Carlos Fabra se reúne con diputados y senadores para pedir su apoyo a la defensa del litoral castellonense

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se ha reunido hoy con diputados nacionales y senadores provinciales de Castellón Popular para pedir su apoyo a la estrategia de la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense. Una reunión a la que estaban invitados todos los responsables políticos nacionales, también los del Partido Socialistas, quienes no han acudido al encuentro.
El presidente provincial ha detallado ante los representantes de las Cámaras los objetivos del plan de acciones diseñado para reclamar en Madrid una revisión de la Ley de Costas que evite su aplicación retroactiva y arbitraria, salvando a las viviendas afectadas por los deslindes y la degeneración de la costa. “Buscamos que el Ministerio nos escuche y atienda a razones ante una situación que perjudica a cientos de ciudadanos y no asegura la protección del medio ambiente”, ha explicado.

El apoyo de diputados y senadores es fundamental en la estrategia de lobby nacional porque necesitamos demostrar que en cuestión de Costas no hay colores ni partidos sino ciudadanos y ciudadanas afectados desde hace 23 años por una ley injusta”

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Carlos Fabra se ha mostrado “una vez más decepcionado por la actitud de los responsables socialistas. Sus senadores y diputados estaban invitados a este encuentro no partidista, se les mandó una invitación personalizada, y no han acudido. Una vez más, demuestran ser primero socialistas y luego castellonenses. Me sorprende, especialmente, si tenemos en cuenta que su responsable a nivel provincial es el alcalde de un municipio costero como Benicàssim. A quien debería preocuparle un problema del calado que nos afecta”.
La diputación provincial ha presentado a los representantes de las Cámaras la petición oficial que se entregará esta primavera en Bruselas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, así como el informe jurídico y la página web de la plataforma (http://plataforma.dipcas.es).
Por su parte el vicepresidente segundo, Vicent Aparici, ha destacado “la petición está consensuada por las asociaciones de vecinos y los municipios afectados. Aun así seguimos recogiendo firmas para recabar el mayor apoyo posible y esperamos contar con el respaldo de los senadores y los diputados nacionales. La plataforma inaugurará en breve una exposición fotográfica itinerante que pretende acercar al público español y europeo la realidad de nuestros pueblos costeros”.
La exposición será presentada en Madrid y Valencia, además de en la capital europea y todos los municipios afectados.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/107190_carlos-fabra-reune-diputados-senadores-para-pedir-apoyo-defensa-litoral-castellonense.html

Costas: negociación lastrada

El Ministerio de Medio Ambiente inició ayer en Cantabria una negociación sobre los efectos de la aplicación de la Ley de Costas en la región con la sorprendente ausencia de los principales y potenciales perjudicados por la legislación: los empresarios afectados y sus representantes, la CEOE. Cuesta pensar en las razones para esta marginación que, además, invalida cualquier acuerdo al que se haya podido llegar por la ausencia de un protagonista fundamental.
La aplicación de la Ley de Costas ha levantado una notable alarma social en Cantabria y ha provocado un frente común no habitual en el que hasta ayer habían militado juntos los sindicatos, la Cámara de Comercio y los empresarios. De esta entente habían salido las cifras que definían el problema: 1.200 empresas afectadas y varios miles de puestos de trabajo en cuestión.
En la reunión de ayer, presidida por la secretaria de Estado para el Cambio Climático, Teresa Ribera, se pusieron sobre la mesa números en principio más tranquilizadores -sólo 78 empresas involucradas-, aunque sin una explicación que ayudara a entender la disparidad de criterios. El Gobierno central y el regional, representado en esta ocasión por el PSOE, están obligados a entablar una negociación con todas las partes implicadas y a clarificar los pasos a dar para solucionar este problema.
http://www.eldiariomontanes.es/v/20110217/opinion/editorial/costas-negociacion-lastrada-20110217.html

La legalización de los núcleos costeros no será inmediata

El Ayuntamiento y el Ministerio buscan una solución para las viviendas

El acuerdo entre Xunta y Gobierno central por el que este renuncia a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre la modificación de 2010 de la ley gallega del suelo no supondrá la legalización "automática" de los núcleos rurales costeros tradicionales de Marín, según matizó el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández. "Es necesario modificar la ley de costas como se planteó en su momento a través de la ley de vivienda de la Xunta", aclaró ayer el conselleiro.
El Gobierno renunció a presentar un recurso contra la ley de suelo gallega

La regularización de estos núcleos está próxima a resolverse, en todo caso, si prosperan las conversaciones entre el Ayuntamiento de Marín y el Ministerio de Medio Ambiente, que ultiman la fórmula para adecuar a la Ley de Costas la situación de estos asentamientos a través del plan de ordenación municipal.

