unirá la circunvalación de la isla de Gran Canaria con la zona Norte. Para ello, explicó Kurson en declaraciones a los medios, se resolverán problemas "muy importantes" en el tramo que "está pendiente de ejecución" en la carretera, ya que existen zonas donde hay casas cercanas a la vía, de tal forma que las personas salen de sus inmuebles y se encuentran con los coches. Por ello, el documento que recoge las soluciones a estos hechos será analizado ahora por los equipos del Cabildo de Gran Canaria y, posteriormente, se prevé que en el plazo de 15 días el consejo de gobierno del Cabildo realice la aprobación inicial para sacar el documento a información pública. Kurson concretó algunas de las soluciones que recoge el documento, entre ellas, la de que la vía continúe el trazado actual para preservar el paisaje de plataneras y "simplemente ampliando dicho trazado para que cumpla con los estándares que requiere una autovía". Asimismo, otra "importante modificación es que dicho documento ya no va a recoger" la ordenación de los paseos marítimos sino que "simplemente" recogerá las determinaciones obligatorias de Costas para que posteriormente sean los ayuntamientos los que decidan cómo hacen los paseos marítimos. En este sentido, las viviendas que se podrían ver afectadas por la construcción de paseos marítimos será algo, puntualizó Kurson, que decidan los ayuntamientos cuando vayan a realizar los paseos y tras convenios que hagan con Costas pero recordó que actualmente están "pendiente de la modificación de la Ley de Costas, es un tema en el que el PTP-15 no va a entrar". EL CRUCE DE BAÑADEROS Respecto al cruce en la carretera de Bañaderos, en Arucas, señaló que el documento expone la necesidad de que se le de "una solución que permita la conexión, lo más transparente posible, entre lo que es El Portillo y Bañaderos", pero afirmó que será el proyecto de ejecución que redactará el Gobierno de Canarias "el que decida" cómo hacerlo, si viaducto u otra tipo de construcción. Asimismo, cuestionada sobre la construcción de un campo de golf y un hotel en Santa María de Guía, Kurson matizó que se trata de una cuestión recogida pero en el documento de campos de golf y que la construcción de los mismos dependerá de si se quiere o no hacer, lo que se indica es que es "una zona habilitada" para ello. Respecto a la financiación de los trabajos, la consejera indicó que "hay un compromiso por parte del Gobierno de Canarias de que esta carretera se iba a terminar, se iba a unir el Norte con la circunvalación" aunque matizó que "lo único que podía ocurrir es que en vez de contemplarse en la tercera fase de los presupuestos pasaría a la cuarta fase". De todos modos, dijo, será el documento del proyecto de ejecución del Gobierno de Canarias "el que determinará el final de esa carretera pero que desde luego será mucho menor --la financiación-- que el previsto dado que ya no hay que hacer el túnel por medio de las plataneras". Para Kurson se trata de un plan que permitirá un desarrollo "importante de toda la costa Norte no sólo por la carretera sino por el equipamiento". PLAN "CLAVE" Por su parte, el presidente de la Mancomunidad del Norte, Ángel Víctor Torres, recordó que a finales de 2011 ya se planteó la necesidad de que este plan "caminará" e incluso se expuso la posibilidad de que antes de verano se podría tener la aprobación provisional, lo que se ha ratificado aunque señaló que queda todavía algún encuentro más. Torres consideró que se trata de un plan "clave" para solventar la conexión entre el Noroeste y Las Palmas de Gran Canaria junto con la cuarta fase, que es una carretera que se está realizando, y que a pesar de los recortes se prevé que continúe. En cuanto a la posibilidad de derribos de viviendas cercanas a las costas y que podrían verse afectadas, Torres apuntó que están a la espera de la modificación de la Ley de Costas pero los ayuntamientos también tienen que hacer su planeamiento para ver qué quieren hacer y posteriormente buscar financiación, lo que "no es fácil" actualmente. Agregó que también será necesario el consenso con los vecinos. http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-gran-canaria-ayuntamientos-norte-esperan-documento-solventar-ptp-15-aprobado-verano-20120420142809.html

