Afectados por la Ley de Costas piden una moratoria mientras esta se cambia

José Luis Langa, representante en Canarias de la AEPLC, pidió ayer que se suspendan las ejecuciones judiciales que están en marcha hasta que no se conozca el alcance de la nueva normativa que prepara el Estado. En Fuencaliente hay afectadas 111 viviendas y en Igueste de San Andrés, 22 casas y más de 90 fincas. El abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), José Luis Langa González, aseguró ayer que tras el anuncio de modificación de la Ley de Costas, plantearon la suspensión de todas las ejecuciones judiciales en marcha hasta conocer el alcance de la nueva normativa por lo que espera que esta moratoria se aplique a las ciento once viviendas de Fuencaliente, en el sur de La Palma, y a las veintidós viviendas y más de noventa fincas de Igueste de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife. Así lo anunció el letrado en una rueda de prensa en la que indicó que en Fuencaliente están afectadas cerca de cuatrocientas personas a las que hay que sumar las ochocientas que se verán perjudicadas en Igueste de San Andrés de aplicarse la orden judicial. En este último caso manifestó que tras la sentencia, se va a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Contradicciones Por otra parte, Langa González explicó que la última sentencia de la Audiencia Nacional hace referencia a la contradicción que existe en Igueste de San Andrés cuya calificación como terreno no urbanizable no ha sido modificada en los planes generales de ordenación urbana (el último de 1992) cuando esta población es un núcleo urbano consolidado con todos los servicios exigibles. "Las manifestaciones contenidas en los informes del ayuntamiento y el acuerdo de la Cotmac (sin posibilidad de ser ejecutado) resultan sorprendentes", recordó Langa, quien además dijo que "a continuación incide sobre la contradicción de que Igueste cuente con los servicios exigibles para que se considere una población urbana consolidada mientras que los planeamientos siguen considerándolo espacio no urbanizable". Para el abogado de la AEPLC, "esta es una más de las contradicciones y discriminaciones que se hacen con la Ley de Costas tal como está en la actualidad y que se evitaría con la nueva normativa que derogaría la retroactividad de la Ley", entre otras cuestiones. Al mismo tiempo, el letrado también recordó que para evitar estas injusticias, "Costas debería estar gestionado por las comunidades autónomas y por personas que conozcan la realidad exacta y no sobre un papel". Respecto al colectivo de viviendas afectadas de Fuencaliente, Langa pidió que todas las instituciones implicadas se reúnan y eviten que se ejecute una sentencia que dejaría en la calle a decenas de familias y que además "acaba con la tradición, la cultura y la idiosincrasia de un pueblo". Sobre este aspecto, señaló que a esta sentencia, "pueden seguir otras muchas" y según las estimaciones realizadas, "más de 150.000 personas en Canarias podrían verse afectadas", añadió. "Yo pido una vez más, que se unan todas las instituciones de Canarias y los afectados y se busquen soluciones adecuadas, y en cualquier caso, desde la asociación que represento vamos a seguir pidiendo justicia, pues esta es una causa por la que merece la pena luchar", aclaró el representante de los afectados por la Ley de Costas en Canarias. http://eldia.es/2012-04-20/CANARIAS/1-Afectados-Ley-Costas-piden-moratoria-mientras-cambia.htm