El acuerdo entre administraciones, publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado, implica que el Gobierno renuncia a recurrir la ley gallega del suelo (no retira el recurso, aun sin presentar, en contra de lo que publicó ayer erróneamente este periódico). A cambio, la Xunta acepta la interpretación de Madrid respecto a tres preceptos de la ley gallega, que afectan a los usos permitidos en suelos rústicos de protección de costas, al régimen de aplicación sobre municipios con planeamientos no adaptados a la norma y a los asentamientos surgidos al margen del planeamiento.
La Xunta, según el pacto, interpreta que estas disposiciones no afectan a las servidumbres de protección del dominio público marítimo terrestre (hasta 100 metros) que establece la Ley de Costas. Se compromete a modificar una referencia relativa a las edificaciones sin licencia para que, en el mismo sentido, limite sus efectos a los terrenos que están fuera de la zona de servidumbre estatal de protección.
En el caso de los núcleos costeros de Marín -Mogor, Loira, A Teoira, Casás y Aguete- el problema surge porque, a pesar de que las casas llevan en algún caso más de un siglo en pie, la Ley de Costas considera que están en el dominio público y restringe las obras permitidas. Y ello porque antes de la aprobación de dicha norma, en 1988, no se registró en los planos que en la zona había asentamientos tradicionales.
El límite aplicable, fijado en 100 metros de distancia al mar, está establecido en 20 metros para ciertos núcleos urbanos. La mayoría de los intentos de legalizar la situación fueron en la línea de conseguir que se aplicase a estas casas de Marín la misma salvedad. Un decreto del último Gobierno de Manuel Fraga y una disposición adicional de la ley de vivienda del bipartito trataron de arreglar la situación, pero en ambos casos el Estado llevó las normas al Tribunal Constitucional, que aún no se pronunció al respecto. Así lo recuerdan tanto el presidente de la plataforma de afectados, Enrique Méndez, como el concejal de Urbanismo de Marín, Xosé María Vilaboa (BNG). Este indica que el bipartito trató de revisar de oficio el planeamiento de Marín, pero no prosperó.
Vilaboa apunta, en ese sentido, que el Ayuntamiento negocia con la Dirección General de Costas para regular los núcleos a través de una ordenanza que se incluiría en el Plan Xeral de Marín, que aún no se ha aprobado definitivamente. El edil destaca que la disposición al pacto del Ministerio de Medio Ambiente ha aumentado desde la llegada al cargo de Rosa Aguilar en sustitución de la gallega Elena Espinosa.
Al margen de la negociación, el Parlamento autónomo acordó a finales del año pasado (con los votos del PP), proponer en el Congreso una modificación de la Ley de Costas que ataje de una vez la situación irregular. PSdeG y BNG se negaron, al ver en el articulado de la propuesta una serie de preceptos que permitirían legalizar núcleos no tradicionales en municipios como Moaña, surgidos a partir de la década de los noventa con la ley ya en vigor. El PSdeG pidió ayer al PP que reununcie a esa reforma de la Ley de Costas.
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/legalizacion/nucleos/costeros/sera/inmediata/elpepuespgal/20110217elpgal_2/Tes

Costas pacta con la Xunta y retira el recurso contra la ley del suelo gallega

El acuerdo da vía libre a la legalización de los núcleos costeros de Marín

El largo contencioso del Ministerio de Medio Ambiente con la Xunta de Galicia por la gestión del litoral toca a su fin. La Vicepresidencia de Política Territorial ha anunciado que retira el recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica de febrero de 2010 que buscaba legalizar viviendas construidas antes de la Ley de Costas en núcleos rurales de Marín (Pontevedra), entre otras. Y lo ha hecho pese a que, inicialmente, la Dirección General de Costas consideró, bajo el mandato de la gallega Elena Espinosa, que la ley invadía competencias exclusivas del Estado.