Afectados por la Ley de Costas piden una moratoria mientras esta se cambia

José Luis Langa, representante en Canarias de la AEPLC, pidió ayer que se suspendan las ejecuciones judiciales que están en marcha hasta que no se conozca el alcance de la nueva normativa que prepara el Estado. En Fuencaliente hay afectadas 111 viviendas y en Igueste de San Andrés, 22 casas y más de 90 fincas. El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), José Luis Langa González, aseguró ayer que tras el anuncio de modificación de la Ley de Costas, plantearon la suspensión de todas las ejecuciones judiciales en marcha hasta conocer el alcance de la nueva normativa por lo que espera que esta moratoria se aplique a las ciento once viviendas de Fuencaliente, en el sur de La Palma, y a las veintidós viviendas y más de noventa fincas de Igueste de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife. Así lo anunció el letrado en una rueda de prensa en la que indicó que en Fuencaliente están afectadas cerca de cuatrocientas personas a las que hay que sumar las ochocientas que se verán perjudicadas en Igueste de San Andrés de aplicarse la orden judicial. En este último caso manifestó que tras la sentencia, se va a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Contradicciones Por otra parte, Langa González explicó que la última sentencia de la Audiencia Nacional hace referencia a la contradicción que existe en Igueste de San Andrés cuya calificación como terreno no urbanizable no ha sido modificada en los planes generales de ordenación urbana (el último de 1992) cuando esta población es un núcleo urbano consolidado con todos los servicios exigibles. "Las manifestaciones contenidas en los informes del ayuntamiento y el acuerdo de la Cotmac (sin posibilidad de ser ejecutado) resultan sorprendentes", recordó Langa, quien además dijo que "a continuación incide sobre la contradicción de que Igueste cuente con los servicios exigibles para que se considere una población urbana consolidada mientras que los planeamientos siguen considerándolo espacio no urbanizable". Para el abogado de la AEPLC, "esta es una más de las contradicciones y discriminaciones que se hacen con la Ley de Costas tal como está en la actualidad y que se evitaría con la nueva normativa que derogaría la retroactividad de la Ley", entre otras cuestiones. Al mismo tiempo, el letrado también recordó que para evitar estas injusticias, "Costas debería estar gestionado por las comunidades autónomas y por personas que conozcan la realidad exacta y no sobre un papel". Respecto al colectivo de viviendas afectadas de Fuencaliente, Langa pidió que todas las instituciones implicadas se reúnan y eviten que se ejecute una sentencia que dejaría en la calle a decenas de familias y que además "acaba con la tradición, la cultura y la idiosincrasia de un pueblo". Sobre este aspecto, señaló que a esta sentencia, "pueden seguir otras muchas" y según las estimaciones realizadas, "más de 150.000 personas en Canarias podrían verse afectadas", añadió. "Yo pido una vez más, que se unan todas las instituciones de Canarias y los afectados y se busquen soluciones adecuadas, y en cualquier caso, desde la asociación que represento vamos a seguir pidiendo justicia, pues esta es una causa por la que merece la pena luchar", aclaró el representante de los afectados por la Ley de Costas en Canarias. http://eldia.es/2012-04-20/CANARIAS/1-Afectados-Ley-Costas-piden-moratoria-mientras-cambia.htm

Las demoliciones no se paralizan

El martes se conocían las sentencias de derribo de varias casas en Ojos de Garza, en Gran Canaria, pero no son las únicas. En los últimos días, los núcleos costeros de Igueste de San Andrés, en Tenerife, La Santa y el Golfo, en Lanzarote, y El Faro, en Fuencaliente, han sido sentenciados. El gobierno sigue sin modificar la Ley de Costas y sin frenar los derribos.
En Ojos de Garza no se rinden. Lo decía el martes Juan Pedro Pérez, presidente del colectivo vecinal Playgarza. Tampoco se rinden en El Faro de Fuencaliente, ni en Igueste de San Andrés, ni en La Santa y el Golfo, los poblados marineros a los que el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional ha sentenciado al derribo. Su única esperanza, admitía ayer Javier Lorenzo, uno de los vecinos afectados de El Faro de Fuencaliente, es «la política». Sin embargo, las buenas intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy, manifestadas por el ministro Árias Cañete y su intención de modificar la Ley de Costas de inmediato apenas tomó posesión de su cargo, siguen sin materializarse.
En Canarias hay casi 40 poblados y cerca de 1.700 casas amenazados por las demoliciones. Los 38 poblados amenazados por la Ley de Costas se reparten en 25 municipios de todo el archipiélago.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=257582

La Audiencia ratifica que las casas de Igueste están afectadas por la Ley de Costas

La Audiencia Nacional ha emitido una nueva sentencia que viene a ratificar que la mitad de las propiedades de Igueste de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, están afectadas por la aplicación de la Ley de Costas. De esta manera, 22 viviendas y 98 fincas se encuentran en situación de fuera de ordenación con las limitaciones que impone esta carga urbanística y sujetas a ocupación en caso de que se ejecute alguna obra de interés general. Esta decisión no implica, sin embargo, que las propiedades sean ilegales ya que gran parte de los propietarios pagan Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) e incluso desde hace dos años se ha fijado el tipo urbano y no el rústico como ocurría hasta entonces. Una decena de vecinos había presentado un recurso contra el actual deslinde que abarca más de cinco kilómetros y tiene una anchura de cien metros. Los recurrentes solicitaban que se reconociera el carácter urbano de este núcleo antes de la entrada en vigor de la Ley en el año 1988 tal y como han apuntado informes de la Gerencia de Urbanismo y la propia Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). De esta manera se conseguiría que la zona de servidumbre se limite a veinte metros de anchura lo que dejaría libre a gran parte de las casas y fincas que actualmente se encuentran situadas en dominio público de Costas y del Gobierno de Canarias.


Sin embargo, por tercera vez consecutiva los tribunales dan la razón al Abogado del Estado y sentencian que estos terrenos tenían la clasificación de rústicos en aquellos momentos ya que no contaban con los servicios públicos como alumbrado, saneamiento, evacuación de aguas, aceras, consolidación urbanística o acceso asfaltado. Además, el acuerdo de la Cotmac ha sido suspendido de forma cautelar por lo que en principio carece de validez para fijar de nuevo un deslinde. A finales del pasado año la Audiencia resolvió en sentido idéntico a otro recurso presentado por un grupo diferente de vecinos de este núcleo al argumentar que los informes elaborados por la empresa pública de aguas, Emmasa, de electricidad Unelco o los del Ayuntamiento no demostraban de forma fehaciente que estos terrenos pudieran ser considerados urbanos, sino más bien lo contrario. De hecho, la sala llega a calificar de "sorprendentes" los documentos aportados por la Gerencia de Urbanismo o el acuerdo anulado provisionalmente de la Cotmac que en contra de lo recogido en el Plan General de Ordenación (PGO) del año 1992, aún vigente, querían demostrar que este núcleo estaba consolidado desde el punto de vista urbano.

A estos vecinos sólo les cabe ahora la posibilidad de recurrir el acuerdo ante el Supremo o esperar a acogerse a las modificaciones que se piensan introducir en la Ley de Costas. De forma paralela se está dirimiendo en los tribunales la legalidad del acuerdo de la Cotmac que en el caso de otros núcleos de Anaga ha sido considerado conforme a derecho más que nada porque Costas cometió el error de dirigirse a la Consejería de Política Territorial en vez de al propio organismo que vela por la legalidad urbanística y que tiene carácter autónomo. Sin embargo, en el caso del litoral de Güímar ya el Supremo ha anulado esta resolución favorable a los vecinos y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que reinicie todo el proceso al considerar que se debía haber advertido al Estado del error en el que estaba incurriendo.
http://www.canariasahora.com/noticia/216991/

Otras 4 sentencias elevan a 14 los derribos firmes en Ojos de Garza

Los vecinos de la playa de Ojos de Garza empiezan a verle las orejas al lobo. En menos de una semana les han caído 9 sentencias de derribo de sus casas por ocupar suelo donde Costas prohíbe que haya viviendas. Madrid les prometió una moratoria, pero aún no se ha firmado. Los afectados han pedido una reunión con la alcaldesa.
A los vecinos se les acaban las opciones. Han recogido firmas, han viajado a Madrid, han propuesto alternativas y hasta se han ofrecido voluntarios para sacar al barrio entero de la playa. Hay 144 casas censadas, pero las que infringen la normativa, las que, según la Demarcación de Costas de Canarias, ocupan suelo donde la ley no permite viviendas, son 55, y aún así, el caserío entero está dispuesto a dejar libre la arena de la cala. Sin embargo, ninguna de esas soluciones ha fructificado del todo y al final lo único que tienen en firme son 14 sentencias de derribo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Había 5 de antes, la semana pasada llegaron otras 5, y ayer fueron 4 más. En total, suman 14, que suponen más de la mitad de las 21 edificaciones sobre las que Costas había dictado orden de demolición. La estadística y la jurisprudencia hacen pensar que tarde o temprano llegarán las otras 7.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=257434