Medio Ambiente da por bueno el plan de ordenación del litoral gallego

Desde la llegada de Rosa Aguilar al frente de Medio Ambiente, y de Pedro Antonio Ríos a la Dirección General de Costas, el ministerio ha emprendido lo que define como "una política de concertación". Pactos con las autonomías de todo color para sofocar los incendios que causados por la Ley de Costas. Primero fue Andalucía, que asumirá competencias en el litoral conforme a su Estatuto. Después Canarias y Valencia, que tendrán una comisión mixta para estudiar los deslindes y la aplicación de la norma en temas como los chiringuitos. Ahora llega el turno a Galicia con la retirada del recurso.El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el anuncio de la retirada del recurso al considerar "solventadas" las diferencias entre el Gobierno y la Xunta sobre la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. La ley gallega establece que los núcleos rurales que no tuvieran plan urbanístico en 1988 (cuando entró en vigor la Ley de Costas) no estarían sometidos a la normativa estatal, sino a la autonómica, que permite mantener casas de dos plantas.
Hasta ahora, Costas interpretaba que la ley permitía a la comunidad establecer en 20 ó 100 metros la extensión de la franja de servidumbre de protección. Ahora, ambas administraciones han decidido que el texto "no modifica la delimitación, la extensión ni el regimen regulador de la franja de terrenos colindantes con el dominio público marítimo terrestre".
Además, la Xunta se compromete a tramitar otra ley para dejar claro que el sistema de legalización previsto en la ley para las viviendas sin licencia construidas anets de 2003 no se aplicará a la servidumbre de Costas. Nada dice el acuerdo de qué ocurrirá si no se reforma la ley. El director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, explicó ayer en su despacho que se da por satisfecho con el plan estratégico de ordenación del litoral y la propuesta de ordenación del litoral de la Xunta.
Sobre la legalización de los núcleos conflictivos en Marín, Ríos afirmó: "No se podrá incrementar el volumen, pero sí mejorar la casa. Y lo que era un solar tendrá que seguir siéndolo". "Hemos aplicado una gestión concertada de la ley", señaló. Ríos explicó que ha pedido a los alcaldes afectados que adapten las normas subsidiarias de los municipios para contemplar los núcleos existentes, pero con la condición de que "nunca" se amplíe, algo que "solo podrá ocurrir si se reforma la Ley de Costas".
La renuncia al recurso es un síntoma de un cambio de mayor calado. Ríos afirmó que la cesión de competencias a las autonomías "no se puede universalizar", pero a la vez aseguró que "la realidad competencial no se puede sostener". "Tenemos tres comunidades con competencias [Cataluña, Andalucía y Baleares] y otras tres que lo reclaman insistentemente [Galicia, Canarias y Valencia]. No podemos ir al café para todos, pero sí a la codecisión en la que no desaparece el Estado. La gestión, cuanto más cerca, mejor", concluyó el director general.Las palabras contrastan con la tradición de un departamento, el de Costas, de larga tradición centralista, de ingenieros que han gestionado el dominio público marítimo terrestre, la primera línea de playa. Estos a menudo recelan de las comunidades por considerarlas demasiado complacientes.
Pilar Marcos, representante de Greenpeace, pone como ejemplo el deslinde de Doñana, en el que Espinosa no cedió a la oposición de la Junta andaluza, del PSOE, y expropió todo el sistema dunar. La Junta anunció que recurriría el deslinde pero, finalmente, no ha hecho falta. Tras la llegada de Aguilar, la Administración autonómica gestionará el litoral, como establece el Estatuto de autonomía, y negociará el último deslinde de Doñana, el más conflictivo.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS EN EL SENADO

La Modificación de la Ley de Costas presentada por el Grupo Popular y aprobada el pasado miércoles 9 en el Senado, que tantas espectativas y falsas esperanzas había levantado entre los miles de familias a quienes se les ha llevado a la ruina personal, familiar y económica confiscándoles la propiedad, ha acabado siendo una modificación partidista e igual de injusta que lo que ya teníamos. Basta con leer detenidamente el texto de la propuesta aprobada.
Se propone la modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, de la siguiente forma:
Artículo único. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas queda modificada como sigue:

Uno. El apartado segundo de la Disposición Transitoria Segunda queda redactado en los siguientes términos: «Disposición Transitoria Segunda.
2. Los terrenos ganados o a ganar en propiedad al mar y los desecados en su ribera, en virtud de cláusula concesional establecida con anterioridad a la promulgación de esta Ley, serán mantenidos en tal situación jurídica, conservando sus condiciones y naturaleza temporal, hasta tanto se apruebe y ejecute un instrumento de planificación específico para dichos terrenos, que venga a ratificar el mantenimiento de la ocupación o a determinar motivadamente la extinción del derecho, previa valoración de la concesión a efectos indemnizatorios, si bien sus playas y zona marítimo-terrestre continuarán siendo de dominio público en todo caso. Los terrenos ganados al mar y los desecados en su ribera sin título administrativo suficiente continuarán siendo de dominio público.»
Dos. «Disposición Transitoria Sexta.
2. El apartado segundo de la Disposición Transitoria Sexta queda redactado en los siguientes términos:—Extinguidas con arreglo a lo establecido en sus respectivos pliegos de condiciones, las concesiones otorgadas con anterioridad a esta Ley, y que no resulten contrarias a lo dispuesto en ella, la Administración competente resolverá sobre el mantenimiento o levantamiento de las instalaciones. En caso de que se opte por el mantenimiento será de aplicación lo previsto en el apartado 3 del artículo 72.»


Es decir, SÓLO se modifica la ley para las CONCESIONES a las que se le quiere dar carácter y protección de supuesta propiedad.
A las verdaderas víctimas de la Ley de Costas, a los PROPIETARIOS LEGÍTIMOS, se nos ignora pero se aprovechan y manipulan los argumentos que se tendrían que utilizar en defensa del Derecho Humano a la propiedad privada.
Baste como ejemplo la oportuna mutilación del Informe Auken que en la exposición de motivos hecha en el Senado se queda en:
"Por su parte, la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009, aprueba el denominado «Informe Auken», instando al Estado español a actuar para evitar la vulneración de los derechos adquiridos de buena fe y de forma legítima, afectados por la Ley de Costas:
«(…) nadie debería perder sus tierras o viviendas sin las debidas garantías procesales y una indemnización justa y apropiada, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que todos los Estados miembros están obligados a respetar en virtud del segundo apartado del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea».
Mientras que en el Informe Auken se expone:

C. Considerando el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la UE, por el que la Unión se compromete a respetar los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH),H. Considerando que el derecho a la propiedad privada está reconocido como derecho fundamental de los ciudadanos europeos en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que dispone que «toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos»; que «nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en los casos y condiciones previstos por la ley y a cambio de una justa indemnización»; y que «el uso de los bienes podrá regularse en la medida que resulte necesario para el interés general»,

Pero continúa la exposición de motivos en el Senado:
Por todo ello, sin perjuicio de reconocer la dificultad de la conciliación del interés público con los derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, es imprescindible la revisión y modificación de la legislación en materia de costas para consagrar el respeto de principios jurídicos fundamentales de un Estado de Derecho como el nuestro.En el Informe Auken se expone
22. Reconoce y apoya los esfuerzos de las autoridades españolas por proteger el medio ambiente costero y, allí donde sea posible, restaurar ese medio ambiente de forma favorable para la biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de fauna y flora y, en este contexto específico, les insta a que revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero; hace hincapié en que dicha protección no debe concederse a proyectos de desarrollo especulativos que no respetan las directivas de la UE en materia de medio ambiente; se propone revisar las peticiones recibidas sobre este asunto a la vista de la respuesta de las autoridades competentes españolas;

Ni la Sra Auken en su informe, ni la Carta Europea de los Derechos Fundamentales dice nada sobre las concesiones ¿Por qué se quiere confundir a la opinión pública?La modificación propuesta no da solución ni a concesionarios ni a propietarios .http://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/bocg/IIIA026A.PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0082+0+DOC+XML+V0//ES#title1

LA PRENSA INGLESA SE HACE ECO DE UN SEGURO QUE GARANTIZA LA LEGALIDAD DE LA VIVIENDA ESPAÑOLA.

LEY DE COSTAS ESPAÑOLA.
La prensa inglesa se hace eco de un seguro que garantiza la legalidad de la vivienda española. Guía práctica inmoley.com relacionada: inspección de vivienda. El road show del Ministerio de Fomento para fomentar la venta en Europa del stock inmobiliario se tendrá que enfrentar a una pregunta segura: ¿si es tan seguro comprar una vivienda en España, por qué una de las principales aseguradoras españolas vende un seguro que garantiza la legalidad de la compra de vivienda, ante la incapacidad de hacerlo el sistema jurídico, como en el resto de Europa?.
http://www.inmoley.es/HEMEROTECA/NOTICIAS/1112345/inmobiliario-urbanismo-vivienda/02-inmobilario-014-20.html