La Unión Europea admite a trámite el informe de la Diputación y avala su apuesta por la defensa del litoral castellonense

La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha admitido a trámite el informe en el que se recogen las demandas y exigencias que afectan a la provincia para justificar una modificación de la actual Ley de Costas. Un documento que los diputados provinciales Vicent Sales y Mario García entregaron el pasado 1 de diciembre en el Parlamento Europeo junto a las más de 15.000 firmas recogidas por la Plataforma en Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense. Ahora, la demanda será transmitida al Grupo de Trabajo sobre el derecho de propiedad en España y la Ley de Costas.
El escrito remitido por la presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni, señala que “la Comisión ha admitido a tramite su petición, de conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, por tratarse de un asunto que incide en el ámbito de actividades de la Unión Europea, y será estudiada en el seno del Grupo de Trabajo sobre el derecho de propiedad en España y la Ley de Costas en respuesta al gran número de peticiones y firmas recibidas en nuestro organismo”.
Desde la Diputación se urgió al Parlamento Europeo a que inste al Gobierno de España a modificar la Ley de Costas, de manera que se defiendan los legítimos intereses de los dueños de las casi 600 propiedades amenazadas en la provincia.
El diputado de Promoción Económica y Relaciones Internacionales, Vicent Sales, ha mostrado su satisfacción por la admisión del escrito “ya que demuestra lo legítimo de nuestras reivindicaciones, admitidas desde Europa y ninguneadas durante años por el gobierno socialista de España. Quiero agradecer la comprensión y el respaldo de la Unión Europea a nuestro informe, que ahora se sitúa en una nueva dimensión para su análisis y debate. Es un enorme respaldo a nuestra gestión”.
Sales ha añadido que “nuestro verdadero objetivo no es otro que el de salvar las viviendas pendientes de los derribos contemplados por la Dirección General de Costas. Decisiones como la de hoy devuelven su verdadera dimensión al papel que tiene la diputación provincial, justo cuando desde algunas instancias se plantea su disolución. Ningún ayuntamiento hubiese podido llegar tan lejos en sus reivindicaciones sin el respaldo institucional y la unión de todas las fuerzas”.
Por su parte el diputado de Desarrollo Sostenible, Mario García, ha destacado que “estamos ilusionados y esperanzados que ahora se escuchen las demandas de los vecinos y ayuntamientos. Queremos una modificación de la ley inmediata, pero lo más importante es que se nos ha dado la razón a lo que veníamos demandando durante años aquí y en Europa. No estábamos locos, defender nuestro territorio no solo era justo sino que además se ajustaba a derecho”.
La solicitud defiende la legitimidad de las viviendas que se construyeron con anterioridad a la ley de Costas y que en la actualidad se encuentran en dominio público marítimo-terrestre o en zona de servidumbre de tránsito o de protección. Para argumentar esta legitimidad, el informe que acompaña a las firmas apela a principios fundamentales recogidos en el Tratado de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE o la Constitución Española, por lo que respecta principalmente al derecho a la propiedad privada.
La Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense se creó el pasado en diciembre de 2010 a petición de los alcaldes, que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada ante la Administración central y reclamar el respaldo de las Instituciones Europeas.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/168795_union-europea-admite-tramite-informe-diputacion-avala-apuesta-defensa-litoral-castellonense.html



UN EJEMPLO A SEGUIR, REUNIR A TODOS LOS ALCALDES DE LOS AYUNTAMIENTOS CON VIVIENDAS AFECTADAS Y PRESENTAR UNA PETICION AL PARLAMENTO EUROPEO.
COMO SE ACTUARÍA SI TODOS, TODOS LOS AYUNTAMIENTOS REALIZARIAN ACCIONES SIMILARES